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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00915-01

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00915-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: 2. A título de restablecimiento del derecho, la sociedad demandante deberá reintegrar a la DIAN la suma de $1.122.160.000, más los correspondientes intereses moratorios, tomando como base para el cálculo de intereses la suma de $561.080.000, y pagar la sanción del 20% del valor devuelto indebidamente, esto es, la suma de $224.432.000. 2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia. 4. RECONOCER personería a Isabella García Prati, para actuar como apoderada de la entidad demandante, en los términos del poder visible en el folio 243 del c.p.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2014-00915-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

6 de junio de 2019

FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS – Término / IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE – Término / FORMULACIÓN OPORTUNA DEL PLIEGO DE CARGOS – Configuración / PROCESO DE COBRO COACTIVO DE SUMAS DEVUELTAS O COMPENSADAS DE FORMA IMPROCEDENTE – Presupuesto. No se puede adelantar hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia o resolución que falle negativamente la demanda o el recurso que se hubiere presentado contra los actos de determinación del tributo / SALDOS A FAVOR GENERADOS EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS O DENUNCIOS PRIVADOS – Alcance. No constituyen un reconocimiento definitivo para el contribuyente / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Alcance. Implica la devolución o compensación de los saldos a favor reportados, sin que se requiera el agotamiento del proceso de determinación del tributo / PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO POSTERIOR A PROCESO DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN – Alcance. De desvirtuarse la veracidad del saldo a favor declarado, da lugar a imponer la sanción por devolución o compensación improcedente / MODIFICACIÓN O RECHAZO DE SALDO A FAVOR DEVUELTO O COMPENSADO – Efectos. Da lugar a exigir el reintegro de intereses moratorios causados durante el término en que las sumas devueltas estuvieron injustificadamente en poder del contribuyente o responsable, incrementados en un 50% a título de sanción / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO – Alcance. Existe un vínculo jurídico entre estos / MODIFICACIÓN EN SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE – Pasó de ser 50% de los intereses moratorios al 20% del valor devuelto en exceso

El artículo 638 del E.T. establece «una regla general para aquellos casos en que se impone la sanción en resolución independiente, y consiste en que la Administración debe formular pliego de cargos dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Así mismo, contempló el término de 6 meses para aplicar la sanción respectiva». Y «la sanción por devolución y/o compensación improcedente es de aquellas que se impone en resolución independiente, y se encuentra regulada en el artículo 670 del E.T., que establece que la sanción debe imponerse en el término de dos años contados a partir de la fecha en que se notificó la liquidación oficial de revisión, y dispuso el plazo de un mes para el traslado del pliego de cargos». Como ha sostenido la Sala, el artículo 670 ib. «establece una regulación especial para la sanción por devolución improcedente, en la que se señaló el término que tiene la Administración para imponer la sanción. Por lo tanto, debe entenderse que es en este plazo que le corresponde a la entidad expedir el pliego de cargos, pues, como lo dispone esta norma, la expedición de la liquidación oficial de revisión es el presupuesto para la procedencia de la sanción». En ese sentido, «mientras no se expida el acto liquidatorio, la DIAN no podría formular el pliego de cargos, en tanto carecería del sustento legal que exige la norma para iniciar el proceso sancionatorio». Por lo tanto, se reitera que, «en los casos en que se imponga la sanción por devolución y/o compensación improcedente, el término para proferir el pliego de cargos empieza a correr a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión». En el caso concreto, la Sala observa que el día 14 de junio de 2012, la DIAN notificó la Liquidación Oficial de Revisión 312412012000022 del 12 de junio de 2012, que modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por RAYOVAC - VARTA S.A. por el periodo gravable 2008. El plazo de dos años para formular pliego de cargos vencía el 14 de junio de 2014. En consecuencia, el Pliego de Cargos 312382012000115 del 25 de septiembre de 2012, notificado el 3 de octubre de

