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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-00470-01

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-00470-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso, conforme con lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral SEGUNDO de la sentencia del 25 de mayo del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que quedará así: SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DÉJASE sin efecto la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, presentada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP en el formulario No. 91000111670852 de 16 de mayo de 2011 y ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- DEVOLVER a la demandante la suma de $14.094.413.000, con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del E.T., que se liquidarán según lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2015-00470-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

24 de mayo de 2018

IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO POR HABER DADO CONSEJO O CONCEPTO FUERA DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL – Configuración. Al haberse acreditado que rindió concepto jurídico sobre cuestiones materia del proceso / IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Alcance. Está sujeto a circunstancias de orden subjetivo y objetivo que impiden el ejercicio de la función jurisdiccional / FUNCIÓN JURISDICCIONAL – Noción y Alcance / CAUSALES DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN – Alcance. Son taxativas y su aplicación se debe efectuar de manera restrictiva / IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO POR HABER DADO CONSEJO O CONCEPTO FUERA DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SOBRE CUESTIONES MATERIA DEL PROCESO – Finalidad. Garantiza la imparcialidad del funcionario judicial, como quiera que permite al servidor público desprenderse del conocimiento del asunto

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó estar impedido para conocer del proceso, en virtud de lo establecido en la causal contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Al respecto, expresó que «realizó concepto sobre el contrato de estabilidad jurídica suscrito entre ETB y el Ministerio de Telecomunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones». Con el propósito de asegurar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, la ley ha establecido ciertas circunstancias de orden subjetivo y objetivo que impiden a los funcionarios judiciales conocer de determinados asuntos. Al respecto, ha sostenido esta Corporación que: « […] como quiera que la función jurisdiccional desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las partes de un proceso, solicitar la separación del conocimiento del mismo por razones que pueden llegar a afectar la imparcialidad que lo determina». Se advierte que las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera restrictiva, con respeto a los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial. En el presente asunto, la causal de impedimento invocada, es la consagrada en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del proceso, que establecen: (…) Esta causal tiene como finalidad garantizar la imparcialidad del funcionario judicial, comoquiera que permite al servidor público desprenderse del conocimiento de un asunto determinado, el cual ha conocido anteriormente. De esta manera se respetan las condiciones necesarias para evitar cualquier tipo de mediación de los ánimos subjetivos y personales del operador judicial. La Sala considera que en este caso se encuentra acreditada la configuración de la causal invocada por el Doctor Julio Roberto Piza Rodríguez, toda vez que dio concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, tal como lo precisó el señor Magistrado (Folio 385). Así las cosas, la Sala encuentra fundada la solicitud de impedimento, motivo por el cual, la acepta y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso. En el asunto de fondo, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nº 6283-0039 y 6283-0040 del 26 de agosto de 2013, y sus confirmatorias las Resoluciones Nº 1046 de 25 de julio de 2014 y 1059 de 29 de agosto de 2014, por medio de las cuales la DIAN le negó a la demandante las solicitudes de devolución y/o compensación de la quinta cuota pagada por concepto de la declaración del impuesto sobre el patrimonio y su sobretasa, correspondiente al periodo gravable 2011. Teniendo en cuenta que la Corporación ya se ha pronunciado frente a asuntos con identidad fáctica y jurídica al que ahora se discute, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto en las sentencias del 26 de julio de 2017, Exp. 22757, 2 de marzo de 2017, Exp. 22145, y del 24 de noviembre de 2016, Exp. 21181.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 141 NUMERAL 12

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción y el alcance del ejercicio de la función jurisdiccional desempeñada por los jueces se cita el auto proferido dentro de la acción de grupo conocida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, de 19 de agosto de 2007, Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG-00029), C.P. Enrique Gil Botero

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de configuración de la causal de impedimento o recusación por haber dado concepto o consejo fuera de la actuación judicial sobre cuestiones materia del proceso se reiteran las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 26 de julio de 2007, Exp. 08001-23-33-000-2014-01196-01(22757); de 2 de marzo de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2012-00488-01(22145); de 24 de noviembre de 2016, Exp. 05001-23-31-000-2011-01754-01(21181), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA EN VIGENCIA DE LA LEY 963 DE 2005 – Finalidad / IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1370 DE 2009 – Reiteración de jurisprudencia. Prorrogó y extendió la vigencia del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006, mas no creó un nuevo impuesto / IMPUESTO AL PATRIMONIO – Realmente no fue un nuevo impuesto al señalado en la Ley 1370 de 2009 / CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA FRENTE AL IMPUESTO AL PATRIMONIO – Alcance. La interpretación de la DIAN sobre la Ley 1370 de 2009 implicó una modificación normativa adversa para los inversionistas ya que los obligaba a pagar dicho impuesto / MODIFICACIÓN NORMATIVA ADVERSA EN LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA – Presupuestos. Es lo que sucede cuando la DIAN mediante Concepto pretende que los inversionistas sean sujetos pasivos del impuesto / MODIFICACIÓN NORMATIVA ADVERSA EN LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA - Efectos. Sucede cuando la DIAN mediante Concepto concluye que como era nuevo el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 no amparaba la situación de los contribuyentes que se acogieron al régimen de estabilidad jurídica de la Ley 936 de 2005 / PRORROGA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO DE LA LEY 1111 DE 2006 – Se realizó al expedirse la Ley 1370 de 2009 / SOBRETASA DEL DECRETO 4825 DE 2010 – Alcance. No es sujeto pasivo el contribuyente que haya celebrado contrato de estabilidad jurídica en aplicación de la Ley 963 de 2005

