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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01460-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01460-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandada y en favor de la sociedad AIRES S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $2.240.706 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandada. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-37-000-2016-01460-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho
Actora: AIRES S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE NO PODÍA
EFECTUAR LA REVISIÓN O RELIQUIDACIÓN DE LA TASA DE
VIGILANCIA PARA LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, A LA ACTORA,
TOMANDO COMO FUNDAMENTO DISPOSICIONES QUE YA HABÍAN SIDOS
DECLARADAS INEXEQUIBLES POR SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y

TRANSPORTE, contra la sentencia de 13 de mayo de 2021,

proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de

la demanda.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La sociedad AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.-

AIRES S.A.- AIRES S.A.1, por medio de apoderado judicial y en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda

ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

(i) Resolución 21021 del 16 de octubre de 2015, por medio
de la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte
expidió Liquidación Oficial de Revisión ordenando el pago
del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y
2014 en cuantía de $500.982.411 y $619.370.569 pesos
m/cte, respectivamente.

(ii) Resolución 2139 del 21 de enero de 2016, por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto por AIRES
contra la resolución 21021 del 16 de octubre de 2015
relativa a la Liquidación oficial (sic) de Revisión del pago de
la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 a 2014.

(iii) Acto Ficto negativo como consecuencia de la no
respuesta por parte de la Superintendencia de Puertos y
Transporte al recurso de apelación elevado en subsidio del
recurso de reposición ante el Superintendente de Puertos y
Transporte

3.2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, se declare que AIRES no está
obligado a pagar los mayores valores determinados y
exigidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
habida cuenta nos encontramos frente a un pago de lo no
debido. […]”.

1
En adelante AIRES S.A.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1º. La Ley 1ª de 10 de enero de 19912, en su artículo 27, numeral

27.2, estableció como función de la Superintendencia General de

Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, la de

cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios por

concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le

correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de

funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría

General de la República.

2º. El artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 3 amplió el

cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1°, a la

totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la

Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y

gastos que ocasione su funcionamiento y/o inversión.

Adicionalmente, dicha norma estableció que aquellos sujetos a los

cuales se les amplió el cobro de la tasa pagarían por ese concepto

una tasa por la parte proporcional que le correspondiera según sus

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“Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

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ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la

inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no

podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

3º. Indicó que, de esta forma, la Ley 1450 amplió el cobro de la

tasa de vigilancia que le correspondía recaudar a la

Superintendencia de Puertos y Transporte a la totalidad de los

vigilados y señaló expresamente los elementos del tributo mediante

una fórmula para la liquidación de la tasa, aplicable únicamente a

los sujetos a quienes se les amplió el cobro de este tributo.

4º. Que el Ministerio de Transporte expidió las resoluciones núms.

10225, 05150 y 04188, por medio de las cuales se fijó, para los

años 2012, 2013 y 2014, la tarifa por concepto de la tasa de

vigilancia que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y

Transporte, la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y

control para esas vigencias fiscales.

5º. Que las resoluciones citadas tomaron como fundamento, los

elementos estructurales dados por el artículo 89 de la Ley 1450

para la determinación de la tasa para los nuevos sujetos vigilados,

específicamente, la base gravable para aplicación de la tarifa y la

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destinación de la misma, las cuales, en violación del principio de

igualdad, incluían los costos y gastos de inversión de la

Superintendencia.

6º. Que el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional profirió la

sentencia C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la

inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso

primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa

misma disposición.

7º. Destacó que la Corte Constitucional, en la referida sentencia,

precisó que la inclusión de los gastos de inversión dentro de la base

gravable de los nuevos vigilados generó una sobrecarga adicional

respecto de los antiguos, al asociar el tributo no solo a la

recuperación de los gastos en los cuales incurre la Superintendencia

de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la

productividad y desarrollo de la entidad, trato diferencial que no

tenía sustento alguno en la ley que estableció el tributo ni en sus

antecedentes, lo cual vulneraba el principio de igualdad en materia

tributaria y desconocía la Constitución Política.

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Actora: AIRES S.A.

8º. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió

la Resolución núm. 21021 de 16 de octubre de 2015,

mediante la cual expidió liquidación oficial de revisión, ordenando a

la actora el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias

2013 y 2014, por la suma de $500.982.411 y $619.370.569,

respectivamente.

9º. Indicó que el 5 de noviembre de 2015 presentó recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.

21021 de 16 de octubre de 2015.

10º. El recurso de reposición fue decidido mediante la Resolución

núm. 2139 de 21 de enero de 2016, en la cual se resolvió

confirmar el acto recurrido.

11º. El 15 de septiembre de 2016, la entidad demandada, de

manera extemporánea, expidió la Resolución núm. 49201 en el

sentido de confirmar la anterior decisión.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la

violación de los artículos 29, 83, 95, numeral 9, 150, numeral 12,

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230, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 86 y 91 de la Ley

1437 de 18 de enero de 20114; y 686 del Estatuto Tributario.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

.PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 86 DEL CPACA –
TÉRMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN
INTERPUESTO – Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.

Alegó que la autoridad demandada expidió la Resolución núm.

49201 de 15 de septiembre de 2016, por medio de la cual

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución

núm. 21021 de 16 de octubre de 2015, de manera

extemporánea, esto es, después de transcurrido el término de dos

(2) meses, previsto en el artículo 86 de la Ley 1437, lo cual denota

una vulneración del derecho al debido proceso, al hacer caso omiso

a los términos previstos en la normativa procesal.

. SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL NUMERAL 12 DEL
ARTÍCULO 150 Y EL ARTÍCULO 338 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA – PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS –
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 243 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS COSA JUZGADA

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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.

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CONSTITUCIONAL Y EFECTO DE LA INEXEQUIBILIDAD DE
UNA NORMA.

Adujo que al declararse la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley

1450, mediante sentencia C-218 de 2015, en lo relativo a los

elementos estructurales de la tasa de vigilancia (base gravable y

tarifa) exigible a los nuevos vigilados, la disposición se hace

inaplicable por ser contraria a la Constitución Política.

