Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01359-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2016-01359-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01359-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2016-01359-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
28 de abril de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Temas: Contribuciones al sistema de la protección social periodos 2011 y
2013. Notificación requerimiento para declarar y/o corregir.
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes. Cotizaciones de
docentes universitarios
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada1 y
demandante2 contra la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió3:
«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 084 de 9 de
febrero de 2015 y RDC 042 de 5 de febrero de 2016 expedidas por la UGPP, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRANSE en
firme las declaraciones por concepto de aportes al Sistema de la Protección Social
presentadas por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES correspondientes a
los períodos de enero a diciembre del año 2011. Así mismo, ORDÉNASE a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP que liquide los aportes a la
seguridad social y parafiscales del año 2013 a cargo de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES, descontando las planillas que fueron aportadas y corresponden a los
periodos enero a diciembre del año 2013 y atendiendo las consideraciones precedentes, junto
con la sanción por inexactitud.
TERCERO: No hay lugar a condena en costas […]».
1
Fls. 518 a 522 c.p. 1.
2
Fls. 532 a 552 c.p. 1.
3
Fls. 459 a 509 c.p. 1.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
ANTECEDENTES
El 22 de agosto de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP profirió a nombre de la Fundación Universitaria Los Libertadores el
Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 695. Acto que se notificó mediante
aviso fijado el 12 de septiembre de 2014 y desfijado el día 18 del mismo mes y año 4.
El 9 de febrero de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió la Liquidación Oficial nro. RDO 084, «por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos
comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y enero y diciembre de 2013», por un
monto total de $725.699.100, discriminado por cada año, así: 2011: inexactitud por
$199.063.000 y mora por $171.129.500, y 2013: inexactitud por $77.200.700, mora
por $271.336.900 y diferencias contables no aclaradas por $6.969.000. Así mismo,
se impuso sanción por inexactitud en cuantía de $46.320.4205. El acto se notificó el
18 de febrero de 2015.
El 25 de febrero de 2015, la citada fundación le solicitó a la UGPP la guía de
mensajería del correo de notificación del requerimiento, que fue entregada mediante
oficio del 17 de marzo de 20156. Se indicó en la demanda que el aportante solo tuvo
conocimiento del requerimiento con la notificación de la liquidación oficial.
El 16 de abril de 2015, se interpuso recurso de reconsideración contra el acto de
liquidación y el mismo día se adicionó7. Los citados documentos se admitieron
mediante el Auto nro. ADC 196 del 15 de mayo de 20158.
El 27 de julio de 2015, por Auto nro. ADC 377 se decretó una inspección tributaria9,
que tuvo lugar los días 10 y 18 de septiembre de 201510.
El 20 de septiembre de 2015, la fundación corrigió algunas declaraciones y pagó a
través de las planillas PILA la suma de $13.154.900, lo que fue informado a la
entidad mediante escrito radicado el 18 de abril de 201611.
El 5 de febrero de 2016, la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso
de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 04212, en el sentido de
modificar la liquidación oficial, para disminuir los aportes a la suma de $684.490.800,
determinados por los períodos fiscalizados, así: 2011: inexactitud por $183.585.900
y mora por $171.098.300, y 2013: inexactitud por $58.561.300 y mora por
$271.245.300. Así mismo, se redujo la sanción por inexactitud al monto de
$35.136.780. El acto se notificó personalmente el 23 de febrero de 201613.
4
Fl. 412 c.p. 1. CD 1. Archivos: «20140822- REQ DECL 695 EXP 4926.pdf» y «20140901- REQ DECL RAD 20146200058224
GUIA RN237492808CO.pdf».
5
Fls. 83 a 111 c.p. 1.
6
Fls. 250 a 251 c.p. 1.
7
Fls. 194 a 234 y 236 a 241 c.p. 1.
8
Fls. 244 a 245 c.p. 1.
9
Fls. 248 a 250 c.p. 1.
10
Fls. 253 a 269 c.p. 1.
11
Fls. 271 a 306 c.p. 1.
12
Fls. 113 a 153 c.p. 1.
13
Fl. 154 c.p. 1.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
DEMANDA
La Fundación Universitaria Los Libertadores en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, formuló las siguientes pretensiones14:
«I. PRETENSIÓN PRINCIPAL.
1. Solicito se declaren las violaciones llevadas a cabo por la UGPP en la Liquidación Oficial
No. RDO 084 de 9 de febrero de 2015, y en la Resolución No. RDC 042 de 5 de febrero de
2016, mediante la cual se falló la vía gubernativa; de acuerdo con los términos sustentados en
la presente demanda y la relación sintética de los conceptos que se exponen a continuación:
[…]15
2. Como consecuencia de las anteriores violaciones, solicito la anulación de la Resolución No.
RDC 042 de 5 de febrero de 2016, mediante la cual se falló la vía gubernativa, y de la
Liquidación Oficial No. RDO 084 de 9 de febrero de 2015.
3. Como consecuencia de todo lo anterior, solicito se restablezcan los siguientes derechos de
mi representada:
3.1. Solicito se restablezca el derecho de mi representada, declarando la irregular expedición
de la Liquidación Oficial No. RDO 084 de 2015, en razón a la indebida notificación y la
consecuente omisión del Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. 695 de 2014.
3.2. Solicito se restablezca el derecho de mi representada consistente en que la UGPP no
podía incluir en su ejercicio de fiscalización las declaraciones de aportes al Sistema de la
Protección Social correspondientes al año 2011, por haber transcurrido el término de 2 años
para adquirir firmeza, de acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario, en concordancia
con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y su remisión a las normas procedimentales del
referido Estatuto Tributario, y al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo
624 de la Ley 1564 de 2012.
3.3. Solicito se restablezca el derecho de mi representada, declarando que los pagos de
aportes al Sistema de la Protección Social de los docentes, se realizaron en cumplimiento de
los artículos 17 y 204 de la Ley 100 de 1993 y sus normas modificatorias y reglamentarias, en
atención a la modalidad contractual convenida con cada uno de ellos – diferente a la del
“periodo escolar” -, sin que hubiera lugar a aplicar el beneficio consagrado en el artículo 284
de la Ley 100 de 1993.
3.4. Solicito se restablezca el derecho de mi representada, consistente en que solo se
encontraba obligada a acatar los preceptos del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, a partir de
la entrada en vigencia de la Resolución 2461 de 2011, que definió las condiciones de la PILA
para que fuera posible cumplir la norma legal, conforme lo indicado en el concepto de violación
“D”.
3.5. Solicito se restablezca el derecho de mi representada, declarando que los aportes al
Sistema de la Protección Social correspondientes a los períodos fiscalizados cumplen las
condiciones del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, teniendo en cuenta las planillas de
corrección de aportes presentadas en el mes de septiembre de 2015.
14
Fls. 68 a 73 c.p. 1.
15
En este aparte se reiteran los cargos del concepto de la violación que más adelante se relacionarán.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
3.6. Solicito se restablezca el derecho de mi representada consistente en que no debía incluir
los “gastos de viaje” en el Ingreso Base de Cotización de sus trabajadores, de acuerdo con el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en concordancia con el artículo 128 del Código Sustantivo
del Trabajo, como quedó demostrado en las consideraciones del concepto de violación “F”.
3.7. Solicito se restablezca el derecho de mi representada, declarando que los aportes al
Sistema de la Protección Social causados durante la ocurrencia de novedades (vacaciones,
licencias, suspensiones e incapacidades), se pagaron en su totalidad de acuerdo con el
cumplimiento de los artículos 70 y 71 del Decreto 806 de 1998.
4. Como consecuencia de todo lo anterior, a título de restablecimiento de los derechos de mi
representada, solicito se confirmen las declaraciones de autoliquidaciones y pago de aportes
al Sistema de la Protección Social, efectuadas por la demandante durante los períodos
comprendidos entre enero a diciembre de 2011, y enero a diciembre de 2013, incluyendo las
declaraciones de correcciones presentadas en el mes de septiembre de 2015 (ver anexos No.
5 y No. 14).
5. Solicito adicionalmente que se condene a la demandada por las costas del presente
proceso.
Las pretensiones principales expuestas las fundamentamos en los argumentos y pruebas
expuestos en los acápites “Disposiciones violadas” y “Concepto de violación” en sus
respectivos literales “A” a “G”.
II. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.
A. En el evento de no prosperar uno o algunos de los conceptos de violación enunciados en
los literales A) a G) de la Pretensión Principal 1 anterior, de tal suerte que no se configure la
nulidad total de los actos administrativos demandados, de manera subsidiaria solicito
respetuosamente se declare la nulidad parcial de la Resolución No. RDC 042 de 5 de febrero
de 2016, y de la Liquidación Oficial No. RDO 084 de 9 de febrero de 2015, de acuerdo con los
conceptos de violación que se encuentren demostrados en el proceso.
B. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicito se
declare que mi representada solo está obligada a pagar los valores de aportes al Sistema de
la Protección Social, en las cuantías que correspondan según los conceptos de violación que
se encuentren acreditados en el proceso.
C. En el evento de no acoger los argumentos principales del concepto de violación “C”
expuestos entre sus acápites 1 a 6, solicito que se restablezca el derecho de mi representada,
consistente en aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de las normas que
imponen el pago de intereses moratorios ante la falta de pago de aportes, por lesionar los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso como quedó demostrado en los
acápites 7 a 7.11 de dicho concepto de violación.
D. Solicito se ordene la suspensión de los intereses moratorios a cargo de mi representada por
los saldos de aportes que se encuentre obligada a pagar, en los términos del artículo 634-1 del
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 69 de la Ley 383 de 1997, en consonancia con
los artículos 23 y 161 de la Ley 100 de 1993.
E. Solicito igualmente se condene en costas a la parte demandada».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes16:
16
Fls. 9 a 12 c.p. 1.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
• Artículos 13, 23, 29, 209 y 363 de la Constitución Política
• Artículos 565, 568, 714 y 730 (numerales 2 y 6) del Estatuto Tributario
• Artículos 22, 23, 101 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículo 17 de la Ley 21 de 1982
• Artículo 40 de la Ley 153 de 1887
• Artículos 18, 23, 204 y 284 de la Ley 100 de 1993
• Artículo 30 del Decreto 692 de 1994
• Artículos 69 a 71 del Decreto 806 de 1998
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículo 3 (numerales 7 y 9) de la Ley 1437 de 2011
• Artículo 624 de la Ley 1564 de 2012
• Artículos 178 (parágrafo 2) y 179 de la Ley 1607 de 2012
• Artículos 10 y 11 de la Resolución nro. 1747 de 2008
• Resolución nro. 2641 de 2011
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente17:
A. Expedición irregular de los actos demandados ante la indebida notificación
del requerimiento para declarar y/o corregir
Manifestó que la UGPP dirigió la notificación del Requerimiento para Declarar y/o
Corregir nro. 695 del 22 de agosto de 2014 a la persona jurídica Fundación
Universitaria Los Libertadores, y no a su representante legal.
Agregó que lo anterior trajo como consecuencia la devolución del correo de
notificación bajo la causal «rehusado» con la observación «falta persona a quien se
dirige».
Señaló que la irregularidad en la notificación le impidió a la fundación conocer el
contenido del requerimiento para declarar y/o corregir, y cercenó la posibilidad de
subsanar en ese momento procesal las inconsistencias para acceder a la sanción
por inexactitud reducida. Lo anterior, a juicio de la demandante, conduce a la nulidad
de los actos por las causales previstas en los numerales 2 y 6 del artículo 730 del ET
(cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación y cuando los actos
adolezcan de otros vicios procedimentales señalados por la ley).
B. Firmeza de las declaraciones privadas
Aseguró que, las autoliquidaciones de los aportes al sistema de la protección social
se consideran declaraciones tributarias y, en ese sentido, les aplican las normas
sobre firmeza previstas en el artículo 714 del ET, por remisión del último inciso del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, a las normas tributarias en cuanto al
procedimiento de liquidación oficial.
17
Fls. 12 a 67 c.p. 1.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Sostuvo que las declaraciones de aportes presentadas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), quedaban en firme si
dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para
declarar, no se había notificado en debida forma el requerimiento especial por parte
de la Administración, como lo prevé el artículo 714 del ET.
Dijo que los cinco (5) años de caducidad que establece el parágrafo 2 del artículo
178 de la Ley 1607 de 2012 opera únicamente para las declaraciones presentadas a
partir de enero de 2013.
