Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-02121-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2015-02121-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2015-02121-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de febrero de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2015-02121-01 (25683)
Demandante: Siesua Medicina Laser y Spa S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2015-02121-01 (25683)
Demandante SIESUA MEDICINA LÁSER Y SPA S.A.S.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social.
Competencia de la UGPP. Procedencia de cargo de apelación.
Firmeza de las declaraciones.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 20 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial RDO 957 del 31
de octubre de 2014 y la Resolución RDC 155 del 06 de mayo de 2015 que resolvió el recurso
de reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por omisión, mora e
inexactitud en los pagos al Sistema de Protección Social durante las vigencias 2008 a 2012 a
la sociedad SIESUA MEDICINA LASER Y SPA S.A.S., de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento:
• SE DECLARA la firmeza de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA)
presentadas por la sociedad SIESUA MEDICINA LASER Y SPA S.A.S., durante las
vigencias fiscalizadas vigencias de enero a diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 y los
meses de enero a mayo de 2012, esto ante la falta de competencia temporal de la
Administración para fiscalizar dichos períodos.
• Además, se ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP reajustar el IBC frente a la trabajadora LUISA PRADA SERRANO y la señora
LESLIE JAKEY ROJAS OROZCO, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en
la parte considerativa del fallo.
TERCERO: Por no haberse causado no se condena en costas.
CUARTO: Notifíquese por correo electrónico la presente providencia a: (…)
QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente previa devolución de los
antecedentes administrativos a la oficina de origen y del remanente de gastos del proceso, si
a ello hubiere lugar. Déjense las constancias y anotaciones de rigor.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. 514 del 25 de junio de 2014,
1 Fl.381 cd
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2015-02121-01 (25683)
Demandante: Siesua Medicina Laser y Spa S.A.S.
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió a la demandante
la Liquidación Oficial Nro. RDO 957 del 31 de octubre de 2014 por las conductas de
omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al
Sistema de la Protección Social por los períodos de enero a diciembre de 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012, por la suma de $591.179.595, incluidas diferencias
contables por $1.553.995.
Contra la anterior decisión la actora interpuso el recurso de reconsideración, el cual
fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 155 del 6 de mayo de 2015, que redujo los
ajustes a la suma de $181.085.500 y eliminó los valores por diferencias contables.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones (fls.4 a 5):
“PRETENSIONES PRINCIPALES
• ACTO DEMANDADO Y SOBRE EL QUE RECAE LA NULIDAD
Resolución No. RDO 597 del 31 de octubre de 2014: “Por medio de la cual se profiere
Liquidación Oficial a EMPRESA SIESUA MEDICINA LASER Y SPA S.A.S., identificada con
NIT.900.067.141-3, por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos enero a diciembre de 2008, 2009,
2010, 2011 y 2012”, determinando una sanción por valor de CIENTO OCHENTA Y UN
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (sic) ($591.179.595).
Resolución No. RDC 155 del 06 de mayo de 2015: “Por medio de la cual se resuelve el recurso
de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 597 del 31 de octubre de 2014,
a través de la cual se profirió liquidación oficial a EMPRESA SIESUA MEDICINA LASER Y
SPA S.A.S., identificada con NIT. 900.067.141-3, por omisión, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos
enero de 2008 a diciembre de 2012”, determinando una sanción por valor de CIENTO
OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($181.085.500).
• RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos administrativos,
solicito que se restablezca el derecho del demandante en la siguiente forma:
1. Declarar que la EMPRESA DE SIESUA MEDICINA LASER Y SPA S.A.S., identificada
con NIT. 900.067.141-3.-4 (sic), conforme al Certificado de Existencia y Representación
Legal, representada legalmente por el señor (sic) YENNY RAMÍREZ RIVERA, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadanía 51.905.579, no tiene deuda alguna por
concepto de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los pagos
(sic) de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos enero de 2008 a
diciembre de 2012, según lo establecido por la Dirección y Subdirección de
Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (en adelante UGPP) de conformidad con las Resoluciones No. RDO 597 del
31 de octubre de 2014 y RDC 155 del 06 de mayo de 2015.
2. En caso que el demandante realice pagos por orden de la UGPP por concepto de omisión,
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los pagos (sic) de los aportes al
Sistema de la Protección Social, por los periodos enero de 2008 a diciembre de 2012,
que se ordene la devolución de las sumas pagadas, indexadas y con intereses, de
acuerdo con su demostración.
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Demandante: Siesua Medicina Laser y Spa S.A.S.
3. Declarar la falta de competencia por parte de la Dirección y Subdirección de
Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Dirección de Parafiscales para
establecer deudas por concepto de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones
y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los periodos comprendidos
entre enero de 2008 a diciembre de 2012, consagrada en la Ley 1607 de 2012, debido a
que el Decreto 575 de 2013 artículo 21, que consagra la competencia de la Subdirección
de Determinación de Obligaciones Parafiscales es posterior a las conductas realizadas
por el demandante y objeto de los actos administrativos.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que en caso de no
conceder la pretensión de nulidad del acto demandado, se realice un análisis detallado de
cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y se realice reliquidación de la
presunta deuda fijada por la UGPP, por cada uno de los cargos descritos en el transcurso del
desarrollo de la presente demanda, y con las pruebas pertinentes en sus anexos.
• Excepción de Inconstitucionalidad
Solicito de manera especial que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política
que reza “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”; se
inaplique el DECRETO 575 DEL 22 DE MARZO DE 2013, por ser contrario a la Constitución,
conforme se sustenta en esta demanda, no siendo posible que con fundamento en esta norma
se proceda a proferir una Resolución que determina deuda por concepto de omisión, mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social, por los
periodos enero de 2008 a diciembre de 2012, debido a que la naturaleza de la obligación se
precisa en esas normas.
• CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6,
13, 15, 29, 58, 121 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo;
178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 730 del Estatuto Tributario; 69 y 72 de la Ley
1437 de 2011; 156 de la Ley 1151 de 2007 y 19 y 21 del Decreto 575 de 2013. Los
cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
1. Falta de competencia de los funcionarios para expedir los actos
acusados
Sostuvo que, si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó un sistema de
control, fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, la norma no
señaló de manera precisa qué funcionarios de esa entidad debían desempeñar cada
una de las etapas del proceso de fiscalización o sancionatorio.
A su juicio, dicho artículo tampoco indicó la manera en que la entidad podía solicitar
a los aportantes la información para la determinación de las obligaciones, ni el
funcionario que tenía esa facultad, ni reguló la sanción por no entregar completa la
información de períodos previos a la creación de la Ley 1607 de 2012, que entró en
vigencia en 2013.
Puso de presente que en el desarrollo de los procesos de fiscalización los
aportantes se ven obligados a presentar documentos privados que están protegidos
por mandato constitucional, por tanto, solo el legislador, y no el reglamento, es quien
puede establecer las competencias y procedimientos para el control de las
contribuciones, lo cual lo sustentó en la sentencia C-992 de 2001.
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Explicó que el Gobierno, en desarrollo de sus facultades extraordinarias, expidió el
Decreto 169 de 2008, pero no asignó funciones o competencias en cabeza de algún
funcionario, ni desconcentró, ni transfirió las potestades para la toma de decisiones
en las oficinas de la entidad.
Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación
de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de
los aportantes, dado que permitía solicitar información y documentos privados
protegidos por el artículo 15 Constitucional.
Agregó que el Decreto 5021 de 2009, si bien estableció la estructura y organización
de la UGPP, no tenía fuerza de ley al haber sido expedido por fuera del término que
le otorgó el Congreso al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria,
por ende, tampoco debía tenerse en cuenta en este proceso.
