Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01037-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01037-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2015-01037-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2015-01037-01 (23801)
Demandante EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. ETB S.A.
E.S.P.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Sanción por devolución y/o compensación improcedente.
Renta 2008. Base de liquidación. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió 1:
PRIMERO. DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución Sanción No. 312412013000159
del 10 de enero de 2014 por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN le impuso a la
sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. sanción por devolución
improcedente respecto al impuesto de renta del año gravable 2008, ordenando el reintegro de
$14.395.977.000 más los intereses moratorios correspondientes incrementados en un 50%, y
de la Resolución No. 900.403 del 29 de diciembre de 2014 a través de la cual la Subdirección
de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN resolvió
desfavorablemente el recurso de reconsideración interpuesto contra la primera, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
declárase que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. deberá reintegrar
a la DIAN la suma indebidamente compensada, esto es, $14.395.977.000, más los intereses
moratorios a que haya lugar y la sanción del 20% del valor compensado indebidamente, esto
es, $2.879.195.400, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 20 de abril de 2009, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
(ETB) presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año
2008, en la que registró un saldo a favor de $14.395.977.000.
La sociedad presentó solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor, el
2 de julio de 2009. Por lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) expidió la resolución 6282-1242 del 13 de agosto de la misma anualidad, que
reconoció y compensó el saldo a favor del año gravable 2008 con el impuesto de
1
Samai, índice 23. PDF cuaderno 1 parte 2, págs. 164 a 165.
1
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Demandante: ETB S.A. E.S.P.
renta a cargo e intereses por los periodos 2006 y 2007.
La DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 3124120120000028 del 13 de junio
de 2012, que rechazó el saldo a favor y determinó un saldo a pagar por concepto de
impuestos y de sanción por inexactitud. Esta decisión fue confirmada por la
resolución 900.342 del 15 de julio de 2013, que decidió el recurso de
reconsideración interpuesto por ETB.
Con base en lo anterior, la administración expidió la resolución 312412013000159
del 10 de enero de 2014, que impuso sanción por compensación improcedente y
ordenó el reintegro de $14.395.977.000, más intereses moratorios, incrementados
en un 50%, con fundamento en el artículo 670 del Estatuto Tributario. La sociedad
interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, pero esta decisión
fue confirmada por la autoridad tributaria, mediante la resolución 900.403 del 29 de
diciembre de 2014.
Se pone de presente que los actos de determinación del impuesto sobre la renta del
año gravable 2008 fueron demandados ante la jurisdicción, proceso que finalizó con
la sentencia del 10 de octubre de 20252, que confirmó la nulidad parcial de dichos
actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, determinó que el
saldo a favor procedente era de $5.328.625.000.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:
(i) Resolución N° 312412013000159 de 10 de enero de 2014 (Liquidación Oficial de
Revisión [error, el radicado corresponde a la resolución sanción]) proferida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes.
(ii) Resolución N° 900403 de 29 de diciembre de 2014 proferida por la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, por medio de la
cual se confirmó la anterior.
2. Que en consecuencia se restablezca el derecho de la sociedad, declarando que la
sociedad no está sujeta a la sanción impuesta.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29, 95 (numeral 9) y
363 de la Constitución Política; y 634, 670 y 683 del Estatuto Tributario.
El concepto de violación se resume a continuación:
Indicó que hubo un indebido cálculo de la sanción impuesta. Para esto, explicó que
el artículo 670 del Estatuto Tributario señala que la sanción por devolución
improcedente consiste en los intereses que correspondan, incrementados en un
2
Exp. 26384, M.P. Wilson Ramos Girón
3
Samai, índice 23. PDF cuaderno 1 parte 1, pág. 6.
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50%. De esta forma, los intereses aplicables son los del artículo 634 ibidem, los
cuales solo operan sobre el valor del impuesto, no de la sanción por inexactitud.
Indicó que la administración no hizo esto porque confundió dos conceptos
diferentes, que son, el monto a reintegrar y la base para liquidar los intereses y la
sanción por devolución improcedente4.
