Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01030-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01030-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2015-01030-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
24 de noviembre de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2015-01030-01 (24700)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2015-01030-01 (24700)
Demandante LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Cobro coactivo. Excepción de falta de título ejecutivo. Debido
proceso.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por La Previsora S.A. Compañía
de Seguros (en adelante La Previsora S.A.) contra la sentencia del 28 de marzo de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, que decidió:
«PRIMERO. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva. (…)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Dugilco Ltda. presentó la declaración del IVA por el período 3 de 2009, en la que
determinó un saldo a favor de $1.992’053.000. La contribuyente solicitó a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) la devolución del
saldo a favor y, como garantía, allegó la Póliza de Cumplimiento Nro. 1011321 del
30 de julio de 2009 expedida por La Previsora S.A. La autoridad tributaria accedió
a esta petición mediante la Resolución Nro. 16629 del 4 de septiembre del mismo
año.
La DIAN adelantó el procedimiento de fiscalización y expidió la Liquidación Oficial
de Revisión Nro. 112412011000142 del 23 de agosto de 2011, que rechazó el saldo
a favor del IVA declarado por Dugilco Ltda. por dicho bimestre. La sociedad
interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, pero fue
confirmada mediante la Resolución Nro. 900.196 del 21 de septiembre de 2012.
Luego del trámite respectivo, la Administración expidió la Resolución Sanción Nro.
112412012000290 del 11 de mayo de 2012, que impuso a Dugilco Ltda. sanción
por devolución improcedente y ordenó notificar la decisión a la aseguradora.
La Previsora S.A. realizó el pago de $1.992’053.000 en cumplimiento de la
resolución sanción y solicitó la terminación por mutuo acuerdo del procedimiento
sancionatorio, según lo previsto en la Ley 1607 de 2012. Empero, su petición fue
negada mediante el Acta Nro. 147 del 18 de septiembre de 2013, decisión que fue
1 Fls. 365 a 385.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01030-01 (24700)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
confirmada por las Resoluciones Nro. 35 del 13 de enero de 2014 y Nro. 1673 del
10 de marzo del mismo año, que decidieron los recursos interpuestos por la actora.
La compañía de seguros presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en la que pretendía la nulidad de los actos que negaron la terminación por
mutuo acuerdo, que fue decidida desfavorablemente por esta corporación mediante
sentencia del 25 de junio de 2020, dentro del proceso con número interno 23562.
La DIAN profirió el Mandamiento de Pago Nro. 0252 del 19 de septiembre de 2014
en el que invocó como título ejecutivo la resolución sanción y determinó que el valor
del capital adeudado es de $1.731’083.000, liquidó la sanción del 500% del monto
indebidamente devuelto en $8.655’416.000 y dispuso que deben pagarse los
intereses moratorios incrementados en un 50%.
La Previsora S.A. formuló las excepciones que denominó falta absoluta de
competencia funcional, falsa motivación del mandamiento de pago, inexistencia del
título ejecutivo, inexistencia de la calidad de deudor y pago de la obligación. Sin
embargo, la DIAN las declaró no probadas mediante la Resolución Nro. 5580 del 1°
de diciembre de 2014. Esta decisión fue confirmada por la Resolución Nro. 398 del
23 de enero de 2015, que decidió la reposición interpuesta por la aseguradora.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), La Previsora S.A. formuló las
siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0252 del 19 de septiembre de
2014, proferido por el Abogado Ejecutor de la oficina de Gestiones y Cobranzas de la DIAN
relacionado con el contribuyente: DUGILCO LTDA. NIT No. 900.229.210-1 PERIODO: III AÑO
2.009. PÓLIZA 1011321, acto administrativo que contiene el mandamiento de pago, por la
suma de $1.731.083.000 MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, OCHENTA Y
TRES MIL PESOS, como saldo insoluto de la suma indebidamente devuelta y/o compensada,
más la suma de $8.655.416.000 OCHO MIL SEICIENTOS (sic) CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS, por el saldo del 500% de la suma
indebidamente devuelta y/o compensada, más los intereses moratorios que se continúen
generando hasta el momento del pago aumentados en un 50%, más las cosas del proceso,
contra la PREVISORA S.A. Compañía de Seguros.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución 5580 del 01 de diciembre de 2014,
Acto administrativo por medio de la cual se resolvieron las excepciones propuestas contra la
resolución No. 0252 del 19 de septiembre de 2004, proferido por el Abogado Ejecutor de la
Oficina de Gestiones y Cobranzas de la DIAN relacionado con el contribuyente: DUGILCO
LTDA. NIT No. 900.229.210-1 PERIODO: III AÑO 2.009. PÓLIZA 1011321, y que contenía el
Mandamiento de Pago.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 0398 DEL 23 DE ENERO DE 2015
Proferida por la Jefe de la División de Gestión y Cobranzas de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, Acto administrativo mediante la cual se decidió confirmar la
resolución 5580 del 01 de diciembre de 2014, por medio de la cual se resolvieron las
excepciones propuestas contra el acto administrativo que contiene el mandamiento de pago
No. 0252 del 19 de septiembre de 2014, proferido por el Abogado Ejecutor de la Oficina de
Gestiones y Cobranzas de la DIAN relacionado con el contribuyente: DUGILCO LTDA. NIT
No. 900.229.210-1 PERIODO: III AÑO 2.009. PÓLIZA 1011321.
