Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00532-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00532-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2014-00532-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
11 de octubre de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2014-00532-01 (26193)
Demandante: Mario Alexander Amortegui Cubides
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2014-00532-01 (26193)
Demandante: Mario Alexander Amortegui Cubides
Demandada: UGPP
Temas: Aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensiones.
Sujeción pasiva. Rentista de capital.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 03 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 2 de Samai):
Primero. Negar pretensiones de la demanda.
Segundo. No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante la Resolución nro. RDO 294, del 09 de septiembre de 2013 (ff. 12 a 20 cp1),
la UGPP profirió liquidación oficial al actor por la omisión en los pagos a los subsistemas
generales de salud y pensión durante el período comprendido entre el 01 de septiembre
a 31 de diciembre de 2008 y por todos los períodos de los años 2009 y 2010, por la
suma total de $67.887.600, teniendo en cuenta la ausencia de cancelación de tales
aportes por los ingresos atribuibles al demandante en calidad de rentista de capital a lo
largo de las citadas vigencias. Tras recurrirse el anterior acto administrativo, la
demandada confirmó su contenido a través de la Resolución nro. RDC 136, del 06 de
noviembre de 2013 (ff. 21 a 27 vto. cp1).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones
(ff. 59 a 60 cp1):
1. Que se declare la nulidad absoluta de la Resolución nro. RDO 294, del 09 de septiembre de
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Demandante: Mario Alexander Amortegui Cubides
2013, por medio de la cual (…) se profirió liquidación oficial al demandante por la omisión en los
pagos al sistema de protección social durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2008
y el 31 de diciembre de 2010 (…).
2. Que se declare la nulidad absoluta de la Resolución nro. RDC 136, del 06 de noviembre de 2013,
por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración (…).
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento, se condene
a la Nación – UGPP a reintegrar las sumas pagadas (…) junto con los intereses «más altos
autorizados por la ley, liquidados desde la fecha en que se hicieron dichos pagos hasta la fecha en
que se haga efectiva la devolución», y se le condene al pago de costas y agencias en derecho.
4. Las condenas impuestas deberán cumplirse en los términos establecidos en los artículos 187,
192 y 195 del CPACA.
5. Condenar a la entidad demandada a pagar las costas del proceso, incluidas las agencias en
derecho, así como a cumplir la condena dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria.
(…)
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 4.º, 29, 150.12 y 338
de la Constitución; 137 y 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); 157 y 204 de la Ley 100 de 1993;
714 del ET (Estatuto Tributario); 26 y 65 del Decreto 806 de 1998; y 1.º y 29 del Decreto
1406 de 1999. El concepto de violación planteado en la demanda (ff. 6 a 10 cp1) y su
reforma (ff. 61 a 80 cp1) se sintetiza así:
Sostuvo el actor que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 138 del CPACA, que remite
al inciso 2.º del artículo 137 ibidem, los actos demandados incurrieron en falsa
motivación y transgredieron el principio de legalidad, lo cual desarrolló así:
-Violación al principio de legalidad. Señaló que, acorde con el artículo 338 constitucional,
la ley debía contener los elementos esenciales de la obligación tributaria, esto es,
sujetos activo, pasivo, hecho, bases gravables y tarifas, lo cual competencia exclusiva
del Congreso según la delegación efectuada por el artículo 150-12 ídem. Sobre el
particular, aludió a pronunciamientos de la Corte Constitucional1 y precisó que un
contenido del principio de legalidad es el de la «seguridad jurídica en relación con los
elementos del tributo», lo cual obligaba a los órganos de representación a determinarlos
con claridad y precisión2, de ahí que si un decreto reglamentario creaba el tributo o fijaba
alguno de sus elementos era «inconstitucional»3. Posteriormente, se refirió a la
clasificación de los tributos, uno de ellos las contribuciones parafiscales, sobre lo que
versaba la controversia, el que, teniendo en cuenta las precisiones jurisprudenciales,
solo podía ser creado por la ley, so pena de quebrantar el principio de legalidad.
