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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-00696-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-00696-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 25 de julio de 2019, el cual quedará así: «Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada devolver, adicional al valor ya reconocido, la suma de $4’037.989 correspondiente al IVA pagado por la demandante durante el bimestre 3° de 2014 y el pago de los intereses, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia». 2. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2016-00696-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de diciembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2016-00696-01 (24926)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2016-00696-01 (24926)
Demandante UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE PALMIRA
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Devolución del IVA pagado por instituciones oficiales de
educación superior. Bimestre 3° de 2014. Adquisición de
bienes, insumos o servicios para uso exclusivo de la
institución. Oferta de revocatoria directa parcial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del numeral 3 de la Resolución n.° 6282-1091
de 4 de noviembre de 2014 y su confirmatoria la Resolución Nro. 011253 de 13 de noviembre
de 2015, proferidas por la División de la Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN,
respectivamente, mediante las cuales resolvió la solicitud de devolución y/o compensación del
impuesto a las ventas correspondientes al tercer bimestre del año gravable 2014, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la
entidad demandada devolver adicional al valor ya reconocido, la suma equivalente a
$281.125.036 correspondiente al IVA pagado por la demandante con ocasión de la adquisición
de bienes, insumos y servicios destinados para su uso, tras el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
(…)»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad Nacional de Colombia (Sede Palmira) solicitó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN), mediante escrito del 30 de
julio de 2014, la devolución del IVA pagado por el bimestre 3° de 2014, por un valor
total de $3.040’847.795.

La autoridad tributaria accedió a la devolución de $2.755’566.821 y rechazó la suma
de $285’280.974, mediante la Resolución Nro. 6282-1091 del 4 de noviembre de
2014 al considerar que 351 facturas aportadas como soporte de la devolución no
cumplían con alguno de los requisitos legales impuestos o porque los bienes,
insumos o servicios no eran para uso exclusivo de la Universidad Nacional, decisión
que fue recurrida, y luego decidida mediante la Resolución Nro. 011253 del 13 de
noviembre de 2015, en el sentido de acceder a devolver $2.755’678.991 y rechazar
la suma de $285’168.804.
1 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 184.
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-00696-01 (24926)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la Universidad Nacional de
Colombia formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se declare la NULIDAD PARCIAL del acto administrativo contenido en la
Resolución 6282-1091 del 4 de Noviembre de 2014, a través de la cual la Jefatura de la
División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes de la DIAN en su artículo tercero, resolvió rechazar la devolución de la suma
de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($285.280.974) M/TE, por concepto del
impuesto sobre las ventas solicitado por la Universidad Nacional de Colombia por el tercer (3)
bimestre del año 2014, al considerar que 351 facturas aportadas como soporte de la
devolución no cumplen con algunos de los requisitos legales impuestos, o porque los bienes,
insumos o servicios no son para uso exclusivo de la Universidad.

SEGUNDO: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 011253 de fecha 13 de noviembre de 2015, a través de la cual la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN modificó la
Resolución de Devolución No. 6282-1091 del 4 de noviembre de 2014, expedida por la División
de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes,
por medio de la cual se decidió la solicitud de devolución y/o compensación del Impuesto a
las Ventas correspondientes al ercer (3) bimestre del año 2014, presentada por la Universidad
Nacional de Colombia.

TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la demandada DEVOLVER a la
Universidad Nacional de Colombia, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
(285.168.804), por concepto del impuesto sobre las ventas solicitado por el tercer bimestre del
año 2014, y que fue rechazada en los actos administrativos Nos. 6282-1091 del 4 de
noviembre de 2014 y 011253 de fecha 13 de noviembre de 2015.

CUARTO: Que conforme a las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario, Artículos
635, 863 y 864 se condene a la demandada en la forma y términos allí dispuestos, al pago de
intereses sobre la suma reclamada y referenciada en el numeral anterior.

QUINTO: Que se condene a la demandada a efectuar la devolución de la suma reclamada y
referenciada en el numeral tercero, debidamente actualizada conforme al IPC.

SEXTO: Que se condene a la demandada al pago de costas y gastos del proceso.

SÉPTIMO: Reconocer personería en los términos y para los fines establecidos en el poder» 2.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 1, 6, 16, 92 y 120 de
la Ley 30 de 1992; la Ley 29 de 1990; la Ley 1286 de 2006; los artículos 476, 777 y
856 del Estatuto Tributario; el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993; el Decreto 1210
de 1993; el Acuerdo Nro. 36 de 2009 proferido por la Universidad Nacional de
Colombia; el artículo 2341 de la Ley 446 de 1998; y la Ley 640 de 2001.

Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Violación de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1210 de 1993; de los
artículos 6 y 92 de la Ley 30 de 1992; del articulo 476 del Estatuto
Tributario; del artículo 4 del Decreto 2627 de 1993; y de los artículos 1, 2
y 5 del Acuerdo Nro. 36 de 2009 proferido por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

2 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 2 a 3.
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-00696-01 (24926)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia

La demandante expuso que el artículo 2 del Decreto 1210 de 1993 establece que la
Universidad Nacional de Colombia debe adelantar, por su cuenta o en colaboración
con otras entidades, programas de extensión y apoyo a los procesos de
organización de las comunidades, con el fin de vincular las actividades académicas
al estudio y solución de los problemas sociales y económicos.

En concordancia, el Acuerdo Nro. 36 del Consejo Superior Universitario prevé que
la Universidad Nacional pertenece al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, por lo que debe propiciar la innovación y el uso del conocimiento
científico y tecnológico para aumentar la productividad y competitividad del aparato
productivo del país. Así, puso de presente que, bajo el amparo del artículo 5 de
dicho Acuerdo, suscribió contratos y convenios interadministrativos con el fin de
ejecutar programas de extensión relacionados con la participación en proyectos de
innovación y gestión tecnológica, servicios académicos, servicios de educación,
educación continua y permanente, servicio docente asistencial, proyectos de
creación artística, extensión solidaria, prácticas y pasantías universitarias y
proyectos de cooperación internacional.

De otro lado, manifestó que la devolución del IVA para instituciones estatales u
oficiales de educación superior está prevista en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992,
norma que fue reiterada por el numeral 6 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
Luego de exponer su contenido, precisó que la devolución del IVA para instituciones
estatales u oficiales de educación superior opera siempre que haya sido pagado en
desarrollo exclusivo de su objeto social, lo que a su juicio abarca todas las
manifestaciones negociales que se realicen en el marco del servicio de educación.

Indicó que, conforme con el literal c) del artículo 6 de la Ley 30 de 1992, son
objetivos de la educación superior la prestación a la comunidad de un servicio con
calidad, el cual hace referencia a resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y
cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

Señaló que la naturaleza del derecho a la devolución del IVA fue objeto de estudio
en la Sentencia C-925 de 2000, en la que se consideró que el tratamiento diverso
para la educación pública y privada está justificada porque la Constitución impuso
una carga mayor a las instituciones públicas.

