Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00859-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Simulación: definición
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00859-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2014-00859-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
19 de agosto de 2021
SIMULACIÓN - Definición / ACREDITACIÓN DE LA SIMULACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA - Libertad probatoria / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN - Alcance. Le impone la obligación a la administración de desvirtuar la presunción de veracidad de la declaraciones / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Alcance. No impide el ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria / IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Requisitos. El artículo 743 del Estatuto Tributario recoge los requisitos que la legislación procesal ha definido en relación con la eficacia de los medios probatorios / CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance. Implica que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen / RECHAZO DE COMPRAS REGISTRADAS - Improcedencia / IMPUESTOS DESCONTABLES CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN DE IVA - Presupuestos. Reiteración de jurisprudencia
[L]a simulación es una anomalía negocial en la que las partes dan al negocio que procuran celebrar una apariencia jurídica distinta, con el propósito de no revelar ante terceros el verdadero contenido del negocio llevado a cabo. Por eso, se trata de una ocultación fáctica, pues los sujetos involucrados esconden la realidad de su relación contractual bajo la apariencia de otra figura o encubren mediante un negocio la ausencia de todo ánimo negocial. Con lo cual, el fenómeno simulatorio es una pura cuestión de hecho, que versa sobre la realidad de los acontecimientos y no sobre su calificación jurídica, por lo cual debe ser demostrado por el interesado en cada caso concreto. 2.3- Ahora bien, ninguna norma del ordenamiento tributario fija los medios de prueba para acreditar la existencia de la simulación, de ahí que su demostración se enmarque en la regla general de libertad probatoria consagrada en el artículo 175, inciso 1.º, del CPC, hoy recogido por el artículo 165 del Código General del Proceso (CGP, Ley 1564 de 2012) y, en consecuencia, la eficacia de los medios probatorios aportados para ese fin dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse» (artículo 743 del ET), que para el caso sería la inexistencia de las operaciones de compra cuestionadas. Es por eso que el indicio sirve como medio de prueba en materia de simulación, comoquiera que quienes simulan, usualmente, no conservan evidencia que dé cuenta directa de la manifestación real que oculta el negocio simulado. De suerte que, la simulación debe ser acreditada mediante la prueba de otros hechos a partir de los cuales, por inferencia lógica, esta se colija. Así, un hecho base debe estar plenamente demostrado en el proceso mediante otros medios de prueba; al paso que, dicho hecho indicador debe tener la propiedad de demostrar otro (i. e. el hecho indicado), mediante un proceso de inferencia lógica, con fundamento en reglas de la experiencia. 2.4- A su vez, el principio general de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 CPC, reiterado por el artículo 167 CGP, corresponde al sujeto pasivo demostrar los aspectos negativos de la base imponible (costos, gastos, impuestos descontables, compras), pues es quien los invoca a su favor. A contrario sensu, en aquellos casos en donde se pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable (entiéndase adición de ingresos u operaciones sometidos a tributación), la carga se asigna a la autoridad quien, de igual manera, se constituye como el sujeto que invoca a su favor la modificación del caso. Ello obedece al deber de la Administración de agotar una actividad de verificación suficiente respecto de la liquidación de los tributos que efectúan los sujetos pasivos. Ahora, en virtud del sistema de autoliquidación tributaria, en aquellos casos en los que medie un despliegue probatorio cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en la declaración, el llamado a comprobarlos es el sujeto pasivo o declarante (…) [L]a demandada no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración presentada, pues, pese a las pruebas indiciarias construidas a partir de inconsistencias con la información recaudada de los proveedores, la actora demostró con suficiencia que las operaciones rechazadas sí existieron, por lo cual la demandante tenía derecho a solicitar en su declaración los impuestos descontables derivados de las referidas operaciones, sin lugar a rechazar las compras a estos proveedores y los impuestos descontables señalados en los actos demandados.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 175, INCISO 1 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 165 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 743 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 167
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los impuestos descontables, la Sala reitera asuntos de similares características, consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 30 de mayo de 2019, Exp. 08001-23-33-000-2013-90353-01(23072), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 19 de febrero de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2013-00416-01(23296), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 27 de mayo de 2021, Exp. 25000-23-37-000-2015-00552-01(23330), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 02 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2015-00478-01(24359), C.P. Milton Chaves García; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 02 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2014-00886-01(22682), C.P. Milton Chaves García; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 05 de agosto de 2021, Exp. 25000-23-37-000-2014-00884-01(22715), CP: Julio Roberto Piza Rodríguez
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Por falta de prueba de su causación
De conformidad con el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia, en la medida en que no existe prueba de su causación.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365, NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-37-000-2014-00859-01(23823)
Actor: TONEMAX SAS (ACTUALMENTE, TONEMAX SAS EN LIQUIDACIÓN)
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 08 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió (ff. 763 y 764):
Primero: Declárese la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000405 de 16 de julio de 2013 y la Resolución nro. 900.086 de 31 de marzo de 2014, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.
Segundo: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, declárese que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad Tonemax SAS corresponde a la suma de $798.805.000.
Tercero: Niéganse las demás pretensiones.
Cuarto: No se condena en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Con la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000405, del 16 de julio de 2013, la DIAN modificó la liquidación privada del IVA del 3.° bimestre de 2011 de la actora, para: rechazar compras de chatarra por $4.924.043.403 e impuestos descontables en cuantía de $787.846.944; producto de ello, se disminuyeron las compras gravadas de $29.821.627.000 a 24.897.584.000 y los impuestos descontables de $4.757.660.000 a $3.958.855.000, se impuso sanción por inexactitud por $1.281.336.000 y se disminuyó el saldo a favor (ff. 42 a 61). Ese acto fue confirmado, en reconsideración, por la Resolución nro. 900.086, del 31 de marzo de 2014 (ff. 63 a 86).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (f. 5):
1. Declarar la nulidad del acto administrativo conformado por la Liquidación Oficial de Revisión número 322412013000405 del 16 de julio de 2013, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la cual se modificó la declaración presentada por Tonemax SAS (en adelante, Tonemax) por concepto del impuesto sobre las ventas IVA correspondiente al tercer bimestre del año 2011 y la resolución número 900.086 del 31 de marzo de 2014, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que confirmó liquidación oficial de revisión número 322412013000405 del 16 de julio de 2013.
