Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00742-01
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Procedencia de deducciones en declaración del impuesto sobre la renta: reglas. Reiteración de sentencia de unificación…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00742-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2014-00742-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
15 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN DE ACTO QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN - Formas de practicarse. Se notifica personalmente o por edicto si el contribuyente no se presenta dentro del término legal / NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE ACTO QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – Finalidad. Informa al interesado acerca del contenido de un acto administrativo que no pudo ser notificado personalmente. Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÓN POR EDICTO – Validez / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – No configuración
Dispone el artículo 565 del ET que los actos que decidan recursos se notificarán personalmente, pero, si no se pudiera llevar a cabo tal clase de notificación, se procederá a notificar el acto mediante edicto que «se fijará en lugar público del despacho respectivo por el término de diez días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo». Así, el incumplimiento de alguna de las dos condiciones que respecto del edicto establece la norma, conllevaría la falta de eficacia de la notificación que plantea la actora, pues la finalidad del edicto es informar al interesado acerca del contenido de un acto administrativo que no pudo ser notificado personalmente. Todo, bajo el entendido, precisado en sentencia del 19 de septiembre de 2019 (exp. 20690, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), de que el alcance de la exigencia de insertar la parte resolutiva del acto administrativo debe valorarse considerando el contenido del edicto, de manera que en ocasiones sea admisible que se modifique el orden de los datos de interés, o que se transcriba una versión resumida de la parte resolutiva, siempre que ofrezca información completa, veraz y coherente de la decisión, sin sesgos ni errores que lleven al recurrente a hacerse una idea errónea del sentido y contenido del acto notificado. (…) [E]stima la Sala que el edicto con el cual la autoridad de impuestos buscaba notificarle a la demandante la decisión del recurso interpuesto en vía administrativa, sí contenía la parte resolutiva del acto a notificar. Y dado que ese edicto permite identificar sin equívocos el acto objeto de notificación, las fechas de fijación y desfijación del edicto, el interesado en la decisión y los funcionarios que llevaron a cabo la diligencia de notificación, concluye la Sala que cumplió su cometido de notificar la Resolución nro. 900.040 en la fecha en que se desfijó. Así, aun cuando en el edicto se dispusiera de forma invertida el orden de la parte resolutiva y de las firmas de los funcionarios –que es de donde parte la censura la actora–, pues, como se advirtió en la jurisprudencia que se reitera, esa alteración en la presentación de los datos que debe contener el edicto no supone un error sustantivo que impida dotar de publicidad al acto que se pretende notificar.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 565
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contenido del edicto mediante el cual se notifica un acto administrativo se cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 19 de septiembre de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2012-00079-01(20690), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
PROCEDENCIA DE DEDUCCIONES EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Reglas. Reiteración de sentencia de unificación jurisprudencial / PROCEDENCIA DE DEDUCCIONES EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Requisitos / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE DEDUCCIONES EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Configuración
[S]on deducibles de la renta bruta las expensas realizadas durante el período gravable en desarrollo de «cualquier actividad productora de renta», siempre que guarden relación de causalidad con ella y sean necesarias y proporcionadas. En torno al contenido y alcance de dichos requisitos, la Sala fijó en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-002, del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza), las reglas unificadas de decisión, en los siguientes términos: 1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo. 2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o partícipes; entre otros. 3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta. Conforme a esos criterios, la causalidad, la necesidad y la proporcionalidad deben juzgarse conforme a las condiciones individuales de los contribuyentes, razón por la cual les corresponde a los obligados tributarios demostrar las circunstancias pertinentes, pues el artículo 167 del CGP dispone que las partes tienen la carga de probar el «supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Por esta circunstancia, la cuarta regla de decisión jurisprudencial de la providencia de unificación citada dispuso que: 4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta. Se colige entonces que cuanto más concreto sea el cuestionamiento de la autoridad tributaria respecto de la aplicación y alcance de los requisitos del artículo 107 del ET, mayor será la carga argumentativa y probatoria del administrado para desvirtuarla.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 107 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 167
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para que las expensas realizadas sean deducibles de la renta bruta consultar sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-002 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de noviembre de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2013-00443-01(21329), C.P. Julio Roberto Piza
DEDUCCION POR APORTES AL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES – Alcance. Únicamente es posible deducir del impuesto sobre la renta los aportes realizados en beneficio de personas con quienes se tenga un vínculo laboral
[L]a interpretación sistemática de los artículos 168, 169 y 173 del EOSF y 126-1 del ET determina que los patrocinadores de los planes de pensiones únicamente pueden deducir del impuesto sobre la renta los aportes que hagan en beneficio de sus trabajadores, esto es, de personas con quienes tengan un vínculo de naturaleza laboral; para lo cual el aportante debe demostrar la relación laboral y el cumplimiento de los demás requisitos que establecen las normas.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - ARTICULO 168 / ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - ARTICULO 169 / ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO - ARTICULO 173 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 126-1
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de deducciones respecto de los aportes efectuados por los empleadores en favor de sus trabajadores consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 10 de diciembre de 2015, Exp. 25000-23-27-000-2011-00147-01(19415), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
DEDUCCIÓN ESPECIAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS – Alcance / DEDUCCIÓN ESPECIAL POR ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS - Limites. Está limitada por la ley a los bienes reales y corporales, y que tengan una relación inescindible entre lo producido y los bienes empleados para ello / DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS - Reiteración de jurisprudencia. Procede tanto por la adquisición de nuevos activos como por inversión sobre activos preexistentes, siempre que ésta sea necesaria para que el activo pueda contribuir en la generación de renta / DEDUCCIÓN ESPECIAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS – Prueba
De acuerdo con el texto que se encontraba vigente del artículo 158-3 del ET para la época de los hechos, se tenía derecho a solicitar como deducción especial de la base gravable del impuesto sobre la renta una suma equivalente al 40% del monto de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos durante el periodo gravable. Al efecto, el reglamento disponía en el artículo 2.° del Decreto 1766 de 2004 que los activos cuya adquisición daba derecho a acceder al beneficio debían cumplir con las condiciones de ser bienes tangibles, incorporados en el patrimonio, depreciables fiscalmente y debían participar directa y permanentemente en la actividad productora de renta. Pero ninguna de las dos normas condicionó la procedencia de la deducción a la comprobación de la generación de ingresos durante el periodo. En esa medida, para determinar la existencia de una relación directa y permanente entre los activos adquiridos y la actividad productiva, se requiere que el contribuyente aporte elementos de juicio objetivos que permitan acreditar la existencia de esa relación (…) [C]oncluye la Sala que solo los servidores adquiridos por la actora satisfacen las condiciones de los artículos 158-3 del ET y 2.º del Decreto 1766 de 2004 para gozar de la deducción especial en ellos establecida. En consecuencia, se confirmará la decisión del tribunal en lo que tiene que ver con la inversión hecha en servidores, pero se revocará el reconocimiento de la deducción especial relativa a la adquisición de computadores y de vehículos.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 158-3 / DECRETO 1766 DE 2004 - ARTÍCULO 2
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 02 de abril de 2009, Exp. 11001-03-27-000-2006-00030-00(16088), C.P. Héctor José Romero Díaz
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS POR FALTANTES DE MERCANCÍA - Requisitos / DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Alcance. Es deducible si se prueban las razones que impiden su comercialización
De conformidad con la modificación introducida por el artículo 2.º de la Ley 1111 de 2006 al artículo 64 del ET, los contribuyentes pueden disminuir su inventario por faltantes de mercancía, siempre que: se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida; se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción; y se cumpla con el límite establecido, correspondiente al 3% de la suma del inventario inicial más las compras, salvo que medie la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o de caso fortuito, pues, en esos eventos, pueden aceptarse disminuciones mayores. (…) [J]uzga la Sala que la decisión del tribunal no conllevó el reconocimiento de un costo superior al autorizado por el artículo 64 del ET, dado que las cifras que adujo la actora constituyen un hecho probado no discutido por las partes, según el cual la suma solicitada representaba menos del 3% del inventario. A lo anterior cabe añadir que la demandante planteó en el recurso de reconsideración y en el escrito de demanda que los elementos por los cuales se aplicó la disminución de inventarios eran activos movibles de fácil destrucción o pérdida y explicó las circunstancias fácticas que dieron lugar a detraer tales sumas de la base gravable.