Además, señaló que la sanción por devolución y/o compensación improcedente
pretende castigar que el contribuyente use un dinero que no le pertenecía 5. En
consecuencia, a su juicio, la base de esta sanción no se puede incrementar con
otras sanciones, pues se trata de obligaciones que surgen solo de forma posterior.
Advirtió que, por lo expuesto, los actos acusados vulneraron el espíritu de justicia,
por exigirle al contribuyente más de lo determinado por la ley. Igualmente, estimó
que la actuación violó el principio del non bis in ídem, al sancionar dos veces por los
mismos hechos6.
Luego, expuso una síntesis de la discusión propuesta sobre los actos de
determinación. Para ello, sostuvo que la compensación solicitada era procedente,
por encontrarse debidamente probado el saldo a favor generado en la declaración
de renta del año gravable 2008.
Oposición de la demanda
La DIAN solicitó negar las pretensiones de la demanda, señalando que es procedente
la aplicación del artículo 670 del Estatuto Tributario, al cumplirse los supuestos
fácticos que configuraron el hecho sancionable, por ser modificado el saldo a favor
devuelto mediante liquidación oficial de revisión de la declaración de renta.
Manifestó que la base de la sanción se determina con la diferencia entre el saldo a
favor liquidado en la declaración privada, que fue devuelto o compensado, y el saldo
a pagar, establecido en la fiscalización, en el que también fija sanciones a las que
haya lugar.
Aclaró que para la base de los intereses moratorios se tiene en cuenta el valor total
devuelto en exceso, independientemente de si se origina de una liquidación de
sanciones.
Por lo anterior, consideró que la DIAN puede exigir el reintegro con los intereses a los
que haya lugar, así como el incremento del 50% 7. Luego, reiteró lo expuesto para
afirmar que no se vulneró el principio de equidad.
Agregó que no se violó el principio de non bis in ídem, puesto que los procesos de
determinación del tributo y de sanción, son independientes y autónomos. Entonces,
aunque la sanción se derive de lo dispuesto en la liquidación oficial pertinente, cada
uno cuenta con las oportunidades procesales correspondientes.
Finalmente, sobre la síntesis de discusión propuesta en los actos de determinación,
solicitó que no se realizara pronunciamiento alguno respecto a las modificaciones de
fondo de la declaración privada del impuesto sobre la renta, porque no constituye
objeto del litigio en el presente proceso, reiterando la independencia de los
4
Citó la sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 18606, sin identificar ponente.
5
Citó la sentencia de 2009, exp. 16955 (no ofreció más datos para su identificación).
6
Citó la sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 17909, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
7
Citó la sentencia C-075 del 3 de febrero de 2004.
3
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procedimientos de determinación y de sanción y asegurando que cada uno de ellos
fue objeto de una demanda ante esta jurisdicción.
Sentencia apelada
El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados, dispuso el
restablecimiento del derecho procedente y se abstuvo de imponer condena en
costas, por las siguientes consideraciones:
Relacionó los hechos probados y destacó que la jurisprudencia 8 considera que los
trámites para la expedición de la liquidación oficial de revisión y de la resolución
sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones son diferentes e
independientes, pues el primero trata sobre la determinación del tributo, y el
segundo, del reintegro de las sumas devueltas como consecuencia de la
modificación del saldo a favor. Además, indicó que el artículo 670 del Estatuto
Tributario prevé que la devolución de la suma devuelta en exceso se realiza junto
con los intereses moratorios que a esta correspondan, aumentados en un 50% 9.
Agregó que, en el proceso de la referencia, era procedente la sanción por
devolución y/o compensación improcedente impuesta, toda vez que el saldo a favor
registrado en la declaración de renta fue modificado mediante liquidación oficial de
revisión proferida por la autoridad tributaria, precisando que dentro del
procedimiento de la sanción no es posible el cuestionamiento de dichos actos de
determinación, por lo que no realizó análisis de fondo sobre estos últimos.
