Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01422-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01422-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2015-01422-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
19 de agosto de 2021
HECHOS CONSIGNADOS EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, EN LAS CORRECCIONES A LAS MISMAS O EN LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - Presunción de veracidad / CONTRIBUYENTES ACREEDORES A UNA EXENCIÓN TRIBUTARIA - Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA DIAN – La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales / DETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES - Alcance. Deben fundarse en los hechos que aparezcan probados en el respectivo expediente / IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Requisitos. El artículo 743 del Estatuto Tributario recoge los requisitos que la legislación procesal ha definido en relación con la eficacia de los medios probatorios / INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS - Requisitos y valor probatorio. Son prueba testimonial sujeta a los principios de publicidad y contradicción de la prueba. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 746 del Estatuto Tributario establece que las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad, siempre y cuando sobre los hechos consignados en ellas no se haya solicitado comprobación especial, ni la ley la exija. Sin embargo, el artículo 788 de la misma normativa dispone que los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria. La DIAN goza de amplias facultades de fiscalización e investigación para verificar la realidad de las transacciones (artículo 684 del ET). Para ello, puede exigir al contribuyente o a terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones y ordenar la exhibición de los libros y sus soportes. Los artículos 742 y 743 del E.T. establecen que la determinación de los tributos e imposición de sanciones deben fundarse en hechos probados conforme con las exigencias que las normas tributarias preceptúan para ciertos hechos, o a falta de estas, según el grado de conexión que tenga con el hecho que pretende probarse y del convencimiento que pueda atribuírsele de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Según el artículo 750 del E.T., las informaciones suministradas a la administración por terceros, en declaraciones rendidas bajo juramento, o en escritos dirigidos a esta, o en respuestas a requerimientos administrativos, relacionadas con obligaciones tributarias del contribuyente, son prueba testimonial sujeta a los principios de publicidad y contradicción de la prueba. Estos principios “se refieren a la posibilidad de controvertir las pruebas una vez iniciado el procedimiento de determinación oficial del tributo”. (…) [S]e concluye que los actos administrativos demandados están ajustados a derecho, en el entendido que con el cruce de información, declaraciones de terceros y demás pruebas practicadas por la DIAN se desvirtuó la realidad de las operaciones “exentas”
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 746 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 788 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 684 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 742 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO743 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 750
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obtención de información para demostrar la realidad de las operaciones declaradas como exentas consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 29 de abril de 2020, Exp. 54001-23-33-000-2015-00231-01(22747), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
SANCIÓN POR INEXACTITUD POR INCLUSIÓN DE VENTAS EXENTAS INEXISTENTES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Configuración. Constituye inexactitud sancionable, siempre que se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente / RELIQUIDACIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD - Aplicación. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente
La Sala encuentra que, en la declaración de IVA del 6º bimestre de 2011, la demandante incluyó ventas exentas que no pudo probar, lo cual constituye una conducta sancionable, prevista en el artículo 647 del ET, por lo que es procedente mantener la sanción por inexactitud impuesta. No obstante, en aplicación del principio de favorabilidad, reconocido expresamente en el artículo 282 [parágrafo 5] de la Ley 1819 de 2016, y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación que se realiza en esta instancia y el determinado privadamente.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647 / LEY 1819 DE 2016 - ARTÍCULO 282, PARÁGRAFO 5 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 287 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 288
CONDENA EN COSTAS - Conformación. Incluye las agencias en derecho / CONDENA EN COSTAS - Reglas / CONDENA EN COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Falta de prueba de su causación
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 361 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365, NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-37-000-2015-01422-01(24952)
Actor: MARÍA LIBIA MÁRQUEZ NARANJO
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia de 31 de julio de 2019, proferida por la Sección Cuarta, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:
“Primero: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de: (i) la Liquidación Oficial de Revisión No. 322412014000063 del 21 de febrero de 2014, en la que el GIT de Determinaciones Oficiales de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá modificó la declaración de IVA del 6º bimestre del año 2011 y (ii) la Resolución No. 900.170 del 2 de marzo de 2015, a través de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicas de la Dirección de Gestión Jurídica confirmó la precitada Liquidación Oficial.
Segundo: En consecuencia, a título de restablecimiento TÉNGASE como liquidación la efectuada por la Sala en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Sin condena en costas.”
ANTECEDENTES
El 19 de enero de 2012, María Libia Márquez Naranjo presentó la declaración electrónica del IVA por el 6º bimestre de 2011, en la que registró un saldo a favor de $21.424.000.
El 21 de marzo de 2012, la actora solicitó la devolución del saldo a favor. Mediante Resolución 62825909 de 31 de mayo de 2012, la DIAN ordenó la devolución.
En desarrollo del programa PD “investigación posterior a la devolución”, la Administración profirió Requerimiento Especial 322392013000082 de 28 de mayo de 2013 en el que propuso modificar la declaración de IVA del sexto bimestre del año gravable 2011, para reclasificar el valor declarado como ingresos brutos por operaciones exentas ($222.273.000) como ingresos brutos por operaciones gravadas y fijar en $35.564.000, el total de impuesto generado. En consecuencia, propuso establecer un saldo a pagar del periodo de $14.140.000 y una sanción por inexactitud por $56.902.000, para un total a pagar de $71.042.000.
Previa respuesta al requerimiento especial, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión 322412014000063 de 21 de febrero de 2014, que mantuvo las glosas del requerimiento especial.
Contra la liquidación anterior, la actora interpuso recurso de reconsideración. Mediante Resolución 900.170 de 2 de marzo de 2015 se confirmó el acto recurrido.
DEMANDA
En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial Impuesto Sobre las Ventas- Revisión No. 322412014000063 del 21 de febrero de 2014, que desconoció
un saldo a favor de mi poderdante de $21.424.000 e impuso un total a pagar de $71.042.000.
SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 900.170 del 2 de marzo de 2015, notificada el 16 de marzo de 2015, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial Impuesto Sobre las Ventas- No. 322412014000063 del 21 de febrero de 2014.
TERCERA: Como consecuencia de las nulidades anteriores y a título de restablecimiento del derecho, a favor del demandante se proceda a:
Que se declare en firme la Liquidación Inicial realizada por la señora MARÍA LIBIA MÁRQUEZ NARANJO el 21 de noviembre de 2011 con radicado No. 9100012787489 por el impuesto sobre las ventas IVA del 6º bimestre del año 2011 presentada el 12 de enero de 2012.
Que se declare que la señora MARÍA LIBIA MÁRQUEZ NARANJO no está obligada a devolver valor alguno a la DIAN por IVA año 2011 Bimestre 6.
[…]”
La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:
Artículos 6, 29 y 83 de la Constitución Política.
Artículos 440, 447, 475, 477, 485-1, 555-2, 647, 683, 742, 750 y 752 del Estatuto Tributario.
Artículos 4 y 5 del Decreto 1949 de 2003.
Artículo 3º de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 176 y 221 del Código General del Proceso.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
No procede el desconocimiento de ingresos brutos por operaciones exentas.
La demandante se dedica a la producción y venta de carne de pollo en canal para lo que compra pollitos, los alimenta y luego los sacrifica para su venta. La producción y comercialización del pollo están acreditadas en el expediente administrativo.
La DIAN no probó un hecho gravado con el IVA a la tarifa del 16%. No es coherente que con las facturas a las que les restó valor para probar los ingresos exentos, pretenda probar ingresos gravados con el IVA que, según la DIAN, provienen de una actividad que la actora “al parecer” ejerció (comercialización de concentrado).
La actora no celebró negocios diferentes a los de la compra de pollitos y comida para su levante y engorde, por lo que no es cierto que adelantó maniobras para obtener provecho fiscal. De manera que los ingresos declarados son exentos y se registraron de forma completa.
Los ingresos exentos están debidamente probados.
La reclasificación de $38.410.638 como ingresos gravados por ventas a personas no inscritas en el RUT, no tiene sustento legal. Ello corresponde a hechos de terceros y la demandante no está obligada a verificar la inscripción en el RUT de cada uno de los compradores.