A continuación, adujo que el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 fue reglamentada por
el Decreto 2627 de 1993, que en el artículo 4 dispuso que las instituciones estatales
u oficiales de educación superior públicas deben solicitar la devolución del IVA a
más tardar el último día hábil del mes siguiente al vencimiento del bimestre
respectivo, para lo cual deberá aportar, entre otros, la certificación de contador
público o de revisor fiscal que identifique las facturas de adquisición de bienes o de
servicios con su respectivo número, fecha de expedición, nombre o razón social del
proveedor, valor de la transacción y monto del impuesto pagado. Además, señaló
que las facturas deben discriminar el impuesto pagado y los bienes o servicios que
fueron adquiridos.

Sostuvo que el decreto reglamentario precisó que la solicitud de devolución podrá
ser rechazada total o parcialmente solo cuando: no se interponga recurso de
reposición contra el auto de inadmisión o se presente de forma extemporánea, no
se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en el auto de inadmisión,
cuando el periodo ya fue objeto de una petición de devolución, cuando el solicitante
no haya pagado el IVA objeto de la solicitud y cuando el peticionario no tenga
derecho a la devolución. De igual forma, indica que los aspectos no previstos se
regirán por las normas ordinarias del Estatuto Tributario.
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia

Con las anteriores precisiones, la demandante afirmó que las facturas por las cuales
se negó parcialmente la devolución solicitada están relacionadas con contratos y
convenios interadministrativos en cumplimiento de su misión como ente
universitario. Así las cosas, afirmó que la DIAN cometió un error al negar la
devolución por las facturas que fueron efectivamente pagadas, teniendo en cuenta
que la extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de
la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento
sistemático de la academia y los saberes de la necesidad, según lo reconocen los
artículos 1 y 2 del Acuerdo Nro. 36 de 2009. Destacó que el artículo 5 ibidem
establece que las modalidades de extensión se llevan a cabo con ayuda de
procesos académicos propios de la naturaleza y fines de la universidad, por lo que
dichos procesos se estructuran con autonomía e independencia académica.

Aseguró que, debido a lo anterior, cuando se adquieren bienes, insumos o servicios
que tienen carácter compartido o pertenecen a la contraparte del contrato o
convenio interadministrativo, tal disposición «se torna taxativa». Pero, cuando se
adquieren por la universidad para cumplir con el objeto del acuerdo, se evidencia
que los adquiere para sí misma, no para un tercero, pues goza de la titularidad de
los mismos durante la ejecución y a la finalización del acuerdo.

En este orden, aseguró que no está probado que los bienes y servicios adquiridos
con las facturas relacionadas con el rechazo de la devolución del IVA corresponden
a actividades ajenas a los fines de la universidad, contrario a lo dicho por la DIAN.
Además, indicó que la entidad educativa no actuó como simple intermediario en la
adquisición por terceros. En realidad, los bienes y servicios fueron utilizados por la
Universidad Nacional de Colombia para la conformación de productos y servicios
integrales a los cuales se comprometió previamente en los contratos y convenios
interadministrativos. Con base en lo anterior, afirmó que procedía la devolución del
IVA.

Para finalizar este acápite, sostuvo que la universidad pública ocupa un lugar dentro
de la estructura del Estado Social de Derecho, cuya función esencial es el
cumplimiento del servicio público esencial de educación previsto en los artículos 67,
356 y 365 de la Constitución.

2. Violación de los artículos 617, 777 y 856 del Estatuto Tributario.

La actora sostuvo que la DIAN, en los actos acusados, consideró que algunas de
las facturas sobre las cuales versó la petición de devolución del IVA no cumplieron
los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Al respecto, indicó que el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993 establece que las
facturas deben discriminar el IVA y cumplir los demás requisitos legales. Y el artículo
8 ibidem dispone la remisión al Estatuto Tributario frente a los aspectos no previstos.

Así, señaló que en este caso es aplicable el artículo 771-2 del Estatuto Tributario,
según el cual, la procedencia de los impuestos descontables en el IVA requiere que
las facturas cumplan los requisitos de los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo
617 del Estatuto Tributario. Es decir, que deben contener: i) apellidos, nombre o
razón social y NIT del proveedor; ii) apellidos, nombre o razón social del adquiriente;
iii) llevar un número que corresponda al sistema de enumeración consecutiva de la
factura de venta; iv) la fecha de la expedición; v) la descripción específica o genérica
de los bienes o servicios objeto de la operación; y vi) el valor total de la operación.

Destacó que la ley no exige el cumplimiento del requisito del literal h) del artículo
617 del Estatuto Tributario, por lo que no es necesario que la factura registre el
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nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura, que fue el requisito por el
cual se negó la devolución del IVA en este caso. Indicó que el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario es una norma posterior al artículo 617 ibidem y, además, es una
disposición especial relacionada con la procedencia de la petición de devolución del
IVA, por lo que debe aplicarse.

De otro lado, puso de presente que la DIAN también rechazó la petición de
devolución porque aseguró que las facturas presentadas no fueron generadas para
la adquisición de bienes o servicios para el uso exclusivo del ente educativo.

Sobre este punto, indicó que el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
septiembre de 20073, sostuvo que el beneficio fiscal para las instituciones estatales
u oficiales de educación superior tiene como objetivo dotarlas de mayores recursos
y mejores condiciones para prestar sus servicios, ampliando su cobertura y
mejorando su infraestructura. Entre la ampliación de sus servicios, reconoció que
se encuentra ampliar la cobertura de los programas de extensión del artículo 120
de la Ley 30 de 1992, que corresponden a programas de educación, cursos,
seminarios y demás labores destinadas a la difusión de los conocimientos, al
intercambio de experiencias y a las actividades de servicio tendientes a procurar el
bienestar general de la comunidad. De esta forma, indicó que la única prueba de
que los bienes y servicios adquiridos tienen este destino que se exige por las normas
que rigen la materia consiste en el certificado de contador público o de revisor fiscal.

Adujo que, el artículo 777 del Estatuto Tributario señala que cuando se trate de
presentar pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o
revisores, fiscales sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer
las comprobaciones pertinentes.

En hilo con lo anterior, el artículo 856 ibidem establece que la administración podrá
verificar la existencia de impuestos descontables o pagos en exceso para verificar
las solicitudes de devolución que sean presentadas. En concordancia, el artículo 9
del Decreto 1000 de 1997 prevé que la autoridad tributaria podrá solicitar la
exhibición de los registros contables y los respectivos soportes, con el fin de
constatar la existencia de retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso
que den lugar al saldo que se solicita en devolución o compensación.

A continuación, señaló que dentro de los requisitos del Decreto 2627 de 1993 para
que proceda la devolución de lo pagado por IVA y para acreditar que los bienes y
servicios fueron adquiridos para uso exclusivo de la universidad basta la expedición
del certificado de contador público o revisor fiscal en el que conste: la identificación
de cada una de las facturas de adquisición de bienes o servicios indicando el
número, fecha de expedición, nombre o razón social y NIT del proveedor, valor de
la transacción y monto del IVA pagado. Sostuvo que esta prueba fue aportada junto
con la solicitud de devolución del IVA, de tal manera que cumplió los requisitos para
que se accediera a su petición por el cumplimiento de todos los requisitos legales.

