RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2014-01231-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-01231-01

Hecho generador del impuesto de industria y comercio por comercialización de bienes: reiteración de jurisprudencia

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Argüello
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-01231-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la sentencia apelada, proferida el 6 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. Reconocer personería a la abogada María Yamilet Capera Casas para actuar en el proceso como apoderada de la parte demandada, de conformidad con el poder visible en el folio 7751 del cuaderno principal del expediente. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2014-01231-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

15 de julio de 2021

RECURSO DE APELACIÓN EN DONDE SE CITA ERRÓNEAMENTE LA FECHA DE LA SENTENCIA APELADA – Efectos jurídicos. El hecho de citar erróneamente la fecha de la sentencia apelada, no tiene la entidad suficiente para que esta Sala declare la indebida interposición del recurso de apelación, o se sustraiga del estudio del mismo / NUEVOS HECHOS O PRETENSIONES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – No configuración

[L]a Sala observa que en los alegatos de conclusión la demandante sostuvo una indebida interposición del recurso de apelación de la entidad demandada, argumentando que en éste refirió una sentencia con fecha distinta a la que acá se revisa. (…) Cabe destacar que, en la apelación, la Administración identificó las partes, el radicado del proceso y expuso de manera clara el asunto a discutir, por tanto, el hecho de citar erróneamente la fecha de la sentencia apelada, no tiene la entidad suficiente para que esta Sala declare la indebida interposición del recurso de apelación, o se sustraiga del estudio del mismo. La demandante también sostuvo en el escrito de alegatos que la entidad apelante discutió aspectos que no fueron objeto del debate en el proceso judicial ni en la sentencia apelada, tales como el traslado de la sociedad a Cota, el objeto social y el deber formal de declarar. En lo que respecta al traslado de la empresa de la ciudad de Bogotá a Cota, la Sala encuentra que desde la contestación la entidad planteó lo siguiente: “La información contenida en el Certificado de Existencia y Representación prueba que la sociedad a partir de la fecha indicada en el documento dejó de ser una contribuyente inscrita en el Registro de Información Tributaria Distrital para quedar registrada en otro municipio, pero no alcanza para probar que dicho contribuyente no haya realizado las actividades presumidas por la administración (…)” fl. 7536. Igualmente, en ese mismo escrito se hizo referencia al objeto social de la demandante (fl 7535 y s.s.) y al deber de declarar la totalidad de los ingresos percibidos en Bogotá (7537 vto.). De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que esos temas no corresponden a un asunto novedoso que se haya planteado únicamente en el recurso de apelación, toda vez que, desde la oposición de la demanda, de la cual tuvo pleno conocimiento la actora, se discutió este aspecto, por ende, se estima que lo expuesto por la demandante no tiene fundamento.

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMERCIALIZACIÓN DE BIENES – Reiteración de jurisprudencia / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA – Es un tributo municipal / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA – Hecho generador / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA EN ACTIVIDAD COMERCIAL – Territorialidad. La actividad comercial tiene lugar en la jurisdicción del municipio o distrito donde se perfecciona la venta, lo que ocurre cuando las partes intervinientes concretan los elementos esenciales del contrato de compraventa. De modo que el tributo se causa en la jurisdicción en donde las partes convienen la cosa vendida y su precio / TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN ACTIVIDAD COMERCIAL - Alcance. Lo determinante son las pruebas allegadas al proceso en cada caso / TERRITORIALIDAD EN LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN ACTIVIDAD COMERCIAL - Factores no determinantes del hecho generador / DETERMINACIÓN DE LA TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA - Alcance de la autonomía y facultades de los vendedores o agentes comerciales enviados a otros municipios / REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD COMERCIAL EN OTRO MUNICIPIO DONDE EL CONTRIBUYENTE TIENE REGISTRADO UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y ALLÍ TRIBUTA POR EL EJERCICIO DE DICHA ACTIVIDAD – Efectos jurídicos

Para resolver, se tiene que la Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre asuntos que guardan similitud fáctica y jurídica con el objeto que aquí se discute, esto es, la realización del hecho generador por la comercialización de bienes. Dentro de la línea jurisprudencial cabe citar las sentencias del 15 de octubre de 2020 exp. 23619 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 12 de febrero de 2020 exp. 23773, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; del 07 de mayo de 2020 exp. 23037, CP: Milton Chaves García, como las más recientes. Por tanto, se aplicará aquí, en lo pertinente, el razonamiento de la sección expuesto en dichas decisiones. El impuesto de industria y comercio es un tributo municipal, que grava la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios. En lo que concierne al Distrito Capital, los artículos 32 y 34 del Decreto Distrital 352 de 2002, disponen como hecho generador de este impuesto, la realización (directa o indirecta, de manera permanente u ocasional, con o sin establecimiento de comercio) de actividades comerciales en la jurisdicción distrital. Como esa normativa no especificó en qué casos la actividad comercial se entiende realizada en el distrito de Bogotá (aspecto que tampoco fue desarrollado por la Ley 14 de 1983), la jurisprudencia de esta Sección identificó los criterios de sujeción territorial al impuesto, que, luego se establecieron en el ordinal 2.º del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016. Siguiendo los criterios plasmados en las sentencias mencionadas, la actividad comercial tiene lugar en la jurisdicción del municipio o distrito donde se perfecciona la venta, lo que ocurre cuando las partes intervinientes concretan los elementos esenciales del contrato de compraventa. De modo que el tributo se causa en la jurisdicción en donde las partes convienen la cosa vendida y su precio. En ese sentido, la Sala ha juzgado que resultan determinantes «las pruebas allegadas al proceso, en cada caso» (sentencia del 29 de septiembre de 2011, exp. 18413, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), más allá de datos puntuales y alterables como el lugar donde se toman los pedidos, se entregan los productos, se ejercen labores de coordinación o se suscribe el contrato de compraventa (sentencias del 08 de marzo de 2002, exp. 12300, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié; del 08 de junio de 2016, exp. 21681, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 20 de noviembre de 2019, exp. 23294 CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras). Siguiendo estas consideraciones, la legalidad de los actos depende de que se motive con suficiencia fáctica y jurídica la realización del hecho generador en los términos propuestos. Por lo cual, en el caso que el contribuyente demuestre adecuadamente que ejerció la actividad comercial en otro municipio y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos generados fuera de su territorio. (…) De estos medios de prueba, la Sala considera que los ingresos percibidos por el desarrollo de su actividad comercial fueron causados por fuera de Bogotá. Por tanto, se llega a conclusiones diferentes a las consignadas por la Administración como pasa a explicarse: Si bien las pruebas demostraron que los productos vendidos eran entregados a clientes que en su mayoría estaban ubicados en Bogotá, lo cierto es que era en Cota donde la sociedad realizaba las operaciones de venta, a través de los pedidos y consecuentes órdenes de compra que los compradores emitían por teléfono, correo electrónico o por la página web, también el precio y la entrega de las mercancías se convenían por la misma vía.