Para resolver este cargo, la Sala advierte que el Congreso de la República expidió la Ley 963 de 2005, con el fin de promover inversiones nuevas, así como ampliar las existentes en el territorio nacional y, en este sentido, mediante la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, el Estado se comprometió a garantizar a los inversionistas que, si durante la vigencia de los acuerdos se modificaba en forma adversa alguna de las normas allí identificadas como determinantes de la inversión, los inversionistas tendrían derecho a que se les continuaran aplicando dichas normas por el término de duración del respectivo contrato. Así lo dispuso el artículo 1° de la Ley 963 de 2005, al señalar: (…) En el presente caso, la Sala observa que, en aplicación de la Ley 963 de 2005, los Decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008, los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. celebró con la Nación - Ministerio de Comunicaciones, el contrato de Estabilidad Jurídica EJ-012 de 4 de marzo de 2009, en el cual se estipuló: «CLÁUSULA CUARTA: Normas Objeto de Estabilidad Jurídica. De conformidad con la cláusula primera, las normas que serán objeto de estabilidad jurídica son las siguientes: (…) Impuesto de Patrimonio. Artículos 292 […], 293 […], 294 […], 295 […] y 296 […] del E.T. (…)».Igualmente, en el mencionado contrato, se acordaron, entre otras, las obligaciones de la Nación, así: (…) Como se advierte, en el contrato se relacionaron las normas objeto de estabilidad jurídica, entre ellas, los artículos 292 a 296 del E.T. que regulan el impuesto de patrimonio por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010 (Ley 1111/06), normas que se consideraron por las partes determinantes para la inversión y, en esas condiciones, la Nación se obligó a que se mantendrían incólumes durante su vigencia y, frente a cualquier modificación adversa, se pactó que no serían aplicables al inversionista. Ahora bien, la Administración sostiene que, en su entender, el impuesto al patrimonio contenido en la Ley 1370 de 2009 es un nuevo impuesto, que no fue objeto de estabilidad jurídica en el mencionado contrato, por lo que la demandante era sujeto pasivo del gravamen, interpretación que sustentó, además, en el Concepto DIAN 098797 de 28 de diciembre de 2010. Al respecto, se destaca que la Sala en sentencia del 30 de agosto de 2016, Exp. 18636, anuló el citado Concepto, con fundamento en las siguientes consideraciones: «La Sala tiene un percepción distinta a la que se expuso en el acto demandado: si el inversionista estabilizó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 (que, como se vio, regía solo para los años 2007-2010), durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica, el legislador no podía expedir una ley que prorrogara la vigencia de ese impuesto, menos si lo hacía con el ardid de que se trataba de un «nuevo impuesto». Eso, a juicio de la Sala, implica una modificación normativa adversa, una modificación del marco normativo, que, de contera, afecta el principio de buena fe. (…) En el sub lite, la interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011). Por cuenta de esa modificación normativa intempestiva en el marco normativo, los inversionistas quedaron obligados a pagar el impuesto al patrimonio del año 2011. (…) La inversión, según lo entiende la Sala de la Ley 963, se proyectaba en un escenario jurídico estable y eso supone decidir cuáles tributos se pagaban durante la vigencia del contrato.

Luego, riñe con el principio de buena que el legislador (al expedir la Ley 1370) y la DIAN (cuando fijó la interpretación de esa ley) desconocen la situación de los inversionistas que celebraron el contrato de estabilidad jurídica de la Ley 963, y los vuelve responsables y contribuyentes del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009. Se repite: no es suficiente que el concepto demandado interprete que la Ley 1370 creó un nuevo impuesto al patrimonio para el año 2011. Lo realmente determinante es que la Ley 1370 prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 y eso constituye una modificación normativa adversa que resulta contraria al principio de buena fe, que rige la relación entre el Estado y el inversionista, máxime cuando el inversionista asumió una carga económica adicional a las que habrían asumido en condiciones ordinarias, conforme con el artículo 5º de la Ley 963. 2.2.2.1 Conclusiones Lo expuesto obliga a que la Sala declare la nulidad de la tesis y la interpretación jurídica establecida para el problema jurídico No. 2 del Concepto No. 098797 del 28 de diciembre de 2010. En síntesis, esa decisión está respaldada en las siguientes conclusiones: i) El Concepto 098797 de 2010, expedido por la DIAN, es un acto normativo, de tipo reglamentario, en tanto fijó la interpretación oficial del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 y determinó la incidencia de ese impuesto en el régimen de estabilidad jurídica regulado por la Ley 963. La DIAN tenía competencia para interpretar la Ley 1370 y definir la incidencia de ese impuesto en el régimen de estabilidad jurídica, sin que eso signifique que esté fijando la interpretación oficial de normas diferentes a las tributarias y que eso genere un grave vicio de falta de competencia. ii) La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111. iii) El régimen de estabilidad jurídica creado por la Ley 963 es un mecanismo para fomentar nuevas inversiones y ampliar las inversiones existentes en un escenario jurídico estable. Los inversionistas que suscriben el contrato de estabilidad jurídica no adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión, durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el contrato. De modo que, a partir de la celebración del contrato, en virtud del principio de buena fe, los inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión, al punto que, luego, no les son oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión. iv) En los términos del artículo 1 de la Ley 963, por modificación normativa se entiende cualquier cambio en el texto de la ley, de la norma reglamentaria que expide el Gobierno Nacional o el cambio de la interpretación vinculante que, en ciertos casos, fija la propia administración, como en el caso de la DIAN. La expedición de la Ley 1370 de 2009 y la interpretación que se plasmó en el acto demandado constituyen una modificación normativa adversa, en cuanto los inversionistas que suscribieron el contrato de estabilidad jurídica estarían obligados a pagar el impuesto al patrimonio de la Ley 1370. v) Si el inversionista estabilizó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111, durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica, el legislador no podía expedir una ley que prorrogara la vigencia de ese impuesto, menos si lo hacía con el ardid de que se trataba de un «nuevo impuesto».

Eso, a juicio de la Sala, implica una modificación normativa adversa, una modificación del marco normativo, que, de contera, afecta el principio de buena fe. vi) La interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011). […]» Conforme con lo aducido, el impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, de manera que la demandante no es sujeto pasivo del mismo, pues al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica sobre ese impuesto cualquier modificación sobre las normas relativas al referido tributo no le son aplicables, lo cual incluye la prórroga del gravamen y, en el mismo sentido, la sobretasa prevista en el Decreto 4825 de 2010, respecto de la cual esta Sala ha precisado lo siguiente: «Así pues, la prohibición de estabilidad no afecta al impuesto al patrimonio de que trata el artículo 1º del Decreto 4825 de 2010 ni, en consecuencia, a la sobretasa dispuesta por el artículo 9º ibídem, dado que la previó como un porcentaje del tributo mismo (25%) y, en esa medida, le dio un alcance meramente accesorio y/o dependiente del impuesto al patrimonio, que le permite plegarse a la misma suerte del concepto principal al cual accede, y que la supedita a la plena existencia de una obligación tributaria sustancial vigente respecto de dicho gravamen. Por tanto, cuando por efecto de la estabilidad jurídica no hay razón para declarar ni pagar el impuesto al patrimonio de una vigencia determinada, como ocurre en el sub lite respecto del correspondiente al año 2011, la sobretasa queda desprovista de presupuesto material de aplicación porque, claramente, no existiría valor a cargo sobre el cual liquidarse». En consecuencia, procede la devolución de la suma de $14.094.413.000 correspondiente a la quinta cuota de lo pagado por la demandante respecto de la declaración del impuesto sobre el patrimonio del año 2011, tal como está probado en el expediente.

