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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01027-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01027-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. 2. RECONOCER personería para actuar como apoderada de la UGPP a la abogada Paula Inírida Martínez Perdigón, en los términos y para los efectos del poder visible en el índice 20 de SAMAI. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2015-01027-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

5 de mayo de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2015-01027-01 [25310]
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado por el Desarrollo y Progreso Laboral
Colaboro CTA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2015-01027-01 [25310]
Demandante: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL
DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL COLABORO CTA
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Temas: Contribuciones parafiscales de la protección social. Naturaleza
tributaria de los aportes y/o cotizaciones al sistema de la
protección social. Normas aplicables para la determinación de
aportes para las cooperativas de trabajo asociado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA______________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 1 contra
la sentencia del 6 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió negar las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas2:

ANTECEDENTES

El 30 de enero de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP le profirió a la Cooperativa de Trabajo Asociado por el Desarrollo y Progreso
Laboral (Colaboro CTA) el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 42, por
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social por los periodos de diciembre de 2011 a noviembre de 2012. El
acto se notificó por correo entregado el 5 de febrero de 20143.

El 23 de abril de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP profirió la Liquidación Oficial nro. RDO 595,

1
Fls. 462 a 470 c.p. 2.
2
Fls. 446 a 453 c.p. 2.
3
Fls. 136 a 143 y 145 c.p. 1.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2015-01027-01 [25310]
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado por el Desarrollo y Progreso Laboral
Colaboro CTA

«por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema
de la Protección Social, por los periodos entre 01/12/2011 y 30/11/2012», por un monto de
aportes de $2.034.463.200 discriminados por los periodos de cada año, así: 2011:
inexactitud por $197.222.300 y mora por $971.300 y, 2012: inexactitud por
$1.793.266.900, mora por $38.696.700 y omisión por $4.306.000. El acto de
liquidación se notificó el 6 de mayo de 20144.

El 20 de mayo de 2014, la representante legal de Colaboro CTA interpuso recurso de
reconsideración contra la anterior liquidación oficial5.

El 1º de septiembre de 2014, la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el
recurso de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 362, en el sentido de
confirmar el acto recurrido. Decisión que se notificó personalmente el 22 de
septiembre de 20146.

DEMANDA

La Cooperativa de Trabajo Asociado por el Desarrollo y Progreso Laboral (Colaboro
CTA), mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló las siguientes pretensiones7:

«1. PRETENSIONES PRINCIPALES.

1.1. Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo: Resolución RDO. 595 de fecha 23 de
abril de 2014, "Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a la COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL -COLABORO CTA",
expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, por ser
violatorias de normas de superior jerarquía en las que debían fundarse y haber sido expedidas
irregularmente, con abuso de poder, violación al debido proceso y falsa motivación.

1.2. Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo: Resolución RDC-362 de 1 de
septiembre de 2014, "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución RDO. 595 del 23 de abril de 2014" expedida por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP-, por ser violatorias de normas de
superior jerarquía en las que debían fundarse y haber sido expedidas irregularmente, con
abuso de poder, violación al debido proceso y falsa motivación.

1.3. Que se restablezca el derecho vulnerado, ordenando el no pago de la liquidación
efectuada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP-, dado que los
actos demandados atentan contra el patrimonio y buen nombre de mi mandante, al imponerse
en indebida forma por ser violatorias de normas de superior jerarquía en las que debían

4
Fls. 180 a 204 y 206 c.p. 1.
5
Fls. 207 a 236 c.p. 1.
6
Fls. 247 a 263 y 264 c.p. 1.
7
Fls. 2 a 3 c.p. 1.
2

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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01027-01 [25310]
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado por el Desarrollo y Progreso Laboral
Colaboro CTA

fundarse y haber sido expedidas irregularmente, con abuso de poder, violación al debido
proceso y falsa motivación.

1.4. Reconocer a mi mandante del sistema solidario COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL CTA. "COLABORO CTA.",
la cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.00) MCTE, o la suma
que resulte probada por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, derivados de la violación al
derecho fundamental del DEBIDO PROCESO.

1.5. Reconocer a mi mandante del sistema solidario COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL CTA. "COLABORO CTA.",
la cantidad de CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES o el valor
que resulte probado por concepto de PERJUICIOS MORALES que se han ocasionado por la
violación al derecho fundamental del DEBIDO PROCESO.

