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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01461-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01461-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, de 11 de octubre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-37-000-2016-01461-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 25000233700020160146101
Demandante: American Airlines Inc. Sucursal Colombiana1
Demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte

Tema: Tasa de vigilancia. Liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de
Vigilancia cuyo cobro esta atribuido a la Superintendencia de Puertos y
Transporte. Fundamentos legales para su expedición no pueden desconocer
efectos ex nunc de sentencias de inexequibilidad. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2018 por la
Subsección B, de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación

I. ANTECEDENTES

La demanda2

1. American Airlines Inc. Sucursal Colombiana3, en adelante la parte
demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Puertos y
Transporte, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de

1
Cfr. Carátula cuaderno núm. 1
2
La parte demandante presentó escrito de reforma a la demanda integrando en un solo documento la
demanda inicial y su reforma. Folios 72 a 103 del cuaderno núm. 1 del expediente.
3 Por intermedio de apoderado.

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2

Núm. único de radicación: 25000233700020160146101
Demandante: AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20114.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…]

3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Resolución 21020 del 16 de octubre de 2015 por medio de la cual la
Superintendencia de Puertos y Transporte expidió Liquidación Oficial de
Revisión ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2013 y 2014 en cuantía de $158.191.895 y $136.284.393 pesos
m/cte., respectivamente.

(ii) Resolución 02115 del 20 de enero de 2016 por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por AMERICAN AIRLINES contra la
resolución 21020 del 16 de octubre de 2015 relativa a la Liquidación oficial
de Revisión del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014.

(i) Resolución No. 49199 del 16 de septiembre de 2016, por medio de la cual
la Superintendencia de Puertos y Transporte decide el recurso de
apelación interpuesto por AMERICAN AIRLINES contra la Resolución
21020 del 16 de octubre de 2015, confirmándola en todas sus partes.

3.2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se declare que AMERICAN AIRLINES no está obligada a pagar los
mayores valores determinados y exigidos por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, habida cuenta nos encontramos frente a un pago de lo no debido.
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. La Ley 1ª de 1997 en su artículo 27, numeral 27.2, estableció como función
de la Superintendencia de Puertos, “[…] (…) Cobrar a las sociedades portuarias
y a los operadores portuarios por concepto de vigilancia, una tasa por la parte
proporcional que le corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos
de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General
de la República" (Subrayado por fuera del texto). […]”. (Negrilla y subrayado del
texto original).

4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.
5 Cfr. folio 72 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA

5. El artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio 20116, amplió el cobro de la
tasa fijada en el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 que le compete cobrar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte a la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control y señaló los elementos del tributo mediante una
fórmula para la liquidación de la tasa, aplicable únicamente a los sujetos a quienes
se les amplió su cobro.

6. El Ministerio de Transporte expidió las Resoluciones 10225 de 23 de
octubre de 2012, 5150 de 27 de noviembre de 2013 y 4188 de 16 de diciembre de
2014, que fijaron la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar
a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control, para las vigencias 2012, 2013 y 2014,
respectivamente.

7. Conforme a las resoluciones indicadas, los vigilados de que trata la Ley 1ª
de 1991 debían pagar por concepto de tasa de vigilancia “[…] una suma
equivalente al 0,3099% (2012), 0,2605% (2013) y 0,345% (2014) de los ingresos
brutos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de los citados años. […]”; y los vigilados según el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, “[…] una suma equivalente al 0.1% (2012 y 2013) y 0,094% (2014)
de sus ingresos brutos correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre. […]”. (Negrilla y subrayado del texto original).

8. Las resoluciones aplicables para los años 2012 a 2014, tomaron como
fundamento los elementos estructurales del artículo 89 de la Ley 1450, para la
determinación de la tasa de los nuevos vigilados, que incluían los costos y gastos
de inversión de la Superintendencia.

9. La Corte Constitucional mediante sentencia C-218 de 22 de abril de 2015,
declaró inexequible la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso primero del
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y el inciso segundo de esta misma disposición.

10. La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 21020
de 16 de octubre de 20157, sin observar la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley
1450 y la pérdida de ejecutoria de la resolución ibidem, ordenando el pago del
saldo de la tasa de vigilancia por las vigencias 2013 y 2014 a cargo de la parte

6
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. […]”.
7
“[…] Por la cual se expide liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia entre las vigencias
2012 y 2014, a la empresa AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA […]”.

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demandante, en cuantía de $158.191.895 y $136.284.393 pesos m/cte.,
respectivamente.

11. La parte demandante presentó el 4 de noviembre de 2015 recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 21020 de 2015,
resuelto el primero, a través de la Resolución 02115 de 20 de enero de 20168,
confirmando la Resolución 21020 de 2015 y concediendo el segundo.

12. La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 49199
de 16 de septiembre de 20169, resolviendo el recurso de apelación presentado
contra la Resolución 21020 de 2015.

Normas violadas y concepto de violación10

13. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 29, 150, 243 y 338 de la Constitución Política.
• Artículos 86 y 91 del CPACA, 230 de la Constitución Política (Falsa
Motivación).
• Artículos 83, 95-9 y 363 de la Constitución Política.
• Vía de hecho de la administración.

Concepto de violación

14. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto
de violación, así:

Primer cargo: “[…] Violación del artículo 86 del CPACA - Término para
resolver el recurso de apelación interpuesto - y 29 de la Constitución Política
• Derecho Fundamental al debido proceso […]”

15. Adujo que “[…] según el artículo 86 del CPACA -después de transcurrido
un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos
de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos,

8
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por AMERICAN AIRLINES INC.
SUCURSAL COLOMBIANA […] , contra la Resolución 21020 del 16 de octubre de 2015 […]”, expedida por
la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
9 “[…] POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA

RESOLUCIÓN No 21020 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL EXPIDE LIQUIDACIÓN
OFICIAL DE REVISIÓN DEL PAGO DE LA TASA DE VIGILANCIA DE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014 A LA
EMPRESA AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA […]”.
10 Cfr. folios 86 a 107 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Demandante: AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA

se entenderá que la decisión es negativa, es decir, lo conocido como silencio
administrativo negativo. […]”.

16. Indicó que desconociendo lo anterior, la parte demandada expidió la
Resolución 49199 de 2016, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra
la Resolución 21020 de 2015 de manera extemporánea, por fuera del término del
artículo 86 citado supra, violando de manera flagrante el derecho al debido
proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución.

Segundo cargo: “[…] Violación del numeral 12 del artículo 150 y el artículo
338 de la Constitución Política - principio de legalidad de los tributos.
Violación del artículo 243 de la Constitución Política - legalidad de los
tributos - cosa juzgada constitucional y efecto de la inexequibilidad de una
norma. […]”

17. Aseveró que la Corte Constitucional11 en varias oportunidades ha precisado
que “[…] “la inexequibilidad de una norma no es otra cosa que la imposibilidad de
aplicarla por ser contraria a la Constitución, para lo cual se requiere que el operador
jurídico facultado para ello constate la existencia de esa irregularidad. Se deriva de
un vicio que generalmente acompaña la norma desde que nace al mundo jurídico,
pero que sólo es declarado cuando aquella es sometida al examen de
constitucionalidad.” […]” y transcribió un aparte de la sentencia C-088 de 2014.