3. Violación del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y del artículo 831 del Código
de Comercio.

Afirmó que el principio general del enriquecimiento sin causa prohíbe incrementar
el patrimonio sin una razón justificada. Señaló que dicho principio deriva del artículo
8 de la Ley 153 de 1887 y del artículo 831 del Código de Comercio, disposiciones

3 Citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 11001-03-27-000-2005-00060-00 (15767). Sentencia del 26 de septiembre de 2007. CP: Ligia
López Díaz.
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que son aplicables de forma directa en materia de contratación estatal por la
previsión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

Sostuvo que el hecho de que la DIAN niegue la devolución del IVA sin fundamento
en las normas que rigen la materia constituye un enriquecimiento sin causa y el
correlativo empobrecimiento de la Universidad Nacional de Colombia, lo que afecta
de manera grave el normal funcionamiento de sus funciones.

4. Falsa motivación.

Aseguró que existe falsa motivación de los actos administrativos4, cuando los
hechos que tuvo en cuenta la administración no fueron debidamente probados o
cuando se omitieron hechos a pesar de estar demostrados en el expediente
administrativo.

Con base en lo anterior, manifestó que las resoluciones acusadas afirmaron que
351 facturas no cumplieron los requisitos legales para que procediera la devolución
del IVA pagado por la universidad sin realizar un estudio de la coincidencia entre la
norma que impone los requisitos y el objeto de los contratos suscritos por la entidad
universitaria, lo que hace imposible conocer los motivos por los que se sustentaron
los actos administrativos.

Insistió en que, si la Universidad adquirió los bienes y servicios compartidos con su
contra parte en el convenio interadministrativo, tal disposición «se torna taxativa dentro
del acuerdo», pero cuando son de su propiedad exclusiva tienen derecho al beneficio,
aunque se utilicen en la ejecución del contrato.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

Puso de presente que, en los antecedentes administrativos, está acreditado que la
demandante prestó servicios con fundamento en contratos diferentes a cursos de
extensión. Además, se acreditó que algunos bienes y servicios no fueron adquiridos
para uso exclusivo de la entidad universitaria, lo que desconoce el literal b) del
numeral 3 del artículo 4 del Decreto 2627 de 1993. Y que, el certificado de contador
público fue desvirtuado mediante la verificación de las facturas, en las que se
encontraron incongruencias con lo previsto en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Indicó que el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 determinó que las instituciones
estatales u oficiales de educación superior no son responsables del IVA y que
tendrían el derecho a su devolución, mediante liquidaciones periódicas que se
realicen en los términos que señale el reglamento.

Dicha reglamentación, adujo, está contenida en el Decreto 2627 de 1993, que indicó
que se deberá liquidar bimestralmente el IVA efectivamente pagado y deberá
presentarse la petición de devolución, a más tardar, el último día hábil del mes
siguiente al vencimiento del mes respectivo. Además, exige que la petición
compruebe que los bienes, insumos y servicios fueron adquiridos para uso exclusivo
de la institución estatal u oficial de educación superior y que las facturas cumplen
todos los requisitos legales.

Sostuvo que el hecho de que el Decreto 2627 de 1993 indique que estos requisitos
se acreditarán mediante certificación de contador público o revisor fiscal no significa

4
Invoca la Sentencia del 23 de junio de 2011. CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 16090.
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que constituya plena prueba o que no admita verificación por parte de la autoridad
tributaria, pues el artículo 777 del Estatuto Tributario expresamente permite hacer
las comprobaciones pertinentes de los hechos económicos contenidos en ese tipo
de certificaciones.

Manifestó que, en los actos acusados, el rechazo parcial se fundamentó en que: i)
algunas de las facturas aportadas no cumplen los requisitos del artículo 617 del
Estatuto Tributario; ii) el número relacionado como factura en el certificado es, en
algunos casos, erróneo y no coincide con el soporte; iii) no se aportaron todas las
facturas sobre las cuales recaía la petición; y iv) los bienes, insumos y servicios no
fueron adquiridos para uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia.

Aseguró que los contratos sobre los cuales se solicitó la devolución del IVA no
corresponden a cursos de extensión, sino a contratos o convenios
interadministrativos celebrados entre la demandante y entidades estatales, tales
como interventorías. En consecuencia, en dichas facturas, consta que la
Universidad pagó a distintos profesionales para efectuar cursos, conceptos,
diseños, estudios, interventorías, consultorías que fueron objeto del contrato o
convenio interadministrativo. Así las cosas, concluyó que los bienes, insumos y
servicios adquiridos no estaban destinados al uso exclusivo de la Universidad
Nacional de Colombia. Señaló que el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
septiembre de 20095, consideró que el beneficio fiscal es exclusivo de las
instituciones públicas de educación superior, por lo que no puede extenderse a
ninguna otra persona.

Frente a la certificación expedida por el contador público, reiteró que el artículo 777
del Estatuto Tributario permite realizar las comprobaciones que sean necesarias, e
indicó que las facturas relacionadas en él no cumplían el requisito del literal h) del
artículo 617 del Estatuto Tributario, pues no indicaban el nombre o razón social y el
NIT del impresor de la factura. Sostuvo que el cumplimiento de estos requisitos fue
declarado constitucional por la Sentencia C-733 de 2003, en la medida que dan
certeza a la administración sobre las transacciones económicas con relevancia
tributaria y evita el ocultamiento o registro de documentos contables por valores
menores a los reales.

Afirmó que en este caso no se configuró un enriquecimiento sin causa ni una falsa
motivación porque los actos de rechazo de la petición de devolución están
debidamente sustentados en que los bienes, insumos y servicios no estaban
destinados al uso exclusivo de la Universidad.

Finalmente, señaló que en el asunto de la referencia no procede la condena en
costas porque se ventiló un interés público, el cual consiste en la legalidad de un
acto de carácter tributario. En todo caso, de no acogerse el anterior argumento,
señaló que tampoco procedería la condena en costas atendiendo la conducta de la
entidad, pues actuó conforme a derecho al proferir los actos acusados.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
la nulidad parcial de los actos acusados con base en las siguientes consideraciones:

Inició por citar el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 para precisar que de ella se
desprende que las instituciones cuyo objeto se relacione con la prestación del

5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 15767. Sentencia del
26 de septiembre de 2009. CP: Ligia López Díaz.
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servicio de educación superior, no son responsables de IVA y, por tal razón, les
asiste derecho a solicitar su devolución si incurren en su pago con ocasión de la
adquisición de bienes, insumos y servicios mediante liquidaciones periódicas.

Trajo a colación los artículos 6 y 120 de la misma ley y el Decreto 2627 de 1993.
Aseguró que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 4 de ese Decreto, las facturas
sobre las cuales se solicita la devolución del IVA deben cumplir con el requisito del
literal h) del artículo 617 del Estatuto Tributario, por lo que deben expresar el nombre
o razón social y el NIT del impresor. Indicó que este requisito no puede
desconocerse con el pretexto de aplicar el artículo 771-2 del Estatuto Tributario
porque dicha norma solo aplica para la demostración de deducciones y costos en el
impuesto sobre la renta o del impuesto descontable.