FUENTE FORMAL: LEY 1370 DE 2009 / LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2950 DE 2005 / DECRETO 1474 DE 2008 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULOS 292 A 296 / LEY 1111 DE 2006

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prorroga y extensión del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006 mediante la Ley 1370 de 2009 se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 30 de agosto de 2016, Exp. 11001-03-27-000-2011-00003-00(18636), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia del cobro de la sobretasa del decreto 4825 de 2010, al quedar desprovisto el presupuesto material de aplicación de la Ley 1111 de 2006 se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 5 de octubre de 2016, Exp. 05001-23-31-000-2012-00612-01(21012), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E)

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO – Reiteración de jurisprudencia. Alcance. Es procedente solicitarla directamente, sin haberse corregido la declaración tributaria / PAGO DE LO NO DEBIDO – Reglas de procedencia / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO – Objeto. Tiene como propósito probar la inexistencia de un título que contenga la obligación / SOBRETASA DEL DECRETO 4825 DE 2010 – Improcedente. Al quedar desprovista del presupuesto material de aplicación de orden legal / ARGUMENTO NO PLANTEADO EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – Efectos. Da lugar a que el juez lo excluya de la órbita de su conocimiento / INTERESES DE MORA POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO NO DEBIDO – Presupuestos. Son procedentes en los términos del artículo 863 del ET y se deben liquidar en los según lo indicado en el artículo 192 del CPACA / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia. Al no encontrarse probadas en el proceso

La parte demandada adujo en la apelación que, en su entender, no era procedente solicitar directamente la devolución del pago de lo no debido, por cuanto en virtud del artículo 589 del E.T., debía haberse corregido la declaración tributaria, disminuyendo el valor a pagar, o aumentado el saldo a favor, por lo cual no compartía lo decidido por el a quo. Al respecto, la Sala reitera que la normativa tributaria ha establecido la figura del pago de lo no debido a favor de los contribuyentes y al efecto ha señalado las reglas para su procedencia, sin que dentro de las mismas se prevea como requisito la corrección de la declaración privada. Lo anterior, por cuanto el pago de lo no debido es el que se efectúa «sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento», de tal manera que la solicitud de devolución solo tiene por objeto probar «la inexistencia de un título que contenga la obligación». Por ello, como lo ha señalado la Sala en reciente providencia, por tratarse de una declaración que no produce efectos, mal puede exigirse que antes de presentarse la solicitud de devolución, deba cumplirse el trámite previsto en el artículo 589 del E.T., para la corrección de las declaraciones que disminuyen el impuesto a pagar o aumentan el saldo a favor. En cuanto a lo aducido por la recurrente para sustentar en forma adicional la procedencia de la sobretasa, relativo a que la demandante no acreditó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de estabilidad jurídica, la Sala reitera que por efecto de dicha estabilidad no hay razón para declarar ni pagar el impuesto al patrimonio del año 2011, por lo cual la sobretasa queda desprovista de presupuesto material de aplicación. Además, el tema referente a la prueba del cumplimiento del contrato es un tópico que no fue planteado en la contestación de la demanda, por lo que escapa de la órbita del juez resolver un aspecto sobre el cual la contraparte no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción. Ahora bien, la entidad demanda solicitó subsidiariamente en el recurso de apelación, que se modifique el fallo recurrido, en relación con la orden de pagar intereses moratorios. Tal petición no está llamada a prosperar, por cuanto para las devoluciones de los pagos de lo no debido en materia tributaria existe normativa especial aplicable, contenida en los artículos 850 ss. del E.T., en concordancia con el artículo 863 ib. En efecto, acorde con lo señalado, en relación con los intereses procedentes, la Sala observa que la normativa tributaria contempla de manera especial los intereses que se derivan de la devolución del pago de lo no debido, según lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario. De conformidad con lo anterior, procede la devolución de la suma de $14.094.413.000, correspondiente al valor pagado como está probado en el expediente, junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario. Para la liquidación de los intereses corrientes se tendrá en cuenta desde el 27 de agosto de 2013, fecha de notificación de los actos que negaron las solicitudes devolución hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Los intereses de mora proceden en los términos indicados en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, a partir de la ejecutoria de este fallo, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación. De acuerdo con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda, sin embargo, modificará el numeral segundo del fallo en lo relativo a que los intereses se liquidan conforme con lo indicado.

En relación con el escrito presentado por la parte demandada, recibido por el Despacho el 21 de mayo de 2018 (folios 382 a 384 c.p.), la Sala advierte que desde el 11 de mayo de esta anualidad se registró proyecto de fallo ante la secretaría de la Sección, de manera que lo solicitado se atiende con esta sentencia. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, como quiera que no se encuentran probadas en el proceso.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 589 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 863 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las reglas de procedencia de la figura del pago de lo no debido en materia tributaria se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 11 de noviembre de 2009, Exp. 25000-23-27-000-2005-00326-01(16655), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 13 de junio de 2013, Exp. 25000-23-27-000-2005-01939-01(16567) y 25000-23-27-000-2008-00058-01(17973), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 30 de septiembre de 2013, Exp. 76001-23-31-000-2012-00349-01(20173), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de necesidad de la corrección de la declaración privada para efecto de la devolución de pago de lo no debido se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 10 de mayo de 2018, Exp. 25000-23-37-000-2013-01541-01(23248), C.P. Milton Chaves García

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para liquidar los intereses de mora por devolución de pago de lo no debido se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 2 de marzo de 2017, Exp. 08001-23-31-000-2012-00488-01(22145), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-37-000-2015-00470-01(23244)

Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Nos. 6283-0040 de 26 de agosto de 2013, 6283-0039 de 26 de agosto de 2013, 1046 de 25 de julio de 2014 y 1059 de 29 de agosto de 2014 proferidas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DÉJASE sin efecto la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, presentada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP en el formulario No. 91000111670852 de 16 de mayo de 2011 y ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- DEVOLVER a la demandante la suma de $14.094.413.000, más los intereses corrientes y moratorios de que trata el artículo 863 del ET.

[…]»

ANTECEDENTES

El 4 de marzo de 2009, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. ES.P. celebró el contrato de estabilidad jurídica No. EJ-012, con la Nación - Ministerio de Comunicaciones, para desarrollar un proyecto de inversión consistente en la «adquisición por parte del inversionista de equipos clasificados como medios de acceso a nivel nacional, de acceso y backbone, de clientes -CPEs-, para el aumento de la capacidad en el nodo de internet, redes de transporte de alta velocidad nacional y cable submarino, con el fin de masificar la banda ancha nacional». En dicho contrato se garantizó la estabilidad de varias normas, entre ellas, los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del Estatuto Tributario, normas que fueron modificadas por la Ley 1111 de 2006 que creó el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010.

El 30 de diciembre de 2009 se expidió la Ley 1370, que adicionó al Estatuto Tributario los artículos 292-1, 293-1, 294-1, 295-1 y 296-1, en los cuales estableció el impuesto al patrimonio para el año gravable 2011.

El 28 de diciembre de 2010, la División de Doctrina de la DIAN, expidió el Concepto No. 098797, mediante el cual señaló que «el nuevo impuesto sobre el patrimonio, creado por la Ley 1370 de 2009 y que se causa el 1º de enero de 2011, es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005».

El 16 de mayo de 2011, ETB S.A. E.S.P. presentó la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2011, en la que liquidó un valor total de $112.755.303.000, correspondientes a $90.204.242.000 por concepto de impuesto y $22.551.061.000 a título de sobretasa. Realizó el pago de la quinta cuota el 16 de mayo de 2013, por valor de $14.094.413.000.