No existe norma que exija que los compradores de carne de pollo en canal deban estar inscritos en el RUT.
Los clientes compraban el pollo a la demandante, a través de un mandatario (Camilo Torres). Esta persona indicaba a nombre de quién se elaboraba la factura, por esa razón, se escribía el nombre de un tercero “y/o Camilo Torres”.
Las facturas sí reflejan la realidad de la operación efectuada, pues no solo indican el nombre y el NIT de los terceros, a quienes la DIAN tomó la declaración, sino que figura el nombre de Camilo Torres, con quien se realizó directamente la operación, y su NIT.
La declaración de los terceros que aseguran que no realizaron la transacción con la demandante no es prueba suficiente de la inexistencia de la operación de venta de pollo, pues, la venta se dio por intermedio de Camilo Torres.
De otra parte, existe un error en el cálculo de los ingresos puesto que tanto en la declaración como en los actos acusados se registraron ingresos por $222.272.636, pero al constatar las facturas, los ingresos suman $203.337.836.
El error radica en que se tuvo en cuenta la factura 591 por $18.934.800, a pesar de que se anuló, según se ve en el folio 229 del expediente administrativo, por lo que no debía tenerse como ingreso y menos podía reclasificarse.
Advirtió que la DIAN tampoco debió tener en cuenta el valor de la factura 590 ($17.661.637) por una venta a William Flórez Peña, porque también se anuló.
Además, no era procedente la reclasificación como ingreso gravado del valor registrado en la factura 592 ($17.661.637), que correspondió a otra venta a William Flórez, con el argumento de que entregó los libros de contabilidad al día siguiente de la visita y que no están “autorizados” por la cámara de comercio. El hecho que el comprador no lleve la contabilidad en debida forma no invalida la factura de venta entregada por la demandante.
De otra parte, carece de fundamento legal la reclasificación de las operaciones exentas como gravadas por $27.155.166 porque el correo devolvió los requerimientos ordinarios enviados a Francisco Javier Martínez y a Pedro Benjamín Sierra Araque. Además, en relación con Benjamín Sierra Araque, no es responsabilidad de la actora cualquier inconsistencia en el RUT del citado comprador.
En relación con la venta por $16.945.507 realizada a Nubia Vargas, no se desvirtúa la realidad de la operación por el hecho de que el pago, mediante cheque, se haya efectuado a nombre de Óscar León y no de la demandante.
La DIAN no valoró debidamente la compra de 29.000 pollitos.
Desde la vía administrativa, María Libia Márquez Naranjo demostró, con la factura 63066 del 31 de octubre de 2011, que compró a Triángulo Pollo Rico S.A., 29.000 pollitos que fueron sacrificados durante el 6º bimestre de 2011. Y que con la factura 63.850, compró a la misma empresa otros 29.000 pollitos de un día de nacidos.
A pesar de que se acreditaron debidamente los hechos económicos y las facturas son reales, la DIAN no las valoró y consideró que existió una simulación. No tuvo en cuenta que el concentrado comprado se utilizó para la cría y engorde de los pollitos adquiridos y no para comercializarlo, como lo indicó la demandada.
La DIAN tampoco valoró las pruebas del sacrificio de pollo.
En la respuesta al requerimiento ordinario de información, la demandante indicó que sacrificó 28.793 aves y relacionó en forma detallada las facturas y las planillas, con lo que probó la actividad económica de comercialización de bienes exentos y la realidad de las ventas en el periodo gravable investigado.
Frente al hecho del sacrificio de pollo, la DIAN nada dijo, a pesar de que con ello también quedaron desvirtuadas las operaciones simuladas.
Indebida valoración probatoria. Falta de práctica de las pruebas pedidas. Violación del debido proceso y del derecho de defensa.
No se decretaron las siguientes pruebas solicitadas en la respuesta al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración con el fin de demostrar la actividad de producción y comercialización de bienes exentos (venta de carne en canal): (i) la inspección de la granja Villa Libia, ubicada en la Vereda Doima Alto, en jurisdicción del municipio de La Mesa y (ii) el testimonio de Camilo Torres, Claudia Liliana González, Carolina Lima Cubillos, Mery Mendoza, Natalia Cubides y Yolima Sánchez Rodríguez.
Tampoco se valoraron las certificaciones expedidas por Procesur FR S.A.S., Inversiones Avicentro S.A., Synthomed Internacional S.A. e Impexsa Internacional Ltda, empresas con las que la actora realiza transacciones relacionadas con la actividad productora de pollo, como el sacrificio y la compra de drogas veterinarias.
Insistió en que a pesar de que en la mayoría de las facturas figuraba como comprador Camilo Torres, la DIAN no accedió a la solicitud de que el mencionado señor fuera citado a declarar porque en las facturas no aparece el NIT. No obstante, ello queda desvirtuado con la simple verificación de los folios 225 a 229 del expediente administrativo en los que se evidencia que el NIT es 91.073.971-0.
Tampoco es cierto que el RUT de Camilo Torres sea de San Gil. Dicho registro corresponde a la Administración de Impuestos de Bogotá, con el código 32 y con la actividad 4723 – comercio al por menor de carnes, que antes correspondía a la 5223. De todas formas, en nada incide la actividad registrada en el RUT para decretar una prueba legal y oportunamente solicitada, como parece estimarlo la DIAN.
Los testimonios practicados por la DIAN se obtuvieron ilegalmente.
Los testimonios que están en el expediente administrativo por cruces de información y las declaraciones juramentadas no deben ser valorados. Esto, porque no cumplieron los principios de publicidad y contradicción que exige el artículo 750 del ET, puesto que a la demandante no se le comunicó previamente sobre su práctica para ejercer su derecho de defensa. Además, las solas declaraciones de unos terceros son medios de prueba escasos e inconducentes.
Improcedencia de la sanción por inexactitud.
La sanción por inexactitud no procede porque la DIAN no probó en forma cierta y contundente la existencia de datos falsos o desfigurados.
De todas formas, las modificaciones determinadas en los actos acusados se fundamentan en una diferencia de apreciación entre la administración y la demandante.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
Procede el desconocimiento de los ingresos brutos por operaciones exentas y su reclasificación como ingresos gravados.
La DIAN desvirtuó la validez probatoria de las facturas aportadas como soporte de las operaciones de venta de carne de pollo en canal, razón por la cual se consideró como ingreso gravado.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 788 del ET, debe estar probada la circunstancia especial que da lugar a una exención.
En el caso en discusión, la Administración realizó cruces de verificación con los terceros registrados en cada una de las facturas, quienes declararon no haber realizado transacciones de compraventa de pollo en canal con la demandante.
Los actos de determinación del tributo, cuya nulidad se pidió, no se fundamentan solo en dichas declaraciones de terceros sino en otros medios de prueba, como actas de visita realizadas a los domicilios fiscales de algunos de los clientes, en las que se comprobó que no venden carne de pollo en canal, con lo que también quedó desvirtuada la realidad de las operaciones.
La DIAN respetó el debido proceso y el derecho de defensa.
En ejercicio de la facultad de fiscalización concedida en los artículos 684 y 688 del ET, la DIAN puede decretar y practicar las pruebas que considere necesarias, conducentes y pertinentes para probar la realidad de las transacciones que generaron los ingresos brutos por operaciones exentas declarados.
Frente a la afirmación de que Camilo Torres actuaba como mandatario, no existe prueba del contrato de mandato con cada uno de los terceros, para justificar que estaba facultado para figurar en la mayoría de las facturas con las que se pretende demostrar el hecho que María Libia Márquez Naranjo es productora de bienes exentos.
A diferencia de lo que sostuvo la demandante, con el ánimo de verificar la realidad de las operaciones declaradas, la DIAN adelantó una copiosa actividad probatoria con la que se desvirtuaron las facturas aportadas. Y el hecho de no practicar una prueba que la Administración consideró improcedente no constituye la violación de los derechos de defensa y debido proceso.