FUENTE FORMAL: LEY 1111 DE 2006 - ARTÍCULO 2 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 64
SANCIÓN POR INEXACTITUD POR LA OMISIÓN DE INGRESOS Y LA INCLUSIÓN DE COSTOS Y GASTOS IMPROCEDENTES - Configuración / CAUSAL EXCULPATORIA DE LA SANCIÓN - Inexistencia. Reiteración de jurisprudencia / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA - Aplicación
[S]obre la sanción por inexactitud impuesta a la demandante. Al tenor del artículo 647 del ET, es una conducta punible, entre otros hechos, la omisión de ingresos y la inclusión de costos y gastos improcedentes, salvo que concurra alguna circunstancia constitutiva de un error de apreciación sobre el derecho aplicable (que no sobre los hechos del caso) que actúe como causal de exoneración punitiva en la medida en que excluye la conciencia del agente sobre la antijuridicidad de su conducta (sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 21640, CP: Julio Roberto Piza). En vista de que en el caso enjuiciado la Sala determinó que la actora incluyó en la autoliquidación objetada deducciones cuya procedencia fue desacreditada a lo largo del proceso, hay adecuación típica entre la conducta juzgada y el tipo infractor descrito normativamente, sin que la demandante haya manifestado estar incursa en la referida causal exculpatoria. Por ello, hay lugar a confirmar la juridicidad de la sanción impuesta. Con todo, dado que el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 redujo el porcentaje de la sanción del 160 al 100%, procede, de conformidad con el principio de favorabilidad en materia punitiva (artículo 29 de la Constitución), reducir la multa que fue impuesta en el acto demandado.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposición de la sanción por inexactitud sin causal de exoneración punitiva consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de junio de 2020, Exp. 05001-23-31-000-2012-00928-01(21640), C.P. Julio Roberto Piza
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Por falta de prueba de su causación
[D]ebido a que de conformidad con el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP solo «habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación», la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia porque en el expediente no existe prueba de su causación.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365, NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-37-000-2014-00742-01(23179)
Actor: EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES SA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 26 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió (f. 250):
Primero: Declárase la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412013000002 del 15 de enero de 2013 y de la Resolución nro. 900.040 del 14 de febrero de 2014, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordénese que la liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2009 a cargo de la sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A. corresponde a la inserta en la parte motiva de esta providencia.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412013000002, del 15 de enero de 2013 (ff. 29 a 43), la demandada modificó el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2009 autoliquidado por la parte actora (f. 28), para rechazar deducciones por concepto de recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría, avalúos inmobiliarios; salarios; impuestos pagados; aportes a fondos de pensiones voluntarias; e inversión en activos fijos reales productivos; así como para desconocer costos por disminución de inventarios, bienes obsoletos, seguros de mercancía recuperada y mercancía robada; e imponer sanción por inexactitud. La decisión fue confirmada por la Resolución nro. 900.040, del 14 de febrero de 2014 (ff. 57 a 70).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 3 a 5):
A.- Como pretensión principal:
Primero.- Que el Honorable Tribunal mediante el juicio respectivo contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, declare la ocurrencia del silencio administrativo positivo con respecto al recurso de reconsideración interpuesto por mi representada contra la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412013000002 del 15 de enero de 2013, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá de la DIAN, por la cual dicha entidad profirió liquidación oficial de revisión contra la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2009, presentada por la sociedad en su oportunidad.
Segundo.- Que como consecuencia de lo anterior, ese H. Tribunal se sirva de declarar la nulidad de la operación administrativa conformada por la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412013000002 del 15 de enero de 2013, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá de la DIAN y la Resolución nro. 900.040 del 14 de febrero de 2014 proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, notificada el 22 de mayo de 2014 por conducta concluyente.
Tercero.- Que como consecuencia de lo anterior ese H. Tribunal disponga restablecer el derecho de mi representada procediendo a declarar que la sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores SA tiene como única obligación con respecto al impuesto sobre la renta, la fijada en su declaración privada por el año 2009 tal como se solicitó en el correspondiente recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión citada, con respecto a la cual ocurrió el silencio administrativo positivo mencionado.
B.- Como pretensión subsidiaria:
Primero.- Que ese H. Tribunal mediante el juicio respectivo proceda a declarar la nulidad de la operación administrativa de liquidación de revisión conformada por la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412013000002 del 15 de enero de 2013 y la Resolución nro. 900.040 del 14 de febrero de 2014, cuyas sendas autorías se indicaron anteriormente, la primera contentiva de la liquidación oficial de revisión del impuesto sobre la renta por el año 2009 de la sociedad mencionada y la segunda confirmatoria de la primera, notificada como ya se dijo el 22 de mayo de 2014.
Segundo.- Que como consecuencia de lo anterior ese H. Tribunal disponga restablecer el derecho de mi representada procediendo a declarar que la sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores SA tiene como única obligación con respecto al impuesto sobre la renta por el año 2009, la determinada en su declaración privada presentada en oportunidad.