Cabe destacar que ninguno de los clientes señaló que los agentes comerciales de la contribuyente tenían la facultad de definir el precio de los productos comercializados, solo Panamericana manifestó que el agente les informaba de las condiciones de la venta, pero no expuso que fuera el representante de la demandante quien establecía el precio de los productos. En cuanto a la función de los vendedores o asesores comerciales de la demandante, se confirma que estos solo desempeñan funciones de asesoría, apoyo e información (sobre los productos existentes, características y precios), en orden a desarrollar las tareas necesarias para concretar las ventas, sin que estén facultados para fijar precios o conceder descuentos. Además, no en todos los casos los clientes tienen contacto con la demandante mediante sus agentes, y algunos clientes mencionaron que, si bien al principio de las relaciones comerciales tenían asesores, eso no significa que todas las operaciones se realizaran por intermedio de estos, puesto, se reitera, la mayoría de ellos realiza los pedidos por medios telefónicos o por internet. Se destaca, igualmente, que en los actos la Administración manifiesta que los ingresos adicionados corresponden a 260 clientes (entre personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes) que reportaron en su información exógena operaciones con la demandante, de los cuales solo se requirió en sede administrativa a 17 para concluir que con la información suministrada por ellos se ratifica la totalidad de los datos reportados, cuando algunos expresamente reconocen que no tuvieron operaciones comerciales con la demandante y otros no contestaron los requerimientos. Es por esto que no se puede considerar que la información suministrada por algunos se deba equiparar a la totalidad de los 260. Así, la Sala reitera que ni el lugar del domicilio del cliente, el de la entrega de los bienes vendidos, ni el lugar desde el cual se realizan los pedidos, pueden tenerse como determinantes del lugar donde se lleva a cabo la actividad comercial, pues, se repite dichos aspectos son distintos al de la comercialización de los bienes, por tanto, son insuficientes para concluir que se ha realizado el hecho generador en una determinada jurisdicción, en este caso, en el Distrito Capital. Por otro lado, de conformidad con el artículo 37 del Decreto Distrital 352 de 2002, si el contribuyente demuestra que ejerció la actividad comercial en otro municipio, donde además tiene registrado un establecimiento de comercio y allí tributa por el ejercicio de dichas actividades, la autoridad Distrital no podrá gravarlo por los ingresos obtenidos fuera de su territorio. También debe tenerse en cuenta que el artículo 44 de la misma normativa, estableció, como requisito para excluir de la base gravable del ICA ingresos percibidos fuera del Distrito, que el contribuyente aporte pruebas que den cuenta de que esos ingresos se originaron en otros municipios. En efecto, la demandante demostró que tenía un establecimiento de comercio registrado en Cota, y que allí declaró y pagó ICA por las actividades de comercio que desarrolló durante los años gravables 2010 y 2011 conforme con sus registros contables, los cuales no fueron desvirtuados por la Administración. Así mismo, aportó las declaraciones por el mismo impuesto y en algunos períodos de los cuestionados en ciudades como Cali, Cúcuta, Barranquilla, Envigado y Medellín. En ese orden, la Administración no podía presumir que todos los ingresos obtenidos por el desarrollo de la actividad comercial principal de la sociedad en el municipio de Cota, debían declararse en su jurisdicción.

FUENTE FORMAL: DECRETO DISTRITAL 352 DE 2002 – ARTÍCULO 32 / DECRETO DISTRITAL 352 DE 2002 – ARTÍCULO 34 / LEY 14 DE 1983 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 343 ORDINAL 2 / DECRETO DISTRITAL 352 DE 2002 – ARTÍCULO 37 / DECRETO DISTRITAL 352 DE 2002 – ARTÍCULO 44

CONDENA EN COSTAS – Integración / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia. Por falta de prueba de su causación

[E]n esta instancia no habrá condena en costas procesales (gastos del proceso y agencias en derecho), porque no fue demostrada su causación según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2014-01231-01 (24195)

Actor: IMPRESISTEM S.A.

