Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01087-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01087-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2015-01087-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
23 de febrero de 2023
Radicación: 25000-23-37-000-2015-01087-01 (25880)
Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2015-01087-01 (25880)
Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
Demandado: MUNICIPIO DE BOJACÁ
Temas: Incentivo para la ubicación de sitios de disposición final de residuos
sólidos para los municipios periodos de enero de 2007 diciembre
de 2013. Contrato de concesión.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 20 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda y no accedió a la condena en costas 1.
ANTECEDENTES
Mediante el artículo 101 de la Ley 1151 de 2007 se creó el “incentivo para la ubicación
de sitios de disposición final de residuos sólidos para los municipios”.
El 25 de marzo de 2014 el municipio de Bojacá expidió la Resolución 5 en la que liquidó
el “incentivo para la ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos para los
municipios” de los periodos de enero a 2007 al 30 de agosto de 2010 por valor de
$752.890.129 y de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2013 por $26.826.846 2.
El 28 de septiembre de 2014 el municipio de Bojacá expidió la Resolución 34 en la que
resolvió el recurso de reconsideración que presentó la demandante en contra de la
Resolución 5 del 25 de marzo de 2014, en la cual se negaron los cargos en contra del
acto recurrido3.
DEMANDA
CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, formuló las
siguientes pretensiones 4:
1 Índice 2 de la plataforma SAMAI
2 Ibídem
3 Ibídem
4 Ibídem
1
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Radicación: 25000-23-37-000-2015-01087-01 (25880)
Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
“PRIMERA.- Se decrete la Nulidad de la Resolución No 5 del 25 de marzo de 2014
por medio de la cual la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Bojacá
efectuó una liquidación oficial y se declaró el incumplimiento por parte del
CONSORCIO RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el acto administrativo incurre en falsa motivación.
SEGUNDA.- Se decrete la Nulidad de la Resolución No 34 del 24 o 28 (el Acto
Administrativo difiere entre lo expresado en letras y el número) de septiembre de
2014 por medio de la cual la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de
Bojacá resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la
Resolución No 5 del 25 de marzo de 2014, que en su parte resolutiva ordenó “NO
RECONSIDERAR la liquidación oficial efectuada mediante resolución No 5 de
2014, de conformidad con lo considerado en la parte motiva”
TERCERA.- Se ordene al Municipio de Bojacá que proceda a la reliquidación oficial
sin que se tenga en cuenta ni se incluya el incentivo creado por la Ley 1151 de
2007, ya que el mismo no es aplicable a la relación jurídica tal y como se señalará
más adelante.
CUARTA.- Que de acuerdo con la reliquidación ordenada en la pretensión anterior
se ordene la restitución al demandante el saldo que resulte a su favor debidamente
indexado.
QUINTA.- Que se ordene cancelar a la demandante los perjuicios sufridos por la
liquidación errada contenida en la Resolución No 5 del 25 de marzo de 2014 y su
confirmación en la Resolución No 34 del 24 o 28 (el Acto Administrativo difiere
entre lo expresado en letras y el número) de septiembre de 2014 por medio de la
cual la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía municipal de Bojacá resolvió el
recurso de reconsideración.
SEXTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en la ley.
SÉPTIMA.- Se condene en costas a la demandada.”
La demandante invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 142 y 150 de la Ley 142 de 1994
• Artículos 101 y 160 de la Ley 1151 de 2007
• Artículos 251 y 276 de la Ley 1450 de 2011
• Decreto1436 de 2008
• Decreto 920 de 2013
El concepto de la violación se sintetiza así 5:
Aclaró que el tema en discusión tiene un origen de carácter contractual, porque la
Secretaría de Hacienda del municipio de Bojacá solicitó el pago del “incentivo para los
municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional” establecido en
la Ley 1151 de 2007.
Explicó que en un principio se suscribió el Contrato de Concesión 1 de 2002 con el
municipio demandado, en el que se estableció la tarifa fija que podía cobrar por la
5 Ibídem
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Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
recolección de residuos sin que se permitiera modificarla de manera unilateral. Sin
embargo, al ser un contrato de invitación pública a empresas privadas, para operación,
financiación y mantenimiento de servicios públicos el mencionado contrato no se
afectaba por la Ley 142 de 1994, como lo establece la Resolución CRA 351 de 2007.