De los 25 clientes indicados por la demandante con los que realizó operaciones, 6 no estaban registrados en el RUT y los otros 19 estaban inscritos con actividades diferentes a la comercialización de pollo en canal y declararon, bajo la gravedad de juramento, que no realizaron operaciones comerciales con la demandante o no la conocían.
La razón por la que no se practicó la visita a la granja Villa Libia quedó expuesta en la actuación administrativa. En concreto, se indicó que era improcedente porque no era posible establecer la cantidad de pollos en poder de la contribuyente y los sacrificios efectuados para demostrar las operaciones del 6º bimestre del 2011. Por tal motivo, se consideraron otros medios de prueba, conforme con el artículo 774 del ET, como el análisis de la información contable, de las facturas aportadas y el cruce con terceros, para verificar la realidad de las operaciones.
No es cierto, como lo sostuvo la demandante, que se haya violado el debido proceso, puesto que en la investigación no logró probar su calidad de productora de bienes exentos, en los términos de los artículos 440, 477 y 489 del ET, que le permita tener derecho a la devolución de IVA.
No están probadas las ventas exentas.
Le correspondía a la demandante demostrar los supuestos de hecho y de derecho plasmados en su declaración tributaria. En este caso, no existe prueba de que la demandante haya informado a la DIAN la ubicación de sus clientes, por lo que se realizó cruce con los terceros y se recibieron los testimonios de quienes estaban registrados en el RUT.
Es importante que el vendedor de bienes gravados con IVA exija copia del RUT a sus compradores (personas naturales del régimen simplificado), pues con ese documento se soportan los costos, deducciones e impuestos descontables, en virtud del artículo 177-2 del E.T. Si no se exige el RUT, los costos y gastos deducibles no pueden ser aceptados fiscalmente.
Los libros oficiales y auxiliares del supuesto cliente William Flórez no se pusieron a disposición de la DIAN cuando esta los solicitó, sino al día siguiente de la visita y no están registrados en la cámara de comercio. Además, en los libros se registran operaciones hasta el mes de mayo de 2011 y la factura de venta es de diciembre de 2011.
Igualmente, el desconocimiento de la venta a Nubia Vargas se produjo porque no cuenta con los soportes que acreditan la operación. Además, porque, al igual que William Flórez, es socia de la planta donde la demandante sacrifica el pollo y no tiene el certificado sanitario del INVIMA del pollo que adquirió de la demandante.
En la visita realizada a Nubia Vargas no se exhibió el comprobante de egreso con el que se pagó la factura 589 del 27 de noviembre de 2011 por $16.945.507, a nombre de la demandante, ni copia del extracto en el que se evidencie la salida del dinero para su pago. Tampoco aportó la contabilidad porque solo indicó que se está reconstruyendo. Sin embargo, Nubia Vargas aportó el comprobante de egreso 1191 de 5 de diciembre de 2011 con el cual pagó la factura 589, pero el giro del dinero se hizo a Óscar León, mediante cheque, no a la demandante.
No está probada la venta de 29.000 pollitos.
El soporte de la compra de los pollos de un día de nacidos no prueba que estos efectivamente se hayan vendido en canal, que es la actividad que genera el derecho a la devolución y que la Administración desvirtuó con el cruce de información y declaraciones de terceros.
Las planillas que relacionan el sacrificio de aves no demuestran la venta de pollo en canal.
Valoración probatoria y validez de los testimonios de terceros.
Los soportes contables y demás pruebas aportadas por la demandante no cumplen las especificaciones legales, por lo que no lograron desvirtuar las pruebas recaudadas por la DIAN con las que se demostró la inexistencia de las operaciones reportadas como exentas, ya que no se realizaron con los terceros que informó la actora, razón por la que se desconoció el valor registrado en el renglón 28 de la declaración privada.
No es cierto que los testimonios practicados se obtuvieron de forma ilegal y que no tienen valor probatorio. Toda la actuación administrativa se adelantó con observancia de las garantías constitucionales de publicidad, contradicción y defensa. Estas garantías las ejerció la demandante al dar respuesta a los requerimientos de información y al requerimiento especial y al interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión.
Los actos administrativos demandados están debida y suficientemente motivados con las pruebas recaudadas, las normas y jurisprudencia aplicables al caso, por lo que las alegaciones de la demandante carecen de fundamento.
Advirtió que no se desconoce la actividad productora de renta de la demandante, dado que se demostró que adquirió y sacrificó pollos. Y aunque en los actos acusados se señaló que, al parecer, la actividad desarrollada es la comercialización de concentrado para cría, levante y engorde de pollo, esa consideración no fue el fundamento de la decisión sino el hecho que en la investigación se desvirtuaron como exentas las operaciones comerciales realizadas.
Como la demandante no probó los ingresos declarados como provenientes de operaciones exentas, en los términos de los artículos 440, 477 y 489 del ET, la DIAN los reclasificó como ingresos por operaciones gravadas.
Procede la sanción por inexactitud.
Es procedente la imposición de la sanción por inexactitud porque se acreditó que la demandante incluyó en la declaración del IVA, ventas por operaciones exentas, que no logró soportar y que dieron lugar a un saldo a favor y a un menor impuesto a pagar.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:
En relación con las pruebas solicitadas por la demandante al dar respuesta al requerimiento especial y al interponer el recurso de reconsideración, sostuvo que el procedimiento efectuado por la DIAN para negar las pruebas pedidas no vicia el derecho de contradicción y defensa.
Ese derecho tampoco resulta vulnerado con la práctica de los testimonios de los terceros sin la presencia de la demandante ni vicia de nulidad los actos demandados, puesto que al contestar el requerimiento especial pudo controvertir esas pruebas o solicitar la ratificación de dichos testimonios, en virtud del artículo 229 del CPC, aplicable por remisión del artículo 742 del ET. Así que la demandante tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas aducidas por la DIAN en su contra, es decir, que tenía la carga de la prueba, pero no logró desvirtuarlas.
De los ingresos brutos por operaciones exentas declarados por la demandante ($222.273.000), el Tribunal verificó las 25 facturas desconocidas por la DIAN y los demás medios probatorios. Relacionó los 14 clientes inscritos en el RUT que rindieron declaración juramentada ante la DIAN, los 3 clientes inscritos en el RUT que no rindieron declaración juramentada, los 6 clientes no inscritos en el RUT y otros 2 clientes que también rindieron declaración juramentada pero las razones para no tener en cuenta las facturas fueron diferentes.
De tal verificación encontró que tanto la demandante como la administración tributaria tuvieron en cuenta la factura 590 emitida a William Flórez Peña por $17.661.637, a pesar de que fue anulada, por lo que precisó que la suma de ingresos discutidos equivale a $204.610.999.
En relación con Rosa Fanny Sepúlveda de Velandia, figura la declaración en la que afirmó que no conoce a María Libia Márquez Naranjo y no le compró bien alguno.
Precisado lo anterior, el Tribunal observó que la DIAN recibió 14 testimonios de clientes que afirmaron no conocer a la demandante ni realizar transacciones con ella, lo que no fue desvirtuado por esta.
Sin embargo, respecto de los otros 9 clientes que no fueron ubicados, la DIAN no cuestionó la validez de las facturas.
Por tanto, no procedía rechazar la totalidad del monto declarado como ventas exentas respecto del total de las facturas (24) sino solo de las 13 facturas en las que se acreditó una situación irregular.
La anterior consideración no cobija a los clientes William Flórez y Nubia Vargas porque respecto de ellos el desconocimiento de las operaciones como exentas se dio por otras razones. En efecto, en relación con el desconocimiento de la venta realizada por $17.661.637 a William Flórez, según la factura 592, el Tribunal encontró que ese cliente reconoció la existencia de la operación económica y la registró en su contabilidad, por lo que el hecho de entregar los libros de contabilidad fuera de tiempo y que no estén registrados en la cámara de comercio no puede ser oponible a la demandante. Por tal razón, no procedía el desconocimiento de tal ingreso como exento.