A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 29 y 338 de la Constitución; 59, 60, 62, 64, 107, 108, 115, 126-1, 127-1, 158-3, 565, 647, 732 y 734 del ET (Estatuto Tributario); 168, 169 y 173 del EOSF (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993); 4.º a 9.º de la Ley 49 de 1990; y 2.º y 3.º del Decreto 1766 de 2004. El concepto de violación planteado se resume así (ff. 8 a 20):
Planteó que en el caso se habría configurado el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 734 del ET, porque, a su entender, la resolución que decidió el recurso de reconsideración fue notificada luego del término dispuesto en el artículo 732 ibidem. Lo anterior obedecería a que el edicto con el que la demandada pretendía dar a conocer dicho acto carecía de efectos porque no contenía la transcripción de la parte resolutiva, por lo cual la notificación solo se habría dado el 22 de mayo de 2014, fecha en la que recibió las copias que había solicitado del acto, momento en el que ya había transcurrido más de un año desde la interposición del recurso de reconsideración.
Respecto de los gastos de «índole laboral» por concepto de «recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios», manifestó que debían ser aceptados como deducción al estar amparados por los artículos 1.º y 3.º del CST (Código Sustantivo del Trabajo) y en la medida que eran necesarios para ejercer su actividad económica, además de ser proporcionales.
En lo que respecta a las expensas por salarios, enfatizó que su contabilidad demostraba que canceló los aportes parafiscales respecto de todos sus empleados, por lo que debían admitirse su deducibilidad con fundamento en el artículo 108 del ET.
Indicó que la Administración erró al negar las deducciones tomadas por concepto de los impuestos de industria y comercio (ICA) y predial pues, frente al primero, su contabilidad permitía constatar que la cuota tributaria que canceló correspondía a la que tomó en su declaración; y, respecto del segundo porque, aunque tenía la calidad de locataria, podía deducir el gravamen al ser ella la que debía pagarlo.
Sostuvo que los aportes voluntarios que hizo a los fondos de pensiones, en calidad de patrocinador frente a cuatro «miembros» de la sociedad, eran deducibles en virtud de los HYPERLINK "https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2264/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=183" artículos 126-1 del ET y 168, 169 y 173 del EOSF. En ese sentido, expresó que su contraparte erró al rechazar la deducibilidad con fundamento en el artículo 107 del ET, porque, a su juicio, tal disposición no era aplicable.
Defendió la procedencia de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos que tomó frente a los «servidores de cómputo», vehículos y computadores que adquirió en el año 2009, porque se trataba de bienes que participaban de manera directa en su actividad productora de renta. En concreto, frente a los servidores, argumentó que estaban diseñados para soportar el software que le permitía centralizar las funciones de producción, comercialización y postventa, en tanto que los vehículos y los computadores eran herramientas que coadyuvaban a su fuerza laboral a efectuar la negociación de sus productos.
Manifestó que las sumas que llevó como costo por concepto de disminución de inventarios (i.e. mercancía en mal estado y faltante), bienes obsoletos, seguros de mercancía recuperada y mercancía robada, debían ser aceptadas porque guardaban relación con el giro ordinario de sus negocios, estaban soportadas en su contabilidad y satisfacían los requisitos de los artículos 59, 64 y 107 del ET.
Finalmente, alegó que no se dieron los presupuestos normativos para la imposición de la sanción por inexactitud, pues las sumas cuestionadas estarían plenamente soportadas en sus asientos contables, y se abstuvo de invocar causales de exoneración frente a cualquier eventual conducta infractora.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 99 a 107), para lo cual:
Aseguró que no se configuró el silencio administrativo positivo porque el edicto a través del cual se notificó la resolución que desató el recurso de reconsideración se expidió de conformidad con el artículo 565 del ET, comoquiera que contuvo la parte decisoria de dicho acto y cumplió con el término de fijación exigido en la norma.
Insistió en negar las deducciones por gastos de recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios porque no se justificó la causalidad y la necesidad de esas expensas. Frente a las expensas por salarios, adujo que la actora no proporcionó soportes contables que probaran el pago de los aportes parafiscales respecto de todos los salarios pagados.
Defendió el rechazo de las deducciones por impuestos pagados alegando que la actora no acreditó el pago total del monto deducido por concepto de ICA y que el impuesto predial solo tenía derecho a deducirlo aquel que ostenta la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble.
Señaló que, en virtud del artículo 126-1 del ET, la deducción por aportes a fondos de pensiones voluntarias solo era procedente respecto de contribuciones hechas a favor de sus trabajadores, circunstancia que no se había demostrado en el caso.
Aseveró que el rechazo de la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos se ajustó a derecho, en la medida en que, parte de ellos (i.e. vehículos para transporte de personal, computadores y servidores) no participaban directamente en el proceso productivo de la demandante, de acuerdo con su objeto social, y porque otra parte de los activos correspondían a un software que no cumplía la condición de ser un activo tangible.
Planteó que la demandante no aportó medios idóneos para justificar las sumas que tomó como costo de venta (i.e. mercancía en mal estado y faltante de mercancía, bienes obsoletos, seguros de mercancía recuperada y mercancía robada), comoquiera que los documentos que suministró no se encontraban debidamente certificados por su revisor fiscal. A lo anterior, añadió que la actora no proporcionó medios tendentes a demostrar las circunstancias de fuerza mayor o de daño emergente requeridas para aceptar las disminuciones por mercancía robada. En consecuencia, instó a que se mantuviera el rechazo de todos los valores. Finalmente, adujo que la actora incurrió en la infracción sancionada porque incluyó en su declaración deducciones improcedentes que derivaron en un menor saldo a pagar.
Sentencia apelada
El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas (ff. 206 a 250), de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Juzgó que no se configuró el silencio administrativo positivo porque constató que el edicto mediante el cual se notificó el acto que desató el recurso de reconsideración interpuesto sí contenía la parte resolutiva del acto administrativo y que su fijación y desfijación tuvo lugar dentro del término de un año que exige el artículo 732 del ET.
Calificó de improcedentes las deducciones por gastos en recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios, porque parte de estos rubros no estaba identificada en el plenario y porque la demandante no proporcionó pruebas sobre su necesidad y regularidad en la actividad empresarial. A la misma conclusión llegó frente a la deducción por salarios reclamada por la actora, dado que, ni en la vía administrativa ni en la judicial, se facilitaron los comprobantes de pago de los aportes parafiscales; y respecto de la deducción prevista en el artículo 126-1 del ET, ya que, según advirtió, esta solo aplica para los aportes realizados por los empleadores a favor de sus trabajadores, sin que se encontrara acreditada esa relación jurídica en el sub lite.
Aceptó la deducción del ICA en la medida en que los documentos que suministró la actora daban cuenta del pago efectivo de las sumas deducidas en la declaración privada; y desestimó el argumento de la demandada según el cual el impuesto predial pagado no podía deducirse porque el inmueble sobre el que recaía no era de su propiedad, comoquiera que esta condición no estaba prevista en el artículo 115 del ET a efectos de deducir el tributo pagado.