18. Concluyó que la tasa de vigilancia fue ampliada a unos nuevos vigilados, pero
al declararse la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450 de
2011, la obligación de pago, base gravable, destinación y tarifa tope, son inaplicables
por ser contrarios a la Constitución.

19. Señaló que la parte demandada insiste en que como la sentencia de la Corte
Constitucional tiene efectos hacia el futuro, es viable liquidar y cobrar un tributo que
fue declarado inexequible “[…], en lo que respecta a los elementos de su esencia.
[…]”, olvidando dicha entidad que al declararse inexequible dichos elementos, la tasa
de vigilancia no se puede aplicar “[…], so pena imponer un tributo que carece de
sustento legal y por tanto violatorio del principio de legalidad y
predeterminación de los tributos. […]”. (Negrilla del texto original).

20. Reiteró que como resultado de la sentencia C-218 de 2015 que declaró la
inexequibilidad de la norma que “[…] establece los elementos del tributo para los

11
Sentencias C-145/94, C-055/95, C-618/01, y T-824A/02, C-619/03, entre otras.

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nuevos vigilados, los elementos esenciales de la tasa desaparecen, razón por la cual
al exigirse el pago de la misma por los años 2013 y 2014, sin una norma que lo
fundamente, se viola principio de legalidad y predeterminación de los tributos
(Art. 150-12 y 338 C.N.). […]”. (Negrilla del texto original).

21. Sostuvo que tampoco es posible, como lo pretenden los actos administrativos
acusados, aplicar la Ley 1ª de 1991, por cuanto su artículo 27, numeral 2, era
aplicable “[…] para los vigilados inicialmente por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, es decir a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios. […]”.
Si bien, la norma mencionada establecía la base gravable, la tarifa, la forma de cobro
y otros elementos, lo hizo respecto de los vigilados inicialmente y esos elementos
de la esencia de la tasa de vigilancia aplicables a dichos sujetos no se pueden
extender a los nuevos vigilados por la Superintendencia, para quienes existía una
disposición expresa (inciso 2º del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011), que fue
declarada inexequible.

22. Manifestó que el cobro que efectúa la Superintendencia de Puertos y
Transporte desconoce los efectos erga omnes de las sentencias de inexequibilidad,
y, en consecuencia, el artículo 243 de la Constitución sobre la cosa juzgada
constitucional.

23. Argumentó que: “[…] en el caso que nos ocupa, la Superintendencia da
aplicación a la tasa cuyos elementos estructurales fueron retirados del
ordenamiento, aspecto que trae consigo que no se atienda su carácter vinculante,
pues simplemente hace caso omiso a la declaratoria de inexequibilidad. […]”.

Tercer cargo: “[…] Violación del artículo 91 del CPACA - pérdida de
ejecutoriedad de los actos administrativos - inexistencia de situaciones
jurídicas consolidadas - desconocimiento del precedente judicial […]”

24. Afirmó que el artículo 91 del CPACA establece “[…] la figura jurídica de la
pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos […]” y transcribió dicha norma,
subrayando que “[…]. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser
ejecutados en los siguientes casos: […] 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos
de hecho o de derecho. […]”.

25. Citó las providencias del Consejo de Estado de 5 de marzo de 2015
(expediente 20485) y de la Corte Constitucional C-069 de 1995 y C-321 de 2001,
sobre las sentencias de inexequibilidad, de las que transcribió algunos apartes.

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26. Argumentó que en el presente asunto los actos administrativos que
desarrollaron el artículo 89 de la Ley 1450, las Resoluciones 10225 de 2012, 05150
de 2013 y 04188 de 2014, que son el sustento de los actos acusados han perdido
fuerza ejecutoria y no pueden ser el fundamento jurídico del cobro de la tasa de los
años 2013 y 2014, en razón a que “[…] desaparecieron los fundamentos jurídicos
en que se sustentaron, y que no es otro que los apartes declarados inexequibles del
artículo 89 de la Ley citada. […]”.

27. Indicó que la afirmación reiterada de la Superintendencia “[…] “(…) persisten
los fundamentos de derecho. Y al no desaparecer éstos nos encontramos ante
situaciones jurídicas consolidadas se (…) […]”, incurre en falsa motivación, “[…] toda
vez que al desaparecer el fundamento legal (inciso segundo del Artículo 89 Ley 1450
de 2011) de las Resoluciones en que la Superintendencia soporta el cobro de la
tasa, mi poderdante podría solicitar la devolución de las sumas pagadas como un
pago de lo no debido. […]”, y en tal medida, frente a los pagos de 2013 y 2014, la
parte demandante podría solicitar la devolución de lo pagado, descartándose de esta
forma la existencia de una situación jurídica consolidada.

28. Expuso que los actos acusados incurren en un “[…] claro vicio de nulidad a
partir de una falsa premisa, cual es la inexistencia de la pérdida de ejecutoria de los
actos sustento del cobro de la tasa 2013 y 2014 y la supuesta ocurrencia de una
situación jurídica consolidada, que como se demostró no se presenta en este caso.
[…]”, por lo que los actos administrativos enjuiciados incurrieron en falsa motivación
al aplicar erróneamente los fundamentos jurídicos.

29. Reiteró que los actos administrativos demandados se expidieron bajo una
falsa motivación, al invocar argumentos de derecho que no corresponden a la
realidad, cobrando la tasa de los años 2013 y 2014 no obstante haber desaparecido
del ordenamiento jurídico la norma que establece y define los elementos
estructurales del tributo para los nuevos vigilados, y los aplica de manera arbitraria
“[…], aduciendo como único sustento legal, la ampliación del cobro de la tasa a otros
vigilados (nuevos sujetos pasivos). […]”.

30. Anotó que la Superintendencia desconoce el precedente judicial de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado cuyas sentencias fueron citadas
anteriormente y transcribió textos de la sentencia C-539 de 2011 proferida por la
primera corporación judicial según la cual, las autoridades administrativas están
obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las altas cortes de la jurisdicción
ordinaria, contenciosa administrativa y constitucional.

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31. Manifestó que no hay sustento legal para el cobro que la Superintendencia
de Puertos y Transporte pretende realizar y que aun cuando se aceptara que por la
inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 se produce un vacío legal, no se puede
suplir con el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991.

32. Concluyó que al no haberse pronunciado la Corte Constitucional “[…]
respecto a una supuesta necesidad de aplicar la Ley 1º de 1991 (pues es claro que
no es aplicable en lo que a los elementos del tributo respecta y para los nuevos
vigilados), no hay lugar a exigir el pago del tributo que hubiera podido sustentarse
en la norma anterior, […]”, toda vez que la Superintendencia no es la autoridad
competente para determinar si hay o no vacío normativo y si de existir dicho vacío
es de tal magnitud que justifique la aplicación de una norma anterior.

Cuarto cargo: “[…] Violación de los artículos 83, 95-9 y 363 de la
Constitución Política y el 683 del Estatuto Tributario Nacional […]”

33. Aseveró que la Superintendencia al desconocer la inexequibilidad del artículo
89 de la Ley 1450 y aplicar los elementos estructurales de una ley previa y no
aplicable a la parte demandante, viola los artículos 58, 83, 95-9 y 363 de la
Constitución Política y el 683 del ETN por las razones que se exponen
seguidamente.