2012, y la Resolución Sanción 312412013000047 del 30 de abril de 2013, notificada el 2 de mayo de 2013 se profirieron oportunamente, dentro del término que establece el artículo 670 del Estatuto Tributario. (…) El artículo 670 del Estatuto Tributario, dispone que el proceso de cobro de las sumas devueltas o compensadas de forma improcedente no puede adelantarse hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia o la resolución que falle negativamente la demanda o el recurso que se hubiere presentado contra los actos de determinación del tributo, lo cual descarta que la ejecutoria constituya un requisito para la imposición de la sanción. Lo anterior, parte del supuesto de que los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias no constituyen un reconocimiento definitivo para el contribuyente, pues los valores declarados están sujetos a eventuales modificaciones o rechazos derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración. La Sala observa que por cuenta de la presunción de veracidad de que gozan las declaraciones tributarias, el artículo 850 del Estatuto Tributario establece que la Administración, previa solicitud del contribuyente, debe devolver o compensar los saldos a favor registrados en los denuncios privados, sin que sea necesario el agotamiento previo del procedimiento de determinación del tributo. Sin embargo, si una vez adelantado dicho procedimiento, la Administración desvirtúa la veracidad del saldo a favor declarado, el citado artículo 670 del Estatuto Tributario prevé la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente. En otras palabras, cuando la Administración modifique o rechace el saldo a favor devuelto o compensado, debe exigir su reintegro con los intereses moratorios causados durante el término en que las sumas devueltas estuvieron injustificadamente en poder del contribuyente o responsable, incrementados en un 50% a título de sanción. (…) Entre el procedimiento sancionatorio y el de determinación del tributo existe un vínculo jurídico, pues el monto a reintegrar con los intereses moratorios incrementados dependen del saldo a favor que determine la Administración o la jurisdicción mediante sentencia, conforme con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 670 del Estatuto Tributario, que supeditó el procedimiento de cobro de la sanción a la ejecutoria de «la resolución que falle negativamente dicha demanda o el recurso». (…) La devolución y/o compensación de valores improcedentes será sancionada con multa equivalente a: 1. El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este deberá liquidar y pagar la sanción. 2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la Administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor. (…)El citado artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 modificó la tarifa y la base de la sanción, pues pasó de ser el 50% de los intereses moratorios al 20% del valor devuelto en exceso, cuando la Administración rechaza o modifica el saldo a favor.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 638 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 670 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 293

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de procedibilidad de la sanción por devolución y/o compensación improcedente se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 16 de noviembre de 2016, Exp. 25000-23-27-000-2012-00550-01(20600), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO - Alcance. Si bien es autónomo e independiente, el resultado de este se refleja en la sanción por devolución o compensación improcedente / DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN – Efectos. Deriva en la desaparición del

supuesto de hecho que justifica la sanción por devolución o compensación improcedente y, por consiguiente, en la nulidad de la sanción

[L]a Sala advierte que si bien el trámite del procedimiento sancionatorio es autónomo e independiente del de determinación del tributo, el resultado de este último se ve reflejado en la sanción por devolución y/o compensación improcedente, por cuanto el monto de imposición se debe informar en los supuestos definitivos establecidos por la administración o la jurisdicción, según el caso, respecto de la liquidación oficial de revisión, tema que fue puesto de presente por la Sección, al señalar: «la Sala ha dicho que la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial de revisión deriva en la desaparición del supuesto de hecho que justifica la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, por consiguiente, también procede la nulidad de la sanción. Pero esto no significa que los dos trámites, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo, pues aunque son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de determinación del impuesto tiene respecto del sancionatorio y la correspondencia que debe existir entre ambas decisiones. Entonces, la anulación de los actos de determinación oficial del tributo implica que el contribuyente tiene derecho a la devolución del saldo a favor declarado y que desaparece el supuesto de hecho que sustenta la sanción. De hecho, la confirmación o anulación parcial de la liquidación de revisión significa que el contribuyente utilizó dineros que pertenecían a la Administración y que debe reintegrarlos, por lo cual procede la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario». (Se subraya). En esas condiciones, la decisión definitiva de la jurisdicción afecta el supuesto de hecho en que se fundó la administración para imponer la sanción por devolución y/o compensación improcedente.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial de revisión respecto de la sanción por devolución o compensación improcedente se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 8 de junio de 2017, Exp. 76001-23-31-000-2010-01130-01(19389), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E) y de 16 de noviembre de 2016, Exp. 25000-23-27-000-2012-00550-01(20600), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E)

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Aplicación

La Sala pone de presente que el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 640 del E.T. consagró, el principio de favorabilidad, en el sentido de precisar que se “aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.” (…) De conformidad con el principio de favorabilidad y por ser en este caso menos gravosa la sanción prevista en el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 que la establecida en la norma vigente en el momento en que se impuso la sanción, se procede a reliquidarla.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 640 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 282 PARÁGRAFO 5 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 293

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia. Por falta de prueba de su causación

Finalmente, se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num.8) del CGP, no procede la condena en costas en esta instancia, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012- ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-37-000-2014-00915-01(22419)

Actor: RAYOVAC - VARTA S.A.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 29 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que en la parte resolutiva dispuso lo siguiente:

«1. Se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución nro. 312412013000047 de 30 de abril de 2013, por medio de la cual se impone sanción por devolución improcedente por concepto del impuesto de renta del año gravable 2008, así como de la Resolución nro. 900.008 de 24 de abril de 2014, que confirma la sanción impuesta a RAYOVAC VARTA S.A.