Estimó que los bienes sobre los cuales la actora solicitó la deducción especial del artículo 158-3 del ET tenían relación directa y permanente con su actividad productora de renta. Así, porque los servidores comprados soportaban el software que le permitía a la actora controlar los procesos de fabricación, mantenimiento, calidad, gestión de inventarios y facturación; al tiempo que los vehículos y los computadores eran herramientas que coadyuvaban a la negociación de los bienes que importaba para su posterior venta.
Consideró que los medios documentales proporcionados por la actora lograron demostrar el origen de los costos de venta generados por mercancía en mal estado, faltante de mercancía, bienes obsoletos, seguros de mercancía recuperada y mercancía robada, así como la causalidad, necesidad y proporcionalidad de estos con su actividad económica. Por ende, desestimó la glosa efectuada por la demandada, la que juzgó que obedecía a una deficiencia en la valoración probatoria, pues las actas y balances facilitados por la actora eran pertinentes.
Por último, señaló que la actora incurrió en la conducta tipificada en el artículo 647 del ET al registrar en su declaración privada deducciones improcedentes. Conforme a la decisión adoptada, efectuó una nueva liquidación del impuesto y reliquidó la multa de la sanción por inexactitud.
Recurso de apelación
Ambas partes apelaron la decisión del tribunal por las siguientes razones:
La demandante insistió en el reconocimiento del silencio administrativo positivo, bajo el argumento de que el edicto no contuvo la parte resolutiva, sino que esta «se encontraba por fuera» de él y planteó que «se le agregó, después de su fijación, de su desfijación y firma del funcionario notificador». Además, reiteró los argumentos de la demanda sobre la deducibilidad de los gastos de recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios; y por los aportes hechos a fondos de pensiones voluntarias. Finalmente, solicitó revocar la sanción por inexactitud, centrándose en manifestar que no incurrido en la conducta infractora (ff. 262 a 266).
La parte demandada reiteró que los activos fijos reales productivos adquiridos por la actora no tenían relación directa con su actividad económica. Además, agregó que su contraparte omitió demostrar que ejerció la opción de compra irrevocable en los contratos de leasing a través de los cuales adquirió la propiedad de los bienes cuestionados, lo cual en su criterio era indispensable para tomar la deducción especial. Finalmente, solicitó negar los costos de venta por disminución de inventarios, en vista de que la sentencia de primer grado «extralimita los parámetros de ley (artículo 64 del ET) cuando no define los alcances de la deducción por destrucción de bienes, el cual tiene en la legislación claros límites que no pueden ser desconocidos por las sentencias del tribunal» (ff. 267 a 272).
Alegatos de conclusión
La actora reiteró lo expuesto en las anteriores instancias procesales (ff. 286 a 288). La demandada insistió en los argumentos puestos de manifiesto en el escrito de apelación, a lo cual agregó que la jurisprudencia de esta Sección (citó la sentencia del 25 de septiembre de 2017, exp. 20584, CP: Milton Chaves García) prevé que los equipos destinados a la parte administrativa de una compañía, como estima que ocurre con los bienes adquiridos por la actora, no pueden ser considerados activos fijos reales productivos (ff. 289 a 296).
Frente a los cargos de apelación de la demandante, el ministerio público pidió desestimar la pretensión relacionada con el silencio administrativo positivo, pues consideró que el orden en el que se dispuso el edicto no era una situación que ameritara anular la notificación de la resolución que falló el recurso de reconsideración. Por lo demás, consideró que los argumentos de la actora para desvirtuar el rechazo de los gastos de recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios, no eran suficientes para constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 107 del ET; como tampoco fueron suficientes para que se aceptara la deducción por aportes a fondos de pensiones voluntarias, pues no se demostró el tipo de vinculación de los beneficiarios de los aportes con la sociedad ni se aportó el plan de pensiones que permitiría verificar los destinatarios del aporte. Respecto de los cargos de apelación propuestos por la demandada, expresó que los bienes sobre los cuales se solicitó la deducción especial del artículo 158-3 del ET no tenían la calidad de activos fijos reales productivos. Finalmente, señaló que, aunque la autoridad tributaria no expuso las razones por las que el a quo excedió los límites del artículo 64 del ET en relación con la deducción por destrucción de inventarios, los actos administrativos censurados evidenciaban que los montos reclamados por la actora eran inferiores al 3% del inventario que establece la referida norma (ff. 297 a 307).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por ambas partes contra la sentencia del a quo, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. En esos términos, le corresponde a la Sala establecer si se configuró el silencio administrativo positivo que alega la actora. De ser negativa la conclusión de ese análisis, habrá que determinar: si eran deducibles de conformidad con el artículo 107 del ET los gastos en recreación y deporte, celebración de navidad, aportes de patrocinio, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios en los que incurrió la demandante; si los aportes a fondos de pensiones voluntarias hechos eran deducibles a la luz del artículo 126-1 del ET; si la actora tenía derecho en el periodo a aplicar la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos; y, finalmente, si de acuerdo con el artículo 64 del ET correspondía rechazar los costos de venta por disminución de inventarios tomados por la demandante. De ser necesario, en función de las conclusiones que arrojen los anteriores análisis, se juzgará la adecuación a derecho de la sanción por inexactitud impuesta. Con todo, se advierte que, en el debate relativo a la procedencia de los costos de venta por disminución de inventarios, la demandada se abstuvo de formular cargos de apelación concretos acerca de las bajas por obsolescencia y por mercancía robada. En esa medida, por mandato del artículo 320 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012), la Sala tiene vedado emitir un pronunciamiento sobre el particular.
2- En primer lugar, plantea la demandante que en el caso operó el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 734 del ET porque el edicto por medio del cual se pretendía notificar la resolución que decidió el recurso de reconsideración carecería de efectos al no haber incorporado la parte resolutiva del acto al que se quería dotar de publicidad, de modo que la notificación de este habría sucedido, por conducta concluyente, en la fecha en que recibió las copias que solicitó de la resolución, cuando ya había transcurrido el plazo de un año establecido en el artículo 732 ibidem. En cambio, para la demandada el edicto mencionado sí surtió la notificación que pretendía, con lo cual se habría notificado en tiempo la resolución que decidió el recurso de reconsideración, tesis que fue avalada por la sentencia apelada. Por tanto, el debate se centra en determinar si el edicto, por medio del cual se intentó notificar conforme al artículo 565 del ET la resolución que decidió el recurso interpuesto contra la liquidación oficial de revisión, cumplió su cometido.