Resaltó, igualmente, que al haberse declarado la inexequibilidad del

segundo inciso del artículo 89 de Ley 1450, “[…] la obligación de

pago, la base gravable, la destinación (cubrir costos y gastos de

inversión) y la tarifa tope, devienen en inaplicables al ser contrarios

a la Constitución Nacional. […]”.

Indicó que la Superintendencia demandada insistía en que, como la

sentencia proferida por la Corte Constitucional tenía efectos hacia

futuro, era viable liquidar y cobrar un tributo que fue declarado

inexequible, en lo que respecta a los elementos de su esencia, con

lo cual olvidó que al declararse inexequibles esos elementos, la tasa

de vigilancia no podía ser aplicada “[…] so pena imponer un tributo

que carece de sustento legal y por tanto violatorio del principio de

legalidad y predeterminación de los tributos […]”.

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Actora: AIRES S.A.

Señaló que como resultado de haberse proferido la sentencia C-218

de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se declaró la

inexequibilidad de la norma que establecía los elementos del tributo

para los nuevos vigilados, los elementos esenciales de la tasa de

vigilancia desaparecieron, razón por la cual al exigirse su pago por

los años 2013 y 2014, sin una norma que lo fundamente, se

desconoció el principio de legalidad y predeterminación de los

tributos.

Afirmó que no es posible, como lo pretendían los actos

administrativos acusados, aplicar la Ley 1ª, toda vez que, conforme

a su artículo 27, numeral 27.2, tal disposición va dirigida a aquellos

inicialmente vigilados por la Superintendencia de Puertos y

Transportes, esto es, las sociedades portuarias y los operadores

portuarios, la cual no se podía extender a los nuevos vigilados,

teniendo en cuenta que para los nuevos vigilados existía una

disposición expresa que, insistió, fue declarada inexequible.

Argumentó que el cobro efectuado por la Superintendencia de

Puertos y Transporte desconoció los efectos erga omnes de los fallos

de inexequibilidad y, en consecuencia, el artículo 243 de la

Constitución Política sobre la cosa juzgada constitucional.

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. TERCER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 91 DEL CPACA –
PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS – INEXISTENCIA DE SITUACIONES
JURÍDICAS CONSOLIDADAS – DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL.

Señaló que el artículo 91 del CPACA establece la pérdida de fuerza

ejecutoria de los actos administrativos y destacó que las

resoluciones que desarrollaron el artículo 89 de la Ley 1450, esto

es, las resoluciones núms. 10225 de 2012, 05150 de 2013 y 04188

de 2014, fundamento de los actos acusados, perdieron su fuerza

ejecutoria y, por tanto, no podían ser sustento jurídico del cobro de

la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014, pues desaparecieron

los fundamentos jurídicos en el que se sustentaron, y que no es

otro que los apartes declarados inexequibles del artículo 89 de la

citada Ley.

Alegó que existía falsa motivación en la afirmación de la entidad

demandada, consistente en que persistían los fundamentos de

derecho y se estaba ante situaciones jurídicas consolidadas, toda

vez que al desaparecer el fundamento legal de las resoluciones en

que se sustentó el cobro de la tasa de vigilancia, la actora podría

solicitar la devolución de las sumas pagadas como un pago de lo no

debido.

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Adujo que los actos administrativos demandados incurrieron en un

vicio de nulidad “[…] al partir de una falsa premisa, cual es la

inexistencia de la pérdida de ejecutoria de los actos sustento del

cobro de la tasa 2013 y 2014 y la supuesta ocurrencia de una

situación jurídica consolidada, que como se demostró no se

presenta en este caso […]”, con lo cual se presenta el vicio de falsa

motivación, al aplicar erróneamente los fundamentos jurídicos que

soportan las actuaciones administrativas.

Sostuvo que los actos administrativos acusados estaban falsamente

motivados, en razón a que la Superintendencia de Puertos y

Transporte expuso argumentos de derecho que no correspondían a

la realidad, cobrando la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014,

pese a que desapareció del ordenamiento jurídico, la norma que

determinaba los elementos estructurales del tributo para los nuevos

vigilados, aplicándolos de manera arbitraria y con desconocimiento

del principio de legalidad y los efectos de la sentencia de

inconstitucionalidad, “[…] aduciendo como único sustento legal, la

ampliación del cobro de la tasa a otros vigilados (nuevos sujetos

pasivos) […]”.

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. CUARTO CARGO: VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 83, 95-9 Y
363 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL 683 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO.

Indicó que la Superintendencia de Puertos y Transporte desconoció

la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450,

al aplicar los elementos estructurales de una ley previa que no le

era aplicable, con lo cual violó los artículos 58, 83, 95, numeral 9, y

363 de la Constitución Política, así como el artículo 683 del Estatuto

Tributario.

Sostuvo que el principio de justicia se debe aplicar a toda actuación

de la administración y que se desconoce cuando se le exige al

contribuyente un tributo más de lo que la ley ha querido que

coadyuve a las cargas públicas.

Que, en el presente caso, se exigió un mayor valor de una tasa con

base en una norma declarada inexequible y se aplicaron actos

administrativos que perdieron ejecutoria, lo cual trajo como

consecuencia una carga desproporcionada, confiscatoria e

injustificada que no debió soportar.

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Anotó que al exigírsele un mayor valor de la tasa de vigilancia por

los períodos en discusión se desconocieron los principios de

equidad, eficiencia y progresividad, previstos en el artículo 363 de

la Constitución Política.

Advirtió que el cobro pretendido por la administración resulta

arbitrario y abusivo, pues se exigió el pago de unas sumas que no

le pertenecen, lo cual conllevaría un enriquecimiento sin causa a

favor del Estado, en detrimento de los vigilados por la

Superintendencia de Puertos y Transporte.

Afirmó que los actos administrativos demandados desconocieron los

artículos 83 y 95, numeral 9, de la Constitución Política, en razón a

que exigir un mayor valor de la tasa de vigilancia constituiría un

desconocimiento del principio de la buena fe a favor de los

particulares y, adicionalmente, una “[…] expropiación de facto […]”.

. QUINTO CARGO: VÍA DE HECHO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte, al expedir

la liquidación oficial de revisión, incurrió en irregularidad grave y

manifiesta, que atenta contra los derechos de los administrados y el

ordenamiento jurídico, al estar sustentada en actos administrativos

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cuyo fundamento legal fue declarado inexequible por la Corte

Constitucional y, por tanto, habían perdido su fuerza ejecutoria.