1.5.1. Las anteriores sumas de dinero deberán indexarse (arts. 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo).

1.6. Que se repare el daño condenando a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL -UGPP-, al pago de las costas y agencias en derecho pertinentes».

La actora invocó como normas violadas, las siguientes8:

• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y ss., 57, 58 y 59 de la Ley 79 de 1988
• Leyes 1151 de 2007, 1233 de 2008, 1437 de 2011 y 1607 de 2012
• Decretos 4588 de 2006 y 169 de 2008

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente9:

Violación al debido proceso

Afirmó que la UGPP vulneró el debido proceso porque profirió los actos
administrativos sin una investigación previa y omitiendo el pliego de cargos, lo que le
impidió a la aportante ejercer su defensa técnica y controvertir las pruebas
existentes.

Precisó que los únicos actos procesales que la UGPP realizó en debida forma fueron
los concernientes a la notificación de los actos administrativos e informar sobre los
recursos que procedían contra los mismos, los que fueron ejercidos.

Señaló que los pagos con destino al sistema general de seguridad social integral
(pensiones, salud y riesgos laborales), así como las contribuciones especiales
(SENA, ICBF y CCF) son cotizaciones que no constituyen tributos, tasas o
contribuciones, como lo entiende la entidad demandada.

8
Fl. 33 c.p. 1.
9
Fls. 17 a 33 c.p. 1.
3

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Indicó que al sistema solidario de las cooperativas de trabajo asociado no les aplica
el Código Sustantivo del Trabajo, en especial, lo atinente con los elementos
integrantes del salario, porque se trata de relaciones diferentes.

Medida cautelar

Solicitó la suspensión provisional de los actos demandados para evitar el cobro de
las sumas liquidadas por la UGPP, hasta que finalice el proceso judicial10.

OPOSICIÓN

La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente11:

Aseguró que no vulneró el debido proceso de la actora porque los actos acusados se
profirieron oportunamente, respetando el procedimiento y otorgando el término para
que se ejerciera el derecho a la defensa y contradicción.

Explicó que el carácter especial que revisten las contribuciones de la seguridad
social y parafiscales ha generado que el legislador y el Gobierno Nacional expidan
normas que regulen esos procedimientos y actuaciones, que difieren de los
adelantados por la DIAN y de los contemplados en el Estatuto Tributario.

Se refirió a las Leyes 1151 de 2007 (art. 156), 1607 de 2012 (arts. 178 y 179) y el
Decreto 169 de 2008, para indicar que la UGPP está habilitada para la determinación
de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes al sistema de
la protección social y, facultada para verificar la existencia de hechos que generen
obligaciones en materia de contribuciones parafiscales.

Señaló que los estatutos de la cooperativa regulan las relaciones entre esta y los
asociados, y que las compensaciones son todas las sumas de dinero que estos
últimos reciben, pactadas como tales por la ejecución de su actividad, que no
constituyen salario.

Indicó que la Ley 1233 de 2008 precisó los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social integral y creó las contribuciones especiales a
cargo de las cooperativas de trabajo asociado. De igual forma, estableció la base
gravable sobre la cual se calcularían los respectivos aportes a cada uno de los
subsistemas. Agregó que, para salud, pensión, riesgos laborales y CCF, el IBC está
conformado por la suma de las compensaciones ordinarias y extraordinarias,
mientras que para el SENA e ICBF son las primeras.

10
Esa medida fue negada por el Tribunal mediante auto del 16 de febrero de 2017, confirmado en providencia del 30 de marzo
de 2017. Fls. 55 a 62 y 69 a 72, respectivamente, del cuaderno de suspensión provisional.
11
Fls. 347 a 361 c.p. 2.
4

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Afirmó que las contribuciones son asumidas y pagadas por las cooperativas de
trabajo asociado y en ningún caso estarán a cargo del trabajador.

AUDIENCIA INICIAL

El 24 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 de la Ley 1437 de 201112. En dicha diligencia no se advirtieron
irregularidades procesales, nulidades o excepciones que debieran ser declaradas.
Sobre la medida cautelar se indicó que fue resuelta mediante auto del 16 de febrero
de 2017, confirmado el 30 de marzo del mismo año. El litigio se concretó en
determinar la legalidad de los actos demandados.