2. En virtud de la declaratoria de nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, y a título de restablecimiento del derecho, reconocer la firmeza de la declaración presentada por Tonemax S.A.S. por concepto del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre del año 2011.
A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 6.º, 29 y 83 de la Constitución y 683, 742, 745 y 856 del ET. El concepto de violación de estas disposiciones se resume así (ff. 6 a 35):
Aseveró que la sociedad tiene como objeto social la compra y venta de materia prima e insumos, principalmente: chatarra, para el proceso siderúrgico del grupo Gerdau Diaco S. A., que tuvo operaciones con 167 proveedores, de los cuales, 11 fueron los cuestionados por la DIAN, lo que es indicativo de que no es una empresa de papel constituida con el único fin de obtener impuestos descontables, como lo sugiere la Administración. En este mismo sentido, añadió que las operaciones de compra de chatarra glosadas por la demandada están debidamente soportadas en facturas con el cumplimiento de los requisitos del artículo 771-2 del ET, tiquetes de báscula, informes de revisoría fiscal, estados financieros, certificaciones de transferencias bancarias de los proveedores que demuestran el pago efectuado a estos; operaciones que, además, se ven respaldadas por la existencia de copias de contratos laborales y de pagos de aportes a la seguridad social, declaraciones del ICA, entre otros documentos, de manera que el hecho de que algunos proveedores no pudieron ser ubicados por el ente fiscalizador, ello no debía conducir al desconocimiento de las operaciones de compras de chatarra, como de forma errada fue valorado y concluido por la autoridad fiscal, máxime si se tenía en cuenta que la actividad económica de los chatarreros no se desarrolla en establecimientos de comercio fijos o permanentes como ocurre en otras actividades económicas.
Agregó que el informe técnico de ingeniero metalúrgico, adjunto a la demanda, daba certeza de que los sistemas de pesaje eran adecuados, que el software utilizado era el mejor del mercado, y que el certificado de la contadora de la sociedad Diaco, denominado «balance de masas», demostraba que la totalidad de chatarra adquirida por Tonemax para posteriormente ser vendido a aquella sociedad fue utilizada en la producción de palanquilla.
A su vez, anotó que no se le podía desconocer sus impuestos descontables por el hecho de que el Estado no hubiere recaudado el IVA de parte de sus proveedores, pues solo después de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, en aplicación del artículo 437-4 del ET es que se le atribuye la calidad de agente retenedor del IVA al comprador de la chatarra. Por último, expresó que no procede la sanción por inexactitud, porque los datos declarados son verdaderos y completos, no existieron proveedores ficticios ni operaciones simuladas, y las modificaciones realizadas obedecen a un error de apreciación de las pruebas y a diferencias de criterio sobre la norma aplicable.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff.108 a 134). Con ese fin, sostuvo que lo que condujo a concluir el rechazo de las compras de chatarra efectuadas a once de los proveedores de la actora, en el bimestre discutido, provino de que al constatar las direcciones registradas en el RUT de algunos de ellos no se pudieron ubicar y, en todo caso, las operaciones no coincidían con las reportadas por la actora. Tampoco estos proveedores atendieron los cruces y requerimientos de información, de modo que fue imposible ubicarlos, verificar su existencia física, su capacidad económica y operativa, así que ello devino en desconocer las compras y los impuestos descontables. Si bien las operaciones de compra de chatarra estaban debidamente registradas y soportadas en la contabilidad y en documentos externos (facturas), el hecho de que no se hubiere podido verificar externamente la realidad de estas operaciones con los terceros involucrados y a través del manejo de otros indicios llevó al convencimiento de la inexistencia de las operaciones por la falta de comprobación en la información registrada.
En cuanto a la sanción por inexactitud, consideró satisfecha la demostración de la comisión del hecho infractor previsto en el artículo 647 del ET, sin que hubiere lugar a valorarse alguna causal de exculpación.
Sentencia apelada
El tribunal anuló parcialmente los actos demandados sin condenar en costas (ff. 726 a 764). Al efecto, sostuvo que, para el reconocimiento de los impuestos descontables, la actora debía soportar su autoliquidación mediante elementos probatorios idóneos a fin de acreditar la trazabilidad de la cadena de comercialización de chatarra. No obstante, señaló que la Administración, mediante pruebas directas, logró desvirtuar el contenido de la declaración privada y los documentos soporte de las transacciones, todo lo cual se reforzó con los testimonios practicados en sede judicial a algunos de estos proveedores quienes no aportaron elementos de juicio adicionales a los que ya se encontraban dentro del expediente, pues adujeron no recordar en detalle la forma en que se llevaron a cabo las operaciones con la actora. Por consiguiente, avaló el rechazo de los costos e impuestos descontables y aplicó el principio de favorabilidad para reducir la sanción por inexactitud impuesta a la actora y esta fue la razón para anular parcialmente los actos.