Respecto a la base gravable, sostuvo que el Consejo de Estado10 estableció que la
sanción por devolución improcedente corresponde al incremento del 50% de los
intereses moratorios que se debe liquidar sobre el mayor impuesto determinado. Por
lo anterior, advirtió que el valor a devolver no debía incluir la sanción por inexactitud
impuesta en la liquidación oficial de revisión, y concluyó que los actos demandados
fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que debían fundarse y
quebrantaron los principios de justicia, equidad tributaria y proporcionalidad.
En cuanto al restablecimiento del derecho, señaló que el artículo 293 de la Ley 1819
de 2016 modificó la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario 11, pues ya no
correspondería al 50% de los intereses correspondientes, sino al 20% del monto a
reintegrar. De esta forma, sostuvo que, sin necesidad de realizar la operación
aritmética, la nueva disposición normativa resulta más beneficiosa, por lo que
procede su aplicación en virtud del principio de favorabilidad. Con base en lo
anterior, estableció que el valor a reintegrar equivale a $14.395.977.000 y que la
sanción se modificó a la suma de $2.879.195.400.
Por último, no impuso condena en costas, al no encontrarse probadas.
Recurso de apelación
La demandante sustentó su recurso de apelación12 en que el a quo violó el derecho
al debido proceso y de defensa, al considerar adecuada una sanción por
compensación improcedente, aun reducida en virtud del principio de favorabilidad,
8
Citó la sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 19197, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
9
Citó la sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 16708, M.P. Héctor J. Romero Díaz.
10
Citó sentencia del 2 de julio de 2015, exp. 18914, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Citó la sentencia del 24 de agosto de 2017, exp. 25000-23-37-000-2015-00294-01, M.P. Milton Chaves García.
12
Samai, índice 23. PDF cuaderno 1 parte 2, págs. 175 a 188.
4
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Demandante: ETB S.A. E.S.P.
cuando no está definido si fue cometida la infracción, por encontrarse pendiente el
fallo del proceso que estudia la legalidad de los actos de determinación del impuesto
sobre la renta del año 2008. Destacó que lo anterior desconoce el modelo de Estado
de Derecho, además que limita la posibilidad de ejercer su defensa.
Señaló que el tribunal aplicó incorrectamente la nueva regla de liquidación de la
sanción, puesto que la base debió corresponder a la diferencia entre el saldo a favor
declarado y el impuesto que resulta de la liquidación oficial de revisión, sin incluir la
sanción por inexactitud, por tratarse de una obligación posterior a la supuesta
comisión de la infracción.
Alegó la violación del artículo 670 del Estatuto Tributario, para lo cual cuestionó lo
establecido en la sentencia C-075 de 2004, que estudió la constitucionalidad de
dicha norma, por atribuir el hecho sancionable en la culpabilidad del contribuyente
por liquidar un impuesto equivocado, que dio lugar a un saldo a favor injustificado,
cuando puede ser normal que surjan diferencias de interpretación razonables.
Reiteró que se debe ajustar la base de la sanción, pues no puede castigarse
doblemente al contribuyente, vulnerando el principio de buena fe. La jurisprudencia
señaló que el fundamento de la sanción por devolución improcedente es obtener un
beneficio sin tener derecho a él13, e insistió en que se debe excluir a la sanción por
inexactitud.
Agregó que existe una conexidad con el proceso de liquidación oficial de revisión ,
por lo que el Consejo de Estado 14 estableció que, al declararse la nulidad total o
parcial del acto de determinación, también procede la nulidad de los actos
sancionatorios por devolución o compensación improcedente.
Alegatos de conclusión de segunda instancia15
La demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación16, y enfatizando en
la vulneración de principios constitucionales por haberse proferido decisión sin
existir sentencia definitiva de la legalidad de los actos de determinación del impuesto
sobre la renta del año 2008. En consecuencia, solicitó la suspensión del presente
proceso por prejudicialidad17.
La demandada manifestó18 que la sanción era procedente, pues se realizó la
notificación previa de la liquidación oficial que modificó o rechazó el saldo a favor19.
Además, indicó que la base gravable fue determinada conforme con la normativa
vigente, que no permite detraer de la base de la sanción por compensación
improcedente a la sanción por inexactitud.