Como consecuencia de lo anterior, afirmó que las declaraciones presentadas por el
año 2011 estaban en firme para la fecha en la que según la UGPP notificó el
requerimiento para declarar y/o corregir (19 de septiembre de 2014). Aclaró que lo
relacionado con la notificación del requerimiento es un aspecto cuestionado en la
demanda.
C. Ampliación del término contractual para docentes. Inconstitucionalidad
intereses moratorios
Precisó que, por regla general, el contrato de trabajo de los profesores de
establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año
escolar, salvo estipulación en contrario (art. 101 CST).
A su vez, indicó que, ante la falta de manifestación de las partes respecto de la
duración del contrato, se entiende que este es por el periodo escolar, por lo tanto, se
activa la obligación para el empleador de realizar los aportes por todo el período
calendario que coincida con la fase escolar (semestral o anual).
Advirtió que no sucede lo mismo en los casos en los que se pacta una modalidad
contractual distinta a la general de la norma, como, por ejemplo, contratos a término
indefinido, a término fijo o por duración de la obra o labor.
Señaló que la UGPP en los actos acusados determinó ajustes por concepto de mora
en el pago de los aportes al sistema de la protección social, al concluir que todas las
relaciones laborales entre la demandante y los docentes se entendían celebradas
por la duración del período escolar, sin tener en cuenta el término pactado en los
contratos de trabajo.
Manifestó que la entidad en los actos demandados incurrió en falsa motivación
porque desconoció los acuerdos de voluntades que establecían la duración del
contrato y, por el contrario, consideró hechos que no se probaron, como lo es, «la
continuidad en la contratación del personal de mi representada, entre los diferentes
semestres que fueron objeto de fiscalización»18.
Agregó que la UGPP asumió que todos los docentes continuaron prestando sus
servicios en el lapso entre un semestre y otro, sin prueba que así lo acredite, con lo
cual, se apropió de funciones de los jueces laborales, al declarar la existencia de
18
Fl. 38 c.p. 1.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
contratos de trabajo por periodos en los que no se celebraron. Además, se
desconoció el elemento de la «prestación personal del servicio» que requiere la
legislación laboral para la configuración del contrato.
Expuso que la obligación de pagar intereses moratorios sobre los aportes
retroactivos a cargo del empleador contradice los postulados de la igualdad y el
debido proceso, por lo que deviene en inconstitucional, pues la planilla PILA aplica
automáticamente los intereses sin tener en cuenta que en algunos casos no se
incumple con el pago oportuno de los aportes.
D. Pagos no salariales y el límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
Aseguró que fue a partir del período siguiente al de la entrada en vigencia de la
Resolución nro. 2461 de 201119 del Ministerio de la Protección Social (7 de julio de
2011), que en la planilla PILA se pudieron liquidar los aportes sobre un IBC
diferenciado en aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, lo anterior, de
conformidad con los artículos 1 y 4 de la mencionada resolución.
En contraposición, afirmó que con anterioridad y ante la falta de norma que regulara
las condiciones para hallar el IBC diferenciado, el límite de los pagos no salariales
era un aspecto de imposible cumplimiento para el aportante. A su vez, indicó que no
es cierto que la Resolución nro. 1747 de 2008 (art. 10) permitiera registrar el IBC
diferenciado, pues según esa norma, las casillas 42 a 44 corresponden al IBC para
los sistemas de salud, pensión y ARL.
E. La UGPP no valoró en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración las declaraciones de corrección pagadas en vía administrativa
Explicó que los valores determinados en la liquidación oficial como consecuencia del
incremento del IBC por la aplicación del límite de pagos no salariales (art. 30 Ley
1393 de 2010), fueron aceptados por la fundación universitaria y, por ende, el 30 de
septiembre de 2015 corrigió las planillas y pagó los aportes más los intereses
moratorios.
No obstante, advirtió que la entidad demandada al resolver el recurso de
reconsideración se abstuvo de valorar y aplicar los pagos realizados a través de las
declaraciones de corrección, lo que hubiese disminuido los aportes que, finalmente,
fueron determinados.
F. Inclusión en el IBC de pagos no laborales
Adujo que la UGPP calificó como salariales los pagos registrados contablemente
bajo las denominaciones «Otros pagos no detallados en nómina – alojamiento y
manutención; Alojamiento y Alimentación – Alojamiento y Manutención Catedráticos
(51551501)», e incluyó en el IBC las sumas que excedían el límite del 40% (art. 30
Ley 1393 de 2010).
19
«Por la cual se establecen condiciones para el registro del Ingreso Base de Cotización – IBC diferenciado».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Destacó que los pagos destinados a sufragar los gastos en que incurre el trabajador
para desempeñar sus labores (pasajes, alojamiento y manutención) no retribuyen el
servicio, por ende, no pueden ser considerados como un pago laboral no constitutivo
de salario, sino como una expensa propia, directa y necesaria para la actividad
económica y, en esa medida, no están sometidos al límite legal.
G. Novedades de vacaciones (disfrutadas y compensadas), incapacidades,
licencias no remuneradas y suspensiones
Señaló que la UGPP al momento de calcular el IBC para las cotizaciones de los
trabajadores que presentaron novedades de licencias no remuneradas,
suspensiones e incapacidades, adicionó los pagos por dichos conceptos al IBC, sin
tener en cuenta que el aportante ya lo había realizado.
Precisó que la entidad en los actos relacionó acertadamente las normas aplicables al
tema de las novedades (arts. 70 y 71 del Decreto 806 de 1998), pero no explicó
cuáles fueron y cómo desarrolló las operaciones aritméticas para determinar el IBC.
Aclaró que la fundación universitaria incluyó el valor de la compensación de las
vacaciones en la base para calcular los aportes con destino al SENA, ICBF y cajas
de compensación familiar, en atención a que hacen parte de los descansos
remunerados de que trata el artículo 17 de la Ley 21 de 1982.
Indicó que la entidad de forma errada adicionó los días de vacaciones, incapacidad
y/o suspensión temporal del contrato a los treinta (30) días de cotización que por
regla general se deben efectuar. Circunstancia que fue reconocida por la UGPP al
resolver el recurso de reconsideración, pero no frente a todos los casos y
novedades.
Agregó que en el expediente administrativo y ahora en vía judicial se aportaron las
pruebas que demuestran que la fundación universitaria realizó los aportes
adecuadamente (comprobantes de nómina, planillas PILA y soportes de pago).
OPOSICIÓN
La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, como se expone a
continuación20:
Manifestó que tal como consta en la guía de la empresa de mensajería
RN237492808CO, el correo de notificación del requerimiento para declarar y/o
corregir se dirigió a una persona jurídica debidamente identificada, contenía el
documento de la decisión administrativa y un CD con los anexos respectivos,
además, se remitió a la dirección informada en el RUT.
20
Fls. 365 a 399 c.p. 1.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Precisó que, el hecho de no haberse indicado que el correo iba dirigido al
representante legal, no excusa a la fundación universitaria para que se abstuviera de
notificarse del acto administrativo.
Advirtió que las notificaciones del requerimiento de información y de la liquidación
oficial también se remitieron a la persona jurídica, sin señalar el nombre del
representante legal y, en esas oportunidades, la aportante sí se pronunció, en una,
solicitando un plazo adicional para entregar la documentación, y en la otra,
interponiendo el recurso de reconsideración.
En cuanto a la firmeza, aclaró que la entidad inició las acciones de determinación
dentro del término de los cinco (5) años siguientes a la fecha en la que la fundación
demandante declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos u omitió
declarar y pagar los aportes correspondientes, tal como lo prevé el parágrafo 2 del
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, aplicable desde su expedición, dado su
carácter procedimental.
A su vez, indicó que la competencia de la UGPP para verificar la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de los aportes se origina en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, por lo que mal puede pensarse que se aplicó
retroactivamente la Ley 1607 de 2012, pues lo que en ella se hizo fue modificar el
procedimiento y no crear la facultad. Destacó que, en todo caso, esa norma estaba
vigente para la fecha de expedición de los actos.
Señaló que al estar regulado el término prescriptivo y de caducidad de la UGPP en
la Ley 1607 de 2012, norma especial, no es dable acudir al plazo previsto en el
artículo 714 del ET, como lo pretende la parte actora. Además, indicó que el término
de firmeza de las declaraciones tributarias de que trata dicho artículo, no fue previsto
por el legislador para las planillas de autoliquidación de aportes al sistema de la
protección social.
Frente a la ampliación del término contractual para los docentes, sostuvo que, si
bien es cierto está permitido para el caso de los profesores de establecimientos
particulares de enseñanza celebrar contratos por tiempo inferior al periodo escolar,
también lo es que el trabajador tiene el derecho irrenunciable a que el empleador
realice los aportes por la totalidad del semestre o año calendario respectivo, con el
propósito de garantizar la seguridad social.
Sobre lo anterior, explicó que al revisar los contratos de trabajo se evidenció que las
labores de los trabajadores tenían vocación de permanencia, dado que finalizado un
semestre el siguiente se contrataba al mismo trabajador, a partir de lo cual se
concluyó que, la finalidad de suscribir los contratos por un periodo inferior al escolar,
era la de no efectuar las cotizaciones a la seguridad social por vacaciones de mitad
y fin de año, contrariando el artículo 69 del Decreto 806 de 1998, que prevé que los
aportes se deben realizar por la totalidad del periodo escolar.
Dijo que los actos proferidos durante la actuación administrativa tienen una
exposición detallada, clara y precisa de las pruebas obrantes en el expediente, y en
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
ellos se hizo una descripción de las normas infringidas como de los casos puntuales
en los que se presentó mora e inexactitud. Por eso, a su juicio, no adolecen de la
falta de motivación que alega la parte actora.
Afirmó que el cobro de los intereses moratorios, cuando no se cumple con la
obligación legal de pagar los aportes oportunamente, no surge de un capricho de la
entidad, sino de la aplicación de las normas que los regulan (artículos 156 de la Ley
1151 de 2007, 3 de la Ley 1066 de 2006, 23 de la Ley 100 de 1993 y 28 del Decreto
692 de 1994), según las cuales se causan intereses moratorios a la tasa que se
encuentre vigente por mora en el pago del impuesto por mes o fracción, desde la
fecha en la que se hicieron exigibles hasta cuando se pague la obligación.
Aclaró que no es cierto que solo a partir de la expedición de la Resolución nro. 2641
de 2011 se permitió al aportante calcular las cotizaciones sobre el IBC diferenciado
en aplicación del límite del 40% para los pagos no laborales, pues desde la
Resolución nro. 1747 de 2008 se podían efectuar los aportes a través de la planilla
PILA utilizando la novedad establecida en el «campo 23 – VST: Variación Transitoria del
Salario».
Mencionó que los pagos que realizó la demandante con ocasión de la expedición de
la liquidación oficial, deben ser valorados en la etapa de cobro coactivo. Agregó que
no es dable eliminar los ajustes al momento de resolver el recurso de
reconsideración, comoquiera que se dejaría sin fundamento el acto que da origen a
la corrección y pago, además, de aceptarse esa tesis, se podría catalogar como una
equivocación de la entidad en la determinación de los aportes.
Expuso que los pagos laborales de los trabajadores que no constituyen salario no
pueden exceder el 40% del total de la remuneración (art. 30 de la Ley 1393 de 2010)
y los valores que superen dicho límite deben integrar el IBC para salud, pensión y
ARL. Agregó que los pagos que fueron objeto de la aplicación del límite son aquellos
que se identificaron contablemente como «alojamiento y manutención catedráticos
(51551501)».
Adujo que la aportante no demostró que los pagos registrados en la citada cuenta
fueran accidentales o tuvieran la finalidad de proporcionar los medios de transporte o
los gastos de representación de los trabajadores que los recibieron, que dieran lugar
a que no se consideraran salario en los términos del artículo 130 del CST (viáticos).
En lo que se refiere a las cotizaciones a salud y pensión, que son las que se causan
cuando el trabajador disfruta vacaciones, precisó que se deben diferenciar los días
de descanso de los laborados en el mismo periodo (mes), de esa forma, el IBC por
el lapso de las vacaciones será el reportado en el mes anterior, y para los días en
que se trabajó, corresponderá a los valores devengados por ese concepto.