En lo que se refiere al desconocimiento de la venta a Nubia Vargas por $16.945.507, observó que, aunque al momento de la visita realizada por la DIAN no se pudo constatar la operación económica, con posterioridad, la citada señora allegó la factura 589 con la que acreditó la compra a la actora de 4502,73 kilos de carne de pollo en canal y 975.78 kilos de vísceras. Por tanto, el Tribunal consideró que era procedente aceptar ese valor como ingreso exento.
Por lo indicado, del total de ingresos discutidos que fijó el Tribunal ($204.610.999), este encontró improcedente el desconocimiento de las ventas exentas por $107.408.900, que corresponden a las transacciones de la demandante con 11 clientes y mantuvo el desconocimiento de ingresos exentos y su reclasificación como ingresos gravados frente a las ventas de 13 supuestos compradores por $97.202.099.
En cuanto a la sanción por inexactitud consideró que debe mantenerse frente a los ingresos reclasificados, pues la actora declaró ingresos exentos respecto de los que no era factible generar impuestos descontables por no tener relación de causalidad con la actividad económica. No obstante, reliquidó la sanción con base en el principio de favorabilidad.
En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos acusados y realizó una nueva liquidación en la que determinó como total de saldo a pagar $9.680.000.
Por último, no condenó en costas por no estar demostrada su causación.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló, por las razones que se resumen así:
Al gravar con IVA las operaciones de venta de carne de pollo en canal por $97.202.099, sin argumentar las razones de esa decisión, el Tribunal desconoció el principio de buena fe y el principio de congruencia que debe tener toda sentencia, pues, como quedó dicho en la demanda, las facturas cumplen los requisitos del artículo 617 del ET.
En ese sentido, afirmó que, al momento de la compra, Camilo Torres indicaba que los pedidos de carne de pollo en canal los hacía a nombre de un tercero, por lo que la demandante presumió que la información del comprador dada por Camilo Torres era la correcta y por esa razón en la factura incluía el nombre y NIT del tercero y la expresión “y/o Camilo Torres”, con lo cual este quedaba vinculado al negocio jurídico. Por tanto, se cumplen los requisitos para que se tenga como válida la factura.
Además, a la demandante no se le puede hacer responsable por la información errada que se le dé.
Entonces, no hay duda de que la actora vende bienes exentos de IVA, como lo contempla el artículo 477 del ET y lo reconoció el Tribunal, sin que de las facturas pueda deducirse que vendió bienes diferentes a carne de pollo.
Aunque existan dudas sobre una de las partes del contrato, las operaciones realmente existieron, pues se vendieron productos exentos de IVA, en ejercicio de la actividad económica de la demandante.
No es cierto, como lo consideró el Tribunal, que, al no existir certeza sobre la información de los compradores, la consecuencia es que los ingresos provengan de ventas de bienes gravados, sin señalar cuáles. Esa consideración contraría la presunción de veracidad del artículo 746 del ET y lo señalado en el artículo 742 de la misma codificación.
La consecuencia lógica debe ser el desconocimiento del ingreso, esto es, que no sea incluido en la liquidación del impuesto porque no existió el supuesto hecho generador del IVA. Por tanto, al desconocer lo establecido en las facturas, a la Administración le corresponde establecer sobre cuáles hechos generadores del IVA se soporta la determinación del tributo.
De otra parte, la DIAN violó el debido proceso al no decretar el testimonio de Camilo Torres ni la inspección de la granja Villa Libia, pruebas pedidas oportunamente con el fin de demostrar la realización de las actividades comerciales exentas de IVA, así como el vínculo contractual entre el señor Torres y los compradores y desvirtuar, así, las conclusiones a las que llegó la DIAN.
Por último, no procede la sanción por inexactitud porque la demandante presentó en debida forma la declaración de IVA del periodo cuestionado, puesto que los ingresos registrados corresponden a la realidad económica. No obstante, en caso de que existan diferencias, surgen de una diferencia de criterios en la interpretación del artículo 647 del ET.
La demandada también apeló por las siguientes razones:
El desconocimiento de los ingresos brutos por operaciones exentas registrados por la demandante tuvo sustento en las pruebas recaudadas en el proceso de investigación adelantado, con las que se desvirtuó la presunción de veracidad de dicha declaración.
Las facturas aportadas por la demandante no son suficientes para demostrar la realidad de las operaciones y fueron desvirtuadas con la declaración de los terceros que figuran en dichas facturas y que negaron conocer a María Libia Márquez Naranjo y haberle comprado pollo en canal. También se realizaron visitas a algunos de los clientes y se comprobó que no venden pollo en canal.
De esa manera se estableció, con pruebas idóneas, que la actora ajustó su movimiento a una “apariencia de realidad” sin que los ingresos declarados como exentos cuenten con soportes válidos que demuestren la realidad de las ventas.
Frente a los ingresos exentos aceptados por el Tribunal, la DIAN advirtió que se desconoció el parágrafo 2 del artículo 555-2 del ET, puesto que la no inscripción en el RUT de los clientes de la demandante impidió su ubicación y tal circunstancia no puede dejarse de lado para reconocer las ventas, como se hizo en la sentencia apelada.
Así mismo, en el expediente administrativo quedó dicho que carece de veracidad lo afirmado por la demandante en el sentido de que los terceros que no están inscritos en el RUT no compraban directamente la carne de pollo, sino que el negocio se realizó siempre con Camilo Torres, quien indicaba a nombre de quién se hacía la factura. Tal hecho no fue probado en la vía administrativa ni en la judicial.
En relación con la venta realizada a William Flórez Peña, pasó por alto el Tribunal que los libros oficiales y auxiliares no están registrados en la cámara de comercio y fueron puestos a disposición de la autoridad tributaria, fuera de tiempo. Además, en estos se registran operaciones hasta el mes de mayo de 2011 y luego se registra la factura 592 del mes de diciembre del mismo año.
El Tribunal también desconoció que las operaciones con Nubia Vargas Gutiérrez no proceden porque no entregó los documentos soporte que demuestran la operación. Además, no tuvo en cuenta que, igual que William Flórez, Nubia Vargas es socia de la planta de beneficio de carne de pollo donde la demandante sacrifica el pollo. Tampoco, advirtió que no cuenta con el certificado sanitario del INVIMA respecto del pollo recibido de la demandante.
Si bien la citada señora aportó el comprobante de egreso 1191 de 5 de diciembre de 2011, con el cual se pagó la factura 589 de 27 de noviembre de 2011, se determinó que el pago se hizo con cheque dirigido a Óscar León y no a la demandante. Frente a este último negocio, la demandante no acreditó la existencia de un contrato de mandato para la realización de dicha operación.
No son aceptables las facturas aportadas por la demandante, pues las pruebas practicadas determinan que los valores que en estas se registran no corresponden a la realidad de las operaciones ejecutadas por María Nubia Márquez Naranjo y los terceros con los que se hizo cruce de información.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
La parte demandada insistió en lo dicho en el recurso de apelación.
El Ministerio Público no rindió concepto en segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante y demandada, la Sala define si respecto del 6º bimestre del 2011, se demuestra o no la realidad de las operaciones exentas de IVA. Definido lo anterior, analiza si es procedente la sanción por inexactitud.
La Sala modifica la sentencia apelada, según el siguiente análisis:
De la prueba de la realidad de las compras
El artículo 746 del Estatuto Tributario establece que las declaraciones tributarias gozan de presunción de veracidad, siempre y cuando sobre los hechos consignados en ellas no se haya solicitado comprobación especial, ni la ley la exija. Sin embargo, el artículo 788 de la misma normativa dispone que los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria.
La DIAN goza de amplias facultades de fiscalización e investigación para verificar la realidad de las transacciones (artículo 684 del ET). Para ello, puede exigir al contribuyente o a terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones y ordenar la exhibición de los libros y sus soportes.