2 Las pretensiones que se transcriben son tomadas del escrito de subsanación de la demanda presentado el
30 de septiembre de 2015, fls 124 y 125 Cuaderno 1.
2
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
CUARTA: Que se restablezcan los derechos de mi representada vulnerados con los Actos
administrativos atacados, en el sentido que se declaren las excepciones propuesta (sic) por la
Previsora Compañía de Seguros en el escrito y se dispongan probadas las excepciones
propuestas por la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y se ordene la terminación y
archivo del proceso ejecutivo relacionado con el contribuyente: DUGILCO LTDA. NIT No.
900.229.210-1 PERIODO: III AÑO 2.009. PÓLIZA 1011321.
QUINTA: Se ordene a LA DIAN debe afrontar y asumir los costos y gastos incurridos por mi
Representada en el presente trámite administrativo, así como los que se demuestren como
incurridos en defensa de sus propios intereses»3.
El Tribunal, mediante auto del 21 de octubre de 2015, rechazó la pretensión de
nulidad del mandamiento de pago porque no es un acto administrativo susceptible
de control judicial y, además, admitió la demanda frente a las demás pretensiones
formuladas4.
La Previsora S.A. invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 25, 29, 85, 228,
229 y 230 de la Constitución; los artículos 65 a 73 y 87 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984); los artículos 815, 824, 825, 828, 860 y
siguientes del Estatuto Tributario; los artículos 140, 142, 144, 170 y 171 del Código
de Procedimiento Civil; y el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Falta de competencia
La demandante indicó que el mandamiento de pago fue expedido por una
funcionaria de la División de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá, la cual carece de competencia por el factor territorial, puesto que, a su juicio,
el domicilio de La Previsora S.A. está vinculado a la Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes, según lo regulado en el artículo 825 del Estatuto
Tributario.
De otro lado, aseguró que la funcionaria también incurrió en falta de competencia
porque el artículo 824 ibidem y el Decreto Extraordinario 1643 de 1991 prevén que
el mandamiento de pago debe ser proferido por el Jefe de Cobranzas de la
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, y no por un abogado ejecutor.
Afirmó que la DIAN consideró que la funcionaria era competente porque expidió el
mandamiento de pago con base en la delegación efectuada para esos efectos. Sin
embargo, para la demandante, dicha delegación solo puede ser entendida como la
labor de gestionar los procesos, sin que la habilite para suscribir actos
administrativos.
Manifestó que en este caso se configura una causal de nulidad prevista en el artículo
140 del Código General del Proceso, la cual es insanable por disposición del
numeral 5 del artículo 144 ibidem.
2. Suspensión por prejudicialidad administrativa
La sociedad actora afirmó que solicitó la suspensión del procedimiento de cobro
coactivo con fundamento en los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento
3 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 127 a 128.
4 Expediente físico. Cuaderno 2. Folio 202.
3
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Civil, hasta que se resolviera la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que controvertía la legalidad de los actos que negaron la terminación por mutuo
acuerdo del procedimiento sancionatorio. Pese a esto, la DIAN negó su petición y
continuó con la ejecución, lo que a su juicio constituye una violación de las normas
superiores.
3. Falsa motivación
Sostuvo que la DIAN incurrió en falsa motivación al asegurar que el pago efectuado
solo fue parcial, a pesar de que se manifestó expresamente su voluntad de realizar
el pago total de la suma asegurada, atendiendo los límites de la responsabilidad de
las compañías de seguros que se prevén en el artículo 1079 del Código de Comercio
y que fueron estipulados en la Póliza Nro. 1011321.
También adujo que el mandamiento de pago incurrió en falsa motivación porque no
existe un título ejecutivo en contra de La Previsora S.A. ya que i) no fue notificada
de los actos de determinación del impuesto ni de la resolución sanción, y ii) el pliego
de cargos y la resolución sanción no ordenaron hacer efectiva la Póliza Nro.
1011321, pues ni siquiera la mencionaron.
Para fundamentar estas últimas afirmaciones, señaló que el cobro de una obligación
en contra de una compañía aseguradora debe fundamentarse en un título ejecutivo
complejo que está integrado por la liquidación oficial de revisión, la resolución
sanción y la póliza de seguro.
Sostuvo que solicitó a la DIAN que le notificara personalmente los actos que
componen el título, pero la autoridad tributaria se negó a surtir dicha notificación y
continuó el procedimiento de cobro coactivo sin fundamento contra la garante, lo
que vulneró su derecho al debido proceso.