Concluyó que la ley no otorgó competencia alguna a la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales para solicitar la
información que fundamentó sus decisiones ni para proferir la liquidación oficial.
2. Violación al debido proceso. Las normas en que se fundamentaron los
actos acusados no son retroactivas
Alegó que la UGPP había proferido la liquidación oficial y la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración con fundamento en normas posteriores a los hechos,
es decir, las conductas objeto del proceso de fiscalización son previas a las normas
invocadas en el acto, lo que genera la nulidad de este. Para probar lo manifestado
transcribió la parte inicial de los actos demandados, en donde se dijo que la decisión
se expedía en uso de las facultades legales establecidas, especialmente en la Ley
1607 de 2012 y el Decreto 575 de 2013.
De manera que la entidad había otorgado a dichas normas un carácter retroactivo
que no fue previsto por el legislador. Agregó que la normativa que fundamentó los
actos discutidos debió ser expedidas de manera previa a la conducta que se está
imputando como violatoria del ordenamiento jurídico, situación que en este caso no
se había cumplido por parte de la UGPP.
3. Creación de tercera norma para el desarrollo del proceso administrativo
Sostuvo que la UGPP, de manera improvisada, expidió la liquidación oficial
combinando los procedimientos previstos en las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de
2012, lo que dio lugar a la figura denominada “Tercera Norma y/o Lex Tertia”, situación
que genera la nulidad de la actuación debido que impide que los sujetos de
investigaciones conozcan la norma procedimental que garantiza sus derechos a la
defensa, contradicción y debido proceso.
Lo anterior podía evidenciarse, dado que la competencia de los funcionarios y los
actos administrativos se había adelantado con fundamento en la Ley 1607 de 2012
y el Decreto 575 de 2013, sin embargo, en la liquidación oficial se señaló lo
siguiente: “LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN (…) de la UGPP. En uso de sus facultades
legales en especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, en
concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo 178 de la Ley 1607
de 2012, el artículo 1 literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, y en lo no previsto en estas
disposiciones, las normas contempladas en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario
Nacional”, es decir, que la entidad conjugó dos procedimientos contenidos en dos
normas diferentes para expedir el acto de liquidación.
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Así, tanto el procedimiento como la competencia de los funcionarios se realizaron
bajo la inobservancia del principio de integridad de la norma.
4. Los actos demandados no se emitieron de forma completa conforme lo
ordena la Ley 1151 de 2007. Violación al derecho de defensa e
imposibilidad de conocer el monto real de la liquidación oficial
Expuso que, una vez revisada la liquidación oficial, se evidenció que la entidad no
determinó el valor de los intereses de mora causados por conceptos de omisión,
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes. De igual forma,
en el medio magnético CD que acompaña el acto de liquidación tampoco se
encontró dicho concepto.
De esta manera, a su juicio, en la liquidación oficial faltaban elementos de
motivación y contenido del acto, dado que no se liquidaron los intereses moratorios
como lo ordenó el legislador en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, por ende, el
acto carecía de validez y eficacia. Adicionalmente, vulneraba los derechos de
defensa y debido proceso, lo cual generaba su nulidad.
5. Falta de motivación del acto. Las explicaciones deben ser por la
declaración de cada trabajador en la PILA y con las causas de la mora e
inexactitud
Adujo que los actos demandados no indicaban el motivo o la razón por la que se
cuestionaban los pagos efectuados. Además, no podía considerarse que la UGPP
motivó sus decisiones mediante los cuadros Excel anexos a estas, toda vez que en
ellos solo se encontraban comentarios que en nada aclaraban las razones que
llevaron a la entidad a determinar los ajustes. Sumado a lo anterior, la demandada
no explicaba de donde salían los valores liquidados ni la información para su cálculo.
Lo anterior, configuraba entonces una vulneración al derecho de defensa y el
desconocimiento de las normas y jurisprudencia que han establecido que las
decisiones administrativas deben estar debidamente motivadas
6. Falta de competencia del funcionario para realizar solicitudes, aclaración
y/o documentación adicional al requerimiento de información
Sostuvo que los requerimientos de información solo podían ser proferidos por el
funcionario con las facultades conferidas para tal fin, esto era, el Subdirector de
Determinación de Obligaciones, no obstante, como en este caso unos funcionarios
con el cargo de profesional especializado de esa dependencia fueron quienes
expidieron, en varias ocasiones, solicitudes de aclaración y/o documentación
adicional al requerimiento de información, se evidenciaba una vulneración al debido
proceso por falta de competencia.
Puso de presente que, en una resolución de otro proceso administrativo, la entidad
declaró que los requerimientos de información solo podían ser expedidos por
funcionarios con las facultades conferidas para tal fin (subdirector de Determinación
de Obligaciones). Por tanto, había lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado
dentro del proceso objeto de estudio
7. Falta de ejecutoria del acto administrativo por firma de funcionario sin
competencia
Señaló que la UGPP al momento de emitir la solicitud de aclaración de información,
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no previó que la funcionaria que firmó dicho acto carecía de competencia para ello,
“pretendiendo así ejecutar un acto sin prever que el mismo carece de firmeza sin cumplir con su
validez y su eficacia, originando una actuación antijurídica, la cual es que no se puede ejecutar un
acto mientras no cumpla con los requisitos de validez y eficacia.”
8. Falta de requisito de la publicación de la Resolución Nro. 118 del 6 de
marzo de 2013 para proferir sanciones
Afirmó que dicho acto, expedido por la UGPP y que sirvió de fundamento para la
imposición de la sanción en la liquidación oficial, nunca fue publicada, ni siquiera en
la página web de la entidad, por tanto, debía ser inaplicada por inconstitucional al
no cumplir con el requisito de publicidad que se predica de los actos administrativos
de carácter público para su aplicación.
9. Caducidad de la potestad sancionatoria
Sostuvo que, de conformidad con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 la facultad
sancionatoria de la UGPP es de 5 años, contados desde el hecho fiscalizado, so
pena que opere el fenómeno de la caducidad y por consiguiente pierda su derecho
de acción para fiscalizar a los aportantes.
Sostuvo que, al margen de lo dicho por la entidad en los actos acusados, el cómputo
del término para establecer la caducidad iniciaba desde la notificación de la
liquidación oficial, actuación que ocurrió el 13 de noviembre de 2014, luego la
caducidad operó para las conductas que a ese momento contaban con más de 5
años desde su ocurrencia, en este caso, para los períodos de enero de 2008 hasta
octubre de 2009.
10. IBC correcto en el salario integral
Señaló que la empresa había reportado al operador, para efectos de la liquidación
de los aportes, el monto total del salario integral de sus trabajadores, razón por la
cual, era directamente ese tercero el que arrojaba el monto a cancelar por aportes.
En consecuencia, si existiere algún error en la liquidación, este no debería ser
imputado a la empresa sino al operador.
Adujo que las Leyes 789 de 2002 y 797 de 2003 en sus artículos 49 y 5 disponen
que las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacta por salario
integral, debía calcularse sobre el 70% de dicho salario, por lo que no era viable que
la UGPP determinara una base diferente para establecer el IBC de los aportes
parafiscales para el caso de los trabajadores que se encontraran en dicha situación
salarial.
Se remitió al tope mínimo y máximo de cotización establecido en el artículo 3 del
Decreto 510 de 2003, que también aplica para los trabadores que reciben este tipo
de salario. Relacionó varios casos de trabajadores a manera de ejemplo.