2.1- Dispone el artículo 565 del ET que los actos que decidan recursos se notificarán personalmente, pero, si no se pudiera llevar a cabo tal clase de notificación, se procederá a notificar el acto mediante edicto que «se fijará en lugar público del despacho respectivo por el término de diez días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo». Así, el incumplimiento de alguna de las dos condiciones que respecto del edicto establece la norma, conllevaría la falta de eficacia de la notificación que plantea la actora, pues la finalidad del edicto es informar al interesado acerca del contenido de un acto administrativo que no pudo ser notificado personalmente. Todo, bajo el entendido, precisado en sentencia del 19 de septiembre de 2019 (exp. 20690, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), de que el alcance de la exigencia de insertar la parte resolutiva del acto administrativo debe valorarse considerando el contenido del edicto, de manera que en ocasiones sea admisible que se modifique el orden de los datos de interés, o que se transcriba una versión resumida de la parte resolutiva, siempre que ofrezca información completa, veraz y coherente de la decisión, sin sesgos ni errores que lleven al recurrente a hacerse una idea errónea del sentido y contenido del acto notificado.
2.2- En el caso que se juzga, está establecido que la demandada profirió el 14 de febrero de 2014 la Resolución nro. 900.040, por medio de la cual falló el recurso de consideración interpuesto por la actora el 15 de marzo del 2013 contra la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412013000002, del 15 de enero del mismo año; y que, tras intentar fallidamente notificarle personalmente esa resolución a la recurrente, procedió a fijar en sus oficinas el 03 de marzo de 2014 el Edicto nro. 102, el cual desfijó el día 14 del mismo mes y año. Dicho edicto consignó lo siguiente en la parte decisoria (f. 157):
RESUELVE
Artículo primero.- Confirmar la Liquidación Oficial de Revisión Nº 31241201300000 del 15 de enero de 2013, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes por concepto del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de la sociedad contribuyente Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A.- Eduardoño- NIT […] por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo segundo.- Notificar personalmente o por edicto, de conformidad con lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 565 y 569 del Estatuto Tributario al doctor […], en su calidad de representante legal de la sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A.- Eduardoño- NIT […] a la dirección procesal […] en la ciudad de Bogotá, D.C., con la advertencia de que contra la misma no procede ningún recurso por la vía gubernativa.
Artículo tercero.- Remitir el expediente una vez notificada esta resolución a la división de Gestión Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, para lo de su competencia y copia a la División de Gestión de Recaudo, o quien haga sus veces, de la misma Dirección Seccional para su contabilización.
Artículo cuarto.- Remitir copia una vez notificada y ejecutoriada esta resolución al Grupo Interno de Trabajo de Documentación, o quien haga sus veces y a la División de Gestión de Cobranzas, o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, para lo de su competencia.
2.3- A la luz del documento transcrito, estima la Sala que el edicto con el cual la autoridad de impuestos buscaba notificarle a la demandante la decisión del recurso interpuesto en vía administrativa, sí contenía la parte resolutiva del acto a notificar. Y dado que ese edicto permite identificar sin equívocos el acto objeto de notificación, las fechas de fijación y desfijación del edicto, el interesado en la decisión y los funcionarios que llevaron a cabo la diligencia de notificación, concluye la Sala que cumplió su cometido de notificar la Resolución nro. 900.040 en la fecha en que se desfijó. Así, aun cuando en el edicto se dispusiera de forma invertida el orden de la parte resolutiva y de las firmas de los funcionarios –que es de donde parte la censura la actora–, pues, como se advirtió en la jurisprudencia que se reitera, esa alteración en la presentación de los datos que debe contener el edicto no supone un error sustantivo que impida dotar de publicidad al acto que se pretende notificar.
Las anteriores razones son suficientes para negar el cargo de apelación de la actora que plantea la ocurrencia del silencio administrativo positivo al que se refiere el artículo 734 del ET. Lo anterior, porque para la Sala está demostrado que el acto mediante el cual se decidió el recurso de reconsideración se notificó mediante edicto el 14 de marzo de 2014, antes de que transcurriera un año desde la presentación en debida forma del recurso, lo cual había ocurrido el 15 de marzo de 2013. No prospera el cargo de apelación.
3- Contra el contenido de la liquidación oficial del tributo, plantea la demandante que son deducibles los gastos incurridos por concepto de recreación y deporte, celebración de navidad, patrocinios, premios y concursos, trofeos, uniformes deportivos, representación, asesoría y avalúos inmobiliarios, toda vez que obedecen a erogaciones amparadas por la legislación laboral, que, consecuentemente, cumplen con los requisitos generales de causalidad y necesidad previstos en el artículo 107 del ET. Al planteamiento se opone la demandada, que argumenta que esos atributos no fueron demostrados por la actora, posición que avaló el tribunal. Le corresponde entonces a la Sala determinar si, para el caso, los gastos en cuestión cumplen los requisitos de causalidad y necesidad exigidos por el artículo 107 del ET.
3.1- De acuerdo con la norma citada, son deducibles de la renta bruta las expensas realizadas durante el período gravable en desarrollo de «cualquier actividad productora de renta», siempre que guarden relación de causalidad con ella y sean necesarias y proporcionadas. En torno al contenido y alcance de dichos requisitos, la Sala fijó en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-002, del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza), las reglas unificadas de decisión, en los siguientes términos:
1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o partícipes; entre otros.
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta.
Conforme a esos criterios, la causalidad, la necesidad y la proporcionalidad deben juzgarse conforme a las condiciones individuales de los contribuyentes, razón por la cual les corresponde a los obligados tributarios demostrar las circunstancias pertinentes, pues el artículo 167 del CGP dispone que las partes tienen la carga de probar el «supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Por esta circunstancia, la cuarta regla de decisión jurisprudencial de la providencia de unificación citada dispuso que:
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta.
Se colige entonces que cuanto más concreto sea el cuestionamiento de la autoridad tributaria respecto de la aplicación y alcance de los requisitos del artículo 107 del ET, mayor será la carga argumentativa y probatoria del administrado para desvirtuarla.
3.2- En el sub lite, respecto de la deducibilidad de los gastos rechazados en la liquidación oficial de revisión, se encuentran probados los siguientes hechos:
(i) Con la respuesta al Auto de Verificación o Cruce nro. 312382011001484, del 08 de septiembre de 2011 (ff. 951 y 952 caa5), la demandante aportó: la conciliación del periodo contable-fiscal a nivel de subcuenta PUC, que detalla las cuantías de los gastos por celebración de navidad, deportivos y de recreación, premios, concursos y trofeos (ff. 48 y 49 caa1); con el detalle de subcuentas de balance por uniformes deportivos (f. 819 caa5), aportes de patrocinios (ff. 698 y 700 caa4) y gastos de representación (ff. 306, 307 y 344 caa2); la factura comercial por servicios de asistencia legal en un proceso de remate de bienes (f. 724 caa4); y el auto de fijación de honorarios por avalúo inmobiliario (f. 839 vto. caa5).