Aclaró que, tanto para la administración como para el tribunal, los intereses
moratorios incrementados en un 50% se calculan sin tener en cuenta la sanción por
inexactitud. Pero, aún de aplicar la sanción del 20% de la Ley 1819 de 2016, debe
13
Citó la sentencia del 2 de julio de 2015, exp. 1814.
14
Citó la sentencia del 13 de octubre de 2016, exp. 199625, sin identificar ponente.
15
Se precisa que la apelación fue interpuesta el 18 de marzo de 2018, esto es, antes del inicio de la vigencia de la Ley 2080 de
2021, por lo que el trámite en esta instancia se debe adelantar y finalizar conforme la redacción original de la Ley 1437 de
2011.
16
Ibidem, págs. 213 a 230.
17
La cual fue decretada mediante auto del 29 de enero de 2019, Samai, índice 23. PDF cuaderno 1 parte 2, págs. 249 a 251. El
proceso fue reanudado en auto del 24 de enero de 2025 (Samai, índice 31).
18
Samai, índice 23. PDF cuaderno 1 parte 2, págs. 203 a 212.
19
Citó la sentencia del 14 de abril de 2016, exp. 25000-23-37-000-2009-00197-01, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
5
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Demandante: ETB S.A. E.S.P.
calcularse con base en la totalidad del saldo a favor rechazado, es decir,
$14.395.977.000.
Intervención del ministerio público
Solicitó que se revocara la sentencia apelada20 porque debía tenerse en cuenta lo
que se establezca en el proceso de determinación, dado que, si bien el trámite
sancionatorio es independiente y autónomo, está íntimamente relacionado con el
asunto objeto del litigio en este proceso. Señaló que, para esto, era necesario
aplazar la presente decisión hasta que se definiera el proceso judicial en que se
demandaron los actos de determinación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda
instancia, se pone de presente que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido el
proceso en primera instancia (índice 43 Samai) y que, mediante auto del 31 de
octubre de 2025, la sala declaró fundado el impedimento presentado (índice 49
Samai).
Problema jurídico
La sala advierte que la demanda planteó, como cargo de nulidad de los actos que
impusieron la sanción por devolución y/o compensación improcedente, los mismos
argumentos con los que sustentó la demanda de nulidad frente a la liquidación oficial
de revisión. Sobre este punto, el tribunal afirmó que no realizaría este análisis,
porque no es objeto del proceso de la referencia, sino de aquel en que fue
pretendida la nulidad de los actos de determinación. Lo anterior no fue objeto de
reparo en la apelación, motivo por el cual no se realizará ningún pronunciamiento al
respecto, en virtud del principio de congruencia de los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sección determinar la legalidad de las
resoluciones 312412013000159 del 10 de enero y 900.403 del 29 de diciembre de
2014, actos proferidos por la DIAN, en las que impuso a ETB S.A. E.S.P. sanción por
devolución y/o compensación improcedente, dado que esa misma entidad profirió
una liquidación oficial de revisión que rechazó el saldo a favor de la declaración de
renta del año gravable 2008.
Análisis del caso concreto
La apelante cuestionó que el a quo considerara que la sanción impuesta en los actos
acusados era procedente, pues solo la definición de la legalidad del procedimiento
de determinación permitía verificar la existencia del hecho sancionable. De esta
forma, indicó que hay una conexidad entre ambos trámites que debe tenerse en
cuenta para definir la procedencia y el monto de la sanción por devolución y/o
compensación improcedente. Finalmente, destacó que la sanción objeto de
controversia no tiene la finalidad de castigar los errores del impuesto declarado, sino
el aprovechamiento indebido de recursos que debieron ser trasladados al Estado,
por lo que la base de su liquidación debe excluir la sanción por inexactitud, sea que
20
Ibidem, págs. 239 a 242.
6
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se aplique la norma que establecía los intereses moratorios incrementados en un
50% o del 20% sobre el valor a reintegrar.
Respecto a la procedencia de la sanción, la sala reiterará en lo pertinente la
sentencia del 21 de agosto de 202521, que decidió un asunto similar. En dicha
ocasión, la sala puso de presente que el artículo 670 del Estatuto Tributario prevé
que las devoluciones o compensaciones efectuadas por la administración en favor
de los contribuyentes o responsables, con fundamento en las declaraciones del
impuesto sobre la renta y de IVA, no constituyen el reconocimiento de un derecho
definitivo22.