2. A título de restablecimiento del derecho, la sociedad demandante deberá reintegrar a la DIAN la suma de $1.458.808.000, más los intereses moratorios incrementados en un 50%, los cuales se calcularán únicamente sobre $561.080.000.

3. Por no estar probadas, no se condena en costas ni en agencias en derecho.
(…)»

ANTECEDENTES

El 14 de abril de 2009, Rayovac - Varta S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2008, en la que registró un saldo a favor de $3.811.918.000, declaración corregida el 9 de octubre y el 10 de noviembre de 2009 en la que registró un saldo a favor de $3.676.665.000.

EL 1 de octubre de 2009, la sociedad presentó solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor. El Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones de la Dirección de Impuestos de Grandes Contribuyentes, mediante Resolución 6282-1864 del 11 de noviembre de 2009 ordenó compensar $3.587.766.000 y devolver $88.899.000.

Previo requerimiento especial y respuesta al mismo, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412012000022, mediante la cual disminuyó el saldo a favor a $2.217.857.000. Dicho acto fue notificado el 14 de junio de 2012 (fl. 62 c.a.). La sociedad acudió directamente ante la jurisdicción.

La liquidación de revisión fue demandada mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue fallada definitivamente por el Consejo de Estado mediante sentencia del 9 de mayo de 2019, en el sentido de modificar el numeral 1° del fallo de primera instancia (que negó las pretensiones de la demanda), y declarar la nulidad parcial del acto demandado, en cuanto a la sanción por inexactitud.

El 25 de septiembre de 2012, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes formuló el Pliego de Cargos 312382012000115, en el que propuso imponer sanción por devolución y/o compensación improcedente consistente en el reintegro de $1.458.808.000, más los intereses moratorios aumentados en un 50%. Este acto fue notificado el 3 de octubre de 2012 (fls. 41-42 c.a.).

El 30 de abril de 2013, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes profirió la Resolución Sanción 312412013000047, que acogió la sanción propuesta.

Contra el acto sancionatorio la contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue decidido por la Resolución 900.008 del 24 de abril de 2014, expedida por la Dirección de Gestión Jurídica de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN, en el sentido de confirmar la sanción impuesta.

DEMANDA

La sociedad Rayovac - Varta S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:

«1.1. Que se declare la nulidad total de la Resolución Sanción No. 312412013000047 del 30 de abril de 2013, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), impuso a la Compañía sanción por devolución improcedente del saldo a favor por ella determinado en su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2008.

1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 900.008 del 24 de abril de 2014, por medio de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo mencionado en el numeral anterior, en cuanto lo confirmó íntegramente.

Dichas resoluciones integran la actuación administrativa por medio de la cual la DIAN impone a mi representada una sanción por devolución improcedente por valor de $1.458.808.000, más los intereses moratorios que correspondan incrementados en un 50%.

1.3. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de mi representada declarando que no procede la sanción por devolución improcedente que propone la DIAN en contra de Rayovac, y en lugar de ello se archive el proceso.

1.4. Que se declare que no son de cargo de Rayovac las costas en que haya incurrido la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.»

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

Artículo 29 de la Constitución Política
Artículos 638, 670, 742 y 746 del Estatuto Tributario
Artículo 197 de la Ley 1607 de 2012
Circular Dian No. 0175 de 2001

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Señaló que no se encuentran configurados los fundamentos de hecho para la imposición de la sanción, toda vez que no hay certeza sobre la improcedencia del saldo a favor, en tanto el acto administrativo soporte del menor saldo a favor se encuentra pendiente de análisis ante la jurisdicción.

Anotó que la actuación demandada esta indebidamente motivada, porque no se tiene seguridad de que se haya cometido un hecho sancionable, puesto que la liquidación oficial de revisión no está ejecutoriada y se encuentra en discusión.

Indicó que las resoluciones demandadas liquidan en forma errónea la sanción al calcular los intereses de mora sobre el 100% del saldo a favor inicialmente solicitado sin considerar que dicho monto está afectado por la sanción por inexactitud, lo que supone una falsa motivación.

Alegó que el pliego de cargos fue expedido por fuera del término previsto en el artículo 638 del E.T., teniendo en cuenta que los dos años para expedirlo vencían en abril de 2012 (alude a la presentación en abril de 2010 de la declaración de renta del año 2009, cuando ocurrió la conducta sancionable) y al haberse proferido en septiembre de 2012, la potestad sancionatoria de la DIAN frente a la sanción contemplada en el artículo 670 ib., se encontraba prescrita.

Finalmente dijo que la sanción impuesta se efectuó sin aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y gradualidad consagrados en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que es errado considerar como requisito para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente, la firmeza de la liquidación oficial de revisión mediante la cual se modificó el saldo a favor, por cuanto el artículo 670 del E.T., no contiene tal exigencia.