Demandado: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTÁ

FALLO

Acumulado 25000-23-37-000-2015-00125-00

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 6 de septiembre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B (fls.7645 a 7688), que decidió:

“1. Se DECLARA LA NULIDAD de la Liquidación Oficial de Revisión 2424DDI059834 del 11 de diciembre de 2013, y la Resolución DDI-069943 del 18 de septiembre de 2014, por medio de las cuales el Distrito Capital modificó a IMPRESISTEM S.A. la declaración del ICA del 4º bimestre del año gravable 2010. Igualmente, se DECLARA LA NULIDAD de la Liquidación Oficial de Revisión 2179-DDI044519 del 4 de octubre de 2013, y la Resolución DDI-039677 y/o 2014EE128141 del 27 de junio de 2014, a través de las cuales el Distrito Capital modificó a la referida sociedad las declaraciones del ICA de los bimestres 5° y 6° del año gravable 2010 y 1° a 6° de 2011.

2. A título de restablecimiento del derecho se DECLARA la firmeza de las declaraciones del ICA presentadas por IMPRESISTEM S.A. por los bimestres 4° a 6° de 2010 y 1° a 6° del año gravable 2011.

3. Por no haberse causado, no se condena en costas.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen y del remanente de gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. Déjense las constancias y anotaciones de rigor.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Expediente principal 2014-01231-01

Mediante la Resolución Nro. 2179DDI044519 del 4 de octubre de 2013, la Administración modificó las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la contribuyente en el Distrito de Bogotá por los bimestres 5 y 6 del año gravable 2010 y los 6 bimestres del año 2011, en el sentido de adicionar ingresos a la base gravable e imponer una sanción por inexactitud (fls. 6062 a 6085 c11exp. 2014-01231-01).
Esta decisión fue confirmada por la Resolución Nro. DDI-039677 del 27 de junio de 2014, mediante la cual la entidad resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la actora (fls. 7212 a 7221 c13 exp. 2012-01231-01).

Expediente acumulado 2015-00125-00:

Por medio de la Resolución Nro. 2424DDI059834 de 11 de diciembre de 2013, la Administración modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la contribuyente en Bogotá por el 4 bimestre del año 2010, en el sentido de adicionar a la base ingresos gravables e imponer sanción por inexactitud (fls.1899 a 1919 c4 exp. 2015-00125).

Esta decisión fue modificada por la Resolución Nro. DDI-069943 del 18 de septiembre de 2014, con ocasión del recurso de reconsideración presentado por la sociedad contribuyente (fls. 2247 a 2263 c4 exp. 2015-00125). En este acto se manifestó que en la liquidación se amplió la base gravable comparada con la establecida en el requerimiento especial, razón por la cual se debía modificar el acto de liquidación con relación a los ingresos gravados, el impuesto a cargo y la sanción por inexactitud.

En ambos procesos la decisión de aumentar los ingresos correspondió a valores que según la demandante se causaron en Cota (Cundinamarca), pero que la Administración consideró que se generaron en Bogotá.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 CPACA), la parte demandante promovió dos demandas en contra del Distrito Capital por la modificación de sus declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio, el tribunal en primera instancia acumuló ambos procesos mediante auto del 1 de septiembre de 2016 (fls.7580 a 7583 cp.). Las pretensiones en cada proceso son las siguientes:

• Expediente 2014-01231-01 (fl.96 c1):

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2179-DDI044519 y/o CORDIS 2013EE216440 del 04 de octubre de 2013 contentiva de la Liquidación Oficial de Revisión, expedida por el Jefe de la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en contra de IMPRESISTEM S.A. – NIT 800.091.549-2, por concepto del impuesto de industria y comercio de los bimestres 5 y 6 de 2010, y 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de 2011, y de la Resolución DDI-039677 y/o 2014EE128141 del 27 de junio de 2014 expedida por la Jefe (E) de la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, mediante la cual se confirma la Liquidación Oficial de Revisión.

2- Que como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su derecho a IMPRESISTEM S.A. – NIT 800.091.594-2, declarando que mi representada no está obligada a pagar los mayores valores determinados en los actos administrativos demandados, por concepto de impuesto de industria y comercio en Bogotá y sanción por inexactitud por los bimestres 5 y 6 de 2010 y 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de 2011, en consecuencia, se declaren en firme las declaraciones de dicho impuesto y períodos gravables.”

• Expediente acumulado 2015-00125-00 (fl.89 c1 expediente acumulado):

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2424DDI059834 y/o CORDIS 2013EE264199 del 11 de diciembre de 2013 contentiva de la Liquidación Oficial de Revisión, expedida a IMPRESISTEM S.A. – NIT 800.091.549-2, por concepto del impuesto de industria y comercio del cuarto bimestre de 2010, y de la Resolución DDI-069943 del 18 de septiembre de 2014 CORDIS 2014EE204631 mediante la cual se modificó la Liquidación Oficial de Revisión.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su derecho a IMPRESISTEM S.A. – NIT 800.091.549-2, declarando que mi representada no está obligada a pagar los mayores valores determinados en los actos administrativos demandados, por concepto de impuesto de industria y comercio en Bogotá y sanción por inexactitud por el cuarto bimestre de 2010 y en consecuencia, se declare en firme la declaración de dicho impuesto y período gravable presentada el 16 de agosto de 2012, mediante formulario 2012302010004960036.”

A los anteriores efectos, la sociedad demandante invocó como violados los artículos 29 y 230 de la Constitución; 154 numeral 3 del Decreto 1421 de 1993; 771, 774 y 777 del Estatuto Tributario; 32, 34, 37, 42, 44 y 52 del Decreto 352 de 2002 y 64, 100, 101, 104, 113 y 117 del Decreto 807 de 1993.

Los cargos de nulidad en ambas demandas se resumen de la siguiente manera:

Nulidad de los actos administrativos demandados por infracción de las normas en que deberían fundarse, falsa motivación y violación al derecho de defensa (territorialidad del ICA)

La demandante afirmó que se dedica a la comercialización de productos relacionados con computadores y sistemas informáticos, que cuenta con puntos estratégicos de ventas localizados en las jurisdicciones de Cota, siendo este el principal, así como en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Que en cada una de estas ciudades declara ICA por los ingresos percibidos por el desarrollo de actividades comerciales.