Adujo que la entidad demandada incurrió en manifiesta vía de

hecho: i) al realizar una liquidación sustentada en apartes del

artículo 89 de la Ley 1450, declarados inexequibles por la Corte

Constitucional; ii) al realizar una actuación sin fundamento legal y

sin competencia; y, iii) al expedir decisiones que carecen de

fundamento legal y regulatorio y, en consecuencia, en

“desobediencia” de la Constitución Política y la ley.

I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, mediante

apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de

las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Que, respecto de las decisiones de constitucionalidad o

inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede, en casos muy

concretos y puntuales, proferir sentencias interpretativas,

integradoras y de exequibilidad temporal diferida, realizando una

ponderación entre el principio de la supremacía de la Constitución

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Política, el cual aconseja atribuir efectos retroactivos o ex nunc a la

decisión.

Que el artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 5 dispone

que, por regla general, las decisiones proferidas en desarrollo del

control judicial de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro,

a menos que la jurisdicción constitucional resuelva lo contrario,

disposición que fue declarada exequible mediante la sentencia C-

444 de 2011.

Expresó que la sentencia C- 218 de 2015 no señaló que los efectos

de la decisión fueran ex nunc y, por tanto, los actos

administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte, por los

cuales se estableció el pago de la tasa de vigilancia para las

vigencias 2012, 2013 y 2014, y la Resolución núm. 21021 de

16 de octubre de 2015 se encuentran vigentes y gozan de

legalidad.

Manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante

auto de 31 de mayo de 2016, dentro del expediente núm. 2016-

00011, aclaró los efectos de la sentencia C-218 de 2015,

señalando que la Corte Constitucional no declaró la inexequibilidad
5
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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total del artículo 89 de la Ley 1450, sino de algunos de sus

apartes, de tal forma que la ampliación del cobro de la tasa de

vigilancia a todos los sujetos vigilados se encontraba ajustada a la

Constitución Política.

Adujo que los actos administrativos acusados se fundamentaron en

“[…] el mismo andamiaje jurídico que el Consejo de Estado declaró

válido […]”, por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 no afectó las

liquidaciones de revisión demandadas.

Indicó que había respetado todas las garantías constitucionales de

la parte demandante, entre estas, el principio de legalidad y el

debido proceso administrativo.

Argumentó que, contrario a lo señalado por la parte actora, los

actos acusados no han perdido su ejecutoriedad, ya que los

artículos 2º, numeral 2, y 6.4. del Decreto 087 de 17 de enero de

20116 fijaron la tarifa que, por concepto de tasa de vigilancia,

debían pagar todos los vigilados de la Superintendencia

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“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de
sus dependencias”.

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demandada para la vigencia de los años 2012, 2013 y 2014, en

aplicación de los artículos 27 de la Ley 1º y 89 de la Ley 1450. Por

lo tanto, los actos acusados tuvieron sustento en una normatividad

suficiente, que determinó sujeto activo, sujeto pasivo, hecho

generador -servicio prestado-, tarifa y base gravable, razón por la

cual ostentan una presunción de legalidad que no ha sido

desvirtuada.

Expresó que en el caso bajo examen se presenta una situación

jurídica consolidada, toda vez que la Superintendencia de Puertos y

Transporte, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, de

conformidad con los ingresos brutos del año fiscal inmediatamente

anterior y en virtud de las leyes 1ª y 1450, estableció los plazos

para el pago de la tasa de vigilancia para los años 2013 y 2014, a

través de las resoluciones núms. 015372 de 6 de diciembre de

2013 y 30527 de 18 de diciembre de 2014, respectivamente.

Precisó que la consolidación de la situación jurídica acaeció el 31

de diciembre de cada año fiscal, según sus ingresos brutos, fecha

en la cual nació la obligación de las empresas a pagar la tasa en

virtud del numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª.

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Finalmente, alegó que los actos acusados no adolecen de falsa

motivación y de la existencia de una vía de hecho por parte de la

autoridad administrativa, toda vez que se fundamentaron bajo

criterios de legalidad, certeza de hechos y apreciación razonable; y

en todo momento se respetó el principio de legalidad y las

garantías procesales previstas en la Constitución Política y en la Ley

1437.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 13 de mayo de 2021, la Sección Cuarta,

Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró

la nulidad de las resoluciones núms. 21021 de 16 de octubre de

2015, 02139 de 21 de enero de 2016 y 49201 de 15 de

septiembre de 2016 acusadas; y ordenó, a título de

restablecimiento del derecho, declarar que la sociedad AIRES S.A.

no está obligada a pagar los mayores valores determinados por la

Superintendencia de Puertos y Transporte, en los actos

administrativos que se anulan, con base en los razonamientos que

pueden resumirse así:

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

Que la sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 de la Corte

Constitucional, que declaró inexequibles la expresión “y/o inversión”

y todo el segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450, produce

efectos hacia el futuro o ex nunc, toda vez que en su parte resolutiva

no indica una condición temporal de cumplimiento.

Señaló que teniendo en cuenta dichos efectos y que todos los

elementos esenciales de la tasa de vigilancia de los años 2012 a 2014

fueron fijados por el Ministerio de Transporte a través de las

resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de

16 de diciembre de 2014, las cuales tuvieron como fundamento la

Ley 1a y el artículo 89 de la Ley 1450 y que esta última norma era

aplicable en su totalidad para las vigencias 2012 a 2014 para el pago

de dicha tasa, ya que su declaratoria parcial de constitucionalidad se

efectuó con posterioridad a esos años gravables, las citadas

resoluciones surtieron plenos efectos antes de su expedición.

Indicó que si bien las resoluciones demandadas corresponden a la

revisión del incumplimiento parcial del pago por concepto de la tasa

de vigilancia a cargo de la actora para las vigencias 2013 y 2014 y

tuvieron como fundamento las resoluciones del Ministerio de

Transporte, cuyo sustento normativo es el artículo 89 de la Ley 1450,

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

que para el momento de expedición de los actos acusados había sido

declarado parcialmente inconstitucional, contrario a lo señalado por la

demandada, la entidad demandada no podía sustentar la

determinación de la obligación tributaria para esos años en una

norma que ya había desaparecido del ordenamiento jurídico.