Alegó que los valores pagados por el descanso remunerado hacen parte de la
nómina mensual de salarios (art. 17 de la Ley 21 de 1982) y, en esa medida,
integran el IBC para los aportes al SENA, ICBF y CCF.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Indicó que, por el término de duración de las novedades de incapacidad, suspensión
del contrato de trabajo y licencias no remuneradas, no se realizan aportes a la ARL,
porque no se presta el servicio.
Señaló que, por el tiempo de la incapacidad, los aportes a salud y pensión se
calculan sobre el IBC conformado por el valor reconocido por ese concepto. Y en el
caso de suspensión del contrato de trabajo, solo se pagan aportes a salud en la
proporción que le corresponde al empleador (8.5%), tomando como base el último
salario reportado con anterioridad a la novedad.
Precisó que con las pruebas recaudadas en la inspección tributaria se establecieron
los valores de las incapacidades, los periodos en los que se suspendieron los
contratos y se concedieron licencias, a partir de lo cual la entidad verificó que en el
IBC se había incluido sumas por esos conceptos, a pesar de que el aportante ya lo
había hecho, lo que dio lugar a que se eliminaran los ajustes.
AUDIENCIA INICIAL
El 1º de diciembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 201121. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades
procesales, nulidades, medidas cautelares o excepciones que debieran ser
declaradas. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos
demandados.
Se resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas en el proceso. Se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera su concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada declaró la nulidad parcial de los actos demandados. A título de
restablecimiento del derecho dispuso la firmeza de las autoliquidaciones
presentadas por los periodos enero a diciembre de 2011 y la reliquidación de los
aportes de enero a diciembre de 2013, descontando las planillas pagadas por la
demandante y la disminución de la sanción por inexactitud. Además, no condenó en
costas, con fundamento en lo siguiente22:
Indicó que el correo para la notificación del requerimiento para declarar y/o corregir
se envió a la dirección informada en el RUT, pero fue devuelto por la causal
«rehusado», lo que permitía inferir que se remitió a la dirección correcta, por lo que lo
21
Fls. 430 a 440 c.p. 1.
22
Fls. 459 a 509 c.p. 1.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
procedente era notificar el acto mediante aviso, como en efecto ocurrió,
circunstancia que no fue desvirtuada por la parte demandante.
Manifestó que para los periodos fiscalizados la UGPP estaba facultada legalmente
para ejercer las funciones de fiscalización, determinación y cobro de las
contribuciones al sistema de la protección social, y podía adelantar las
investigaciones pertinentes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de
las obligaciones tributarias a su cargo.
Sostuvo que operó la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los periodos de
enero a diciembre del año 2011, porque para la fecha en la que fueron presentadas
aplicaba el plazo de firmeza de los dos (2) años previsto en el artículo 714 del ET,
por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y, como el requerimiento para
declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso, eran inmodificables.
Aclaró que no sucedía lo mismo con las autoliquidaciones de los periodos enero a
diciembre de 2013, que se presentaron después de la entrada en vigencia del
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), según el cual, el
plazo de firmeza sería de cinco (5) años.
En cuanto a los pagos que no constituyen salario y el límite del 40% previsto en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, precisó que los ajustes que se ocasionaron por
la inclusión en el IBC de los pagos por «alojamiento y alimentación» tuvieron lugar en
los periodos 5 y 12 del año 2011, que fueron declarados en firme, por lo que los
valores determinados por la UGPP debían ser excluidos de la liquidación.
En relación con los aportes a salud y pensión durante el periodo de vacaciones,
señaló que la aportante los liquidó indebidamente, pues no tuvo en cuenta el IBC del
periodo anterior al disfrute del descanso, lo que generó inexactitud en las
cotizaciones. Además, manifestó que el valor de las vacaciones disfrutadas y de las
que se compensaron en dinero no fue incluido en el IBC de los aportes al SENA,
ICBF y CCF, como lo exige la ley, por lo que se confirmaron las glosas determinadas
por la UGPP.
Adujo que de conformidad con los artículos 101 del CST, 284 de la Ley 100 de 1993
y 30 del Decreto 692 de 1994, y con la sentencia C-399 de 2007 de la Corte
Constitucional, el empleador debe realizar aportes a salud de los docentes por la
totalidad del periodo escolar, pero solo en los casos en los que su contrato se
entienda celebrado por dicho lapso.
Expresó que «una vez analizados los contratos suscritos por la demandante y los
profesores de hora catedra que obran en el Cd anexo que contiene los antecedentes
administrativos de la actuación, la Sala encuentra que la relación laboral de la demandante
con los profesores de hora catedra se rige por dos contratos suscritos en el año, esto es, por
el período académico de la Universidad que en el presente caso se trata del semestre
universitario y, de acuerdo con la remuneración pactada, se pudo constatar que la
intensidad horaria era superior al medio tiempo, razón por la cual, salta a la vista que los
ajustes realizados por la UGPP a la actora sí son procedentes, como quiera que, se insiste,
a la luz de la ley laboral, el empleador está en la obligación de liquidar los aportes al sistema
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
de seguridad social de los docentes de establecimientos de enseñanza por la totalidad del
período académico»23.
Aseguró que las planillas de corrección presentadas en el mes de septiembre de
2015, con posterioridad a la liquidación oficial, debieron ser valoradas al resolver el
recurso de reconsideración, porque estaba probado que la aportante aceptó y pagó
el ajuste determinado por la entidad, recalcando que el pago efectivo constituye una
forma de extinguir la obligación.
En conclusión, prosperaron los cargos relacionados con la firmeza de las planillas de
los periodos enero a diciembre de 2011, que comprendían los ajustes por los pagos
no laborales y el límite del 40%, y el de valoración de los pagos efectuados con las
planillas de corrección.
Por último, no condenó en costas por no aparecer probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada apeló en los siguientes términos24:
Expuso que la firmeza de que trata el artículo 714 del ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales de la protección social, además, dicho
artículo es de carácter sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Agregó que, comoquiera que el aportante no realizó el pago de cotizaciones de
algunos de los trabajadores al sistema de la protección social, solo podía ser
declarada la firmeza respecto de la conducta de inexactitud y no por la de mora, ante
la ausencia de autoliquidación.
Precisó que como no aplica la firmeza por los anteriores motivos, los ajustes que
persistieron por la inclusión en el IBC de los pagos por concepto de «alojamiento y
alimentación» en los periodos del año 2011, que fueron declarados en firme por el a
quo, deben mantenerse en la liquidación.
La parte demandante sustentó la apelación con fundamento en lo siguiente25:
Señaló que el Tribunal avaló la notificación por aviso del requerimiento para declarar
y/o corregir, porque su notificación se intentó en la dirección informada en el RUT,
pero fue devuelta por la causal «rehusado», circunstancia que no se desvirtuó
mediante prueba idónea.
23
Fls. 504 a 505 c.p. 1.
24
Fls. 518 a 522 c.p. 1.
25
Fls. 532 a 552 c.p. 1.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Aludió a que el a quo no valoró la guía con la que se envió la notificación del
requerimiento para declarar y/o corregir, en la que se indicó que se devolvía el
correo bajo la causal «rehusado», con la observación «falta persona a quien se dirige».
Sostuvo que la inconsistencia en la notificación se produjo porque la UGPP no
señaló en el correo un destinatario específico (representante legal de la persona
jurídica), lo que dio lugar a que fuera devuelto por la empresa de mensajería.
Precisó que en la guía no aparece nota, observación o reparo de algún funcionario
vinculado con la demandante respecto a la no aceptación del correo, además, los
sellos y rubricas tampoco corresponden a alguno de ellos.
Dijo que, de conformidad con el artículo 101 del CST, solo cuando el contrato se
pacta bajo la modalidad de «periodo escolar» o cuando se guarda silencio respecto a
su forma, surge la obligación para el empleador de realizar los aportes por todo el
período calendario que coincida o corresponda a la fase escolar para la cual es
contratado el docente (semestral o anual).
Advirtió que, por el contrario, si el contrato se celebra a término indefinido, fijo o por
duración de la obra o labor contratada, no se genera la obligación de pagar aportes
por todo el período calendario que coincida con la fase escolar para la cual es
contratado el docente.
Cuestionó que el Tribunal haya considerado que, si las fechas de los contratos
laborales coinciden con el período académico, automática e inexorablemente hay
lugar a imponer el pago de aportes a la seguridad social.
Expuso que en la sentencia de primera instancia se reconoció que las modalidades
de los contratos de trabajo son distintas a la del periodo escolar y, en ese contexto,
no había lugar a realizar los aportes como lo exige la UGPP.
Aseguró que, a pesar de no estar planteado en la demanda, el a quo realizó un
análisis innecesario de la «intensidad horaria» de los docentes vinculados a la
fundación universitaria, así como de la «remuneración pactada», a partir de lo cual
concluyó que trabajaron jornadas superiores a la de medio tiempo, razón por la cual,
se debían pagar los aportes por la totalidad del período académico.
Aclaró que la «remuneración pactada» tan solo se refiere a un valor fijo por cada hora
de cátedra impartida, que depende de la categoría y del perfil del docente, pero no
permite identificar cuánto tiempo trabaja cada uno.
Manifestó que no se valoraron debidamente las pruebas que daban cuenta de que
algunos docentes se vincularon bajo la modalidad a término fijo inferior a un año, y
que los extremos temporales de la relación laboral se apartaban de la duración del
período académico semestral.
Puso de presente que, en el año 2013, los períodos académicos en la universidad
fueron desde el 1º de febrero hasta el 12 de junio y desde el 1º de agosto hasta el 5
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
de diciembre. En un cuadro identificó 8 trabajadores con los que se celebró contrato
por periodo inferior a un año.
Mencionó que el a quo no analizó que la UGPP requirió aportes por todo el período
calendario respecto del señor «Pedro Elías Ribero Tobar», quien no era un docente,
sino que fue vinculado para desempeñar el cargo de Director del Consultorio
Jurídico.
Identificó 50 trabajadores que se vincularon al ente educativo en la modalidad de
duración de la obra o labor contratada en fechas diferentes a las del período
académico que, a su juicio, no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal y, por lo
tanto, frente a ellos no hay lugar al pago de los aportes por todo el calendario
académico.
Advirtió que 97 trabajadores celebraron un solo contrato de trabajo con la fundación
universitaria en el año 2013, situación que desconoció el a quo al afirmar que todos
los docentes estuvieron vinculados durante los dos semestres académicos del año,
con lo que convalidó la posición de la UGPP, en el sentido que existió una «continua
prestación del servicio», porque cuando finalizaba el semestre, supuestamente volvían
a ser contratados.
Dijo que la sentencia de primera instancia no se pronunció acerca de la inaplicación
por inconstitucionales de los intereses moratorios, para lo cual, reiteró los
argumentos de la demanda.
Indicó que si bien es cierto se excluyeron de la liquidación los ajustes por concepto
de la inclusión en el IBC de los pagos por «alojamiento y alimentación», dada la
firmeza de las planillas de los periodos del año 2011, solicita que se analice en
segunda instancia la postura del Tribunal según la cual, dichos pagos son de
naturaleza salarial sometidos al límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010.
En cuanto a los aportes al sistema de la protección social cuando se presenta
novedad de vacaciones, sostuvo que el a quo no analizó un caso que permitiera
evidenciar que la fundación erró en la liquidación de los aportes a salud y pensión
(sobre el IBC del mes anterior), tampoco explicó por qué concluyó que no se
incluyeron los pagos por descanso en el IBC de los aportes al SENA, ICBF y CCF.
Señaló que en la sentencia apelada no se analizó el pago de aportes cuando se
presentan novedades de licencias, suspensiones e incapacidades.
Precisó que la UGPP en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
reconoció que erró al incluir o duplicar los valores que conforman el IBC, entre el
salario devengado y lo pagado por concepto de vacaciones, incapacidades o
licencias, y eliminó los mayores valores determinados, pero ello no ocurrió frente a la
totalidad de trabajadores que recibieron pagos por dichos conceptos, en quienes
concurrían los mismos supuestos de hecho y de derecho.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Por último, afirmó que el Tribunal no se pronunció sobre la pretensión subsidiaria de
suspender los intereses moratorios después de los dos años de admitida la
demanda, como lo prevé el artículo 634-1 del ET, norma vigente para esa fecha.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes demandada y demandante reiteraron los argumentos expuestos en el
recurso de apelación26.