Se tuvieron como pruebas las aportadas al proceso. Finalmente, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su
concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas,
con fundamento en lo siguiente13:

Sostuvo que la UGPP no vulneró el debido proceso y garantizó el derecho a la
defensa y contradicción de la aportante, en tanto que los actos administrativos fueron
notificados a la cooperativa y esta pudo responder el requerimiento para declarar y/o
corregir e interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial.

Afirmó que las contribuciones fiscales o parafiscales hacen parte de la denominación
de los tributos y son de observancia obligatoria para empleadores y empleados, por
lo que el Estado tiene el poder coercitivo para garantizar su cumplimiento.

Citó la Ley 1233 de 2008 para precisar que, si bien las relaciones laborales entre los
asociados y los trabajadores dependientes son diferentes, lo cierto es que las
cooperativas de trabajo asociado tienen la obligación de afiliar y pagar los aportes de
los cooperados al sistema de seguridad social integral, en las que se incluyen las
contribuciones especiales (SENA, ICBF y CCF).

Manifestó que debido al carácter especialísimo que revisten las contribuciones
parafiscales, el legislador y el Gobierno Nacional expidieron normas diferentes a los

12
Fls. 419 a 425 c.p. 2.
13
Fls. 446 a 453 c.p. 2.
5

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procedimientos tributarios contemplados en el Estatuto Tributario y adelantados por
la DIAN, como es el caso de la Ley 1233 de 2008.

Aseguró que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el Decreto 169 de 2008 y los
artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012, son disposiciones especiales que
regulan y facultan a la UGPP para determinar la adecuada, completa y oportuna
liquidación y pago de las contribuciones de la seguridad social y parafiscales.

Por último, no condenó en costas por no estar probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló en los siguientes términos14.

Sostuvo que Colaboro CTA es una entidad sin ánimo de lucro que pertenece al
sistema solidario que se rige por sus estatutos, por lo que no es aplicable la
legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente.

Dijo que el trabajo asociado cooperativo es una actividad libre, autogestionaria,
física, material o intelectual que se desarrolla de manera autónoma para generar
empresa. Agregó que se gobiernan por la Ley 79 de 1988, el Decreto 4588 de 2006 y
por sus estatutos, que son autorizados por las autoridades administrativas.

Afirmó que las compensaciones son todas las sumas de dinero que recibe el
asociado pactadas como tales por la ejecución de su actividad material e inmaterial,
que no constituyen salario (arts. 25 del Decreto 4588 de 2006 y 2.2.8.1.24 del
Decreto 1072 de 2015).

Reiteró el argumento relacionado con que las cotizaciones no constituyen tributos,
tasas o contribuciones y, afirmó que los aportes realizados en forma mensual al
sistema general de seguridad social integral son de acuerdo a los ingresos y salarios
devengados por los trabajadores dependientes e independientes, mientras que para
las cooperativas de trabajo asociado corresponde al porcentaje del valor de las
compensaciones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo estipulado en el
régimen de compensaciones.

Señaló que la sentencia apelada se aparta de la realidad legal al confundir el término
de contribuciones especiales establecido en la Ley 1233 de 2008 con las
denominadas contribuciones parafiscales previstas en el artículo 29 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto.

Mencionó que, si bien la UGPP tiene facultades especiales, no puede violar el debido
proceso de la demandante (no indicó cuál de las garantías que contempla el citado
principio fueron desconocidas por la UGPP).
14
Fls. 462 a 470 c.p. 2.
6

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Colaboro CTA

Finalmente, solicitó que se proceda a realizar un nuevo estudio técnico y jurídico de
los documentos aportados y, en consecuencia, se revoque el fallo de primera
instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante15 reiteró lo expuesto en la demanda y en el recurso de apelación.

La demandada16 insistió en los argumentos planteados en la contestación de la
demanda.

El Ministerio Público17 sostuvo que de conformidad con la Ley 1233 de 2008 (art. 6)
las cooperativas de trabajo asociado son las responsables del proceso de afiliación y
pago de los aportes de los trabajadores asociados al sistema de seguridad social
integral y las contribuciones especiales, para lo cual, le son aplicables las
disposiciones legales sobre trabajadores dependientes. Agregó que la citada ley fue
declarada exequible por la Corte Constitucional con la sentencia C-182 de 2010.