Sostuvo que, en consecuencia, la Superintendencia de Puertos y

Transporte, teniendo en cuenta el efecto ex nunc de la declaratoria

de inexequibilidad, debió acatar la declaratoria de

inconstitucionalidad del artículo 89 de la Ley 1450 y no determinar en

el año 2015 el pago de la tasa de vigilancia a la actora, respecto de

las vigencias 2013 y 2014, tomando como base normativa una

disposición contraria a la Constitución Política.

Agregó que al no existir en el mundo jurídico el artículo 89 de la Ley

1450 y no producir efecto legal alguno por su declaratoria de

inconstitucionalidad parcial, los actos administrativos demandados no

tienen fuerza ejecutoria.

Concluyó que las resoluciones acusadas, al ser posteriores a la fecha

de la sentencia de inconstitucionalidad parcial del artículo 89 de la

Ley 1450, carecen de sustento legal, lo que deviene en la pérdida de

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su fuerza ejecutoria, pues se basaron en una norma que no producía

efecto legal alguno por haber sido declarada inexequible y, por ello,

la Superintendencia de Puertos y Transporte no podía con

fundamento en dicha norma determinar la obligación tributaria a

cargo de la sociedad actora para los años 2013 y 2014, ya que dicha

Liquidación Oficial de Revisión implicó la aplicación de una norma que

había sido eliminada del ordenamiento jurídico.

Por último, no ordenó condenar en costas, por cuanto la parte

interesada no demostró sumariamente la causación de éstas,

presupuesto necesario para poder establecer el pago de este

concepto.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada fincó su inconformidad, en esencia, así:

Resaltó que los efectos de la sentencia C-218 de 2015 eran hacia el

futuro, por lo cual no se podían afectar las situaciones jurídicas

consolidadas, pues los actos administrativos acusados corresponden

a revisiones o reliquidaciones que efectuó para las vigencias fiscales

2013 y 2014, en las cuales encontró que se habían efectuado pagos

ostensiblemente menores a los que correspondía.

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Expresó que la Resolución núm. 21021 de 16 de octubre de

2015 no fijó la tarifa de la tasa de vigilancia para las vigencias

2013 y 2014. Por el contrario, es el producto de la revisión que la

entidad demandada efectuó respecto de los pagos que, por

concepto de tasa de vigilancia, hizo la demandante de las vigencias

2013 y 2014, encontrando que había cancelado menores valores y

desde luego dispuso que se pagara la diferencia no pagada y que se

constituyó como un saldo pendiente de pago.

Señaló que es claro que la Corte Constitucional no moduló el

sentido de la decisión adoptada de la sentencia C-218 de 2015, por

lo cual es claro que los efectos se aplicarán a futuro y no desde

siempre. Es por ello que al ser la Resolución núm. 21021 de 16

de octubre de 2015 un acto de revisión y cobro de saldos no

pagados por las vigencias 2013 y 2014, tendría sustento en actos

administrativos expedidos antes de la citada providencia judicial,

esto es, las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013

y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de

Transporte.

Sostuvo que se presentó una situación consolidada, en razón a que

los actos administrativos antes indicados y por los cuales el

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Ministerio de Transporte fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia

para las vigencias 2013 y 2014, al ser expedidos con anterioridad al

22 de abril de 2015, tienen plena aplicación y vida en el mundo

jurídico, por lo cual no se pueden eliminar ni modificar,

retrotrayendo los efectos de la sentencia C-218 de 2015. Es así

como se hace claro que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente

en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial

dispuesta en la sentencia C-218, es decir, hasta el 22 de abril de

2015, por lo que sus efectos son hacia futuro y no, como

erradamente lo consideró el a quo, al declarar la nulidad, pues le

otorgó efectos desde siempre.

Indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015,

declaró la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de

la tarifa de la tasa de vigilancia, respecto de los nuevos vigilados,

de los gastos de inversión de la entidad, pero tal declaratoria no se

extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la totalidad de los

sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte,

razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del

ordenamiento jurídico.

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Manifestó que con la sentencia C-218 de 2015 no se afectan las

situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos

acusados tenían como objeto la revisión de pagos por menores

valores, pagados por la demandante respecto de las vigencias

fiscales 2013 y 2014, considerando que lo contrario implicaría el

desconocimiento de la seguridad jurídica, en tanto que la

administración aplicó con rigor el articulo 89 de la Ley 1450 y las

fórmulas de liquidación establecidas por el Ministerio de Transporte,

bajo la norma legal vigente.

Alegó que los actos administrativos demandados no perdieron

fuerza ejecutoria, toda vez que la obligación establecida en la Ley

1ª y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 no perdió vigencia

con el fallo de constitucionalidad, ya que esta decisión solamente

deslegitimó la desigualdad entre los nuevos y antiguos vigilados.

Anotó que el porcentaje de tasa de vigilancia era determinado por

el Ministerio de Transporte, a través de actos administrativos de

carácter general, que corresponden a las resoluciones núms. 05150

de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014,

los cuales no han sido retirados del ordenamiento jurídico y gozan

de plena legalidad.

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La parte actora solicitó confirmar la sentencia de primera

instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la

demanda, en el sentido de que no hay lugar a exigir el pago de un

mayor valor de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014, que

se fundamentó en una norma declarada inexequible.

IV.-2. La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

solicitó que se revoque la sentencia apelada, para lo cual reiteró los

mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación.

IV.3.- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Actos demandados

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 21021 de 16 de octubre de 2015, “Por la

cual se expide liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de

Vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014, a la empresa

AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A.

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identificada con NIT. 890704196-6”; 02139 de 21 de enero de

2016, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto

por AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.- AIRES S.A.

[…] identificada con NIT. 890.704.196-6, contra la Resolución

21021 del 16 de octubre de 2015”; expedidas por la secretaria

general de la Superintendencia de Puertos y Transporte; y 49201

de 15 de septiembre de 2016, “POR LA CUAL SE RESUELVE EL

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA

RESOLUCIÓN NO. 21021 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, POR

MEDIO DE LA CUAL EXPIDE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

DEL PAGO DE LA TASA DE VIGILANCIA ENTRE LAS VIGENCIAS

2012 A 2014, A LA EMPRESA AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN

REGIONAL S.A. identificada con NIT. 890704.196-6”, emanada del

Superintendente de Puertos y Transporte.