(ii) En la liquidación oficial demandada, la autoridad manifestó que la actora no suministró elementos de juicio que acreditaran la relación de causalidad y de necesidad de los gastos rechazados con la actividad productora de renta inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) y con los ingresos operacionales (ff. 37 a 39).
(iii) Con ocasión del recurso de reconsideración, la demandante alegó que los gastos en los que incurrió tenían justificación en la legislación laboral, de acuerdo con la cual las expensas en favor de los empleados no deben limitarse a las mínimas establecidas en la ley, pues el empleador debe propender porque sus empleados trabajen en condiciones justas y dignas (ff. 48 y 49).
3.3- Si bien los documentos aportados por la demandante acreditan la existencia, a nivel contable, de los gastos rechazados en la liquidación oficial de revisión, no se ordenan a demostrar el cumplimiento de los requisitos de deducibilidad exigidos por el artículo 107 del ET, pese a que ese fue el motivo por el cual la Administración los rechazó. Ellos no honran la capacidad argumentativa ni probatoria que recae sobre el obligado tributario, pues se limitaron a afirmar que se trataba de gastos admitidos por la legislación laboral sin exponer ni demostrar una relación de causalidad y necesidad. La invocación general del ordenamiento laboral no tiene, por sí sola, la virtualidad de afirmar y demostrar que los gastos en cuestión realizan los tributos exigidos por el artículo 107 del ET para admitir su deducción de la base gravable del impuesto, máxime cuando no todas las expensas rechazadas correspondían a conceptos de naturaleza laboral, como era el caso de los gastos por asesoría y avalúos inmobiliarios. No prospera el cargo de apelación.
4- De otra parte, la actora sostiene que los aportes a fondos de pensiones voluntarias que efectuó en favor de cuatro «miembros» de la sociedad eran deducibles porque la deducción prevista en el artículo 126-1 del ET aplica tanto para los aportes realizados en favor de trabajadores, como de otros participes. En cambio, la demandada plantea que solo son deducibles los aportes empresariales hechos a planes de pensiones de quienes tienen un vínculo laboral con el aportante, interpretación del artículo 126-1 del ET que fue avalada por el tribunal. Así, corresponde decidir si la deducción reglada en el citado artículo 126-1 del ET solo es procedente respecto de los aportes efectuados por los empleadores en favor de sus trabajadores, o si también cobija los aportes realizados en favor de beneficiarios con los que no se tiene una vinculación laboral.
4.1- La Sala advierte que el mismo debate, llevado por las mismas partes del presente proceso, pero por un periodo fiscal diferente, fue resuelto por la Sección en la sentencia del 10 de diciembre de 2015 (exp. 19415, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), en la cual se fijó un criterio de decisión judicial con el que corresponde decidir el presente litigio. Según él, la interpretación sistemática de los artículos 168, 169 y 173 del EOSF y 126-1 del ET determina que los patrocinadores de los planes de pensiones únicamente pueden deducir del impuesto sobre la renta los aportes que hagan en beneficio de sus trabajadores, esto es, de personas con quienes tengan un vínculo de naturaleza laboral; para lo cual el aportante debe demostrar la relación laboral y el cumplimiento de los demás requisitos que establecen las normas.
4.2- Constan en el plenario comunicaciones suscritas por el representante legal de la demandante y formularios de aportes a fondos de pensiones voluntarias (ff. 827 a 829 caa5), que evidencian que la sociedad realizó contribuciones a fondos de pensiones voluntarias en beneficio de varias personas, incluidas las cuatro sobre las que versa el rechazo de la deducción decidido en los actos demandados. Pero, esos medios de prueba no dan cuenta, ni siquiera de manera sumaria, de la existencia de un vínculo laboral con los cuatro beneficiarios del plan de pensiones al que se hicieron los aportes cuestionados. Al no haber facilitado la demandante los medios de comprobación del cumplimiento del requisito exigido por el artículo 126-1 del ET para la procedencia de la deducción, no se acreditaron en el expediente las condiciones que habilitan la deducción solicitada por la demandante. No prospera el cargo de apelación.
5- Pasa la Sala a analizar la juridicidad de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. De un lado, la demandada sostiene que los servidores que contenían el software, los vehículos y los computadores que adquirió la actora no eran activos fijos relacionados con su objeto social, ni con su actividad productora de renta; y que la actora omitió demostrar que ejerció la opción irrevocable de compra en los contratos de leasing con los cuales accedió a los activos. De otro lado, la demandante plantea que los bienes adquiridos satisfacen los requisitos de los artículos 158-3 del ET y 2.º del Decreto 1766 de 2004, porque se relacionan directa y permanentemente con la actividad productora de renta.
En esos términos, la Sala debe establecer si la demandante tenía derecho a solicitar la deducción especial de que trata el artículo 158-3 del ET, en función de la relación directa y permanente con la actividad generadora de renta que tuvieran los activos por cuya adquisición se solicitó el beneficio; pero no habrá lugar a pronunciarse respecto del cargo formulado por la demandada con el cual plantea que no existía prueba acerca del ejercicio de la opción irrevocable de compra en los contratos de leasing de los activos por los cuales se solicita la deducción especial, toda vez que ese argumento no hizo parte de los motivos del rechazo de la deducción especial en los actos acusados.
5.1- De acuerdo con el texto que se encontraba vigente del artículo 158-3 del ET para la época de los hechos, se tenía derecho a solicitar como deducción especial de la base gravable del impuesto sobre la renta una suma equivalente al 40% del monto de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos adquiridos durante el periodo gravable. Al efecto, el reglamento disponía en el artículo 2.° del Decreto 1766 de 2004 que los activos cuya adquisición daba derecho a acceder al beneficio debían cumplir con las condiciones de ser bienes tangibles, incorporados en el patrimonio, depreciables fiscalmente y debían participar directa y permanentemente en la actividad productora de renta. Pero ninguna de las dos normas condicionó la procedencia de la deducción a la comprobación de la generación de ingresos durante el periodo. En esa medida, para determinar la existencia de una relación directa y permanente entre los activos adquiridos y la actividad productiva, se requiere que el contribuyente aporte elementos de juicio objetivos que permitan acreditar la existencia de esa relación (sentencia del 02 de abril de 2009, exp. 16088, CP: Héctor José Romero Díaz).
5.2- Constan en el expediente, sobre dicho debate, los siguientes hechos relevantes:
(i) La demandante tiene por objeto social principal «la comercialización, representación, fabricación, ensamble, distribución, reparación, diseño, importación y exportación de productos, maquinarias, motores, insumos, repuestos, materias primas y accesorios para la ganadería, agricultura, minería, deporte y construcción» (f. 23 vto).