Manifestó que de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (arts. 178 y 179), la UGPP tiene
competencia para la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la
protección social.

Por lo anterior, afirmó que no es de recibo entender que Colaboro CTA no está
obligada a pagar los aportes parafiscales, y que la entidad demandada carece de
competencia para su determinación, motivos por los cuales solicitó que se confirme
la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Decide la Sala sobre la legalidad de la Liquidación Oficial nro. RDO 595 del 23 de
abril de 2014, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP contra la cooperativa demandante por omisión, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social, por los
periodos comprendidos entre diciembre de 2011 a noviembre de 2012 y, de la
Resolución nro. RDC 362 del 1º de septiembre de 2014, por la que la Dirección de
Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de reconsideración, en el sentido de
confirmar el acto recurrido.

15
Índice 17 de SAMAI. «18ALEGATOS DE CONCLUSION_25310 .pdf(.pdf) NroActua 17».
16
Índice 16 de SAMAI. «MemorialWeb-Alegatos(.pdf) Nro Actua 16».
17
Índice 18 de SAMAI. «Alegatos - 170 25310 aportes parafiscales CTA 101120.pdf(.pd f) NroActua 18.».
7

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En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, se debe
determinar: i) si las cotizaciones con destino al sistema de seguridad social integral y
las contribuciones especiales son tributos (contribuciones parafiscales) y (ii) si a las
cooperativas de trabajo asociado les aplican las normas del Código Sustantivo del
Trabajo que regulan el trabajo dependiente.

Caso concreto

En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

El 30 de enero de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 42, por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social por los periodos de diciembre de 2011 a noviembre de 2012. El
acto se notificó por correo entregado el 5 de febrero de 201418.

El 23 de abril de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP profirió la Liquidación Oficial nro. RDO 595,
«por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema
de la Protección Social, por los periodos entre 01/12/2011 y 30/11/2012», por un monto de
aportes de $2.034.463.200 discriminados por los periodos de cada año, así: 2011:
inexactitud por $197.222.300 y mora por $971.300, y 2012: inexactitud por
$1.793.266.900, mora por $38.696.700 y omisión por $4.306.000. El acto de
liquidación se notificó el 6 de mayo de 201419.

El 20 de mayo de 2014, la representante legal de Colaboro CTA interpuso recurso de
reconsideración contra la anterior liquidación oficial20.

El 1º de septiembre de 2014, la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el
recurso de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 362, en el sentido de
confirmar el acto recurrido. Decisión que se notificó personalmente el 22 de
septiembre de 201421.

Naturaleza jurídica de los aportes y/o cotizaciones al sistema de la protección
social

La parte actora, tanto en la demanda como en el recurso de apelación argumentó
que las cotizaciones con destino al sistema de seguridad social integral (salud,
pensión y ARL) y las contribuciones especiales (SENA, ICBF y CCF), carecen de
naturaleza tributaria, en la medida en que no son impuestos, tasas, ni contribuciones,
sino que constituyen simples aportes.

18
Fls. 136 a 143 y 145 c.p. 1.
19
Fls. 180 a 204 y 206 c.p. 1.
20
Fls. 207 a 236 c.p. 1.
21
Fls. 247 a 263 y 264 c.p. 1.
8

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Afirmó que no se puede confundir el alcance del término contribuciones especiales
con el de contribuciones parafiscales, previsto en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.

Para resolver el cargo de apelación, la Sala reiterará en lo pertinente la sentencia del
24 de marzo de 202222, en la que se pronunció, a partir de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sobre la naturaleza jurídica de los
aportes y/o cotizaciones al sistema de la protección social.