Advirtió que la Resolución 5 de 2014, la cual se demanda en este proceso establece
que se debe hacer el pago del “incentivo para los municipios donde se ubiquen rellenos
sanitarios de carácter regional” en consideración con el artículo 101 de la Ley 1151 de
2007. Sin embargo, el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que dicha norma
no aplica en situaciones en las que se haya realizado una licitación pública en la que
estuvieran invitadas empresas privadas.
Señaló que el contrato original fue el Contrato de Concesión 1 de 2002 y según
comunicado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el incentivo
del artículo 101 de la Ley 1151 de 2007 solo era aplicable si las partes lo acordaban.
Además, en la modificación de dicho contrato del 10 de agosto de 2010 se estableció
de forma explícita, que no se incluirían nuevos incentivos.
Alegó que la Resolución 34 de 2014 no analizó los cargos del recurso de
reconsideración, debido a que solo afirma que se debió de demostrar la inexistencia
de la obligación o el cobro de lo no debido, lo cual se encuentra probado en el
expediente, ya que en el año 2007 existía una tarifa establecida en el contrato de
concesión. Adicionalmente, el artículo 150 de la Ley 142 de 1994 no permite cobros
inoportunos al no haberse facturados valores adicionales a los consumidores.
Aclaró que el Concepto 756 de 2012 de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios explicó, que al no existir reglamentación del artículo 251 de la Ley 1450
de 2011 no se puede cobrar el incentivo en discusión, ya que de hacerse sería
arbitrario.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Municipio de Bojacá se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos 6:
Explicó la existencia de inepta demanda, por carencia de agotamiento en vía de
recursos administrativos del restablecimiento perseguido en la reforma de la demanda,
debido a que solicita en vía judicial una reliquidación y devolución de lo pagado, lo cual
no solicitó en el recurso de reconsideración. Además, alegó que no se agotaron los
recursos en vía administrativa, porque la demandante solo planteó la no exigibilidad
de cobro de incentivos, por los periodos anteriores a la modificación del contrato (entre
enero de 2010 y 30 de agosto de 2010), pero no argumenta en contra de los periodos
posteriores (hasta 31 de diciembre de 2013), por lo que no existe congruencia en sus
fundamentos, como lo exige el artículo 281 del Código General del Proceso -CGP-.
Aclaró que la modificación del Contrato de Concesión del 10 de agosto de 2010 tenía
como fin la extensión de dicho contrato y de aclarar el pago del incentivo, pero el
incentivo se debió de aplicar de forma inmediata desde el año 2007, porque el contrato
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FALLO
se firmó de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de Contratación Estatal y los
artículos 1494,1602 1618 y 1622 del Código Civil.
Señaló que “con independencia a sí la exigibilidad del pago del incentivo consagrado
en la Ley 1151 de 2007, era ora de manera concomitante a la promulgación de la citada
ley, ya de manera inmediatamente ulterior a la suscripción del modificatorio del
acuerdo consorcial, lo cierto es que el querer de las partes contractuales -
Departamento de Cundinamarca y Consorcio Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo-,
fue reconocer la causación del mismo por el ámbito temporal comprendido entre
septiembre de 2007 hasta agosto de 2010, y su consecuente deber contractual de
pago por parte de la organización consorcial aquí demandante, en beneficio y en favor
de un tercero denominado Municipio de Bojacá”
Advirtió que las partes reconocieron el pago retroactivo del incentivo de la Ley 1151
de 2007 en la modificación del contrato consorcial al reconocer el beneficio a favor de
la entidad territorial. Además, no debe aceptarse que la actora alegue culpa en
beneficio propio, ya que el incentivo es resultado de la voluntad de las partes al firmar
el acuerdo consorcial y su posterior modificación.