(ii) Al atender los requerimientos ordinarios hechos por la demandada, la actora aportó la siguiente información: relación contable de los bienes por los cuales se solicitó la deducción especial del artículo 158-3 del ET, en la que se detallan los precios y modos de adquisición de los servidores, los computadores y los seis vehículos para el transporte de trabajadores (f. 97 caa1); factura de venta del proveedor de los servidores (f. 100 caa1); contrato de leasing entre la actora y la entidad financiera que adquirió los servidores (103 a 107 caa1); y balance contable a nivel de subcuenta en el que se indica el valor de las cuotas de amortización de la deuda de la actora con la entidad financiera (ff. 98 y 99; 102 caa1).
(iii) Con ocasión de la respuesta al requerimiento especial (ff. 1000 a 1019 caa6), la demandante anexó informe explicativo sobre la utilidad de los servidores que soportan el software empleado en el proceso comercial y de producción de la sociedad. En él indicó que las «herramientas de gestión de la carga de trabajo incorporadas en los servidores iSeries proporcionan a la empresa la opción de ejecutar múltiples subsistemas, permitiendo a los administradores aumentar la productividad» y que las «máquinas son usadas en todo el proceso comercial y de producción: manufactura, compras nacionales e importadas, control de inventarios, venta y cobro y servicio posventa» (ff. 1034 a 1054 caa6). Este documento no fue cuestionado por la demandada.
(iv) Sobre los computadores y los vehículos, la actora no aportó información.
5.3- Los anteriores medios de prueba dan cuenta entonces de que la demandante se dedica a la manufactura, importación y comercialización de maquinarias, proceso productivo en el cual los servidores de cómputo sobre los cuales se debate tienen una participación directa y permanente, toda vez que soportan el software que se utiliza para manejar y controlar el sistema productivo y comercial de la empresa, a través de la gestión de la manufactura, de las compras nacionales e importadas, del control de inventarios, de las ventas, del cobro de cuentas y de los servicios posventa. Por ende, se trata de activos que participan directamente en la actividad productiva, porque promueven o favorecen la gestión del objeto social principal de la empresa. Queda desvirtuado el cargo de apelación de la demandada que plantea que los servidores adquiridos no son «productivos» en el sentido que dispone el artículo 2.º del Decreto 1766 de 2004, porque de ellos no devienen las rentas de la actora.
De los computadores y vehículos destinados al uso de los trabajadores de la actora, no obran en el plenario medios de prueba dirigidos a demostrar el vínculo que tendrían con la actividad productiva, en el caso concreto. La actora no puso a disposición de esta judicatura elementos de juicio que permitan avalar la procedencia de la deducción en el periodo revisado; esto, a pesar de que la Administración cuestionó en el procedimiento de revisión el cumplimiento del presupuesto de hecho previsto en la norma para acceder al beneficio por cuenta de la inversión realizada en computadores y vehículos. Para la Sala es claro que la desatención de la carga probatoria que recaía sobre la demandante en el juicio sobre la procedencia de la deducción especial por cuenta de la adquisición de computadores y vehículos no puede saldarse haciendo valer las inferencias lógicas que de manera oficiosa pueda concebir el juzgador, pues la consecuencia jurídica que por ley acarrea es la improcedencia del cargo de apelación. Así, aunque en términos generales sea probable que los computadores y los vehículos para el transporte personal de los empleados coadyuven o faciliten la ejecución del objeto social de un contribuyente, en el sub lite la actora no aportó pruebas que acreditaran la relación directa y permanente que tendrían, con su actividad económica, los computadores y los vehículos adquiridos. Prefirió hacer afirmaciones generales más cargadas de ironía que de una argumentación encaminada a afirmar la razón por la cual en el caso concreto se cumplirían los requisitos para la procedencia de la deducción especial.
Con fundamento en lo expuesto, concluye la Sala que solo los servidores adquiridos por la actora satisfacen las condiciones de los artículos 158-3 del ET y 2.º del Decreto 1766 de 2004 para gozar de la deducción especial en ellos establecida. En consecuencia, se confirmará la decisión del tribunal en lo que tiene que ver con la inversión hecha en servidores, pero se revocará el reconocimiento de la deducción especial relativa a la adquisición de computadores y de vehículos.
6- Sobre la cuantificación del impuesto, resta analizar la procedencia de los costos de venta por disminución de inventarios (señaladamente por tratarse de mercancía en mal estado y por faltantes de mercancía), pues la demanda apeló la decisión del a quo bajo el cargo de que el porcentaje que representaba el monto aceptado superaba el límite permitido por el artículo 64 del ET.
De conformidad con la modificación introducida por el artículo 2.º de la Ley 1111 de 2006 al artículo 64 del ET, los contribuyentes pueden disminuir su inventario por faltantes de mercancía, siempre que: se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida; se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción; y se cumpla con el límite establecido, correspondiente al 3% de la suma del inventario inicial más las compras, salvo que medie la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o de caso fortuito, pues, en esos eventos, pueden aceptarse disminuciones mayores.
En el caso que se juzga, la demandante solicitó en la declaración del impuesto sobre la renta del periodo revisado el reconocimiento de un costo de venta por mercancía en mal estado, en cuantía de $31.159.115 (ff. 1091 caa6 a 1625 caa9) y de un costo por faltantes de mercancía por $20.268.895 (ff. 2085 a 2133 caa11). Sobre estas cifras, expuso en el recurso de reconsideración que obedecían a «daños en el embalaje, cargue y descargue y transporte de los bienes» y a «dilataciones, evaporaciones o contracciones por cambios de temperatura que afectan el volumen de las mercancías líquidas»; y determinó que el primer concepto equivalía al 0,03% del inventario inicial más las compras y el segundo representaba 0,019% de la misma base (ff. 52 y 55). Esas argumentaciones y análisis no fueron controvertidas por su contraparte, ni en sede administrativa, ni judicial.
Bajo esas circunstancias, juzga la Sala que la decisión del tribunal no conllevó el reconocimiento de un costo superior al autorizado por el artículo 64 del ET, dado que las cifras que adujo la actora constituyen un hecho probado no discutido por las partes, según el cual la suma solicitada representaba menos del 3% del inventario. A lo anterior cabe añadir que la demandante planteó en el recurso de reconsideración y en el escrito de demanda que los elementos por los cuales se aplicó la disminución de inventarios eran activos movibles de fácil destrucción o pérdida y explicó las circunstancias fácticas que dieron lugar a detraer tales sumas de la base gravable. No prospera el cargo de apelación planteado por la demandada.
7- A consecuencia de los análisis efectuados, la Sala negará los cargos de apelación de la demandante y el cargo de apelación de la demandada relativo la disminución por inventarios. Pero aceptará parcialmente el cargo que esta parte formuló sobre la improcedencia de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. Así, de la suma solicitada por ese concepto, se avala la cifra de $903.575.000 invertidos en la adquisición de servidores de cómputo. Por tanto, el total de las deducciones se fija en $42.615.367.000, el impuesto a cargo en $1.040.296.000 y el saldo a favor antes de sanciones en $1.379.417.000.