De ahí que, mediante liquidación oficial, pueda rechazarse o modificarse el saldo a
favor objeto de devolución y/o compensación, caso en el cual, la DIAN está
habilitada para exigir su reintegro e imponer la sanción por compensación o
devolución improcedente según corresponda.
Esto es así, en la medida en que los actos sancionatorios y los de determinación
oficial del impuesto son actuaciones administrativas diferentes, que siguen
procedimientos propios y se justifican en hechos independientes; aun cuando los
actos administrativos de liquidación del tributo puedan llegar a ser el fundamento de
la sanción por devolución y/o compensación improcedente 23, pues a través de los
primeros se materializará parte del hecho sancionable, esto es el rechazo o
modificación del saldo a favor que fue objeto de devolución o compensación en favor
del contribuyente o responsable.
En ese sentido, la sanción por devolución y compensación improcedente puede
imponerse una vez la administración notifique al contribuyente o responsable la
liquidación oficial de revisión que rechaza o modifica el correspondiente saldo a
favor, sin que, para esos efectos, la ley exija como requisito de procedibilidad de la
sanción, la ejecutoria del acto administrativo de determinación oficial del impuesto.
Ahora, sin perjuicio de la autonomía e independencia de los procesos, es claro que
el resultado final de la discusión jurídica sobre la liquidación oficial, ya sea por el
ejercicio y decisión de los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios,
cuando no se demande la nulidad del acto de determinación del tributo o, en vía
judicial, cuando se presente dicha demanda y se falle definitivamente, afecta los
actos sancionatorios, toda vez que el saldo a favor compensado o pedido en
devolución por el contribuyente o responsable puede resultar modificado o ser
totalmente improcedente, de acuerdo con lo que allí se decida.
Por lo anterior, se procederá a analizar lo pertinente teniendo en cuenta lo
establecido en la sentencia que estudió la legalidad de los actos de determinación
del tributo. Teniendo esto presente, y frente a los reproches de la base de la sanción,
la sala reiterará, en lo que corresponde, lo expuesto en la sentencia del 26 de junio
de 202524, que también analizó argumentos similares a los planteados sobre este
punto.
Entonces, el citado artículo 670 prevé en la actualidad que, en los casos de
devolución y/o compensación improcedente, el administrado está en la obligación
de reintegrar el valor indebidamente devuelto o compensado, junto con los intereses
21
Exp. 30170, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Sentencias del 26 de junio de 2024, exp. 25862, y del 26 de junio de 2025, exp. 28564; C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Sentencia de unificación del 20 de agosto de 2020, exp. 22756, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
24
Exp. 28838, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7
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moratorios a que haya lugar, los cuales se deben calcular siguiendo el mandato del
artículo 634 ibidem; y a título de multa se debe pagar el 20% del valor improcedente.
Se precisa para este caso que, al momento de la época de los hechos, la norma
preveía que la sanción correspondía al incremento de los intereses moratorios en un
50%.
La providencia reiterada precisó que el valor a reintegrar no corresponde a una
sanción25, sino al monto del saldo a favor que se devolvió o compensó de manera
improcedente. Por tanto, de estas sumas no se excluyen las sanciones que se
detrajeron en su determinación.
Diferente ocurre con la base de liquidación de la sanción y los intereses. Estos se
determinan sin incluir otras sanciones, como lo precisó la sala en la sentencia de
unificación CE-SUJ-4-001 del 20 de agosto de 202026, que definió la siguiente regla
jurisprudencial:
En todos los casos, se debe excluir de la base de cálculo de la sanción por devolución o
compensación improcedente regulada en el artículo 670 del Estatuto Tributario (en la
redacción del artículo 293 de la Ley 1819 de 2016) el monto de otras sanciones administrativas
tributarias que hayan disminuido la cuantía del saldo a favor susceptible de ser devuelto o
compensado. [Énfasis propio].