Recursos de apelación
Ambas partes apelaron la decisión del tribunal. La actora, señaló que el a quo desarrolló una indebida valoración probatoria, pues estimó que «se limitó a transcribir lo dicho por la DIAN en los actos acusados y en la contestación de la demanda», sin efectuar un análisis de los medios de prueba allegados desde la investigación administrativa y, de hecho, los testimonios de cuatro de los once proveedores que se practicaron en primera instancia reafirmaron la realidad de las transacciones, pues todos coincidieron en que sí llevaron a cabo operaciones con Tonemax producto de las cuales recibieron pagos en sus cuentas bancarias. Agregó que, en el presente caso, el análisis probatorio fue diferente al practicado en los procesos que finalizaron con sentencias a su favor de fechas 19 de mayo del 2016, (exp. 2014-00886-00, MP: Beatriz María Martínez Quintero) y del 31 de mayo del 2017, (exp. 25000-23-37-000-2015-00552-00, MP: José Antonio Molina Torres), pese a tratarse de supuestos fácticos similares, relacionados con el 4.º y 5.º bimestre del mismo año gravable, todo lo cual derivó en un desconocimiento del precedente judicial horizontal. Seguidamente, reiteró los argumentos de la demanda haciendo alusión a los medios de prueba que desvirtúan lo glosado por la Administración y reafirmando que no se le podía trasladar la responsabilidad de que la DIAN no hubiere recaudo el IVA que los proveedores generaron con las ventas de chatarra, pues en esa época, el vendedor de la chatarra era el responsable del tributo (ff. 773 a 799).
Por su parte, la demandada cuestionó la reducción de la sanción. Al respecto, adujo que era improcedente disminuir la multa, puesto que se trató de una infracción grave que configuraba abuso en materia tributaria (ff. 800 a 802).
Alegatos de conclusión
Ambas partes reiteraron los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales (ff. 836 a 856 y 857 a 861).
El Ministerio Público señaló que, correspondía a la actora desvirtuar los hallazgos de la Administración y demostrar la realidad de las operaciones económicas ejecutadas con los proveedores cuestionados. A esos efectos, la contribuyente debió realizar un mayor esfuerzo probatorio y ubicar a tales proveedores a fin de demostrar la existencia de las transacciones u ofrecer una justificación para desvirtuar los indicios de la Administración. Por otro lado, sostuvo que no hubo vulneración del precedente judicial, pues estimó que la demandante no demostró que, en los casos sobre compra y venta de chatarra y proveedores inexistentes, existiera una posición uniforme que la favoreciera. Finalmente, adujo que la sanción por inexactitud se debía mantener en los términos establecidos en la sentencia de primera instancia (ff. 862 a 866).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo los cargos de apelación formulados por las partes, contra la sentencia de primer grado, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Concretamente, se debe determinar si los medios de prueba allegados por la demandante desvirtúan lo glosado por la Administración para desconocer las compras realizadas a once de los proveedores de aquella y sus respectivos impuestos descontables, por el 3.° bimestre de 2011 y, si por cuenta de ello, el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria y en violación del precedente judicial horizontal pues sobre otros litigios entre las mismas partes, pero por periodos diferentes del IVA, la conclusión fáctica llevó a reconocer la existencia de las operaciones de compra de chatarra cuestionadas. Superado ese análisis y, de ser procedente, se estudiará lo referente a la sanción por inexactitud que el a quo disminuyó en aplicación del principio de favorabilidad.
2- En torno al cuestionamiento de la parte activa consistente en la indebida valoración probatoria cometida presuntamente por el tribunal, tal acusación está referida a que en primera instancia se practicaron las pruebas testimoniales a cuatro de los once proveedores y, a partir de la versión de estos testigos, el tribunal consideró que las operaciones de venta de chatarra a la demandante eran ficticias. Empero, la actora insiste en que tales testimonios ratifican la operación de venta de chatarra, según lo atestiguaron los cuatro proveedores que rindieron versión; además, ese medio de prueba debía valorarse con las pruebas directas aportadas en el expediente que pretendían demostrar la realidad de las operaciones de compras e impuestos descontables declarados en el denuncio del 3.º bimestre del IVA del año 2011, las mismas que siendo valoradas en litigios análogos y entre las mismas partes, derivaron en sentencias favorecedores a Tonemax, decisiones emitidas por la misma corporación, de ahí que adujera una vulneración del precedente horizontal vinculante. Su contraparte defiende el análisis probatorio realizado en sede administrativa y la tesis del tribunal, pues sostiene que los indicios, junto con el hallazgo de inconsistencias relacionadas con los proveedores reportados por la actora, permitieron inferir la inexistencia de las ventas de chatarra por sus proveedores, dado que eran transacciones simuladas.
2.1- Para decidir, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto en las sentencias del 30 de mayo de 2019 (exp. 23072, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 19 de febrero de 2020 (exp. 23296, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y, en particular, las sentencias del 27 de mayo de 2021 (exp. 23330, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 02 de octubre de 2019 (exp. 24359 y 22682, CP: Milton Chaves García) y del 05 de agosto de 2021 (exp. 22715, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), que decidieron asuntos de similares características, entre las mismas partes, pero en relación con otros bimestres del tributo en discusión.
Dado que el rechazo de la compra de chatarra y del impuesto descontable estuvo sustentado en la inexistencia o simulación de dichas transacciones con once de los ciento sesenta y siete proveedores de la sociedad demandante, la Sala estima pertinente realizar las siguientes precisiones sobre la acreditación de la simulación en materia tributaria.
2.2- En aras de atender esa cuestión, se debe partir de considerar que la simulación es una anomalía negocial en la que las partes dan al negocio que procuran celebrar una apariencia jurídica distinta, con el propósito de no revelar ante terceros el verdadero contenido del negocio llevado a cabo. Por eso, se trata de una ocultación fáctica, pues los sujetos involucrados esconden la realidad de su relación contractual bajo la apariencia de otra figura o encubren mediante un negocio la ausencia de todo ánimo negocial. Con lo cual, el fenómeno simulatorio es una pura cuestión de hecho, que versa sobre la realidad de los acontecimientos y no sobre su calificación jurídica, por lo cual debe ser demostrado por el interesado en cada caso concreto.