34. Manifestó que exigir un mayor valor de una tasa fundamentándose en una
norma declarada inexequible y unos actos administrativos que perdieron ejecutoria,
conlleva “[…] una carga desproporcionada, confiscatoria y a todas luces injustificada
que AMERICAN AIRLINES no debe soportar, precisamente como consecuencia de
la transgresión del principio de justicia. […]”, desconociendo los principios de
equidad, eficiencia y progresividad (artículo 363 de la Constitución).

35. Expresó que los pagos de los nuevos vigilados de la tasa de vigilancia de las
vigencias 2013 y 2014 pretendidos por la Superintendencia a través de los actos
administrativos acusados, constituyen un enriquecimiento sin causa a favor del
Estado y en detrimento de los vigilados.

36. Señaló que los actos administrativos enjuiciados violan los artículos 83 y
95 numeral 9º de la Constitución, al desconocer frente al primero, la presunción
de buena fe que obra en favor de los particulares en su relación con el Estado, y
respecto al segundo que establece dentro de los deberes y obligaciones de los
ciudadanos, el deber de “[…] Contribuir al financiamiento de los gastos e

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Núm. único de radicación: 25000233700020160146101
Demandante: AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad […]”, y en
congruencia con el artículo 58 ibidem que garantiza el derecho de propiedad
privada y los demás derechos adquiridos, al exigir una mayor tasa de vigilancia,
constituye una expropiación de facto, vulnerando el artículo supra.

Quinto cargo: “[…] Vía de hecho de la administración […]”

37. Afirmó que la Liquidación Oficial de Revisión, Resolución 21020 de 2015
incurre en una irregularidad grave y manifiesta “[…] que va en contravía de los
derechos de los administrados y que atenta contra el ordenamiento jurídico. […]
en la medida en que profirió una liquidación oficial sustentada en resoluciones
cuyo fundamento legal había sido declarado inexequible por la Corte
Constitucional y, por tanto, habían perdido su ejecutoriedad al desaparecer sus
fundamentos de derecho. […]” y, además, la Superintendencia aplicó una norma
previa que es inaplicable a los nuevos vigilados, lo cual genera un grave defecto
sustantivo y “[…] evidencia la configuración de una vía de hecho. […]”.

38. Arguyó que la Superintendencia con la Liquidación Oficial de Revisión
contenida en la Resolución 21020 de 2015, incurrió en manifiesta vía de hecho,
por cuanto: i) ordenó la liquidación fundada en apartes del artículo 89 de la Ley
1450 declarados inexequibles por la Corte Constitucional, actuación administrativa
confirmada en la Resolución 02115 de 2016; ii) no cuenta con fundamento legal
que la autorice, careciendo de competencia para su emisión; iii) carece de
fundamento legal y regulatorio; y, iv) implica un desacato de la Constitución y la
ley.

Contestación de la demanda12

39. La Superintendencia de Puertos y Transporte contestó la demanda13 y se
opuso a las pretensiones formuladas, así:

40. Planteó las siguientes excepciones de mérito: i) improcedencia de las
pretensiones; ii) falta de causa para demandar por cumplimiento de un deber legal
de parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte; iii) inexistencia de causales
de nulidad en los actos administrativos demandados; iv) buena fe; y v) de oficio o
genérica, cuyos argumentos serán ampliados en los párrafos siguientes.

12
Cfr. Folios 133 a 150 del cuaderno núm. 1 del expediente.
13
Por intermedio de apoderado.

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41. Manifestó que: “[…] Respecto de los cuatro (4) cargos de nulidad (sic)
permito realizar la siguiente sustentación Jurídica de oposición a las pretensiones
y de la defensa de mi representada, Superintendencia de Puertos y Transporte:
[…]”.

42. Señaló que la Corte Constitucional efectúa el control jurídico, formal y material
de las leyes sometidas a su control, que además de declarar la exequibilidad o
inexequibilidad de las normas puede en casos específicos proferir sentencias
interpretativas, integradoras y de exequibilidad temporal diferida; y, transcribió el
artículo 4514 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199615 que establece que las sentencias
que profiera dicha Corte en los términos del artículo 241 de la Constitución, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.

43. Mencionó lo previsto en la sentencia de la Corte Constitucional C-444 de 25
de mayo de 2011, realizó un análisis sobre la sentencia de la misma corporación C-
218 de 2015 y concluyó que esta providencia “[…] tiene efecto ex nunc (desde
entonces), teniendo en cuenta que la Corte Constitucional no estableció que el
efectos fuera desde siempre, por tanto, los actos administrativos expedidos por el
Ministerio de Transporte, por las cuales establecieron el pago de la tasa de vigilancia
para las vigencias 2012, 2013 y 2014, y la resolución 21020 del 16 de octubre de
2015 se encuentran vigentes y gozan de legalidad. […]”. (Subrayado del texto
original).

44. Sostuvo que los actos administrativos acusados gozan de legalidad puesto
que “[…] se fundamentaron en supuestos facticos y jurídicos anteriores a la
sentencia C-218 de 2015, la cual declaro “INEXEQUIBLE la expresión “y/o
inversión”, el inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011”. Es decir,
cuando se expidieron los actos administrativos que fijaron la tasa de vigilancia para
los años 2012, 2013 y 2014, se hicieron antes de ser proferida la respectiva
sentencia, por ende, el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 se encontraba vigente en
su totalidad. […]”. (Negrilla del texto original).

45. Expresó que los actos administrativos que contienen las liquidaciones de
revisión de los años 2012, 2013 y 2014, en especial las Resoluciones 21020 de 2015
y 02115 de 2016 que resolvió el recurso de reposición frente a la primera, se
sustentaron en el mismo argumento jurídico que el Consejo de Estado declaro válido

14
“[…] REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL
CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. […]”.
15
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”.

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en el auto de 31 de mayo de 2016 (radicado 2016-00011) con ponencia de la doctora
María Claudia Rojas Lasso, los artículos 27 de la Ley 1ª de 1991 y 89 de la Ley 1450
de 2011.

46. Manifestó que la Superintendencia de Puertos y Transporte en la expedición
de los actos administrativos demandados respetó las garantías constitucionales del
administrado, entre ellas el principio de legalidad y transcribió apartes de la sentencia
de la Corte Constitucional C- 227 de 2002.

47. Refirió a que se entiende por el debido proceso según la sentencia de la Corte
Constitucional T-467 de 1995 y también aludió a la sentencia C-231 de 2003 del
mismo órgano judicial sobre el debido proceso en obligación tributaria.

48. Adujo que la actuación administrativa que condujo a la resolución del recurso
de reposición a través de la Resolución 02115 de 2016, se adelantó según la Ley
1437 de 2011 “[…], respetando las garantías previas y las posteriores del debido
proceso administrativo […]”.

49. Indicó respecto del argumento de pérdida de ejecutoria del acto administrativo
acorde con el numeral 2 del artículo 91 del CPACA, que al momento de fijar las
tarifas para los años 2012 y 2014, existían las Leyes 1450 de 2011 y 1ª de 1991,
“[…] que autorizaban los montos a cobrar por concepto de tasa, las cuales señalaban
un método y el sistema a seguir, por tal razón las resoluciones expedidas por el
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, en donde
se consolidaban los elementos del tributo […]; los cuales ostentan el atributo de la
presunción de legalidad del acto administrativo – no han sido objeto de
declaratoria de perdida de ejecutoriedad del acto administrativo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 92 de la Ley 1437 de 2011, […]”. (Negrilla del texto original).