El a quo elaboró el siguiente cuadro, con el que verificó los motivos por los que la
DIAN rechazó el primer grupo de facturas en que se fundamenta la petición de
devolución del IVA:
«Núm. Nro. Nro.
Empresa Prefijo Valor IVA Folios Causal rechazo
Ítem. O.P. Factura
No reposa en el los (sic)
2 2014 3964 2144 1011273246 69.599 N/A
antecedentes admón.
No reposa en el los (sic)
3 2015 2843 26 1.241.379 N/A
antecedentes admón.
No reposa en el los (sic)
4 2015 2844 27 1.241.379 N/A
antecedentes admón.
No reposa en el los (sic)
5 2015 2921 53 1.448.276 N/A
antecedentes admón.
No reposa en el los (sic)
204 2013 901 FS 68966 13.200 N/A
antecedentes admón.
CUENTA No cumple con requisitos
247 2001 15.853 2161
DE COBRO del art. 617 ET.
No cumple con requisitos
248 2001 1 14.082 2162
del art. 617 ET.
6
TOTAL 4.043.768»

El a quo indicó que, de forma general, las facturas y documentos equivalentes
identificados en el cuadro anterior no cumplen los requisitos del artículo 617 del
Estatuto Tributario, de tal modo que procede el rechazo de la petición de devolución
por valor de $4’043.768.

De otro lado, manifestó que la sentencia del 26 de septiembre de 20077 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que el reglamento exige que
los bienes, insumos y servicios sean de uso exclusivo del ente oficial de educación
superior, pero que este requisito debe entenderse en el sentido de que el beneficio
no se extienda a personas diferentes a la institución pública, pues el Estado dejó de
percibir el ingreso tributario para el beneficio de dicha institución educativa.

Destacó que el Decreto 1210 de 1993 prevé que, dentro de los fines de la
Universidad Nacional de Colombia, se encuentra prestar apoyo y asesoría al Estado
en los órdenes científico, tecnológico, técnico, cultural y artístico con autonomía
académica e investigativa; así como participar en empresas, corporaciones mixtas
u otras formas organizativas para dar cumplimiento a los objetivos y funciones de la
Universidad.

Señaló que también se contempla dentro de sus fines, regulados en el Acuerdo Nro.
011 de 2005, los siguientes: la presentación de estudios y propuestas a las
entidades encargadas de diseñar y ejecutar planes de desarrollo económico y

6 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 179.
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 2005-00060-00.
Sentencia del 26 de septiembre de 2007. CP: Ligia López Díaz.
8

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-00696-01 (24926)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia

social; adelantar por su cuenta o en colaboración programas de extensión y de
apoyo a los procesos de organización de las comunidades; adelantar por su cuenta
o en colaboración programas y proyectos que impulsen el desarrollo productivo y
empresarial; y cooperar con las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en la tarea de investigación, docencia y extensión.

Con base en lo anterior, manifestó que la Universidad está autorizada para ejercer
otras actividades que se encasillan en el ejercicio de asesorías, consultorías,
interventorías y diseños mediante la celebración de contratos y convenios
interadministrativos.

Transcribió algunas consideraciones de la sentencia del 6 de septiembre de 20178,
con base en lo cual sostuvo que el artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 4
del Decreto 2627 de 1993 no distingue la actividad o la finalidad misional, por el
contrario, de forma amplia consagra el derecho a la devolución del IVA para bienes
adquiridos para el uso exclusivo de la institución, dentro del educativo que consagra
la ley para ese tipo de entidades.

Elaboró un cuadro en el que relaciona el objeto de los contratos o convenios
interadministrativos celebrados entre la Universidad Nacional de Colombia y la
Autoridad Nacional de Televisión, el Departamento de Cundinamarca, el Banco
Agrario, el Instituto Nacional para Ciegos, el Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario (FINAGRO), el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez
y la Juventud, la Aerocivil y Marcial Calixto Villalba Consuegra.

Aseguró que, dentro de las pruebas aportadas por la demandante, se encuentra el
certificado de revisor fiscal y las facturas que lo soportan, de lo cual se advierte que
corresponden a servicios adquiridos por la Universidad Nacional de Colombia en
desarrollo de programas de extensión que benefician a la entidad, pues tienen la
finalidad de cumplir los contratos suscritos con terceros para la realización de
concursos de méritos, para elaborar estudios y diseños de obras, para actuar como
interventor de otros contratos, etc.

Con base en todo lo anterior, consideró improcedente el rechazo por valor de
$281’125.036, pues frente a estas facturas se cumplieron los requisitos del artículo
4 del Decreto 2627 de 1993.

Para finalizar, negó la condena en costas porque no encontró probada su causación,
según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso.

Recursos de apelación

1. Apelación de la demandante.

La Universidad Nacional de Colombia interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, para lo cual expuso lo siguiente:

Aseguró que el Tribunal concluyó que era procedente el rechazo parcial de la
solicitud de devolución debido a que la DIAN determinó que no se cumplieron todos
los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. No obstante, consideró que
dicha afirmación es errónea porque las facturas fueron rechazadas por la autoridad
tributaria por motivos diferentes.

Indicó que en los ítems 2 y 205 se relacionó dos veces el mismo documento

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 20959. Sentencia del
6 de septiembre de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia

equivalente, situación que fue reconocida por la DIAN en la Resolución Nro. 011253
de 2015, por lo que aceptó la devolución por valor de $69.599. Así las cosas, a su
juicio, no es posible conocer la causal exacta por la cual fue rechazada la solicitud
de devolución por parte de la autoridad tributaria.

Sostuvo que, según el a quo, el rechazo del documento equivalente identificado
como ítem 2 estuvo sustentada en que no reposa su copia en el expediente
administrativo, pero señaló que esto no es correcto porque, de ser así, la DIAN no
habría reconocido la devolución del ítem 205, que insistió es el mismo documento.

En todo caso, manifestó que el motivo del rechazo debe estar relacionado con que
los bienes, insumos o servicios no fueron adquiridos para el uso exclusivo de la
Universidad Nacional, conclusión que desconoce que dichos bienes, insumos o
servicios fueron utilizados en la ejecución de un contrato o convenio
interadministrativo celebrado con el Distrito de Bogotá.

De esta forma, solicitó que, para decidir la apelación contra la sentencia de primera
instancia, se valide si procede la devolución de $69.599. que corresponde al ítem 2
o 205, teniendo en cuenta que los bienes, insumos y servicios en realidad fueron
adquiridos para cumplir los compromisos contraídos con la entidad territorial, lo que
cumple con los criterios de la sentencia del 6 de septiembre de 2017 en la que se
fundamentó la sentencia de primera instancia.

En cuanto a las facturas identificadas con los ítems 3, 4 y 5; señaló que también
fueron rechazadas por el Tribunal porque no obran en los antecedentes
administrativos. No obstante, aseguró que este no fue el motivo de rechazo por
parte de la DIAN, que en la resolución que decidió la reconsideración afirmó que se
tratan de facturas mediante las cuales se adquirieron bienes, insumos o servicios
que no se destinaron al uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia.

Así las cosas, consideró que frente a estas facturas también es necesario validar si
procede la devolución del IVA por valor de $3’931.034, teniendo en cuenta que
dichas facturas también están relacionadas con actividades misionales de la
Universidad y en el cumplimiento de compromisos adquiridos en contratos o
convenios interadministrativos que cumplen los requisitos de la sentencia del 6 de
septiembre de 2017.