2.3- Ahora bien, ninguna norma del ordenamiento tributario fija los medios de prueba para acreditar la existencia de la simulación, de ahí que su demostración se enmarque en la regla general de libertad probatoria consagrada en el artículo 175, inciso 1.º, del CPC, hoy recogido por el artículo 165 del Código General del Proceso (CGP, Ley 1564 de 2012) y, en consecuencia, la eficacia de los medios probatorios aportados para ese fin dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse» (artículo 743 del ET), que para el caso sería la inexistencia de las operaciones de compra cuestionadas.
Es por eso que el indicio sirve como medio de prueba en materia de simulación, comoquiera que quienes simulan, usualmente, no conservan evidencia que dé cuenta directa de la manifestación real que oculta el negocio simulado. De suerte que, la simulación debe ser acreditada mediante la prueba de otros hechos a partir de los cuales, por inferencia lógica, esta se colija. Así, un hecho base debe estar plenamente demostrado en el proceso mediante otros medios de prueba; al paso que, dicho hecho indicador debe tener la propiedad de demostrar otro (i. e. el hecho indicado), mediante un proceso de inferencia lógica, con fundamento en reglas de la experiencia.
2.4- A su vez, el principio general de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 CPC, reiterado por el artículo 167 CGP, corresponde al sujeto pasivo demostrar los aspectos negativos de la base imponible (costos, gastos, impuestos descontables, compras), pues es quien los invoca a su favor. A contrario sensu, en aquellos casos en donde se pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable (entiéndase adición de ingresos u operaciones sometidos a tributación), la carga se asigna a la autoridad quien, de igual manera, se constituye como el sujeto que invoca a su favor la modificación del caso.
Ello obedece al deber de la Administración de agotar una actividad de verificación suficiente respecto de la liquidación de los tributos que efectúan los sujetos pasivos. Ahora, en virtud del sistema de autoliquidación tributaria, en aquellos casos en los que medie un despliegue probatorio cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos consignados en la declaración, el llamado a comprobarlos es el sujeto pasivo o declarante (sentencia del 31 de mayo de 2018, exp. 20813, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
3- En torno a la comprobación de las operaciones de compra de chatarra que hiciere la demandante a once proveedores en el 3.º bimestre del IVA del año 2011, por valor de $4.924.043.403, la Sala encuentra pertinente mencionar los siguientes hechos y pruebas relevantes:
(i) La actora presentó la declaración del 3.º bimestre del IVA del año 2011, en la que registró compras y servicios gravados por $29.821.627.000 e impuestos descontables de $4.757.660.000 y un saldo a favor de $2.545.502.000 (f. 23 caa1). Mediante Auto de Apertura nro. 322402012003622, del 06 de septiembre del 2012, la DIAN inició investigación a la demandante (f. 68 caa1) y, tras no poder ubicar a once de sus ciento sesenta y siete proveedores, mediante el Requerimiento Especial nro. 322402012000307, del 22 de noviembre de 2012, propuso desconocer las compras de chatarra efectuadas a los proveedores Adolfo Mario Rodríguez Toscano, Ángela María Parra Arce, Anyela Andrea Fuentes Camargo, Corporación Mundo Limpio, Diana Karina Fajardo, Gonzalo De Jesús Muñoz Araque, José Reinel Cometa Bocanegra, Materiales Industriales M&M SAS, Octavio Bello Mora, Recolectora Industrial JL SAS y Darío Villegas Trujillo, las cuales sumaban un total de $4.924.043.403, con derecho a impuestos descontables por $787.846.944 (ff. 8269 a 8298 caa42). De los actos demandados se extrae que no se cuestionó la idoneidad de la contabilidad y de los documentos internos y externos que amparan las operaciones de compra del material reciclable.
(ii) Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000405, del 16 de julio del 2013, se modificó la declaración privada de la actora en los términos propuestos en el requerimiento especial; producto de ello, se disminuyeron las compras gravadas de $29.821.627.000 a 24.897.584.000 y los impuestos descontables de $4.757.660.000 a $3.958.855.000, se impuso sanción por inexactitud por $1.281.336.000 y se fijó el saldo a favor luego de sanción en $238.935.000 (ff. 42 a 61 cp); acto que, tras la interposición del recurso de reconsideración, fue confirmado por la Resolución nro. 900.086, del 31 de marzo de 2014 (ff. 63 a 86 cp).
(iii) Con el objeto de rebatir la glosa de la DIAN, con la respuesta al requerimiento especial, la actora aportó dos pruebas documentales que denominó «dictamen pericial contable», rendido por contadora pública e «informe de dictamen sobre compra de materia prima (chatarra) durante los años 2011 y enero y febrero de 2012 y su posterior venta a Diaco», rendido por un ingeniero metalúrgico, pruebas que, a su vez, fueron incorporadas al proceso judicial, en calidad de dictámenes periciales de parte, los cuales fueron aceptados como tales por el a quo en audiencia inicial (ff. 204 a 217). La demandada no objetó los dictámenes periciales dentro de la oportunidad procesal indicada ni se opuso a su decreto.