Sin embargo, la demandada fundó la exigencia del tributo en los artículos 26 del Decreto
806 de 1998 y 1.º y 29 del Decreto 1406 de 1999 , lo que vulneró el principio de
legalidad4. Así pues, no existía una ley que señalara como sujeto pasivo de las
contribuciones parafiscales a los rentistas de capital, pues la incorporación del principio
de universalidad por parte de la Ley 100 de 1993 no significaba la creación de los
1 Sentencias del 06 de octubre de 1999 (rad. C-740/99, MP: Álvaro Tafur Galvis); del 26 de febrero de 2003 (rad. C-
155/03, MP: Eduardo Montealegre Lynett); del 22 de febrero de 2006 (rad. C-121/06, MP: Marco Gerardo Monroy
Cabra); del 04 de agosto de 2011 (exp. 17806, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); y del 31 de octubre de 2012
(rad. C-891/12, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
2 Sentencia del 01 de marzo de 1995 (rad. C-084/95, MP: Alejandro Martínez Caballero).
3 Sentencia del 25 de febrero de 2009 (rad. C-135/09, MP: Humberto Antonio Sierra Porto).
4 Sentencia del 01 de junio de 1995 (rad. C-246/95, MP: José Gregorio Hernández Galindo).
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elementos del tributo, en consecuencia, como la liquidación oficial fue expedida con
fundamento en los decretos reglamentarios de la precitada ley, que catalogaron a los
rentistas como sujetos pasivos, la UGPP excedió sus facultades, en abierta
contradicción del artículo 338 constitucional, extendiendo la obligación de los
asalariados, quienes sí estaban determinados en el ley. Al efecto, llamó la atención
sobre el concepto rendido por una entidad académica a instancias de la Corte
Constitucional5,según el cual la situación de los rentistas de capital no ha sido
reglamentada por la ley, de forma que no podía exigirse un tributo hasta que no existiera
una norma que taxativamente contuviera los elementos de la obligación, por lo que los
actos incurrieron en falsa motivación y vulneraron el principio de legalidad.
-Falsa motivación. Alegó que los actos acusados se sustentaron en el artículo 26 del
Decreto 806 de 1998, que señala que los rentistas de capital están obligados a afiliarse
al régimen contributivo, sin hacer referencia a que esto aplica siempre que los mismos
no estén vinculados contractualmente con un empleador- como en su caso- excediendo
con esta interpretación su competencia y vulnerando la ley y los preceptos
constitucionales. Seguidamente, adujo que los actos citaron el artículo 1.º del Decreto
1406 de 1999, que definía (entre otros) el término «aportante», el cual «cobijaba a los
rentistas de capital» y, con fundamento en lo anterior y en el Decreto 806 de 1998, se
estableció para la actora la obligación de aportar, ignorando que las obligaciones
tributarias no podían crearse mediante decretos.
Agregó que, consciente de ello, la demandada trató de respaldarse en la Ley 100 de
1993 (arts. 157 y 204), disposiciones referidas a trabajadores independientes mas no a
rentistas de capital, así como a la interpretación de la Corte Constitucional en sentencia
C-578 de 2009, en el sentido que, en aplicación de los principios de universalidad y
solidaridad, debía preferirse que los rentistas cotizaran al sistema de seguridad social
en salud, lo que en su criterio no debió ser invocado, por cuanto la Corte se inhibió de
pronunciarse de fondo. Así, insistió en que los actos se fundaron en normas
inconstitucionales, al vulnerarse el artículo 338 superior. Por lo anterior, propuso la
«excepción de inconstitucionalidad», pues los actos impugnados se fundamentaron en
normas desarrolladas mediante disposiciones del ejecutivo (Decreto 806 de 1998, art.
26 y Decreto 1406 de 1999, art. 29), las cuales contrariaban disposiciones
constitucionales.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones del actor y solicitó la imposición de la
condena en costas (ff. 87 a 102 vto. y 119 a 127 vto. cp2). Expuso que debía distinguirse
entre el principio de legalidad para crear el tributo de carácter sustancial y la
competencia administrativa del artículo 5.° de la Ley 489 de 1998 para ejercer las
potestades en los asuntos que han sido asignados por las correspondientes normas de
carácter procesal. En línea con ello, el principio de legalidad propende por la
determinación de los elementos del tributo y, tratándose de tasas y contribuciones, la
obligación de los órganos de representación popular no se extiende sobre cada uno de
estos elementos, sino la determinación del sistema y método.