Afirmó que los actos demandados se encuentran debidamente motivados en sus fundamentos fácticos como jurídicos, sustentados en su parte resolutiva, y corresponden a la realidad demostrada en los actos de determinación y sancionatorios.

Respecto al cargo de indebida cuantificación de la sanción impuesta, solicitó inhibición de realizar un pronunciamiento de fondo, en consideración a que no fue discutido en vía administrativa. Al efecto, dijo que no es aceptable restar de la diferencia entre el saldo a favor liquidado en la declaración privada y la establecida en la liquidación oficial, el valor de la sanción por inexactitud para efectos de determinar el valor a reintegrar, porque ello implicaría el desconocimiento del efecto de la doble imposición del saldo a favor (devolución y pago de impuesto y sanciones), dejando al Estado la carga de asumir el valor de la sanción por inexactitud.

Indicó que para la fecha de imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente, se observó lo previsto en el artículo 670 del E.T., cumpliendo así con el principio de legalidad que presupone el derecho al debido proceso.

Señaló que el acto sancionatorio se profirió dentro del término señalado en el artículo 670 ib., norma especial que establece que se debe adelantar un procedimiento de determinación en el cual se investigue si el saldo a favor liquidado por el contribuyente y devuelto por la administración cumple con lo dispuesto en las normas tributarias, razón por la cual no es aplicable el artículo 638 ib.

Expuso que se tuvo en cuenta el principio de lesividad establecido en la Ley 1607 de 2012, pues la devolución improcedente afectó el recaudo nacional.

Advirtió que con la imposición de la sanción no se afectaron los principios de proporcionalidad y gradualidad, dado que el legislador estableció que la sanción corresponde a los intereses moratorios incrementados en un 50% sobre el saldo indebidamente devuelto, lo que significa que la sanción no es susceptible de graduación.

AUDIENCIA INICIAL

El 26 de octubre de 2015, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales, nulidades y no se propusieron excepciones previas ni se solicitaron medidas cautelares, se decretaron las pruebas pertinentes y se escucharon los alegatos de conclusión de las partes. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos demandados, por medio de los cuales se impuso sanción por devolución improcedente a la sociedad demandante, respecto de la declaración de renta del año gravable 2008.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Adujo que no se quebrantaron los artículos 638 y 670 del E.T., debido a que se profirió el pliego de cargos dentro de los dos años siguientes a la notificación de la liquidación oficial de revisión, por lo tanto, no se configuró la falsa motivación alegada, como tampoco se vulneró el derecho de defensa ni el debido proceso de la sociedad.

Señaló que a la demandante le fue reconocido el saldo a favor liquidado en la declaración de renta del año gravable 2008 por la suma de $3.676.665.000, y como el mismo se redujo en la liquidación oficial de revisión a $2.217.857.000, debe reintegrar la diferencia, esto es, $1.458.808.000, con los respectivos intereses moratorios, que se deben liquidar aumentados en un 50%, respecto de la suma de $561.080.000, que corresponde al mayor valor del impuesto liquidado por la Administración excluyendo la sanción por inexactitud.

De otra parte advirtió que en la imposición de la sanción se observó el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, sin lugar a exonerar o disminuir la sanción impuesta.

RECURSO DE APELACIÓN

La sociedad demandante interpuso recurso de apelación, con base en los motivos de inconformidad que se exponen a continuación:

Con fundamento en el artículo 133-7 del C.G.P., solicitó que se declarara la nulidad del proceso en razón a que los alegatos de conclusión no fueron escuchados por todos los integrantes que firmaron la sentencia.

Alegó que el a quo incurrió en yerro al confundir el término para proferir el pliego de cargos de que trata el artículo 638 del E.T., con el término para imponer la sanción por devolución improcedente establecido en el artículo 670 ib., disposiciones que deben interpretarse en forma armónica, en la medida que la resolución sanción debe ser proferida dentro de los dos años siguientes a la liquidación oficial. Explicó que, en su criterio, el pliego de cargos debió haber sido expedido dentro de los dos años contados a partir de la presentación de la declaración del periodo en el cual ocurrió el hecho sancionable (2009), esto es, en abril de 2012, pero como fue proferido el 25 de septiembre de 2012, era extemporáneo.

Arguyó que la sentencia recurrida erró al declarar como válida la sanción por devolución improcedente del saldo a favor registrado en la declaración de renta del año gravable 2008, cuando la liquidación oficial de revisión que modificó el saldo a favor no está en firme, sin tener certeza de que se haya desvirtuado la presunción de legalidad de que goza la declaración privada, de manera que no se podía dar inicio al proceso sancionatorio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La sociedad demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación, al señalar que el pliego de cargos de que trata el artículo 638 del E.T., fue proferido en forma extemporánea y, que se impuso sanción por devolución improcedente sin estar en firme la liquidación oficial de revisión, por no haberse dictado sentencia definitiva.