El 17 de junio de 2013, ETB S.A. E.S.P. solicitó la devolución y/o compensación por pago de no lo debido de la quinta cuota pagada por concepto del impuesto sobre el patrimonio, en virtud de la existencia del contrato de estabilidad jurídica antes mencionado, razón por la cual no estaba obligada a presentar declaración. La solicitud fue declarada improcedente por la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, a través de las Resoluciones Nº 6283-0039 y 6283-0040 de 26 de agosto de 2013.

Contra las anteriores decisiones la demandante interpuso sendos recursos de reconsideración, que fueron resueltos por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, a través de las Resoluciones Nº 1046 de 25 de julio de 2014 y 1059 de 29 de agosto de 2014, en el sentido de confirmar los actos recurridos.

DEMANDA

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.-ETB S.A. E.S.P.-, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución Nº 6283-0040 del 26 de agosto de 2013, por medio de la cual se niega una solicitud de devolución, proferida por la División de Gestión de recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Resolución Nº 1046 del 25 de julio de 2014, por la cual se decide un recurso de reconsideración y se confirma la anterior resolución, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

Resolución Nº 6283-0039 del 26 de agosto de 2013 por medio de la cual se niega una solicitud de devolución, proferida por la División de Gestión de recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

Resolución Nº 1059 del 29 de agosto de 2014, por la cual se decide un recurso de reconsideración y se confirma la anterior resolución, proferida por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

2. Que en consecuencia se restablezca el derecho a la sociedad ordenando a la entidad demandada que devuelva las sumas solicitadas, junto con los intereses legalmente causados.»

La demandante invocó como normas violadas las siguientes:

Artículos 6, 29, 95, 230 y 363 de la Constitución Política.
Artículo 850 del Estatuto Tributario.
Artículo 42 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 1º de la Ley 963 de 2005.
Artículo 9 del Decreto Legislativo 4825 de 2010.
Decreto 1000 de 1997.
Orden Administrativa 004 de 2002.

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La demandante manifestó que en el contrato de estabilidad jurídica, el Gobierno Nacional reconoció e incluyó como parte de los compromisos adquiridos la estabilidad en lo relativo al impuesto sobre el patrimonio, específicamente, los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del Estatuto Tributario, modificados por la Ley 1111 de 2006.

Indicó que el propósito de ETB al solicitar el contrato de estabilidad de las normas relativas al impuesto al patrimonio fue que tal tributo no se prorrogara o aplicara con posterioridad al año 2010.

Señaló que el régimen de estabilidad jurídica implica que las modificaciones adversas (como ocurre con la Ley 1370 de 2009, que prorrogó el impuesto al patrimonio a partir del año 20011) respecto de las normas incluidas en el contrato de estabilidad, no le son aplicables a los inversionistas amparados por este régimen previsto en la Ley 963 de 2005.

Adujo que el referido impuesto regulado por la Ley 1111 de 2006 era temporal y que, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, el Estado debe garantizar al inversionista que suscriba los contratos de estabilidad jurídica, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa alguna de las normas que hicieron parte del contrato, tendrá derecho a que se le continúen aplicando las normas estabilizadas.

Explicó que, en relación con la estabilización de normas de vigencia limitada, los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005 precisaron que cuando ese tipo de normas se estabilizaran, solo serían exigibles durante la vigencia de la norma y no más allá dentro del término de vigencia del contrato.

Indicó que al haberse incluido como estabilizadas las normas del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006, que previeron una duración temporal por los años 2007 a 2010, no es procedente que el Estado determinara que ETB es contribuyente del tributo establecido por la Ley 1370 de 2009, que extendió su vigencia a los años 2011 a 2014.
Sostuvo que la DIAN, a través del Concepto No. 098797 de 28 de diciembre de 2010 (que sirvió de sustento para negar la devolución), concluyó que el impuesto sobre el patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009, sí se aplicaba a los contribuyentes que hubieran suscrito contratos de estabilidad jurídica en relación con ese tributo, sin tener competencia para pronunciarse sobre tales contratos, por no ser parte en los mismos.

Consideró que la interpretación de la DIAN vulnera la Ley 963 de 2005, por cuanto aplicó erradamente su propia posición, al aceptar que el documento CONPES 3406 fue el que determinó el tratamiento aplicable frente a las normas de vigencia limitada, pero, a pesar de ello, concluye que las disposiciones del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009 son obligatorias, aún para aquellos contribuyentes que hubieran suscrito contratos de estabilidad jurídica en relación con el referido tributo establecido por la Ley 1111 de 2006.

Aseguró que, en aplicación del citado documento CONPES, el impuesto sobre el patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006, sólo podría haber sido aplicable hasta el año 2010, al tratarse de un tributo de carácter temporal y teniendo en cuenta que la Ley 1370 de 2009 solamente prorrogó en el tiempo dicho impuesto.

Adujo que el efecto de la estabilidad es reconocerle a ETB que solo le sea aplicable el impuesto al patrimonio regulado en la norma estabilizada y durante su vigencia, y no el establecido con el fin de extender la vida del tributo.

Afirmó que el hecho de que la Ley 1370 de 2009 haya modificado algunos elementos del tributo, no implica que se esté en presencia de un nuevo impuesto.

Refirió que en el trámite de creación de la norma en el Congreso se estudió la implicación del impuesto al patrimonio prorrogado por la Ley 1370 de 2009, al señalar que el Gobierno dejaba constancia de que en el 2011 se daría una importante pérdida de dinamismo de los ingresos del Estado con la expiración del referido tributo de que trataba la Ley 1111 de 2006, lo cual implica que se trataba de una extensión del mismo.

Argumentó que, conforme con lo señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 17 de julio de 2013, al decidir un caso similar, la Ley 1370 de 2009 no creó un impuesto al patrimonio, sino que se trató de una prórroga a aquel contemplado en la Ley 1111 de 2006, a pesar de las modificaciones contenidas en la nueva normativa.

Por otra parte, indicó que en los actos administrativos demandados se aplicó indebidamente el artículo 9 del Decreto Legislativo 4825 de 2010, en relación con la sobretasa del impuesto sobre el patrimonio, pues para ésta se fijó como base gravable el impuesto causado según las reglas contenidas en la Ley 1370 de 2009, tributo que no está obligado a declarar y pagar.

Explicó que no se puede desconocer que la base gravable de la sobretasa era el impuesto sobre el patrimonio establecido por la Ley 1370 de 2009, del cual no es contribuyente.

Afirmó que ETB realizó un pago de lo no debido, que debió ser objeto de devolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 850 y el Decreto 1000 de 1997, pues el Estado no cuenta con un título para su apropiación, al haberse causado sin sustento legal.

Finalmente adujo falta de motivación en relación con los actos que negaron la devolución.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Afirmó que al hacer un comparativo entre los elementos del impuesto al patrimonio creado por la Ley 1111 de 2006, y el creado por la Ley 1370 de 2009 se puede establecer que, si bien coinciden en algunos, estos no comparten los elementos esenciales, motivo por el cual se trata de tributos sustancialmente diferentes.

