Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01567-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-01567-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2015-01567-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2015-01567-01 (25632)
Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2015-01567-01 (25632)
Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
Demandado: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Temas: Firmeza de las autoliquidaciones de aportes correspondientes
a los períodos de enero a diciembre de 2007, 2008, 2009,
2010 y enero a septiembre de 2011
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 18 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió:
“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Liquidación Oficial No. RDO 807 de 6 de agosto de
2014 y de la Resolución RDC 121 de 25 de marzo de 2015 proferidas por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara la firmeza de las
autoliquidaciones privadas presentadas por la CORPORACIÓN ATLÉTICO NACIONAL,
respecto de los meses enero a diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 y de enero a
septiembre de 2011, conforme lo dicho en la motiva de la presente providencia.
(…)”
ANTECEDENTES
Previo requerimiento de información, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP [en adelante la UGPP]
expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir 265 del 1 de abril de 2014,
mediante el cual propuso modificar las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la
Protección Social por los años gravables 2007, 2008, 2009, 2010 y los períodos
comprendidos entre enero a septiembre de 2011, por mora e inexactitud.
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01567-01 (25632)
Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
FALLO
Mediante Liquidación Oficial RDO 807 de 6 de agosto de 2014, la UGPP determinó
como valor a pagar $4.469.815.199, por concepto de mora e inexactitud en los aportes
realizados por Corporación Deportiva Club Atlético Nacional en los periodos antes
referidos 1. La contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto mediante Resolución RDC 121 de 25 de marzo de 20152,
en el sentido de modificar el valor de la liquidación a $808.504.578.
DEMANDA
La CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL, en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones 3:
“PRIMERO. - La NULIDAD de la Liquidación Oficial No. RDO 807 del 6 de agosto
de 2014 y nulidad parcial de la Resolución No. RDC 121 del 25 de marzo de 2015
proferidas por la Dirección de Parafiscales de la UGPP.
SEGUNDO: Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, solicito
se RESTABLEZCA EL DERECHO de la CORPORACIÓN DEPORTIVA
ATLÉTICO NACIONAL, declarando la firmeza de las autoliquidaciones
correspondientes a los aportes a la Protección Social correspondientes a los
períodos enero a diciembre de 2007, enero a diciembre de 2008, enero a diciembre
de 2009, enero a diciembre de 2010 y enero a septiembre de 2011
Indicó como normas violadas, las siguientes:
Artículo 95 numeral 9, 29, 363 de la Constitución Política.
Penúltimo inciso del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
Artículos 694, 704, 712, 714 y 730 del Estatuto Tributario
Parágrafo del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012
Artículo 35 de la Ley 181 de 1995
Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
Artículo 53, 127 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 49 de la Ley 789 de 2002
Artículo 40 del Decreto 1406 de 1999
Artículo 71 de Decreto 806 de 1998
El concepto de la violación se sintetiza así:
Firmeza de las planillas de liquidación de aportes – vulneración al principio de
irretroactividad de la ley
La parte actora sostiene que en atención a la remisión realizada por el inciso 5º del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 a la legislación fiscal, resulta clara la aplicación
de la firmeza de las declaraciones del artículo 714 del Estatuto Tributario en el presente
asunto, teniendo en cuenta que los períodos gravables objeto de fiscalización
corresponden a los años 2008 al 2011 y como quiera que la UGPP profirió el
requerimiento para declarar y/o corregir en abril de 2014, es clara la extemporaneidad
de la mentada actuación, teniendo en cuenta que la Administración cuenta con dos
años para interrumpir el término de prescripción, siendo forzoso concluir la nulidad de
1 Fls. 197 a 227 c. p.
2 Fls. 304 a 329 c. p.
3 Fls. 3 a 178 c. p.
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Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
FALLO
la actuación administrativa por falta de competencia temporal de la demandada.