Señaló que la Administración, en el acápite de notificaciones de la resolución
sanción, mencionó a la actora, pero, a su juicio, esto no es suficiente para considerar
el acto contiene una obligación clara y exigible a la aseguradora, pues en ningún
aparte declaró la existencia de un siniestro ni la efectividad de la póliza.
De otro lado, puso de presente que el artículo 860 del Estatuto Tributario establece
que el seguro, en casos como el de la referencia, tiene una vigencia de dos años y
que dentro de dicho plazo se debe notificar la liquidación oficial de revisión. Así las
cosas, para este caso, la Póliza Nro. 1011321 estuvo vigente entre el 30 de julio de
2009 y el mismo día y mes de 2011. Pese a lo anterior, la DIAN no surtió la
notificación de la liquidación oficial de revisión, de tal modo que perdió su condición
de deudora solidaria.
Finalmente, adujo que, si se considera que conserva la calidad de deudor solidario,
debe tenerse presente que su responsabilidad está limitada porque el artículo 1055
del Código de Comercio prevé riesgos inasegurables y el artículo 1078 ibidem
regula la reducción de la indemnización por incumplimiento por parte del asegurado.
4. Violación del derecho de defensa, del debido proceso y de contradicción
Manifestó que se violó su derecho al debido proceso porque no se refirió a los
medios probatorios solicitados por la actora, quien, además no pudo controvertir las
pruebas que la DIAN hizo valer en su contra debido a que no fueron decretadas de
conformidad a las normas que rigen la materia.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos5:
1. Falta de competencia
Sostuvo que el artículo 824 del Estatuto Tributario no solo asigna la competencia
funcional para proferir el mandamiento de pago al Jefe de la División de Cobranzas,
sino también a los funcionarios de las dependencias de cobranzas a quienes se
deleguen estas funciones. Así, señaló que la funcionaria que suscribió el
mandamiento de pago fue debidamente delegada mediante la Resolución Nro. 323
del 15 de febrero de 2010, por lo que no se configura la falta de competencia
funcional alegada por la demandante.
En cuanto a la competencia territorial, manifestó que el artículo 825 del Estatuto
Tributario señala que el cobro coactivo se puede llevar a cabo por la oficina de
cobranzas en donde esté domiciliado el deudor. Indicó que esta norma debe ser
interpretada entendiendo por deudor al contribuyente y no a la aseguradora.
Entonces, para este caso era competente la Dirección Seccional de Bogotá debido
a que corresponde al domicilio de Dugilco Ltda.
2. Suspensión por prejudicialidad administrativa
Adujo que el artículo 835 del Estatuto Tributario indica que la admisión de la
demanda contra los actos que niegan excepciones y ordenan seguir adelante con
la ejecución no impide continuar con el cobro coactivo, sino solo prohíbe realizar el
remate hasta que finalice el proceso judicial.
Manifestó que la resolución sanción constituye un título ejecutivo frente a La
Previsora S.A. porque no se encuentra en discusión su legalidad, de tal modo que
está en firme y puede ser objeto de ejecución. Así, aunque se presentó demanda
contra los actos que negaron la terminación por mutuo acuerdo de la resolución
sanción, esto no permite suspender el cobro por prejudicialidad ya que la decisión
que se adopte en ese proceso no tiene relación alguna con el cobro coactivo.
3. Falsa motivación
Aseguró que la intención de la demandante es reabrir el debate frente a la
liquidación oficial de revisión y la resolución sanción, por lo que a su juicio operó la
caducidad frente a cualquier argumento que pretenda controvertir la legalidad de
estos actos.
De otro lado, señaló que, como lo indicó la sentencia del 11 de noviembre de 2009
proferida por el Consejo de Estado, el título ejecutivo frente a la aseguradora está
constituido por el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el
reintegro, esto es, por la resolución sanción. En este caso, la Resolución Sanción
Nro. 112412012000290 fue debidamente notificada a Dugilco Ltda. y a La Previsora
S.A. el 17 de mayo de 2012, por lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 565 del Estatuto Tributario.
Si bien la demandante alega una falsa motivación del mandamiento de pago, no
5 Folios 216 a 234 cuaderno 2.
5
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
puede desconocerse que el Tribunal, mediante auto del 21 de octubre de 2015,
excluyó este acto del litigio porque no es susceptible de control judicial.
Señaló que no le asiste la razón a la demandante cuando afirma que la póliza limita
su responsabilidad a la suma de $1.993’059.000 porque ese mismo documento
estipula que la garante es solidariamente responsable de las obligaciones
garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución
y los intereses correspondientes. Así las cosas, consideró que el pago que realizó
La Previsora S.A. no puede considerarse que corresponde al total de la obligación,
destacando que el siniestro ocurrió por el incumplimiento de compromisos
asegurados.