Señaló que ETB estaba obligado a pagar el impuesto, ya que no está cubierto por el contrato de estabilidad jurídica, debido a que el mismo no comprende las normas de la Ley 1370 de 2009, pues éstas crearon un nuevo impuesto por el año 2011, distinto al que se venía aplicando en virtud de la Ley 1111 de 2006.

Indicó que la ley dispuso expresamente que se creaba el tributo, porque reguló de manera especial los nuevos elementos de la obligación tributaria, tales como la causación a partir del 1º de enero de 2011, la determinación de la base gravable descrita de manera distinta y la aplicación de la tarifa diferente en cada caso, lo que determina el carácter novedoso del tributo.

Anotó que la Ley 1370 de 2009 adicionó al Estatuto Tributario nuevos artículos, mientras que la Ley 1111 hizo referencia a normas distintas como los artículos 292 a 296, de modo que si a éstos hizo referencia expresa el contrato de estabilidad jurídica que invoca la contribuyente, en dicho texto no se incluyeron las normas de que trata la nueva ley que creó el impuesto, mas no lo prolongó.

Adujo que el contrato de estabilidad jurídica implica que al inversionista no se le apliquen las modificaciones hechas al texto de las normas estabilizadas, pero no hace referencia a la imposibilidad de aplicar nuevos tributos, como el creado por la Ley 1370 de 2011.

Expresó que, de acuerdo con el documento CONPES 3406 de 2005, las normas de vigencia limitada que hayan sido incorporadas en el contrato de estabilidad jurídica, como las contenidas en la Ley 1111 de 2006, gozan de la protección que ofrece dicho contrato por el término de su vigencia y no más allá, motivo por el cual se dio aplicación a lo establecido por la Ley 963 de 2005, en la medida en que se exigió el pago de un nuevo impuesto al patrimonio en aplicación de los criterios fijados por la Ley 1370 de 2011.

Adujo que conforme con los Conceptos 098797 de 28 de diciembre de 2010, y 012846 de 29 de febrero de 2012, la DIAN precisó que « […] el impuesto al patrimonio creado mediante la Ley 1370 de 2009 es un nuevo impuesto “que se causa el 1º de enero de 2011, […] aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005.
[…]
La intención del legislador ha sido aplicar “sin ninguna excepción el nuevo gravamen a todas las personas y entidades calificadas por la misma ley como contribuyentes, aún aquellas que al momento de expedición hubieren suscrito un acuerdo de estabilidad jurídica”.»

Expresó que la Administración Tributaria negó por improcedente la solicitud de devolución por pago de lo no debido de la quinta cuota del impuesto al patrimonio, y su sobretasa del año 2011, al establecer que es sujeto pasivo del tributo, en razón a que dentro de las normas estabilizadas no figuran las consagradas en la Ley 1370 de 2009.

Respecto de la sobretasa, afirmó que constituye un tributo creado bajo un estado de excepción, y por lo tanto no puede entenderse estabilizada de conformidad con lo consagrado por el artículo 11 de la Ley 963 de 2005.

Adujo que la referida norma determinó que los tributos que se decreten bajo estados de excepción no pueden ser objeto de estabilización, motivo por el cual las sumas que ETB pagó por ese concepto, no constituyen pago de lo no debido que pueda ser objeto de devolución. Además, aclaró que la declaración presentada por la contribuyente produce efectos legales, pues la sobretasa se debía declarar y pagar a través del formulario dispuesto para el impuesto al patrimonio y, al ser válida tal declaración, no se podía pedir directamente la devolución del supuesto pago de lo no debido, sino solicitar la expedición de una liquidación de corrección, conforme con lo previsto en el artículo 589 del E.T.

AUDIENCIA INICIAL

El 7 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales, nulidades y no se propusieron excepciones previas ni se solicitaron medidas cautelares, por lo cual, al encontrarse saneado el proceso, se decretaron las pruebas pertinentes y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión. El litigio se concretó en el examen de legalidad de las Resoluciones Nº 6283-0040 y 6283-0039 del 26 de agosto de 2013, por las cuales la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes negó a la actora las solicitudes de devolución de pago de lo no debido generado por el impuesto al patrimonio y sobretasa del año gravable 2011 (quinta cuota), y sus confirmatorias.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en sentencia del 25 de mayo del 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que, de acuerdo con la sentencia del 30 de agosto de 2016, mediante la cual el Consejo de Estado anuló parcialmente el Concepto DIAN Nº 098797 de 28 de septiembre de 2010, es claro que la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó la vigencia del tributo regulado por la Ley 1111 de 2006, de manera que tales normas están amparadas por el régimen de estabilidad jurídica establecido por la Ley 963 de 2005.

Consideró que, por virtud del contrato de estabilidad jurídica EJ-012 de 2009, suscrito por la demandante con el Gobierno Nacional, se le garantizó que las normas que determinaban el impuesto en mención, esto es, las contenidas en el Estatuto Tributario por disposición de la Ley 1111 de 2006, se le aplicarían hasta su vencimiento en el año 2010, sin embargo, la actora no podía quedar sujeta al mismo impuesto para el año 2011 con fundamento en la Ley 1370, por cuanto esta lo prorrogó, lo que significa que las modificaciones efectuadas con posterioridad no le son aplicables.

En relación con la sobretasa, afirmó que si bien el artículo 11 de la Ley 963 de 2005 prohíbe conceder estabilidad jurídica respecto de los tributos que el Gobierno decreta bajo los estados de excepción, tal circunstancia no se extiende a la demandante, pues el Decreto 4825 de 2010 es claro en señalar que la sobretasa recae sobre los contribuyentes del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009, calidad de la que carece la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

Así, indicó que la actora no estaba obligada a presentar la declaración del impuesto al patrimonio por el año gravable 2011 (que declara sin efecto), motivo por el cual es procedente la devolución de las sumas pagadas por concepto de tal tributo (tal como se acredita con los recibos de pago que obran en el expediente), junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente:

Solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, por cuanto insistió en que, por virtud de lo dispuesto por la Ley 963 de 2005 y los documentos CONPES Nº 3366 y 3406 del 2005, cuando una norma tenga una vigencia menor a la duración del contrato, solo estará protegida con la estabilización por ese término, por lo cual en este caso, como el contrato de estabilidad jurídica tiene una duración de 20 años, y la norma amparada tenía una vigencia hasta el año 2010, el impuesto al patrimonio establecido por la Ley 1111 de 2006 estaba protegido sólo hasta ese año.

Luego de hacer un comparativo entre los elementos del impuesto al patrimonio establecido por la Ley 1111 de 2006, y el dispuesto por la Ley 1370 de 2009, indicó que se trata de un nuevo impuesto, distinto del que se venía aplicando, no solo porque la Ley 1370 de 2009 indicó expresamente que se trataba de la creación del tributo, sino porque regula de manera especial los nuevos elementos de la obligación, tales como la causación a partir del 1º de enero de 2011, la determinación de la base gravable descrita de manera distinta y la aplicación de la tarifa diferente en cada caso, todo lo que demuestra el carácter novedoso del impuesto en los aspectos sustanciales.