Al respecto, se expuso que:

«La Corte Constitucional ha mantenido una postura pacífica y consistente en cuanto a la
naturaleza tributaria de la cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al sistema de
seguridad social integral, que es catalogada como una contribución parafiscal, y no como un
impuesto o una tasa. En ese sentido por ejemplo, en la sentencia C-040 de 199323, se
consideró lo siguiente:

«De las anteriores exposiciones quedan varias cosas claras. En primer lugar que el
término "contribución parafiscal" hace relación a un gravamen especial, distinto a los
impuestos y tasas. En segundo lugar, que dicho gravamen es fruto de la soberanía fiscal
del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos
intereses o necesidades se satisfacen con los recursos recaudados. En tercer lugar, que
se puede imponer a favor de entes públicos, semipúblicos o privados que ejerzan
actividades de interés general. En cuarto lugar que los recursos parafiscales no entran a
engrosar las arcas del presupuesto Nacional. Y por último, que los recursos recaudados
pueden ser verificados y administrados tanto por entes públicos como por personas de
derecho privado».

La anterior posición se reafirmó en la sentencia C-577 de 199524, al manifestarse que:

«Los ingresos parafiscales, denominados en la Carta "contribuciones parafiscales" (art.
150-12), se distinguen de otras especies tributarias en que se trata de recursos exigidos
de manera obligatoria y a título definitivo, a un grupo determinado de personas, que se
destinan a la financiación de un servicio o un bien específico, dirigido al grupo de
personas gravadas. El pago de la contribución otorga al contribuyente el derecho a
percibir los beneficios provenientes del servicio, pero la tarifa del ingreso parafiscal no se
fija como una contraprestación equivalente al servicio que se presta o al beneficio que se
otorga. Los ingresos parafiscales tienen una específica destinación y, por lo tanto, no
entran a engrosar el monto global del presupuesto Nacional».

[…]

En la sentencia C-711 de 200125, a la luz de los anteriores elementos, la Corte Constitucional
analizó los aportes a salud y pensión. Concluyó que estos tienen naturaleza parafiscal, tras
considerar lo siguiente:

«Poniendo en un extremo los elementos que anuncian la parafiscalidad, y en el otro los
aportes para salud y pensiones, se tiene: 1) los mencionados aportes son de
observancia obligatoria para empleadores y empleados, teniendo al efecto el Estado
poder coercitivo para garantizar su cumplimiento; 2) dichos aportes afectan, en cuanto

22
Exp. 25826, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
23
M.P. Ciro Angarita Barón.
24
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
25
M.P. Jaime Araujo Rentería.
9

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sujetos pasivos, a empleados y empleadores, que a su turno conforman un específico
grupo socio-económico; 3) el monto de los citados aportes se revierte en beneficio
exclusivo del sector integrado por empleadores y empleados. Consecuentemente ha de
reconocerse que los aportes a salud y pensiones son de naturaleza parafiscal».

Las anteriores previsiones no son ajenas tratándose del sistema de riesgos laborales, que de
entrada sea del caso precisar, hace parte del sistema de seguridad social integral 26, y cuyos
aportes también son considerados de naturaleza parafiscal, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-460 de 201327, al señalar que:

«Las Administradoras de Riesgos Laborales tienen como fuentes de financiación las
cotizaciones que realizan los empleadores y las transferencias del Sistema General de
Participaciones. Aunque, también resulta una importante fuente de capitalización los
rendimientos financieros producto de la administración de estos recursos. En general,
éstos tienen naturaleza parafiscal, es decir pública, luego su destinación es específica y
no pueden dejar de invertirse en la satisfacción de obligaciones que la ley haya
dispuesto».

[…]

Del recuento jurisprudencial se concluye que las cotizaciones obligatorias al sistema de
seguridad social integral, así como a las cajas de compensación familiar: (i) son de naturaleza
tributaria, (ii) pertenecen a la categoría tributaria de las contribuciones parafiscales, (iii) se
exigen obligatoriamente a un grupo determinado de personas, gremio o colectividad, (iv) los
recursos se destinan a la financiación de un servicio o bien específico, dirigido al grupo de
personas gravadas, (v) los empleadores y trabajadores conforman un especifico grupo socio-
económico, (vi) los recursos tienen destinación específica y no ingresan al presupuesto
nacional y (vii) la contraprestación se determina con fundamento, entre otros principios, en los
de solidaridad y eficiencia, y no depende del valor o precio del servicio que el Estado presta
como retribución del pago».

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que contrario a lo afirmado por la parte
apelante, las cotizaciones al sistema de la protección social sí son de naturaleza
tributaria, que se enmarcan dentro de la categorización de tributos (como género) y
se clasifican dentro de las denominadas contribuciones parafiscales (como especie),
motivo por el cual, no prospera el cargo de apelación.