A su juicio, la demandada en los actos acusados aplicó indebidamente las normas que regulan este impuesto, en especial el aspecto de territorialidad, al pretender gravar como propios ingresos que no fueron causados en su jurisdicción. Para explicar su argumento indicó que los ingresos fiscalizados por la administración los causó en el municipio de Cota, lugar donde se pactaron los elementos esenciales de la venta de sus productos (precio y plazo de pago) y se encuentran ubicados los directivos de la sociedad, quienes definen las políticas de negociación, así mismo, desde Cota se despacha la mercancía y se expiden las facturas. Además, en ninguna de las normas que regulan la materia se manifiesta que el aspecto espacial se determina a partir del domicilio del adquirente.

Señaló que la Administración no valoró todas las pruebas aportadas en el proceso de fiscalización, consistentes en las declaraciones de ICA presentadas en varias jurisdicciones por los períodos 2010 y 2011, el manual de procedimientos para ventas de la sociedad, la contabilidad, los certificados del revisor fiscal, las facturas expedidas en Cota, las declaraciones de los ejecutivos de venta, los documentos que contienen los pedidos recibidos, entre otras, que dieron cuenta de la forma en que se realizaban los pedidos y el origen de los ingresos.

Destacó que, si bien 260 terceros reportaron operaciones con la demandante en su información exógena por los años 2010 y 2011, el Distrito solo requirió a 17 compañías, que representan el 6.53% de esos terceros, de los cuales algunos manifestaron que no realizaron compras, otros ratificaron el procedimiento de ventas realizado por la parte actora (esto es pedidos por teléfono, correos electrónicos, mensajes por Messenger, página web, sistema EDI - Electronic Data Interchange), algunos no contestaron el requerimiento y otros señalaron que no reportaron a la demandante en su información. No obstante, la Administración asumió que la totalidad de las ventas se realizaron en Bogotá y no en Cota.

Realizó un recuento de la información suministrada por los terceros y como con dichos datos se demuestra que los ingresos adicionados corresponden a Cota por tratarse de ventas que se originaron en ese municipio.

Sostuvo que, de conformidad con las normas que regulan la materia y la jurisprudencia de esta Corporación, el lugar en que se llevan a cabo actividades auxiliares a la actividad comercial, como las visitas a los clientes, la recepción de pedidos, las actividades de coordinación, la asistencia a eventos comerciales, trámites de preventa y postventa, y el lugar de entrega de las mercancías vendidas, no son elementos determinantes para definir la jurisdicción en la que se deba declarar y pagar el impuesto de industria y comercio.

Destacó que la presunción alegada por la Administración, esto es la consagrada en el artículo 52 numeral 2 del Decreto 352 de 2002 (se presumen como ingresos gravados cuando se establece la intervención de agentes o vendedores para la oferta, promoción, realización o venta de bienes en la ciudad de Bogotá) fue desvirtuada con las pruebas obrantes en el proceso que dan cuenta del origen de los ingresos. En el distrito solo se llevaron a cabo las ventas en el show room de Unilago, las cuales fueron debidamente declaradas como ingresos en Bogotá.

Manifestó que es falsa la afirmación de la Administración relacionada con que el registro de costos realizado por la demandante no es consecuente con su política comercial, dado que las pruebas aportadas demuestran que la forma de entrega y condiciones de pago se determinan en Cota, además de los certificados del revisor fiscal, los cuales no fueron desvirtuados por el distrito.

Ilegalidad del estimativo aplicado por el Distrito para modificar la base gravable en las declaraciones de ICA presentadas por la sociedad

Expuso que en este caso no se configuraron los presupuestos para aplicar el estimativo de la base gravable del ICA previsto en el artículo 117 del Decreto 807 de 1993, porque la sociedad demostró con su contabilidad el monto de los ingresos obtenidos y declarados en Bogotá, así como los correspondientes a Cota durante los bimestres fiscalizados. Que, de igual manera, las pruebas que tuvo en cuenta la Administración para modificar sus declaraciones privadas, dieron cuenta del origen extraterritorial de sus ingresos.

Señaló que, la Administración de manera ilegal aplicó en las liquidaciones oficiales un método distinto al que utilizó en los requerimientos especiales para determinar la base gravable del impuesto, modificando también su monto, por lo tanto, al no existir correspondencia entre estas dos etapas frente a dicho elemento esencial, eran nulas las modificaciones del impuesto pretendidas por la demandada.

Como la información obtenida corresponde a ingresos anuales, el distrito establece una serie de porcentajes que no están previstos por la Ley. Igualmente se presentaron errores para cuantificar los ingresos, puesto que algunos de los reportados por terceros fueron sumados dos veces para el 4 bimestre de 2010, mientras que para algunos de los períodos la Administración decide acudir en la liquidación oficial a los valores certificados por el revisor fiscal, de lo que se desprende que ni la propia entidad le da valor a la información de medios magnéticos.

Violación al artículo 230 de la Constitución (No se citó en el expediente 2015-00125-00)

En el caso concreto no es aplicable la jurisprudencia y la doctrina citada en los actos, dado que no son los mismos supuestos fácticos y probatorios. En cambio, la administración no aplicó la sentencia del 24 de octubre de 2013, expediente 19094, proferida por el Consejo de Estado, que tiene similitud fáctica y jurídica.