Afirmó que las normas incorporadas al Estatuto Tributario a través de la Ley 1370 de 2009 como un nuevo impuesto sobre el patrimonio, que establecieron nuevos elementos, tales como, el sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa, no hicieron parte del contrato de estabilidad jurídica EJ 012 de 2009 suscrito por la demandante, en el que se aprobaron y ampararon solamente los artículos 292 a 296, regulados por la Ley 1111 de 2006.

Refirió que conforme con los antecedentes legislativos de la Ley 1370, se deduce que el impuesto sobre el patrimonio fue establecido para el año gravable 2011 como un nuevo tributo, pues si la intención era exonerar a los inversionistas que hubieren suscrito contratos de estabilidad jurídica, así hubiera quedado plasmado en el texto definitivo de la ley, en aplicación del principio de legalidad.

Respecto de la sobretasa, aseguró que el Tribunal pasó por alto que esta fue creada bajo un estado de excepción, por lo cual no era objeto de estabilización de conformidad con lo consagrado por el artículo 11 de la Ley 963 de 2005, de manera que la declaración y pago presentados por la contribuyente surte efecto legal, pues así lo determinó la ley. Sobre el tema, adujo que se debe considerar que el Decreto 4825 de 2010 creó la sobretasa bajo un estado de excepción, así como las limitaciones legales a los contratos de estabilidad, entre otras, que no se puede predicar “de las nuevas leyes”, y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, respecto de los cuales dice que la actora omitió su deber de probarlas.

Solicitó que, si eventualmente el Consejo de Estado considera que ETB no se encontraba en la obligación de pagar el impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009, se declare que la actora sí es responsable de declarar y pagar la sobretasa establecida por el Decreto Ley 4825 de 2010, pues, reiteró, dicha norma no puede ser objeto de contratos estabilización jurídica, por haber sido expedida en virtud de un estado de excepción.

Al respecto manifestó que al ser válida la declaración presentada por la demandante por el año gravable 2011, no era procedente solicitar directamente la devolución del pago de lo no debido, por cuanto dentro de tal declaración se encontraba la sobretasa y, en virtud del artículo 589 del E.T., debía haberse solicitado la expedición de una liquidación oficial de corrección.

Finalmente, de manera subsidiaria, pidió que en caso de que no prosperen los cargos de la apelación, se modifique la decisión de primera instancia, en lo relativo al pago de intereses moratorios.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante reiteró los argumentos que sustentaron la demanda.

La demandada insistió en lo expuesto en el recurso de apelación.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada.

Señaló que conforme con el contrato de estabilidad jurídica, la sociedad actora no podía quedar sujeta al impuesto al patrimonio exigido para el año 2011 con base en la Ley 1370 de 2009, por cuanto se trataba de un periodo gravable que se generó como consecuencia de la modificación a las normas objeto de estabilización, consistente en extender los periodos del tributo, lo cual contrariaba el propósito de la estabilidad, relativo a que se le mantuvieran inmodificables las normas vigentes cuando suscribió el contrato.

Afirmó que la contribuyente no estaba obligada a presentar la declaración del impuesto al patrimonio por el año 2011, razón por la cual debía dejarse sin efectos la presentada en dicho periodo, acorde con lo dispuesto por el artículo 594-2 del E.T., tal como lo decidió el Tribunal. Al carecer de efectos, no puede exigírsele a la actora corrección alguna de la declaración privada, para obtener la devolución a la que tiene derecho.

En cuanto a la sobretasa, advirtió que como se liquida sobre el impuesto al patrimonio y este resulta inaplicable para el año 2011, carece de base para calcularla, «lo cual no vulnera la prohibición del artículo 11 de la Ley 963 de 2005, por cuanto esta norma se refiere a no conceder estabilidad jurídica sobre impuestos creados en virtud de la emergencia económica, aspecto que no ocurrió en este caso, pues fue otorgada antes de que se declarara y las normas del Decreto 4285 de 2010, no dispusieron ninguna aplicación retroactiva para desconocerla o abolir aquellas que se hubieran concedido.»

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Consideración previa. Impedimento

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó estar impedido para conocer del proceso, en virtud de lo establecido en la causal contenida en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Al respecto, expresó que «realizó concepto sobre el contrato de estabilidad jurídica suscrito entre ETB y el Ministerio de Telecomunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones».

Con el propósito de asegurar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, la ley ha establecido ciertas circunstancias de orden subjetivo y objetivo que impiden a los funcionarios judiciales conocer de determinados asuntos.

Al respecto, ha sostenido esta Corporación que: « […] como quiera que la función jurisdiccional desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una serie de causales que permiten al propio operador judicial o a las partes de un proceso, solicitar la separación del conocimiento del mismo por razones que pueden llegar a afectar la imparcialidad que lo determina».

Se advierte que las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera restrictiva, con respeto a los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial.

En el presente asunto, la causal de impedimento invocada, es la consagrada en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del proceso, que establecen:

«ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
[…]
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.
[…].»

Esta causal tiene como finalidad garantizar la imparcialidad del funcionario judicial, comoquiera que permite al servidor público desprenderse del conocimiento de un asunto determinado, el cual ha conocido anteriormente. De esta manera se respetan las condiciones necesarias para evitar cualquier tipo de mediación de los ánimos subjetivos y personales del operador judicial.

La Sala considera que en este caso se encuentra acreditada la configuración de la causal invocada por el Doctor Julio Roberto Piza Rodríguez, toda vez que dio concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, tal como lo precisó el señor Magistrado (Folio 385).

Así las cosas, la Sala encuentra fundada la solicitud de impedimento, motivo por el cual, la acepta y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso.

En el asunto de fondo, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nº 6283-0039 y 6283-0040 del 26 de agosto de 2013, y sus confirmatorias las Resoluciones Nº 1046 de 25 de julio de 2014 y 1059 de 29 de agosto de 2014, por medio de las cuales la DIAN le negó a la demandante las solicitudes de devolución y/o compensación de la quinta cuota pagada por concepto de la declaración del impuesto sobre el patrimonio y su sobretasa, correspondiente al periodo gravable 2011.

Teniendo en cuenta que la Corporación ya se ha pronunciado frente a asuntos con identidad fáctica y jurídica al que ahora se discute, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto en las sentencias del 26 de julio de 2017, Exp. 22757, 2 de marzo de 2017, Exp. 22145, y del 24 de noviembre de 2016, Exp. 21181.

Sujeción pasiva de la demandante al impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009, en virtud del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la Nación – Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

Para resolver este cargo, la Sala advierte que el Congreso de la República expidió la Ley 963 de 2005, con el fin de promover inversiones nuevas, así como ampliar las existentes en el territorio nacional y, en este sentido, mediante la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, el Estado se comprometió a garantizar a los inversionistas que, si durante la vigencia de los acuerdos se modificaba en forma adversa alguna de las normas allí identificadas como determinantes de la inversión, los inversionistas tendrían derecho a que se les continuaran aplicando dichas normas por el término de duración del respectivo contrato.