Los artículos 742 y 743 del E.T. establecen que la determinación de los tributos e imposición de sanciones deben fundarse en hechos probados conforme con las exigencias que las normas tributarias preceptúan para ciertos hechos, o a falta de estas, según el grado de conexión que tenga con el hecho que pretende probarse y del convencimiento que pueda atribuírsele de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Según el artículo 750 del E.T., las informaciones suministradas a la administración por terceros, en declaraciones rendidas bajo juramento, o en escritos dirigidos a esta, o en respuestas a requerimientos administrativos, relacionadas con obligaciones tributarias del contribuyente, son prueba testimonial sujeta a los principios de publicidad y contradicción de la prueba. Estos principios “se refieren a la posibilidad de controvertir las pruebas una vez iniciado el procedimiento de determinación oficial del tributo”.
Caso concreto
Como se precisó en los antecedentes, en los actos demandados, la DIAN modificó a la actora la declaración del IVA del 6º bimestre de 2011, que registró un saldo a favor de $21.424.000. Lo anterior, para reclasificar como ingresos gravados, los ingresos brutos por operaciones exentas ($222.273.000). Como consecuencia, determinó un impuesto generado de $35.564.000, un saldo a pagar de $14.140.000, una sanción por inexactitud de $56.903.000 y un total saldo a pagar de $71.402.000.
El motivo que tuvo la DIAN para reclasificar los ingresos por ventas (carne de pollo en canal) fue la existencia de pruebas que desvirtuaron la realidad de las operaciones exentas.
Para acreditar las operaciones exentas del IVA, al dar respuesta al Requerimiento Ordinario de 26 de octubre de 2012, la demandante aportó, entre otros documentos, la siguiente relación que nombró como “Anexo No. 7. Relación detallada de los ingresos brutos por operaciones exentas del bimestre 6 de 2011”, junto con la copia de las respectivas facturas:
FECHA
No. FACTURA
COMPRADOR
NIT
VALOR
18/11/2011
554
CAMILO TORRES Y/O SÁNCHEZ VICTOR
91.073.971-0/ 83.088.299-5
6.343.590
18/11/2011
555
CAMILO TORRES Y/O MÉNDEZ AURORA
91.073.971-0/19.753.922
7.153.410
22/11/2011
558
CAMILO TORRES Y/O HERNÁNDEZ ANDRES
91.073.971-0/ 79.690.981
7.088.856
22/11/2011
559
CAMILO TORRES Y/O FORERO LEONIDES
91.073.971-0/ 3184117
6.286.344
23/11/2011
562
CAMILO TORRES Y/O PULIDO LÓPEZ NELIA
91.073.971-0/ 51.856.204-0
7.049.493
23/11/2011
563
CAMILO TORRES Y/O PARRA VERANO LILIA
91.073.971-0/ 53.002.491-5
8.616.047
24/11/2011
565
CAMILO TORRES Y/O SIERRA ARAQUE PEDRO
91.073.971-0/ 5.478.555-6
8.220.366
24/11/2011
566
CAMILO TORRES Y/O REYES MOSQUERA
91.073.971-0/ 80.882.864-1
7.235.952
24/11/2011
567
CAMILO TORRES Y/O SEPÚLVEDA ROSA FANNY
91.073.971-0/ 41.330.553-6
7.112.826
24/11/2011
568
CAMILO TORRES Y/O AMOROCHO PARRA CAROLINA
91.073.971-0/ 52.183.801-7
8.693.454
25/11/2011
570
CAMILO TORRES Y/O JIMÉNEZ JAIME JOSE
91.073.971-0/ 19.477.102-1
8.862.678
25/11/2011
571
CAMILO TORRES Y/O CRUZ TAMAYO LUIS JOSE
91.073.971-0/ 79.745.844-4
8.105.384
25/11/201
575
CAMILO TORRES Y/O RODRÍGUEZ LUZ JEANETH
91.073.971-0/ 52.039.812
8.436.216
25/11/2011
576
CAMILO TORRES Y/O CASTILLO LADY
91.073.971-0/ 52.331.351
9.052.236
25/11/2011
577
CAMILO TORRES Y/O COBOS ANGÉLICA
91.073.971-0/ 52.355.367-0
7.968.203
26/11/2011
582
CAMILO TORRES Y/O HERNÁNDEZ ROBINSON
91.073.971-0/ 79.431.205-1
7.133.577
26/11/2011
583
CAMILO TORRES Y/O PÁEZ LÓPEZ JESÚS
91.073.971-0/ 79.797.103
6.326.003
26/11/2011
584
CAMILO TORRES Y/O PÉREZ ESPINOSA JOSÉ
91.073.971-0/ 79.965.820-1
3.605.920
26/11/2011
585
CAMILO TORRES Y/O VARGAS FREDY
91.073.971-0/ 40.988.616
5.511.335
26/11/2011
586
CAMILO TORRES Y/O VÁSQUEZ MARÍA
91.073.971-0/ 45.528.306
6.044.690
26/11/2011
587
CAMILO TORRES Y/O VEGA VEGA SANDRA
91.073.971-0/ 46.673.654-1
6.222.475
27/11/2011
589
VARGAS GUTIÉRREZ NUBIA
20.753.898-0
16.945.507
27/11/2011
590
FLÓREZ PEÑA WILLIAM
79.697.469-9
17.661.637
27/11/2011
592
FLÓREZ PEÑA WILLIAM
79.697.469-9
17.661.637
28/11/2011
591
CAMILO TORRES Y/O MARTÍNEZ VARÓN
91.073.971-0/93.472.124-8
18.934.800
TOTAL
222.272.636
TOTAL RENGLÓN 34 DE LA DECLARACIÓN IVA-6 BIM/2011
222.273.000
El Tribunal fijó como ingresos en discusión la suma de $204.610.999, pues excluyó la factura 590, por $17.661.637, emitida a William Flórez Peña. Comoquiera que, en la apelación, las partes no se opusieron al valor de ingresos discutidos, la Sala tendrá como tales, la suma de $204.610.999. Además, nada dirá de la factura 590, respecto de la cual ambas partes aceptan que fue anulada.
Corresponde, entonces, verificar si son procedentes los ingresos brutos por operaciones exentas por $204.610.999, registrados en 24 facturas.
Con el objeto de establecer la realidad de las operaciones económicas realizadas entre la demandante y los clientes relacionados en las facturas, la DIAN adelantó un número considerable de diligencias como autos de verificación o cruce de información, requerimientos ordinarios, declaraciones juramentadas, visitas y consulta del RUT de los compradores.
Entre las actuaciones adelantadas se resaltan las siguientes:
Declaraciones juramentadas rendidas el 6, 7, 8, 16 de noviembre y el 14 de diciembre de 2012 por Blanca Ludy Castillo Chinome, Luz Jeaneth Rodríguez Castro, Nelia Pulido López, Lilia Yofana Parra Verano, Víctor Sánchez, Robinson Herly Hernández Lancheros y Luis José Cruz Tamayo, quienes, en forma separada, informaron su actividad comercial, la que no se relaciona con la venta de pollo, puesto que manifestaron ser propietarios o trabajar en una cigarrería, empresa de ingeniería, salsamentaria, panadería, tienda de víveres y ser taxista, entre otros. A las preguntas ¿vende usted pollo dentro de su establecimiento de comercio?, ¿conoce usted o tiene algún vínculo con la señora María Libia Márquez Naranjo? y ¿realizó usted alguna compra de pollos a la señora María Libia Márquez Naranjo durante el sexto bimestre de 2011?, respondieron a todas “NO”.
Respuesta al requerimiento ordinario dirigido a José Miguel Jiménez Jaime. En escrito de 7 de noviembre de 2012, informó a la administración tributaria que no conoce ni ha tenido ningún tipo de transacción con María Libia Márquez Naranjo y que tiene una tienda de barrio pero que no vende pollo ni carne.