De la obligación de las cooperativas de trabajo asociado de afiliar los
trabajadores cooperados al sistema de la protección social. Normas aplicables
para la determinación de las cotizaciones y/o aportes

El Tribunal afirmó que, si bien las relaciones laborales entre los asociados y los
trabajadores dependientes son diferentes, lo cierto es que las cooperativas de
trabajo asociado tienen la obligación de afiliar y pagar los aportes de los cooperados
al sistema de seguridad social integral y, la UGPP está facultada para ejercer la
fiscalización de dichos aportes.

26
Cfr. el artículo 8 de la Ley 100 de 1993.
27
M.P. Alberto Rojas Ríos.
10

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Por su parte, la cooperativa sostuvo que el trabajo asociado cooperativo se rige por
sus propios estatutos, por lo que no es aplicable la legislación laboral ordinaria que
regula el trabajo dependiente.

Para resolver, la Sala pone de presente que las cooperativas de trabajo asociado
tienen la obligación legal de afiliar a los trabajadores asociados al sistema de la
protección social y pagar los aportes que se causen. Planteamiento concretado en la
sentencia de unificación 2022CE-SUJ-4-001 proferida el 24 de marzo de 202228, en
la que se consideró lo siguiente:

«La obligatoriedad para las cooperativas de trabajo asociado de pagar aportes a los
subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales, se fundamenta en el artículo 1 del Decreto
2996 de 200429, según el cual, en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, los
estatutos, reglamentaciones y regímenes que regulan las relaciones entre cooperativa y
cooperado, deben establecer lo referente a la obligación de contribuir al sistema de seguridad
social integral.

El mencionado artículo también establecía la obligación de efectuar aportes al SENA, ICBF y
cajas de compensación familiar, no obstante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en
sentencia del 12 de octubre de 200630, anuló las expresiones que hacían referencia a las
citadas contribuciones especiales por desconocimiento del principio de reserva de ley en
materia tributaria, pero mantuvo la redacción de la norma en lo que se refiere a los aportes al
sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales).

En el Capítulo Sexto del Decreto 4588 de 2006, se reguló lo referente a la seguridad social
integral en el marco de las cooperativas de trabajo asociado, previéndose en el artículo 26 que
las cooperativas serían las responsables de los trámites administrativos para la afiliación y
pago de los aportes al sistema de seguridad social integral durante la vigencia del contrato de
asociación, y que en los aspectos no previstos en el decreto sobre el particular, se aplicarían
las normas de la Ley 100 de 1993.

De igual forma, se estableció en el artículo 27 ibídem, que el IBC estaría conformado por
«todos los ingresos que perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el parágrafo
1º del artículo 3º de la Ley 797 de 2003 y normas que lo reglamenten», y que, en todo caso, la
base de cuantificación no podría ser inferior a un (1) smmlv, excepto cuando se presentaran
novedades de ingreso o retiro.

Después, en el artículo 631 de la Ley 1233 de 2008, se dispuso que mientras se encuentre
vigente el contrato de asociación, las cooperativas de trabajo asociado son las encargadas de
adelantar los trámites para el proceso de afiliación y pago de los aportes al sistema de
seguridad social integral (salud, pensión y ARL), los que se harán sobre la base gravable
integrada por la suma mensual de las compensaciones ordinarias y extraordinarias, y aplicarán
los porcentajes y proporciones previstos en la ley para el régimen de trabajo dependiente 32».

28
Exp. 24724, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
29
«Por el cual señalan algunos requisitos que deben contener los estatutos y reglamentos de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado».
30
Expediente 15214, C.P. Ligia López Díaz.
31
«Artículo 6. Afiliación al sistema de seguridad social. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado serán
responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pensión y riesgos profesionales). Para tales efectos, les serán aplicables todas las disposiciones legales
vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes.
Para cotizar a salud, pensión y riesgos profesionales, el ingreso base de cotización será la suma de la compensación ordinaria y
extraordinaria mensual que reciba el trabajador asociado, y la proporción para su pago será la establecida en la ley para el
régimen de trabajo dependiente».
32
Pensión: artículos 7 de la Ley 797 de 2003 y 1 del Decreto 4982 de 2007.
Salud: artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
11

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Sobre las normas que aplican para efectos de la afiliación y pago de los aportes al
sistema de la protección social a cargo de las cooperativas de trabajo asociado, en
la referida sentencia de unificación se explicó lo siguiente:

«De conformidad con los artículos 4 de la Ley 79 de 198833 y 3 del Decreto 4588 de 200634, las
cooperativas son empresas asociativas, sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario
de la economía en las que los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente
los aportantes y los gestores de la empresa. Se crean con el objeto de producir o distribuir
conjunta y eficientemente los bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en general35.