Para el caso controvertido, señaló que los artículos 19 y 204 de la Ley 100 de 1993
establecieron la metodología para determinar el ingreso base de cotización (IBC) de los
sujetos no vinculados mediante contrato de trabajo, prestación de servicios o como
servidores públicos, que deben cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos, con
5 Sentencia del 26 de agosto del 2009 (exp. C-578 de 2009, MP: Juan Carlos Henao Pérez.
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lo cual se atendía el principio de legalidad en los términos fijados por la jurisprudencia.
A continuación, puntualizó que el artículo 1.º del Decreto 510 de 2003 regulaba el
alcance del IBC en materia de pensiones, sin modificar la Ley 100 de 1993 ni abrogarse
competencias legislativas, porque solo determinaba lo que debía entenderse por
ingresos efectivamente percibidos. Por su parte, destacó que el artículo 3.º ibidem, que
reguló la homologación de la base de cotización a salud y pensiones, no fue nulo por la
Sala en una oportunidad anterior6. Igualmente se refirió al examen de
constitucionalidad7 efectuado al parágrafo 1.º del artículo 5.º de la Ley 797 de 2003, que
avaló la idoneidad la «homologación» del IBC.
Para sustentar la obligación de efectuar aportes al sistema de salud, transcribió los
artículos 157.1 (letra. A); y 26 del Decreto 806 de 1998, que señalaron a los
trabajadores independientes y rentistas de capital como obligados a afiliarse al régimen
contributivo. Respecto de la obligación de aportar a pensiones, reprodujo los artículos
2.º y 3.º de la Ley 797 de 2003, que definieron a los independientes como obligados a
aportar. Luego, señaló que, conforme a los artículos 19 de la Ley 100 de 1993 y 1.º y
3.º del Decreto 510 de 2003, el IBC sobre el que deben cotizar los independientes y
rentistas de capital al sistema de seguridad social corresponde a los ingresos
efectivamente percibidos, de lo cual pueden detraerse las expensas para desarrollar su
actividad económica con estricta observancia del artículo 107 del ET, lo que no implica
la obligación de aceptar integralmente los costos reportados en las declaraciones de
renta. Tras esto, aseguró que no existió trasgresión a ninguna de las sentencias citadas
por el demandante, en tanto se dio cumplimiento a las normas que regulan el pago de
contribuciones parafiscales al sistema de la protección social respecto de rentistas de
capital.
Posteriormente, tras referirse al alcance de la falsa motivación, apoyado en
jurisprudencia constitucional8 y de la Sala9 descartó su ocurrencia, aduciendo que la
decisión se sustentó en hechos, datos ciertos y probados que confirmaron que el
aportante incurrió en omisión en el pago al Sistema de Protección Social, en apoyo de
lo cual transcribió in extenso disposiciones sobre la obligación de efectuar aportes,
concluyendo que el trabajador independiente es un «género» que incluye los rentistas
de capital. Finalmente, se opuso a la excepción de inconstitucionalidad, argumentando
que su procedencia requería que la norma fuera ostensiblemente violatoria de la
Constitución, lo cual no estaba acreditado en este caso porque los decretos 806 de 1998
y 1406 de 1999 gozaban de presunción de legalidad y tenían plena validez.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a
la parte vencida (índice 2 de Samai). En primer término, determinó la improcedencia de
la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 26 del Decreto 806 de 1998 y 29
del Decreto 1406 de 1999, pues consideró que la obligación de los rentistas de capital
de aportar al Sistema de Seguridad Social fue determinada a partir de los artículos 154
y 157 de la Ley 100 de 1993 y, considerando que «dentro de la comprensión amplia de
la expresión trabajadores independientes se entienden incluidos los rentistas, el artículo
29 del Decreto 1406 de 1999 tampoco determinó temas relacionados con sujeción
6 Sentencia del 22 de septiembre de 2010 (exps. 2524-03 y 2800-03, CP: Gerardo Arenas Monsalve).
7 Sentencia del 01 de febrero de 2005 (rad. C-064/05, MP: Clara Inés Vargas Hernández).
8 Sentencia C – 578 de 2009
9 Sentencias del 27 de septiembre de 2001 (exp. 1913-2000, CP: Alberto Arango Mantilla); del 16 de septiembre de
2010 (exp. 16772, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); y del 22 de marzo de 2012 (exp. 18444, CP: Martha
Teresa Briceño de Valencia).