Añade que la UGPP para contrarrestar el argumento de la firmeza, pretende aplicar el
término de 5 años establecido en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 a períodos
anteriores a la expedición de la propia normativa, es decir, a los años 2008 a 2011,
siendo ello violatorio del principio de irretroactividad en materia tributario, toda vez que
la prenotada disposición entró a regir el 26 de diciembre de 2012, es decir, más de un
año después de la presentación de la última PILA cuestionada.
Vulneración al debido proceso por inobservancia de las normas de
procedimiento
Alega que la UGPP transgrede el artículo 694 del Estatuto Tributario, al modificar en
un mismo acto liquidatorio 57 autoliquidaciones correspondientes a los períodos de
enero de 2007 a septiembre de 2011, cuando lo obligatorio es la expedición de
liquidaciones independientes por cada año gravable en virtud de la norma mencionada
y en aras de garantizar el debido proceso y derecho de defensa de los contribuyentes.
Violación al debido proceso por negar práctica de prueba en sede administrativa
Con el fin de verificar la naturaleza de los conceptos que conforman la base gravable
determinada por Unidad, la actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, siendo
desestimado por la Administración con el argumento de que la liquidación oficial fue
modificada parcialmente y por tanto no era procedente dicha prueba, circunstancia que
vulnera sus derechos fundamentales.
Falta de motivación de los actos administrativos demandados
Expresa que las actuaciones administrativas carecen de una verdadera motivación, no
explican los conceptos ni las razones que dieron lugar a las modificaciones practicadas
lo que evidentemente impide el correcto ejercicio del derecho de defensa de la
demandante e incurre en la causal de nulidad establecida en el numeral 4 del artículo
730 del Estatuto Tributario.
Falsa motivación de las actuaciones acusadas
Sostiene que la Administración incurrió también en falsa motivación, toda vez que los
reparos como las pruebas allegadas, no fueron considerados, razón por la cual se
desconocieron los pactos de desalarización y las cláusulas de salario integral, los
cuales si se hubieran tenido en cuenta la decisión adoptada sería diferente.
Mora en el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social
La demandante aduce casos específicos en todos los subsistemas en donde a su juicio
se verifican errores de la UGPP para determinar ajustes por mora, sumado a que no
presenta prueba alguna de la supuesta omisión o retardo en la presentación de las
respectivas planillas por parte de la actora. En efecto, desconoce varios pagos
efectuados a través de las PILAS allegadas en sede administrativa, toma un IBC
equivocado o que excede los 25 smlmv y liquida aportes en subsistemas respecto de
novedades sobre los cuales no se deben pagar.
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Transferencia de derechos deportivos temporal o definitiva
Explica que los derechos deportivos constituyen transferencias de deportistas
profesionales, los cuales además de que se encuentran regulados en el artículo 35 de
la Ley 181 de 1995, no son rubros que deban incluirse en el IBC, ni siquiera como
pagos no salariales (bonificaciones), pues su fuente es de carácter comercial y no
laboral, por lo que se equivoca la UGPP al incluirlos dentro de la base para liquidar los
parafiscales.
Horas extras e Incapacidades duplicadas en el IBC
Asevera que la UGPP registró doblemente los pagos de horas extras y de
incapacidades para liquidar los aportes, pues tomó los valores informados en la
columna denominada SUELDO y los sumó con los registrados en las columnas de
HORAS EXTRAS e INCAPACIDADES, sin tener en cuenta que estos últimos
conceptos ya se habían incluido en el sueldo reportado, situación que implica la
determinación de una base inflada que no consulta la realidad. Al respecto, la actora e
allega ejemplos y listado de trabajadores en cada uno de los subsistemas que se la
Unidad incurre en esta irregularidad.