El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Decide la Sala sobre la legalidad de la Liquidación Oficial nro. RDO 84 del 9 de
febrero de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de
la UGPP contra la fundación universitaria demandante, por mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y
2013, y se sanciona por inexactitud por la vigencia 2013; y de la Resolución nro.
RDC 042 del 5 de febrero de 2016, por la que la Dirección de Parafiscales de la
UGPP resolvió el recurso de reconsideración en el sentido de modificar el acto
recurrido para disminuir el valor de los aportes y de la sanción.
En los términos de los recursos de apelación de la demandante y de la UGPP, la
Sala debe determinar: (i) si el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó en
debida forma, (ii) si a las autoliquidaciones de aportes les aplican las reglas sobre
firmeza de las declaraciones tributarias, (iii) si le asistía la obligación a la fundación
demandante de efectuar los aportes de los docentes por la totalidad del periodo
académico, (iv) si hay lugar a los ajustes determinados por la UGPP durante las
novedades administrativas (vacaciones, incapacidades, licencias, etc.), (v) si
procede la excepción de inconstitucionalidad respecto del cobro de los intereses
moratorios y (vi) si se deben suspender los intereses moratorios de conformidad con
el artículo 634-1 del ET.
En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
El 22 de agosto de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP le profirió a la Fundación Universitaria Los Libertadores el Requerimiento para
Declarar y/o Corregir nro. 695. Acto que se intentó notificar por correo enviado
mediante la guía nro. RN237492808CO27 de la empresa de mensajería Servicios
Postales Nacionales S.A. 472, devuelto por la causal «RE» (rehusado). Por lo
26
Fls. 28 a 29 y 30 a 39 c.p. 2, respectivamente.
27
Fl. 412 c.p. 1. CD 1. Archivo: «20140901- REQ DECL RAD 20146200058224 GUIA RN237492808CO.pdf».
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
anterior, se notificó mediante aviso fijado el 12 de septiembre de 2014 y desfijado el
día 18 del mismo mes y año28, entendiéndose surtida la notificación al día siguiente.
El 9 de febrero de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió la Liquidación Oficial nro. RDO 084, «por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos
comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y enero y diciembre de 2013», por un
monto total de $725.699.100, discriminado por cada año, así: 2011: inexactitud por
$199.063.000 y mora por $171.129.500 y, 2013: inexactitud por $77.200.700, mora
por $271.336.900 y diferencias contables no aclaradas por $6.969.000. Así mismo,
se impuso sanción por inexactitud en cuantía de $46.320.42029. El acto se notificó el
18 de febrero de 2015.
El 25 de febrero de 2015, la fundación le solicitó a la UGPP la guía de mensajería
del correo de notificación del requerimiento, que fue entregada mediante oficio del
17 de marzo de 201530. Se indicó en la demanda que el aportante solo tuvo
conocimiento del requerimiento con la notificación de la liquidación oficial.
El 16 de abril de 2015, se interpuso el recurso de reconsideración contra el acto de
liquidación y el mismo día se adicionó31. Los citados documentos se admitieron
mediante el Auto nro. ADC 196 del 15 de mayo de 201532.
El 27 de julio de 2015, por Auto nro. ADC 377 se decretó una inspección tributaria 33,
que tuvo lugar los días 10 y 18 de septiembre de 201534.
El 20 de septiembre de 2015, la fundación universitaria corrigió algunas
declaraciones y pagó a través de las planillas PILA la suma de $13.154.900, lo que
fue informado a la UGPP mediante escrito radicado el 18 de abril de 2016.
El 5 de febrero de 2016, la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso
de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 04235, en el sentido de
modificar la liquidación oficial, para disminuir los aportes a la suma de $684.490.800,
determinados por los períodos fiscalizados, así: 2011: inexactitud por $183.585.900
y mora por $171.098.300, y 2013: inexactitud por $58.561.300 y mora por
$271.245.300. Así mismo, se redujo la sanción por inexactitud al monto de
$35.136.780. El acto se notificó el 23 de febrero de 201636.
Con la demanda (Anexo 16) se aportaron en medio magnético CD 597 archivos en
formato pdf que contienen los contratos de trabajo celebrados entre la fundación
demandante y los docentes37.
28
Fl. 412 c.p. 1. CD 1. Archivos: «20140822- REQ DECL 695 EXP 4926.pdf» y «20140901- REQ DECL RAD
20146200058224 GUIA RN237492808CO.pdf».
29
Fls. 83 a 111 c.p. 1.
30
Fls. 250 a 251 c.p. 1.
31
Fls. 194 a 234 y 236 a 241 c.p. 1.
32
Fls. 244 a 245 c.p. 1.
33
Fls. 248 a 250 c.p. 1.
34
Fls. 253 a 269 c.p. 1.
35
Fls. 113 a 153 c.p. 1.
36
Fl. 154 c.p. 1.
37
Fl. 330 c.p. 1 CD «Anexo No. 16 contratos docentes año 2013».
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Notificación de los actos administrativos proferidos en trámites de naturaleza
tributaria adelantados por la UGPP (requerimiento para declarar y/o corregir)
El procedimiento aplicable por la UGPP para la determinación oficial de las
contribuciones parafiscales está previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012,
aplicable desde su entrada en vigencia a los procesos en curso38, según el cual,
previo a la expedición de la liquidación oficial el ente fiscalizador debe enviar un
requerimiento para declarar y/o corregir, que debía ser respondido dentro del mes
siguiente a su notificación39, aceptando o no la propuesta de la entidad, en este
último caso, la Administración procederá a expedir la respectiva liquidación dentro
de los seis (6) meses siguientes.
La Sección40 en varias oportunidades ha precisado que el requerimiento especial no
es objeto de control judicial por tratarse de un acto de simple trámite que no crea
una situación jurídica de carácter particular, lo que resulta aplicable al requerimiento
para declarar y/o corregir que expide la UGPP, dada su naturaleza y finalidad dentro
del proceso de determinación.
No obstante, también ha considerado que «cuando se observa que el acto de trámite o
preparatorio pueda afectar la validez del proceso administrativo, se deberá estudiar tal
circunstancia, pero no en cuanto a la legalidad del acto de trámite en sí mismo, sino en
cuanto a la irregularidad que pueda reflejarse en los actos definitivos que subsiguieron a
éste»41.
En el procedimiento administrativo seguido en contra de la demandante, está
probado que el 22 de agosto de 2014, la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro.
695, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al
sistema de la protección social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y
2013.
Respecto del anterior acto existe una controversia en cuanto a su notificación, pues
la parte demandante sostiene que se envió por correo para notificar a la persona
jurídica Fundación Universitaria Los Libertadores, mas no a su representante legal,
indeterminación del destinatario que solo es atribuible a la UGPP y que, a su juicio,
dio lugar a que el correo fuera devuelto por la causal «rehusado» con la observación
«falta persona a quien se dirige».
El Tribunal avaló la forma en la que se llevó a cabo la publicidad del acto de trámite,
tras considerar que el correo para la notificación se envió a la dirección informada en
el RUT, pero fue devuelto por la causal «rehusado», lo que permitía inferir que se
38
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 (Publicada en el Diario Oficial nro. 48.655).
39
El plazo para responder el requerimiento especial se amplió a tres (3) meses por disposición del artículo 50 de la Ley 1739
de 2014 (modificatorio del artículo 180 de la Ley 1607 de 2012).
40
Cfr. sentencias del 22 de marzo de 2011, Exp. 17205, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 5 de junio de 2014, Exp.
19494, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 11 de junio de 2020, Exp. 24012, C.P. Milton Chaves García, entre otras.
41
Sentencia del 19 de mayo de 2011, Exp. 17897, C.P. William Giraldo Giraldo.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
remitió a la dirección correcta, siendo procedente su notificación mediante aviso,
como lo hizo la UGPP.
En el expediente aparece como prueba la guía nro. RN237492808CO42 de la
empresa de mensajería Servicios Postales Nacionales S.A. 472, mediante la cual se
remitió para notificación el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 695 del 22
de agosto de 2014, de cuyo contenido se extrae que el destinatario es la
«FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES» y que se envió a la dirección
«CRA 16 63 A 68». Así mismo, se evidencia selló de devolución, en los motivos de no
entrega se marcó la casilla «RE» (rehusado) y en observaciones se registró «falta
persona a quien se dirige».
Según se menciona en la demanda y en la contestación, así como en los actos
acusados, una vez devuelto el correo de notificación, la publicidad del requerimiento
para declarar y/o corregir se llevó a cabo mediante aviso fijado el 12 de septiembre
de 2014 y desfijado el día 18 del mismo mes y año, entendiéndose surtida la
notificación el 19 siguiente.
En cuanto a la forma de notificación de las actuaciones adelantadas por la UGPP, se
advierte que las normas aplicables son las del Estatuto Tributario por la remisión del
inciso sexto (penúltimo) del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Así las cosas, se tiene que, el artículo 565 del ET prevé que los «requerimientos»
deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial
de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada autorizada. Según el
parágrafo primero de la citada norma, la notificación se practica con la entrega de
una copia del acto administrativo en la última dirección informada por el
contribuyente en el Registro Único Tributario (RUT).
Por su parte, el artículo 567 del ET, dispone que cuando el acto a notificar
(liquidación, citación, requerimiento y demás comunicados), se envíe a una
«dirección errada», distinta a la registrada o de la posteriormente informada por el
contribuyente, se corrige el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección
correcta, en cuyo caso, los términos legales solo comenzarán a correr a partir de la
notificación en debida forma.
De conformidad con el artículo 568 del mismo ordenamiento, cuando la devolución
del correo se produzca por cualquier razón, entiéndase por causal diferente a
«dirección errada»43, se habilita para el ente fiscalizador la posibilidad de notificar el
acto mediante aviso, evento en el cual, la notificación se entenderá surtida para
efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al
correo pero, para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará
desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso o de la corrección de la
notificación, según el caso.
42
Fl. 412 c.p. 1. CD 1. Archivo: «20140901- REQ DECL RAD 20146200058224 GUIA RN237492808CO.pdf».
43
Cfr. sentencia del 9 de julio de 2020, Exp. 24055, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Comoquiera que en el presente asunto no se discute que el correo de notificación
haya sido enviado a dirección diferente de la informada por el aportante en el RUT y,
por el contrario, está probado que la causal de devolución fue una diferente a
«dirección errada», valga recordar, «rehusado», resulta aplicable el artículo 568 del ET,
según el cual, el acto debe notificarse por aviso, sin que la procedencia de esta
forma de publicidad dependa de a quién pueda ser atribuida la causa para no
llevarse a cabo la diligencia de notificación.
Por consiguiente, como es un hecho aceptado que la notificación del requerimiento
para declarar y/o corregir se surtió por aviso el 19 de septiembre de 2014, no tiene
vocación de prosperidad el cargo de apelación, en vista de que la UGPP siguió las
reglas de notificación de los actos administrativos como se analizó en precedencia.
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
Reiteración de jurisprudencia
El a quo declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes por los periodos de
enero a diciembre del año 2011, porque para la fecha en la que fueron presentadas
aplicaba el plazo de firmeza de dos (2) años previsto en el artículo 714 del ET, por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, y como el requerimiento para
declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso eran inmodificables.
Aclaró que no sucedía lo mismo con las autoliquidaciones de los periodos enero a
diciembre de 2013, que se presentaron después de la entrada en vigencia del
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), según el cual, el
plazo de firmeza sería de cinco (5) años.
La UGPP disiente de la posición del Tribunal, en síntesis por los siguientes motivos:
(i) porque la firmeza de que trata el artículo 714 del ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales de la protección social, además de ser
una norma de carácter sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, (ii) porque el legislador no
estableció la firmeza de las planillas de autoliquidación de aportes, (iii) porque
tratándose de la conducta de mora no existe autoliquidación que pueda ser
declarada en firme, por cuanto el aportante no realizó el pago respecto de algunos
de los trabajadores al sistema de la protección social, razón por la cual, solo puede
ser declarada frente a la conducta de inexactitud y (iv) porque la entidad tiene cinco
(5) años para ejercer sus funciones de fiscalización.
Para resolver, se precisa que tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
(art. 178, pár. 2)44 el ordenamiento jurídico no consagraba de forma expresa un
plazo de caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin
embargo, el penúltimo inciso del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, hizo remisión
al Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no
regulados del proceso de determinación.