11. Error en cédula de ciudadanía
Señaló que se presentó un error involuntario al momento de diligenciar la cédula de
ciudadanía respecto de 125 registros en el formato de nómina de la UGPP, sin
embargo, una vez verificados la planilla de aportes y los documentos de los
trabajadores ambos coincidían, razón por la cual no había lugar a los ajustes
propuestos por la entidad.
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12. Aporte correcto. Trabajadores con novedad de vacaciones o vacaciones
disfrutadas en tiempo
Sostuvo que la UGPP desconoció el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, según el
cual, para determinar el IBC del período de vacaciones, debe tomarse el IBC del
mes anterior al inicio del disfrute de éstas. De manera que, la entidad incurrió en un
error al aumentar esta cifra con valores que no coinciden en la nómina y en
auxiliares de empleados que no reportan vacaciones (no tiene la novedad marcada
en la PILA).
13. Violación al principio de la primacía de la realidad y el debido proceso.
Incremento del valor del salario del trabajador reportado en nómina.
Reprochó que la entidad de forma deliberada incrementó el salario reportado en la
nómina de los trabajadores, lo que generó la inexactitud en los pagos de los aportes
al Sistema de la Protección Social. Seguidamente señaló varios trabajadores
respecto de los cuales se podía advertir dicha situación.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos (fls.273 a 319):
Inició por afirmar que en este caso no se cumplían los requisitos para inaplicar por
inconstitucional el Decreto 575 de 2013, debido a que la demandante no refirió de
manera específica cuáles eran los preceptos constitucionales que se quebrantan
por dicho decreto y que permitiera su confrontación con la carta política. Así mismo,
se opuso a la condena en costas debido a que el asunto aquí discutido era de interés
público y la pretensión de devolución de aportes, dado que son las administradoras
las responsables de ello.
Frente a la falta de competencia, manifestó que, según los artículos 156 de la Ley
1151 de 2007 y 1 literal b) del Decreto 169 de 2008, la UGPP tenía asignadas las
tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección
Social, por lo que la entidad podía adelantar las investigaciones que estimara
pertinentes para establecer la existencia de hechos que generaran obligaciones en
materia de contribuciones parafiscales y expedir las liquidaciones oficiales.
De igual manera, el Decreto 5021 de 2009, derogado por el Decreto 575 de 2013,
estableció que era la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales la competente para proferir los requerimientos, las
liquidaciones oficiales y los demás actos de determinación de las obligaciones, y
por su parte, le correspondía a la Dirección de Parafiscales la resolución de los
recursos de reconsideración.
No era acertado, como lo indicó la demandante, que con la expedición del Decreto
575 de 2013, el Gobierno se apropió de funciones del Congreso, dado que según el
artículo 189-11 de la Constitución, era el Presidente quien debía ejercer la potestad
reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarias para la ejecución de las leyes. De manera que, como los actos fueron
proferidos con posterioridad a la expedición del Decreto 575 de 2013, estaban
acordes con las competencias atribuidas por la ley a la UGPP y por el funcionario
competente para su expedición.
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Agregó que la unidad no vulneró el derecho a la intimidad de la actora, dado que la
información tributaria solicitada, obedecía al cumplimiento de un deber legal y no al
capricho de la Administración.
Respecto a la aplicación retroactiva de las normas en que se fundamentaron los
actos demandados, precisó que no era cierto que la competencia de la UGPP se
creó con el Decreto 575 de 2013 y la Ley 1607 de 2012, por el contrario, las
competencias asignadas a la UGPP provienen de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto
169 de 2008, normas que, para la ocurrencia de los hechos, ya estaban vigentes y
gozaban de presunción de legalidad.
Sobre el cargo relacionado con la creación de una tercera norma para desarrollo
del proceso administrativo, señaló que no improvisó en la expedición de los actos
demandados, para ello aludió a los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, que creó
la entidad, 180 de la Ley 1607 de 2012, que estableció el procedimiento de
determinación oficial para las contribuciones y 198 ibidem, que derogó los
numerales 1 al 5 del inciso 4º y el inciso 5 del artículo 156 de la Ley 1151.
Recalcó que el legislador no estableció ningún régimen de transición o
condicionamiento para la entrada en vigencia de la Ley 1607, por el contrario,
determinó que entraría a regir a partir de su promulgación. De esta manera, en el
proceso de fiscalización adelantado en contra de la actora no se hizo ninguna
combinación o creación de normas al respecto, pues era indispensable referirse a
la norma creadora de la UGPP.
Precisó que las leyes procesales eran de aplicación inmediata, por lo que las nuevas
disposiciones instrumentales debían aplicarse a los procesos en trámite tan pronto
entraran en vigencia, sin perjuicio de aquellos actos procesales que ya se hubieren
cumplido con la ley antigua (artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
artículo 624 de la Ley 1564 de 2012). Por tanto, concluyó que la entidad aplicó las
normas procedimentales, respetó los términos y concedió las oportunidades para
que la aportante ejerciera su derecho de defensa.
Frente al cargo según el cual la liquidación oficial no se emitió de forma
completa, señaló que en los actos demandados se indicó que la determinación de
los ajustes daba lugar a la causación de intereses de mora desde la fecha del
vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación de aportes hasta la fecha en
que se cancelara la obligación. Los intereses no hacen parte de los aportes y que,
tratándose de una obligación de tracto sucesivo, se liquidan en la fecha en que se
hace efectivo el pago mediante las planillas, por lo que no era dable hacerlo en el
acto de liquidación, ya que tendría que actualizarse una vez el aportante hiciera el
pago o cuando se efectuara el cobro coactivo.
Sobre la falta de motivación de los actos enjuiciados, sostuvo que de una lectura
de estos podía advertirse que se explicaron sumariamente las razones por las
cuales debían modificarse las autoliquidaciones de la sociedad, así mismo, todos
los aspectos fueron discriminados en el archivo Excel, que detallaba el ajuste por
cada subsistema en concordancia con lo exigido en el artículo 712 del Estatuto
Tributario. Además, en los actos no se utilizó un lenguaje cifrado que le impidiera a
la actora ejercer su derecho defensa.
Sobre la falta de competencia del funcionario para realizar solicitudes
adicionales al requerimiento de información, explicó que las solicitudes que se
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enviaron a la sociedad tuvieron como fin complementar la información necesaria
para liquidar los ajustes por parte de la entidad. Además, los mismos eran meros
actos de trámite y no definitivos, por lo que su único objeto fue promover el proceso
de fiscalización, sin que ello implicara la vulneración al debido proceso. Respecto a
la resolución invocada en la demanda, destacó que corresponde a un proceso
sancionatorio, que es diferente al que se cuestiona.
Respecto a la falta de ejecutoria del acto administrativo por firma de
funcionario sin competencia señaló que, los actos acusados eran válidos en la
medida que se adecuaron a las exigencias del ordenamiento jurídico, dado que
fueron emitidos de conformidad con las normas jurídicas y eran eficaces, toda vez
que produjeron efectos jurídicos, dada la presunción de validez que no fue
desvirtuada por la actora.
Frente a la falta de publicación de la Resolución Nro. 118 del 6 de marzo de
2013, sostuvo que la facultad sancionatoria de la entidad fue dada con ocasión de
la promulgación de la Ley 1151 de 2007, el Decreto 169 de 2008 y la Ley 1607 de
2012. De manera que dicha resolución solo designó al funcionario encargado de
adelantar el proceso sancionatorio, por tanto, al ser un mero acto que estableció las
competencias al interior de la UGPP no requería ser publicado en la gaceta oficial.