Salario Integral
Expresa que conforme con los artículos 15 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 49 de la
Ley 789 de 2002, los aportes al Sistema de Protección Social de los trabajadores que
devengan salario integral deben realizarse con una disminución del 30%, esto es,
sobre el 70% de lo acordado para esta retribución económica. La UGPP desconoce la
normativa expuesta, liquidando una base de 13 smlmv, constituyendo una flagrante
violación a las normas laborales
Licencias no remuneradas
Sostiene que el artículo 71 del Decreto 806 de 1998 y el Concepto No. 295145 de 2010
proferido por el Ministerio del Trabajo son claros en prescribir que en los períodos de
suspensión temporal del contrato de trabajo, solo habrá lugar al pago de aportes por
parte del empleador, mas no del afiliado. Sin embargo, en los actos demandados se
desconocen las licencias no remuneradas, liquidando valores inexistentes.
Bonificaciones
Expresa que la UGPP quebrantó los artículos 15 de la Ley 50 de 1990, 128 del CST,
17 de la Ley 344 de 1996 y 30 de la Ley 1393 de 2010 pues a pesar que la actora se
encuentra en libertad de convenir con sus empleados que ciertos pagos no
constituyeran salario, la UGPP a pesar que aduce respetar tales convenios, incluye
estos pagos en la base para liquidar aportes parafiscales y le aplica el límite del artículo
30 ibídem, contraviniendo la normativa citada, la cual solo resulta procedente para los
subsistemas de Salud y Pensión.
Diferencias generadas por retiro o ingreso
Señala que en varios casos, la demandada tomó como base para liquidar los aportes
el valor reportado como salario de 30 días, sin observar que en las planillas aparece
reportada un IBC inferior, en atención a las novedades de ingreso y/o retiro
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presentadas, lo que comporta que el trabajador no laboró los 30 días del mes y por
tanto, siendo improcedentes estos ajustes calculados en los actos demandados
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo los argumentos que se
sintetizan a continuación 4:
Respecto a la firmeza de las declaraciones precisó que si bien el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007 hizo remisión en materia procedimental a la legislación fiscal en lo no
regulado por ella, lo cierto es que ello no comprende lo previsto en el artículo 714 del
ET, en atención a que lo establecido en dicha disposición no es de carácter procesal
sino sustancial, pues modifica una situación jurídica, siendo además incompatible con
la naturaleza de la contribución parafiscal, teniendo en cuenta la existencia de actos
como el requerimiento especial, el cual difiere notoriamente del requerimiento para
declarar y/o corregir de los aportes de la protección social y además porque el
legislador estableció en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 un término de caducidad
para fiscalizar las planillas de aportes y no de firmeza, siendo este último mecanismo
de incoherente aplicación, si se advierte que los pagos del sistema de seguridad social
involucran prestaciones periódicas cuyo derecho es imprescriptible.
En cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012, precisa la demandada
que esta disposición procedimental se rige por lo previsto en el artículo 40 de la Ley
153 de 1887 en el sentido de que su aplicación a los procesos en trámite debe
realizarse una vez entre en vigencia, sin perjuicio de aquellos actos procesales que
hayan iniciado con la ley antigua y las situaciones jurídicas consolidadas,
circunstancias exceptivas que no se materializaron en el caso concreto, razón por la
cual ante la promulgación de la ley procesal y como quiera que el legislador no
estableció ninguna transición, la UGPP dio aplicación inmediata a la ley procesal que
la regula, sin que ello comporte violación a la irretroactividad de la ley.
Frente a la aplicación del articulo 694 del Estatuto Tributario sostiene que dicha
disposición regula la liquidación de impuestos administrados por la DIAN y no por los
de la UGPP, siendo inaplicable para el presente asunto.
Sobre el rechazo de la prueba pericial, afirma que la misma fue negada porque versaba
sobre asuntos de derecho, contraviniendo su naturaleza y finalidad. Adicionalmente,
los puntos sobre los que trataría dicho medio probatorio fueron absueltos en favor del
actor, haciendo la práctica del medio probatorio inútil.
Arguye que la motivación de los actos administrativos es completa, porque en la parte
resolutiva de cada una de las actuaciones obra un cuadro resumen de los valores
determinados en el acto liquidatorio y en el recurso de reconsideración
respectivamente, los cuales fueron extraídos del archivo Excel (SQL), donde se explica
detalladamente los conceptos y los valores determinados por la Unidad, razón por la
cual se desvirtúa el cargo de carente motivación.