Estas pruebas y las demás aportadas en sede administrativa, dan cuenta, entre otros aspectos, de lo siguiente:
a) Según el dictamen pericial del ingeniero metalúrgico, por el bimestre fiscalizado, la actora utilizó el sistema o software Stone en las básculas, el cual permitía llevar el control absoluto de la cantidad de chatarra comprada a proveedores, sistema utilizado también por entidades como el IDU, Cine Colombia, Siderúrgica Nacional S. A., entre otros. Con base en el peso de la chatarra que arrojaba la báscula y el precio, se generaba automáticamente un tiquete el cual era «el único documento soporte para el pago» (f. 4610 c. dictamen pericial). Este profesional dictaminó que, según la seguridad del software «no era posible que Tonemax pudiera adulterar los procedimientos para ingresar mayores cantidades de chatarra a las realmente adquiridas de los proveedores. En el caso una cifra mayor era imposible porque DIACO pagaba sobre tiquete de ingreso en báscula y su clasificación determinaba cantidades que eran descargadas e iban automáticamente a un inventario físico y del sistema» (ff. 4610 y 4611 c. dictamen pericial 2). Asimismo, señaló que «estos software son muy seguros y tienen rastreabilidad sobre cualquier intrusión al sistema, para el cual cada persona tiene un usuario único y personal que de acuerdo con las atribuciones según el perfil puede realizar y acceder a las transacciones que requieren, dejando de paso el rastro y datos de las personas que participaron en las diferentes partes del proceso no es posible realizar adulteración alguna a los tiquetes o cualquier información ingresada anteriormente al sistema» (f. 4612 c. dictamen pericial 2). Igualmente indicó que los tiquetes «permiten validar los datos del proveedor, transportista, vehículo, calidad de la chatarra y peso de la misma» (f. 4612 c. dictamen pericial).
(b) Por su parte, el dictamen rendido por la contadora pública, reveló la siguiente información concerniente a las compras de chatarra efectuadas a los once proveedores discutidos en el 3.º período del IVA del 2011: «basado en los libros de contabilidad de la compañía Tonemax S.A.S., las facturas de compra, certificaciones del Banco Davivienda y soportes internos y externos, se determinó que Tonemax sí pagó el importe de las facturas expedidas por los once (11) proveedores mediante transferencias electrónicas a las cuentas señaladas por los mismos proveedores» (f. 4113 c. dictamen pericial), tras lo cual detalló por fecha las transacciones bancarias efectuadas a cada proveedor durante la vigencia discutida (ff. 4124 a 4129 c. dictamen pericial).
(c) Para rendir su experticia, la perito contadora se apoyó en el informe rendido por un analista metalúrgico, el cual dio cuenta de que, por cada compra que realizó Tonemax a sus proveedores se emitió un tiquete de báscula en el sistema Stone, que registró la fecha de llegada, la placa del vehículo y el pesaje obtenido, los cuales obran en el plenario. Este informe también revela que el pago de la chatarra se realizó mediante transferencia electrónica a cuentas bancarias cuya titularidad previamente había sido acreditada por el proveedor, pues este debía entregar esa información al momento de su creación como proveedor en ese sistema. De acuerdo con lo anterior, la perito concluyó que el procedimiento utilizado por la actora para la recepción y pesaje de la chatarra es idóneo y permite realizar el ingreso y el retiro del inventario, así como el registro contable de la facturación a clientes de forma correcta y depurada (ff. 4687 a 4694 c. dictamen pericial).
(d) La entidad financiera Davivienda, mediante certificado del 09 de julio del 2014, certificó transferencias efectuadas desde la cuenta corriente de la demandante durante los años 2011 y 2012, a los proveedores en comento así: (i) a Gonzalo de Jesús Muñoz Araque por $1.933.459.819; (ii) a Adolfo Mario Rodríguez el por $532.541.635; (iii) a José Reinel Cometa Bocanegra por $1.238.968.636; (iv) a Darío Villegas Trujillo por $2.430.705.056; (v) a Anyela Andrea Fuentes Camargo por $783.156.615; (vi) a Diana Karina Fajardo Saa por $4.507.070.635; (vii) a Octavio Bello Mora por $1.499.654.306; (viii) a Ángela María Parra Arce por $1.032.140.289; (ix) a Corporación Mundo Limpio por $1.739.084.900; (x) a Materiales Industriales M&M por $1.144.532.676, y (xi) a Recolectora Industrial JL SAS por $2.087.124.495 (ff. 3943 a 3965 c. pruebas 9). Tal información, es concordante con lo certificado por los bancos Davivienda, BBVA y Bancolombia, quienes acreditaron la titularidad de las cuentas bancarias de los referidos proveedores (ff. 3966 a 3975 c. pruebas 9).
(e) De igual manera, la revisora fiscal designada por Deloitte & Touche Ltda. presentó el informe respecto de los estados financieros de Tonemax, en el que precisó que esta sociedad en el 3.º bimestre del año gravable 2011 «ha llevado su contabilidad conforme con las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; y el informe de gestión guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos» (ff. 3984 y 3985 c. pruebas 9).
(f) Asimismo, el revisor fiscal Price Waterhouse Cooper (PWC) certificó respecto de la contabilidad de la sociedad actora lo siguiente (f. 4006 c. pruebas 9):
1. Que de acuerdo con registros contables, facturas de ventas, documento de salida de kardex, y documento de causación contable suministrados por la administración de la Compañía durante el período comprendido entre el 17 de febrero y el 31 de diciembre de 2011, se realizaron transacciones por los concepto de ventas de chatarra y prestación de servicios por industrialización de chatarra con el contribuyente Diaco S.A. identificado con Nit 891.800.111-5, como se detalla en el anexo 1 preparado por la administración de la Compañía, denominado “Resumen de Transacciones por ventas y servicios con Diaco S.A. durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 31 de diciembre de 2011” adjunto a esta certificación.
2. Que de acuerdo con registros contables, Cámara de Comercio del proveedor, factura del proveedor, documento de entrada a Kardex, documento de causación contable y documento de transferencia de pago al proveedor suministrado por la administración de la Compañía, durante los periodos comprendidos entre el 1º de marzo al 30 de junio de 2011 y de 1º de septiembre al 31 de octubre de 2011, la Compañía realizó transacciones por concepto de compras de chatarra de los proveedores que se detallan en el Anexo 2 preparado por la administración de la Compañía, denominado “Resumen de Transacciones por compras de chatarra discriminado por los bimestres 2, 3 y 5 del año 2011”, adjunto a esta certificación.