Así lo dispuso el artículo 1° de la Ley 963 de 2005, al señalar:

«ARTÍCULO 1o. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA.

Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.

Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.

Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente.»

En el presente caso, la Sala observa que, en aplicación de la Ley 963 de 2005, los Decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008, los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. celebró con la Nación - Ministerio de Comunicaciones, el contrato de Estabilidad Jurídica EJ-012 de 4 de marzo de 2009, en el cual se estipuló: «CLÁUSULA CUARTA: Normas Objeto de Estabilidad Jurídica. De conformidad con la cláusula primera, las normas que serán objeto de estabilidad jurídica son las siguientes: (…) Impuesto de Patrimonio. Artículos 292 […], 293 […], 294 […], 295 […] y 296 […] del E.T. (…)».

Igualmente, en el mencionado contrato, se acordaron, entre otras, las obligaciones de la Nación, así:

«CLAUSULA SÉPTIMA. Obligaciones de la Nación. La NACIÓN se obliga a: -1 Garantizar al INVERSIONISTA que, durante todo el término de duración del contrato se le continuarán aplicando las normas a que se refiere la cláusula cuarta, consideradas como determinantes de la inversión, en el evento de que tales normas sean modificadas en forma adversa a aquél, (…)».

Como se advierte, en el contrato se relacionaron las normas objeto de estabilidad jurídica, entre ellas, los artículos 292 a 296 del E.T. que regulan el impuesto de patrimonio por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010 (Ley 1111/06), normas que se consideraron por las partes determinantes para la inversión y, en esas condiciones, la Nación se obligó a que se mantendrían incólumes durante su vigencia y, frente a cualquier modificación adversa, se pactó que no serían aplicables al inversionista.

Ahora bien, la Administración sostiene que, en su entender, el impuesto al patrimonio contenido en la Ley 1370 de 2009 es un nuevo impuesto, que no fue objeto de estabilidad jurídica en el mencionado contrato, por lo que la demandante era sujeto pasivo del gravamen, interpretación que sustentó, además, en el Concepto DIAN 098797 de 28 de diciembre de 2010.

Al respecto, se destaca que la Sala en sentencia del 30 de agosto de 2016, Exp. 18636, anuló el citado Concepto, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«La Sala tiene un percepción distinta a la que se expuso en el acto demandado: si el inversionista estabilizó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 (que, como se vio, regía solo para los años 2007-2010), durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica, el legislador no podía expedir una ley que prorrogara la vigencia de ese impuesto, menos si lo hacía con el ardid de que se trataba de un «nuevo impuesto». Eso, a juicio de la Sala, implica una modificación normativa adversa, una modificación del marco normativo, que, de contera, afecta el principio de buena fe.
(…)

En el sub lite, la interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011). Por cuenta de esa modificación normativa intempestiva en el marco normativo, los inversionistas quedaron obligados a pagar el impuesto al patrimonio del año 2011.
(…)

La inversión, según lo entiende la Sala de la Ley 963, se proyectaba en un escenario jurídico estable y eso supone decidir cuáles tributos se pagaban durante la vigencia del contrato. Luego, riñe con el principio de buena que el legislador (al expedir la Ley 1370) y la DIAN (cuando fijó la interpretación de esa ley) desconocen la situación de los inversionistas que celebraron el contrato de estabilidad jurídica de la Ley 963, y los vuelve responsables y contribuyentes del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009.

Se repite: no es suficiente que el concepto demandado interprete que la Ley 1370 creó un nuevo impuesto al patrimonio para el año 2011. Lo realmente determinante es que la Ley 1370 prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 y eso constituye una modificación normativa adversa que resulta contraria al principio de buena fe, que rige la relación entre el Estado y el inversionista, máxime cuando el inversionista asumió una carga económica adicional a las que habrían asumido en condiciones ordinarias, conforme con el artículo 5º de la Ley 963.

Conclusiones

Lo expuesto obliga a que la Sala declare la nulidad de la tesis y la interpretación jurídica establecida para el problema jurídico No. 2 del Concepto No. 098797 del 28 de diciembre de 2010. En síntesis, esa decisión está respaldada en las siguientes conclusiones:

El Concepto 098797 de 2010, expedido por la DIAN, es un acto normativo, de tipo reglamentario, en tanto fijó la interpretación oficial del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 y determinó la incidencia de ese impuesto en el régimen de estabilidad jurídica regulado por la Ley 963. La DIAN tenía competencia para interpretar la Ley 1370 y definir la incidencia de ese impuesto en el régimen de estabilidad jurídica, sin que eso signifique que esté fijando la interpretación oficial de normas diferentes a las tributarias y que eso genere un grave vicio de falta de competencia.

La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió, prorrogó, la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 esté amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963, por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

El régimen de estabilidad jurídica creado por la Ley 963 es un mecanismo para fomentar nuevas inversiones y ampliar las inversiones existentes en un escenario jurídico estable. Los inversionistas que suscriben el contrato de estabilidad jurídica no adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión, durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el contrato. De modo que, a partir de la celebración del contrato, en virtud del principio de buena fe, los inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión, al punto que, luego, no les son oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión.

En los términos del artículo 1 de la Ley 963, por modificación normativa se entiende cualquier cambio en el texto de la ley, de la norma reglamentaria que expide el Gobierno Nacional o el cambio de la interpretación vinculante que, en ciertos casos, fija la propia administración, como en el caso de la DIAN.

La expedición de la Ley 1370 de 2009 y la interpretación que se plasmó en el acto demandado constituyen una modificación normativa adversa, en cuanto los inversionistas que suscribieron el contrato de estabilidad jurídica estarían obligados a pagar el impuesto al patrimonio de la Ley 1370.

Si el inversionista estabilizó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111, durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica, el legislador no podía expedir una ley que prorrogara la vigencia de ese impuesto, menos si lo hacía con el ardid de que se trataba de un «nuevo impuesto». Eso, a juicio de la Sala, implica una modificación normativa adversa, una modificación del marco normativo, que, de contera, afecta el principio de buena fe.

La interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 (para que pudiera cobrarse en el año 2011).
[…]» (destacado fuera de texto)

Conforme con lo aducido, el impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, de manera que la demandante no es sujeto pasivo del mismo, pues al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica sobre ese impuesto cualquier modificación sobre las normas relativas al referido tributo no le son aplicables, lo cual incluye la prórroga del gravamen y, en el mismo sentido, la sobretasa prevista en el Decreto 4825 de 2010, respecto de la cual esta Sala ha precisado lo siguiente:

«Así pues, la prohibición de estabilidad no afecta al impuesto al patrimonio de que trata el artículo 1º del Decreto 4825 de 2010 ni, en consecuencia, a la sobretasa dispuesta por el artículo 9º ibídem, dado que la previó como un porcentaje del tributo mismo (25%) y, en esa medida, le dio un alcance meramente accesorio y/o dependiente del impuesto al patrimonio, que le permite plegarse a la misma suerte del concepto principal al cual accede, y que la supedita a la plena existencia de una obligación tributaria sustancial vigente respecto de dicho gravamen.