4. Violación del derecho de defensa, el debido proceso y el derecho de
contradicción
Manifestó que no violó el derecho al debido proceso de la demandante porque se
pronunció sobre la petición de pruebas dentro del procedimiento de cobro coactivo,
incluso se allegaron al expediente los documentos solicitados por la demandante,
aunque se rechazaron las pruebas inconducentes, impertinentes e inútiles.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:
1. Violación del derecho de defensa, el debido proceso y el derecho de
contradicción
El Tribunal hizo un recuento de las pruebas que obran en el expediente y, con base
en ellas, concluyó que no se violó el derecho al debido proceso de la demandante
porque la Administración tributaria decidió sobre las pruebas solicitadas.
2. Falta de competencia.
Aseguró que la División de Gestión de Cobranzas está facultada para iniciar el
procedimiento de cobro coactivo con base en el Decreto 4048 de 2008 y la
Resolución DIAN 9 de 2008.
De otro lado, indicó que el artículo 49 ibidem facultó a los jefes de las direcciones
seccionales para delegar sus funciones a los empleados públicos en sus respectivas
dependencias. En concordancia, el artículo 824 del Estatuto Tributario dispone que
son competentes para tramitar los procedimientos de cobro coactivo los funcionarios
de las dependencias a quienes se les haya delegado dicha función. De esta forma,
en este caso la abogada ejecutora que profirió el mandamiento de pago fue
debidamente delegada para hacerlo mediante la Resolución Nro. 323 de 2010, acto
que no obra en el expediente, pero cuya legalidad no es objeto de controversia. En
consecuencia, la funcionaria tenía competencia funcional para expedir el
mandamiento de pago.
Manifestó que no se configuró la falta de competencia por el factor territorial debido
a que el artículo 825 del Estatuto Tributario indica que debe adelantar el trámite del
cobro coactivo la oficina de cobranzas que corresponda al domicilio del deudor, es
decir al de Dugilco Ltda. y no de La Previsora S.A.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
3. Suspensión por prejudicialidad
Adujo que la resolución sanción es el título ejecutivo que soporta el cobro coactivo
y que no es relevante que se haya demandado la legalidad de los actos que negaron
la terminación por mutuo acuerdo porque se tratan de procedimientos
independientes, entre los que no existe una relación directa que los condicione total
o parcialmente.
4. Falsa motivación
Señaló que, conforme con el artículo 860 del Estatuto Tributario y el precedente del
Consejo de Estado6, la aseguradora debe ser notificada del acto que declara la
improcedencia de la devolución e impone la sanción prevista en el artículo 670
ibidem, es decir la resolución sanción, y no el acto de determinación del tributo.
Afirmó que está probado que La Previsora S.A. fue notificada de la resolución
sanción, por lo que no es procedente la excepción de inexistencia del título
ejecutivo.
Manifestó que la demandante no perdió su condición de deudora porque, insistió, el
acto que determina su responsabilidad como garante es la resolución sanción. En
todo caso, puso de presente que el acto de determinación del tributo fue notificado
a Dugilco Ltda. antes de que finalizara el plazo de vigencia de la Póliza Nro.
1011321, pues esta fue prorrogada hasta el 24 de septiembre de 2014.
Adujo que el hecho de que la resolución sanción no hiciera efectiva la Póliza Nro.
1011321 ni dispone pago alguno a cargo de La Previsora S.A. no puede ser objeto
de estudio en este caso porque en este procedimiento no debe analizarse la
legalidad del título ejecutivo.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la resolución sanción puso de presente que
la solicitud de devolución del saldo a favor fue respaldada en la Póliza Nro. 1011321,
expedida por La Previsora S.A., y que se ordenó la notificación a la aseguradora.
En consecuencia, para el a quo no se configuró la irregularidad aducida por la
demandante.
Finalmente señaló que, la compañía de seguros se comprometió en la Póliza Nro.
1011321 a garantizar solidariamente las obligaciones incluyendo el monto de la
sanción, por lo que en este caso tiene la obligación de devolver las sanciones que
corresponden al 500% del monto indebidamente devuelto y de los intereses
moratorios incrementados en un 50%.
Con base en lo anterior, el a quo concluyó que, aunque está probado que la
demandante efectuó el pago de $1.992’053.000, este no corresponde al total de la
obligación, por lo que no está probada la excepción de pago.
El Tribunal puso de presente que la Ley 1819 de 2016 disminuyó la sanción prevista
en el artículo 670 del Estatuto Tributario. Empero, no es posible realizar una
disminución en este proceso porque no se discutió la legalidad del acto
administrativo que impuso la sanción.
6 Citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 68001-23-33-000-2014-00131-01 (21996). Sentencia el 17 de marzo de 2016. CP: Carmen Teresa
Ortiz Rodríguez.
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01030-01 (24700)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Finalmente, no impuso condena en costas porque no encontró probada su
causación.