En esa respuesta informó también que para aclarar la situación, se dirigió (el señor Jiménez Jaime) a la dirección de la señora Márquez (la demandante), que aparece registrada en el requerimiento, y lo atendió el hijo, de nombre John León, quien le indicó que “La señora María Libia Márquez Naranjo tiene una empresa de criaderos y venta de pollos y le vende a mayoristas; entre ellos a un señor Camilo Torres este le pide que no le facture a nombre de él, que sea a nombre de terceros y que esta información de nombres y nit el señor Camilo Torres la sacaba con ayuda de una funcionaria de Parmalat que le suministraba de la base de datos de clientes de Parmalat y que la DIAN tenía conocimiento del caso.”
Declaración juramentada de José Miguel Jiménez Jaime rendida el 14 de noviembre de 2012, ante la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en la que además de indicar que no conoce a la demandante ni ha realizado ningún tipo de transacción con ella, informó que lo llamó Óscar León, padre de John León y esposo de María Libia Márquez Naranjo, para pedirle que se encontraran y le firmara un documento en el que aceptaba que compraba pollo ocasionalmente a Camilo Torres. A tal solicitud le respondió que no estaba en la ciudad y que de todas formas no podía firmar tal documento porque no conoce a Camilo Torres ni ha efectuado transacción alguna con él.
Respuestas de Angélica María Cobos Hernández, José Francisco Pérez Espinosa y Carolina Amorocho Parra a los requerimientos de información remitidos por la DIAN. En escritos separados indicaron que no realizaron ninguna transacción con María Libia Márquez Naranjo.
Declaraciones juramentadas de Carolina Amorocho Parra, José Francisco Pérez Espinosa, Rosa Fanny Sepúlveda de Velandia, Francisco Javier Zuluaga Arcila y Sandra Vianney Vega Vega rendidas el 3, 17 y 21 de diciembre de 2012 y 14 de enero de 2013, respectivamente, quienes a la pregunta ¿vende usted pollos, gallinas o cualquier tipo de carne?, contestaron NO, excepto la señora Amorocho Parra que dijo que SÍ porque tiene una salsamentaria. A las preguntas ¿conoce usted a la señora María Libia Márquez Naranjo? y ¿realizó usted alguna compra de pollos a la señora María Libia Márquez Naranjo durante el sexto bimestre de 2011?, respondieron “NO”.
En esa misma diligencia se les mostró copia de la factura en la que figura su nombre y cédula de ciudadanía y confirman que corresponde a su número de identificación. Se les preguntó ¿indique por favor si conoce usted al señor Camilo Torres y qué relación tiene con él? y respondieron que no lo conocen y no tienen ninguna relación con él.
Visita por auto de verificación o cruce a Javier Camilo Reyes Mosquera. El 18 de diciembre de 2012, la DIAN realizó visita que fue atendida por la administradora del local en el que funciona una cigarrería e informó que ese establecimiento fue vendido por el señor Reyes Mosquera a Francisco Javier Zuluaga Arcila. Indicó que en esa cigarrería se venden víveres y licores, pero no se vende pollo.
Visita por auto de verificación o cruce a Rosa Fanny Sepúlveda de Velandia. Se practicó el 18 de diciembre de 2012, en la que informó que funciona una cigarrería que vende dulces, gaseosas y lácteos, entre otros productos, pero no vende pollo.
El 18 de diciembre de 2012, la DIAN intentó realizar visita a las direcciones de Pedro Benjamín Sierra Araque y Francisco Javier Martínez Varón, pero no las encontró, según quedó registrado en el acta de cruce con terceros. A las mismas direcciones se remitieron previamente los autos de verificación o cruce de 7 de diciembre de 2012 que fueron devueltos por dirección incorrecta.
Respuesta de William Flórez Peña al requerimiento ordinario de 31 de octubre de 2012 y visita por auto de verificación o cruce. En memorial de 23 de enero de 2013 relacionó la factura 592 de 27 de noviembre de 2011 por compra de pollo en canal y víscera por $17.661.637 y aunque anuncia que allega la factura, no lo hizo. Sin embargo, lo hizo con posterioridad.
Además, en virtud del auto de verificación o cruce de 25 de enero de 2013, la DIAN practicó visita el 14 de marzo de 2013 a William Flórez Peña, quien, según acta levantada, informó que desde el año 2010 tiene relaciones comerciales con María Libia Márquez Naranjo, que consisten en que ella entrega el pollo para sacrificio y él [Flórez Peña] se lo compra en canal y lo lleva para los puntos de venta. Indicó que en el 6º bimestre de 2011 compró pollo en canal a la demandante, según la factura 592 de 27 de noviembre de 2011. En esa diligencia, el funcionario de la administración tributaria lo citó para el 15 de marzo de 2013 con el fin de que aportara en las instalaciones de la DIAN los soportes del pago de la citada factura, entre otros.
El 15 de marzo de 2013, el señor Flórez Peña compareció ante la DIAN para entregar (i) estado de resultados por terceros acumulado a diciembre de 2011; (ii) auxiliar cuenta del costo de ventas en el que figura María Libia Márquez Naranjo con una compra de $17.661.637; (iii) copia del libro diario de noviembre de 2011; (iv) comprobante de egreso 1280 en el que se incluye el pago de la factura 592 y (v) recibo de caja menor que en el espacio de concepto se lee “pago factura 592”.
En el acta de comparecencia que se levantó, se registró como pendiente el libro mayor y balances impreso con el sello de inscripción en la cámara de comercio.
Respuesta de Nubia Vargas Gutiérrez al requerimiento ordinario de 31 de octubre de 2012, visita por auto de verificación o cruce y declaración juramentada. Da respuesta por escrito de 23 de enero de 2013, en el que relaciona la factura 589 de 27 de noviembre de 2011 por compra de pollo en canal y víscera por $16.945.507, cuya copia aportó.
De igual manera, la DIAN practicó visita el 14 de marzo de 2013 a Nubia Vargas Gutiérrez, en la que sostuvo que tiene relaciones comerciales con María Libia Márquez Naranjo desde hace 4 años, que consisten en que ella [Márquez Naranjo] lleva el pollo a la planta de beneficio para sacrificarlo y luego lo vende en canal [a Vargas Gutiérrez], quien, a su vez, lo vende a diferentes clientes. En el momento de la visita, Nubia Vargas Gutiérrez entregó comprobante de egreso 1191 de 5 de diciembre de 2011, extracto bancario de diciembre 2011 del Consorcio Avícola Santa Helena Ltda y certificado de 19 de octubre de 2011 de la Cámara de Comercio de Bogotá en que figura registrada como persona natural la señora Vargas Gutiérrez.
En relación con el comprobante de egreso 1191 de 5 de diciembre de 2011, por $20.275.000, en la diligencia se le pidió a Nubia Vargas Gutiérrez aclarar por qué aparece a nombre de Óscar León y por un valor superior, si la factura era por $16.945.507. Al interrogante respondió que Óscar León es el encargado de entregar el pollo y recibir el pago. Además, es el esposo de María Libia Márquez Naranjo. Frente a la suma del comprobante de egreso, indicó que corresponde al pago de la factura 589 de 27 de noviembre de 2011 y a un saldo que se debía por otra factura anterior.
Por último, se citó a Nubia Vargas Gutiérrez para que compareciera el 15 de marzo de 2013 en la sede de la DIAN y entregara otros soportes, tales como el número de la factura cuyo saldo se pagó, según el referido comprobante de egreso y certificación de contador público de las transacciones realizadas con la demandante.
Llegada esa fecha, Nubia Vargas Gutiérrez acudió a la DIAN y rindió declaración juramentada en la que indicó que es comerciante de pollo desde 2008 y que no tiene establecimiento de comercio para realizar su actividad porque los clientes recogen el pollo que vende en la misma planta donde se sacrifica, de la que ella es socia.
A la pregunta de si puede aportar a ese despacho las facturas de las ventas realizadas a sus clientes, relacionadas con el pollo que compró a María Libia Márquez Naranjo, respondió que NO, porque la contabilidad del año 2011 se está reconstruyendo y la documentación la manejaba otro contador.