Explicó que si la demandante deseaba negociar el pago del incentivo debió iniciar un
proceso de controversias contractuales, porque la intención debe ser que las
autoridades judiciales establezcan la nulidad de la modificación del contrato de
concesión. Adicionalmente, no es aplicable en el presente caso lo establecido en el
artículo 150 de la Ley 142 de 1994, porque no cumple con el principio de especialidad
consagrado en el artículo 10 del Código Civil al ser un tema tributario que se trata en
el presente caso.
Aclaró que en todo la actuado por la administración se realizó de acuerdo con el
principio de buena fe establecido en el artículo 83 de la Constitución Política.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B negó las
pretensiones de la demanda y no accedió a la condena en costas. Las razones de la
decisión se resumen así7:
Explicó que los actos demandados no interpretan de forma incorrecta lo establecido
en la Ley 1151 de 2007 y el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, porque no existe
controversia en que el demandante debió de liquidar y cobrar el incentivo en los recibos
de cobro de los usuarios desde el año 2007 hasta abril de 2013 en consideración de
las normas enunciadas.
Advirtió que no es procedente alegar, que por no tener la calidad de empresa
prestadora de servicios públicos domiciliarios y por ser necesaria una modificación al
contrato de concesión no pudiera cobrar el incentivo de carácter tributario, ya que es
un tema diferente a las calidades contractuales. Además, los recursos tributarios
recibidos por los municipios son de interés público, los cuales provienen del usuario
final como sujeto pasivo y el consorcio es un ente recaudador.
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FALLO
Aclaró que no existió desequilibrio económico en el contrato, ya que en modificación
del Contrato de Concesión 1 suscrito el 10 de agosto de 2012 la demandante reconoció
deuda por $953.000.000 por el incentivo creado desde enero de 2007 hasta el 30 de
agosto de 2010. Adicionalmente, no condenó en costas por no encontrarse probadas
en el expediente.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló con fundamento en los siguientes argumentos 8:
Alegó que existe una controversia jurídica, porque se encuentra demostrado en el
expediente que no le correspondía por excepción legal la modificación de la tarifa y el
cobro del incentivo creado por la Ley 1151 de 2007. En consecuencia, debe tenerse
en cuenta el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 el cual establece que el
incentivo no aplica a las empresas que celebran contratos mediante invitación pública.
Aclaró que el 27 de diciembre de 2002 se suscribió el contrato entre el Consorcio
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo y la Gobernación de Cundinamarca, por lo que
las tarifas a cobrar al usuario final no podían modificarse solo por una de las partes.
Además, el incentivo creado por la Ley 1151 de 2007 fue tan poco claro que en el
expediente se encuentran respuestas a derechos de petición, que no explican de forma
específica su aplicación, por lo que sí existe una controversia jurídica en el presente
caso.
Señaló que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 es la norma especial que aplica a la
situación de la concesión y en la situación jurídica del consorcio, por lo que no se
discute la existencia del incentivo del artículo 101 de la Ley 1151 de 2007, sino que
existe una norma que exceptúa sus efectos. En consecuencia, la norma especial debe
aplicar sobre la general, tal como lo reconoce el fallo de primera instancia, pero no lo
aplica de forma correcta.
Advirtió que la destinación del incentivo no riñe con la excepción, debido a que el
legislador reconoce que existe una concesión que se adjudicó por medio de invitación
pública y cuya tarifa solo puede ser modificada entre partes. Adicionalmente, la
sentencia de primera instancia utiliza de forma errónea la analogía para resolver el
caso, ya que el Decreto 920 de 2013 no ordena ni regula lo mismo que la Ley 142 de
1994, por cuanto el mencionado decreto es para pago de intereses y presentar
reportes de información.
Manifestó que el Tribunal desconoció el principio de relatividad de los contratos e
interpretó de forma errónea la modificación del contrato de concesión del 10 de agosto
de 2012, toda vez que los contratos solo pueden producir efectos entre las partes que
los otorgan y la modificación del mencionado contrato solo tuvo como fin la limitación
temporal, para el cobro del usuario final. Además, se evidencia que el fallo contraría
conceptos y pronunciamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Alegó que no puede encargarse de la facturación de todos los componentes en materia
del servicio de aseo, porque solo se encarga del sitio de disposición final y el fallo de
8 Ibídem
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primera instancia aplica de forma retroactiva la norma tributaria al cobrar el incentivo
desde el año 2007 al igual que la Ley 1450 de 2011.