Recurso de apelación
La Previsora S.A. presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con
base en lo siguiente7:
1. Violación de los derechos al debido proceso y de defensa
Aseguró que se demostró que la compañía aseguradora solicitó la práctica de
pruebas en el procedimiento de cobro coactivo, pero fueron negadas sin una
motivación expresa, lo que, a su juicio, se puede comprobar con la lectura de los
actos acusados.
2. Falta de competencia
Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta la norma especial que regula la materia,
especialmente el artículo 4 de la Resolución Nro. 7 de 2008 de la DIAN, según la
cual la competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá no
comprenderá las personas calificadas como grandes contribuyentes. Así, el cobro
coactivo contra La Previsora S.A. solo podía ser adelantado por la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.
Aseguró que la funcionaria que suscribió el mandamiento de pago no tenía
competencia para hacerlo, debido a que el Decreto Extraordinario Nro. 1643 de
1991 no le atribuyó funciones para adelantar cobros coactivos a los funcionarios
que integran las oficinas de recaudo y cobranzas, sino al jefe de dicha dependencia.
Por lo anterior, la delegación contenida en la Resolución Nro. 323 de 2010 no le
permite suscribir el mandamiento de pago.
Finalmente, reiteró que se trata de una nulidad insubsanable, según lo dispuesto en
el numeral 5° del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.
3. Suspensión por prejudicialidad
Adujo que el Tribunal desconoció que se discute la legalidad de los actos que
negaron la terminación por mutuo acuerdo, lo cual es esencial para este caso
porque, si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los anula,
automáticamente deberá terminarse el procedimiento.
4. Falsa motivación
Indicó que el mandamiento de pago violó la literalidad y legalidad de la resolución
sanción porque dicho acto no ordenó hacer efectiva la Póliza Nro. 1011321 ni
dispuso ningún cobro a cargo de La Previsora S.A.
Aseguró que también existe falsa motivación al considerar que el pago efectuado
no fue total, sino parcial, pues no tuvo en cuenta que la voluntad de la compañía de
seguros era extinguir la obligación y que su responsabilidad está limitada a las
condiciones del seguro, según lo establece el artículo 1079 del Código de Comercio.
7 Folios 396 a 409 Cuaderno 2
8
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Afirmó que el Consejo de Estado8, en un caso similar, determinó que la resolución
sanción debe tasar la obligación a cargo de la aseguradora pues, de lo contrario, se
puede proponer la excepción de indebida tasación de la obligación.
Señaló que, en todo caso, para este caso no existe un título ejecutivo complejo
porque no fue debidamente notificada de los actos constitutivos del impuesto y la
sanción, pese a que solicitó a la DIAN que llevara a cabo dicho trámite, sin embargo,
la autoridad tributaria se negó a surtir dicha notificación y continuó el procedimiento
de cobro coactivo sin fundamento contra la garante, lo que vulneró su derecho al
debido proceso.
Si bien la DIAN, en la resolución sanción, mencionó a La Previsora S.A., dicho acto
no contiene el número de la póliza afectada, la decisión de cobro a la aseguradora,
la declaratoria del siniestro, los efectos y el plazo para el pago.
Insistió en que el artículo 860 del Estatuto Tributario establece que, en casos como
este, el seguro tiene una vigencia de dos años y que dentro de dicho plazo se debe
notificar la liquidación oficial de revisión, lo cual no se cumplió y, por ende, no surge
la obligación en cabeza de la aseguradora.
Finalmente, destacó que la Póliza Nro. 1011321 indicó que su responsabilidad
estaba limitada al valor asegurado de $1.99’053.000, de tal modo que el pago
efectuado correspondió al total de su obligación, aunado a que el Tribunal se
equivocó al no aplicar el principio de favorabilidad.
Alegatos de conclusión
La demandante reiteró lo expuesto en la demanda y la apelación, mientras que la
demandada insistió en los argumentos de la oposición.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público9 solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, inhibirse para realizar un pronunciamiento sobre el mandamiento de
pago, además de confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
Señaló que no se violó el debido proceso de la demandante porque no se decretó
la inspección al expediente de la contribuyente, ya que en este caso no se discute
la legalidad de la determinación de la obligación.
Sobre la competencia de la DIAN, hizo un recuento de los fundamentos expuestos
por el tribunal, del cual destacó que es importante el domicilio del contribuyente y
no del garante, ante lo cual la apelante insistió en la competencia de la Seccional
de Grandes Contribuyentes, por lo que su argumento carece de sustento legal para
desvirtuar lo expuesto en la sentencia apelada.
Indicó que no era procedente la suspensión por prejudicialidad porque la legalidad
del cobro coactivo no depende de las actas que negaron la terminación por mutuo
acuerdo de la resolución sanción.
8 Sobre este punto invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-33-000-2013-00305-01 (21953). Sentencia del 19 de mayo de 2016.
CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.