Al respecto, la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las citadas

resoluciones acusadas y, a título de restablecimiento del derecho,

ordenó que la sociedad actora no está obligada a pagar los mayores

valores determinados por la Superintendencia de Puertos y

Transporte, por concepto de la tasa de vigilancia correspondiente a

los períodos 2013 y 2014, en la medida en que los actos demandados

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
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al ser posteriores a la fecha de la sentencia C-218 de 2015 de

inconstitucionalidad parcial del artículo 89 de la Ley 1450,

desconocieron los efectos ex nunc de esa providencia, pues se

basaron en una norma que luego de su declaratoria de

inexequibilidad no producía efecto legal alguno, por lo que la

mencionada Superintendencia no podía, con base en esa norma,

determinar la obligación tributaria a cargo de la sociedad actora para

los años 2013 y 2014, pues ello implicaba la aplicación de una norma

que había sido eliminada del ordenamiento jurídico.

Por su parte, el apelante alegó que la citada sentencia C-218 de

2015, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se

declaró la inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del

inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 y de la totalidad de su

inciso segundo, tiene efectos hacia el futuro.

Asimismo, señaló que las resoluciones demandadas únicamente

revisaron y cobraron saldos no pagados por la entidad demandada

para las vigencias 2013 y 2014, con fundamento en las resoluciones

núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de

diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte, por las

cuales se fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia correspondiente a

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esas vigencias, las cuales fueron expedidas con anterioridad a la

sentencia C-218 de 2015, por lo cual estos actos eran plenamente

aplicables y no perdieron fuerza ejecutoria, configurándose una

situación jurídica consolidada.

De conformidad con lo alegado por el apelante es del caso establecer

si a la fecha de expedición de las resoluciones demandadas, eran

aplicables los efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia

C-218 de 2015 y si existía o no una situación jurídica consolidada,

para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª dispuso que la

Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de

Puertos y Transporte, ejercerá la función de:

“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores
portuarios, por concepto de vigilancia, una tasa por la parte
proporcional que le corresponda, según sus ingresos brutos,
en los costos de funcionamiento de la Superintendencia,
definidos por la Contraloría General de la República. […]”.

Por su parte, el artículo 89 de la Ley 1450 amplió el cobro de la

tasa, previsto en el citado artículo 27, numeral 27.2, de la Ley 1ª,

de la siguiente manera:

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“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa
establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª
de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos
que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

PARÁGRAFO. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y
Transporte para que en un plazo de 15 meses expida la
reglamentación de las características técnicas de los
sistemas de seguridad documental que deberán
implementar cada uno de los vigilados, para que se
garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al
usuario de la falsificación. […]” (Destacado fuera de texto).

Mediante sentencia C-218 de 22 de abril de 20157, la Corte

Constitucional decidió sobre la constitucionalidad del citado artículo

89 de la Ley 1450, así:

“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados en la presente sentencia, el inciso primero
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la
expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE

SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual estipula
“Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la

7
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. (E) María Victoria Sáchica Méndez, Expediente D-10445.

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Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.”.[…]” (Destacado fuera de texto).

Para adoptar dicha decisión, la Corte Constitucional sostuvo lo

siguiente:

“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro
de la tasa de vigilancia corresponde a la necesidad de
fortalecer técnica, institucional y financieramente a esa
entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de
brindar un mejor servicio, la Corte encuentra que hay una
justificación válida para ampliar el cobro de la tasa a
aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría
inequitativo que algunos de los vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con
los gastos que requiere su funcionamiento y otros, a pesar
de recibir sus servicios, no lo hicieren.

En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa
es una manifestación de la potestad que tiene el legislador
para establecer tributos, cuando ello tiene una razón lógica
y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del
servicio, bajo un criterio de equidad. Ciertamente, exigir
que todos los vigilados concurran al sostenimiento de la
entidad, también es una manifestación del principio de
igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.

No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de
2011 ni sus antecedentes, permiten justificar de
modo alguno, la necesidad de implementar dos
regímenes de liquidación de la tasa de vigilancia, esto
es, (i) la de los antiguos vigilados que se determina
con base en los gastos de funcionamiento de la
entidad; y (ii) la de los nuevos vigilados que se
establece teniendo en cuenta los gastos de
funcionamiento, pero también los de inversión de la
entidad.

En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna,
que permita comprender porque se estableció una
metodología diferencial para el cobro y el tope de la
tasa referida. Este trato diferencial tiene efectos
reales máxime si los gastos de inversión y aquellos de

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funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa a
precisarse:

[…]

A partir de ello, se concluye que, aunque el artículo 89
de la Ley 1450 de 2011, señale que amplía la tasa de
vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad
establece un nuevo tributo diferente al establecido en
el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues los nuevos
vigilados, deben concurrir a financiar los gastos de
inversión y funcionamiento, mientras que los
antiguos solamente lo están realizando sobre estos
últimos. De esta manera, si la intención del legislador
hubiese sido la de gravar a todos los vigilados con mismo
tributo, tenía a su disposición dos mecanismos para ello,
como bien lo exponen los demandantes:

“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a
todos los contribuyentes liquidar su tributo tomando como
referente únicamente los gastos de funcionamiento de la
entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª
de 1991, o

(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo,
incluyendo además de los gastos de funcionamiento, los
gastos de inversión, en la base gravable tanto de los
nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar
diferencias entre unos y otros.”8.

En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que
el legislador no pueda ampliar la base de un tributo, sino
que al hacerlo se debe ajustar a los principios de igualdad y
equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos
de funcionamiento y las de inversión, se concluye que las
inclusión (sic) de los gastos de inversión dentro de la
base gravable de los nuevos vigilados genera una
sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos,
al asociar el tributo no sólo a la recuperación de los
gastos en los cuales incurre la Superintendencia de
Puertos y Transporte en la prestación del servicio,
sino a la productividad y desarrollo de la entidad
(gastos de inversión). Este trato diferencial que no
tiene sustento alguno en la ley que consagra el
tributo ni en los antecedentes de la misma, vulnera el
principio de igualdad.