Explicó que el Tribunal erró en la interpretación del artículo 150 de la Ley 142 de 1994,
porque no pueden cobrarse bienes y servicios no facturados por error.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
Se observa que la demandada presentó memorial el 18 de agosto de 2022 9 en el cual
se pronunció respecto al recurso de apelación que fue presentado el 13 de julio de
2020 por la parte demandante10. Sin embargo, posteriormente la parte demandada
presentó alegatos de conclusión en cumplimiento de auto del 29 de agosto de 2022 11
en el que se expresa las mismas razones jurídicas que en el pronunciamiento al
recurso de apelación, por lo que se tendrá en cuenta lo determinado en los alegatos
de conclusión.
La demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en la apelación12.
El municipio de Bojacá reiteró de forma sucinta lo expuesto en la contestación de la
demanda13.
El Ministerio Público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si los actos
administrativos demandados se encuentran viciados por falsa motivación, por
determinar que la demandante es responsable del “incentivo para los municipios donde
se ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional” entre los periodos enero de 2007
al 30 de agosto de 2010 y septiembre de 2010 a 31 de diciembre de 2013.
La demandante alegó que la sentencia de primera instancia no resolvió el problema
jurídico planteado, debido a que se encuentra amparado por la excepción legal de la
imposibilidad de modificar la tarifa y el cobro del incentivo creado por la Ley 1151 de
2007.
El artículo 101 de la Ley 1151 de 2007 ordena lo siguiente:
“ARTÍCULO 101. Acceso a rellenos sanitarios y/o estaciones de transferencias.
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2436 de 2008. Las
autoridades ambientales, personas prestadoras o entidades territoriales no podrán
imponer restricciones injustificadas al acceso a los rellenos sanitarios y/o
estaciones de transferencia.
Créase el incentivo para la ubicación de sitios de disposición final de residuos
sólidos para los municipios donde ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional.
9 Índice 27 de la plataforma Samai
10 Índice 2 de la plataforma Samai
11 Índice 29 de la plataforma Samai
12 Índice 35 de la plataforma Samai
13 Índice 36 de la plataforma Samai
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El valor de dicho incentivo será pagado al municipio donde se ubique el relleno
sanitario por el prestador de esta actividad de disposición final y su tarifa será de
0.23% del smmlv por tonelada dispuesta.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá el
mecanismo de inclusión del incentivo en la tarifa del usuario final del servicio de
aseo, salvo aquellos usuarios ubicados en el municipio donde se encuentra el
relleno sanitario.
PARÁGRAFO. En aquellos casos en que el relleno sanitario se ubique en zonas
limítrofes de varios municipios, el incentivo se distribuirá equitativamente entre
estos municipios, conforme al estudio de impacto ambiental que realice la
autoridad ambiental competente.” (Subraya la Sala)
De acuerdo con la norma transcrita, se creó un incentivo para los municipios donde se
ubiquen rellenos sanitarios de residuos sólidos con una tarifa del 0.23% del smmlv por
tonelada. El mencionado incentivo fue regulado por la Resolución CRA 429 del 25 de
septiembre de 2007 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, en el que en el artículo 1 se determinó que el mencionado
incentivo se sebe cobrar en la factura del usuario final, por lo que se encontraba
regulado el incentivo a diferencia de lo expresado por la demandante en el escrito de
apelación14.