Frente a la caducidad de la potestad sancionatoria frente a los períodos
comprendidos desde enero de diciembre de 2008 hasta junio de 2009, explicó que
el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 dispuso que el término de caducidad de la
entidad para iniciar la fiscalización a los contribuyentes era de 5 años contados
desde el hecho investigado, no obstante, dicha norma no podía ser aplicada al
presente asunto, pues el requerimiento de información del 10 de febrero de 2012
fue notificado el 20 del mismo mes y año, es decir, se dio antes de la expedición de
la mencionada ley.
En ese orden, la entidad podía desplegar las acciones de determinación desde
diciembre del 2006, por cuanto antes de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
no existía límite en el tiempo para iniciar la fiscalización. Agregó que, según la
Constitución Política, la jurisprudencia y la doctrina, a las acciones que involucran
el recaudo de sumas que por ley están destinadas al reconocimiento de
prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable
para sus beneficiarios, como lo son los aportes a seguridad social, no es viable
aplicar el fenómeno extintivo de la prescripción.
Luego de hacer mención a las normas que regulan la liquidación del IBC de los
trabajadores con salario integral, señaló que al momento de resolver el recurso de
reconsideración, se disminuyeron ajustes por los trabajadores con dicha
connotación salarial, en el sentido de reliquidar el IBC sobre el 70% de lo devengado
por el trabajador. Señaló que para el caso de la trabajadora Prada Serrano Luisa
liquidó los ajustes de manera correcta, al comparar el aporte liquidado a la tarifa de
los subsistemas con los pagos realizados en la PILA, que para este caso fueron
inferiores, teniendo como resultado ajustes de inexactitud al no incluir en el IBC la
totalidad de los pagos salariales. En cuanto a la trabajadora Castro Marina sostuvo
que en la nómina no se reportó la connotación de salario integral ni se probó con el
contrato, razones por las que debía negarse el presente cargo.
Frente al error en la digitación de la cédula, sostuvo que, una vez verificados los
números de identificación de los trabajadores reportados en la PILA con la
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información reportada en el RUAF, encontró que la demandante efectuó pagos a
trabajadores con identificación diferente, pese a lo cual la interesada no solicitó la
corrección ante las administradoras encargadas de recibir el aporte.
Sobre los trabajadores con novedad de vacaciones, adujo que la entidad atendió
lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, el cual señala que el IBC
debe liquidarse tomando como IBC el ingreso del mes anterior. Que el presunto
aumento del valor nómina radicó en que la sociedad no tomó en la liquidación del
excedente del 40% por pagos no salariales como lo dispuso el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010 ni incluyó la totalidad de pagos salariales.
Manifestó que, al verificar los 9 casos señalados en la demanda con las nóminas y
auxiliares aportadas en sede administrativa, se desprendía que 3 de estos no
tuvieron novedad reportada de vacaciones. Luego de ejemplificar el caso de varios
trabajadores señaló que los ajustes determinados por la entidad estuvieron
conforme a las normas que regulan la materia.
Respecto al cargo relacionado con la vulneración al principio de la primacía y el
debido proceso, indicó que no era cierto que la entidad incrementó el salario de
los trabajadores reportados por la sociedad en la nómina, por el contrario, esa
misma información era la que se tomaba en el proceso de fiscalización. Al efecto,
tomó como ejemplo el caso de varios empleados, precisando que los pagos
adicionales al sueldo se tomaron como no salariales sujetos al límite del 40%.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
la nulidad parcial de los actos acusados, con fundamento en lo siguiente:
1. Vulneración al debido proceso. Las normas no son retroactivas
Indicó que la PILA tiene carácter de autoliquidación privada de la obligación a cargo
de las personas naturales o jurídicas, por lo que debía tenerse en cuenta la fecha
de su presentación, pues ese momento era el que determinaba el marco jurídico y
legal aplicable para establecer la facultad fiscalizadora de la Administración2. Así,
según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, con la entrada en vigencia de una nueva
regulación, los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al momento de
su iniciación.
Verificó la fecha de presentación y pago de las planillas, encontrando que por los
períodos de enero a diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 y los meses de enero a
noviembre de 2012, fueron presentadas desde el 8 de febrero de 2008 hasta el 10
de diciembre de 2012, por tanto, el procedimiento aplicable para su fiscalización era
el previsto en la Ley 1151 de 2007, que en su artículo 156 ordenó la remisión al
Libro V, títulos I, IV, V y IV del Estatuto Tributario para el procedimiento de la
liquidación oficial, por lo que se debía aplicar el artículo 714 ibidem que dispone la
firmeza de las declaraciones.
En el caso concreto, el requerimiento para declarar fue notificado el 8 de julio de
2014, por lo que las declaraciones de enero a diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011
y los meses de enero a mayo de 2012, ya estaban en firme, por tanto, se tornaban
2 Citó la sentencia del 15 de marzo de 2002, exp.12439, C.P. Juan Ángel Palacio
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inmodificables para la Administración. En consecuencia, anuló parcialmente los
actos enjuiciados por la pérdida de competencia temporal de la UGPP
No obstante, en lo que respecta a los meses de junio a noviembre de 2012, el
requerimiento para declarar fue expedido y notificado dentro de los 2 años
siguientes a la presentación de las planillas PILA, por lo que la actuación de la
entidad se surtió dentro del plazo fijado por la norma.
De otra parte, en lo referente al mes de diciembre de 2012, como las
autoliquidaciones se presentaron en enero de 2013, estaban regidas por el
procedimiento establecido en la Ley 1607 de 2012, la cual establece que la entidad
podía iniciar las acciones de fiscalización dentro de los 5 años siguientes a la
ocurrencia de la conducta sancionable.
Así las cosas, al declarar la nulidad parcial, el estudio de los demás cargos lo hizo
por los períodos de junio a diciembre de 2012.
2. De la falta de competencia para expedir los actos acusados
Expuso que de conformidad con la Ley 1151 de 2007, el Decreto Ley 169 de 2008,
y el Decreto 5021 de 2009, la Subdirección de Determinación de Obligaciones
Parafiscales de la UGPP tenía plenas facultades para ejercer las funciones de
fiscalización, determinación y cobro de las contribuciones de la protección social.
Señaló que no era cierto que el Gobierno no hubiere reglamentado dentro del
término otorgado las funciones de la UGPP, así como tampoco que, en virtud del
Decreto 5021 de 2009, no se hubiera facultado a una dependencia específica para
proferir las actuaciones necesarias en el proceso de determinación.
Resaltó que las facultades de fiscalización de la entidad estaban dadas desde la
Ley 1151 de 2007, por lo que no se evidenciaba una indebida aplicación de los
Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013.
3. Determinación del IBC en el salario integral
Expuso que, de conformidad con las normas que regulan la materia, para los
trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 SMMLV, los aportes
se deben calcular sobre el 70% de dicho salario.
Precisó que, de los casos enlistados por la demandante, el único que coincidía con
los períodos objeto de análisis era el de Luisa Prada Serrano, a quien la UGPP
determinó ajustes al considerar que la base de cotización debía ser como mínimo
10 salarios, lo cual era contrario al ordenamiento jurídico, que ha sido claro al
establecer que solo el 70% de lo percibido por un trabajador es lo que se debe tener
en cuenta como base de cotización para la liquidación de los aportes al sistema.
Por lo anterior, ordenó a la entidad reajustar los aportes por los meses de junio a
diciembre de 2012 respecto de la trabajadora Luisa Prada Serrano.
4. Aporte correcto. Trabajadores con novedad de vacaciones.
Hizo mención a las normas que regulan los aportes a los diferentes subsistemas
cuando se presenta esta novedad.
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Refirió que por las vigencias de junio a diciembre de 2012 solo se encontró
inconformidad respecto de la trabajadora Johana Nataly Pereira Peña por el mes de
junio, para la cual hizo el cálculo de los aportes, el cual resultaba superior al
determinado por la UGPP. Por tanto, como la liquidación efectuada por la entidad
era más favorable a la actora no dio prosperidad al cargo de nulidad.