8
Folio 13.

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Actora: AIRES S.A.

Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en
razón a la capacidad contributiva de los destinatarios del
servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no es el caso del
asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011 no establece una diferencia fundada en el principio
de equidad, pues las diferencias entre los sujetos gravables
no se abordan ni se mencionan en la ley.

Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala
considera que la justificación expuesta en la Ley 1450 de
2011 según la cual la ampliación de la tasas se hace con el
fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a
la Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del
cobro de una tasa de vigilancia a los agentes vigilados”
resulta contraria a la fórmula establecida para el cobro de la
tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento
de la Superintendencia bastaba, como se expuso con la
extensión de la exigencia del gravamen a todos los vigilados
y no sólo a un grupo de ellos, razón por la cual el propósito
de la norma no guarda una relación de coherencia con el fin
utilizado.

En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó
sus competencias al ampliar el universo de vigilados que
deben concurrir con el funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida
obedece a un fin legítimo. Así las cosas, la vulneración
del principio de igualdad radica en la inclusión de los
gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados
al momento de establecer el monto de la obligación
tributaria.

Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la
potestad que le otorga la Constitución Política determine
una nueva metodología para calcular el valor en que deben
incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la
financiación de los servicios que presta esa entidad. […]”
(Destacado fuera de texto).

Ahora, en cuanto a los efectos de la sentencia C-218 de 2015,

proferida por la Corte Constitucional, se debe tener en cuenta lo

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

señalado por el artículo 45 de la Ley 270, que es del siguiente

tenor:

“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario. […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre el citado artículo 45 de la Ley 270, la Corte Constitucional, en

sentencia C-507 de 3 de diciembre de 20209, puntualizó lo

siguiente:

“[…] 46. El artículo 241 de la Carta Política le confía a la
Corte Constitucional la guarda de la integridad y la
supremacía de la Constitución. Para tales fines, prescribe
que la Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación”. A su
turno, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia señala que, por regla
general, las sentencias proferidas por la Corte tienen
efectos hacia el futuro, a menos que la Corporación
disponga lo contrario10. […]” (Destacado fuera texto)

Y en sentencia C-560 de 20 de noviembre de 201911, la Corte

precisó sobre los efectos de las decisiones que toma, en ejercicio

del control abstracto de constitucionalidad, así:

9
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expediente D-13669.

10
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera
la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Expediente núm. D-13199.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

“[…] El inciso segundo del artículo 243 de la Constitución
prohíbe a las autoridades reproducir el contenido material
de leyes declaradas inexequibles, siempre y cuando dicha
declaración se haya hecho por razones de fondo y, además,
subsistan en la Carta las normas que sirvieron para hacer el
juicio de constitucionalidad12. Conforme al primer inciso
de este artículo, en concordancia con los artículos 46
y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de
1991, se tiene que las decisiones que toma este
tribunal, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, son definitivas y obligatorias para
todos, dado su efecto erga omnes13. […]” (Destacado
fuera de texto).

Por su parte, esta Sección14, en cuanto a la fecha en que comienzan

a producir sus efectos las sentencias que declaran la

inconstitucionalidad, cuando no señalan efectos diferentes a los ex

nunc implícitos en la decisión, sostuvo:

“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con
el artículo 4515 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, las sentencias que profiera el Tribunal
Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el
futuro, salvo que la Corte resuelva lo contrario o le
señale unos específicos o diferidos efectos.

Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex
nunc implícitos en la decisión, la sentencia que declara la
inconstitucionalidad empieza a producir efectos a partir
del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de
su ejecutoria. Esta determinación en razón a la clase de control
que cumple sobre el ordenamiento jurídico y en lo previsto en

12
Cfr. Sentencia C-228 de 2002 (fundamento jurídico 6.2.), en la cual se interpreta esta prohibición.
13
Cfr., Sentencias C-220 de 2011, C-228 y 744 de 2015 y C-290 de 2019.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
octubre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación núm. 13001-23-31-000-
2003-0002-01.
15
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del
control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.” (negrilla y subrayado del texto)

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35

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

el artículo 5616 de la Ley Estatutaria, en cuanto dispone que las
sentencias tendrán la fecha en la que se adopte,
independientemente de las vicisitudes que se presenten en la
publicación del texto del fallo y de los disensos por aclaraciones
o salvamentos que se registren en su aprobación. […]”
(Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que habida

cuenta que la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte

Constitucional, no expresó modulación alguna de su decisión, es

aplicable la regla general prevista en el artículo 45 de la Ley 270,

esto es, que sus efectos son hacia el futuro y empiezan a partir

del día siguiente a la fecha de la sentencia.

Por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 al ser proferida el 22 de

abril de 2015 por la Corte Constitucional, empezó a surtir sus

efectos a partir del día siguiente a su fecha, “[…] este día

corresponde al 23 de abril de 2015 […]”17, razón por la cual a la

fecha de expedición de las resoluciones demandadas, sí eran

aplicables los efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia

16
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la
forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En
dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o
la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional
mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se
adopte.” (negrilla y subrayado del texto)
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
Asimismo, ver sentencia de 5 de mayo de 2022 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. núm. único de radicación
25000233700020160146201).

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

C-218 de 2015, que expulsaron del ordenamiento jurídico tanto la

expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el inciso

segundo del artículo 89 de la Ley 1450.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 12 de

diciembre de 202418, en la que la Sección Primera precisó lo

siguiente:

“[…] De todo lo anteriormente expuesto la Sala puede
colegir que, habida cuenta de los efectos de las sentencias
de constitucionalidad, en el caso sub examine, para la
fecha en que la Superintendencia de Puertos y
Transportes expidió la liquidación oficial de Revisión
del pago de la Tasa de Vigilancia entre las vigencias
2013 y 2014 a cargo de la parte demandante,
mediante la Resolución núm. 21025 de 16 de octubre
de 2015, lo hizo con base en disposiciones que ya
habían sido objeto de la declaratoria de
inexequibilidad por la Corte Constitucional mediante
la sentencia C-218 del 22 de abril de 2015 frente a la
expresión “y/o inversión” del inciso primero y la
totalidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley
1450, las cuales se tornaron inaplicables de manera
inmediata, como consecuencia de los efectos erga omnes
señalados en el artículo 243 de la Constitución Política y
hacia el futuro, establecidos en el artículo 45 de la Ley 270
de 1996.