(g) En el anexo 1 allegado por PWC se encuentra discriminado el proveedor, el valor de la compra y del IVA, el período en que se realizó, entre los cuales está el bimestre discutido. Los proveedores que allí se relacionan son aquellos frente a los cuales la DIAN desconoció las compras consignadas en la declaración privada presentada por la sociedad actora (ff. 4007 y 4008 c. pruebas 9).
(h) En las audiencias de pruebas celebradas el 23 de enero y el 03 de agosto de 2017, el tribunal dio recepción al testimonio de dos de los once proveedores de chatarra que fundaron las glosas por las compras gravadas y los impuestos descontables declarados por la demandante en el período ya aludido, esa prueba fue decretada por petición de la demandada (ff. 204 a 217). En particular, de las preguntas absueltas por los testigos resulta pertinente destacar lo siguiente: (i) la proveedora Anyela Andrea Fuentes Camargo, informó que para el año 2011 vendía chatarra del acopio que hacía entre 100 o 200 kilos diarios, que vendía cada tres o cuatros días, tiempo en el que dijo que lograba recaudar suficiente chatarra y que vendía a Diaco y Tonemax transportándolo en cuatro o cinco vehículos que ella contrataba. La proveedora no recordaba el precio de venta de chatarra a Tonemax. En esa diligencia, el despacho sustanciador indagó sobre «Pregunta [magistrada sustanciadora]: ¿usted declaró renta en los años 2008, 2009 y 2010? Contestó: en los años 2008 y 2009 no, solo a partir de 2010 y hasta el 2013. Pregunta [magistrada sustanciadora]: ¿usted declaraba impuesto de industria y comercio al Distrito Capital de Bogotá? Contestó: sí. (…) Pregunta [magistrada sustanciadora]: usted tiene copia de los contratos celebrados con el señor del lote [se refiere al lote arrendado por la proveedora para guardar la chatarra]? Contestó: no. (…) Pregunta [magistrada sustanciadora]: ¿cuánto compraba en ese momento [2011]? Contestó: 700 a 800 kilos. Pregunta [magistrada sustanciadora]: usted tenía un cuaderno en donde anotaba lo que compraba? Contestó: sí, pero ya no lo tengo. Pregunta [magistrada sustanciadora]: ¿usted recuerda el nombre de las personas a las que compraba la chatarra? Contestó: no tenía mucho contacto con los vendedores. No me acuerdo de los nombres. (…) Pregunta [magistrada sustanciadora]: recuerda usted cómo era la forma de pago que le realizaba a usted Tonemax por la chatarra que usted le vendía? Contestó: consignaban en la cuenta que tenía en Davivienda» (ff. 313 a 315). Por su parte, la apoderada de la DIAN interrogó los siguientes aspectos: «Pregunta: la dirección que informó en el RUT en el año 2011 es la siguiente (…) de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la causa por la cual, cuando la DIAN hizo la verificación a dicho establecimiento, cuando se interroga por su nombre allí nadie la conoce? Cuando se indaga qué funciona allí se deja constancia que es un parqueadero ¿Si usted allí permaneció durante más de 2 años, por qué dicen (sic) que no la conocen? Contestó: el señor que me arrendó se llamaba Ricardo, él se fue para España, cuando se iba a ir me pidió el lote. Se fue en el año 2012, lo entregué y lo pusieron a la venta; lo compró una constructora. Cuando fueron los de la DIAN ya lo habían vendido y lo que pusieron fue un parqueadero (…)» (f. 316); y (ii) el proveedor Jorge Octavio Bello Mora, manifestó que ejercía la actividad de venta de chatarra desde el año 2005, cuando se le preguntó si era declarante del impuesto sobre la renta indicó que lo hacía desde el 2010. Señaló que la Administración, previamente, le había requerido para demostrar las operaciones de compraventa de chatarra y que había logrado probar con facturas de venta las transacciones efectuadas. Además, que «Preguntado: ¿cómo le pagaban la mercancía? Contestó: se presentaba la factura y ellos nos consignaban en Davivienda. Pregunta: ¿a qué otra persona le vende el material? Contestó: en este momento a Diaco y Tonemax, a nadie más (f. 520). La DIAN le preguntó lo que a continuación se transcribe: ¿cuántos carros tenía para el 2011, períodos 2.º y 3.º? Contestó: de nosotros teníamos seis carros, los otros los mandaba la empresa. (…) Pregunta: ¿qué hace que por la actividad que usted indica haya bajado el ingreso durante el año 2012? Contestó: los costos, porque nos tocó pagar los impuestos, los créditos de los bancos y por eso nos tocó vender los carros» (f. 521).
Al ser indagado por el demandante, reafirmó que vendió a Tonemax (f. 522).