Respecto a la falta y falsa motivación afirma que estas causales de nulidad son
excluyentes, teniendo en cuenta que la segunda implica que los supuestos de hecho
y de derecho que sustentan los actos no correspondan a la realidad, razón por la cual
no pueden alegarse ambas causales. Además añade que la demandante incurre en
4 Folios 671 - 710 c. p.
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un error de interpretación de la causa de los ajustes liquidados y por tanto no le asiste
razón en su argumentación.
Frente a los ajustes por mora, asevera que efectuó la revisión y validación de las
Planillas Nos 1507906 y 16354732, dando lugar a la eliminación de ajustes por
$113.190.700 y respecto de las demás planillas, sostiene que las mismas no se
registran en la base de datos PILA, circunstancia que hace inviable la eliminación de
ajustes por este concepto, sumado a que también existen casos que se pagaron
aportes con número de cédula equivocado.
En relación con los derechos deportivos, la Unidad señala que fueron considerados
como pago no constitutivo de salario previo análisis de los artículos 34 y 35 de la Ley
181 de 1995, de la Resolución No. 1949 de 2008 expedida por el Comité Ejecutivo de
la Federación Colombiana de Futbol y de los contratos de trabajo aportados en donde
se acordó que estos emolumentos tenían el carácter de no salarial, lo que implica
establecer el límite del 40% que trata la Ley 1393 de 2010.
Sobre el cargo correspondiente a la duplicidad de las horas extras y de las
incapacidades, manifiesta la demandada que en la Resolución No. RDC 121 de 25 de
marzo de 2015 desaparecieron los ajustes por este concepto al verificar las pruebas
allegadas en sede administrativa, por lo que sobre aquellos que no se anexaron los
comprobantes no fue posible eliminar el ajuste.
Asevera que en lo que concierne al salario integral, los artículos 132 del CST, 18 de la
Ley 100 de 1993 y 49 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con jurisprudencia del
Consejo de Estado ha interpretado que el salario mínimo integral se conforma con su
factor salarial (100%) más el factor prestacional (30%), arrojando un porcentaje de
130%, por lo tanto, la forma como se debe establecer la base para liquidar los aportes
es el salario integral reportado en la nómina, dividido por 1.3, razón por la cual concluye
que el cálculo de los ajustes por este concepto se encuentran conforme a derecho.
En cuanto a las licencias no remuneradas, manifiesta que de la información
suministrada por la aportante comparada con el pago de los aportes, se puede extraer
que ella no registró en la PILA la totalidad del sueldo reportado.
Sostiene que en las bonificaciones se respetó las cláusulas de exclusión salarial
pactadas en los contratos de trabajo. Sin embargo, se dio aplicación al artículo 30 de
la Ley 1393 de 2010 en el sentido de incluir en el IBC el excedente del 40% del total
remunerado, sin entrar a definir las clases de pagos no salariales a los que se les debe
aplicar la citada disposición, toda vez que la norma no distingue.
Finalmente, frente a las diferencias generadas por retiro o ingreso, arguye que
respecto de dos trabajadores no se reportó las novedades de ingreso y de retiro,
sumado a que este cargo no fue expuesto en sede administrativa, siendo un hecho
nuevo que vulnera el debido proceso de la demandada.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y a título de
restablecimiento del derecho declaró la firmeza de las autoliquidaciones privadas
presentadas por la Corporación Atlético Nacional respecto de los meses de enero a
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diciembre de los años 2007 al 2010 y enero a septiembre de 2011 5. La anterior decisión
la adoptó en atención a las siguientes consideraciones:
En primer lugar, determina que la naturaleza jurídica de la planilla de autoliquidación
de aportes es la de una declaración tributaria, pues es a través de ella que los
contribuyentes liquidan y pagan los aportes al Sistema de la Protección Social.