5. Incremento del valor del salario reportado en nómina.
Explicó que, analizados los casos por los meses de junio a diciembre de 2012,
únicamente se planteó inconformidad frente a la trabajadora Rojas Orozco Leslie
Jakey por el mes de junio. Al respecto señaló que en la nómina la empresa le reportó
un salario de $585.590 y horas extras por $37.780, para un total de $623.400. No
obstante, la UGPP liquidó un IBC superior de $643.000, razón por la cual debía
proceder a reajustar la glosa por dicha trabajadora, tomando lo reportado en la
nómina.
6. Los actos demandados no se emitieron de forma completa. Imposibilidad
de conocer el monto real de la obligación
Sostuvo que, si bien en el acto de liquidación la entidad no cuantificó el monto de
los intereses moratorios, lo cierto era que ello no quebrantaba el artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, en tanto tal actuación señaló que los intereses debían pagarse
desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar hasta el día en que
efectivamente se cancele la obligación, siendo lo anterior un acatamiento de la
norma y un argumento justificable en la medida en que no se tenía certeza si el
contribuyente aceptaba las glosas o interpondría los recursos y agotaría la vía
judicial, lo cual generaba incertidumbre acerca de la materialización del pago de la
deuda, de suerte que era imposible calcular los intereses porque su causación
dependía una condición suspensiva (pago de la obligación).
Así, el hecho que no se cuantificaran los intereses, no comportaba una falsa
motivación ni vulneración al debido proceso, pues los intereses eran determinables
y se generaban por mandato legal (artículos 23 de la Ley 100 de 1993 y 179 de la
Ley 1607 de 2012). Adicionalmente las resoluciones manifestaron que los intereses
serían establecidos una vez se pagara la deuda total. No prosperó el cargo.
7. Falta de motivación
Precisó que, conforme a lo expuesto en las consideraciones del fallo, era claro que
la motivación de los actos, en especial la fundamentación jurídica que dio origen a
la liquidación de aportes era incorrecta, en la medida que la UGPP no debió
fiscalizar las autodeclaraciones de las vigencias de enero a diciembre de 2008 a
2011 y enero a mayo de 2012, implementado el procedimiento establecido en la Ley
1607 de 2012, toda vez que el marco aplicable para dicha vigencia era el
reglamentado en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y la remisión al Estatuto
Tributario. De igual forma, la entidad calculó de manera incorrecta el IBC de los
trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario integral, las novedades de
vacaciones y en un caso tomó un salario superior al reportado en nómina.
En consecuencia, los fundamentos para proferir los actos acusados no fueron claros
y precisos respecto a la forma de calcular los aportes al sistema, únicamente frente
a los casos señalados en el fallo, motivo por el cual estaba llamado a prosperar el
presente cargo.
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Aclaró que se abstuvo de analizar los argumentos relacionados con la falta de
publicación de la Resolución 118 de 2013 y la caducidad de la potestad
sancionatoria, toda vez que los actos acusados no sancionaron a la sociedad; así
como el cargo de error en la cédula de ciudadanía, por cuanto las inconformidades
de la actora se presentaron durante la vigencia 2010 y 2011, frente a los cuales no
procedían modificaciones ante la pérdida de competencia temporal de la entidad.
No condenó en costas por no encontrarlas probadas en el proceso.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia3:
1. Falta de competencia para proferir los actos demandados
Expuso que en su caso no debía darse aplicación al Decreto 5021 de 2009 ni al
Decreto 575 de 2013, por cuanto habían sido expedidos por fuera del término de los
6 meses concedidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para reglamentar
dicha ley. Especialmente el Decreto 5021 de 2009 era abiertamente inconstitucional
debido a que el presidente extralimitó las facultades que le fueron otorgadas por el
Congreso para ejercer su potestad reglamentaria, por tanto, los jueces debían
apartarse de ella. En esa medida, los actos fueron emitidos por funcionarios sin
facultades establecidas en la ley.
Explicó que el Decreto Ley 169 de 2008 no contempló el régimen de los empleados
de la UGPP de manera detallada por dependencia, por tanto, este cargo no podía
ser analizado a la luz de dicha normativa. Finalmente, dijo que, así como lo había
solicitado en la demanda, debía inaplicarse por vía de excepción de
inconstitucionalidad el Decreto 575 de 2013, por cuanto tenía su origen en el
Decreto 5021 de 2009 proferido extemporáneamente.
2. Novedad de vacaciones
Reprochó que la sentencia de primera instancia estableció criterios y fundamentos
frente a solicitudes que no fueron realizadas en la demanda, pues de una lectura al
sustento jurídico de la providencia podía advertirse que “se limitó hacer un estudio breve
de la inaplicación de la compensación en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, sin
embargo esta no fue la solicitud realizada por la sociedad demandante en el libelo de la demanda”.
Así también señaló que, este ejercicio debió realizarse por el juez de primera
instancia para cada uno de los trabajadores señalados en el archivo Excel que se
aportó como prueba de la demanda, máxime cuando los documentales que
contienen desprendibles de nómina no fueron tachados de falsas, por ende, debía
prosperar lo relacionado con este cargo por la totalidad de los registros.
3. Devolución de aportes y pago mediante planilla tipo J
Manifestó que como en la sentencia de primera instancia se anularon parcialmente
los actos acusados y la sociedad había aportado las PILA por medio de las cuales
realizó el pago de la deuda establecida por la UGPP, debía ordenarse la devolución
de los aportes realizados en el término previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de
2016. En caso de existir deuda alguna de los aportes, este pago debía ser
3 Índice 11 de Samai
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“condenado”4 por medio de la planilla de aportes tipo “J: PLANILLA PARA PAGO
SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL”, en virtud de las
Resoluciones 1747 de 2008 (integrada en la Resolución 2388 de 2016) y 610 de
2012.
La demandada también apeló la decisión de primera instancia por lo siguiente5:
Sostuvo que no era válido que el Tribunal hubiera declarado la firmeza de las
declaraciones presentadas por la sociedad por los años 2008 a 2010 y los meses
de enero a mayo de 2011, toda vez que eso no fue un aspecto planteado por la
interesada con la demanda, así como tampoco hizo parte de la fijación del litigio en
la audiencia inicial, configurándose así un fallo extrapetita y una vulneración al
debido proceso de la UGPP.
Afirmó que la remisión contenida en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 al
Estatuto Tributario, no era directa y/o absoluta porque las etapas procesales
estaban regladas en la citada Ley, por lo que la remisión estaba limitada a aspectos
procedimentales, atendiendo la imposibilidad de aplicar normas que resultan
abiertamente incompatibles con las contribuciones parafiscales de la protección
social, se trata, entonces, de una remisión residual.
En este sentido, para este caso no podía aplicarse el artículo 714 ibidem, máxime
cuando la firmeza de las declaraciones tributarias no fue prevista por el legislador
para las planillas de autoliquidación de aportes PILA.
Insistió en que la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia coincidían en que las
acciones que involucraran el recaudo de sumas destinadas al reconocimiento de
prestaciones eran imprescriptibles, por lo que no era viable aplicar figuras como la
firmeza de las declaraciones a las PILA.
Precisó que el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 lo que hizo fue establecer como
término de caducidad el de 5 años para iniciar las acciones de fiscalización por parte
de la UGPP, lo que era muy diferente a promulgar una firmeza de las citadas
declaraciones, dejando en evidencia que la función fiscalizadora a cargo de la DIAN
y la UGPP también eran sustancialmente diferentes.