Nulidad de la sanción por inexactitud

Alegó que el Distrito, desde los actos previos, no expuso los hechos por los cuales pretendió sancionar a la sociedad por inexactitud, ni el origen de las cifras que fueron tenidas en cuenta para su determinación, por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa para controvertir la sanción. Además, no se configuró el hecho sancionable porque demostró que los ingresos adicionados en los actos demandados no le correspondían al Distrito. En el presente caso se presenta diferencia de criterio entre la demandante y la Administración lo que torna improcedente la sanción.
Oposición de la demanda
En ambos procesos la entidad controvirtió las pretensiones de la actora, para lo cual indicó que la sociedad incurrió en inexactitud sancionable porque omitió incluir en la base gravable del impuesto de industria y comercio ingresos obtenidos por actividades realizadas en el Distrito, de cuya actuación se derivó un menor valor declarado por el tributo.

Indicó que, si bien la sociedad tenía su domicilio principal en Cota, la mayoría de sus clientes estaban domiciliados en Bogotá, ciudad donde se materializaron y concretaron las actividades comerciales y es en esta jurisdicción donde se genera la fuente de riqueza que da lugar al ejercicio de la actividad gravada. Así mismo, se estableció que la oferta comercial, el contacto con el cliente, la entrega de la mercancía y la forma en que se realizaría, así como el pago se dan en Bogotá, contrario a lo afirmado por la demandante que sostiene que esas actividades se perfeccionaban o realizaban en Cota. Además, algunas de las relaciones comerciales se han desarrollado por más de 15 años, lo que demuestra que las actividades de comercio se ejecutaban en Bogotá desde esa época, aun cuando el domicilio de la demandante se haya traslado a Cota

Lo anterior, dejó en evidencia que la actora, para desarrollar su actividad comercial, se sirvió de la infraestructura vial, servicios públicos, vías de acceso al Distrito y en general de toda la oferta mercantil que ofrece la ciudad, por ende, debía incluirse en las declaraciones de ICA los ingresos aquí percibidos. Se tiene, entonces, que la demandante se benefició de la infraestructura de servicios, del mercado y de los recursos económicos de Bogotá, especialmente, de la demanda de productos.

Hay lugar a aplicar la presunción establecida en el artículo 52 del Decreto 352 de 2002, dado que los testimonios de sus clientes indicaron que fueron visitados por asesores comerciales quienes realizaron trámites de preventa y postventa.

Además, no se vulneró el debido proceso de la sociedad porque esta tuvo acceso permanente al expediente para defenderse de todas las actuaciones proferidas en su contra. En los actos se expusieron los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales se impusieron las sanciones por inexactitud y se atendió el procedimiento correspondiente. No se trata de errores de apreciación o diferencia de criterio, puesto que los valores determinados corresponden a lo probado en el proceso.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho declaró la firmeza de las declaraciones de ICA presentadas por la contribuyente por los períodos fiscalizados (fls.7645 a 7688).

Luego de un recuento normativo y la relación de las pruebas del expediente, consideró que los elementos esenciales en los procesos de venta celebrados por la demandante se llevaron a cabo en Cota, debido a que los pedidos se realizaron por canales digitales, telefónicos y electrónicos, y en ese lugar era donde se fijó el precio de la cosa vendida, el cual normalmente se registraba en la página web de la compañía y en las plataformas utilizadas por las grandes cadenas para hacer sus pedidos. Así mismo en dicho sitio se aceptaban los pedidos de los clientes, se despachaban los productos, expedían las facturas y tenía ubicada la sede principal, las bodegas y el inventario. Así las cosas, fueron las vías, redes de teléfono e internet, servicios públicos, es decir, la infraestructura del municipio de Cota, la que utilizó el demandante.

Destacó que el destino de los productos no es un factor determinante para establecer el hecho generador por una actividad comercial, puesto que en esos casos el Consejo de Estado ha determinado que se estaría trasladando el lugar de la causación del gravamen. Tampoco es de recibo que por el hecho de que agentes comerciales asesoren a los clientes sobre el precio, forma de pago, descuentos o devoluciones de mercancías se pueda gravar en el distrito dichos ingresos, puesto que esas son labores de coordinación.

No condenó en costas por no haberse causado.

Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia (fls. 7699 a 7707). Al respecto, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda relativos a la causación del ICA en su jurisdicción por el aprovechamiento de la infraestructura, los servicios y la oferta de mercado del Distrito como fuente generadora de riqueza de la sociedad.

Manifestó que, si bien la demandante se trasladó a Cota, no pudo llevar a sus potenciales clientes o compradores a esa jurisdicción, puesto que estos siguieron en Bogotá, por lo tanto, es en esta ciudad donde se realizan las actividades para lograr vender.
Alegatos de conclusión
La demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda (fls. 7720 a 7747) y destacó que la actividad comercial que la demandada pretende gravar fue desarrollada en Cota, para lo cual extrajo apartes de providencias del Consejo de Estado y una relación de las pruebas aportadas al proceso con lo que cada una de ellas demuestra. Agregó que, el Distrito no apeló la sentencia en debida forma, debido a que en su escrito señaló una sentencia con fecha distinta a la proferida en este proceso, además, que apeló aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso ni en la sentencia de primera instancia como el traslado de la demandante a Cota, el objeto social de la sociedad y el deber formal de declarar.

La demandada insistió en los argumentos planteados en el recurso de apelación (fls.7748 a 7750).
Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, y a título de restablecimiento del derecho ordenó la firmeza de las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la contribuyente por los bimestres 4 a 6 del año gravable 2010 y los 6 bimestres del año 2011.

Previo a delimitar el problema jurídico, la Sala observa que en los alegatos de conclusión la demandante sostuvo una indebida interposición del recurso de apelación de la entidad demandada, argumentando que en éste refirió una sentencia con fecha distinta a la que acá se revisa.