Del análisis del material probatorio recaudado en el desarrollo de la investigación tributaria se advierte, como lo hizo la DIAN en los actos acusados, que no es posible tener como ingresos brutos por operaciones exentas, los obtenidos en las compras de pollo en canal que pretende acreditar la demandante con las facturas 554, 562, 563, 567, 568, 570, 571, 575, 576, 577, 582, 584 y 587, puesto que quienes figuran como compradores [Víctor Sánchez, Nelia Pulido López, Lilia Yofana Parra Verano, Rosa Fanny Sepúlveda de Velandia, Carolina Amorocho Parra, José Miguel Jiménez Jaime, Luis José Cruz Tamayo, Luz Jeaneth Rodríguez Castro, Blanca Ludy Castillo Chinome, Angélica María Cobos Hernández, Robinson Herly Hernández Lancheros, José Francisco Pérez Espinosa y Sandra Vianney Vega Vega] declararon bajo la gravedad de juramento que no conocen a María Libia Márquez Naranjo ni han realizado transacción alguna con ella. Además, las actividades económicas que desarrollan no tienen relación con la venta de pollo en canal.
Valga resaltar que en las 13 facturas antes referidas se registró como comprador a Camilo Torres y se incluyó “y/o” y el nombre de un tercero, porque, según afirma la demandante, el tercero era el comprador y el señor Torres actuaba como su mandatario. Tal afirmación no es aceptable, dado que los supuestos mandantes negaron realizar las operaciones con la demandante. Incluso, algunos negaron conocer a Camilo Torres.
Significa lo anterior, que al no estar demostrado que la venta se realizó con la persona indicada en la factura como comprador, no se puede reconocer que la operación exenta se efectuó.
Igual consideración merece la factura 566 que está a nombre de Javier Camilo Reyes Mosquera, pues, si bien no rindió declaración juramentada, la DIAN acudió a la dirección registrada y encontró que allí funciona una cigarrería desde hace años y, aunque ya el propietario no es el señor Reyes Mosquera, en ese establecimiento no se ha vendido pollo, por lo que no existe conexión alguna con la actividad económica que desarrolla la demandante.
La misma suerte debe predicarse de las facturas 565 y 591 en las que figuran Pedro Benjamín Sierra Araque y Francisco Javier Martínez Varón, respectivamente, pues un funcionario de la DIAN se desplazó a la dirección que aparece en el RUT de cada uno, pero no las encontró. Tampoco pudo la DIAN verificar si estos señores realmente compraron pollo a la demandante, los soportes de la operación, si tienen algún negocio y qué bienes venden en él.
Por tanto, la demandante tampoco demostró como exentas las operaciones que se registran en las facturas 565, 566 y 591.
En relación con las facturas 555, 558, 559, 583, 585 y 586, en las que figuran como compradores Aurora Méndez, Andrés Hernández, Leonides Forero, Jesús Páez López, Fredy Vargas y María Vásquez, respectivamente, la DIAN no encontró su inscripción en el RUT por lo que no fue posible contactarlos para que constataran la realización de las compras registradas en dichas facturas.
Valga precisar que, en las facturas mencionadas, esto es las 555, 558, 559, 565, 566, 583, 585, 586 y 591, también aparece como comprador Camilo Torres, respecto de quien no se acreditó que estuviera actuando en nombre de los presuntos compradores que aparecen en cada una de las facturas. Además, la demandante reconoce que al momento de la venta registraba el nombre y NIT que le indicaba Camilo Torres, como mandatario, sin exigir soporte alguno del mandato. Así que el presunto mandato no fue demostrado ante la autoridad tributaria ni ante esta jurisdicción.
En relación con la factura 589 de 27 de noviembre de 2011, se advierte que fue expedida por María Libia Márquez Naranjo a nombre de Nubia Vargas Gutiérrez y se registró una venta de pollo en canal y víscera por $16.945.507.
Si bien, tanto en la visita como en la declaración juramentada que rindió, la señora Vargas Gutiérrez indicó que en el periodo 6º de 2011 tuvo relaciones comerciales con la demandante, los soportes que entregó a la DIAN no son suficientes para tener como acreditada la venta que refleja la factura 589. En efecto, en el comprobante de egreso 1191 de 5 de diciembre de 2011, con el que se pretende demostrar el pago de dicha factura, se observa que el pago se dirige a Óscar León, por concepto de “Pago pollo pendiente” por la suma de $20.275.000 y se discrimina que con cheque se pagan $19.271.000 y en efectivo $1.000.000.
No obstante, en el comprobante de egreso no se especifica el pago de la factura 589, por $16.945.507, sino que aparece un valor mayor ($20.275.000) sin discriminar a qué factura corresponde. Además, aunque el valor del comprobante de egreso coincidiera con el de la factura 589, el pago debía efectuarse a la demandante, que era la vendedora y quien reclama la exención. Y, en este caso, el pago se hizo a Óscar León y no existe prueba de que el pago se recibió a nombre de la actora.
Lo anterior, aunado al hecho de que Nubia Vargas Gutiérrez no mostró su contabilidad porque la estaban reconstruyendo y en la declaración juramentada manifestó que no tiene las facturas del pollo que primero compró a la demandante y que supuestamente vendió después.
En consecuencia, no se demuestra la realidad de la operación con Nubia Vargas Gutiérrez.
Frente a la factura 592, se observa que la expidió la demandante el 27 de noviembre de 2011, figura como comprador William Flórez Peña y refleja la venta de pollo en canal y víscera por $17.661.637. Esta operación se intenta demostrar con los soportes contables aportados por el comprador, como el estado de resultados de terceros acumulados de diciembre de 2011, en el que se registra la operación con María Libia Márquez Naranjo por $17.661.637 (compra de mercancías, específicamente pollo). También, con el auxiliar tercero de movimiento y el auxiliar de subcuenta y tercero, ambos de diciembre de 2011, en los que se lee “PAGO FR 592 MARIA LIBIA MARQUEZ Dic. 1/2011 17.661.637” .
La Sala advierte que también figura en el expediente administrativo el comprobante de egreso 1280 y el recibo de caja menor, ambos de 1 de diciembre de 2011, en los que consta que William Flórez Peña hizo el pago de la factura 592, en efectivo, a pesar de que es una suma significativa por la compra de pollo. Además, quien recibió el pago fue Óscar León, no la demandante, quien reclama la exención. Y, no existe prueba de que Óscar León recibió el pago a nombre de la actora, razones suficientes para no aceptar la venta de $17.661.637, como exenta.
Valga indicar, además, que, aun cuando en el expediente administrativo consta que William Flórez Peña allegó copia parcial del libro mayor y balances de los meses de mayo y diciembre de 2011, según se observa en el folio 401 del cuaderno de antecedentes 3, no es posible constatar que los libros contables estuvieran registrados en la cámara de comercio para el año 2011, fecha en la que aún era exigible dicho registro.
En los anteriores términos, tampoco se pudo acreditar como exenta la compra de $17.661.637, registrada en la factura 592 de 27 de noviembre de 2011.
Frente a la alegada vulneración del debido proceso y defensa por parte de la DIAN al no decretar unas pruebas, la Sala considera que la falta de citación de Camilo Torres para rendir testimonio en la investigación administrativa no constituye, por sí sola, una vulneración de esos derechos, puesto que es facultativo de la autoridad tributaria decretar las pruebas que considere pertinentes, conducentes y necesarias. Y en este caso, existen suficientes medios de prueba que demuestran que no fueron reales las operaciones de venta en las que aparece el citado señor.
En relación con la inspección o visita a la granja Villa Libia, que alega la demandante tampoco se decretó, se advierte que tenía como finalidad demostrar la actividad que desarrolla la demandante. No obstante, lo fundamental era probar la existencia de las ventas de pollo en canal realizadas durante el 6º bimestre de 2011, de las que se obtuvieron los ingresos brutos por operaciones exentas de IVA.