En cuanto a las facturas identificadas con los ítems 204, 247 y 248; sostuvo que la
DIAN aceptó los valores contenidos en ellas con la Resolución Nro. 011253 de 2015,
de tal modo que no procede su rechazo por parte del a quo. Así las cosas, solicitó
que se reconozca en segunda instancia la procedencia de la devolución por valor
de $43.135, valor que corresponde al IVA discriminado en estos tres documentos.

Finalmente, en el acápite de los anexos, puso de presente que aportó copia de los
soportes de los ítems 2, 3, 4, 5, 204, 247 y 248, pero insistió en que «ya hacen parte
del acervo probatorio»9 (negrilla del original).

2. Apelación de la demandada.

La DIAN presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
para que sean negadas todas las pretensiones de la demanda, con base en lo
siguiente:

Reiteró que, conforme con el artículo 4 del Decreto 2627 de 1993, solo procede la

9 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 207.
10

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devolución del IVA pagado por instituciones estatales u oficiales de educación
superior que adquieran bienes, insumos o servicios para su uso exclusivo.

Señaló que los contratos relacionados con las facturas objeto del debate no
corresponden a cursos de extensión, sino a contratos celebrados con otras
entidades estatales para prestar otro tipo de servicios, como la interventoría.

En consecuencia de lo anterior debe concluirse que los bienes, insumos y servicios
no fueron adquiridos para el uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia.
Indicó que en el acta de visita visible a folios 2163 y 2186 del expediente
administrativo se relacionaron los contratos, de cuyo contenido se puede observar
que los bienes adquiridos no tenían como destino el uso exclusivo por parte
demandante.

Sostuvo que, según la sentencia del 26 de septiembre de 2009, el requisito objeto
de discusión pretende que el beneficio tributario no se extienda a personas distintas
a la institución estatal u oficial de educación superior. Manifestó que el requisito del
uso exclusivo no se acreditó suficientemente por la sola presentación del certificado
del contador de la Universidad Nacional de Colombia, pues el artículo 777 del
Estatuto Tributario permite que la información contenida en dicho certificado sea
objeto de verificación. Así las cosas, las demás pruebas que obran en el expediente
permiten desvirtuar el certificado del contador y concluir que los bienes, insumos y
servicios no fueron adquiridos para uso exclusivo de la demandante.

Aseguró que entre las inconsistencias detectadas en el certificado aportado por la
actora se encuentra el incumplimiento de los requisitos de los artículos 617 y 711-2
del Estatuto Tributario frente a los siguientes documentos: i) la Cuenta de Cobro
Nro. 1 de 2014 no es una factura de venta y no especifica el valor del IVA pagado;
ii) el Documento Nro. 1 de 2014 no es una factura de venta; y iii) las Facturas Nro.
69533, 31640, 31647 y 19441 de 2014 no contienen el nombre o razón social y NIT
del adquirente.

De otro lado, señaló que los soportes del Contrato Interadministrativo Nro. 050000-
5280-2012, las facturas Nro. 27 y Nro. 53 de 2014 y el ítem 200 demuestran que los
bienes, insumos o servicios no fueron adquiridos para el uso exclusivo de la
demandante, por lo que no cumple los requisitos para que se reconozca la
devolución del IVA pagado.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para que
sean negadas todas las pretensiones de la demandante.

Alegatos de conclusión

La Universidad Nacional de Colombia y la DIAN reiteraron lo expuesto en sus
recursos de apelación.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

Oferta de revocatoria directa parcial10

10
La Sala no se ha pronunciado respecto de la procedencia o no de las revocatorias parciales, solo se
pronunció sobre las revocatorias totales, mediante Autos del 15 de octubre de 2020, Exp. 25166, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez (E) y del 14 de noviembre de 2019, Exp. 23928, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia

Estando el proceso en etapa de proferir fallo de segunda instancia, el 13 de
noviembre de 2020, la DIAN presentó solicitud de revocatoria directa parcial en
cuanto al rechazo de la devolución del IVA por valor de $281’125.036, de tal modo
que solicitó que se continuara con la discusión de la procedencia de la devolución
por valor de $4’043.768 en cuanto que, a su juicio, versa sobre facturas que no
cumplieron los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario11.

La oferta fue aceptada por la demandante mediante memorial del 19 de enero de
202212. En consecuencia, el despacho sustanciador aprobó la oferta de revocatoria
directa parcial, mediante auto del 7 de julio de 2022, en los siguientes términos:
«1. Aprobar la oferta de revocatoria directa parcial de los actos administrativos Nros. 6282-
1091 del 4 de noviembre de 2014 y 011253 del 13 de noviembre de 2015, proferidos por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

2. Declarar terminado el proceso, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, respecto de la procedencia de la devolución de IVA del Tercer Bimestre del
año 2014 por valor de $281.125.036, y en consecuencia, continuar el curso normal de
la segunda instancia respecto del rechazo de la devolución por valor de $4.043.768, al
tratarse de facturas respecto de las cuales se discutirá el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

3. No condenar en costas»13.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa.

Comoquiera que el proyecto de fallo presentado por la ponente no obtuvo el quorum
necesario para su aprobación en la Sala del 17 de noviembre de 2022, se ordenó el
sorteo de conjuez mediante auto del día 18 del mismo mes y año 14. Debido a lo
anterior, se realizó el sorteo el 24 de noviembre de 2022, en el que se asignó como
conjuez al doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez15.

2. Delimitación del problema jurídico.

Según se señaló en precedencia, la aprobación de la oferta de revocatoria directa
parcial dio lugar a terminar el proceso respecto de la devolución por valor de
$281’125.036, de manera que el estudio de la apelación, se circunscribirá a la
procedencia o no de la devolución por valor de $4’043.768, que se encuentran
representados en los documentos identificados por el juez de primera instancia.
Tras esta precisión, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las
Resoluciones Nro. 6282-1091 del 4 de noviembre de 2014 y Nro. 011253 del 13 de
noviembre de 2015, proferidas por la DIAN.

A estos efectos, se aclara que las facturas y documentos equivalentes en que se
fundamenta la petición de devolución del IVA objeto de la apelación fueron
relacionados en el anexo al informe de visita del 31 de octubre de 2014 de la DIAN,
cómo los ítems 2, 3, 4, 5, 204, 247 y 245. Esta nomenclatura fue la utilizada por las
partes y por el Tribunal para identificar las pruebas. En consecuencia en el análisis,
se hará referencia a los ítems así identificados.

3. Análisis de los ítems que sustentan la suma de $4’043.768

11 SAMAI. Índice 44.
12 SAMAI. Índice 5.
13 SAMAI. Índice 61. PDF. Página 6.
14
SAMAI. Índice 70.
15 SAMAI. Índice 73.
12

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3.1. Sobre el ítem 2 (correspondiente al Documento Equivalente Nro.
1011273246)

En la apelación, la Universidad Nacional sostuvo que el a quo cometió un error
respecto del documento equivalente identificado como ítem 2, porque no se percató
que dicho documento también fue relacionado en el anexo al informe de visita del
31 de octubre de 2014 como el ítem 205, lo que generó una duplicidad que fue
reconocida por la DIAN en la resolución que decidió la reconsideración, y por lo cual
reconoció en devolución $69.599. Por esto considera incorrecto afirmar que no se
allegó al expediente administrativo la copia del documento equivalente, pues de ser
así no se habría reconocido la devolución por uno de los ítems duplicados.