Manifestó que la entidad adelantó el proceso de fiscalización en contra de la actora
respetando los preceptos constitucionales y legales que rigen las contribuciones
parafiscales, en ese orden, no le asistía razón al Tribunal al afirmar que la UGPP
vulneró las normas establecidas en el Estatuto Tributario, así como que no tuviera
competencia funcional y temporal para realizar la fiscalización por los períodos
discutidos, o que hubiere aplicado normas de manera retroactiva, toda vez que
antes de la expedición de la Ley 1607 de 2012 la potestad fiscalizadora de la entidad
no tenía límite temporal.
Puso de presente que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 169 de 2008, el
proceso de determinación de los aportes al Sistema de Seguridad Social no iniciaba
con el requerimiento para declarar y/o corregir, ni con la liquidación oficial, sino con
el primer requerimiento de información enviado a la aportante.
4 Entiende la Sala que la parte actora se refería a que fuera “compensado”
5 Índice 11 de Samai
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Reprochó que el Tribunal no analizó la naturaleza de las contribuciones discutidas
y los efectos de su decisión, ni las características especiales de los actos expedidos
por la UGPP; destacando que la liquidación oficial era un acto mixto.
Solicitó tener en cuenta el principio de favorabilidad consagrado para los
trabajadores en el artículo 53 de la Constitución, por lo que, ante cualquier duda en
las situaciones planteadas o insuficiencia de las pruebas allegadas al proceso, las
mismas debían interpretarse y valorarse a favor de los trabajadores.
Alegatos de conclusión
La parte demandante6 reiteró los argumentos relacionados con los siguientes
puntos expuestos en la apelación: falta de competencia de la UGPP para la
expedición de los actos y novedad de vacaciones. También trajo a colación lo
expuesto en la demanda sobre i) la aplicación retroactiva de la norma y ii) la
imposibilidad de conocer el monto real de la liquidación.
No se tendrán en cuenta los alegatos presentados por la entidad demandada,
porque no se allegó poder que acreditara la calidad de apoderada de la abogada.
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público7, frente al recurso de apelación presentado por la
actora, sostuvo que la UGPP tenía competencia para adelantar las facultades de
determinación de los aportes liquidados en los actos acusados. Precisó que el
objeto de esta demanda no era la legalidad del Decreto 575 de 2013, por lo que sus
disposiciones eran plenamente aplicables hasta que no existiera una sentencia que
declarara su inconstitucionalidad o ilegalidad.
Frente a la liquidación de aportes respecto de trabajadores con novedad de
vacaciones, expuso que compartía lo decidido por el Tribunal en cuanto la entidad
perdió competencia para fiscalizar los períodos del 2008 a 2011 y enero a mayo de
2012.
Así mismo, que el IBC real para la trabajadora Johana Nataly Pereira Peña liquidado
por el período de vacaciones era superior al que tomó la UGPP, coligiendo que, si
bien la Administración lo liquidó erróneamente, le era más favorable a la sociedad,
por tanto, no era procedente su nulidad.
Sobre el recurso de apelación interpuesto por la UGPP expuso los mismos
argumentos reseñados por el Tribunal en cuanto a la firmeza de las
autoliquidaciones de los aportes al sistema, razón por la cual solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación presentados por ambas
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
Liquidación Oficial Nro. RDO 957 del 31 de octubre de 2014 y la Resolución RDC
Nro. 155 del 6 de mayo de 2015, por medio de las cuales la UGPP liquidó ajustes
6 Índice 27 de Samai
7 Índice 29 de Samai
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por las conductas de omisión, mora e inexactitud a cargo de la sociedad por las
vigencias del 2008 al 2012.
Se pone de presente que mediante auto del 3 de noviembre de 20228 , se aceptó el
impedimento manifestado por el consejero Milton Chaves García, al estar inmerso
en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del
Proceso, razón por la cual se le separó del conocimiento del presente asunto.
Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar los cargos de apelación que fueron
formulados por los dos extremos del litigio. Por parte de la actora corresponde
analizar i) la falta de competencia de la UGPP para expedir los actos acusados y ii)
la liquidación de aportes con novedad de vacaciones y iii) la devolución de aportes.
La UGPP por su parte discutió lo relacionado con la firmeza de las planillas de
autoliquidación de aportes presentadas por la actora por los años 2008 al 2011 y
los meses de enero a mayo de 2012.
Así mismo, se destaca que la entidad demandada, no apeló la decisión de tribunal
frente a los reajustes ordenados por las trabajadoras Luisa Prada Serrano (salario
integral) y Leslie Jakey Rojas Orozco (incremento del valor del salario reportado en
nómina), razón por la que no se pronunciará la Sala sobre el tema.
1. De la falta de competencia de los funcionarios de la UGPP para proferir
los actos administrativos demandados
Reprochó la actora, ahora apelante, que el Tribunal negara el cargo de falta de
competencia de los funcionarios de la UGPP para expedir los actos demandados,
aduciendo que el Decreto 5021 de 2009 fue expedido por fuera del plazo de los seis
(6) meses determinados por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para su
reglamentación y que el Decreto 575 de 2013 tiene origen en un acto extemporáneo.
Indicó que el Gobierno no tenía la competencia para expedir los actos en cuestión,
por lo que solicitó su inaplicación por ser inconstitucionales.
Agregó que, si bien se expidió el Decreto 169 de 2008, éste no contempló el régimen
de funciones de los empleados de la UGPP detalladamente y por dependencia.
Para dilucidar este aspecto, la Sala reiterará en lo pertinente, el análisis efectuado
en la sentencia del 15 de octubre de 2021, exp.23623, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto9, con ocasión de la excepción de inconstitucionalidad propuesta en
contra de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013; en la que se expuso:
“(…) debe señalarse que fue a través de los Decretos 168 10 y 16911 de 2008 que el Gobierno
estableció el sistema específico de carrera de la UGPP y reglamentó el ejercicio de las
funciones de la entidad, respectivamente, los cuales fueron proferidos y publicados el 23 de
enero de 200812, es decir, dentro del plazo de seis (6) meses siguientes a la publicación de la
Ley 1151 de 2007, que tuvo lugar el 25 de julio de ese año 13.
8 Índice 46 de Samai
9 Reiterada en sentencia del 24 de febrero de 2022, exp.24670 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y en
sentencias del 30 de junio y del 18 y 25 de agosto, exp.24815, 25486 y 26284, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
10 «Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la UAE de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP».
11 «Por el cual se establecen las funciones de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones
parafiscales de la protección social».
12 Diario Oficial No. 46.880 de 23 de enero de 2008.
13 Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007.
16
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Demandante: Siesua Medicina Laser y Spa S.A.S.
En el Decreto 5021 de 2009, el Gobierno Nacional estableció «la estructura y organización de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP- y las funciones de sus dependencias», el cual fue derogado por el
artículo 33 del Decreto 575 de 2013, expedido por la misma autoridad, y por medio del cual se
«modifica la estructura» de la entidad y se determinan las funciones de sus dependencias.
Se precisa que los Decretos 5021 de 2009 (derogado) y 575 de 2013, fueron dictados por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 16 del
artículo 189 de la Constitución Política 14, en consonancia con el artículo 54 de la Ley 489 de
199815 que prevé los principios y reglas generales que debe observar el Gobierno para
modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y los demás
organismos administrativos del orden nacional. Así se desprende de la primera parte del
contenido de los citados decretos al aludir a las mismas como fundamento de competencia
para su expedición.».”