De otra parte solicitó que se declarará la nulidad de lo actuado a partir de la fecha en que se rindieron los alegatos de conclusión, porque no fueron escuchados por todos los integrantes de la Sala que suscribieron la sentencia apelada, con fundamento en los artículos 133-7 del CGP y 182 del CPACA.

La DIAN reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia.

El Ministerio Público solicitó decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta que se decida la legalidad de la liquidación de revisión que originó la actuación administrativa demandada y, que una vez reanudado el proceso, si es del caso, se confirme la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que impusieron a RAYOVAC - VARTA S.A. la sanción prevista en el artículo 670 del Estatuto Tributario, por la devolución y/o compensación del saldo a favor registrado en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, que fue modificado por la Administración.

En los términos del recurso de apelación, la Sala debe pronunciarse sobre: i) Si el Pliego de Cargos 312382012000115 del 25 de septiembre de 2012, fue proferido por fuera de la oportunidad legal, ii) Si era procedente la sanción por devolución improcedente sin estar en firme la liquidación oficial de revisión que modificó el saldo a favor y (iii) la aplicación del principio de favorabilidad frente a la sanción por devolución improcedente.

Asunto previo

La demandante solicitó la nulidad de lo actuado a partir de la fecha en que se rindieron los alegatos de conclusión, por cuanto estos no fueron escuchados por todos quienes suscribieron la sentencia.

Al respecto se observa que las decisiones adoptadas en la audiencia inicial (incluido el aspecto de las alegaciones) no fueron cuestionadas y están firme. Se destaca que, como se expresó en los antecedentes, mediante Auto del 21 de enero de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, negó la solicitud de nulidad formulada por la actora, providencia que se encuentra en firme, sin que, por lo demás, se puedan alegar las mismas situaciones en etapas subsiguientes (art. 207 CPACA).

Notificación del Pliego de Cargos - Artículo 670 del Estatuto Tributario Reiteración jurisprudencial

La demandante sostiene que el Pliego de Cargos 312382012000115 del 25 de septiembre de 2012 fue proferido por fuera de la oportunidad legal establecida en el artículo 638 del Estatuto Tributario.

El artículo 638 del E.T. establece «una regla general para aquellos casos en que se impone la sanción en resolución independiente, y consiste en que la Administración debe formular pliego de cargos dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Así mismo, contempló el término de 6 meses para aplicar la sanción respectiva».

Y «la sanción por devolución y/o compensación improcedente es de aquellas que se impone en resolución independiente, y se encuentra regulada en el artículo 670 del E.T., que establece que la sanción debe imponerse en el término de dos años contados a partir de la fecha en que se notificó la liquidación oficial de revisión, y dispuso el plazo de un mes para el traslado del pliego de cargos».

Como ha sostenido la Sala, el artículo 670 ib. «establece una regulación especial para la sanción por devolución improcedente, en la que se señaló el término que tiene la Administración para imponer la sanción. Por lo tanto, debe entenderse que es en este plazo que le corresponde a la entidad expedir el pliego de cargos, pues, como lo dispone esta norma, la expedición de la liquidación oficial de revisión es el presupuesto para la procedencia de la sanción».

En ese sentido, «mientras no se expida el acto liquidatorio, la DIAN no podría formular el pliego de cargos, en tanto carecería del sustento legal que exige la norma para iniciar el proceso sancionatorio».

Por lo tanto, se reitera que, «en los casos en que se imponga la sanción por devolución y/o compensación improcedente, el término para proferir el pliego de cargos empieza a correr a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión».

En el caso concreto, la Sala observa que el día 14 de junio de 2012, la DIAN notificó la Liquidación Oficial de Revisión 312412012000022 del 12 de junio de 2012, que modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por RAYOVAC - VARTA S.A. por el periodo gravable 2008. El plazo de dos años para formular pliego de cargos vencía el 14 de junio de 2014. En consecuencia, el Pliego de Cargos 312382012000115 del 25 de septiembre de 2012, notificado el 3 de octubre de 2012, y la Resolución Sanción 312412013000047 del 30 de abril de 2013, notificada el 2 de mayo de 2013 se profirieron oportunamente, dentro del término que establece el artículo 670 del Estatuto Tributario.

En consecuencia el cargo no prospera.

Procedencia de la sanción por devolución improcedente. Reiteración jurisprudencial

El artículo 670 del Estatuto Tributario, dispone que el proceso de cobro de las sumas devueltas o compensadas de forma improcedente no puede adelantarse hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia o la resolución que falle negativamente la demanda o el recurso que se hubiere presentado contra los actos de determinación del tributo, lo cual descarta que la ejecutoria constituya un requisito para la imposición de la sanción.