Aseguró que no hay claridad del motivo por el que se negó la devolución de $69.599
a pesar de estar demostrado que se aportó el documento. A su juicio, se debió a
que la DIAN concluyó que los bienes, insumos o servicios discriminados en el
documento del ítem 205 no fueron adquiridos para uso exclusivo de la Universidad
Nacional, por lo que solicitó analizar el cumplimiento de este requisito.

Para decidir este cargo de la apelación, la Sala pone de presente que la Resolución
Nro. 011253 de 2015, que decidió el recurso de reconsideración, señaló:
«Efectivamente en el ítem 2 se rechaza el documento con “Nro. Factura”: 1011273246 de
“Fecha Universidad NACIONAL DE COLOMBIA, el cual no fue adjuntado” (folio 2163) y en el
ítem 205 se rechaza el documento con “Nro. Factura”: 1011273246 de “Fech. Factura”: (sic)
27/02/2014 con un “Valor IVA” de $69.599 y con la causal “Los bienes, insumos o servicios no
son para uso exclusivo de la Universidad, según el literal b) del artículo 4° del Decreto 2627
de 1993” (reverso del folio 2175).
Por lo anterior, encuentra esta Subdirección que en este caso de doble registro de la misma
factura o documento equivalente procede acceder a lo solicitado por la Recurrente restando
el valor de uno de los documentos del valor rechazado y adicionando ese mismo valor en el
valor reconocido y en el valor a devolver (artículos 1° y 2° de la Resolución objeto de Recurso).
Se acepta por estar rechazado el mismo documento dos veces
Documento equivalente 21-44-1011273246 del 27 /02/2014 el valor de IVA de $69.599» 16
(negrilla del original y subraya la Sala).

Como se observa en el aparte transcrito, la DIAN reconoció que los ítems 2 y 205
relacionaron un mismo documento equivalente, por lo que decidió acceder a la
devolución de $69.599, por uno de los ítems referidos.

Ahora bien, en el anexo al informe de visita elaborado por la autoridad tributaria,
que sirvió de soporte a la resolución que rechazó parcialmente la devolución del
IVA, consta que los soportes del ítem 205 obran en los folios 1134 a 1136 de los
antecedentes administrativos17, lo que de suyo, descarta la falta de soporte
señalada respecto del ítem 2, dada la duplicidad reconocida en la Resolución Nro.
011253 de 2015.

En este orden, le asiste la razón a la apelante cuando indicó que el Tribunal cometió
un error al concluir que procede el rechazo de la devolución del IVA discriminado en
el documento equivalente identificado como ítem 2 porque «No reposa en el los (sic)
antecedentes admón.»18, que fue el mismo motivo por el que inicialmente negó la
petición la DIAN19.

16 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 31.
17 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 111 reverso.
18
Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 179.
19 Expediente físico. Cuaderno . Folio 99.
13

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Ahora, la Sala evidencia que, como lo sostuvo la actora y se constata en el aparte
antes transcrito, la Resolución Nro. 011253 no expuso el motivo por el que mantuvo
el rechazo inicial. Es decir, aunque reconoce la duplicidad de un mismo documento,
no indicó si el rechazo que se mantuvo, se sustentó en que no se aportaron los
soportes, como se afirmó en el acto inicial frente al ítem 2, o en que los bienes,
insumos o servicios no fueron adquiridos para uso exclusivo de la institución de
educación superior, como se sostuvo con relación al ítem 205.

En este orden, puesto que se acreditó que no es procedente el motivo expuesto en
el anexo al informe de visita para rechazar la devolución del IVA frente al ítem 2,
debido a que se demostró que los soportes fueron aportados en el trámite
administrativo, es necesario verificar si el documento equivalente de los ítems 2 y
205 cumple con el requisito que consiste en que el bien, insumo o servicio haya sido
adquirido para uso exclusivo de la Universidad, tal como lo solicitó el demandante
en su apelación.
Para estos efectos, se pone de presente que esta Sección, en sentencias del 8 de
octubre de 202020, del 23 de septiembre de 202121 y del 11 de noviembre del mismo
año22, analizó casos idénticos entre las mismas partes, y concluyeron que la
Universidad Nacional de Colombia, en virtud de los programas de extensión, puede
suscribir contratos o convenios interadministrativos y, por lo tanto, procede la
devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios para cumplir lo
pactado en ellos.

Además, la anterior conclusión fue aceptada por la DIAN en la oferta de revocatoria
directa, en la cual sostuvo que”
«Del análisis integral de las normas que regulan la devolución del IVA pagado por Instituciones
de Educación Superior y en concordancia con el estudio realizado por el H. Consejo de Estado
(…), se logra verificar que en el asunto bajo análisis, se presenta la misma situación fáctica
que en el caso demandado por la Universidad Industrial de Santander (sic) y la Universidad
Nacional, pues evidentemente solo se presentó una causal de rechazo de la devolución del
IVA solicitado, con ocasión de los bienes, insumos y servicios adquiridos por la Universidad
Nacional en el Tercer Bimestre de 2014 al considerarse que los mismos fueron adquiridos
para dar cumplimiento a los contratos o convenios interadministrativos suscritos con diversas
entidades públicas del orden nacional y territorial (…)» 23.

Atendiendo las anteriores precisiones, se destaca que está probado lo siguiente:

• El documento equivalente aportado por la actora corresponde a la Póliza de
Seguro de Cumplimiento Nro. 21-44-1011273246, expedida por Seguros del
Estado S.A., en la cual consta que se pagó por concepto de IVA un valor de
$69.598, y cuyo objeto es garantizar el «CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.
050000-528-0-2012 DEL AÑO 2012 REFERENTE A DISEÑAR Y CONSTRUIR UN MODELO
DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL ANEXO TÉCNICO Y
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA CONTRATISTA» 24.

• La Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Hacienda del Distrito
de Bogotá celebraron el Contrato o Convenio Interadministrativo Nro. 050000-

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-00196-01 (22881). Sentencia del 8 de octubre de 2020. CP: Milton Chaves García.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-00312-01 (23415). Sentencia del 23 de septiembre de 2021. CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2015-01976-01 (24234). Sentencia del 11 de noviembre de 2021. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
23 SAMAI. Índice 44. PDF. Página 2.
24 Expediente físico. Anexo 6. Folio 1134.

14

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia

528-0-2012, en el que se estipuló que su objeto es «Diseñar y Construir un Modelo
de Manejo y Resolución de Conflictos en la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad
(sic) con los estudios previos, el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista» 25

Como se observa, el documento equivalente relacionado en los ítems 2 y 205
corresponde a una póliza de seguro que garantiza el cumplimiento de un contrato o
convenio interadministrativo celebrado entre la demandante y el Distrito de Bogotá.
En consecuencia, atendiendo las sentencias reiteradas, se cumple con el requisito
que consiste en que los bienes, insumos o servicios sean para el uso exclusivo de
la Universidad.

Por lo expuesto, este cargo de la apelación de la demandante prospera, de tal modo
que procede la devolución del IVA de $69.598.