Pone de presente lo anterior que la facultad prevista en la Ley 1151 de 2007, artículo
156, fue desarrollada mediante los Decretos 168 y 169 de 2008, los que claramente
la invocan como su fundamento, mismos que fueron expedidos dentro de los 6
meses siguientes a la vigencia de la ley, como correspondía, y adicionalmente que,
los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, fueron proferidos en desarrollo de la
facultad consagrada en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política para
“modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina
la ley”.
Repárese que la facultad otorgada en la Ley 1151 fue para expedir normas con
fuerza de Ley, lo que se cumple respecto de los dos primeros preceptos, como
quiera que ambos tienen fuerza de ley (Decretos Leyes), que no los Decretos 5021
de 2009 y 575 de 2013.
Lo anterior, resulta suficiente para desestimar los argumentos de la demandante
relacionados con la falta de competencia del Gobierno Nacional en razón de la
expedición extemporánea del Decreto 5021 de 2009, de cara al artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007. Por lo tanto, no procede la excepción de inconstitucionalidad
propuesta por la recurrente.
Ahora, los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, este último derogatorio del
primero, fijaron en la UGPP la competencia de fiscalización y determinación de las
contribuciones al sistema de la protección social, para lo cual, la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de dicha entidad profiere las liquidaciones oficiales
y la Dirección de Parafiscales resuelve los recursos de reconsideración interpuestos
contra aquellas.
De manera que, en este caso, la Subdirección de Determinación de Obligaciones
tenía competencia para proferir la Liquidación Oficial Nro. RDO 957 del 31 de
octubre de 2014 y la Dirección de Parafiscales para expedir la Resolución Nro. RDC
14 «Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa: […].
16 Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos
administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley».
15 «Artículo 54. Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar
la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos administrativos del
orden nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura
de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos
nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República conforme a las
previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los siguientes
principios y reglas: (…)».
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155 del 6 de mayo de 2015, por medio de la cual resolvió el recurso de
reconsideración. Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.
2. Novedad de vacaciones
El Tribunal al momento de resolver lo relacionado con este cargo realizó un recuento
de las normas que regulan esta novedad para los diferentes subsistemas.
Seguidamente refirió que, por las vigencias de junio a diciembre de 2012, que eran
los períodos frente a los cuales no operó la firmeza de las autoliquidaciones, solo
había encontrado inconformidad respecto de la trabajadora Johana Nataly Pereira
Peña, respecto de lo cual realizó el cálculo del aporte, siendo superior al
determinado por la UGPP, por lo que negó el cargo de nulidad, al ser más favorable
para la demandante lo expuesto en los actos demandados
La actora en el recurso de apelación afirma que la sentencia de primera instancia
estableció criterios y fundamentos frente a solicitudes que no fueron realizadas en
la demanda. También sostuvo que el juez de primera instancia debió estudiar cada
uno de los trabajadores señalados en el archivo Excel aportado con la demanda y
que las pruebas documentales no fueron tachadas de falsa
Al respecto la Sala advierte que el cargo no está llamado a prosperar, en la medida
que los argumentos expuestos por la actora en el recurso de apelación no tienen
una conexión directa con lo decidido en la sentencia de primera instancia. Nótese
como las razones del Tribunal consistieron en analizar el único caso, respecto de
los períodos que no quedaron en firme. No obstante, la actora no se detuvo a
cuestionar las razones por las cuales no era procedente la forma en que el Tribunal
liquidó el IBC de la trabajadora mencionada, así como tampoco señaló
puntualmente otros casos respecto de los cuales no se realizó pronunciamiento. Se
limitó a señalar de manera general su inconformidad con la decisión de primera
instancia, alegando incluso cosas que no fueron objeto de análisis en la sentencia
de primera instancia, como “la inaplicación de la compensación en el pago de los aportes”. Por
tanto, ante la insuficiencia de los argumentos planteados en el recurso de apelación,
no prospera el cargo.
3. De la devolución de aportes
Dentro de los cargos del recurso de apelación, la actora propuso el denominado
“devolución de aportes y pagos mediante planillas tipo J” . asunto que resulta consistente con
la pretensión formulada en la demanda respecto de la devolución. Sin embargo, el
tribunal no se pronunció al respecto, razón por la cual esta Sala abordará el tema.
Para resolver la solicitud debe acudirse al artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 que
establece que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de los actos
administrativos y se ordene la devolución de aportes, la UGPP debe proferir un acto
mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas la
devolución de los montos determinados.
Como en este caso persiste la nulidad parcial de los actos, se ordenará a la UGPP
que, previa verificación de los pagos realizados por la sociedad aportante, realice la
devolución de los que resulten de la firmeza y el reajuste de aportes ordenado en la
sentencia de primera instancia, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
311 de la Ley 1819 de 201616
16 En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 25825 C.P. Milton
Chaves García
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En relación con la planilla J, la Sala reitera que el uso de esta planilla dependerá de
la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación particular del
aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por lo que no
corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido17
4. De la aplicación retroactiva de normas por parte de la UGPP
La UGPP señaló que el Tribunal profirió un fallo extrapetita, por considerar
configurada la firmeza de algunas declaraciones, a estos efectos adujo que, esto no
fue planteado por la actora con la demanda ni fue delimitado en la fijación del litigio
en la audiencia inicial celebrada en el proceso.
Observa la Sala que, la sociedad actora, desde la presentación de la demanda, en
el segundo cargo denominado “VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO GENERA NULIDAD –
LAS NORMAS EN QUE SE FUNDAMENTAN LOS ACTOS DE LA UGPP NO SON
RETROACTIVAS” argumentó que la UGPP aplicó de forma retroactiva las
disposiciones contenidas en la Ley 1607 de 2012, precisando que al momento de
presentar sus declaraciones estaba vigente la Ley 1151 de 2007.
En tal contexto, el Tribunal estudió el cargo de la aplicación de las normas y
concluyó que la mayoría de los períodos cuestionados eran anteriores a la
expedición de la Ley 1607 de 2012, por lo que la norma que debía aplicarse era la
Ley 1151 de 2007, en la cual se dispuso que el procedimiento de liquidación oficial
se ajustaría a lo establecido en el Libro V del Estatuto Tributario (títulos I, IV, V y
VI). Establecido el precepto normativo aplicable consideró que había lugar a
declarar la firmeza de las autoliquidaciones habida consideración de la expresa
remisión. De manera que, no le asiste la razón a la apelante18.
Siguiendo con el cargo en cuestión, la Administración aduce que no era dable
aplicar la firmeza de las declaraciones tributarias consagrada en el artículo 714 del
Estatuto Tributario, por tratarse de una norma que regulaba asuntos
sustancialmente distintos a las contribuciones parafiscales, y que la Ley 1151 de
2007 no había previsto un límite en el tiempo para la potestad fiscalizadora de la
entidad, y solo fue hasta la Ley 1607 de 2012, que en el artículo 178 se dispuso el
término de caducidad de 5 años para ello, sin mencionar firmeza alguna de las
planillas de autoliquidación.
Para resolver, se debe precisar que esta Sala ya se pronunció sobre el asunto 19,
por lo que aplicará en lo pertinente, el criterio de decisión judicial adoptado sobre el
particular. En dichas providencias se analizaron los fundamentos procedimentales
para la determinación oficial de las contribuciones parafiscales administradas por la
UGPP, en concreto, si el término de para la revisión de las autoliquidaciones
previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario, era aplicable a los denuncios
presentados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012.