(i) El 07 de marzo y uno de septiembre de 2017, en virtud de despachos comisorios ordenados por el tribunal de primera instancia en providencias del 10 de noviembre de 2016 (ff. 286 y 287) y 29 de junio de 2017 (f. 408), el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo de Santander dieron recepción a los testimonios de dos de los once proveedores de la actora, prueba que también fue decretada por petición de la demandada (ff. 204 a 207). Puntualmente, del interrogatorio absuelto por los testigos, se destaca lo siguiente: (i) el proveedor Adolfo Mario Rodríguez Toscano, testimonio que rindió ante el referido juzgado, relató que durante la vigencia de 2011 y, solo por seis meses, le vendió chatarra a la empresa Tonemax, tras lo cual cesó las operaciones relacionadas con la compraventa de chatarra porque «eso no daba la utilidad que quería» (min 09:09-09:27, f.187 c. despacho comisorio 1). A la pregunta del juez: «en la página 15 de la demanda se afirma que, a una cuenta del banco Davivienda, Tonemax le hizo una transferencia de dinero, ¿por qué y cuál fue el monto?», el proveedor respondió: «para ser proveedor de Tonemax, exigía tener una cuenta para depositar el pago de la venta de la chatarra, no tengo presente el monto, porque fue en el año 2011, pero sí sé que fue por esas operaciones» (min. 10:04-10:28). Seguidamente, el apoderado de la parte demandante indagó sobre cómo se llevaban a cabo las operaciones con Tonemax y qué documentos entregaba el proveedor, a lo que este refirió: «la documentación exigida era cámara y comercio y la certificación de una cuenta bancaria (…) yo compraba chatarra en Aguachica y esta era vendida a la empresa Tonemax en su planta y de la venta ellos me consignaron los dineros en la cuenta. (…) se expidieron facturas y lógicamente mi empresa hizo las declaraciones correspondientes a esas facturas por esos impuestos» (min. 11:17-12-05), tras lo cual, el despacho comisionado interrogó al testigo sobre la locación requerida para almacenar la chatarra vendida a Tonemax y este aseguró: «en el caso era personas que ya tenían el volumen necesario para poder transportarla, entonces, para no traerlas ellos se comunicaban conmigo y yo les decía que las colocaran allá en Tonemax para evitar más gastos de transportes…ellos entregaban a Tonemax a nombre de mi empresa, después yo le pagaba esa persona por el viaje y la cantidad de chatarra y luego Tonemax me pagaba a mí», así que, «cómo se le compra a personas que ya tienen ese negocio, yo no necesitaba almacenarla, solamente se contrataba al camión, él recogía en los diferentes lugares y se transportaba a Tonemax» (min 12:52-13:34 y 13:47-14:08). Finalmente, la apoderada de la DIAN interrogó al testigo a partir de preguntas relacionadas con las obligaciones fiscales y deberes formales de este, así como las relaciones mercantiles de este con sus propios proveedores, sin ahondar en la relación comercial entre este y la actora; concluyó su intervención indagando al testigo sobre la declaratoria de proveedor ficticio que la DIAN efectuó en 2014 a lo que este contestó que sí estaba al tanto de esa actuación administrativa, pero ella no fue en 2011 (min. 29:00 a 40:26).
Y (ii) el representante legal de la Corporación Mundo Limpio, señor Julio Cesar Quintana Sambrano, manifestó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que durante el año 2011 la corporación hizo negociaciones con Tonemax, que consistían en la venta de chatarra a esa empresa, de las cuales se encargaba el señor Carlos Mario Ramírez. Al indagar la apoderada de la Administración sobre los detalles de las operaciones con sus proveedores este manifestó no recordar y, por demás, la abogada indagó sobre la forma en que el proveedor adquiría la chatarra vendida y las inconsistencias en los denuncios del IVA de este proveedor, sin embargo, al preguntado: ¿a quien le vendió mercancía por el periodo 2 y 3 de 2011?, el testigo enfatizó: «a Diaco-Tonemax, no me acuerdo cuales eran las otras empresas con las que se hizo negociaciones. Había otros clientes más, pero no me acuerdo el nombre de la otra empresa a la que se le vendía material ferroso» (min. 26:57-27:05, f. 191 c. despacho comisorio 2); la diligencia finalizó con la respuesta que el deponente hiciera a los interrogantes del apoderado de la actora, de lo que se destaca el siguiente relato: «el que llevaba la negociación con Tonemax era el señor Carlos…sí se hicieron negociaciones en esa fecha, pero no recuerdo la cantidad… vendía chatarra… en esa época se enviaba la mercancía apenas llegaba, se pesaba, se bajaba y se cancelaba por cuenta, transacción, consignaban por Davivienda… sí, en esa época se manejaba pagos así a la cuenta, ninguno pagaba en efectivo… se enviaba una remisión, la enviaba el señor Carlos…y la factura de la venta» (min. 42:25-51:46).
(j) De los testimonios rendidos por los señores Martha Isabel Sierra Daza, líder de costos de Tonemax, y Jorge Cavallazzi Vargas, analista metalúrgico de la misma sociedad, se destaca que la primera de los testigos indicó que «el documento de balance de masas fue un documento que específicamente elaboré yo misma con la finalidad de demostrar el juego de inventarios en la compañía Diaco, demostrando que con el inventario inicial de chatarra, más las compras de chatarra a Tonemax y a otros terceros, Diaco [empresa a la que Tonemax revendió la chatarra] tenía la chatarra necesaria para producir palanquilla que es un producto en el proceso y con esta a su vez producir el producto terminado que vendió durante el 2011» (f. 397), aspecto sobre el cual coincidió el segundo testigo al indicar: «(…) conozco el proceso siderúrgico. La chatarra es cerca del 70 % del total del acero producido, requerimos más de 1.000 toneladas diarias para producir acero y tengo la certeza de que sin el material comprado a Tonemax no hubiese sido posible producir la totalidad del acero durante ese período» (f. 403).
4- De acuerdo con el análisis de la anterior información y en contraste con la relación de hechos descritos en los medios de prueba testimoniales, periciales y documentales, los actos demandados dan cuenta de que la Autoridad fiscal sustentó la inexistencia de las compras de chatarra en la imposibilidad de ubicar a los once proveedores, pues en algunos casos, las direcciones registradas en los respectivos RUT, o bien no existían o no se logró ubicarlos, lo que condujo a la Administración a concluir que no era posible constatar otra serie de situaciones que, en su criterio, permitían validar la realidad de la compraventa de chatarra, tales como la constatación de bodegas o del lugar de despacho de la chatarra. A pesar de la imposibilidad de ubicar a estos once proveedores, en el trámite de la primera instancia se lograron ubicar y obtener testimonio de cuatro de los once proveedores, los restantes no lograron ser ubicados y, de acuerdo con las versiones dadas por ellos, el tribunal estimó que la falta de detalle de las operaciones de venta de chatarra daba lugar a mantener los montos glosados por la autoridad.