No obstante, se precisa que el Tribunal concedió el recurso de apelación mediante auto del 5 de octubre de 2018 (fl. 7709) y, a su vez, esta Corporación lo admitió mediante auto del 12 de diciembre de 2018 (fl. 7715), sin que contra dichas providencias se hiciera reparo alguno o se ejerciera recurso legal. Cabe destacar que, en la apelación, la Administración identificó las partes, el radicado del proceso y expuso de manera clara el asunto a discutir, por tanto, el hecho de citar erróneamente la fecha de la sentencia apelada, no tiene la entidad suficiente para que esta Sala declare la indebida interposición del recurso de apelación, o se sustraiga del estudio del mismo.

La demandante también sostuvo en el escrito de alegatos que la entidad apelante discutió aspectos que no fueron objeto del debate en el proceso judicial ni en la sentencia apelada, tales como el traslado de la sociedad a Cota, el objeto social y el deber formal de declarar.

En lo que respecta al traslado de la empresa de la ciudad de Bogotá a Cota, la Sala encuentra que desde la contestación la entidad planteó lo siguiente: “La información contenida en el Certificado de Existencia y Representación prueba que la sociedad a partir de la fecha indicada en el documento dejó de ser una contribuyente inscrita en el Registro de Información Tributaria Distrital para quedar registrada en otro municipio, pero no alcanza para probar que dicho contribuyente no haya realizado las actividades presumidas por la administración (…)” fl. 7536. Igualmente, en ese mismo escrito se hizo referencia al objeto social de la demandante (fl 7535 y s.s.) y al deber de declarar la totalidad de los ingresos percibidos en Bogotá (7537 vto.).

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que esos temas no corresponden a un asunto novedoso que se haya planteado únicamente en el recurso de apelación, toda vez que, desde la oposición de la demanda, de la cual tuvo pleno conocimiento la actora, se discutió este aspecto, por ende, se estima que lo expuesto por la demandante no tiene fundamento.

Dilucidado lo anterior, el problema jurídico a resolver se centra en determinar si la sociedad realizó el hecho generador del Impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogotá respecto de los ingresos adicionados en los actos acusados, puesto que como la afirma el Distrito en sede administrativa y judicial, este era el lugar donde estaban ubicados sus clientes, entregaba las mercancías y se desplazaban los asesores comerciales a ofrecer sus productos y tomar los pedidos.

Con base en estos argumentos, las modificaciones a las declaraciones privadas de ICA de la actora por los períodos mencionados, se concretaron en la adición de ingresos a la base gravable, presuntamente obtenidos por el desarrollo de actividades comerciales en el Distrito. Por tanto, la Sala estudiará si esa adición se sustentó en hechos probados.

Para resolver, se tiene que la Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre asuntos que guardan similitud fáctica y jurídica con el objeto que aquí se discute, esto es, la realización del hecho generador por la comercialización de bienes. Dentro de la línea jurisprudencial cabe citar las sentencias del 15 de octubre de 2020 exp. 23619 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 12 de febrero de 2020 exp. 23773, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; del 07 de mayo de 2020 exp. 23037, CP: Milton Chaves García, como las más recientes. Por tanto, se aplicará aquí, en lo pertinente, el razonamiento de la sección expuesto en dichas decisiones.

El impuesto de industria y comercio es un tributo municipal, que grava la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios. En lo que concierne al Distrito Capital, los artículos 32 y 34 del Decreto Distrital 352 de 2002, disponen como hecho generador de este impuesto, la realización (directa o indirecta, de manera permanente u ocasional, con o sin establecimiento de comercio) de actividades comerciales en la jurisdicción distrital.

Como esa normativa no especificó en qué casos la actividad comercial se entiende realizada en el distrito de Bogotá (aspecto que tampoco fue desarrollado por la Ley 14 de 1983), la jurisprudencia de esta Sección identificó los criterios de sujeción territorial al impuesto, que, luego se establecieron en el ordinal 2.º del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016.

Siguiendo los criterios plasmados en las sentencias mencionadas, la actividad comercial tiene lugar en la jurisdicción del municipio o distrito donde se perfecciona la venta, lo que ocurre cuando las partes intervinientes concretan los elementos esenciales del contrato de compraventa. De modo que el tributo se causa en la jurisdicción en donde las partes convienen la cosa vendida y su precio.

En ese sentido, la Sala ha juzgado que resultan determinantes «las pruebas allegadas al proceso, en cada caso» (sentencia del 29 de septiembre de 2011, exp. 18413, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia), más allá de datos puntuales y alterables como el lugar donde se toman los pedidos, se entregan los productos, se ejercen labores de coordinación o se suscribe el contrato de compraventa (sentencias del 08 de marzo de 2002, exp. 12300, CP: Juan Ángel Palacio Hincapié; del 08 de junio de 2016, exp. 21681, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; y del 20 de noviembre de 2019, exp. 23294 CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras).

Siguiendo estas consideraciones, la legalidad de los actos depende de que se motive con suficiencia fáctica y jurídica la realización del hecho generador en los términos propuestos. Por lo cual, en el caso que el contribuyente demuestre adecuadamente que ejerció la actividad comercial en otro municipio y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos generados fuera de su territorio.

Con el objeto de identificar el origen de los ingresos fiscalizados por la demandada, en este asunto se encuentran las siguientes pruebas:

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, aportado con las demandas, la sociedad tiene por objeto social “la compra, venta, distribución y mercadeo en todas sus formas y manifestaciones de computadores, sus partes y el suministro de partes y productos afines para los mismos (…)”.