9 Folios 33 a 35 cuaderno 3
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Afirmó que en este caso el título ejecutivo está constituido por la resolución sanción
y la póliza que fue expedida para garantizar la devolución del saldo a favor, sin que
sea necesario que se notifique la liquidación oficial de revisión a la compañía de
seguros.
Finalmente, señaló que, aunque la póliza de seguro no ampara la sanción del 500%
del monto indebidamente devuelto porque esta infracción solo opera ante la
utilización de medios fraudulentos, la actora no expuso este argumento en la vía
gubernativa ni en la judicial, por lo que no procede la nulidad de los actos acusados
por este motivo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para decidir sobre la legalidad de las Resoluciones Nro. 5580 del 1° de diciembre
de 2014 y Nro. 398 del 23 de enero de 2015, por medio de las cuales la DIAN negó
las excepciones propuestas contra el Mandamiento de Pago Nro.0252 del 19 de
septiembre de 2014 y se resolvió un recurso de reposición.
Se pone de presente que, habiéndose desintegrado el quórum decisorio y haberse
presentado un empate en relación con el proyecto inicialmente presentado por el
consejero Milton Chaves García, fueron designados como conjueces la doctora
Eleonora Lozano Rodríguez y el doctor Juan Camilo Serrano Valenzuela10, tras lo
cual, el proyecto fue negado, debiendo pasar al despacho de la posición mayoritaria
que seguía en turno, cuya ponencia dio origen al presente fallo.
Se destaca igualmente que, de forma preliminar, la consejera Stella Jeannette
Carvajal Basto manifestó estar incursa en la causal de impedimento del numeral 2
del artículo 141 del Código General del Proceso, la cual fue declarada fundada en
providencia del 10 de diciembre de 202111.
Ahora, según la apelante, en el asunto de la referencia no existe un título ejecutivo
que le sea oponible porque no le notificaron los actos de determinación del tributo
ni la sanción. Además, señaló que en el proceso sancionatorio no se hizo efectiva
la Póliza Nro. 1011321 ni le impusieron ningún cobro en su contra.
Es preciso citar que, el artículo 828 del Estatuto Tributario enuncia los títulos que
prestan mérito ejecutivo, incluyendo las garantías prestadas para afianzar el pago
de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto en que se declare el
incumplimiento o exigibilidad de la obligación (numeral 4). A su vez, el numeral 7°
del artículo 831 ibidem, señala que contra el mandamiento de pago procede la
excepción de falta de título ejecutivo.
Para que un acto, como el señalado anteriormente, preste mérito ejecutivo, se
requiere que contenga una obligación clara, expresa y exigible a cargo del deudor
y a favor del fisco nacional. La obligación será expresa, cuando se encuentra
delimitada de manera específica en el título ejecutivo en cuanto impone el
cumplimiento de una prestación a favor del acreedor. Será clara cuando los
elementos de la obligación estén definidos en el título ejecutivo. Y será exigible
cuando la obligación no esté sujeta al cumplimiento de un plazo o condición, o no
esté prescrita.
10 SAMAI. Índices 37 y 40.
11 SAMAI. Índice 26.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Ahora, se observa que esta Sección, en la sentencia de unificación del 14 de
noviembre de 201912, analizó cuál debe ser la oportunidad para vincular a las
compañías aseguradoras a los procedimientos de determinación de la obligación y
sancionatorios.
En ella se expuso que, según el precedente vinculante para el momento en que se
expidió dicha providencia, el único acto administrativo que debía ser notificado al
garante para que ejerza su derecho de defensa es la resolución sanción por ser el
acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente
reintegro, a la luz de los artículos 828 y 860 del Estatuto Tributario.
Esta Sección, a partir de la sentencia de unificación invocada, rectificó esta postura
y concluyó que «es deber de la administración tributaria notificar el requerimiento especial y el
pliego de cargos al deudor solidario, garante o asegurador, en los términos expuestos en esta
sentencia». «De conformidad con el artículo 29 constitucional, los artículos 828-1 y 860 del Estatuto
Tributario, el título ejecutivo contra el deudor principal lo será también contra el deudor solidario,
garante o asegurador, siempre que se le vincule al procedimiento administrativo de liquidación oficial
del gravamen y al proceso de imposición de la sanción». No obstante, se precisó que «los
efectos de la presente sentencia de unificación son hacia el futuro».
Teniendo en cuenta lo anterior, en el expediente consta que la Liquidación Oficial
de Revisión Nro. 112412011000142 (que rechazó el saldo a favor declarado por
Dugilco Ltda.) fue expedida el 23 de agosto de 201113, época para la cual estaba
vigente el precedente según el cual ese acto administrativo no debía ser notificado
a las compañías aseguradoras. En consecuencia, para este caso no es relevante
que no se haya notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión
a la sociedad actora porque, se insiste, no es aplicable la regla de unificación
jurisprudencial de la sentencia del 14 de noviembre de 2019.