44
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Para la Sala, dicha remisión era procedente, pues la jurisprudencia constitucional45,
así como esta Sección46 han considerado que los recursos parafiscales son
denominados en la Constitución Política como «contribuciones parafiscales», que
tienen naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los
tributos.
En ese orden, se advierte que una vez vencido el término con el que dispone la
Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa
es que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables.
Dicho de otra forma y equiparando estos efectos a lo previsto en el Estatuto
Tributario, que se repite, aplica en virtud del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007,
para los periodos anteriores al 26 de diciembre de 2012 (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1607 de 2012), la consecuencia sería la firmeza de la
autoliquidación.
Por consiguiente, resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714
del ET47, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a
transcurrir el referido término para los periodos discutidos disponía que «la
declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando
la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán
a partir de la fecha de presentación de la misma»48.
Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a
la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012),
frente a las cuales, resulta aplicable el artículo 178 ibídem que reguló de manera
específica el plazo en el que la UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización,
y lo fijó en cinco (5) años.
En el presente caso, los periodos fiscalizados son los que corresponden a los meses
de enero a diciembre de los años 2011 y 2013, por lo tanto, la firmeza ocurre una
vez vencido el plazo señalado en la norma vigente al momento en el que comenzó a
transcurrir (v. gr. para el año 2011 el artículo 714 del ET y para el 2013 el artículo
178 de la Ley 1607 de 2012).
Respecto al planteamiento de la UGPP de que frente a la conducta de mora no
puede aplicarse el término de firmeza, ante la ausencia de autoliquidación
(declaración) para declarar inmodificable, la Sala reitera el criterio expuesto en
sentencia del 3 de marzo de 202249, en la que se consideró que:
45
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
46
Cfr. sentencias del 30 de julio de 2020, Exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del 19
de agosto de 2021, Exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 15 de octubre de 2021, Exp. 23623, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
47
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, Exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
48
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
49
Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
«[…] el procedimiento de revisión contenido en el artículo 714 del Estatuto Tributario es
compatible con el procedimiento de modificación oficial de las liquidaciones privadas de
aportes parafiscales pues los dos están dirigidos a corregir los errores en que el contribuyente
haya podido incurrir en su liquidación privada.
Para el caso de los aportes al Sistema de Protección Social dichos errores pueden constituirse
en omisión de afiliaciones o del pago de los aportes respecto de un empelado o yerros en la
determinación de los valores50.
En ese sentido, la Sala debe aclarar que finalmente lo que se controvierte son las planillas
PILA presentadas por la actora en los periodos objeto de discusión y las omisiones y ajustes
por mora que propone la administración son respecto de pagos por distintos conceptos que
integran la autoliquidación y no por omisión en la presentación de las planillas o porque estas
no se hayan presentado en tiempo, de modo que el argumento de firmeza también es
aplicable a estos casos».
Por lo expuesto, la Sala concluye que no le asiste razón a la UGPP al pretender
sustraer de la aplicación del término de firmeza a las autoliquidaciones de aportes al
sistema de la protección social, y comoquiera que no se cuestionó el conteo del
término que realizó el a quo, lo procedente es confirmar la declaratoria de firmeza de
los periodos comprendidos entre enero a diciembre del año 2011.
Sea de paso decir que, la declaratoria de firmeza confirmada en esta instancia, da
lugar a que se mantenga la decisión en cuanto a la eliminación de los ajustes por
concepto de inclusión en el IBC de los pagos por «alojamiento y alimentación», que
como lo precisó el Tribunal, se generaron en el año 2011.
Por el mismo motivo, y dado que la anterior situación favorece a la parte
demandante, la Sala no se pronunciará respecto de la calificación o no de salarial ni
de la aplicación del límite del 40% respecto de los pagos por «alojamiento y
alimentación», comoquiera que los ajustes por ese concepto deben eliminarse de la
liquidación oficial.
En consecuencia, se continúa con el análisis respecto de los otros cargos de
apelación, cuyos efectos, en caso de resultar alguno procedente, se limitarán a los
restantes periodos fiscalizados, valga decir, enero a diciembre de 2013, porque
frente a los otros (enero a diciembre de 2011), operó la firmeza.
Cotizaciones al sistema de la protección social de los profesores de
establecimientos particulares
El artículo 101 del CST establece que «[e]l contrato de trabajo con los profesores de
establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo
estipulación por tiempo menor» [Se destaca].
El aparte subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-483 de 1995, aspecto del que la Sección en sentencia del 3 de marzo
50
Cita: Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado, Exp. 24348, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
de 202251 se refirió al señalar que «conforme a la redacción de la normativa, es decir,
incluyendo la expresión “por tiempo menor” no podrían las partes acordar un término mayor
al año escolar, ya que daría lugar a que no pudiese aplicar el término acordado por los
contrayentes como excepción a la regla sino el periodo escolar; siendo dicha interpretación
una vulneración a las garantías mínimas a favor de los trabajadores, como lo es el principio
de estabilidad en el empleo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional52 y el
derecho a la igualdad en relación con los docentes estatales quienes tienen contrato por
término indefinido. Sin embargo, la Corte respecto de contratos laborales de docentes cuyo
término pactado sea menor al del periodo escolar, esto es, inferior a un año calendario, no
realizó ningún pronunciamiento53».
Tratándose de los aportes de los profesores de los establecimientos particulares, el
artículo 28454 de la Ley 100 de 1993 prevé que para dichos docentes «cuyo contrato
de trabajo se entienda celebrado por el período escolar, tendrán derecho a que el empleador
efectúe los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por la totalidad del período
calendario respectivo, que corresponda al período escolar para el cual se contrate». En
iguales términos se estableció el derecho del trabajador y la obligación del
empleador en el artículo 30 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de
1993.
El Decreto 806 de 1998 «[p]or el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad
Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad
Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional», en el
artículo 69 reiteró el derecho y la obligación específicamente sobre el subsistema de
salud, que es la materia que estaba reglamentando.
En ese contexto, la expresión sobre la modalidad contractual a la que aluden las
anteriores normas para efectos de la obligatoriedad de realizar aportes al sistema de
seguridad social integral, debe interpretarse en consonancia con el artículo 101 del
CST, antes transcrito, aspecto sobre el cual, la Sección en la sentencia del 3 de
marzo de 202255, precisó que «la regla general es que el contrato de trabajo con
profesores del sector privado se entiende celebrado por el año escolar, salvo que las partes
pacten un periodo diferente, el cual puede ser menor o mayor al calendario escolar,
circunstancia que hace inaplicable lo previsto en el artículo 101 ibídem en su disposición
general, la cual solo procede ante el silencio de las partes respecto a la duración del
contrato».
El Ministerio de Trabajo en el Concepto nro. 47336 del 20 de marzo de 2014, se
refirió a lo que debe entenderse por «año escolar», al señalar que «el año calendario
51
Exp. 25208, C.P. Milton Chaves García.
52
Cita: Artículo 53 de la Constitución Política.
53
Cita: En la sentencia C-483 de 1995 se precisó lo siguiente: (…) La limitante establecida por la norma acusada, según el
análisis que precede, transgrede el principio en mención, al impedir a los profesores de establecimientos particulares de
enseñanza la celebración de contratos de trabajo por un tiempo mayor al del año escolar, pues, dado que a la luz de la norma
el máximo período de contratación es de un año, ocurre que no obstante haberse desempeñado de acuerdo con las
condiciones fijadas por la ley y por el contrato mismo, de antemano se sabe que su vinculación laboral se verá interrumpida,
con notorio sacrificio de su estabilidad en el empleo, pues nada les garantiza que seguirán trabajando durante el siguiente año
lectivo, y con la necesaria pérdida de la continuidad indispensable para el cómputo y pago de sus prestaciones sociales. No
significa lo anterior que los denominados contratos a término fijo sean per se inconstitucionales; ellos son permitidos siempre
que provengan del acuerdo entre las partes, es decir que haya consenso entre el empleador y el trabajador sobre la duración
de la relación laboral, y no de la imposición del legislador, pues ésta se opone a la Carta en cuanto condena por vía general a
una determinada clase de trabajadores a la inestabilidad en el empleo.
54
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-399 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería.
55
Exp. 25208, C.P. Milton Chaves García.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
son 365 días, mientras que el año escolar es el tiempo desde que el profesor debe iniciar
labores en la Institución Educativa, generalmente es una semana antes de iniciar clases de
los estudiantes y hasta finalizado el ciclo de clases, que podrá extenderse por unos días
más en razón a las actividades atinentes a habilitaciones, recuperaciones y reporte de notas
finales».
Por consiguiente, si las partes no establecen que el contrato de trabajo será por un
periodo menor o mayor al calendario escolar, se entiende celebrado por el periodo
académico (semestre o año)56 y, en ese caso, surge para el empleador la obligación
de pagar la totalidad de los aportes al sistema de seguridad social integral por el
respectivo período. En el caso contrario, es decir, que se convenga un término de
duración menor o mayor al período académico, solo se causan aportes por la
vigencia de la relación laboral.
En este asunto, la parte demandante, con fundamento en los artículos 101 del CST,
284 de la Ley 100 de 1993, 30 del Decreto 692 de 1994 y 69 del Decreto 806 de
1998, sostiene que la obligación del empleador de realizar los aportes por todo el
período calendario que coincida con la fase escolar (semestral o anual), solo surge
cuando el contrato de trabajo se entienda celebrado por el periodo escolar, lo que no
ocurre cuando se pacta a término indefinido, fijo o por duración de la obra o labor.
Por esta razón, cuestionó la posición del Tribunal, conforme con la cual, si las fechas
de los contratos laborales coinciden con el período académico, automática e
inexorablemente hay lugar a imponer el pago de aportes a la seguridad social.
Precisó que, si se reconoció que las modalidades de los contratos de trabajo son
distintas a la del periodo escolar, como se demuestra con las pruebas aportadas al
plenario, no había lugar a confirmar los aportes exigidos por la UGPP. Lo mismo que
para los casos de trabajadores que se vincularon solo por un periodo en un
semestre o que no ocuparon cargos docentes.
Explicó que, además de no haber sido planteado en la demanda, es irrelevante el
análisis que efectuó el a quo sobre la intensidad horaria de los docentes y de la
remuneración pactada, a partir de lo cual concluyó que estos trabajaron jornadas
superiores al medio tiempo y, por ende, debían pagar aportes por la totalidad del
período.
Para resolver los anteriores planteamientos, lo primero que la Sala advierte es que la
parte demandante en el recurso de apelación reconoció expresamente que los
períodos académicos en el año 2013, «fueron desde el 1° de febrero hasta el 12 de
junio, y desde el 1° de agosto hasta el 5 de diciembre»57.
Con el objeto de desvirtuar los ajustes determinados por la UGPP, así como la
decisión del Tribunal, la parte actora en la apelación, para mayor claridad, hizo
referencia a 3 grupos de trabajadores, que tuvieron diferente forma de vinculación
56
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 23 de abril de 2001, Exp. 15623, M.P. Francisco
Escobar Henríquez: «I) Conforme al artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo con los profesores de
establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, concepto que se ha entendido
equivalente al de período académico, de modo que no necesariamente se refiere a un año sino que puede comprender por
ejemplo el semestre universitario».
57
Fl. 541 c.p. 1.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
con la fundación universitaria, a saber: (i) docentes con quienes celebró contratos de
trabajo a término fijo inferior a un año en el periodo 2013 (8 casos), (ii) docentes con
quienes celebró contrato en la modalidad de duración de la obra o labor contratada
en fechas distintas a la del período académico (50 casos58) y (iii) docentes que en el
año 2013 celebraron un solo contrato de trabajo con la universidad (97 casos).