50. Argumentó en relación con la alegación de la parte demandante de la
situación jurídica no consolidada, que la Superintendencia de Puertos y Transporte
estableció mediante actos administrativos generales y definitivos los plazos y forma
de pago de la tasa de vigilancia para los años 2012, 2013 y 2014, por lo que la
consolidación de la situación jurídica aconteció el 31 de diciembre de cada año fiscal.

51. Sostuvo sobre el argumento de la configuración de una vía de hecho por
parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que los actos
administrativos acusados “[…] tienen causa que la justifica, y ella obedece a criterios

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de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación
razonable. […]”.

52. Resumió que los actos administrativos demandados respetaron todas las
garantías procesales previstas en la Constitución y el CPACA, y en tal virtud, están
motivados “[…] de forma correcta y con total apego a la ley. […]”.

Decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, en la audiencia inicial16

53. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, llevó a cabo la audiencia
inicial el 7 de mayo de 2018, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

54. Advirtió que hasta esta etapa procesal no se encuentran irregularidades en
el procedimiento, ni causales de nulidad que puedan invalidar lo actuado y
ameriten su saneamiento. Se les concedió la palabra a los apoderados de las
partes, quienes manifestaron no advertir causal de nulidad alguna.

55. Declaró que no hay excepciones previas por resolver y las de mérito
propuestas por la parte demandada serán resueltas al proferir la sentencia.

56. Fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y su contestación.

57. Manifestó que conforme con el parágrafo 2º del artículo 70 de la Ley 446
de 1998, no es posible conciliar los asuntos que traten sobre conflictos de carácter
tributario.

58. Advirtió que no existen medidas cautelares pendientes de resolver, en
razón a que no se ha solicitado el decreto de alguna según el artículo 230 del
CPACA.

59. Resolvió sobre el decreto de pruebas.

60. Resolvió prescindir de la realización de la audiencia de pruebas.

61. Aplicó el inciso final del artículo 181 del CPACA, para la presentación de
los alegatos de conclusión por escrito, para lo cual las partes y el Ministerio Público
dispondrán del término conjunto de diez (10) días para presentarlos.

16 Cfr. folio 232 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Sentencia apelada17

62. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, mediante sentencia proferida el 11 de octubre de 2018, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Se DECLARA la nulidad de las resoluciones 21020 del 16
de octubre de 2015, 2115 del 20 de enero de 2016 y 49199 del 16 de septiembre
de 2016, por las cuales la Superintendencia de Puertos y Transportes profirió a la
sociedad AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA liquidación oficial
de revisión de pago de la tasa respecto de las vigencias 2013 y 2014.

2. A título de restablecimiento del derecho se DECLARA que la sociedad
demandante no está obligada a pagar los mayores valores determinados en los
actos que se anulan.

3. Sin condena en costas
[…]”.

Consideraciones del Tribunal

63. El a quo manifestó que los actos acusados que determinaron la fórmula de
liquidación del tributo para los años 2013 y 2014, se basaron en el artículo 89 de
la Ley 1450 que, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por
incorporar un trato desigual para los nuevos sujetos vigilados frente a aquellos
que ya venían siendo sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.

64. Si bien los periodos gravables respecto de los cuales se expidió la
liquidación oficial son anteriores a la fecha en que se profirió la sentencia de
inconstitucionalidad, conviene precisar que los efectos de dicho fallo son
inmediatos a partir de su expedición, esto es, desde el 22 de abril de 2015; en
tanto que la Resolución núm. 21020, que determinó la obligación a cargo de la
parte demandante, se expidió el 16 de octubre de 2015, por lo que no podía la
parte demandada fundar la reliquidación del tributo en una disposición que para
ese momento no existía.

65. Indicó que los actos por medio de los cuales se determinó la tasa no tenían
fundamento legal para establecer la base gravable de la manera en como lo hizo
la parte demandada, toda vez que en los términos manifestados por la Corte
Constitucional, la base para calcular la obligación a cargo de los nuevos sujetos
vigilados como la demandante debía someterse a la financiación de los costos de

17 Cfr. folios 268 a 293 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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funcionamiento de la entidad demandada, excluyendo los gastos de inversión
como estaba previsto en la norma declarada inexequible.

66. Al respecto precisó que: “[…] para cuando la Superintendencia de Puertos
y Transporte determinó a la actora la tasa a la vigilancia, el inciso 2º del artículo
89 de la Ley 1450 de 2011 y la frase <<y/o inversión», ya habían sido declarados
inexequibles. Sin embargo, dicha entidad hizo caso omiso y alegó la legalidad de
la actuación en atención a que la obligación de pago de la tasa constituía una
situación jurídicamente consolidada antes de que la sentencia C-218 de 2015
fuera proferida. […]”

67. Manifestó que no asistía razón a la Superintendencia de Puertos y
Transporte en el sentido de que en el asunto sometido a debate se configura una
situación jurídica consolidada, puesto que el hecho mismo de que se esté
discutiendo en sede judicial la legalidad de la actuación tributaria se concluye que
no se está en presencia de dicha situación.

68. Concluyó, en el mismo sentido de la Corte Constitucional que, la Ley 1450
de 2011 si creó un nuevo tributo, por haber ampliado la tasa de la Ley 1 de 1991
con un elemento nuevo (gastos de inversión), para los nuevos vigilados, por lo
que el cargo de nulidad está llamado a prosperar, en la medida en que los actos
acusados se sustentaron en una disposición declarada inexequible y, a título de
restablecimiento del derecho dispuso que la parte demandante no estaba obligada
a pagar los mayores valores determinados por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, por concepto de la tasa de vigilancia correspondiente a los periodos
2013 y 2014.

Recurso de Apelación18

Parte demandada

69. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el que señaló que:

70. Los efectos de la sentencia C-218 de 2015 son hacia el futuro, por lo que
no pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que los actos
administrativos acusados corresponden a revisión de pagos o reliquidaciones para

18 Folios 304 a 310 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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las vigencias fiscales 2013 y 2014, frente a los cuales la parte actora había
realizado pagos por un valor ostensiblemente menor al que le correspondía
efectuar.

71. Precisó que la sentencia de la Corte Constitucional no moduló sus efectos,
por lo que no afectan situaciones jurídicas consolidadas, y “[…] Es acá cuando
toma relevancia el análisis de los efectos de la sentencia de constitucionalidad C-
218 de 2015. En efecto. La Corte Constitucional no moduló los efectos de la
referida sentencia y por ende sus efectos se deben considerar que operan hacia
futuro, es decir, no se pueden afectar las situaciones jurídicas consolidadas, toda
vez que los actos demandados, hacen referencia a revisión de pagos que por
menor valor hiciere la demandante respecto de las vigencias fiscales 2013 y 2014.
De considerarse lo contrario se estaría atentando contra la Seguridad Jurídica,
tanto para los contribuyentes como para la administración, que durante el tiempo
actuó aplicando con rigor el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, y aplicó las
fórmulas de liquidación realizadas por el Ministerio de Transporte, bajo norma
legal vigente en su momento. Por lo cual el cumplimiento de estos actos a la fecha
NO han perdido fuerza de exigibilidad. […]”

72. Los actos acusados tampoco adolecen de pérdida de ejecutoriedad, toda
vez que la obligación primigenia establecida en la Ley 1ª de 1991 y ampliada a
través del artículo 89 de la Ley 1450, la cual no perdió vigencia con la expedición
del fallo de constitucionalidad C-218 de 2015, pues con esta decisión solamente
se deslegitimó la desigualdad entre los nuevos y antiguos vigilados, por lo que no
se puede retrotraer en el tiempo y afectar situaciones ya acaecidas.