De todas formas, en el expediente administrativo se encontró el traslado de unas pruebas practicadas en la investigación adelantada contra la demandante por el IVA, 2º bimestre de 2011, de las que se observa el acta de visita de 27 de septiembre de 2012 a la granja Villa Libia.
Por lo demás, la demandante conoció los documentos que soportaban la investigación de la DIAN y las actuaciones que esta adelantó para verificar la exactitud de la declaración privada, razón por la cual pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Así que la demandante debía desvirtuar, de manera idónea, lo probado en la investigación adelantada por la demandada con elementos probatorios que permitieran verificar la totalidad de las ventas exentas y de esa manera establecer el origen de los ingresos consignados en la declaración privada cuestionada.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que los actos administrativos demandados están ajustados a derecho, en el entendido que con el cruce de información, declaraciones de terceros y demás pruebas practicadas por la DIAN se desvirtuó la realidad de las operaciones “exentas” por valor de $204.610.999, con los compradores que la demandante informó y que figuran en las facturas 554, 555, 558, 559, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 591 y 592. Por lo anterior, no se desvirtuó la reclasificación de los ingresos brutos por operaciones exentas a ingresos brutos por operaciones gravadas, como lo dispuso la DIAN.
Por lo expuesto, prospera el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se impone confirmar la nulidad parcial de los actos demandados pero se modificará el restablecimiento del derecho para reclasificar como gravados, todos los ingresos exentos discutidos, que según se precisó, corresponden a $204.610.999, suma que fijó el Tribunal y que las partes no objetaron. Además, debe imponerse la sanción por inexactitud, como se indica a continuación. En consecuencia, se practica nueva liquidación que refleje lo decidido en esta providencia.
Sanción por inexactitud. Aplicación del principio de favorabilidad.
La Sala encuentra que, en la declaración de IVA del 6º bimestre de 2011, la demandante incluyó ventas exentas que no pudo probar, lo cual constituye una conducta sancionable, prevista en el artículo 647 del ET, por lo que es procedente mantener la sanción por inexactitud impuesta.
No obstante, en aplicación del principio de favorabilidad, reconocido expresamente en el artículo 282 [parágrafo 5] de la Ley 1819 de 2016, y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, equivalente al 160%, procede la reliquidación de la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación que se realiza en esta instancia y el determinado privadamente.
La nueva liquidación practicada por la Sala es la siguiente:
CONCEPTO
LIQUIDACIÓN PRIVADA
LIQUIDACIÓN OFICIAL
LIQUIDACIÓN TRIBUNAL
LIQUIDACIÓN CONSEJO DE ESTADO
INGRESOS BRUTOS POR OPERACIONES EXENTAS (TERRITORIO NACIONAL)
222.273.000
-
107.409.000
-
INGRESOS BRUTOS POR OPERACIONES GRAVADAS
-
222.273.000
97.202.000
204.611.000
TOTAL INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO
222.273.000
222.273.000
204.611.000
204.611.000
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
150.424.000
150.424.000
150.424.000
150.424.000
IMPUESTO GENERADO A LA TARIFA DEL 16%
-
35.564.000
15.552.000
32.738.000
TOTAL IMP A CARGO / IMP GENERADO POR OPERACIONES GRAV
-
35.564.000
15.552.000
32.738.000
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES
21.424.000
21.424.000
21.424.000
21.424.000
SALDO A PAGAR DEL PERIODO FISCAL
-
14.140.000
-
11.314.000
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL
21.424.000
-
5.872.000
-
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO
-
14.140.000
-
11.314.000
SANCIONES
-
56.902.000
15.552.000
32.738.000
TOTAL SALDO A PAGAR
-
71.042.000
9.680.000
44.052.000
O TOTAL SALDO A FAVOR
21.424.000
-
-
-
TOTAL SALDO A FAVOR SUSCEPTIBLE DE SER SOLICITADO EN DEVOLUCIÓN
21.424.000
-
-
-
Cálculo de la sanción por inexactitud:
SANCIÓN POR INEXACTITUD
Saldo a favor declarado (sin sanciones)
21.424.000
Saldo a pagar determinado (sin sanciones)
11.314.000
Base sanción por inexactitud
32.738.000
Tarifa: Ley 1819/17 art 288
100%
Sanción por inexactitud
32.738.000
Total saldo a pagar (impuesto a cargo + sanciones)
44.052.000
En suma, se modifica el restablecimiento del derecho (numeral segundo de la parte resolutiva) para fijar en $44.052.000 el saldo a pagar a cargo de la actora por la declaración de IVA del bimestre 6 de 2011. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.
Condena en costas
No se condena en costas en esta instancia, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada, que, en consecuencia, queda así:
“SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, FIJAR como saldo a pagar a cargo de la actora, por concepto de IVA, 6º bimestre de 2011, la suma de $44.052.000, conforme a la liquidación practicada por la Sala en esta providencia.”
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Fl. 10 c.a.1.
Fl. 71 c.a.1.
Fls. 423 a 438 c.a.3.
Fls. 476 a 502 c.a.3.
Fls. 538 a 552 c.a.3.
Fls. 2 a 26 c.1.
Fls. 94 a 119 c.1.
Fls. 171 a 186 c.1.
En relación con uno de esos testimonios, el de Héctor Alfonso Usme Clavijo, encontró que la demandada no debió tenerlo en cuenta porque la factura respecto de la que fue citado se anuló.
Fls. 195 a 207 c. 1.
Fls. 208 a 215 c. 1.
Fls. 36 a 45 c. 2
Fls. 32 a 35 c. 2.
Sentencia de 29 de abril de 2020, exp. 54001-23-33-000-2015-00231-01 (22747), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Fls. 224 a 229 c.a.2.
Pueden consultarse los cuadernos 1,a 3 de los antecedentes administrativos que fueron allegados al proceso judicial.
Fls. 178 a 183 c.a.1 y 249, 294 c.a.2
Fls. 242 y reverso c.a.2.
Fls. 247 y reverso c.a.2.
Fls. 240 reverso, 251, 252, 264 c.a.2.
Fls. 272, 295, 331 reverso, 332, 333 y reverso c.a.2
Fls. 298 y reverso y 299 c.a.2.
Fls. 315 a 317 c.a.2.
Fl. 307, 325 y 326 c.a.2.
Fl. 309, 310 y reverso, 323 reverso, 328 y 329 c.a.2.
Fl.366 c.a.2.
Fl.376 reverso c.a.2.
Fls.371 a 373 c.a.2.
Fls. 384 reverso, 385 a 399 c.a.2 y 401 a 403 c.a.3
Fls.369 reverso y 370 c.a.2.
Fls.381 y 382 c.a.2.
Fls.378 a 380 c.a.2.
Fls. 405 y reverso c.a.3.
Fls. 334 a 339 reverso c.a. 2.
Fl. 382 c.a.2.
Fl. 391 reverso c.a.2.
Fl. 393 y reverso c.a.2.
Fl. 399 reverso y 399 c.a.2.
El artículo 175 del Decreto 19 de 2012, de supresión de trámites, eliminó la obligación de inscribir los libros de contabilidad en el registro mercantil.
Fl. 204 c.a.2.
Fl. 206 a 208 c.a.2.
En similar sentido, ver sentencia de la Sala de 9 de mayo de 2019, Exp. 2013-00477-01 (21298), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
En similar sentido, ver sentencia de la Sección Cuarta de 1 de marzo de 2018, Exp. 2014-00057-01 (21762).
Ley 1819 de 2016, artículo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:/ “Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo./ […]/ Parágrafo 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.”
En el mismo sentido, se pronunció la Sala, entre otras sentencias, en la de 13 de diciembre de 2017, exp. 21210, C.P. Milton Chaves García.
CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Radicado: 25000-23-37-000-2015-01422-01 (24952)
Demandante: MARÍA LIBIA MÁRQUEZ NARANJO
FALLO
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