Añade que para los períodos fiscalizados, esto es, años gravables 2008 al 2010 y
períodos de enero a septiembre de 2011, resulta aplicable la remisión que efectúa el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 al Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto
Tributario, en lo no establecido por la disposición procesal especial de aportes
parafiscales.
En este sentido, teniendo en cuenta que la firmeza de las declaraciones privadas no
se encuentra regulada en la norma especial, pero sí en la legislación fiscal, para la a
quo es clara la procedencia del artículo 714 del Estatuto Tributario (vigente para la
época de los hechos), el cual prescribía el término de dos años para la materialización
de la firmeza a menos que la Administración fiscal hubiese proferido requerimiento
especial y teniendo en cuenta que las planillas de los períodos cuestionados se
presentaron entre febrero de 2007 hasta octubre de 2011 y la Administración solo
profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. 265, el 1 de abril de 2014, esto
es, más de dos años a partir de la presentación de la última planilla, resulta palmaria
la firmeza de las autoliquidaciones, la extemporaneidad en la competencia temporal
de la UGPP y la nulidad de las actuaciones acusadas
Finalmente, precisó que no resulta procedente la aplicación del término prescrito en el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 como lo alega la demandada, en atención a que
ello vulnera la irretroactividad de la ley, pues la misma comenzó a regir con
posterioridad a la presentación de las planillas, esto es, el 26 de diciembre de 2012 y
que debe atenderse a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, pues es al
aportante a quien le resulta facultativo a que término de prescripción desea acogerse.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada apeló con fundamento en los siguientes argumentos:6
Reiteró argumentación expuesta en la contestación de la demanda oponiéndose a la
firmeza de la declaración, señalando que la remisión del artículo 156 de la Ley 1151
de 2007 al artículo 714 del Estatuto Tributario, no resulta procedente, toda vez que la
disposición fiscal es una norma sustancial que riñe con la naturaleza de la contribución
parafiscal, la cual está destinada a cubrir prestaciones vitalicias e imprescriptibles.
Por consiguiente, a juicio de la Unidad, para la época de los hechos, la potestad
fiscalizadora de la UGPP no se encontraba sujeta a ningún límite temporal, pues ello
se materializó con la Ley 1607 de 2012, la cual en su artículo 178 fijó un término de
caducidad de la acción de 5 años que se interrumpe con el requerimiento de
información.
5 Folios 763 a 797 c. p.
6 Folios 805 a 811 c.p.
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FALLO
Sin embargo, si en gracia de discusión se confirmara la sentencia apelada, añade que
la firmeza de la autoliquidación de aportes no podría operar plenamente como ocurre
frente a las declaraciones tributarias, por cuanto la liquidación oficial en materia de
aportes a la protección social constituye un acto mixto en donde se determinan ajustes
por las conductas descritas en el artículo 1º del Decreto 3033 de 2012, esto es,
inexactitud, omisión y mora y como quiera que frente a estas dos últimas conductas,
no se presentó autoliquidación privada de aportes, no es posible predicar la firmeza
de la declaración, circunstancia no advertida por la a quo, quien no analizó ni la
naturaleza de la contribución, por lo que solicita que ante cualquier duda o insuficiencia
de las pruebas allegadas al proceso, se aplique el artículo 53 de la Constitución
Nacional, es decir, una interpretación en pro de los derechos de los trabajadores.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante reiteró en términos generales los argumentos expuestos en la
demanda7 en lo correspondiente a la firmeza de las autoliquidaciones privadas y a la
irretroactividad de la ley. No obstante, se opuso a lo manifestado por la Unidad en la
apelación, pues el hecho de que no hubiese una regulación expresa sobre el término
de caducidad para las vigencias investigadas, no significa que las planillas de
autoliquidación de aportes estuvieran al margen de la firmeza, teniendo en cuenta la
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Arguye que las conductas aludidas por la demandada, esto es, omisión, inexactitud y
mora fueron establecidas en el Decreto 3033 de 2013, cuya promulgación se concretó
con posterioridad a los períodos objeto de controversia y por tanto inaplicable al caso
concreto, teniendo en cuenta que ello transgrede el principio de irretroactividad de la
ley, por lo que la solicitud formulada por la demandada, no resulta procedente, sumado
a que en el caso concreto, las conductas señaladas corresponden a errores de
apreciación y procesamiento de información que no inciden en la modificación de la
decisión del juez de primer grado.