Lo anterior, parte del supuesto de que los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias no constituyen un reconocimiento definitivo para el contribuyente, pues los valores declarados están sujetos a eventuales modificaciones o rechazos derivados del ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración.

La Sala observa que por cuenta de la presunción de veracidad de que gozan las declaraciones tributarias, el artículo 850 del Estatuto Tributario establece que la Administración, previa solicitud del contribuyente, debe devolver o compensar los saldos a favor registrados en los denuncios privados, sin que sea necesario el agotamiento previo del procedimiento de determinación del tributo.

Sin embargo, si una vez adelantado dicho procedimiento, la Administración desvirtúa la veracidad del saldo a favor declarado, el citado artículo 670 del Estatuto Tributario prevé la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente.

En otras palabras, cuando la Administración modifique o rechace el saldo a favor devuelto o compensado, debe exigir su reintegro con los intereses moratorios causados durante el término en que las sumas devueltas estuvieron injustificadamente en poder del contribuyente o responsable, incrementados en un 50% a título de sanción.

Así pues, como lo ha expresado la Sala, la normativa fiscal autoriza que la Administración adelante el procedimiento de determinación del tributo y expida liquidación oficial de revisión pero, a partir de su notificación, en el término perentorio de dos años, la obliga a imponer la sanción por devolución improcedente, sin que previamente se deba agotar el procedimiento pertinente contra dicho acto de determinación en la vía administrativa o en la judicial.

En esas condiciones, la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente obedece a un procedimiento autónomo que pretende recuperar los saldos devueltos o compensados indebidamente, cuya procedencia sólo requiere que la liquidación oficial de revisión que disminuya o rechace el saldo a favor declarado por el contribuyente, se notifique al contribuyente o responsable.

Entre el procedimiento sancionatorio y el de determinación del tributo existe un vínculo jurídico, pues el monto a reintegrar con los intereses moratorios incrementados dependen del saldo a favor que determine la Administración o la jurisdicción mediante sentencia, conforme con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 670 del Estatuto Tributario, que supeditó el procedimiento de cobro de la sanción a la ejecutoria de «la resolución que falle negativamente dicha demanda o el recurso».

En consecuencia, el resultado final de la discusión jurídica sobre el saldo a favor compensado o pedido en devolución, ya sea por el agotamiento de la vía gubernativa cuando no se demande la nulidad del acto de determinación del tributo o, en vía judicial, cuando se presente dicha demanda y se falle definitivamente, se verá reflejado en el acto sancionatorio, pues el monto de imposición debe informarse en los supuestos definitivos establecidos por la Administración o por la jurisdicción, respecto del acto de determinación del tributo.

Caso concreto

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala observa que en el expediente están demostrados los siguientes hechos:

En la declaración de renta presentada por la actora por el año gravable 2008 se registró un saldo a favor de $3.676.665.000, de los cuales fueron compensados $3.587.766.000 y devueltos $88.899.000.

Mediante liquidación oficial de revisión del 12 de junio de 2012, la Administración modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2018, en el sentido de determinar un saldo a favor de $2.217.857.000.

La liquidación oficial de revisión fue demandada ante la jurisdicción y fallada de forma definitiva por la Sala en sentencia del 9 de mayo de 2019, en el sentido de modificar la sentencia de primera instancia para anular parcialmente los actos demandados, pero únicamente en cuanto a la sanción por inexactitud (aplicar la favorabilidad). Lo que arrojó un nuevo total saldo a favor de $2.554.505.000.

Con ocasión de la modificación del saldo a favor mediante liquidación de revisión, la Administración formuló pliego de cargos y propuso imponer la sanción por devolución y/o compensación improcedente consistente en el reintegro de $1.458.808.000 más los intereses moratorios incrementados en un 50%, que fue acogido en la resolución sanción expedida el 30 de abril de 2013, confirmada por el acto que resolvió el recurso de reconsideración.

A partir de los hechos señalados, la Sala advierte que si bien el trámite del procedimiento sancionatorio es autónomo e independiente del de determinación del tributo, el resultado de este último se ve reflejado en la sanción por devolución y/o compensación improcedente, por cuanto el monto de imposición se debe informar en los supuestos definitivos establecidos por la administración o la jurisdicción, según el caso, respecto de la liquidación oficial de revisión, tema que fue puesto de presente por la Sección, al señalar:

«la Sala ha dicho que la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial de revisión deriva en la desaparición del supuesto de hecho que justifica la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, por consiguiente, también procede la nulidad de la sanción. Pero esto no significa que los dos trámites, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo, pues aunque son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de determinación del impuesto tiene respecto del sancionatorio y la correspondencia que debe existir entre ambas decisiones.