3.2. Sobre los ítems 3, 4 y 5 (correspondientes a las Facturas Nro. 26, 27 y 53)

La actora sostuvo que las facturas identificadas con los ítems 3 (Factura Nro. 26), 4
(Factura Nro. 27) y 5 (Factura Nro. 53) fueron rechazadas por el Tribunal porque no
se aportaron al expediente administrativo. Empero, a su juicio, este motivo de
rechazo no coincide con el sustento de la DIAN que, en la Resolución Nro. 011253
de 2015 «por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración», que se sustentó en
que los bienes, insumos o servicios no fueron adquiridos para uso exclusivo de la
demandante. Por lo anterior, advirtió que adjuntaba de nuevo los documentos a la
apelación, pero insistió en que ya obraban en los antecedentes administrativos.
Además, solicitó analizar el cumplimiento del requisito en que la DIAN se justificó
para rechazar la devolución del IVA discriminado en estas tres facturas.

Para decidir este punto, se pone de presente que, según el anexo al informe de
visita, las facturas de los ítems 3, 4 y 5 fueron rechazadas porque «Se solicitó el soporte
a la Universidad NACIONAL DE COLOMBIA, el cual no fue adjuntado» 26, respecto de lo cual,
explicó la actora, con ocasión al recurso de reconsideración, que las facturas no
habían sido aportadas porque no fueron solicitadas, y las allegó como anexo al
recurso27.

Seguidamente, la DIAN, al definir el recurso mediante la Resolución Nro. 011253 de
2015, confirmó el rechazo de la devolución del IVA, pero en esta oportunidad analizó
las facturas aportadas, así:
«Idéntica causal procede para el rechazo de las facturas 26, 27 y 53 (ítems 3, 4 y 5), por lo
siguiente:
La factura 26 (folio 2277) del 27 de mayo de 2014 expedida por Ángel Zaadhy Garcés Soto se
refiere el “Segundo pago de la ODS 190 de 2014 cuyo objeto es contribuir con el desarrollo
de la función académica de extensión de la Universidad Nacional de Colombia, como
investigador y coordinador técnico del proyecto que se encuentra en desarrollo en el marco
del Contrato Interadministrativo 03348 de 2013 suscito con la Secretaría de Educación del
Distrito”, por lo que estos servicios no son para uso exclusivo de la Universidad Nacional de
Colombia.
La factura 27 (folio 2282) del 27 de mayo de 2014 expedida por Ángel Zaadhy Garcés Soto se
refiere el “Tercer pago de la ODS 190 de 2014 cuyo objeto es contribuir con el desarrollo de
la función académica de extensión de la Universidad Nacional de Colombia, como investigador
y coordinador técnico del proyecto que se encuentra en desarrollo en el marco del Contrato
Interadministrativo 03348 de 2013 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito”, por lo
que estos servicios no son para uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia.

25 Expediente físico. Anexo 6 Folio 1135.
26
Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 99.
27 Expediente físico. Anexo 12. Folios 2277, 2282 y 2302.
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia

La factura 53 (folio 2302) del 16 de junio de 2014 expedida por Jorge Armando Rodríguez
Alarcón se refiere a los “Servicios académicos remunerados Fondo de Servicios Educativos
MEN”.
La Nota Debito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá de la factura 53 de
Rodríguez Alarcón Jorge Armando referencia el proyecto: “309010021128-Revisión, Rediseño
y desarrollo de los cursos virtuales “Fondo de Servicios Educativos -FSE” y “CONTRATACIÓN
EN” (folio 2303).
El SAR No. 25 de los Servicios Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Sede Bogotá aclara que el OBJETO GENERAL de estos Servicios con el contratista son
“Realizar la dirección técnica, administrativa y financiera del contrato interadministrativo No.
273 de 2014, suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, el cual tiene por objeto “Revisar
y actualizar el curso virtual desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado
“Manual de Fondo de Servicios Educativos – FSE” (folio 2305).
El Contrato Interadministrativo No. 0273 de 2014 suscrito entre el Ministerio de Educación
Nacional y la Universidad Nacional (folios 2303 a 2314) tiene por objeto “Revisar y actualizar
el curso virtual desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado “Manual de
Fondos de Servicios Educativos – FSE” (reverso del folio 2310) por lo que estos servicios no
son para uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia y por lo tanto, la devolución
del IVA pagada por esos servicios debe ser rechazada»28 (subraya la Sala).

Por lo expuesto, le asiste la razón a la actora, ahora apelante, cuando afirma que el
Tribunal rechazó la devolución del IVA correspondiente a los ítems 3, 4 y 5 por
motivos diferentes a los expuestos por la DIAN, pues consideró erróneamente que
las facturas no fueron aportadas a pesar de obrar en los antecedentes
administrativos. En consecuencia, prospera el recurso de apelación.

Ahora, en este caso, la prosperidad del recurso de apelación no es suficiente para
que se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto consideró procedente
el rechazo de la devolución del IVA discriminado en las facturas de los ítems 3, 4 y
5 porque aún es necesario verificar la licitud del motivo expuesto en los actos
administrativos y que se concretaba en que los insumos o servicios relacionados en
las Facturas Nro. 26, 27 y 53 hubieran sido para uso exclusivo de la Universidad.

A estos efectos es de reiterar lo señalado en precedencia respecto de que esta
judicatura al analizar el tema entre las mismas partes, concluyó que procede la
devolución del IVA pagado en bienes, insumos o servicios para cumplir los contratos
o convenios interadministrativos celebrados en virtud de los programas de
extensión. Bajo tales lineamientos, observa la Sala probado lo siguiente:

• La Factura Nro. 26 (ítem 3) del 27 de mayo de 2014 fue expedida por Ángel
Zaadhy Garcés Soto, que contiene la siguiente descripción: «SEGUNDO PAGO
DE LA ODS 190 DE 2014 CUYO OBJETO ES CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LA
FUNCIÓN ACADÉMICA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
COMO INVESTIGADOR Y COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO QUE SE
ENCUENTRA EN DESARROLLO EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 03348 DE 2013 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO». Además, consta que el valor del IVA pagado fue de
$1’241.37929.

• La Factura Nro. 27 (ítem 4) del 27 de mayo de 2014, también expedida por
Ángel Zaadhy Garcés Soto, que contiene la siguiente descripción: «TERCER
PAGO DE LA ODS 190 DE 2014 CUYO OBJETO ES CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO
DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, COMO INVESTIGADOR Y COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO QUE
SE ENCUENTRA EN DESARROLLO EN EL MARCO DEL CONTRATO

28 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 30 reverso a 31.
29 Expediente físico. Anexo 12. Folio 2277.

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INTERADMINISTRATIVO 03348 DE 2013 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO». Este documento indica que el valor del IVA pagado
fue de $1’241.37930.

• El Contrato o Convenio Interadministrativo Nro. 03348 del 8 de noviembre de
2013 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá, que en la cláusula primera establece como
objeto «Prestar los servicios para apoyar la validación, seguimiento y actualización de
información sectorial en los establecimientos educativos distritales y establecimientos
educativos privados que atienden población a través de la contratación del servicio educativo,
para contribuir a la ejecución de las estrategias de acceso y permanencia» 31.