126. Para la Sala, si bien la Corte Constitucional se
encuentra jurídicamente habilitada para señalar los
efectos temporales de sus sentencias, al no haberlo
hecho frente a la sentencia C-218 de 2015, debe
entenderse que los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad contenida en la misma se producen ex
nunc, esto es, desde ahora y hacia futuro, y para el
momento en que se expidieron los actos acusados tanto la
expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 ya habían sido
expulsados del ordenamiento jurídico. […]” (Destacado
fuera de texto).

Ahora, en cuanto a si existía o no una situación jurídica

consolidada, teniendo en cuenta que, a juicio del apelante, las

resoluciones demandadas únicamente revisaron y cobraron saldos

no pagados por la demandada para las vigencias 2013 y 2014, con

sustento en las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de

2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por el

Ministerio de Transporte, por las cuales se fijó el porcentaje de la

tasa de vigilancia correspondiente a esas vigencias, las cuales

fueron expedidas con anterioridad a la sentencia C-218 de 2015,

por lo cual estos actos eran plenamente aplicables y no perdieron

fuerza ejecutoria, cabe tener en cuenta lo siguiente:

La Resolución núm. 21021 de 16 de octubre de 2015,

acusada, se fundamentó, conforme lo pone de presente su parte

motiva, en las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de

2013, 015372 del 6 de diciembre de 2013 y 04188 de 16 de

diciembre de 2014 y 30527 de 18 de diciembre de 2014, expedidas

por el Ministerio de Transporte y por la Superintendencia de Puertos

y Transporte, así:

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Actora: AIRES S.A.

-En la Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013,

expedida por el Ministerio de Transporte, a través de la cual se fijó,

para la vigencia fiscal 2013, la tarifa por concepto de la tasa de

vigilancia que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y

Transporte, los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2.

de la Ley 1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa

por el artículo 89 de la Ley 1450:

“[…] en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2012. […]”.

-En la Resolución núm. 015372 de 6 de diciembre de 2013,

emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante

la cual se fijó el plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia

que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la

vigencia fiscal 2013, la cual determinó que:

“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013. […]”.

-En la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014,

expedida por el Ministerio de Transporte, por la cual se fijó, para la

vigencia fiscal 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

que debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte,

los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley

1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el

artículo 89 de la Ley 1450:

“[…] en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013. […]”.

-En la Resolución núm. 30527 de 18 de diciembre de 2014,

emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a través

de la cual se fijó el plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia

que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la

vigencia fiscal 2014, la cual determinó que:

“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2013 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014 […]”.

Ahora, la Sala observa que la Resolución núm. 21021 de 16 de

octubre de 2015, acusada, también indicó que resultaba

procedente exigir el pago de los valores de la tasa de vigilancia a

quienes realizaron un pago incompleto o no realizaron pago alguno,

para lo cual, expresó que:

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

“[…] es necesario aplicar las fórmulas determinadas por el
Ministerio de Transporte, toda vez que las resoluciones
expedidas por dicha cartera gozan de la presunción de
legalidad. Así mismo, tanto la obligación de pago como el
incumplimiento del mismo, constituyen situaciones
jurídicamente consolidadas antes de la expedición de
la Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición de la Ley
1753 de 2015. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, se debe tener en cuenta que la referida Resolución núm.

05150 de 27 de noviembre de 2013, que sirvió de fundamento al

acto acusado, para fijar la tarifa de la tasa de vigilancia para los

nuevos sujetos de cobro señalados en el artículo 89 de la Ley 1450,

vigencia fiscal 2013, aplicó la siguiente fórmula:

“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por
concepto de tasa de vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de
que trata el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de
dividir los costos anuales de funcionamiento e inversión
de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos reportados de los
nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los dichos vigilados:

Donde:

TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)

GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de
Puertos y Transporte de los nuevos sujetos de cobro de que
trata la Ley 1450 de 2011.

INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados
por la Superintendencia de puertos y Transporte.

Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, ésta supera el límite
previsto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que,
para los nuevos sujetos de cobro, se debe ajustar al 0,1% para
la vigencia 2013. […]” (Destacado fuera del texto)

Y la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014, que

también sirvió de fundamento al acto acusado, para fijar la tarifa de

la tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro señalados en

el artículo 89 de la Ley 1450, vigencia fiscal 2014, aplicó la

siguiente fórmula:

“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por
concepto de tasa de vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de
que trata el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de
dividir los costos anuales de funcionamiento e inversión
de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos (reportados y
proyectados) de los nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los dichos
vigilados:

El análisis comienza con el cálculo de la tarifa por concepto
Tasa de Vigilancia, según el sistema y método establecido en la
Ley 1450 de 2011, la fórmula a aplicar es:

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

Donde:

• TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia
(nuevos vigilados)
• GF: Gastos de funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte de los
nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de
2011.
• INV: Inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.
• IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro,
vigilados por la Superintendencia de puertos y
Transporte.

Su cálculo corresponde a:

Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, se encuentra que
ésta no supera el límite previsto en el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, por lo que, la Tasa de Vigilancia para los nuevos
sujetos de cobro vigilados es de 0.094% para la vigencia 2014.
[…]” (Destacado fuera del texto).

Así las cosas, se considera que la Superintendencia de Puertos y

Transporte, para la expedición de la liquidación oficial de revisión

del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014 a

cargo de la sociedad AIRES S.A., en los actos administrativos

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demandados, se fundamentó en el artículo 89 de la Ley 1450 y tuvo

en cuenta las fórmulas establecidas por el Ministerio de Transporte

en las resoluciones núms. 05150 de 27 de noviembre de 2013 y

04188 de 16 de diciembre de 2014; y que dichas fórmulas, para el

caso de los nuevos sujetos de cobro señalados en la Ley 1450,

incorporaron los costos anuales de inversión de la

Superintendencia de Puertos y Transporte, a pesar de que la

sentencia C-218 de 2015 ya había declarado inexequible tanto la

expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el inciso

segundo del artículo 89 de la Ley 1450.