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto
18 En sentido similar se pronunció la Sala en sentencia del 14 de julio de 2022, exp. 26024 C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello
19 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 24 de octubre de 2019, exp.23599, y del 30 de octubre
de 2019, exp.23817, ambas con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 30 de julio de
2020, exp.24179, C.P. Milton Chaves García; 1 de julio de 2021, exp.25176, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 15 de octubre de 2021,
exp.23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 28 de octubre de 2021 y 10 de marzo de 2022, exps.25213
y 25199 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Al efecto, se dijo que las leyes procesales que regulan las formas para reclamar
derechos se encuentran cubiertas por el principio de irretroactividad de las normas
generales, de manera que solo aplican hacía el futuro, pero que los términos que
hubieren comenzado a correr y las actuaciones y diligencias iniciadas, se deben
regir por la normativa vigente al tiempo de su iniciación. Así fue como lo dispuso el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General
del Proceso en los siguientes términos:
“ARTICULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.”
Por lo anterior, la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes
a la determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad que
debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es el previsto en el artículo 714 del ET si la
declaración, o la última corrección, se presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha
de entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo término que alcanza tanto a
las situaciones de omisión de la afiliación, como a las de inexactitud en la autoliquidación o las
infracciones que corresponda.”20
En dichos precedentes también se tuvo en cuenta que, la Ley 1151 de 2007 en su
artículo 156 dispuso, entre las funciones de la UGPP, la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. Además que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, dichos recursos parafiscales tenían naturaleza
tributaria y por ende estaban sujetos a los principios que aplican en esta materia. Al
respecto cabe reiterar lo siguiente:
“Acorde con la jurisprudencia constitucional los recursos parafiscales que fueron denominados
en el artículo 150-12 de la Constitución Política «contribuciones parafiscales», tienen
naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos
(Sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Dentro de ese contexto aparece
el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 que estableció́ dentro de las funciones de la UGPP la
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. A tal efecto, es importante advertir que en el artículo
referido no se previó́ el término dentro del cual la autoridad podría iniciar esas actuaciones,
aunque en el penúltimo inciso se previó́ que «los procedimientos de liquidación oficial se
ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI».
En ese orden, resulta aplicable el artículo 703 del Estatuto Tributario, el cual, señala que el
requerimiento especial es el acto previo al acto administrativo de liquidación oficial cuando
existe un denuncio privado, y debe contener todos los puntos que la administración propone
modificar con explicación de las razones en que se sustenta. Así́ mismo, la competencia de la
UGPP hasta antes de la Ley 1607 de 2012 estaba sometida al artículo 714 del E.T., por ser
una norma de carácter procedimental como lo reiteró recientemente esta Sala en sentencia
del 01 de julio de 2021 (exp.25176, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), a la que alcanza la
disposición de remisión contenida en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Según el artículo
714 del ET la declaración tributaria queda en firme si dentro de los dos años siguientes a la
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp. 25086, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
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fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento y, si la
declaración inicial se presentó́ en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de
la fecha de la presentación de la misma. (Sentencia del 30 de julio de 2020 exp.24179, CP.
Milton Chaves García, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp.23599, C.P: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, reiterada en Sentencia del 30 de octubre del 2019, exp.23817, C.P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).”21
Del anterior recuento, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a
las planillas de autoliquidación de las contribuciones al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando éstas
hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de
2012. Así, en virtud de la norma tributaria, las planillas quedaban en firme, para la
época de los hechos, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento
para declarar no se notificaba requerimiento, y en caso de presentación
extemporánea, esos 2 años computaban a partir de la fecha de presentación de la
planilla.
De conformidad con lo anterior, tal como lo determinó el Tribunal, las planillas de
autoliquidación de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos
comprendidos entre enero a diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011 y enero a
noviembre de 2012, estaban sujetos a término de firmeza previsto en el artículo 714
del Estatuto Tributario, porque para las fechas en que se presentaron estaba vigente
la Ley 1151 de 2007 que remitía a tal disposición.
Se tiene entonces, que la Administración notificó el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir Nro. 514 del 25 de junio de 2014, el día 8 de julio del mismo año22, momento
para el cual ya había operado la firmeza de los períodos de enero a diciembre de
los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y enero a mayo de 2012, comoquiera que la
declaración por este último período se presentó el 8 de junio de 201223.
Se observa que en el recurso de apelación la UGPP expuso que no era posible
aplicar el fenómeno de la prescripción a la acción de cobro de los aportes, sin
embargo, la Sala ha señalado que, si bien el derecho a la pensión y a reclamar la
reliquidación de la misma no prescribe, “esa imprescriptibilidad se predica de la pensión, no
de las prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales”24
Por otra parte, tampoco es procedente el argumento expuesto en la apelación,
según el cual el primer requerimiento de información es el acto que dio inicio al
proceso de fiscalización en contra de la demandante, pues el artículo 714 del
Estatuto Tributario, de forma expresa, dispone que con anterioridad a la expedición
de la liquidación oficial se debe proferir el requerimiento especial, que en materia de
contribuciones parafiscales corresponde al requerimiento para declarar y/o
corregir25.
Respecto del artículo 53 de la Constitución Política, que la demandada solicita
aplicar en caso de presentarse duda frente a la situación planteada o por
21 Ibidem
22 Fecha señalada en los actos administrativos y no controvertida por la actora.
23 Fecha establecida por el Tribunal y frente a la cual la parte demandante no dijo nada. Además, se pudo
corroborar la planilla en el cd de antecedentes/Digital Liq 957 EXP2102/2102 SIESUA MEDICINA LASER Y
SPA/Liquidación Oficial/Pila/PILA 900067141_14-08-2014. Xlsx.
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp.25313, C.P. Milton
Chaves García.
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 3 de marzo de 2022, exp.25539, C.P. Milton Chaves
García.
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insuficiencia de las pruebas allegadas al proceso, esta Sección en otras
oportunidades se ha sostenido lo siguiente:
“(…) la Sala advierte que, el mismo se materializa «en aquellos casos en que surge duda en
el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un
asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al
momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto» 26, y debe optarse
por acoger la que sea más favorables a los intereses del trabajador. De suerte que, sus efectos
tendrán incidencia en las relaciones jurídico sustanciales en las que esté involucrado el
trabajador, lo que no ocurre en este caso, pues se está frente a obligaciones de naturaleza
tributaria, cuyo cumplimiento no está en cabeza del trabajador sino del empleador”27.
Así las cosas, no le asiste razón a la UGPP por lo que debe confirmarse la sentencia
apelada en lo referente a este asunto.
Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala modificará el ordinal segundo de la
sentencia apelada, con el fin de incluir dentro del restablecimiento del derecho la
orden a la UGPP de la devolución de los pagos a los que haya lugar de conformidad
con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los mismos.
Finalmente, no habrá condena en costas o expensas del proceso en esta instancia,
en razón a que en el proceso no se comprobó su causación como lo exige el artículo
365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, de fecha 20 de mayo de 2020, el cual quedará así:
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento:
• SE DECLARA la firmeza de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA)
presentadas por la sociedad SIESUA MEDICINA LASER Y SPA S.A.S., durante las
vigencias fiscalizadas vigencias de enero a diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 y
los meses de enero a mayo de 2012, esto ante la falta de competencia temporal de
la Administración para fiscalizar dichos períodos.
• Además, se ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP reajustar el IBC frente a la trabajadora LUISA PRADA SERRANO
y la señora LESLIE JAKEY ROJAS OROZCO, teniendo en cuenta las observaciones
realizadas en la parte considerativa del fallo.
• SE ORDENA a la UGPP que, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
311 de la Ley 1819 de 2016 y previa verificación de los pagos realizados por la
26 Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
27 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 20 de octubre de 2022, exp.26671, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
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sociedad aportante por el subsistema y periodos fiscalizados, proceda a la
devolución a que haya lugar.
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO WILSON RAMOS GIRÓN
23
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