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pasiva sino respecto a la inclusión de ingresos en la base de liquidación del aporte
cuando el trabajador dependiente además reciba otros ingresos».
Respecto de la «vulneración al principio de legalidad», el a quo reiteró que la obligación
de aportar al Sistema de Seguridad Social se dio a partir de los artículos 156 y 157 de
la Ley 100 de 1993 en aplicación al principio de universalidad allí contenido, de donde
se extrae la sujeción pasiva, al precisar que serán afiliados al régimen contributivo los
trabajadores independientes con capacidad de pago, dada la comprensión amplia de la
expresión tal expresión contenida en el artículo 157 ídem, que como lo concluyó la Corte
Constitucional en Sentencia C – 578 de 2009, incluye a los rentistas, de manera que la
obligación no deriva de los artículos 1.º y 29 del Decreto 1406 de 1999 ni 26 del Decreto
806 de 1998. Agregó que el Decreto 1406 de 1999 ya había incluido a los rentistas de
capital como obligados a aportar, indicando en su artículo 29 que, aunque un trabajador
tuviera un vínculo laboral, si en forma adicional a su salario percibía ingresos como
trabajador independiente, debía autoliquidar y pagar sus aportes sobre tales ingresos,
por lo que el cargo fue desestimado.
Del mismo modo, rechazó la configuración de la «falsa motivación», en tanto el actor
debía aportar al sistema sobre los ingresos recibidos como rentista de capital, sin
perjuicio de sus aportes como «dependiente». Precisó que, a esos efectos, el artículo
26 de Decreto 806 de 1998 no fue el único sustento normativo, puesto que también fue
citada la Ley 100 de 1993, las modificaciones efectuadas con la Ley 797 de 2003 y los
decretos reglamentarios. Igualmente, aclaró que la remisión efectuada por la
demandada a la interpretación de la expresión «trabajador independiente» de la
Sentencia C – 578 de 2009 no genera falsa motivación, pues allí se concluyó́ que el
trabajador independiente es el «género» que incluía a los rentistas de capital. Asimismo,
el hecho de tratarse de una sentencia inhibitoria le restaba validez, pues era un criterio
auxiliar para la interpretación del artículo 157 de la Ley 100 de 1993.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia (índice 2 de Samai). Indicó que
el a quo erró en el análisis normativo y aplicación de la Ley 100 de 1993 y las
modificaciones efectuadas por la Ley 797 de 2003, porque sustentó el fallo en que los
actos fueron fundados en la citada normativa, lo que demostraba un errado
entendimiento a los argumentos planteados en la demanda, porque los rentistas de
capital no tenían obligación legal de «aportar» a los sistemas de pensiones y salud, en
la medida que su actividad económica no correspondía a la prestación de un servicio ni
tampoco a una obligación legal o reglamentario con un empleador. Expuso que, como
los aportes a salud y pensiones se realizan en forma concomitante, se les exigiría a los
rentistas cumplir lo imposible, esto es, pagar al sistema de pensiones sin tener dicha
obligación, lo que vulnera el artículo 338 de la Constitución, porque no existe norma que
conmine a los rentistas a realizar aportes al sistema de seguridad social integral, de ahí
que, la afirmación del a quo respecto a que la obligación de tales sujetos se daba a partir
de los artículos 156 y 157 de la Ley 100 de 1993 y en aplicación del principio de
universalidad y el Decreto 1406 de 1999 es «una interpretación extensiva y sesgada»,
pues omite que tales disposiciones son exclusivas para el sistema de salud.
Adujo que era «errado» afirmar que la obligación de aportar se diera «exclusivamente»
por la aplicación de uno de los principios de la Ley 100 de 1993 (universalidad), pues
desatendía que también regían otros principios, como que la seguridad social es un
servicio público obligatorio, el cual resulta esencial para los sistemas de salud y
pensiones «solo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento
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y pago de las pensiones», Adujo que se aplicaron equívocamente tanto el artículo 19
como los artículos 1.° y 3.° de la Ley 797 de 2003, pues se equiparó el ingreso de los
rentistas de capital a una modalidad de servicios.