Sobre el particular, la Sala aclara que la Superintendencia

demandada no podía con posterioridad a la sentencia C-218 de

2015 expedir la liquidación oficial de revisión del pago de la tasa de

vigilancia de las vigencias 2013 y 2014, a través de la Resolución

núm. 21021 de 16 de octubre de 2015 demandada, a efectos

de cobrar saldos pendientes a cargo de la sociedad actora,

invocando como fundamento de dicha liquidación los apartes

declarados inexequibles del artículo 89 de la Ley 1450, que

habilitaban a la Superintendencia en mención a aplicar una

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
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metodología que, conforme lo señaló la Corte Constitucional, devino

en violatoria de los principios de igualdad y equidad tributaria.19

Precisado lo anterior y a fin de determinar si en el caso sub lite

existió o no una situación jurídica consolidada, es del caso traer a

colación la sentencia de 5 de mayo de 202220, en la que esta

Sección señaló sobre las situaciones jurídicas consolidadas y no

consolidadas, lo siguiente:

“[…] una situación jurídica no consolidada es aquella
susceptible de ser discutida en la instancia administrativa o
ante la jurisdicción contenciosa, es decir, mantiene su
condición de ser materia de debate o controversia en
alguna de las sedes indicadas.

134. En el asunto sub lite se trata de una situación jurídica
no consolidada, cuando es la propia Administración la que
procede a expedir el acto administrativo de carácter
particular y concreto de liquidación oficial de revisión del
pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2104
a cargo de la parte demandante, el cual se encuentra en
discusión ante esta Sala y que previamente fue objeto de
impugnación a través de los recursos de reposición y
apelación ante las dependencias administrativas
competentes.

135. Así las cosas, las situaciones jurídicas
consolidadas son aquellas situaciones subjetivas y
particulares que no fueron recurridas o demandadas
por la parte interesada dentro de la oportunidad legal
y que, por tanto, han quedado en firme o han sido

19
Ver sentencia de 12 de diciembre de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de
radicación25000233700020160146201.
Criterio reiterado en la citada sentencia de 12 de diciembre de 2024.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a
cosa juzgada. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, en el caso bajo examen, la Sala

estima, contrario a lo alegado por el apelante, que no existe una

situación jurídica consolidada, en razón a que los actos

administrativos acusados, por los cuales se expidió la liquidación

oficial de revisión de pago de la tasa de vigilancia para las vigencias

2013 y 2014, a la actora, fueron discutidos por medio de los

recursos de reposición y apelación en la vía administrativa; están

siendo objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, con la finalidad de determinar la

legalidad de estos; no han quedado en firme y no han sido objeto

de decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada.21

En este orden de ideas, la Superintendencia de Puertos y

Transporte no podía expedir la liquidación oficial de revisión de

pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014,

tomando como fundamento las resoluciones núms. 05150 de 27 de

noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, que

incorporaban en la fórmula de cálculo de la tasa de vigilancia, las

disposiciones del artículo 89 de la Ley 1450, que fueron declaradas

21
En el mismo sentido, ver las citadas sentencias de 5 de mayo de 2022 y de 12 de diciembre de
2024.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

inexequibles por la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de

2015, con los efectos erga omnes que le son propios a las

sentencias de constitucionalidad.

La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida por la Corte

Constitucional se constituyó en un hecho sobreviniente que le

impedía a la parte demandada, respecto de los nuevos sujetos de

vigilancia establecidos en el artículo 89 de la Ley 1450, expedir la

liquidación oficial de revisión de la tasa de vigilancia para las

vigencias 2013 y 2014, aplicando como fundamento de la

liquidación los apartes del artículo 89 declarados inexequibles, por

no existir dichas disposiciones en el ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, la Sala prohíja lo señalado en las sentencias de

1° de noviembre de 201922, 5 de mayo de 202223 y 12 de

diciembre de 202424, en las cuales la Sección Primera, al resolver

sobre la nulidad de actos acusados similares, a los que son objeto

de estudio en este caso, concluyó lo siguiente:

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. sentencia de 1º de
noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160146901.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160146201.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024. C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.

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“[…] 137. Para la Sala, en suma, no podía la parte
demandada efectuar una revisión o reliquidación de la tasa
de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014, tomando
como fundamento las disposiciones contenidas en el inciso
2º y la frase “ y/o inversión” del artículo 89 de la Ley 1450
que permitían aplicar una metodología diferente para los
nuevos sujetos de vigilancia, en tanto, para el momento en
que fueron expedidos los actos administrativos acusados,
ya habían sido declaradas inexequibles las mencionadas
disposiciones, con los efectos erga omnes que le son
propios a las sentencias de constitucionalidad.

138. La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida
por la Corte Constitucional se constituyó en un hecho
sobreviniente que le impedía a la parte demandada,
respecto de los nuevos sujetos de vigilancia establecidos en
el artículo 89 de la Ley 1450, expedir la liquidación oficial
de Revisión de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012
a 2014, aplicando como fundamento de la liquidación los
apartes del artículo supra declarados inexequibles, por no
existir dichas disposiciones en el ordenamiento jurídico.
[…]”.

En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por último, en cuanto a la condena en costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18825 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP261, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo27, la Sala condenará a la

25
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
26
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
27
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su

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SUPERINTENDENCIA DE DE PUERTOS Y TRANSPORTE, entidad

apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 36528 ibidem, al

pago de las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso29 y por las agencias en derecho30”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte actora a través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
28
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
29
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
30
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Actora: AIRES S.A.

sujetará a la liquidación31 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP32, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $2.240.706 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones 33)

a favor de la sociedad AIRES S.A. Lo anterior, de conformidad con

las tarifas establecidas en el artículo 6°34 del Acuerdo núm. 1887 de

26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la

Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración

de la gestión realizada por la parte vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

31
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
32
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
33
De conformidad con el folio 3 del C. Principal, el valor de las pretensiones corresponde a
$1.120.353.007.
34
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

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Actora: AIRES S.A.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandada y en favor de la sociedad AIRES S.A., por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $2.240.706

(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte

demandada.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de marzo

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2016-01460-01.
Actora: AIRES S.A.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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