73. Expuso que algunos de los administrados no cancelaron el valor de la tasa
de vigilancia o sufragaron uno menor en las vigencias 2013 y 2014, como en el
presente asunto, pero en ninguno de los dos eventos, y en virtud de la sentencia
C-218 de 2015, la Corte Constitucional exoneró del pago de las tasas de vigilancia
las vigencias anteriores a dicho fallo, en razón a que su decisión no retiró del
ordenamiento jurídico el tributo, sino que a futuro eliminó la inequidad tributaria
del artículo 89 de la Ley 1450 que fue declarada inexequible.

74. Adujo que los actos acusados corresponden a revisión de pagos por
concepto de la tasa de vigilancia, en razón a que la parte demandada observó que
la parte demandante había realizado menores pagos, por lo que procedió a
expedir un acto administrativo que informaba el menor pago efectuado y el saldo

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pendiente de cancelar, que fue objeto de recursos; por ello con la expedición de
la resolución de los pagos de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014,
a saber, Resolución 05150 del 27 de noviembre de 2013 y Resolución 04188 del
16 de diciembre de 2014, nos encontramos ante una situación jurídica
consolidada.

75. Concluyó que la Resolución 21020 del 16 de octubre de 2015, se expidió
con posterioridad a la sentencia C-218 de 2015 del 22 de abril de 2015. Sin
embargo, a través de este acto administrativo se revisó y reliquidó situaciones
jurídicamente consolidadas de las vigencias anteriores al fallo de
constitucionalidad, a saber, Resolución 05150 del 27 de noviembre de 2013 y
Resolución 04188 del 16 de diciembre de 2014, actos administrativos proferidos
por el Ministerio de Transporte. Sobre este punto sostuvo:

“[…] Por todo lo anteriormente expuesto y lo probado con las documentales en el
proceso y luego de un profundo análisis de la sentencia C-218 de 2015 que,
cualquier discusión acerca de si existían dos (2) regímenes de liquidación de la
tasa de vigilancia, resulta inocuo por cuanto en lo que se debe enfocar la discusión
es que los efectos jurídicos de la sentencia C 218 de 2015 NO fueron modulados
y producen efectos a futuro, y que los actos acusados NO adolecen de causal
alguno de nulidad por cuanto corresponden a REVISION de liquidaciones de
vigencias anteriores a que fuera proferida la sentencia C-218 de 2015, y además
que los actos administrativos por los cuales se fijaron las tarifas de pago para las
vigencias 2013 y 2014, proferidos por el Ministerio de Transporte, se encuentran
plenamente vigentes, a saber, Resolución 05150 del 27 de noviembre de 2013,
Resolución 04188 del 16 de diciembre de 2014, concretándose una situación
jurídica consolidada a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte. […]”

76. Finalmente solicitó “[…] revocar en su totalidad […]” la sentencia proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actuación en segunda instancia

77. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 28 de junio de 2019 19
admitió el recurso de apelación indicado supra, y ordenó a través de providencia
proferida el 25 de julio de 201920, la presentación de los alegatos por escrito dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación, y que vencido el término que
tienen las partes para alegar, se surtiera el traslado al Ministerio Público por el
término de diez (10) días, los cuales se presentaron de la siguiente manera:

78. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

19
Cfr. folio 5 del cuaderno núm. 2 del expediente.
20 Cfr. folio 13 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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79. La parte demandada reiteró las consideraciones expuestas en la
contestación de la demanda y en el recurso de apelación.

Concepto del Ministerio Público

80. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

81. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) marco normativo de la
Tasa de Vigilancia a cargo de los sujetos sometidos a vigilancia, inspección y
control de la Superintendencia de Puertos y Transporte; v) marco jurisprudencial
sobre la tasa de vigilancia cuyo cobro está a cargo de la Superintendencia de
Puertos y Transporte frente a los nuevos sujetos de inspección, vigilancia y
control; vi) efectos de las sentencias de constitucionalidad; vii) situación jurídica
no consolidada; y, viii) análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

82. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo21; y, el artículo 1322 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 201923, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.

83. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

21 “[…] Artículo 150 <Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el

siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]”.
22
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm 434 de 2024. “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2’019, y se adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 90”
23
Reglamento interno del Consejo de Estado

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84. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201224, sobre
los fines de la apelación y la competencia del superior; la Sala procederá a
examinar únicamente las argumentaciones expuestas por la parte demandada en
el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia proferida el 14 de febrero
2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actos acusados

85. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

86. Resolución núm. 21020 de 16 de octubre de 201525 “[…] “Por la cual se
expide liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia entre las
vigencias 2012 y 2014, a la empresa AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL
COLOMBIANA […]”, expedida por la Secretaría General de la Superintendencia
de Puertos y Transporte:

“[…] RESOLUCIÓN No. DE

(21020) 16 OCT 2015

“Por la cual se expide liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia
entre las vigencias 2012 y 2014, a la empresa AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL
COLOMBIANA […]”

LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE;

En ejercicio de las facultades legales que le confieren los numerales 3 (modificado por
el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001) y 8 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000 y
el artículo 15 de la Resolución 5731 del 25 de julio de 2012, expedidas por el
Superintendente de Puertos y Transporte, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000,
modificado por el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001, es función de la Secretaría
General de la Superintendencia de Puertos y Transporte “Dirigir y coordinar con las
respectivas superintendencias delegadas, el adecuado y oportuno recaudo de las Tasas
que le correspondan de acuerdo con la ley.”

24 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
25
Folios 150 a 151 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000, es función
de la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transporte “Dirigir y
controlar los procesos administrativos y financieros de la entidad en todos los niveles.”

Que en virtud del artículo 15 de la Resolución 5731 del 25 de julio de 2012, el
Superintendente de Puertos y Transporte delegó en la Secretaría General “la
competencia para imponer sanciones por incumplimiento de los vigilados, respecto de las
autoliquidaciones y del pago de la Tasa de Vigilancia.”

Que el artículo 27 Numeral 27.2 de la Ley 1 de 1991, establece como función de la
Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte,
"cobrar a los sujetos de Vigilancia, inspección y control, una Tasa por la parte proporcional
que les corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de Ia República”.

Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, amplió el cobro de la Tasa establecida en el artículo 27, numeral
2º de la Ley 1ª de 1991 así:

“Amplíese el cobro de la Tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley
1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de Vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que
ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la Tasa a la cual
hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una Tasa por la
parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos
anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual no podrá ser superior al 0.1% de los ingresos brutos de los
vigilados. (Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional en
Sentencia C-218 de 2015).

Que en vigencia de los artículos 27 de la Ley 1 de 1991 y 89 de la Ley 1450 de 2011, la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-218 de 2015, declaró la exequibilidad de la
ampliación del cobro de la Tasa de Vigilancia a la totalidad de los sujetos de Vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los
costos y gastos que ocasionen su funcionamiento, contenida en el artículo 89 de la
mencionada ley.