Señaló que, una revisión detallada al artículo 17 de la Ley 100 de 1993 refleja que deben
efectuarse aportes obligatorios a pensiones cuando se presta un servicio o realiza una
labor o trabajo a un tercero, sin que medie relación laboral o reglamentaria con quien
los contrata y esto generara una contraprestación en dinero, lo cual no era predicable a
la actora, puesto que los ingresos reportados en sus declaraciones de renta (años
gravables 2008 a 2010) se derivaron del «alquiler de vehículos automotores»
(arrendamiento), de manera que no existía obligación alguna de realizar aportes al
sistema general de pensiones cuando obtuviera ingresos como rentista de capital.
De otra parte, explicó que no todos los habitantes con capacidad de pago estaban
obligados a aportar, pues la DIAN y el Ministerio de Trabajo10 han sostenido que algunas
actividades económicas no estaban vinculadas al reconocimiento y pago de pensiones.
En ese orden, expuso que, «a lo sumo» debió efectuar aportes al sistema de salud, solo
que jurídicamente no es posible hacer aportes a un solo sistema. Argumentó que el a
quo paso por alto el alcance del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, vulnerando el
principio de legalidad previsto en el artículo 338 constitucional. Posteriormente, reiteró
las consideraciones expuestas en líneas anteriores sobre la aplicación «sesgada y
extensiva» de las normas del SPS a los rentistas de capital.
Manifestó que, bajo una interpretación gramatical11 del artículo 4.° ibidem, el legislador
distinguió sobre la obligatoriedad en el sistema de seguridad social integral. Así,
tratándose de pensiones, solo tendría la calidad de servicio público esencial si
correspondía a actividades directamente vinculadas a su reconocimiento y pago. Del
mismo modo, anotó que el artículo 17 ejusdem señaló que los aportes obligatorios al
sistema estaban subordinados a la prestación de un servicio o ejecución de un contrato
de trabajo. Agregó que bajo una interpretación por contexto-sistemática, el servicio
público relacionado con el Sistema General de Pensiones es esencial sólo si se
desarrollan actividades que sean susceptibles del reconocimiento y pago de tal
prestación y, si bien los rentistas de capital debían afiliarse al prenotado sistema, no
todas las actividades que estos realicen son susceptibles de realizar aportes, pues no
comprenden el reconocimiento y el pago de pensiones.
Alegatos de conclusión
La demandada solicitó confirmar la decisión (índice 18 de Samai), para lo cual reiteró lo
aducido en etapas previas, sin perjuicio de acentuar el alcance interpretativo que la
jurisprudencia ha dado a la expresión «trabajador independiente», cuya obligación de
cotizar al sistema estaba subordinada a la capacidad de pago demostrada, con
detracción de las deducciones del artículo 107 del ET.
El apelante también insistió en sus argumentos de la reforma a la demanda y la
apelación y precisó que su contraparte ha modificado en diversas ocasiones los
fundamentos normativos para argumentar la sujeción pasiva de los rentistas de capital
y, en el caso concreto, las normas invocadas regulaban temas referentes a seguridad
social en torno al contrato de trabajo, por lo que ratificó la falsa motivación, la vulneración
del principio de legalidad y puntualizó que los valores determinados por la UGPP fueron
10 Conceptos nro. 48258, del 11 de agosto de 2014 y 20042, del 07 de febrero de 2014, respectivamente.
11 Sentencia del 12 de octubre de 2017 (exp. 19950, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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sufragados con ocasión del cobro coactivo adelantado por la entidad en forma previa a
la vigencia de la Ley 1753 de 2015, por lo que la Administración carecía de sustento
legal para exigir dicho pago y debía ordenarse la devolución del dinero indexado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Previo a decidir sobre la litis planteada, se pone de presente que la consejera Stella
Jeannette Carvajal Basto manifestó encontrarse impedida para intervenir en el proceso,
por haber conocido del mismo con anterioridad, cuando se desempeñaba como
magistrada del tribunal de primera instancia (índice 22 de Samai). La Sala constata el
impedimento, y por consiguiente lo declara fundado, con base en el artículo 141.2 del
CGP (Ley 1564 de 2012). Por tanto, quedará separada de su conocimiento.