Por tanto, cuando por efecto de la estabilidad jurídica no hay razón para declarar ni pagar el impuesto al patrimonio de una vigencia determinada, como ocurre en el sub lite respecto del correspondiente al año 2011, la sobretasa queda desprovista de presupuesto material de aplicación porque, claramente, no existiría valor a cargo sobre el cual liquidarse». (Subraya la Sala)

En consecuencia, procede la devolución de la suma de $14.094.413.000 correspondiente a la quinta cuota de lo pagado por la demandante respecto de la declaración del impuesto sobre el patrimonio del año 2011, tal como está probado en el expediente.

La parte demandada adujo en la apelación que, en su entender, no era procedente solicitar directamente la devolución del pago de lo no debido, por cuanto en virtud del artículo 589 del E.T., debía haberse corregido la declaración tributaria, disminuyendo el valor a pagar, o aumentado el saldo a favor, por lo cual no compartía lo decidido por el a quo.

Al respecto, la Sala reitera que la normativa tributaria ha establecido la figura del pago de lo no debido a favor de los contribuyentes y al efecto ha señalado las reglas para su procedencia, sin que dentro de las mismas se prevea como requisito la corrección de la declaración privada.

Lo anterior, por cuanto el pago de lo no debido es el que se efectúa «sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento», de tal manera que la solicitud de devolución solo tiene por objeto probar «la inexistencia de un título que contenga la obligación».

Por ello, como lo ha señalado la Sala en reciente providencia, por tratarse de una declaración que no produce efectos, mal puede exigirse que antes de presentarse la solicitud de devolución, deba cumplirse el trámite previsto en el artículo 589 del E.T., para la corrección de las declaraciones que disminuyen el impuesto a pagar o aumentan el saldo a favor.

En cuanto a lo aducido por la recurrente para sustentar en forma adicional la procedencia de la sobretasa, relativo a que la demandante no acreditó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de estabilidad jurídica, la Sala reitera que por efecto de dicha estabilidad no hay razón para declarar ni pagar el impuesto al patrimonio del año 2011, por lo cual la sobretasa queda desprovista de presupuesto material de aplicación. Además, el tema referente a la prueba del cumplimiento del contrato es un tópico que no fue planteado en la contestación de la demanda, por lo que escapa de la órbita del juez resolver un aspecto sobre el cual la contraparte no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción.

Ahora bien, la entidad demanda solicitó subsidiariamente en el recurso de apelación, que se modifique el fallo recurrido, en relación con la orden de pagar intereses moratorios. Tal petición no está llamada a prosperar, por cuanto para las devoluciones de los pagos de lo no debido en materia tributaria existe normativa especial aplicable, contenida en los artículos 850 ss. del E.T., en concordancia con el artículo 863 ib.

En efecto, acorde con lo señalado, en relación con los intereses procedentes, la Sala observa que la normativa tributaria contempla de manera especial los intereses que se derivan de la devolución del pago de lo no debido, según lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

De conformidad con lo anterior, procede la devolución de la suma de $14.094.413.000, correspondiente al valor pagado como está probado en el expediente, junto con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario. Para la liquidación de los intereses corrientes se tendrá en cuenta desde el 27 de agosto de 2013, fecha de notificación de los actos que negaron las solicitudes devolución hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Los intereses de mora proceden en los términos indicados en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, a partir de la ejecutoria de este fallo, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

De acuerdo con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda, sin embargo, modificará el numeral segundo del fallo en lo relativo a que los intereses se liquidan conforme con lo indicado.

En relación con el escrito presentado por la parte demandada, recibido por el Despacho el 21 de mayo de 2018 (folios 382 a 384 c.p.), la Sala advierte que desde el 11 de mayo de esta anualidad se registró proyecto de fallo ante la secretaría de la Sección, de manera que lo solicitado se atiende con esta sentencia.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, como quiera que no se encuentran probadas en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el señor Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez y, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente proceso, conforme con lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral SEGUNDO de la sentencia del 25 de mayo del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que quedará así:

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DÉJASE sin efecto la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, presentada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP en el formulario No. 91000111670852 de 16 de mayo de 2011 y ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- DEVOLVER a la demandante la suma de $14.094.413.000, con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del E.T., que se liquidarán según lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Fls.323 a 337 c.p.
Hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ley 1341 de 2009).
Fl. 108 c.p.
Fls. 110 y 111 c.p.
Fl. 133 c.p.
Recibo oficial de pago con sticker Nº 00008002000000(96)20130516, por $8.002.000.000 y Recibo oficial de pago con sticker Nº 00006092413000(96)20130516, por $6.092.413.000. Fls. 134 y 135 c.p.
Fls. 136 y 137 c.p.
Fls. 138 a 143 c.p.
Fls. 144 a 159 c.p.
Fls. 269 a 280 c.p.
Exp. 18636, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicación número: 25000-23-27- 000-2001-00029-01.
Actor: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A. (impuesto al patrimonio - 2011)
Ley 1341 de 2009
Fls. 107 a 119 c.p.
M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Artículo 5°. Prima en los contratos de estabilidad jurídica. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101" \l "48" Modificado por el art. 48, Ley 1450 de 2011. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año.
Si por la naturaleza de la inversión, esta contempla un período improductivo, el monto de la prima durante dicho período será del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la inversión que se realice en cada año.
Créase una sobretasa al impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta de que trata la Ley 1370 de 2009. Esta sobretasa es del veinticinco por ciento (25%) del impuesto al patrimonio. La sobretasa prevista en este decreto, deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto prescriba la DIAN para el impuesto al patrimonio y presentarse en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar, ubicados en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio del sujeto pasivo de este impuesto y pagarse en ocho cuotas iguales, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional para el pago del impuesto de que trata la Ley 1370 de 2009.
Sentencia del 5 de octubre de 2016, Exp. 21012, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia (E)
Recibo oficial de pago con sticker Nº 00008002000000(96)20130516, por $8.002.000.000 y Recibo oficial de pago con sticker Nº 00006092413000(96)20130516, por $6.092.413.000. Fls. 134 y 135 c.p.

Sentencias del 11 de noviembre de 2009, Exp. No. 16655, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 13 de junio de 2013, Exp. No. 16567 y 17973, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; y del 30 de septiembre de 2013, Exp. 20173, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Sentencia de 10 de mayo de 2018, Exp. 23248, C.P. Dr. Milton Chaves García.
ARTICULO 863. INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses comentes y moratorios, en los siguientes casos:
Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.
Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
En todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido discutido, se causan intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

Fls. 117 c.a.1 y 143 c.a.2
CPACA. Art. 192. Cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. […] Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o auto, según lo previsto en este código. […]
Sentencia de 2 de marzo de 2017, Exp. 22145, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
C.G.P. <<Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación>>.

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