El artículo 101 de la Ley 1151 de 2007 fue derogado por el artículo 276 de la Ley 1450
de 2011, pero en la misma ley en el artículo 251 se conservó el incentivo municipal de
rellenos sanitarios de acuerdo con lo siguiente:
“ARTÍCULO 251. Eficiencia en el manejo de residuos sólidos. Con el fin de
controlar y reducir los impactos ambientales, generar economías de escalas y
promover soluciones de mínimo costo que beneficien a los usuarios del
componente de disposición final del servicio público de aseo, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá establecer e implementar áreas
estratégicas para la construcción y operación de rellenos sanitarios de carácter
regional, incluidas las estaciones de transferencia de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, y con base en los
usos del suelo definidos para este fin por los Concejos Municipales. […]
Consérvese el incentivo para los municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios
de carácter regional. El valor de dicho incentivo continuará siendo pagado por el
prestador al municipio donde se ubique el relleno sanitario de la actividad de
disposición final y su tarifa será entre 0.23% y 0.69% del Salario Mínimo Mensual
Legal Vigente – (smlmv) por tonelada dispuesta de conformidad con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta entre otros, los siguientes criterios: cantidad de toneladas dispuestas,
capacidad del relleno sanitario. […]
PARÁGRAFO 1º. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico definirá el mecanismo de inclusión del pago del incentivo en la tarifa del
14 “ARTÍCULO 1o. INCORPORACIÓN A LA TARIFA DEL USUARIO FINAL DEL INCENTIVO A LOS RELLENOS
SANITARIOS CREADO POR LA LEY 1151 DE 2007. Al Costo de Tratamiento y Disposición Final (CDTj),
establecido en el artículo 15 de la Resolución 351 de 2005, se adicionará el valor equivalente al 0.23% del smmlv
por tonelada dispuesta, para determinar el valor total por tonelada a ser incorporado en la factura al usuario final
de todos aquellos municipios diferentes a aquel donde se encuentre ubicado el relleno sanitario, y cuyos residuos
sólidos se dispongan en el municipio receptor.”
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usuario final del servicio de aseo, salvo aquellos usuarios ubicados en el municipio
donde se encuentra el relleno sanitario y/o la estación de transferencia. […]
PARÁGRAFO 3º. En aquellos casos en que el relleno sanitario se encuentre
ubicado o se llegare a ubicar en zonas limítrofes de varios municipios, el incentivo
se distribuirá equitativamente entre los municipios, conforme al estudio de impacto
ambiental que realice la autoridad ambiental competente.” (Subraya la Sala)
De acuerdo con la norma, el incentivo continuó con una nueva tarifa, regulada
mediante el Decreto 920 del 8 de mayo de 2013 expedido por el Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el cual en su artículo 5 de forma clara y específica determinó que
la no suscripción de acuerdo del pago del incentivo no exime al ente recaudador de su
pago15. Se aclara que
Ahora, la demandante argumenta que no es responsable del pago del incentivo en los
periodos discutidos, debido a que se encuentra en una excepción legal establecida en
el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, la cual establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario
estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad,
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. […]
PARÁGRAFO 1. Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para
que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los
servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un
elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas
tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que
ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en los
artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley. Tanto éstas como
aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas
cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de
neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, cuando se
presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta Ley. Con todo las
tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora
respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así lo disponga.
PARÁGRAFO 2. Para circunstancias o regímenes distintos a los establecidos en
el parágrafo anterior, podrán existir metodologías tarifarias definidas por las
comisiones respectivas. Para tal efecto, se tomarán en cuenta todas las
disposiciones relativas a la materia que contiene esta Ley.”
La Sala advierte, que la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” establece la forma de
determinar el valor de la tarifa de los servicios públicos domiciliarios, pero no regula la
forma en que los tributos deben ser aplicados para su cobro, ni hace mención a que
“el incentivo” requiera un acuerdo entre las partes para ser cobrado, por lo que no le
15
“Artículo 5°. Pago del incentivo. Para efectos de asegurar el pago del incentivo al municipio, deberá suscribirse
un convenio entre este y el prestador del componente de disposición final, responsable del relleno sanitario de
carácter regional, o de la estación de transferencia de carácter regional, en el cual se pacte como mínimo las
condiciones de pago y los intereses que se causen en caso de mora o incumplimiento, así como los términos y
plazos en que se harán los reportes de información al municipio beneficiario sobre las toneladas mensuales de
residuos dispuestos o transferidos que lo originan.
La no suscripción del convenio no releva al prestador de la obligación de pagar el valor del incentivo.”
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Radicación: 25000-23-37-000-2015-01087-01 (25880)
Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
asiste razón a la demandante en asegurar que el legislador los excluyó del tributo al
no haberse negociado en el contrato de concesión.