1.1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo al cargo de
impugnación planteado por el demandante, en calidad de apelante único, contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Concretamente, la Sección debe definir si los rentistas de capital tienen la obligación de
afiliarse y cotizar al sistema de seguridad social integral en los subsistemas de salud y
pensión, en aras de determinar si los actos administrativos demandados que así lo
determinaron infringieron el principio de legalidad consagrado en el artículo 338 de la
Constitución.
2- A modo de condensar los principales reparos sobre los que debe versar el juicio de
esta instancia, el actor planteó como único cargo de apelación que el tribunal erró en el
análisis normativo y aplicación de la Ley 100 de 1993 y las modificaciones efectuadas
por la Ley 797 de 2003, lo que sustentó a través de cuatro argumentos. En primer lugar,
los rentistas de capital no estaban legalmente obligados a «aportar» al sistema de
protección social (SPS) por salud y pensiones, porque su actividad económica no
correspondía a la prestación de un servicio ni tampoco a una obligación legal o
reglamentaria con un empleador, pues no existe norma que los obligue a hacerlo. De
manera que exigirle efectuar los aportes a pensiones, pues el sistema no permite hacer
solo los de salud, vulneraba el principio de legalidad previsto en el artículo 338 de la
Constitución. En segundo lugar, sostuvo que la afirmación del a quo respecto a que la
obligación de los rentistas se da a partir de los artículos 156 y 157 de la Ley 100 de
1993 y en aplicación del principio de universalidad y el Decreto 1406 de 1999 fue
«extensiva y sesgada», pues tales disposiciones eran exclusivas para el subsistema de
salud.
Como tercer argumento, el apelante resaltó que la aplicación exclusiva del principio de
universalidad desatendía la existencia de otros principios , como el de obligatoriedad,
que distinguía como esencial el sistema de salud y el sistema de pensiones solo para
las actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones;
así, adujo que se aplicaron equívocamente, tanto el artículo 19, como los artículos 1.° y
3.° de la Ley 797 de 2003, equiparando el ingreso de los rentistas de capital a una
modalidad de servicios. A esos efectos, alegó el apelante que los aportes obligatorios
al sistema de pensiones únicamente eran exigibles cuando se prestara un servicio o
realizara un trabajo, sin que mediara relación laboral o reglamentaria con quien los
contrata y existiera una contraprestación en dinero; no obstante, la actividad realizada
por el demandante fue el alquiler de vehículos automotores, la cual no configuraba un
contrato de trabajo con un empleador ni la prestación de un servicio a quien se le
arrendó el vehículo.
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El cuarto argumento consistió en plantear que no todos los habitantes con capacidad de
pago estaban obligados a aportar al sistema de pensiones, pues la DIAN y el Ministerio
de Trabajo sostuvieron que algunas actividades económicas no estaban vinculadas al
reconocimiento y pago de pensiones, hecho reforzado con una interpretación gramatical
y sistemática al contenido de los artículos 4.° y 17 de la Ley 100 de 1993, pues tal labor
hermenéutica evidenciaba que los aportes al mencionado sistema requerían la
realización de actividades que provinieran de la ejecución de un contrato laboral o de
prestación de servicios. Así pues, como los rentistas de capital no desarrollaban tales
actividades, no les eran exigibles los aportes, sin perjuicio de eventuales obligaciones
en el sistema general de salud. No obstante, el actor destacó que efectuar aportes a
solo uno de los sistemas era jurídicamente imposible.
Por su parte, la demandada planteó que conforme con los artículos 15 y 157 de la Ley
100 de 1993, 2.º y 3.º de la Ley 797 de 2003, 15 del Decreto 3063 de 1989, 26 del
Decreto 806 de 1998, 1.º del Decreto 1406 de 1999, y 1.º y 29 del Decreto 510 de 2003,
los trabajadores independientes y rentistas de capital estaban obligados a afiliarse al
régimen contributivo, así mismo, estos últimos debían aportar sobre los ingresos
adicionales que percibieran en su actividad como trabajador dependiente. Además,
apoyado en pronunciamientos de la Corte Constitucional y de esta corporación, señaló
que el trabajador independiente es un «género» que incluye los rentistas de capital.