[…] la Sala concluye que este tipo de empresas no tienen ánimo de lucro, los cooperados son
simultáneamente los aportantes y gestores, y dada la autonomía de quienes pactan asociarse
solidariamente, el ordenamiento jurídico les concede la potestad de fijar las reglas que
gobernarán las relaciones entre la cooperativa de trabajo y los asociados.

Luego, la fuente de derechos y obligaciones que han de gobernar la relación laboral será la
legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado
y de compensaciones, disposiciones que, en todo caso, deben respetar el marco constitucional
y legal propio de esas actividades, excluyendo la legislación ordinaria laboral del trabajo
dependiente.

Situación diferente ocurre con los trabajadores dependientes y vinculados a las cooperativas
que no sean de trabajo asociado, a los que por disposición del artículo 59 de la Ley 79 de
1988, les aplica el régimen ordinario laboral. Esa norma dispone que «[s]ólo en forma
excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo no asociado podrán vincular
trabajadores ocasionales o permanentes no asociados; en tales casos, estas relaciones, se
rigen por las normas de la legislación laboral vigente». «En las cooperativas que no sean de
trabajo asociado, el régimen laboral ordinario se aplicará totalmente a los trabajadores
dependientes y a los trabajadores que a la vez sean asociados».

[…]

La Sala advierte que al tenor de lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 6 de
la Ley 1233 de 2008, para efectos de la afiliación y pago de los aportes de los trabajadores
asociados al sistema de seguridad social integral, «les serán aplicables todas las disposiciones
legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes», lo que conlleva tanto el
deber formal de afiliar y presentar la liquidación, como el sustancial de pagar, teniéndose
además en cuenta que la armonización de la compensación de los trabajadores asociados con
las previsiones del CST (sentencia C-645 de 2011), irradia en la determinación de los
elementos sobre los cuales deben calcularse los aportes a este sistema, como bien puede ser,
la tarifa, las proporciones para el pago y la base gravable.

[…]

Ahora, del artículo 5 de la Ley 1233 de 2008, se extrae que, a las cooperativas de trabajo
asociado «les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes establecidas en
materia de pagos con destino» al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

[…]

ARL: artículo 18 del Decreto Ley 1295 de 1994.
33
«Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
34
«Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado».
35
En concordancia con el artículo 3 del Decreto 4588 de 2006.
12

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De manera que, al igual que sucede con la afiliación y pago de los aportes con destino al
sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), en materia de pago de las
contribuciones especiales (SENA, ICBF y CCF), también aplican las disposiciones legales
vigentes sobre estas materias tratándose de trabajadores dependientes y empresas
tradicionales».

De la jurisprudencia en cita se concluye que, si bien es cierto que las cooperativas de
trabajo asociado tienen la potestad para autorregularse mediante sus estatutos o
acuerdos cooperativos, los que deben guardar coherencia con las disposiciones
legales, no se puede desconocer que para el proceso de afiliación y pago de los
aportes de los trabajadores asociados al sistema de la protección social se aplican
disposiciones legales vigentes para trabajadores dependientes, en lo que se refiere a
los elementos sobre los cuales deben calcularse los aportes, v. gr. la tarifa,
proporciones para el pago y la base gravable.