A continuación, se relacionan por grupo los docentes a los que hizo referencia la
demandante, el tipo de contrato celebrado y los periodos contractuales en los que
estuvieron vinculados, de conformidad con los contratos que fueron aportados como
pruebas al plenario59:
GRUPO 1
Nro. NOMBRE TIPO DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO
(como consta en el contrato) INICIO FIN INICIO FIN
1. Duración de labor Término fijo < 1 año
Altamar Laiseca Gustavo Ernesto
01-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 11-12-2013
2. Duración de labor Término fijo < 1 año
Medina Héctor Jair
01-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 11-12-2013
3. Duración de labor Término fijo < 1 año
Torres Rodríguez Ximena
01-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 11-12-2013
4. Término fijo < 1 año
Ríos Sendoya Luis Fernando
14-01-2013 11-12-2013
5. Término fijo < 1 año
Ríos Velásquez Juan Carlos
14-01-2013 11-12-2013
6. Término fijo < 1 año
Rubriche Cárdenas Juan Carlos
01-02-2013 11-12-2013
7. Término fijo < 1 año
Tinoco Herrera William Roberto
04-02-2013 11-12-2013
8. Término fijo < 1 año
Reyes Piracun Jairo Emilio
14-01-2013 11-12-2013
Del análisis del grupo 1 de docentes, se tiene lo siguiente:
a) En todos figura como parte contratante (empleador) la Fundación Universitaria
Los Libertadores.
b) Fueron celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, es decir, que
gozaban de vigencia durante los períodos fiscalizados (enero a diciembre de
2013).
c) En los contratos celebrados bajo la modalidad de duración de la obra, en
todos se pactó en la cláusula tercera «OBLIGACIONES DEL TRABAJOR», en el
número 18, lo siguiente: «EL TRABAJADOR conoce y acepta que por disposición
de la ley 100 de 1993 deberá permanecer afiliado a seguridad social por el semestre
58
De estos varios nombres se repiten porque figuran con 2 contratos: Acosta Sahamuel Fredy Antonio, Meléndez Pérez María
Victoria, Rodríguez Almeciga Jacqueline, Rumie Guevara Nancy, Silva Morantes José Tomas, Suárez Puentes Karin Viviana y
Vera Beltrán Roberto.
59
Fl. 330 c.p. 1 CD «Anexo No. 16 contratos docentes año 2013».
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
calendario completo, por lo tanto acepta que la FUNDACIÓN realice los descuentos
proporcionales y correspondientes a salud y pensión».
d) Si bien en los contratos en el título se señaló, en algunos, que serían por
duración de labor y en otros, a término fijo inferior a 1 año, lo cierto es que
estipulan su duración en función del período académico (desde el 1° de
febrero hasta el 12 de junio y desde el 1° de agosto hasta el 5 de diciembre).
Lo anterior, sin perjuicio de que algunos hayan sido celebrados apenas
algunos días antes del comienzo del primer semestre, el 14 de enero (nros. 4,
5 y 8) y otro después, el 4 de febrero (nro. 7).
GRUPO 260
Nro. NOMBRE CONTRATO DURACIÓN DE LABOR
(como consta en el contrato) INICIO FIN INICIO FIN
1. Acosta Mendoza Efraín 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
2. Acosta Sahamuel Fredy Antonio 28-01-2013 12-06-2013 18-07-2013 05-12-2013
3. Aponte Rivera Adriana61 01-02-2013 12-06-2013 29-07-2013 03-12-2013
4. Arias Reyes Germán Antonio 01-02-2013 12-06-2013 19-07-2013 05-12-2013
5. Barbosa Torres José Jaime 01-02-2013 12-06-2013 13-09-2013 05-12-2013
6. Beltrán Vargas Merly Esther 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
7. Layne Bernal Benilda de los D. 01-02-2013 12-06-2013 10-08-2013 05-12-2013
8. Meléndez Pérez Jorge Enrique 01-02-2013 12-06-2013 12-08-2013 05-12-2013
9. Meléndez Pérez María Victoria 28-01-2013 12-06-2013 29-07-2013 03-12-2013
10. Peñaloza Villalobos Lineth B. 01-02-2013 12-06-2013 25-07-2013 05-12-2013
11. Pérez Vásquez Manuel Antonio 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
12. Quintana Pérez Julio Cesar 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
13. Ramírez Zipaquirá Luz Stella 28-01-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
14. Ramos Parra Claudia Patricia 28-01-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
15. Ramos Ríos Marcela Sofía 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
16. Rey Vanegas Juan Pablo 01-02-2013 12-06-2013 25-07-2013 03-12-2013
17. Reyes Gómez Andrés Felipe 01-02-2013 12-06-2013 06-08-2013 05-12-2013
18. Rodríguez Almeciga Jacqueline 28-01-2013 12-06-2013 22-07-2013 05-12-2013
19. Rodríguez Arbeláez José Erroll 24-01-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
20. Román Zapata Katia Patricia 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
21. Rubio Cordero Ariadna Marcela 01-02-2013 12-06-2013 25-07-2013 05-12-2013
22. Rumie Guevara Nancy Yolima 28-01-2013 12-06-2013 29-07-2013 03-12-2013
23. Silva Morantes José Tomas 24-01-2013 12-06-2013 24-07-2013 05-12-2013
24. Suárez Puentes Karin Viviana 28-01-2013 12-06-2013 29-07-2013 03-12-2013
25. Tajan Peterson José Antonio 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
26. Tenjo Beltrán Jorge William 19-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
27. Vargas Hernández C. Asdraldo 18-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
28. Vargas Tovar Jenny Katherine 15-01-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
29. Vera Beltrán Roberto 28-01-2013 12-06-2013 25-07-2013 05-12-2013
30. Yurivilca Aguilar Sheyla Lisseth 27-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
31. Zúñiga Portillo Nelson Fabricio 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
32. Zúñiga Sáenz José Miguel 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
33. Amado Hernández Orlando 22-08-2013 05-12-2013
34. Amado Zúñiga Sandra Patricia 24-07-2013 05-12-2013
60
Ver pie de página 58.
61
En el expediente aparece otro contrato de duración de labor cuya vigencia es del 28 de enero al 12 de junio de 2013.
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
35. Apaza Niño Daniel 14-01-2013 04-02-2013
36. Aránzazu López Carlos Uriel 04-02-2013 12-06-2013
37. Ayala Álvarez Hernán 20-02-2013 12-06-2013
38. Blanquicett Benavides Luis A. 01-02-2013 06-06-2013
39. Paut Pupo Maritza del Carmen 01-02-2013 06-06-2013
40. Rivera Soler David Alfonso 10-04-2013 12-06-2013
41. Tangarife Rodríguez Michael A. 29-07-2013 03-12-2013
42. Tarazona Bermúdez Adriana F. 10-08-2013 05-12-2013
43. Vargas Ruiz Jairo Arturo 19-02-2013 12-06-2013
Del análisis del grupo 2 de docentes, se tiene lo siguiente:
a) En todos figura como parte contratante (empleador) la Fundación Universitaria
Los Libertadores.
b) Fueron celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, es decir, que
gozaban de vigencia durante los períodos fiscalizados (enero a diciembre de
2013).
c) Todos tiene como modalidad contractual la de duración de la obra, y en ellos
se pactó en la cláusula tercera «OBLIGACIONES DEL TRABAJOR», en el
número 18, lo siguiente: «EL TRABAJADOR conoce y acepta que por disposición
de la ley 100 de 1993 deberá permanecer afiliado a seguridad social por el semestre
calendario completo, por lo tanto acepta que la FUNDACIÓN realice los descuentos
proporcionales y correspondientes a salud y pensión».
d) En cuanto al plazo contractual, en relación con el primer semestre (desde el
1° de febrero hasta el 12 de junio), se evidenció que:
Algunos se celebraron antes del comienzo del primer semestre (1° de
febrero), como los siguientes: (i) el 15 de enero (nro. 28), (ii) el 24 de enero
(nros. 19 y 23) y (iii) el 28 de enero (nros. 2, 9, 14, 18, 22, 24 y 29).
Otros se celebraron después del inicio del primer semestre (1° de febrero),
como son: (i) el 4 de febrero (nro. 36), (ii) el 18 de febrero (nro. 27), (iii) el 19
de febrero (nros. 26 y 43), (iv) el 20 de febrero (nro. 37) y (v) el 27 de febrero
(nro. 30).
Algunos tuvieron vigencia hasta días antes de que finalizara el primer
semestre (12 de junio), como los del 6 de junio (nros. 1, 6, 11, 12, 15, 20, 25,
31, 32, 38 y 39).
Y ninguno se terminó días después de finalizado el calendario académico del
primer semestre (12 de junio).
e) En cuanto al plazo contractual, en relación con el segundo semestre (desde
el 1° de agosto hasta el 5 de diciembre), se evidenció que:
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Algunos se celebraron antes del comienzo del segundo semestre (1° de
agosto), como los siguientes: (i) el 18 de julio (nro. 2), (ii) el 19 de julio (nro.
4), el 22 de julio (nro. 18), (iii) el 24 de julio (nros. 23 y 34), (iv) el 25 de julio
(nros. 10, 16, 21 y 29) y (v) el 29 de julio (nros. 3, 9, 22, 24 y 41).
Otros se celebraron después del inicio del segundo semestre (1° de
agosto), como son: (i) el 06 de agosto (nro. 17), (ii) el 10 de agosto (nros. 7 y
42), (iii) el 12 de agosto (nro. 8) y (iv) el 22 de agosto (nro. 33).
Algunos tuvieron vigencia hasta días antes de que finalizara el segundo
semestre (5 de diciembre), como son los del 03 de diciembre (nros. 3, 9, 16,
22, 24 y 41).
Y ninguno se terminó días después de finalizado el calendario académico del
segundo semestre (5 de diciembre).
f) Los contratos que menos coinciden con el inicio del período escolar del
primer semestre (1° de febrero), son: (i) el nro. 35 celebrado el 14 de
enero62, (ii) el nro. 27 firmado el 18 de febrero, (iii) los nros. 26 y 43
celebrados el 19 de febrero, (iv) el nro. 37 suscrito el 20 de febrero, (v) el nro.
30 firmado el 27 de febrero y (vi) el nro. 40 con fecha de inicio del 10 de abril.
Los contratos que menos coinciden con el inicio del período escolar del
segundo semestre (1° de agosto), son: (i) el nro. 33 iniciado el 22 de agosto
y (ii) el nro. 5 celebrado el 13 de septiembre.