Frente a la falta de comunicación de la Resolución Sanción Nro. 112412012000290
del 11 de mayo de 2012, se evidencia que, contrario a lo indicado por la sociedad
actora, en la parte considerativa de dicho acto consta que se dispuso su
notificación14, orden que fue cumplida el 17 de mayo de 201215. Así las cosas, no
es cierto que este acto no haya sido notificado formalmente a la sociedad actora,
sin embargo, deben examinarse las demás razones que a juicio del actor
constituyen la excepción invocada.
En hilo con lo anterior, en cuanto a si la resolución sanción hizo efectiva la póliza e
impuso alguna obligación a cargo de la actora, debe tenerse en cuenta que la Corte
Constitucional, en la sentencia C-1201 de 2003 estudió el artículo 828-1 del Estatuto
Tributario (que desarrolla la vinculación de los deudores solidarios en el proceso de
cobro coactivo) y señaló que la Constitución explícitamente consagra que el debido
proceso se aplicará a toda actuación administrativa, «de donde se deduce que todo el
trámite del proceso de determinación y cobro de los tributos, en cualquiera de sus etapas, debe
permitir las garantías que se derivan de dicho principio constitucional”, razón por la cual “los
derechos de contradicción y controversia tiene vigencia desde la iniciación misma de cualquier
procedimiento administrativo tributario, es decir desde el primer requerimiento hecho por la
administración, hasta la conclusión del proceso de cobro coactivo, y debe cobijar a todas las
personas que puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la Administración». Así mismo,
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2013-00452-01 (23018) 2019CE-SUJ-4-011. Sentencia del 14 de noviembre de 2019. CP: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
13 Expediente físico. Anexo 2. Folio 262.
14 Expediente físico. Anexo 3. Folio 491.
15 Expediente físico. Anexo 3. Folio 486.
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en dicha providencia se indicó que: «(…) partiendo de una concepción del procedimiento
administrativo, y dentro de él el proceso de determinación de las obligaciones tributarias, que lo
entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de
un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena
la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los
destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio
del debido proceso. Dentro de este contexto, el acto mediante el cual se vincula a los interesados a
dicha actuación tiene como finalidad garantizar los derechos de defensa y de contradicción como
nociones integrantes del concepto de debido proceso a que se refiere el artículo 29 de la Constitución
Política, y por ello reviste especial importancia que se lleve a cabo de manera tal que permita una
participación real de tales interesados en el procedimiento administrativo iniciado». (énfasis propio).
El análisis hecho por la Corte Constitucional, como se advirtió, tuvo como objeto el
examen del artículo 828-1 del Estatuto Tributario referido a la vinculación de los
deudores solidarios en el cobro coactivo. Las razones allí expuestas por la Corte se
considerarán para el caso en concreto comoquiera que el problema propuesto se
enfoca en la garantía del derecho fundamental al debido proceso y con ello la
participación real del interesado en la actuación administrativa, pero, a partir del acto
con el que se vinculó dado el precedente vigente para la época de los hechos, la
sanción por devolución improcedente y su efectiva configuración como título
ejecutivo.
Además, se tendrá en cuenta el principio de publicidad de la función administrativa
consagrado en el artículo 209 constitucional, que comprende los derechos de
defensa y contradicción, lo que supone que antes de ser ejecutado el administrado
en amparo de la transparencia en la actuación administrativa, se le permita
contrastar los supuestos fácticos y jurídicos por los que se le exige el acatamiento
de una obligación.
En dicho sentido, en el examen de casos de vinculación a terceros en procesos de
imposición de una sanción es necesario asegurar materialmente la realización del
derecho de defensa, para dar cumplimiento a las garantías sustanciales y
procesales que rodean los procesos públicos. En este orden, la autoridad tributaria
que adelanta el trámite administrativo debe, individualizar la obligación que impone,
identificar con claridad el procedimiento al cual se vincula al tercero, indicar el título
bajo el cual se hace la vinculación, señalar las condiciones requeridas para
intervenir en el proceso, advertir las consecuencias u obligaciones que pueden ser
imputadas al tercero y, en general, debe asegurar todas las garantías propias del
tipo de actuación en la que se hace la vinculación con el fin de hacer efectivo el
derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución.
Hechas estas precisiones, se evidencia que la parte resolutiva de la resolución
sanción dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: Imponer la sanción, por el hecho sancionable: 8. Improcedencia de las
Devoluciones y/o Compensaciones al contribuyente DUGILCO LIMITADA, Nit. 900229210, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
En consecuencia, ordenar el reintegro de la suma devuelta y/o compensada en forma
improcedente, por valor de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS /MCTE. ($1.995.053.000) más los intereses moratorios
aumentados en un cincuenta por ciento (50%). Y adicionalmente el 500% del valor devuelto,
equivalente a la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL PESOS /MCTE ($9.960.265.000).