4.1- Sobre ello, la Sala observa que las preguntas absueltas por los testigos eran coherentes frente a que hubo ventas de chatarra a Tonemax y el método de pago que hizo esta sociedad, el cual consistió en transferencias bancarias y, precisamente, este era el cuestionamiento principal que tuvo la Administración para formar su convencimiento de que era ficticias o simuladas las operaciones, de ahí que tales versiones reafirmaran lo que la contribuyente ha querido demostrar y es que, en verdad, compró chatarra y existen otras pruebas que dan trazabilidad del pago de la chatarra y del acopio de la misma (su sistema de software SAT y la bancarización de las transacciones con todos sus proveedores, entre otros elementos probatorios). En cambio, el tribunal decidió dar mayor peso probatorio a las presuntas incoherencias de los testimonios frente al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores que rindieron testimonios, pues varias de las preguntas estuvieron dirigidas a obtener la confesión de sus reales ingresos obtenidos, dado que algunos de ellos no declararon el impuesto de renta en algunas vigencias, o declaran ingresos ostensiblemente inferiores, pese al monto de las ventas de chatarra que le hicieron a Tonemax. Estos y otros cuestionamientos de los testimonios no constituyeron indicios de la inexistencia de las operaciones de venta de chatarra a Tonemax durante el 3.º bimestre del IVA del 2011, sino que fueron pruebas inconducentes para enervar la veracidad de los demás medios de prueba y de las mismas manifestaciones que cada uno de los testigos hizo frente a que, en ese período fiscalizado, vendieron chatarra a la demandante y esta pagó mediante transacciones bancarias que también fueron certificadas por esas entidades financieras. Dicho de otro modo, en el marco de los hechos probados en el presente juicio, mal haría la Judicatura en atribuir a la demandante los efectos nocivos de la falta de consistencia y coherencia de los testigos frente a sus propias obligaciones fiscales, pues este juicio no versa sobre los incumplimientos de los deberes y obligaciones tributarias de los testigos, sino de comprobar que la sociedad demandante no simuló compras de chatarra para avenirse a los impuestos descontables declarados.
Cabe destacar que, si bien el proveedor Adolfo Mario Rodríguez Toscano fue declarado proveedor ficticio por la DIAN en 2014, esa situación no fue el fundamento de la glosa de la Administración para desconocer las compras de chatarra que la actora hiciera a aquel durante el 3.° bimestre del 2011. En línea con este razonamiento, la Sala advierte que, al decidir un caso análogo entre las mismas partes, pero en relación con el 5.º bimestre del año fiscal 2011, concluyó que en el caso específico «no puede conducir (…) al rechazo de los impuestos descontables de la actora», en atención a que «las facturas, las facturas de cobro de transporte de fletes de chatarra, los tiquetes de pesaje o báscula y la certificación del banco Davivienda, son pruebas idóneas que permiten tener certeza de las compras realizadas por TONEMAX a los (…) proveedores cuestionados por la DIAN» (sentencia del 02 de octubre de 2019, exp. 22682, CP: Milton Chaves García).
4.2- En este caso, al igual que en el comentado fallo, la contabilidad que no fue objetada por la demandada, los dictámenes periciales aportados al proceso, la certificación de PWC, las facturas, las declaraciones tributarias presentadas por los proveedores y, en mayor relevancia, las transferencias bancarias realizadas por la actora a cada uno de los proveedores, sirvieron para acreditar el pago de la chatarra comprada y su adquisición para posterior venta a la compañía Diaco. En esa medida, está acreditada la realidad de las operaciones con los proveedores Adolfo Mario Rodríguez Toscano, Ángela María Parra Arce, Anyela Andrea Fuentes Camargo, Corporación Mundo Limpio, Diana Karina Fajardo, Gonzalo De Jesús Muñoz Araque, José Reinel Cometa Bocanegra, Materiales Industriales M&M SAS, Octavio Bello Mora, Recolectora Industrial JL SAS. Darío Villegas Trujillo.
4.3- En conclusión, la demandada no desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración presentada, pues, pese a las pruebas indiciarias construidas a partir de inconsistencias con la información recaudada de los proveedores, la actora demostró con suficiencia que las operaciones rechazadas sí existieron, por lo cual la demandante tenía derecho a solicitar en su declaración los impuestos descontables derivados de las referidas operaciones, sin lugar a rechazar las compras a estos proveedores y los impuestos descontables señalados en los actos demandados. Prospera el cargo de apelación, así que la Sala se releva de analizar la alegada violación del precedente judicial horizontal y, desde luego, el cargo de apelación propuesto por la DIAN respecto de la procedencia de la reducción de la sanción por inexactitud, habida cuenta de que no hubo hecho infractor, corolario de lo cual, se impone modificar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
5- De conformidad con el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia, en la medida en que no existe prueba de su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar la sentencia apelada. En su lugar:
Primero. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412013000405, del 16 de julio del 2013, por medio de la cual la administración modificó la autoliquidación del impuesto sobre las ventas del 3.º bimestre del año 2011; y la Resolución nro. 900.086, del 31 de marzo de 2014, que confirmó el recurso de reconsideración interpuesto por la actora.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, reconocer la firmeza de la declaración presentada por Tonemax SAS por concepto del impuesto sobre las ventas correspondiente al 3.º bimestre del año 2011.
2. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Mediante escrito radicado el 09 de septiembre de 2014, la actora reformó la demanda (ff. 139 a 179), la cual fue admitida mediante auto del 19 de noviembre de 2015 (ff. 182 a 184).
Esta misma posición se reiteró en la sentencia del 05 de agosto de 2021 (exp. 22715, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), en la que se decidió sobre la legalidad de los actos de determinación por el 2.° bimestre del IVA del 2011 de la actora.
Radicado: 25000-23-37-000-2014-00859-01 (23823)
Demandante: Tonemax SAS (actualmente, Tonemax SAS en liquidación)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT2
Radicado: 25000-23-37-000-2015-01319-01 (23051)
Demandante: Ecopetrol SA
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