En este certificado también consta que, mediante escritura pública Nro. 432 del 27 de abril de 2005, la sociedad trasladó su domicilio de la ciudad de Bogotá al municipio de Cota y tiene como dirección comercial y para notificaciones “Aut Medellín Cll 80 KM 2” en dicho municipio (fls. 98 a 101 cp1 exp. 2014-01231).

La sociedad presentó en el municipio de Cota declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio correspondientes a los años gravables 2010 y 2011, en las que liquidó un impuesto a cargo equivalente a $909.732.000 y $1.045.562.000, respectivamente (fls. 130 y 169 cp1 exp. 2014-01231).

La sociedad también presentó y pagó en la ciudad de Bogotá, las declaraciones del impuesto de industria y comercio correspondientes a los bimestres 4 a 6 del año gravable 2010 y los 6 bimestres del año 2011 en las que registró como actividad principal 5163 que corresponde a «comercio al por mayor de maquinaria para oficina, contabilidad e informática» (fls. 165 a 167 y 195 a 200 cp1 exp. 2014-01231).

En el expediente reposan declaraciones de ICA presentadas por la sociedad en los años gravables 2010 y 2011 en ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y Envigado (fls. 132 a 194 c1 exp. 2014-01231).

Reposa en los cuadernos certificado suscrito por el revisor fiscal de la empresa, en el que sostiene que los libros y toda la información contable por los años 2010 y 2011 reflejan razonablemente su situación financiera (fls. 7248 a 7252). También se tiene una certificación del revisor fiscal en la que se relacionan los ingresos correspondientes a los clientes que reportaron a IMPRESISTEM en medios magnéticos, destacando que frente a algunos de los terceros que reportaron a la demandante, la sociedad no cuenta con registros contables sobre operaciones realizadas con ellos (fls. 5636 a 5650).

Los días 30 de octubre de 2012 (fl. 5448) y 6 de febrero de 2013 (fl. 5810), la administración practicó visitas a las instalaciones de la sociedad ubicada en Cota, las cuales fueron atendidas por el gerente, la segunda suplente de gerente y la coordinadora de impuestos. De la primera visita se destaca (fls.5448):

En el primer piso se observó un “show room” o sala de exhibición con algunos de los productos comercializados por la empresa, en el segundo piso estaban localizados los vendedores.

El encargado de la visita señaló que la sociedad contaba con un local en Bogotá en el centro de alta tecnología, sin avisos ni letreros, que operaba como un “show room” para los clientes ubicados en ese centro comercial porque la sociedad no vende al usuario final.

Sobre las ventas reportadas en medios magnéticos, señaló que los clientes no tenían la cultura de llevar por municipios sus compras, pero que, en todo caso, la sede principal era en Cota.

Que el proceso de comercialización de sus productos despachados hacía Bogotá era mediante teléfono, MSN, correo electrónico y la página web, y que no contaban con vendedores que visitaran los clientes.

Mediante oficios de 31 de octubre de 2012, la Administración requirió a varios clientes de la sociedad para que ilustraran los procesos de compra, productos o servicios adquiridos a la compañía, contratos, forma en que realizaban los pedidos, ofrecimiento de los productos, forma de pagos, entre otros, todo durante los períodos fiscalizados (fls. 5488 a 5511). Igualmente, el 27 de noviembre de 2012 se requirió a otros terceros para que informaran sobre las compras efectuadas a la demandante (fls. 5718 a 5729).

Los requerimientos fueron atendidos por Colombiana de Comercio S.A., Controles Empresariales Ltda., Tecnif S.A.S., Panamericana S.A., PC COM S.A., Luis Carlos Parra González, Carrefour (Grandes superficies de Colombia), Data Control S.A, Sodimac S.A. (Homecenter). De las respuestas brindadas por dichos clientes se destaca lo siguiente fls. 5512 a 5767):

Los requeridos indicaron que los productos en algunas ocasiones eran ofrecidos por algún representante de la compañía (Colombiana de Comercio), otros expusieron que los agentes de la sociedad demandante no van a sus instalaciones para promocionar sus productos (Controles empresariales, Luis Carlos Parra, Data Control S.A.), además la información de productos y promociones se daba a conocer por la página web, llamadas o correos electrónicos (Tecnología Informática Tecnif S.A.S., PC COM) o se enviaban catálogos o presentaciones de productos y luego se reunían con un agente para presentar las muestras físicas del producto y las condiciones de venta (Panamericana Liberia y Papelería). Para el caso de Carrefour solo tuvo acercamiento con los representantes de la demandante hasta el año 2010, a partir de esa fecha todo se realizó por la página web, y Sodimac sostuvo que las comunicaciones con su proveedor eran vía correo electrónico.

Los pedidos los realizaban mediante órdenes de compra remitidas por correo electrónico, la página web o llamadas telefónicas.

Las mercancías eran entregadas en las instalaciones de los clientes de la sociedad, o si el valor era menor a $400.000 se recogían en las instalaciones de la demandante, bien sea en Bogotá o en Cota.

Varios de ellos no tenían conocimiento de establecimiento comercial alguno de la empresa en Bogotá. Otros señalaron que conocían un local de la sociedad ubicado en el centro de tecnología Unilago en Bogotá y la sede principal en Cota.

No le practicaron retención en la fuente a título de ICA porque la demandante era gran contribuyente, se encontraba ubicada en un municipio diferente a Bogotá, o el agente retenedor por su régimen solo podía practicar la retención a régimen simplificado y profesionales independientes. En el caso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que realizó retención con ocasión al contrato firmado el 12 de agosto de 20212 y su respectivo otro sí

Igualmente, se observa que algunos de los requeridos manifestaron que no tuvieron relaciones comerciales con el demandante durante los períodos cuestionados como es el caso de Lift Ingeniería S.A. (fl.5769) y Foto Lourdes Ltda. (fl.5777). Los demás no contestaron antes de la expedición de los requerimientos especiales.