En este orden de ideas, se advierte que el Tribunal resolvió el problema jurídico
planteado, debido a que en el fallo de primera instancia se advierte a la demandante,
que no es un requisito del tributo la negociación de la tarifa de un servicio público.
En relación con las características de los tributos, la Corte Constitucional en sentencia
C-134 de 2019 determinó lo siguiente:
“3.1. El Estado exige cargas económicas a los particulares en función de la
realización de sus cometidos y, específicamente, prestaciones avaluables en
dinero como medio financiero de la actividad estatal. Así, en términos generales,
son tributos las prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en
ejercicio de su poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos
consisten en impuestos, contribuciones y tasas (como se desprende del artículo
338 de la Constitución Política), según la intensidad del poder de coacción y el
deber de contribución implícito en cada modalidad.”
De acuerdo con la definición de tributo, el “incentivo para los municipios donde se
ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional” tiene características fiscales al ser
determinado legalmente para el funcionamiento público. Adicionalmente, cumple con
los elementos de los tributos de acuerdo con lo siguiente16:
• Sujeto activo: Municipios en los que se encuentren los rellenos sanitarios.
• Sujeto pasivo: Los usuarios del servicio de aseo.
• Hecho generador: Acceder a rellenos sanitarios de disposición final en el territorio de
municipios.
• Base gravable: Número de toneladas
• Tarifa: 0.23% por cada tonelada desde ley de 2007 y entre 0.23% y 0.69% por
tonelada luego de ley de 2011.
• Entes recaudadores: Prestadores de servicio de disposición final de los residuos
sólidos.
En este orden de ideas, los acuerdos entre particulares no eximen a los particulares
del pago de tributos, por lo que la demandante no puede escudarse del pago al fisco
argumentando lo ordenado por una norma que se refiere al valor de tarifas y no al valor
de un tributo 17. En consecuencia, no le asiste la razón a la demandante en determinar
el cumplimiento de una norma especial, que no se refiere a una norma tributaria.
Se aclara, que en el presente caso el Tribunal de forma acertada precisó que el cobro
del incentivo tenía una destinación de bienestar popular, debido a que es lo que
determina la norma que lo creó, y no se advierte que existe una aplicación de analogía
normativa al invocar el Decreto 920 de 2013 (Por el cual se reglamenta el artículo 251 de
la Ley 1450 de 2011 en relación con el incentivo a los municipios donde se ubiquen rellenos
sanitarios y estaciones de transferencia regionales para residuos sólidos ), ya que su fin fue
indicar que incluso la norma reglamentaria no requiere de un convenio, para el cobro
del incentivo, por lo que sí tiene relación con los temas discutidos.