A su turno, el tribunal encontró los actos impugnados ajustados a la legalidad, por
considerar que la obligación de aportar al Sistema de Seguridad Social se dio a partir
de los artículos 156 y 157 de la Ley 100 de 1993 en aplicación al principio de
universalidad, de donde se extrae la sujeción pasiva, al precisar que serán afiliados al
régimen contributivo los trabajadores independientes con capacidad de pago, pues
dada la amplitud de tal expresión «trabajador independiente» contenida en el artículo
157 de la Ley 100 de 1993,incluía a los rentistas de capital, conforme lo concluyó la
Corte Constitucional en Sentencia C – 578 de 2009.
3- Resulta claro que las partes no discuten la calidad de rentista de capital del actor
durante los periodos investigados ni el monto de los ingresos y/o costos para el cálculo
del IBC, esto es, la base imponible de la obligación no fue cuestionada, sino únicamente
la sujeción pasiva del actor a la contribución parafiscal por la realización de tal actividad
(arrendamiento de vehículos automotores), en forma adicional a los aportes efectuados
en calidad de «cotizante dependiente».
4- Considerando que la Sección Cuarta ha fijado un criterio de decisión en torno al tema
tras el análisis de las normas que regulan la obligación de afiliación y aporte al sistema
de seguridad social, se reiterará en lo pertinente dicha posición jurídica plasmada en
varios precedentes, entre ellos, las sentencias del 01 de agosto de 2019, exp. 23379,
CP: Milton Chaves García y del 29 de abril de 2021, exp. 25056, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; reiteradas en el fallo del 24 de febrero de 2022, exp. 25204, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez, según las cuales, los rentistas de capital (entre otros), estaban
obligados a cotizar o aportar al sistema integral de seguridad social por ser «personas
económicamente activas que ejercen una actividad económica en forma personal y
directa».
Además, «en virtud de los principios de universalidad y solidaridad, todos los habitantes
de Colombia deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
mediante el régimen contributivo, si tienen capacidad de pago, (…) lo que implica la
sujeción pasiva a las contribuciones de las personas con capacidad de pago». Frente a
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la afiliación al sistema de pensiones, la Sala, en sentencia del 29 de junio de 2023, exp.
26364, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto, precisó que «las letras a) y d) del artículo
13 de la Ley 100 de 1993 señalaron como características de este que la afiliación es
obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes» y que lo anterior
implicaba «la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley».
Tal posición de la Sección Cuarta estuvo soportada en la sentencia C-578 de 2009 (MP:
Juan Carlos Henao Pérez), en la cual, la Corte Constitucional precisó que «una
interpretación amplia de la expresión trabajador independiente (…) admite la inclusión
de los rentistas de capital como obligados a cotizar o aportar al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, bajo el entendido que son personas económicamente
activas que ejercen una actividad económica en forma personal y directa», lo cual
también estaba reforzado con «el desarrollo de los principios de solidaridad y
universalidad, pues, todas las personas con capacidad económica deben contribuir con
el financiamiento del sistema». Adicionalmente, por medio de la sentencia C-663 de
1996 (MP: José Gregorio Hernández Galindo), la corporación señaló que «la afiliación
contemplada para los trabajadores independientes no es un elemento exclusivo ligado
a la libre opción individual de asegurar o no los propios riesgos sino una forma razonable
de vincular a quienes precisamente gozan de capacidad de pago al eficaz
funcionamiento del sistema de seguridad social».
Repárese en que, acorde con los artículos 1.° y 4.° de la Ley 100 de 1993, el sistema
de seguridad social integral tiene como objetivo garantizar las prestaciones económicas
y de salud de sus afiliados, así como procurar por la ampliación de la cobertura hasta
lograr que toda la población pueda acceder al mismo. Además, dada su naturaleza
progresiva se rige bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (artículos
2 y 3 ídem), esto es, con estricta observancia de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de
la Constitución. Bajo tales principios, en el caso del subsistema de salud, el artículo 156
letra b) de la Ley 100 de 1993 estableció que todos los habitantes en Colombia deberán
estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud; por su parte, el artículo
157.1 letra a) ídem incluyó a los «trabajadores independientes» dentro del grupo de
afiliados de dicho subsistema de salud mediante el régimen contributivo. A su turno, en
lo atinente al subsistema pensional, la ley estableció en sus artículos 13 y 15 ídem
(modificados por los artículos 2.° y 3.° de la Ley 797 de 2003) que los «trabajadores
independientes» (entre otros) debían afiliarse en forma «obligatoria» a este subsistema.