Que en virtud del numeral 3 del artículo tercero de la Resolución 13074 del 5 de
septiembre de 2014, expedida por el Superintendente de Puertos y Transporte,
corresponde al Grupo Interno de Trabajo de Recaudos (el cual depende de la Secretaría
General), “Preparar y proyectar las resoluciones en los casos de incumplimiento, respecto
de las autoliquidaciones y pago de la Tasa de Vigilancia.”

Que mediante Resolución 7574 del 9 de noviembre de 2012, aclarada mediante
Resolución 9425 del 27 de diciembre del mismo año, el Superintendente de Puertos y
Transporte modificó el procedimiento de autoliquidación y pago de la Tasa de Vigilancia,
estableciendo en su artículo 4 que “Contra las liquidaciones de revisión y de aforo
procederá el recurso de reposición ante el Secretario General y el de apelación ante el
Superintendente de puertos y Transporte, dentro de los términos y condiciones
establecidos en la normatividad que regula la materia.”

Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 10225 del 23 de octubre de 2012, el
Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia debían pagar
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados a que se refiere el numeral
27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y a los que se les amplió el cobro de la Tasa de
Vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, para la vigencia fiscal 2012 en

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el 0.3099% para los primeros y en el 0.1% para los segundos, de los ingresos brutos
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2011 de cada vigilado.

Que mediante Resolución 7376 del 1 de noviembre de 2012, expedida por esta
Superintendencia, se estableció como fecha límite para el pago de la Tasa de Vigilancia
vigencia 2012 hasta el día 30 de noviembre de 2012, fecha que fue modificada mediante
Resoluciones 8372 del 29 de noviembre, 8551 del 7 de diciembre y 9090 del 19 de
diciembre de 2012, estableciéndose en esta última como fecha límite de pago hasta el
día 28 de diciembre de 2012. Así mismo, mediante la primera de las resoluciones citadas
determinó que para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia vigencia 2012, los vigilados
deben tomar como base el total de los ingresos brutos de la actividad supervisada
obtenidos en el año 2011 y aplicarle el porcentaje establecido por el Ministerio de
Transporte, mediante resolución 10225 del 23 de octubre de 2012.

Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 05150 del 27 de noviembre de 2013, el
Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia debían pagar
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados a que se refiere el numeral
27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y a los que se les amplió el cobro de la Tasa de
Vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 para la vigencia fiscal 2013, en
el 0.2605% para los primeros y en el 0.1% para los segundos, de los ingresos brutos de
cada vigilado correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2012.

Que mediante Resolución 015372 del 6 de diciembre de 2013, la Superintendencia de
Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de la Tasa de Vigilancia que le
correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia fiscal 2013, hasta el 26
de diciembre de 2013; de igual manera determinó que para proceder al pago de la Tasa
de Vigilancia, los sujetos deben tomar como base el total de los ingresos brutos obtenidos
en el año 2012 y aplicarles los porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte
según Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013.

Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 04188 del 16 de diciembre de 2014, el
Ministerio de Transporte mediante (sic) fijó la tarifa que por concepto de Tasa de
Vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados a
que se refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y a los que se les
amplió el cobro de la Tasa de Vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011,
para la vigencia fiscal 2014 en el 0.345% para los primeros y en el 0.094% para los
segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Que mediante Resolución 30527 del 18 de diciembre de 2014, la Superintendencia de
Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de la Tasa de Vigilancia que le
correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia fiscal 2014, hasta el 30
de diciembre 2014; de igual manera determinó que para proceder al pago de la Tasa de
Vigilancia, los sujetos deben tomar como base el total de los ingresos brutos obtenidos
en el año 2013 y aplicarles los porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte
según Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014.

Que como consecuencia de la (sic) anterior, resulta conforme a los postulados
constitucionales, legales y jurisprudenciales, el cobro de la Tasa de Vigilancia a todos los
sujetos de inspección, así como exigir el pago de los valores adeudados por concepto de
la Tasa de Vigilancia a quienes lo realizaron de forma incompleta o no realizaron pago
alguno. Para el efecto, es necesario aplicar las fórmulas determinadas por el Ministerio
de Transporte, toda vez que las resoluciones expedidas por dicha cartera gozan de
presunción de legalidad. Así mismo, tanto la obligación de pago como el incumplimiento

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del mismo, constituyen situaciones jurídicamente consolidadas antes de la expedición de
la Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición de la Ley 1753 de 2015.

Que verificado el estado de cuenta del vigilado, se evidencia que no ha pagado el valor
total de la Tasa de Vigilancia en las vigencia (s) y valor (es), que se determinan a
continuación:

VIGENC INGRESOS BRUTOS VALOR TASA VALOR SALDO
IAS REPORTADOS VIGILANCIA PAGADO PENDIENTE POR
PAGAR
2012
2013 $166.454.201.980 $166.454.202 $8.262.307 $158.191.895
2014 $151.259.037.000 $142.183.495 $5.899.102 $136.284.393
TOTAL A PAGAR $294.476.288

Que por lo anterior, se observa que es obligación de esta Secretaría liquidar el valor de
los saldos pendientes por pagar a cargo de la empresa AMERICAN AIRLINES INC.
SUCURSAL COLOMBIANA, como consecuencia del incumplimiento en el pago dentro de
los términos establecidos por esta Superintendencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Emitir la siguiente liquidación oficial de revisión del pago de la Tasa de
Vigilancia, entre las vigencias 2012 a 2014, a la empresa AMERICAN AIRLINES INC.
SUCURSAL COLOMBIANA […], así:

VIGEN INGRESOS VALOR TASA VALOR SALDO
CIAS BRUTOS VIGILANCIA PAGADO PENDIENTE
REPORTADOS POR PAGAR
2012
2013 $166.454.201.980 $166.454.202 $8.262.307 $158.191.895
2014 $151.259.037.000 $142.183.495 $5.899.102 $136.284.393
TOTAL A PAGAR $294.476.288

Artículo 2. Ordenar a la empresa AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL
COLOMBIANA identificada […], efectuar el pago de los saldos relacionados en el artículo
anterior, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta
resolución […]”.

87. El acto del numeral anterior fue confirmado mediante las Resoluciones
núm. 02115 de 20 de enero de 201626 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto y la núm. 49199 de 16 de septiembre de 201627 por la cual se resolvió
el recurso de apelación.

Los problemas jurídicos

26 Folio 39 del cuaderno núm. 1 del expediente.
27 Folio 99del cuaderno núm. 1 del expediente.

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88. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, los problemas jurídicos que ocupan la atención de la Sala y debe
resolver, se contraen a: i) determinar si los actos acusados mediante los cuales
se efectuó la liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia de
las vigencias entre 2012 y 2014, a la parte demandante, están sujetos o no a los
efectos de la sentencia C-218 de 2015 proferida por la Corte Constitucional; y, ii)
establecer si en el sub lite existe o no una situación jurídica consolidada.

89. En consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.

90. La Sala, para resolver los problemas jurídicos planteados, prohijará
pronunciamientos de esta misma Sección, en especial las sentencias de 1.° de
noviembre de 2019 y 5 de mayo de 202228, que por sus similitudes fácticas y
jurídicas aplican para que caso sub examine.