De estos medios de prueba, la Sala considera que los ingresos percibidos por el desarrollo de su actividad comercial fueron causados por fuera de Bogotá. Por tanto, se llega a conclusiones diferentes a las consignadas por la Administración como pasa a explicarse:

Si bien las pruebas demostraron que los productos vendidos eran entregados a clientes que en su mayoría estaban ubicados en Bogotá, lo cierto es que era en Cota donde la sociedad realizaba las operaciones de venta, a través de los pedidos y consecuentes órdenes de compra que los compradores emitían por teléfono, correo electrónico o por la página web, también el precio y la entrega de las mercancías se convenían por la misma vía. Cabe destacar que ninguno de los clientes señaló que los agentes comerciales de la contribuyente tenían la facultad de definir el precio de los productos comercializados, solo Panamericana manifestó que el agente les informaba de las condiciones de la venta, pero no expuso que fuera el representante de la demandante quien establecía el precio de los productos.

En cuanto a la función de los vendedores o asesores comerciales de la demandante, se confirma que estos solo desempeñan funciones de asesoría, apoyo e información (sobre los productos existentes, características y precios), en orden a desarrollar las tareas necesarias para concretar las ventas, sin que estén facultados para fijar precios o conceder descuentos. Además, no en todos los casos los clientes tienen contacto con la demandante mediante sus agentes, y algunos clientes mencionaron que, si bien al principio de las relaciones comerciales tenían asesores, eso no significa que todas las operaciones se realizaran por intermedio de estos, puesto, se reitera, la mayoría de ellos realiza los pedidos por medios telefónicos o por internet.

Se destaca, igualmente, que en los actos la Administración manifiesta que los ingresos adicionados corresponden a 260 clientes (entre personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes) que reportaron en su información exógena operaciones con la demandante, de los cuales solo se requirió en sede administrativa a 17 para concluir que con la información suministrada por ellos se ratifica la totalidad de los datos reportados, cuando algunos expresamente reconocen que no tuvieron operaciones comerciales con la demandante y otros no contestaron los requerimientos. Es por esto que no se puede considerar que la información suministrada por algunos se deba equiparar a la totalidad de los 260.

Así, la Sala reitera que ni el lugar del domicilio del cliente, el de la entrega de los bienes vendidos, ni el lugar desde el cual se realizan los pedidos, pueden tenerse como determinantes del lugar donde se lleva a cabo la actividad comercial, pues, se repite dichos aspectos son distintos al de la comercialización de los bienes, por tanto, son insuficientes para concluir que se ha realizado el hecho generador en una determinada jurisdicción, en este caso, en el Distrito Capital.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 37 del Decreto Distrital 352 de 2002, si el contribuyente demuestra que ejerció la actividad comercial en otro municipio, donde además tiene registrado un establecimiento de comercio y allí tributa por el ejercicio de dichas actividades, la autoridad Distrital no podrá gravarlo por los ingresos obtenidos fuera de su territorio. También debe tenerse en cuenta que el artículo 44 de la misma normativa, estableció, como requisito para excluir de la base gravable del ICA ingresos percibidos fuera del Distrito, que el contribuyente aporte pruebas que den cuenta de que esos ingresos se originaron en otros municipios.

En efecto, la demandante demostró que tenía un establecimiento de comercio registrado en Cota, y que allí declaró y pagó ICA por las actividades de comercio que desarrolló durante los años gravables 2010 y 2011 conforme con sus registros contables, los cuales no fueron desvirtuados por la Administración. Así mismo, aportó las declaraciones por el mismo impuesto y en algunos períodos de los cuestionados en ciudades como Cali, Cúcuta, Barranquilla, Envigado y Medellín.

En ese orden, la Administración no podía presumir que todos los ingresos obtenidos por el desarrollo de la actividad comercial principal de la sociedad en el municipio de Cota, debían declararse en su jurisdicción.

Así las cosas, se confirmará la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, en esta instancia no habrá condena en costas procesales (gastos del proceso y agencias en derecho), porque no fue demostrada su causación según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Confirmar la sentencia apelada, proferida el 6 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

Reconocer personería a la abogada María Yamilet Capera Casas para actuar en el proceso como apoderada de la parte demandada, de conformidad con el poder visible en el folio 7751 del cuaderno principal del expediente.

Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

También se pueden consultar las sentencias del 04 de diciembre de 2019 (exp. 23391, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 04 y del 11 de julio de 2019 (exps. 23178 y 23205, respectivamente, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y del 23 de noviembre de 2018 (exp. 22817, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

Sentencia del 15 de octubre de 2020, exp. 23619 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Ibidem.
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 15 de octubre de 2020, exp 23619 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

Los requeridos fueron: Colombiana de Comercio S.A. (Alkosto), Panamericana Librería y Papelería, Grandes Superficies de Colombia, PC COM S.A., Luis Carlos Parra González, Data Control S.A., Controles Empresariales Ltda., Tecnología Informática TECNIF S.A., Panamericana Outsourcing S.A., Sodimac Colombia, Almacenes éxito S.A.
Los requeridos fueron: Foto Lourdes Ltda., Add Value Solutions S.A.S., Compax International 93 Colombia Ltda., IG Webservices S.A.S., Lift Ingeniería S.A., Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Radicado: 25000-23-37-000-2014-01231-01 (24195)
Acumulado: 25000-23-37-000-2015-00125-00
Demandante: IMPRESISTEM S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

PAGE 16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.