A su turno, la demandada no presentó escrito de alegatos ni el Ministerio Público
realizó pronunciamiento alguno al respecto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, la Sala decide
sobre la legalidad de los actos administrativos a través de las cuales la UGPP liquidó
a la CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL la suma de $808.504.578,
por concepto de mora e inexactitud en los aportes de la Protección Social de los
periodos comprendidos por los años gravables 2007, 2008, 2009, 2010 y los períodos
comprendidos entre enero a septiembre de 2011.
En concreto, la Sala determinará si en el presente asunto operó o no la firmeza de las
planillas de autoliquidación de aportes correspondientes a los períodos de enero a
diciembre de 2007 al 2010 y de enero a septiembre de 2011. En caso de prosperar la
apelación, la sala estudiará los demás cargos expuestos en la demanda, que no fueron
resueltos por el Tribunal.
7 Indice 9 en SAMAI
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-01567-01 (25632)
Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
FALLO
Firmeza de las autoliquidaciones de contribuciones parafiscales. Reiteración
jurisprudencial 8
La entidad demandada argumentó la improcedencia de la aplicación de la firmeza de
las declaraciones del Estatuto Tributario a las contribuciones de la protección social,
teniendo en cuenta que constituye una norma sustancial que riñe con la naturaleza del
tributo, razón por la cual a su juicio, para las vigencias fiscalizadas no existía límite
temporal para el ejercicio de las potestades de fiscalización por parte de la
Administración y por ende podía hacerlo en cualquier tiempo.
Sin embargo, añade que si a pesar de lo antes explicado, resulta procedente lo previsto
en el artículo 714 del ET, este mecanismo procesal no puede aplicarse a las conductas
de mora y omisión de la planilla, ante la inexistencia de una declaración sobre la cual
se pueda predicar la firmeza.
Respecto a la firmeza de las autoliquidaciones de aportes al Sistema de la protección
social, la Sala en sentencia del 30 de septiembre de 2021 9 precisó lo siguiente:
(…) el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 determinó que el procedimiento para la
determinación de las contribuciones parafiscales de la protección social debía
ajustarse a lo establecido en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario.
En el artículo referido no se previó el término en el que la UGPP podría iniciar esas
actuaciones, ni el término de firmeza de las autoliquidaciones de aportes, por lo que
resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 714 del E.T.
Según esa norma, la declaración tributaria queda en firme si dentro de los dos (2)
años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado
requerimiento, y si la declaración inicial se presentó en forma extemporánea, los dos
(2) años se cuentan a partir de la fecha de la presentación de la misma.
(…)
Valga precisar que, en cuanto al término de firmeza de las autoliquidaciones del
Sistema de Protección Social y contribuciones parafiscales, el artículo 714 del ET es
aplicable solo para aquellas presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 1607 de 201210.
Lo anterior, porque la citada ley incluyó una norma especial frente al término que
tiene la UGPP para iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las
contribuciones parafiscales. En efecto, en el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley
1607 de 2012 se señala que la UGPP tiene cinco (5) años para ejercer su facultad
fiscalizadora, con la notificación del requerimiento de información o del pliego de
cargos, contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar, declaró
valores inferiores o se configuró el hecho sancionable.
8
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias
del 24 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2014-00900-01(23599), C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez y del 30 de octubre del 2019, Exp. 25000-23-37-000-2015-01053-01 (23817), C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez y de 30 de julio de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2015-00266-01 (24179), C.P.
Milton Chaves García.
9
Exp 25313 C.P. Milton Chaves García.