GRUPO 3
Nro. NOMBRE CONTRATO DURACIÓN DE LABOR
(como consta en el contrato) INICIO FIN INICIO FIN
1. Buen Hombre C. Carlos Henry 01-02-2013 06-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
2. Mejía Martínez Andrés M. N/A N/A 01-08-2013 05-12-2013
3. Montana Guzmán Gloria María 31-01-2011 13-06-2011 01-08-2013 05-12-2013
4. Roncancio Olmos Nubia Alcira 31-01-2011 13-06-2011 01-08-2013 05-12-2013
5. Rodríguez Acevedo Claudia P. 01-02-2013 12-06-2013 01-08-2013 05-12-2013
6. Rodríguez Blanco Jaime E. 01-02-2013 12-06-2013
7. Rodríguez Centeno Fernando 01-08-2013 05-12-2013
8. Rodríguez Gamba Julián A. 01-02-2013 12-06-2013
9. Rodríguez Pirateque German 01-08-2013 05-12-2013
10. Rodríguez Ramírez Carlos E. 01-08-2013 05-12-2013
11. Rodríguez Sarmiento Juan C. 01-08-2013 05-12-2013
12. Rodríguez Uribe Guillermo 01-02-2013 12-06-2013
13. Romano Gómez Giancarlo 01-02-2013 12-06-2013
14. Rozo Ramírez Hernando 01-08-2013 05-12-2013
15. Ruiz Ascendid Yolanda 01-02-2013 12-06-2013
16. Ruiz Hurtado José Camilo 01-08-2013 05-12-2013
17. Ruiz Pacheco Adriana 01-08-2013 05-12-2013
18. Saab Monroy Alfredo 01-08-2013 01-08-2013
19. Saavedra Ávila Miguel Ángel 01-08-2013 05-12-2013
62
Terminado el 4 de febrero.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
20. Sánchez Herrera Juan M.63 01-08-2013 05-12-2013
21. Sánchez Martínez Jennifer K64 01-08-2013 05-12-2013
22. Salazar Fajardo Santiago 01-08-2013 05-12-2013
23. Salazar Gutiérrez Luis E. 01-02-2013 12-06-2013
24. Saldaña Barrios Edwin Alfonso 01-08-2013 05-12-2013
25. Sánchez Bulla Martha Stella 01-08-2013 05-12-2013
26. Sánchez Castro Ángela P. 01-08-2013 05-12-2013
27. Sánchez Garzón Alba Luz 01-08-2013 05-12-2013
28. Sandoval Serrano Marcos A. 01-02-2013 12-06-2013
29. Santos Camargo Juan Carlos 01-02-2013 12-06-2013
30. Segura Bermúdez Jairo A. 01-02-2013 12-06-2013
31. Solórzano Peñuela Milton E. 01-08-2013 05-12-2013
32. Suarez Báez Diana Marina 01-08-2013 05-12-2013
33. Suarez Tarazona Danisa M. 01-08-2013 05-12-2013
34. Tatar Garnica Francy Yamile 01-02-2013 12-06-2013
35. Terreros Bobadilla Diego A. 01-08-2013 05-12-2013
36. Toro Rubiano Blanca E. 01-02-2013 12-06-2013
37. Valencia Plaza Gerardo 01-02-2013 12-06-2013
38. Valencia Vega Miguel Ángel 01-02-2013 12-06-2013
39. Vallejo Franco Antonio 01-08-2013 05-12-2013
40. Acevedo Santos Astrid 01-02-2013 12-06-2013
41. Acosta Gámez Alejandro 24-01-2014 06-06-2014
42. Acosta Garzón Hernando 01-02-2013 12-06-2013
43. Acosta Martínez Carolina P. 01-02-2013 12-06-2013
44. Agudelo Rincón Luis Ángel 01-02-2013 12-06-2013
45. Ahumada Rodríguez Manuel 01-02-2013 12-06-2013
46. Alvarado Sotomayor Carlos E. 01-02-2013 12-06-2013
47. Álvarez Castro Elsa Francia 01-08-2013 05-12-2013
48. Álzate Roldán Luz Beatriz 01-02-2013 12-06-2013
49. Amado Hernández Orlando 22-08-2013 05-12-2013
50. Amado Zúñiga Sandra Patricia 24-07-2013 05-12-2013
51. Amador Castellanos Gonzalo 01-08-2013 05-12-2013
52. Apaza Niño Daniel 14-01-2013 04-02-2013
53. Aponte Chiriví Diego Orlando 01-08-2013 05-12-2013
54. Arango Ramírez Francisco J. 01-02-2013 12-06-2013
55. Aránzazu López Carlos Uriel 04-02-2013 12-06-2013
56. Arias Mejía Claudia Marcela 01-02-2013 12-06-2013
57. Ávila Puentes Hernán 01-02-2013 12-06-2013
58. Ávila Vergara Bayro 29-07-2013 03-12-2013
59. Ayala Álvarez Hernán 20-02-2013 12-06-2013
60. Beltrán Maldonado Gladys B. 01-08-2013 05-12-2013
61. Bernal Espinosa Luz Mery 01-08-2013 05-12-2013
62. Betancourt Manjarres Jorge A. 01-02-2013 12-06-2013
63. Blanco Sandoval Aura B. 01-08-2013 05-12-2013
64. Lalinde Murillo Jairo Enrique 01-08-2013 05-12-2013
65. Leguizamo Serna Luis Ramiro 01-08-2013 05-12-2013
66. López Cruz Andrés Felipe 01-08-2013 05-12-2013
67. Meléndez Cardona Julián A. 01-08-2013 05-12-2013
68. Mendoza Neira Carlos Arturo 01-02-2013 12-06-2013
69. Mestra O. Arminio del Cristo 01-02-2013 12-06-2013
70. Mogollón G Nancy del Carmen 01-08-2013 05-12-2013
63
El archivo se denomina «SACHEZ HERREA JUAN MANUEL».
64
El archivo se denomina «SACHEZ MARTINEZ JENNIFER KARINA».
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
71. Morgenstein Sánchez Wilson 01-08-2013 05-12-2013
72. Narváez Sánchez Carlos H. 01-02-2013 12-06-2013
73. Navarro Rodríguez Jorge A. 01-08-2013 05-12-2013
74. Nieto Alarcón María Cristina 01-02-2013 12-06-2013
75. Noguera Camelo Edith Aida 01-08-2013 05-12-2013
76. Patiño Galvis Carlos 01-02-2013 12-06-2013
77. Paut P. Maritza Del Carmen 01-02-2013 12-06-2013
78. Pedraza Forero Rafael Alberto 01-02-2013 12-06-2013
79. Pedraza Rodríguez Omar A. 01-02-2013 12-06-2013
80. Perdomo Charry Cesar Andrey 01-02-2013 12-06-2013
81. Plaza Gómez Luis Alexis 01-02-2013 12-06-2013
82. Puentes Garcés Elsa Olivia 01-08-2013 05-12-2013
83. Quesada Salazar Esteban A. 01-02-2013 12-06-2013
84. Quijano Samper María Solita 01-08-2013 05-12-2013
85. Quintero Contreras Mabel 01-08-2013 05-12-2013
86. Quintero Salazar Claudia 01-08-2013 05-12-2013
87. Quisoboni Gacharná Edgar 01-02-2013 12-06-2013
88. Ramírez Buitrago Víctor M. 01-08-2013 05-12-2013
89. Ramírez Martínez Leonardo A. 01-08-2013 05-12-2013
90. Reyes Gavilán Aura Lisette 01-02-2013 12-06-2013
91. Reyes Marciales Raza 01-08-2013 05-12-2013
92. Reyes Oviedo Karen Lucia 01-08-2013 05-12-2013
93. Rico Rodríguez José Roberto 01-02-2013 12-06-2013
94. Rivera Carrillo Carlos Alberto 01-08-2013 05-12-2013
95. Rivera Ibáñez Dora Beatriz 01-08-2013 05-12-2013
96. Rivera Soler David Alfonso 10-04-2013 12-06-2013
97. Ramos Jiménez Julio Enrique No se aportó el contrato
Del análisis del grupo 3 de docentes, se tiene lo siguiente:
a) En todos figura como parte contratante (empleador) la Fundación Universitaria
Los Libertadores.
b) Fueron celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, es decir, que
gozaban de vigencia durante los períodos fiscalizados (enero a diciembre de
2013). Con excepción de los nros. 3 y 4 que se firmaron el 31 de enero de
2011 y el 41 que se firmó el 24 de enero de 2014.
c) Todos tiene como modalidad contractual la de duración de la obra y en ellos
se pactó en la cláusula tercera «OBLIGACIONES DEL TRABAJOR», en el
número 18, lo siguiente: «EL TRABAJADOR conoce y acepta que por disposición
de la ley 100 de 1993 deberá permanecer afiliado a seguridad social por el semestre
calendario completo, por lo tanto acepta que la FUNDACIÓN realice los descuentos
proporcionales y correspondientes a salud y pensión».
d) En cuanto al plazo contractual, en relación con el primer semestre (desde el
1° de febrero hasta el 12 de junio), se evidenció que:
Algunos se celebraron antes del comienzo del primer semestre (1° de
febrero), como el del 14 de enero (nro. 52).
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Otros se celebraron después del inicio del primer semestre (1° de febrero),
como son: (i) el 04 de febrero (nro. 55) y (ii) el 20 de febrero (nro. 59).
Algunos tuvieron vigencia hasta días antes de que finalizara el primer
semestre (12 de junio), como el del 6 de junio (nro. 1).
Ninguno se celebró hasta días después de finalizado el calendario académico
del primer semestre (12 de junio).
e) En cuanto al plazo contractual, en relación con el segundo semestre (desde
el 1° de agosto hasta el 5 de diciembre), se evidenció que:
Algunos se celebraron antes del comienzo del segundo semestre (1° de
agosto), como los siguientes: (i) 24 de julio (nro. 50) y (ii) 29 de julio (nro. 58).
Otros se celebraron después del inicio del segundo semestre (1° de
agosto), como el del 22 de agosto (nro. 49).
Y ninguno se terminó días después de finalizado el segundo semestre (5 de
diciembre).
f) Los contratos que menos coinciden con el inicio del período escolar del
primer semestre (1° de febrero), son: (i) el nro. 52 que fue celebrado el 14
de enero65, (ii) el nro. 59 que inició el 20 de febrero y (iii) el nro. 96 suscrito el
10 de abril.
g) Del trabajador ubicado en la casilla nro. 97 no se aportó el contrato de trabajo,
por lo que no fue posible verificar las condiciones allí pactadas.
En ese contexto, la Sala precisa que, si bien en los contratos en el título se señaló,
en algunos, que serían por duración de labor y en otros, a término fijo inferior a un
(1) año, lo cierto es que estipulan su duración en función del período académico, que
como lo señaló la demandante transcurría desde el 1° de febrero hasta el 12 de junio
y desde el 1° de agosto hasta el 5 de diciembre.
Lo anterior, sin perjuicio de los contratos que en algunos casos se celebraron días
antes o después de iniciado o finalizado cada uno de los períodos académicos de la
demandante (semestres), para lo cual, vale la pena tener en consideración lo
expuesto por el Ministerio de Trabajo en el Concepto nro. 47336 del 20 de marzo de
2014, que al referirse a la expresión «año escolar», señaló que corresponde al
«tiempo desde que el profesor debe iniciar labores en la Institución Educativa, generalmente
es una semana antes de iniciar clases de los estudiantes y hasta finalizado el ciclo de
clases, que podrá extenderse por unos días más en razón a las actividades atinentes a
habilitaciones, recuperaciones y reporte de notas finales».
Llama la atención de la Sala que, en todos los contratos pactados bajo la modalidad
de duración de la obra, el empleador de común acuerdo con el trabajador pactaron
65
Terminado el 4 de febrero.
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
como obligación de éste último, que «conoce y acepta que por disposición de la ley 100
de 1993 deberá permanecer afiliado a seguridad social por el semestre calendario completo,
por lo tanto acepta que la FUNDACIÓN realice los descuentos proporcionales y
correspondientes a salud y pensión», lo que permite inferir que la fundación
universitaria aportante era conocedora que, era su obligación pagar los aportes por
la totalidad del período calendario.
Se advierte que los contratos que menos coincidieron con el periodo escolar, del
grupo 2 en torno al primer semestre, fueron los números 26 (Tenjo Beltrán Jorge
William), 27 (Vargas Hernández C. Asdraldo), 30 (Yurivilca Aguilar Sheyla Lisseth),
35 (Apaza Niño Daniel), 37 (Ayala Álvarez Hernán), 40 (Rivera Soler David Alfonso)
y 43 (Vargas Ruiz Jairo Arturo).
Del mismo grupo 2 en cuanto al segundo semestre, fueron los números 5 (Barbosa
Torres José Jaime) y 33 (Amado Hernández.)
Del grupo 3 los que menos coincidieron con el primer semestre fueron los números
52 (Apaza Niño Daniel), 59 (Ayala Álvarez Hernán) y 96 (Rivera Soler David
Alfonso).
Se precisa que del grupo 2 los contratos números 35 y 40, y del grupo 3 los números
52 y 96, corresponden en ambos grupos a los trabajadores Apaza Niño Daniel y
Rivera Soler David Alfonso, pues fueron relacionados dos veces por la parte
apelante, al igual que el número 37 (grupo 2) y 59 (grupo 3), que corresponde en
ambos casos a Ayala Álvarez Hernán.
Teniendo en cuenta lo probado en el expediente, la Sala entiende que, en este caso
particular, la duración de la relación laboral, con independencia de la modalidad
contractual, da cuenta de que los docentes estuvieron vinculados por el periodo
escolar y, en esa medida, a la demandante le asistía la obligación de cotizar por el
periodo calendario correspondiente (semestre), que coincidiera con el periodo
escolar para el cual fue contratado el educador. Lo anterior con excepción de los
docentes Tenjo Beltrán Jorge William, Vargas Hernández C. Asdraldo, Yurivilca
Aguilar Sheyla Lisseth, Apaza Niño Daniel, Ayala Álvarez Hernán, Rivera Soler
David Alfonso, Vargas Ruiz Jairo Arturo, Barbosa Torres José Jaime y Amado
Hernández, respecto de quienes no se puede entender que estuvieron vinculados en
el periodo escolar.
En relación con la improcedencia de los ajustes relacionados con el señor Pedro
Elías Ribero Tobar, de quien se afirma que «no era un docente sino que fue vinculado
para desempañar el cargo de Director del Consultorio Jurídico de la demandante»66, para la
Sala, dicho argumento contrasta con las pruebas aportadas al expediente, en las
que consta que en el primer semestre del año 2013 celebró con la demandante un
contrato de trabajo por duración de labor para docente universitario pactándose
como labor contratada la de docente cátedra B, con fecha de inicio de labores 1º de
febrero de 2013 hasta el 12 de junio siguiente, que coincide con el periodo
académico de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
66
Fl. 541 c.p. 1.