Obsérvese que, como lo afirmó la Sección en la sentencia del 28 de abril de 202236,
las normas de los trabajadores dependientes que no aplican al trabajo asociado
cooperativo37 son aquellas que regulan la relación empleador - trabajador, contenidas
en la legislación laboral, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional en la sentencia
C-211 de 200038 se pronunció al considerar que «[l]as cooperativas de trabajo asociado
se diferencian de las demás en que los asociados son simultáneamente los dueños de la
entidad y los trabajadores de la misma, es decir, que existe identidad entre asociado y
trabajador. Siendo así no es posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores
por la otra, como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta [es] la razón
para que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les apliquen las normas del
Código Sustantivo del Trabajo, estatuto que regula solamente el trabajo dependiente, esto
es, el que se presta bajo la continuada dependencia o subordinación de un empleador y por
el cual el trabajador recibe una retribución que se denomina salario».

Por lo tanto, le asiste razón a la apelante cuando afirma que «los trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado no están sujetos al régimen laboral, en atención a que
como ya se hizo alusión confluyen en ellos las condiciones de ser asociados propietarios de
la cooperativa y a su vez trabajadores de la misma y, sus ESTATUTOS conforman las reglas
del autogobierno»39, pues como quedó expuesto en precedencia, las reglas que
gobernarán las relaciones entre la cooperativa de trabajo y los asociados serán las
contenidas en los documentos cooperativos.

Sin embargo, tratándose del proceso de afiliación y pago de los aportes al sistema de
la protección social, contrario a lo alegado por la cooperativa, las disposiciones
legales que aplican son aquellas previstas para el caso de los trabajadores
dependientes, atendiendo a la remisión establecida en los artículos 5 y 6 de la Ley
1233 de 2008, como fue desarrollado en la sentencia de unificación a la que se hizo
mención con anterioridad.

36
Exp. 25111, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
37
Según los artículos 59 de la Ley 79 de 1988 y 10 del Decreto 4588 de 2006.
38
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
39
Fl. 464 c.p. 2.
13

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En lo que se refiere al argumento de la parte apelante, en el sentido que «las
compensaciones son todas las sumas de dinero que recibe el asociado pactadas como tales
por la ejecución de su actividad material e inmaterial que no constituyen salario»40, la Sala
precisa que es cierto que no pueden ser catalogadas como salariales, pues esa
forma de retribución está prevista legalmente para el caso de los trabajadores
dependientes pero, no por ello se excluye a las cooperativas de trabajo asociado de
la obligación de pagar los aportes sobre el IBC que específicamente se prevé para
esa clase de organizaciones, asunto que fue definido en las reglas 1 y 2 de la
sentencia de unificación en los siguientes términos:

«1. El IBC de los aportes a los subsistemas que conforman el sistema de seguridad social
integral (salud, pensión y ARL) está conformado por la suma de las compensaciones ordinarias
y extraordinarias devengadas en el mes, entendidas como los emolumentos que recibe el
cooperado únicamente como retribución por la ejecución de su actividad material o inmaterial.

2. El IBC de los aportes con destino al SENA e ICBF será la compensación ordinaria mensual
establecida en el régimen de compensaciones, y para los destinados a las CCF, será la suma
de las ordinarias y extraordinarias devengadas en el mes, entendidas como los valores que
recibe el cooperado únicamente como retribución por la ejecución de su actividad material o
inmaterial».

Es preciso mencionar que el ejercicio por parte de la UGPP de las facultades
conferidas por la Ley 1151 de 2007 (art. 156), Decretos 169 de 2008 (art. 1), 5021 de
2009 (arts. 7, 18 y 20) y 575 de 201341 (arts. 19 y 21), no implica un desconocimiento
del principio al debido proceso, pues dicha entidad tiene competencia para adelantar
las acciones e investigaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones con el sistema de la protección social, comprobar la exactitud de las
autoliquidaciones y determinar la completa y oportuna liquidación de aportes. Se
precisa que el Tribunal concluyó que la UGPP no vulneró el debido proceso y, por el
contrario, garantizó el derecho a la defensa y contradicción de la aportante, cuestión
respecto de la cual no se propuso reparo concreto en el recurso de apelación.

Teniendo en cuenta lo analizado, se concluye que la cooperativa demandante no
desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, razón
por la cual, lo procedente es confirmar la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda.

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

40
Fl. 463 c.p. 2.
41
Derogatorio del Decreto 5021 de 2009.
14

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FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

2. RECONOCER personería para actuar como apoderada de la UGPP a la
abogada Paula Inírida Martínez Perdigón, en los términos y para los efectos del
poder visible en el índice 20 de SAMAI.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

15

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