10
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia
de 30 de julio de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2015-00266-01 (24179), C.P. Milton Chaves García.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
FALLO
Como se advierte, en atención a lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 11,
en el cual se dispuso la remisión al Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario
en cuanto a lo no regulado por esa disposición en material de procedimental, y como
quiera que en esta normativa especial no se contempló un término dentro del cual la
UGPP podría iniciar sus acciones de fiscalización, resulta procedente la aplicación del
artículo 714 del ET a las contribuciones de la protección social, la cual prevé la firmeza
de la declaración dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo
para declarar o de la presentación de la declaración extemporánea, según el caso, si
no se ha notificado requerimiento especial12.
Nótese que esta remisión a la firmeza de la declaración prevista en la legislación
tributaria, solo es aplicable a las planillas de autoliquidaciones de aportes presentadas
con anterioridad a la promulgación de la Ley 1607 de 2012, por cuanto esta normativa
determinó un término especial de cinco (5) años para que la UGPP iniciara los
procedimientos sancionatorios y de determinación de las contribuciones parafiscales.
Ahora bien, en el presente asunto se advierte que los períodos fiscalizados por la
UGPP corresponden a los meses de enero a diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y
enero a septiembre de 2011 y el Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. 265 de
1 de abril de 2014, el cual versaba sobre las prenotadas mensualidades fue notificado
el 11 de junio de esa misma anualidad 13.
En ese entendido, se advierte que los períodos objeto de debate atañen a períodos
anteriores a la expedición de la Ley 1607 de 2012 14, circunstancia que comporta la
aplicación de lo que preveía el artículo 714 ibídem, vigente para la época de los
hechos, esto es, la firmeza de la declaración (autoliquidación de aportes) dentro de los
dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar si no se profiere
requerimiento para declarar.
Así, teniendo en cuenta que el término de los dos años para las vigencias fiscalizadas,
esto es, enero a diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y enero a septiembre de 2011,
empezó a correr mensualmente a partir de febrero de 2007 hasta octubre de 2011
(siendo esta mensualidad en donde se presentó la última declaración), venció también
sucesivamente en febrero de 2009 hasta octubre de 2013, pues esta última fecha se
cumplen los dos años contados a partir de la última declaración, resulta palmaria la
firmeza de las autoliquidaciones de tales mensualidades, toda vez que el
Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. 265 de 2014, fue notificado el 11 de junio
del 2014, esto es, 9 meses después de vencido el término de los dos años contados
desde la última declaración, por lo que al materializarse la firmeza de las
declaraciones, resulta extemporánea la actuación de la Administración, pues para el
momento en que se expidió el acto preparatorio, dichas planillas eran inmodificables 15.
11
A través de esta norma se creó la UGPP y se le asignó la competencia para la determinación y
liquidación de las contribuciones de la protección social
12
Antes de la modificación hecha por el art. 277 de la Ley 1819 de 2016.
13
Folio 182 c.p.
14
Publicada en el Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012.
15
En similar sentido, ver sentencias de 30 de septiembre de 2021, Exp 25313 y 30 de julio de 2020, Exp.
25000 23 37 000 2015 00266 01 (24179), C.P.Milton Chaves García.
10
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Demandante: CORPORACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO NACIONAL
FALLO
En lo que respecta al argumento de la UGPP relativo a que la aplicación del artículo
714 del ET riñe con la naturaleza del tributo parafiscal y por tanto, para las vigencias
fiscalizadas la Unidad no tenía límite temporal para ejercer su potestad de fiscalización,
la Sala también ha determinado que las normas que disciplinan el procedimiento de
revisión instituido en el Estatuto Tributario –y, en particular, la previsión del artículo 714
ejusdem– son compatibles con la naturaleza del procedimiento de modificación oficial
de las liquidaciones privadas de aportes parafiscales, pues ambas actuaciones tienen
como presupuesto fáctico y eje central la declaración tributaria, al margen del tipo de
conducta que se determine en contra del obligado, de manera que ambos
procedimientos están encaminados a una finalidad común: corregir los yerros en que
eventualmente haya incurrido el contribuyente al autoliquidar su obligación tributaria 16,
Por consiguiente, las diferencias en la denominación de los actos y conductas que
caracterizan tales actuaciones no excluyen a la fiscalización que lleva a cabo la UGPP
de la aplicación de las reglas del ET, pues, de lo contrario, se tornaría inoperante el
reenvío normativo efectuado por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 17.