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Si bien es cierto, existe un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año entre
las citadas partes, para desempeñar el cargo de director de Consultorio Jurídico, su
fecha de inicio era el 2 de diciembre de 2013 y de finalización el día 19 del mismo
mes y año, de modo que no son procedentes los argumentos propuestos por la
demandante.
Por lo anterior, prospera parcialmente el cargo de apelación, en tanto que lo
procedente es ordenarle a la UGPP que elimine los mayores valores determinados
en relación con los docentes a los que se hizo referencia con anterioridad.
Ajustes por concepto de novedades (vacaciones disfrutadas y compensadas,
licencias, suspensiones e incapacidades)
El Tribunal concluyó que la parte demandante no liquidó en debida forma los
aportes al sistema de la protección social en salud y pensión de los trabajadores
que disfrutaron vacaciones, porque no tuvo en cuenta el último IBC reportado con
anterioridad al disfrute del descanso. Así mismo, que el valor de las vacaciones
disfrutadas y las compensadas en dinero hacen parte de la base gravable para
pagar aportes al SENA, ICBF y CCF, pero que la parte actora no las incluyó. Por
esos motivos confirmó los ajustes.
La demandante sostiene que el Tribunal no se pronunció sobre el pago de los
aportes en los periodos de licencias, suspensiones e incapacidades, pero reconoce
que la UGPP en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración aceptó
que erró al incluir o duplicar los valores que conforman el IBC, entre el salario
devengado y lo pagado por concepto de vacaciones, incapacidades o licencias, y
eliminó los mayores valores determinados, pero ello no ocurrió frente a la totalidad
de trabajadores que recibieron pagos por dichos conceptos, en quienes concurrían
los mismos supuestos de hecho y de derecho.
Se observa que la actora no identificó los trabajadores quienes, a su juicio, se
encontraban en igualdad de condiciones frente a los que la UGPP eliminó los
aludidos ajustes, carga que le correspondía asumir, para que la Sala pudiera
verificar tal circunstancia.
En efecto, quien pretenda la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial, debe
probar en sede jurisdiccional, la realidad de los hechos descritos en las
autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social, así como las
irregularidades en las que haya podido incurrir la UGPP. Sobre el particular, se ha
expuesto que: «el contribuyente que pretenda la declaratoria de nulidad de la liquidación
oficial deberá probar, en sede jurisdiccional, la verdad de los hechos descritos en la
declaración privada. En otras palabras, en sede judicial, la carga de la prueba también
recae principalmente en el administrado, puesto que, tal y como sucede en el trámite
administrativo, se encuentra en mejor posición para demostrar la veracidad de los hechos
que plasmó en la declaración privada»67.
67
Crf. sentencias del 13 de diciembre de 2017, Exp. 19747, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 26 de agosto de 2012,
Exp. 24735, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación.
Excepción de inconstitucionalidad respecto del cobro de intereses
moratorios
El fundamento de la excepción de inconstitucionalidad o el control de
constitucionalidad por vía de excepción se encuentra en el artículo 4 de la
Constitución Política que prevé que «[l]a Constitución es norma de normas. En todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales […]».
Este tipo de control lo puede realizar el juez o la autoridad administrativa cuando se
tenga que aplicar una norma jurídica en un caso concreto y, procede tanto de oficio
como a solicitud de parte, siempre que se advierta que en una situación concreta se
presenta una ostensible contradicción entre una norma de rango legal y otra
constitucional, caso en el cual, se opta por la aplicación de esta última con el
propósito de salvaguardar la supremacía de la Constitución y el orden jurídico.
Es oportuno precisar que la norma legal o reglamentaria que se inaplique por
inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que
los efectos del control por vía de excepción son inter partes, pues solo se aplican
para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera
contraria a la Constitución68.
De manera que, se trata de un instrumento que se usa con el fin de salvaguardar, en
un caso concreto y con efecto inter partes, las garantías constitucionales que se
pueden ver involucradas por la aplicación de una norma de inferior jerarquía, que de
forma clara y evidente es contraria a la Constitución Política.
Para la parte demandante, la obligación de pagar intereses moratorios sobre los
aportes retroactivos a cargo del empleador contradice los postulados de igualdad y
el debido proceso, porque la planilla PILA aplica automáticamente los intereses sin
tener en cuenta que en algunos casos no se incumple con el pago oportuno de los
aportes. Por lo que, a su juicio, es procedente aplicar la excepción de
inconstitucionalidad sobre los intereses moratorios.
Al respecto, se advierte que la obligación de pagar los intereses de mora que surge
cuando se cotiza al sistema con posterioridad al plazo, está prevista en el artículo
23 de la Ley 100 de 1993, que establece que «[los] aportes que no se consignen
dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del
empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios […]».
68
En ese sentido, Cfr. la sentencia C-122 de 2011. La Corte Constitucional ha precisado que una norma que haya sido
exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular, puede ser demandada ante la Corte
Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con
efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no.
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
De igual forma, en el artículo 28 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la
anterior ley, se dispuso que «[s]in perjuicio de las demás sanciones que puedan
imponerse por la demora en el cumplimiento de la obligación de retención y pago, en
aquellos casos en los cuales la entrega de las cotizaciones se efectúe con posterioridad al
plazo señalado, el empleador deberá cancelar intereses de mora a la tasa que se
encuentre vigente por mora en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios.
Dichos intereses de mora, deberán ser autoliquidados por el empleador, sin perjuicio de las
correcciones o cobro posteriores a que haya lugar […]».
En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006, prevé que
«[…] los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y
contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar
intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario […]».
En igual sentido, el inciso final del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, establece
que «en las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora [a] la
misma tasa vigente para efectos tributarios».
La Sala precisa que las cotizaciones son el pago mensual que durante la vida
laboral debe efectuar el afiliado equivalente a un porcentaje de los ingresos que
percibe, recursos que son verdaderas contribuciones parafiscales y que constituyen
la fuente de financiamiento del sistema de la protección social.
En cuanto a la forma como deben efectuarse las cotizaciones, tratándose de
trabajadores dependientes, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 señala que «[e]l
empleador será el responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su
servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el
monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya
autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el
trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el
efecto determine el Gobierno […]».
Como se observa, en casos como el presente, por disposición legal, proceden los
intereses de mora ante el incumplimiento de pagar los aportes dentro de los plazos
establecidos por el Gobierno, precisándose que la norma no distingue o hace
salvedad respecto de alguna situación particular que le permita al obligado
sustraerse del pago de los citados intereses.
Para la Sala, la sola mención a la presunta violación del derecho a la igualdad y al
debido proceso no es suficiente para que prospere la aludida excepción, puesto
que es necesario que quien la invoca asuma la debida carga argumentativa, sobre
la evidente contradicción entre una norma legal y otra constitucional que lleve al
juez a aplicar esta última con el propósito de salvaguardar la supremacía de la
Constitución y el ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación.
Suspensión de los intereses moratorios (artículo 634-1 del ET)
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
En relación con la pretensión subsidiaria D)69, que no fue resuelta por el Tribunal, la
Sala advierte que las normas del Estatuto Tributario que son aplicables a los
procesos de liquidación oficial de competencia de la UGPP, por disposición del
penúltimo inciso del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, son las contenidas en el
Libro V, Títulos I, IV, V y VI acápites en los que no se encuentra el artículo 634-1
del ET70, cuya aplicación solicita la demandante para efectos de la suspensión de
los intereses moratorios después de los dos años de admitida la demanda, pues
aquél se ubica en el Título III del Libro V del Estatuto Tributario, al que no remitió el
legislador para los casos de contribuciones administradas por la UGPP.
Se precisa que, solo con la expedición y entrada en vigor del artículo 278 de la Ley
1819 del 29 de diciembre de 201671, por el que se modificó el artículo 634 del ET,
procede la suspensión de intereses moratorios en sede judicial, para los procesos
en los que sea parte la UGPP, salvo aquellos intereses generados por los aportes
determinados en el Sistema General de Pensiones72. Disposición que no aplica al
caso concreto, por ser posterior a la fecha en la que se admitió la demanda (20 de
octubre de 2016), presupuesto del que parte la aludida norma para que proceda la
suspensión de los intereses de mora cuando se demanda la legalidad de los actos
administrativos proferidos por la citada entidad.
Por lo anterior, no procede esta pretensión.
En conclusión, se modificará la sentencia apelada, en tanto que, si bien procede la
declaratoria de nulidad parcial de los actos administrativos demandados, como lo
dispuso el Tribunal, el restablecimiento del derecho, conforme a lo analizado en esta
providencia, corresponde al siguiente: (i) declarar la firmeza de las autoliquidaciones
de aportes al sistema de la protección social presentadas por la Fundación
Universitaria Los Libertadores por los períodos de enero a diciembre del año 2011,
(ii) ordenar a la UGPP que reliquide los aportes eliminando los pagos efectuados por
la demandante con las planillas de corrección, respecto del periodo enero a
diciembre de 2013 y (iii) ordenar a la UGPP que excluya los mayores valores
determinados por los trabajadores Tenjo Beltrán Jorge William, Vargas Hernández
C. Asdraldo, Yurivilca Aguilar Sheyla Lisseth, Apaza Niño Daniel, Ayala Álvarez
Hernán, Rivera Soler David Alfonso, Vargas Ruiz Jairo Arturo, Barbosa Torres José
Jaime y Amado Hernández, eliminación de ajustes que se deberán ver reflejados en
69
«D. Solicito se ordene la suspensión de los intereses moratorios a cargo de mi representada por los saldos de aportes que
se encuentre obligada a pagar, en los términos del artículo 634-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 69 de la Ley
383 de 1997, en consonancia con los artículos 23 y 161 de la Ley 100 de 1993».
70
Esta norma fue derogada por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. Respecto de la suspensión de intereses moratorios,
disponía: «ARTÍCULO 634-1. Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en
que quede ejecutoriada la providencia definitiva».
71
Publicada en el Diario Oficial nro. 50.101 del 29 de diciembre de 2016.
72
El parágrafo 2 del artículo 278 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 634 del ET, dispone: «PARÁGRAFO
2o. Después de dos (2) años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante,
y los intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta la fecha en que quede
ejecutoriada la providencia definitiva.
Lo dispuesto en este parágrafo será aplicable a los procesos en que sea parte la UGPP salvo para los intereses generados por
los aportes determinados en el Sistema General de Pensiones.
La suspensión de intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de que trata el presente
parágrafo, aplicará únicamente en los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuya admisión de la
demanda ocurra a partir del 1º de enero de 2017» [Se subraya].
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
la sanción por inexactitud. Adicionalmente, se negarán las demás pretensiones de la
demanda.
En relación con las costas, se mantendrá lo resuelto por el Tribunal, en tanto que no
fue objeto del recurso de apelación.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
1. MODIFICAR la sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, la cual quedará
así:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro.
RDO 84 del 9 de febrero de 2015, expedida por la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la UGPP contra la Fundación Universitaria
Los Libertadores, por mora e inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social, por
los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013, y se
sanciona por inexactitud por la vigencia 2013, y de la Resolución nro. RDC 042
del 5 de febrero de 2016, por la que la Dirección de Parafiscales de la UGPP
resolvió el recurso de reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido
para disminuir el valor de los aportes y de la sanción.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho: (i) DECLARAR la firmeza
de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social
presentadas por la Fundación Universitaria Los Libertadores por los períodos de
enero a diciembre del año 2011, (ii) se le ordena a la UGPP que reliquide los
aportes eliminando los pagos efectuados por la demandante con las planillas de
corrección, respecto del periodo enero a diciembre de 2013 y (iii) se le ordena a
la UGPP que excluya los mayores valores determinados por los trabajadores
Tenjo Beltrán Jorge William, Vargas Hernández C. Asdraldo, Yurivilca Aguilar
Sheyla Lisseth, Apaza Niño Daniel, Ayala Álvarez Hernán, Rivera Soler David
Alfonso, Vargas Ruiz Jairo Arturo, Barbosa Torres José Jaime y Amado
Hernández, eliminación de ajustes que se deberán ver reflejados en la sanción
por inexactitud.
TERCERO: Sin condena en costas en primera instancia.
37
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01359-01 [24131]
Demandante: Fundación Universitaria Los Libertadores
2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. RECONOCER personería para actuar como apoderada de la UGPP a la
abogada Martha Isabel Sierra Esteban, en los términos y para los efectos del poder
visible en el folio 523 del expediente.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara el voto
38
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.