Ahora bien, a nivel reglamentario, no puede omitirse que la letra d) del artículo 26 del
Decreto 806 de 199812 incluyó expresamente a los rentistas de capital como afiliados al
régimen contributivo de salud, pues tal disposición goza de presunción de legalidad y
tiene carácter obligatorio.
5- De conformidad con el derecho aplicable, a los efectos de establecer si el
demandante, ahora apelante, estaba obligado a efectuar aportes a la seguridad social
(salud y pensiones) , sobre los ingresos percibidos como rentista de capital
(arrendamiento de vehículos), resultan relevantes los siguientes hechos:
(i) En sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios de los años
gravables 2008 y 2009 (ff. 16 a 17 caa), registró «ingresos brutos operacionales» por la
suma de $342.533.000 y $710.913.000, respectivamente. Por su parte, el denuncio
rentístico de la vigencia 2010 (f. 18 caa) reflejó «ingresos por honorarios, comisiones y
servicios» equivalentes a $863.296.000.
12 Cuyo fue reproducida en el artículo 34 del Decreto 2353 de 2015 (que derogó el Decreto 806 de 1998).
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(ii) El 29 de abril de 2013, la UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir
nro. 316 (ff. 21 a 27 vto. caa), el cual fue atendido por el actor mediante el Radicado
nro. 2013-514-200891-2, del 24 de julio de 2013 (ff. 36 a 51 caa),frente al cual, sostuvo
el apelante que obtuvo ingresos por «la explotación económica de sus vehículos (…)
por lo que estos ingresos son recibidos en calidad de rentista de capital» (f. 37 caa). No
obstante, el IBC «lo constituía única y exclusivamente su salario como empleado».
Además, «en ningún momento se le indicó que debía soportar los costos de los
ingresos».
(iii) Una vez agotado lo anterior, la unidad profirió la Liquidación Oficial nro. 294, del 09
de septiembre de 2013 (ff. 52 a 61 caa), donde concluyó que el demandante incumplió
con el deber de afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social durante
el periodo comprendido entre el septiembre a diciembre de 2008 y todos los períodos
de los años 2009 y 2010, en virtud de los ingresos percibidos como rentista de capital.
Asimismo, precisó que la decisión «se limitaba únicamente a los ingresos y aportes
percibidos como rentista de capital».
(iv) El actor interpuso el correspondiente recurso de reconsideración en contra de la
prenotada decisión a través del Radicado nro. 2013-514-275605-2, del 15 de octubre
de 2013 (ff. 65 a 66 vto. caa). En términos generales, afirmó que ostentaba la calidad
de «asalariado que recibía otros ingresos en calidad de rentista de capital» y reiteró los
argumentos presentados en la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir. Sin
embargo, la UGPP confirmó el contenido de la decisión impugnada (ff. 67 a 73 vto. caa).
6- De acuerdo con la postura reiterada de la Sección Cuarta, en su calidad de rentista
de capital, el demandante estaba obligado a efectuar aportes sobre los ingresos
percibidos por el arrendamiento de los vehículos a los subsistemas de salud y pensión.
Sobre este último, se resalta que los principios de solidaridad y universalidad
incorporados dentro del sistema de protección social son predicables respecto de todas
las personas con capacidad económica, quienes deben contribuir a su financiamiento.
Así, no encuentra la Sala que el tribunal hubiera errado en su análisis, pues los actos
impugnados se encuentran ajustados a la legalidad, dado que la determinación de la
sujeción pasiva de la contribución parafiscal deviene de la ley.
No prospera el cargo de apelación, por lo que se impone confirmar la providencia
impugnada.
7- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por la magistrada Stella Jeannette
Carvajal Basto. En consecuencia, queda separada del conocimiento de este proceso.
2. Confirmar la sentencia de primera instancia conforme con la parte motiva de la
providencia.
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Demandante: Mario Alexander Amortegui Cubides
3. Reconocer personería a la apoderada de la demandada de conformidad con el poder
conferido (índice 18 de Samai).
4. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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