En orden de ideas, con arraigo en el criterio expuesto por la Sección, no es cierto que
las facultades de fiscalización de la UGPP no tenían límite temporal para los períodos
cuestionados, por el contrario, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012,
resultaba aplicable la remisión del artículo 156 ibídem a la legislación fiscal, la cual en
su artículo 714 prescribía un término preclusivo de dos años para la actuación de la
Administración, so pena de tornar la declaración en inmodificable, circunstancia que
ocurrió en el sub júdice, pues el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado
de manera extemporánea.
Así, no le asiste razón a la demandada en su razonamiento, pues, se reitera, el
procedimiento de fiscalización del ordenamiento tributario resulta plenamente
compatible con el procedimiento de revisión que adelanta la Unidad y por tanto la
firmeza de la declaración sí resulta aplicable a los aportes parafiscales de la protección
social durante los períodos anteriores a la vigencia de la Ley 1607 de 2012, en atención
a la remisión normativa mencionada, lo que implica que siempre ha existido un límite
de competencia temporal en la fiscalización de las contribuciones parafiscales.
Respecto al planteamiento de la accionada de que los aportes a la protección social al
estar destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles, no aplica la firmeza de la
declaración, debe señalarse el criterio adoptado por la Sala 18, en el sentido de que si
bien es cierto que el derecho a una pensión (prestación vitalicia e imprescriptible) y a
reclamar su reliquidación no prescribe, también lo es que esa imprescriptibilidad solo
se predica de la pensión, no de las prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas
en los plazos legales, tal como lo ha puntualizado la Corte en varios
pronunciamientos 19, razón por la cual la firmeza de la declaración sí resulta procedente
para las mensualidades en los cuales la Administración no inició su actuación dentro
del término del artículo 714 del ET.
De otra parte, en lo que alude al argumento de la apelante referente a que en los casos
en que se determinaron ajustes por mora y omisión no puede aplicarse el término de
16
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 25 de noviembre de 2021. C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Expediente 24348.
17
Ibídem.
18
Exp 25313 C.P. Milton Chaves García.
19
C-230 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-274 de 2007, T-456 de 2013 y SU-
567 de 2015, entre otras.
11
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FALLO
firmeza debido a que no media una declaración que pueda predicarse en firme, la Sala
destaca que el procedimiento de revisión contenido en el artículo 714 del Estatuto
Tributario es compatible con el procedimiento de modificación oficial de las
liquidaciones privadas de aportes parafiscales pues los dos están dirigidos a corregir
los errores en que el contribuyente haya podido incurrir en su liquidación privada.
Para el caso de los aportes al Sistema de Protección Social dichos errores pueden
constituirse en omisión de afiliaciones o del pago de los aportes respecto de un
empleado o yerros en la determinación de los valores 20.
En ese sentido, la Sala debe aclarar que finalmente lo que se controvierte son las
planillas PILA presentadas por la actora en los periodos objeto de discusión y las
omisiones y ajustes por mora que propone la administración son respecto de pagos
por distintos conceptos que integran la autoliquidación y no por omisión en la
presentación de las planillas o porque estas no se hayan presentado en tiempo, de
modo que el argumento de firmeza también es aplicable a estos casos.
Así, teniendo en cuenta lo analizado, resta concluir que se confirmará la sentencia
apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Condena en costas
La Sala no condenará en costas, porque no obra elemento de prueba que demuestre
las erogaciones por ese concepto, tal como lo exige para su procedencia el artículo
365 del CGP, aplicable por disposición del artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: SIN COSTAS en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
20 Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 24348, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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FALLO
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
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