Entonces, la anulación de los actos de determinación oficial del tributo implica que el contribuyente tiene derecho a la devolución del saldo a favor declarado y que desaparece el supuesto de hecho que sustenta la sanción. De hecho, la confirmación o anulación parcial de la liquidación de revisión significa que el contribuyente utilizó dineros que pertenecían a la Administración y que debe reintegrarlos, por lo cual procede la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario». (Se subraya).

En esas condiciones, la decisión definitiva de la jurisdicción afecta el supuesto de hecho en que se fundó la administración para imponer la sanción por devolución y/o compensación improcedente.

En efecto, en la referida sentencia del 9 de mayo de 2019, Exp. 20780, esta Sala modificó la providencia de primera instancia y, en su lugar, dispuso:

1. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412012000022 del 12 de junio de 2012, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, que modificó oficialmente la declaración del impuesto de renta prestada por la sociedad Rayovac-Varta S.A. por el año gravable 2008, pero únicamente en cuanto a la sanción por inexactitud.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena que el impuesto de renta a cargo de la sociedad Rayovac-Varta S.A. corresponde al liquidado en la parte motiva de esta providencia.

La liquidación allí efectuada fue la siguiente:

RAYOVAC - VARTA S.A.
AÑO GRAVABLE 2008

LIQ PRIVADA
L.O.R.
C. de E.
Total impuesto a cargo
3.512.164.000
4.073.244.000
4.073.244.000
Saldo a favor período fiscal anterior
5.354.532.000
5.354.532.000
5.354.532.000
Autorretenciones
1.947.478.000
1.947.478.000
1.947.478.000
Otros conceptos
50.995.000
50.995.000
50.995.000
Total retenciones año gravable
1.998.473.000
1.998.473.000
1.998.473.000
Anticipo por el año gravable siguiente
151.735.000
151.735.000
151.735.000
Sanciones
12.441.000
910.169.000
573.521.000
Total saldo a favor
3.676.665.000
2.217.857.000
2.554.505.000

Como se observa, la referida sentencia reconoció a la demandante un saldo a favor de $2.554.505.000, por lo que en este proceso se impone la reliquidación de la sanción, con base en la nueva determinación de la suma a reintegrar, así:

Saldo a favor liquidado por la actora en la declaración de renta por el año 2008
$3.676.665.000
Saldo a favor determinado en la sentencia del 9 de mayo de 2019
$2.554.505.000
Saldo que resulta indebidamente devuelto y/o compensado
$1.122.160.000

En consecuencia, la suma indebidamente devuelta y/o compensada en forma improcedente es de $1.122.160.000.

Aplicación del principio de favorabilidad

La Sala pone de presente que el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 640 del E.T. consagró, el principio de favorabilidad, en el sentido de precisar que se “aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.”

Frente a la aplicación del principio de favorabilidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación ha señalado:

«1. El principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, debe aplicarse, como regla general en los procesos disciplinarios y administrativos adelantados por las autoridades administrativas, salvo en aquellas materias que por su especial naturaleza no resulte compatibles con él, como es el caso por ejemplo, de las disposiciones sobre política económica.

2. El principio de favorabilidad cuando es aplicable en materia sancionatoria administrativa, constituye un imperativo constitucional, y por ende, bien puede ser aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la autoridad juzgadora competente.» (Resalta la Sala)

La Sala procederá de oficio a dar aplicación al principio de favorabilidad en el presente asunto.

En tal virtud, se dará aplicación al artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 670 del E.T., así:

«ARTÍCULO 670. SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr006.html" \l "293" 293 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las devoluciones y/o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, y del impuesto sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.

Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución y/o compensación, o en caso de que el contribuyente o responsable corrija la declaración tributaria disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de devolución y/o compensación, tramitada con o sin garantía, deberán reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios que correspondan, los cuales deberán liquidarse sobre el valor devuelto y/o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la fecha del pago. La base para liquidar los intereses moratorios no incluye las sanciones que se lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del saldo a favor objeto de devolución y/o compensación.

La devolución y/o compensación de valores improcedentes será sancionada con multa equivalente a:

1. El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este deberá liquidar y pagar la sanción.
2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la Administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor.

La Administración Tributaria deberá imponer la anterior sanción dentro de los tres (3) años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la notificación de la liquidación oficial de revisión, según el caso.

Cuando se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del período siguiente, como consecuencia del proceso de determinación o corrección por parte del contribuyente o responsable, la Administración Tributaria exigirá su reintegro junto con los intereses moratorios correspondientes, liquidados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar la declaración objeto de imputación.

Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al ciento por ciento (100%) del monto devuelto y/o compensado en forma improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, así como el representante legal que hayan firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, serán solidariamente responsables de la sanción prevista en este inciso, si ordenaron y/o aprobaron las referidas irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron la salvedad correspondiente.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un (1) mes para responder al contribuyente o responsable.

PARÁGRAFO 1o. Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se haya presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción se debe resolver en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo positivo.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el recurso contra la sanción por devolución y/o compensación improcedente fuere resuelto desfavorablemente y estuviere pendiente de resolver en sede administrativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución y/o compensación, la Administración Tributaria no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso.»

El citado artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 modificó la tarifa y la base de la sanción, pues pasó de ser el 50% de los intereses moratorios al 20% del valor devuelto en exceso, cuando la Administración rechaza o modifica el saldo a favor.

De conformidad con el principio de favorabilidad y por ser en este caso menos gravosa la sanción prevista en el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 que la establecida en la norma vigente en el momento en que se impuso la sanción, se procede a reliquidarla.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala modificará el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, como restablecimiento del derecho la sociedad demandante debe: (i) reintegrar a la DIAN $1.122.160.000, que es la suma indebidamente devuelta; (ii) pagar los intereses moratorios a que haya lugar, tomando como base la suma de $561.080.000; y (iii) pagar la sanción del 20% del valor devuelto indebidamente, esto es, $224.432.000.

Finalmente, se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num.8) del CGP, no procede la condena en costas en esta instancia, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

2. A título de restablecimiento del derecho, la sociedad demandante deberá reintegrar a la DIAN la suma de $1.122.160.000, más los correspondientes intereses moratorios, tomando como base para el cálculo de intereses la suma de $561.080.000, y pagar la sanción del 20% del valor devuelto indebidamente, esto es, la suma de $224.432.000.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

4. RECONOCER personería a Isabella García Prati, para actuar como apoderada de la entidad demandante, en los términos del poder visible en el folio 243 del c.p.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fl. 25 c.a.
Fl. 34 c.a.
Fl. 35 c.a.
Referida por la Administración en la resolución sanción (Fl. 27 del c.p.) y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración (Fl. 42 vto. del c.p.).
Fls. 7 a 24 del c.a.
Exp. 20780, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Fls. 36 a 40 del c.a.
Fls. 59 a 65 del c.a. y 25 a 30 c.p. – Notificada el 2 de mayo de 2013 (fl. 31 c.p.)
Fls. 66 a 71 del c.a. y 34 a 39 c.p.
Fls. 95 a 101 del c.a. y 42 a 48 c.p.
Fls. 2 a 3 del c.p.
Fls. 133-139 c.p.
Mediante Auto de 21 de enero de 2016 (fls. 187-189 c.p.) el a quo negó la solicitud de nulidad formulada por la sociedad. Expresó que las otras magistradas que integran la Sala tuvieron la oportunidad de examinar el expediente y escuchar las grabaciones de la audiencia; que el art. 313-7 del CGP está referido al juez singular; que en la audiencia inicial se les corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, sin que la apoderada de la actora presentara reparo alguno, por lo que concluyó que no se configura la causal de nulidad alegada, que no fue alegada por la actora en la referida audiencia.
Fls. 187 – 189 c-p-
Sentencia del 8 de junio de 2017, Exp. 19389, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
Sentencia del 13 de octubre de 2016, Exp. 19625, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
Sentencia del 29 de noviembre de 2012, expediente 19016, C.P. William Giraldo Giraldo.
Fl. 62 c.a.
Fls. 41 y 42 c.a.
Fl. 31 c.p.
Sentencias del 14 de junio de 2018, Exp. 18550, actor Unysis de Colombia SA y del 15 de agosto de 2018, Exp. 21686 actor ETB S.A. E.S.P., C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Modificado por el art. 293 de la Ley 1819 de 2016.
Sentencia del 16 de noviembre de 2016, Exp. 20600, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Fl. 61 del c.a.
Exp. 20780, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia del 8 de junio de 2017, Exp. 19389, C.P. (E) Stella Jeannette Carvajal Basto.
Lo anterior también fue puesto de presente por la Sala en las sentencias del 16 de noviembre de 2016, Exp. 20600 y del 14 de junio del 2018, Exp. 18550, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, octubre 16 de 2002, radicación número 1454.
Conforme con la Resolución Sanción del 9 de enero de 2014, corresponde a la diferencia entre el saldo a favor registrado por el contribuyente en la declaración privada y el determinado por la Administración en la liquidación oficial sin sanciones (sanción por inexactitud y sanción declarada por el contribuyente), como lo ratificó el Tribunal en la sentencia de primera instancia, sin que sea aspecto discutido.

Radicado: 25000-23-37-000-2014-00915-01(22419)
Demandante: RAYOVAC - VARTA S.A.

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