8- Resta decidir sobre la sanción por inexactitud impuesta a la demandante. Al tenor del artículo 647 del ET, es una conducta punible, entre otros hechos, la omisión de ingresos y la inclusión de costos y gastos improcedentes, salvo que concurra alguna circunstancia constitutiva de un error de apreciación sobre el derecho aplicable (que no sobre los hechos del caso) que actúe como causal de exoneración punitiva en la medida en que excluye la conciencia del agente sobre la antijuridicidad de su conducta (sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 21640, CP: Julio Roberto Piza).
En vista de que en el caso enjuiciado la Sala determinó que la actora incluyó en la autoliquidación objetada deducciones cuya procedencia fue desacreditada a lo largo del proceso, hay adecuación típica entre la conducta juzgada y el tipo infractor descrito normativamente, sin que la demandante haya manifestado estar incursa en la referida causal exculpatoria. Por ello, hay lugar a confirmar la juridicidad de la sanción impuesta. Con todo, dado que el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 redujo el porcentaje de la sanción del 160 al 100%, procede, de conformidad con el principio de favorabilidad en materia punitiva (artículo 29 de la Constitución), reducir la multa que fue impuesta en el acto demandado. Consecuentemente, el monto de la sanción procedente se calcula así:
Factor
Valor
Saldo a favor autoliquidado antes de sanciones
$1.559.767.000
Saldo a favor determinado antes de sanciones
$1.379.417.000
Base de la sanción por inexactitud
$180.350.000
Porcentaje
100%
Total sanción por inexactitud
$180.350.000
9- En definitiva, la liquidación del impuesto sobre la renta a cargo de la demandante, por el año gravable 2009, se calcula así:
Concepto
Demandante
Demandada
Sentencia
Total gastos nómina
$10.831.703.000
$110.831.703.000
$10.831.703.000
Aportes al sistema de seguridad social
$1.835.046.000
$1.835.046.000
$1.835.046.000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
$750.959.000
$750.959.000
$750.959.000
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones
$1.664.159.000
$1.664.159.000
$1.664.159.000
Cuentas por cobrar
$45.034.275.000
$45.034.275.000
$45.034.275.000
Acciones y aportes
$18.991.579.000
$18.991.579.000
$18.991.579.000
Inventarios
$29.563.213.000
$29.563.213.000
$29.563.213.000
Activos fijos
$45.579.944.000
$45.579.944.000
$45.579.944.000
Otros activos
$532.460.000
$532.460.000
$532.460.000
Total patrimonio bruto
$141.365.630.000
$141.365.630.000
$141.365.630.000
Pasivos
$72.474.271.000
$72.474.271.000
$72.474.271.000
Total patrimonio líquido
$68.891.359.000
$68.891.359.000
$68.891.359.000
Ingresos brutos operacionales
$120.943.348.000
$120.943.348.000
$120.943.348.000
Ingresos brutos no operacionales
$2.883.133.000
$2.883.133.000
$2.883.133.000
Intereses y rendimientos financieros
$5.492.996.000
$5.492.996.000
$5.492.996.000
Total ingresos brutos
$129.318.477.000
$129.318.477.000
$129.318.477.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
$796.369.000
$796.369.000
$796.369.000
Ingresos no const. de renta ni ganancia ocasional
$2.239.617.000
$2.239.617.000
$2.239.617.000
Total ingresos netos
$126.282.491.000
$126.282.491.000
$126.282.491.000
Costo de ventas y de prestación de servicios
$80.701.065.000
$80.390.965.000
$80.701.065.000
Otros costos
$18.743.000
$18.743.000
$18.743.000
Total costos
$80.719.808.000
$80.409.708.000
$80.719.808.000
Gastos operacionales de administración
$18.392.182.000
$18.078.311.000
$18.078.311.000
Gastos operacionales de ventas
$21.628.451.000
$21.628.451.000
$21.628.451.000
Deducción inversión en activos fijos
$1.020.408.000
$20.742.000
$924.317.000
Otras deducciones
$2.120.841.000
$1.975.422.000
$1.984.288.000
Total deducciones
$43.161.882.000
$41.702.926.000
$42.615.367.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio
$2.400.801.000
$4.169.857.000
$2.947.316.000
o Pérdida líquida ordinaria del ejercicio
$0
$0
$0
Compensaciones
$0
$0
$0
Renta líquida
$2.400.801.00
$4.169.857.000
$2.947.316.000
Renta presuntiva
$1.389.796.000
$1.389.796.000
$1.389.796.000
Renta exenta
$0
$0
$0
Rentas gravables
$13.827.000
$13.827.000
$13.827.000
Renta líquida gravable
$2.414.628.000
$4.183.684.000
$2.961.143.000
Ingresos por ganancias ocasionales
$236.764.000
$236.764.000
$236.764.000
Costos por ganancias ocasionales
$45.495.000
$45.495.000
$45.495.000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
$0
$0
$0
Ganancias ocasionales gravables
$191.269.000
$191.269.000
$191.269.000
Impuesto sobre la renta líquida gravable (33%)
$796.827.000
$1.380.615.000
$977.177.190
Descuentos tributarios
$0
$0
$0
Impuesto neto de renta
$796.827.000
$1.380.615.000
$977.177.000
Impuesto de ganancias ocasionales
$63.119.000
$63.119.000
$63.119.000
Impuesto de remesas
$0
$0
$0
Total impuesto a cargo
$859.946.000
$1.443.734.000
$1.040.296.000
Anticipo renta por el año gravable 2009
$0
$0
$0
Saldo a favor año 2008 sin sol. devol. o comp.
$0
$0
$0
Autorretenciones
$2.400.290.000
$2.400.290.000
$2.400.290.000
Otras retenciones
$19.423.000
$19.423.000
$19.423.000
Total retenciones año gravable 2009
$2.419.713.000
$2.419.713.000
$2.419.713.000
Anticipo renta por el año gravable 2010
$0
$0
$0
Saldo a pagar por impuesto
$0
$0
$0
Sanciones
$0
$934.061.000
$180.350.000
Total saldo a pagar
$0
$0
$0
o Total saldo a favor
$1.559.767.000
$41.918.000
$1.199.067.000
10- Finalmente, debido a que de conformidad con el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP solo «habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación», la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia porque en el expediente no existe prueba de su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal 2.º de la sentencia apelada. En su lugar:
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, fijar el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2009, a cargo de la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia y fijar la sanción por inexactitud en la suma de $180.350.000.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Radicado: 25000-23-37-000-2014-00742-01 (23179)
Demandante: Eduardo Londoño e Hijos Sucesores SA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000-23-37-000-2014-00742-01 (23179)
Demandante: Eduardo Londoño e Hijos Sucesores SA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
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