16 Elementos del tributa descritos en la sentencia C-155/03 de la Corte Constitucional
17 Artículo 553 del Estatuto Tributario “Los convenios entre particulares sobre impuestos, no son oponibles al fisco.”
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Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
En cuanto a lo estipulado en el Contrato de Concesión 1 de 2002 y en su modificación
de 10 de agosto de 2012, es cierto que afecta a las partes firmantes de acuerdo con
el artículo 1257 del Código Civil 18, pero no puede oponerse al pago del tributo en
consideración con lo expuesto previamente. Adicionalmente, se advierte que el valor
del pago del incentivo se reconoció por las partes en la modificación del Contrato de
Concesión 1 de 2002 realizado el 10 de agosto de 2012, en el que se establece entre
las partes lo siguiente19:
“3. Teniendo en cuenta que la tarifa a cobrar por el Concesionario se estableció
contractualmente, con base en la propuesta del Consorcio, basada en el modelo
financiero presentado por el mismo, el cual no podía contemplar el incentivo en
estudio, por no haberse aún establecido, y que las regulaciones relacionadas con
el mismo son claras en cuanto a que el incentivo debe ser asumido por los
usuarios en las tarifas, se considera que para el efecto debe efectuarse la
modificación al Contrato de Concesión 001 de 2002, adicionando a la tarifa
pactada el valor del referido incentivo. 4. Que es necesario modificar el Contrato
de Concesión ajustando la tarifa en forma permanente en MIL CIENTO OCHENTA
Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.184.50) por tonelada
dispuesta, a partir de la facturación de septiembre de 2010, suma que será
ajustada anualmente conforme con la variación del SMMLV, con lo cual se dará
cumplimiento a la Resolución Regulatoria. 5. Que a la fecha de la suscripción de
la presente modificación se adeuda al Municipio de Bojacá la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
($953.000.000), pro concepto de la aplicación del incentivo desde enero del 2007
al 30 de agosto de 2010; suma a cancelar previo acuerdo con el Municipio, en el
plazo inicialmente estimado en sesenta (60) meses, con un aumento temporal de
la tarifa equivalente a SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($711,00)
mensuales. Dicho plazo podrá ser superior o inferior de acuerdo con la cantidad
de toneladas efectivamente dispuestas en el relleno sanitario […]”
De acuerdo con el aparte de la modificación del contrato, las partes aceptan el pago
del incentivo, razón por la que el demandante no puede desconocer que se encuentra
obligado a su pago incluso contractualmente, por lo que no puede alegar su
imposibilidad de pago y recaudo al aceptarlo en una negociación contractual.
Se aclara que en el fallo de primera instancia no se desconoce la autoridad de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o sentencia del Consejo de
Estado, debido a que las opiniones de sus conceptos o de sentencias no son de
obligatorio cumplimiento de las autoridades judiciales, debido a que los jueces solo se
encuentran supeditados al imperio de la ley como lo determina el artículo 230 de la
Constitución Política20.
Adicionalmente, no se advierte una aplicación retroactiva de la norma tributaria, ya que
el tributo nació mediante ley del año 2007, por lo que su cobro es válido al no haberse
pagado de forma oportuna por la demandante, y no procede la aplicación del artículo
150 de la Ley 142 de 1994, porque hacer referencia a la imposibilidad de cobro por
18 “ARTÍCULO 1257 Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en
cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por
su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. […]”
19 Índice 2 de la plataforma Samai
20 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”
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Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
bienes y servicios no facturados, pero no hace referencia a la imposibilidad de cobrar
tributos de forma específica21.
En cuanto a la liquidación de los actos demandados, la Sala aclara que proviene de la
modificación del contrato de Concesión 1 de 2002 realizado el 10 de agosto de 2012
en el que las partes acordaron los valores, pero no existe prueba en el expediente en
que efectivamente el cálculo del valor adeudado incluya valores en los que la norma o
la regulación no tuvieran efecto. En el mismo sentido, en cuanto al cálculo de
septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2013 del incentivo no existe prueba en el
expediente en el que se concluya, que el cálculo se realizó cuando no existía la
regulación, por lo que al establecerse por las partes en la modificación del contrato
aceptaron el valor determinado, por lo que no se puede establecer que la aplicación
de las normas tributarias haya sido retroactiva.
Se advierte, que pese a que la demandante alega que solo actúa como operador del
sitio de aseo de disposición final y que no tiene control de las tarifas que se recaudan
dentro del servicio de aseo, la actora en la modificación del contrato de concesión
efectuada el 10 de agosto de 2012 acepta que puede afectar las tarifas de recolección
al aceptar el incentivo y no prueba si otra entidad es la encargada de las tarifas.
Además, en el escrito de demanda y en el Contrato de Concesión 1 de 2002 aclara
que puede negociar tarifas con su contraparte, para determinar los valores de cobro a
los usuarios.
De acuerdo con lo expuesto y al no encontrarse prueba del pago del incentivo en el
expediente, la Sala advierte que la demandante no desvirtuó la legalidad de los actos
demandados, en consecuencia, no prosperan los cargos de apelación.
Condena en costas
Finalmente, en cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del
proceso), se observa que a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num. 8) del
CGP, no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen, razón por la cual,
no se condenará en costas en esta instancia procesal.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada y negará la condena en costas
en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
21 “ARTÍCULO 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las
empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones
significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o
usuario.”
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Demandante: CONSORCIO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO
FALLO
SEGUNDO: No se condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN.
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