Así, la jurisprudencia de esta sección precisó que la base para calcular la sanción
prevista en el artículo 670 del Estatuto Tributario no incluye las sanciones,
particularmente la sanción por inexactitud. Y, conforme lo dispuesto en ese mismo
fallo, la anterior regla es aplicable para los trámites pendientes de resolver, como el
presente.
En el caso concreto, el tribunal consideró que, en virtud del principio de favorabilidad
la norma que resultaba más beneficiosa era el artículo 670 del Estatuto Tributario en
su redacción actual (20% del monto a reintegrar), sin que la demandante propusiera
ningún reparo al respecto.
Precisado lo anterior, se encuentra que los actos determinación fueron declarados
parcialmente nulos según lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia del 10
de octubre de 202527, que determinó el saldo a favor del impuesto de renta del año
2008, en los siguientes valores:
Liquidación Liquidación Liquidación Liquidación
Concepto
privada oficial de revisión tribunal Consejo de Estado
Total impuesto a cargo 15.701.247.000 43.407.465.000 23.094.902.000 20.234.923.000
Anticipo renta año gravable 2008 0 0 0 0
Sald. a favor 2007 sin devol. o comp. 0 0 0 0
Autorretenciones 27.875.654.000 27.875.654.000 27.875.654.000 27.875.654.000
Otras retenciones 2.221.570.000 2.221.570.000 2.221.570.000 2.221.570.000
Total retenciones 30.097.224.000 30.097.224.000 30.097.224.000 30.097.224.000
Antic. renta por el año gravable 2011 0 0 0 0
Saldo a pagar por impuesto 0 13.310.241.000 0 0
Sanciones 0 44.329.949.000 7.393.655.000 4.533.676.000
Total saldo a pagar 0 57.640.190.000 391.333.000 0
O total saldo a favor 14.395.977.000 0 0 5.328.625.000
25
Sentencia del 24 de octubre de 2024, exp. 27557, M.P. Wilson Ramos Girón (E).
26
Exp. 22756, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Exp. 26384, M.P. Wilson Ramos Girón
8
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2015-01037-01 (23801)
Demandante: ETB S.A. E.S.P.
A partir de lo anterior, el monto a reintegrar -que como se expuso no corresponde a
una sanción y del cual no se excluyen sanciones- es la diferencia que surge entre el
saldo a favor declarado y devuelto ($14.395.977.00028), y el confirmado en la
sentencia de esta corporación ($5.328.625.000), la cual asciende a $9.067.352.000.
Por su parte, la base de liquidación de la sanción, es la siguiente:
Concepto Valor
Saldo a favor devuelto 14.395.977.000
Saldo a favor determinado en sede judicial después de sanción 5.328.625.000
Monto a reintegrar $9.067.352.000
(-) sanción por inexactitud 4.533.676.000
Base de sanción por devolución improcedente 4.533.676.000
Sanción del 20% $906.735.000
De conformidad con lo expuesto, se modificará el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, para fijar, a título de restablecimiento del
derecho, que el valor a reintegrar es de $9.067.352.000, con los correspondientes
intereses moratorios, y la sanción equivalente al 20% del valor compensado de
manera improcedente en la suma de $906.735.000.
En lo demás, se confirma la sentencia apelada.
Costas
No se realizará pronunciamiento sobre a la primera instancia, dado que no fue
apelada la decisión del tribunal de no imponerlas. Además, no se impondrá condena
en segunda instancia, conforme al numeral 5 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 28 de
febrero de 2025, el cual quedará así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, fijar como monto a reintegrar la suma de
$9.067.352.000, junto con los respectivos intereses moratorios. Y como sanción por
devolución improcedente la suma de $906.735.000, equivalente al 20% de la cuantía devuelta
de forma improcedente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada
3. Sin condena en costas en segunda instancia.
4. Reconocer a Adriana Buitrago Maldonado como apoderada judicial de la parte
demandada, en los términos del poder conferido (Samai, índice 40).
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
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Samai, índice 29. PDF cuaderno 3, pág.90.
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01037-01 (23801)
Demandante: ETB S.A. E.S.P.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano, este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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