SEGUNDO: Notificar al contribuyente por correo o personalmente, de conformidad con el
inciso 1° del artículo 565 del Estatuto Tributario, en concordancia con los artículos 566 y 569
ibidem, advirtiendo al contribuyente que contra la presente resolución, procede el recurso de
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario,
que podrá interponerse ante la División de Gestión Jurídica de la DIRECCIÓN SECCIONAL
DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN o la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, teniendo
en cuenta el artículo 560 del Estatuto Tributario y los artículos 21 y 40 del decreto 4048 de
2008 dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación previo cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 722 del Estatuto Tributario» 16.
La Sala advierte que, como lo señaló la apelante, la parte resolutiva de la Resolución
Sanción Nro. 112412012000290 no ordenó hacer efectiva la Póliza Nro. 1011321 ni
le impuso ninguna obligación concreta a su cargo, pues se limitó a delimitar la
obligación de reintegrar y a imponer las sanciones procedentes a Dugilco Ltda.
Además, se advierte que la parte considerativa de la resolución sanción puso de
presente que la solicitud de devolución del saldo a favor «fue respaldada con la Póliza de
Garantía No. 1011321 de la Aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT
860.002.400-2»17. Empero, en ella tampoco se hace efectiva la póliza de seguro ni se
impone una obligación concreta a cargo de la sociedad demandante. En realidad,
se observa que, de nuevo, la DIAN se limitó a delimitar la obligación y las sanciones
a cargo de Dugilco Ltda., en los siguientes términos:
«Una vez analizados los anteriores presupuestos y valoradas las pruebas en cumplimiento del
Principio del DEBIDO PROCESO consagrado en el inciso 2° del Artículo 29 de la Constitución
Política, al contribuyente DUGILCO LIMITADA NIT 900.229.210-1, se le impone la sanción,
de conformidad con el Artículo 670 del Estatuto Tributario, la cual se calcula con base en los
siguientes parámetros:
(…)
Dicha sanción consiste en ordenar el reintegro del valor del saldo devuelto y/o compensado
con los correspondientes intereses aumentados en un 50%.
Adicionalmente teniendo en cuenta que el proceso de determinación se comprobó la
inexistencia de las compras de bienes y servicios a los proveedores citados en el
requerimiento especial, la Sociedad DUGILCO LIMITADA NIT 900.229.210-1 también se hace
acreedora de la sanción establecida en los incisos 2° y 5° del artículo 670 del Estatuto
Tributario que establece (…)»18 (subraya la Sala).
Con base en lo anterior, la Sala concluye que, aunque la resolución sanción fue
notificada a La Previsora S.A., su vinculación no fue eficaz porque, al no hacer
efectiva la póliza ni imponer una obligación expresa a su cargo, no garantizó su
derecho al debido proceso ni cumplió con el requisito de publicidad y oponibilidad
de los actos administrativos.
En efecto, se insiste en que la sola notificación de la resolución sanción no garantiza
el cumplimiento de las reglas del derecho al debido proceso, por cuanto es
necesario que el acto administrativo cumpla las garantías mínimas, como lo es
identificar la obligación que se pretende endilgar al notificado. Así las cosas, ante el
incumplimiento de esta garantía constitucional, no se puede exigir la multa
pretendida vía proceso coactivo a la compañía aseguradora demandante.
En consideración a lo expuesto, este cargo de la apelación prospera.
Ahora bien, la Sala advierte que lo anterior es suficiente para revocar la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, sin que sea necesario analizar los demás cargos de la apelación.
16 Expediente físico. Anexo 3. Folio 484.
17 Expediente físico. Anexo 3. Folio 489.
18 Ibidem.
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Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
Además, a título de restablecimiento del derecho, se declarará probada la excepción
de falta de título ejecutivo y, en consecuencia, se ordenará a la DIAN la terminación
y archivo del procedimiento de cobro coactivo adelantado contra La Previsora S.A.
Se destaca que la demandante no formuló ninguna pretensión relacionada con la
devolución del pago efectuado al momento en que solicitó la terminación por mutuo
acuerdo de la resolución sanción.
Finalmente, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 28 de marzo de 2019
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A. En su lugar se dispone:
2. Declarar la nulidad de las Resoluciones Nro. 5580 del 1° de diciembre de
2014 y Nro. 398 del 23 de enero de 2015, proferidas por la DIAN.
3. A título de restablecimiento del derecho declarar probada la excepción de
falta de título ejecutivo, por los motivos expuestos en esta providencia y, en
consecuencia, ordenar a la DIAN la terminación y el archivo del procedimiento
de cobro coactivo adelantado contra La Previsora S.A.
4. Sin condena en costas.
5. Reconocer al abogado Andrés Felipe Mariño Severiche como apoderado de
la DIAN, para los fines y en los términos previstos en el poder que obra a folio
147 del cuaderno 3.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salvo el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA
Conjuez Conjuez
14
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