• La Factura Nro. 53 (ítem 5) del 16 de junio de 2014 expedida por Jorge
Armando Rodríguez Alarcón, donde consta que el IVA pagado fue de
$1’448.276, con base en la siguiente descripción: «Servicios académicos
remunerados Fondo de Servicios Educativos MEN» 32.

• Contrato o Convenio Interadministrativo Nro. 0273 de 2014 celebrado entre la
Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), que en la cláusula primera estipula como objeto «REVISAR Y
ACTUALIZAR EL CURSO VIRTUAL DESARROLLADO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, DENOMINADO “MANUAL DE FONDOS DE SERVICIOS
EDUCATIVOS – FSE”»33.

Como se observa, las Facturas Nro. 26, 27 y 53 corresponden a la adquisición de
servicios empleados en el cumplimiento de los contratos o convenios
interadministrativos celebrados por la demandante con la Secretaría de Educación
del Distrito de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia, en
todos los casos procede la devolución del IVA pagado por valor total de $3’931.034.

Este cargo de la apelación de la demandante también prospera.

3.3. Sobre los ítems 204, 247 y 248 (correspondientes a la Factura Nro. 68966,
la Cuenta de Cobro Nro. 1 y la Factura Nro. 1).

Sostuvo la actora en la apelación que el Tribunal no debió rechazar la devolución
del IVA relacionado con los ítems 204 (Factura Nro. 68966), 247 (Cuenta de Cobro
Nro. 1) y 248 (Factura Nro. 1) porque la DIAN había accedido a su devolución en la
Resolución Nro. 011253 de 2015, al decidir sobre el recurso de reconsideración.

Para decidir este cargo de la apelación, se observa que, respecto del ítem 204, la
DIAN señaló en la Resolución Nro. 011253 de 2015 lo siguiente:
«Con fundamento en estas pruebas encuentra la Subdirección que de los datos consignados
por la funcionaria Auditora en el Cuadro del Informe de Visita se puede establecer que la
factura que se presenta con el Recurso de Reconsideración es el mismo documento
referenciado en el ítem 204 como FS 68966 del 21 de marzo de 2014 por lo que se procede a
aceptar como valor de IVA a devolver el de $13.200»34 (subraya la Sala).

En cuanto a los ítems 247 y 248, la Resolución Nro. 011253 de 2015 indicó que los
documentos fueron aportados junto con el recurso de reconsideración y, al
valorarlos concluyó que procedía su aceptación parcial, así:

30 Expediente físico. Anexo 12. Folio 2282.
31 Expediente físico. Anexo 12. Folio 2292
32 Expediente físico. Anexo 12. Folio 2302.
33
Expediente físico. Anexo 12. Folio 2310 reverso.
34 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 29 reverso.
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«(…) las facturas de la Cuenta de Cobro 01 (relacionadas en el Cuadro) deben ser aceptadas
y rechazadas tal como quedó consignado y la factura 001 de N.G. Soluciones del 17 de junio
de 2014, cancelada en virtud del Contrato de Administración Delegada cuyo objeto es la
intervención física del Edificio del Hospital Universitario de la Universidad Nacional, debe ser
aceptada como soporte de la devolución del Impuesto, de donde obtenemos los siguientes
valores:
Se rechaza:
De la cuenta de Cobro 01 y las facturas relacionadas en el cuadro IVA de $5.779
Se acepta:
De la cuenta de Cobro 01 y las facturas relacionadas en el cuadro IVA de $10.074
Factura 001 del 17 de junio de 2014 por un total de IVA de $14.081
Total aceptado $24.155»35.

Como se observa, es cierto que la DIAN aceptó la devolución del IVA respecto de
las facturas y el documento equivalente relacionados como los ítems 204, 247 y 248
por la DIAN, salvo por la suma de $5.779, en tanto se observa que el IVA
discriminado en la Cuenta de Cobro Nro. 1 (ítem 247) solo fue aceptado
parcialmente por la autoridad tributaria por valor de $10.074, rechazando
expresamente el primer valor.

Considerado lo anterior, se dará prosperidad parcial al cargo de apelación en lo que
respecta a la suma de $37.355 manteniéndose el rechazo por valor de $5.779.

4. Sobre la condena en costas.

No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

5. Conclusión.

Debido a que la apelación de la demandante prosperó de forma parcial, la Sala
confirmará la nulidad parcial decretada en la sentencia de primera instancia.

De otro lado, debe tenerse presente que el auto del 19 de enero de 2022 36 aprobó
la oferta de revocatoria directa parcial, la cual declaró terminado el proceso respecto
a la devolución de la suma de $281’125.036. Dicha providencia presta mérito
ejecutivo, según lo prevé el parágrafo del artículo 95 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, debe modificarse el restablecimiento del derecho decretado en
primera instancia para ordenar, en esta providencia, solo la devolución del IVA que
no fue objeto de la oferta de revocatoria y respecto del cual, se estableció en esta
instancia, la procedencia de su devolución.

Así, la Sala modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada para ordenar a la DIAN devolver, de forma adicional al valor reconocido
en los actos acusados, por concepto del IVA pagado en el bimestre 3° de 2014, la
suma de $4’037.989, según lo expuesto en los acápites anteriores.

35
Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 28 reverso.
36 SAMAI. Índice 5.
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En relación con los intereses solicitados por la apelante, la Sala procederá a reiterar
la Sentencia 24080 del 27 de agosto de 2020, citada en sentencia del 11 de marzo
de 2021, exp. 24946, C.P. Milton Chaves García, en la cual se expuso:
“Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el
saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento
especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o
providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.
Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta
la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.
En todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido discutido, se causan intereses
moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o
parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o
consignación.”
Ahora bien, la demandante solicitó que a modo de restablecimiento del derecho se le
reconociera la desvalorización monetaria surgida por el pago en exceso que efectuó con
respecto al año 2004. Sobre el particular, y según lo expuesto en la providencia reiterada,
dicho reconocimiento no tiene lugar, toda vez que no hace parte de la reparación dineraria
preceptuada en el artículo 863 del Estatuto Tributario, el cual únicamente contempla el
reconocimiento de intereses corrientes y moratorios”.

En consecuencia, la Sala ordenará a la DIAN el pago de los intereses corrientes
liquidados desde la fecha de notificación de la Resolución Nro. 011253 del 13 de
noviembre de 2015, que rechazó la solicitud de devolución, hasta la fecha de
ejecutoria de esta sentencia. Asimismo, deberá reconocer intereses moratorios
desde el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia hasta la fecha del pago, a
la tasa señalada en el artículo 864 del Estatuto Tributario.

Respecto de la pretensión de actualización de la suma conforme con el IPC, no se
accederá a la misma, pues conforme fue expuesto en la providencia transcrita en
precedencia, que se reitera, dicho reconocimiento no tiene lugar, toda vez que no
hace parte de la reparación regulada en el artículo 863 del Estatuto Tributario, el
que únicamente contempla el reconocimiento de intereses corrientes y moratorios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 25 de julio
de 2019, el cual quedará así:
«Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
devolver, adicional al valor ya reconocido, la suma de $4’037.989 correspondiente al IVA
pagado por la demandante durante el bimestre 3° de 2014 y el pago de los intereses, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia».

2. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Aclara voto Conjuez

20

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