Marco normativo de la Tasa de Vigilancia a cargo de los sujetos sometidos
a vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y
Transporte

91. El numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 10 de enero de 1991, “Por
la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”
le asignó a la Superintendencia General de Puertos la función de cobrar a las
sociedades portuarias y a los operadores portuarios, una tasa por concepto de
vigilancia, para lo cual dispuso lo siguiente:

“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por
concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le corresponda,
según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República.

[…]”

92. El artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 29, estableció: i) la
ampliación de los sujetos pasivos de la tasa de vigilancia establecida en el numeral
2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, al incluir a todos los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte; ii) la inclusión
dentro de la tasa de vigilancia para los nuevos sujetos pasivos del cubrimiento de

28
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de noviembre de 2019, expediente 2016-01469; Magistrado
Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, reiterada en la sentencia de 5 de mayo de 2022; expediente núm. 2016-01462.
29
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 […]”.

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los gastos de inversión de la entidad; y iii) limitó el monto de cobro de la tasa a
máximo el 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados.

“[…] Artículo 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27,
numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir
los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la
cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa
por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos,
en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al
0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

Parágrafo. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que en
un plazo de 15 meses expida la reglamentación de las características técnicas de
los sistemas de seguridad documental que deberán implementar cada uno de los
vigilados, para que se garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al
usuario de la falsificación […]” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

93. Estas dos disposiciones regularon una metodología diferente para
establecer el monto de la tasa por vigilancia que cobra la Superintendencia, pues
mientras los sujetos de la obligación según la Ley 1ª de 1991, lo hacen por
concepto de gastos de funcionamiento, aquellos a quienes se les hizo extensivo
el pago de esta tasa en virtud de la Ley 1450 deben concurrir, además, con los
gastos de inversión.

Marco jurisprudencial sobre la tasa de vigilancia cuyo cobro está a cargo de
la Superintendencia de Puertos y Transporte frente a los nuevos sujetos de
inspección, vigilancia y control

Sentencia C-218 de 22 de abril de 201530 proferida por la Corte
Constitucional, que declaró inexequibles la expresión “y/o inversión” del
inciso primero y el inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011

94. La Corte Constitucional mediante sentencia C- 218 de 2015 la cual hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional y tiene efectos erga omnes, según lo
dispone el artículo 243 de la Constitución Política, llevó a cabo el examen de
constitucionalidad del artículo 89 de la Ley 1450, estudiando si era o no violatorio
de los principios de igualdad y equidad tributaria establecidos en el artículo 363
de la Constitución Política.

30
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

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95. Acorde con lo anterior, el principio de equidad tributaria ha sido definido por
la Corte Constitucional como una manifestación específica del principio general
de igualdad y comporta la proscripción de formulaciones legales que establezcan
tratamientos tributarios diferenciados injustificados, ya sea porque se desconozca
el mandato de igual regulación legal cuando no existan razones para un
tratamiento desigual, o porque se desconozca el mandato de regulación
diferenciada cuando no existan razones para un tratamiento igual.

96. En ese sentido, para efectuar el análisis de constitucionalidad de la norma,
la Corte Constitucional utilizó el llamado test de razonabilidad, con el objeto de
identificar si la norma incorporó un tratamiento injustificado a la luz de los
postulados constitucionales como la equidad y la igualdad y para ello, entró a
analizar: i) el fin que buscó la medida; ii) el medio empleado para tal fin y; iii) la
relación existente entre el medio y el fin.

97. Así las cosas, la Corte Constitucional diferenció dos (2) momentos
normativos de la tasa de Vigilancia, a saber: el primero, se presentó con la
expedición de la Ley 1ª de 1991, que en su numeral 2 del artículo 27 atribuyó a la
entonces Superintendencia General de Puertos, la función de cobrar a las
sociedades portuarias y a los operadores portuarios, una tasa por concepto de
vigilancia, por la parte proporcional que le corresponda, según sus ingresos
brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la
Contraloría General de la República.

98. El segundo, ocurrió a raíz de la expedición de la Ley 1450, específicamente
su artículo 89. En esta oportunidad, el legislador en ejercicio de su potestad
configuración normativa, amplió el cobro de la tasa de Vigilancia a la totalidad de
los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o
inversión.

99. La Corte Constitucional consideró que, con la modificación introducida por
el artículo 89 de la Ley 1450, se dieron dos cambios normativos: el primero, amplió
los sujetos vigilados obligados al financiamiento de los servicios a cargo de la
Superintendencia de Puertos y Transporte y; el segundo, adoptó una nueva
metodología diferencial para el cobro y tope de la tasa de Vigilancia para estos
nuevos vigilados, quienes deben financiar no sólo los gastos de funcionamiento
sino también los de inversión de dicha entidad de vigilancia, inspección y control.

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100. Con base en lo expuesto previamente, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 respecto de la inclusión dentro de la
tarifa, para los nuevos sujetos pasivos de la obligación tributaria, de cubrir los
gastos de inversión de la entidad; y de la limitación del monto del cobro de la tasa
a máximo el 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados; sin embargo, consideró
ajustada a la Constitución Política la ampliación del cobro de la tasa de vigilancia
a todos los sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, toda
vez que resultaba inequitativo que solo ciertas entidades vigiladas cubrieran los
gastos que requiere para su funcionamiento, mientras que otras que reciben los
mismos servicios, no tenían la obligación de cubrirlos.

101. Al respecto la mencionada corporación, señaló:

“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro de la tasa de vigilancia,
corresponde a la necesidad de fortalecer técnica, institucional y financieramente
a esa entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de brindar un mejor
servicio, la Corte encuentra que hay una justificación válida para ampliar el cobro
de la tasa a aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del artículo
27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría inequitativo que algunos de los vigilados
por la Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con los gastos que
requiere su funcionamiento y otros, a pesar de recibir sus servicios, no lo hicieren.

En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa es una manifestación
de la potestad que tiene el legislador para establecer tributos, cuando ello tiene
una razón lógica y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del servicio, bajo
un criterio de equidad. Ciertamente, exigir que todos los vigilados concurran al
sostenimiento de la entidad, también es una manifestación del principio de
igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.

No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de 2011 ni sus antecedentes,
permiten justificar de modo alguno, la necesidad de implementar dos regímenes
de liquidación de la tasa de vigilancia, esto es, (i) la de los antiguos vigilados que
se determina con base en los gastos de funcionamiento de la entidad; y (ii) la de
los nuevos vigilados que se establece teniendo en cuenta los gastos de
funcionamiento pero también los de inversión de la entidad.

En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna, que permita comprender
porque se estableció una metodología diferencial para el cobro y el tope de la tasa
referida. Este trato diferencial tiene efectos reales máxime si los gastos de
inversión y aquellos de funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa a
precisarse: […]”.

102. La inclusión en el artículo 89 de la Ley 1450 de los gastos de inversión de
la Superintendencia de Puertos y Transportes, como uno de los rubros para tener
en cuenta a efectos de la fijación y liquidación de la tasa de vigilancia que se le
cobra a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, fue estudiada
en la sentencia C-218 de 2015, en la que la Corte Constitucional concluyó que el

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artículo supra estableció un trato diferencial, sin estar debidamente justificado, por
lo que es contrario a la Constitución Política, señalando al respecto:

“[…] En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que el legislador no
pueda ampliar la base de un tributo, sino que al hacerlo se debe ajustar a los
principios de igualdad y equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los
gastos de funcionamiento y las de inversión, se concluye que las (sic) inclusión
de los gastos de inversión dentro de la base gravable de los nuevos vigilados
genera una sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos, al asociar el
tributo no sólo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la
Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la
productividad y desarrollo de la entidad (gastos de inversión). Este trato
diferencial que no tiene sustento alguno en la ley que consagra el tributo ni
en los antecedentes de la misma, vulnera el principio de igualdad.

Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en razón a la capacidad
contributiva de los destinatarios del servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no
es el caso del asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450 de
2011 no establece una diferencia fundada en el principio de equidad, pues las
diferencias entre los sujetos gravables no se abordan ni se mencionan en la ley.

Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala considera que la
justificación expuesta en la Ley 1450 de 2011 según la cual la ampliación de la
tasas se hace con el fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a la
Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del cobro de una tasa de
vigilancia a los agentes vigilados” resulta contraria a la fórmula establecida para
el cobro de la tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento de la
Superintendencia bastaba, como se expuso con la extensión de la exigencia del
gravamen a todos los vigilados y no sólo a un grupo de ellos, razón por la cual el
propósito de la norma no guarda una relación de coherencia con el fin utilizado.

En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó sus
competencias al ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con
el funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal
medida obedece a un fin legítimo. Así las cosas, la vulneración del principio
de igualdad radica en la inclusión de los gastos de inversión, sólo para un
grupo de vigilados al momento de establecer el monto de la obligación
tributaria.

Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la potestad que le otorga
la Constitución Política, determine una nueva metodología para calcular el valor
en que deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la financiación de los servicios
que presta esa entidad.

Sobre la base de lo expuesto, las expresiones “y/o inversión”, así como la
totalidad del inciso segundo de la disposición acusada, vulneran el principio
de igualdad en materia tributaria, razón por la cual desconoce la
Constitución Política y como consecuencia deberá ser sustraída del
ordenamiento jurídico.

[…]” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

103. En consecuencia, en la Sentencia C-218 de 2015, se resolvió:

“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la
presente sentencia, el inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por

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la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la expresión
“y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE

SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo del artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, el cual estipula “Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado
el cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal
concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus
ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los vigilados.”

[…]”. (Subrayado fuera del texto).

Efectos de las sentencias de constitucionalidad

104. Es importante resaltar que como regla general las sentencias de control de
constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro y excepcionalmente tienen efectos
diferidos o hacia el pasado. Al respecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo
de 199631, señala:

“[…] ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE
CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

105. La Corte Constitucional en sentencia C-507 de 3 de diciembre de 202032,
señaló sobre la regla general que rige los efectos de las sentencias de
inexequibilidad, lo siguiente:

“[…] El artículo 241 de la Carta Política le confía a la Corte Constitucional la
guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. Para tales fines,
prescribe que la Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su
contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. A su turno,
el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala que,
por regla general, las sentencias proferidas por la Corte tienen efectos hacia
el futuro, a menos que la Corporación disponga lo contrario.33 […]” (Negrilla
y subrayado fuera del texto).

106. En la misma providencia se pronunció sobre la fijación de los efectos
temporales de las decisiones de dicha corporación, así:

“[…] Así, en lo que respecta a la fijación de los efectos temporales, es sabido
que por regla general las decisiones de la Corte tienen efectos hacia futuro
o ex nunc, pues, en principio, ello tributa en beneficio de los principios de

31
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”.
32
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
33
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política,
tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

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seguridad jurídica y buena fe34. Sin embargo, en reiteradas providencias, la
Corporación ha sostenido que hay casos especiales en los que “reconocer
solamente efectos hacia futuro a las sentencias de inconstitucionalidad”
consolidaría situaciones jurídicas abiertamente incompatibles con la Carta
Política, habida cuenta de que existen normas que, aun cuando han sido
expulsadas del ordenamiento jurídico, tienen la posibilidad de surtir efectos antes
de que la declaración de inconstitucionalidad se produzca35. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).

107. Frente a los efectos de las sentencias proferidas en el ejercicio del control
judicial de constitucionalidad, esta Sección36 precisó:

“[…] En este estado del estudio, la Sala considera necesario precisar que, por
regla general, la declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene
efectos hacia el futuro -ex nunc- y la Corte Constitucional regula estos
efectos, sin perjuicio de las competencias asignadas al Consejo de Estado
respecto de la modulación de la interpretación o el alcance de una norma o acto
administrativo sometido a control de legalidad.

[…]

43. De acuerdo con lo expuesto, la Corte Constitucional no moduló los
efectos de esta norma; razón por la cual, la sentencia C-643 de 1999 tiene
efectos ex nunc.”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

108. Respecto a la no modulación de los efectos de las sentencias de
inexequibilidad de la Corte Constitucional, esta Sección ha indicado37:

“[…] Esta Corporación en diversas oportunidades ha establecido que cuando
en una sentencia no se ha modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos
se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el
caso específico, la jurisdicción de que está investida, esto es, ‘a partir del día
siguiente a aquél en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad
y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o
el de su notificación o ejecutoria’. En aras de salvaguardar la integridad y
supremacía del Texto Constitucional y de asegurar la vigencia de la garantía
fundamental de la seguridad jurídica, concluye, por una parte, que las sentencias
de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente a su adopción,
siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios ordinarios
adoptados por esta Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56), y por el otro, sujeta
las instituciones de la notificación y el término de ejecutoria contados a partir de la
desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), para delimitar el plazo
dentro del cual los ciudadanos pueden interponer el incidente de nulidad contra el
fallo de constitucionalidad por vulnerar el debido proceso (Decreto 2067 de 1991,
artículo 49)”38(Negrilla del texto original).

34
Sentencia C-978 de 2010 y C-293 de 2020.
35
Cfr. Sentencia C-243 de 2005, C-978 de 2010 y C-257 de 2016.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2021.
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 13001-23-31-000-1992-08263-01.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de

2016. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 76001-23-31-000-2004-00298-01.
38
Providencia de 13 de noviembre de 2008. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente Nº 2003-
00805. Actor: Pharmacia Inter American Corporation.

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109. En línea con lo anterior, esta Sección39 ha expuesto sobre las sentencias
de inconstitucionalidad que no determinan efectos diferentes a los ex nunc:

“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con el artículo 4540 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias que profiera el Tribunal
Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el futuro, salvo que la Corte
resuelva lo contrario o le señale unos específicos o diferidos efectos.

Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex nunc implícitos en la
decisión, la sentencia que declara la inconstitucionalidad empieza a producir efectos
a partir del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de su ejecutoria.
Esta determinación en razón a la clase de control que cumple sobre el ordenamiento
jurídico y en lo previsto en el artículo 5641 de la Ley Estatutaria, en cuanto dispone
que las sentencias tendrán la fecha en la que se adopte, independientemente de
las vicisitudes que se presenten en la publicación del texto del fallo y de los disensos
por aclaraciones o salvamentos que se registren en su aprobación. […]”. (Negrilla
del texto original).

Situación jurídica no consolidada

110. Esta Corporación se ha pronunciado sobre las situaciones jurídicas no
consolidadas considerando que son “[…] aquellas que se debaten o son
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que cuando se define
la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta
para resolver el caso resulta inaplicable porque fue anulada»42. […]”43. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).

111. En relación con las situaciones jurídicas no consolidadas y consolidadas,
la Sección segunda señaló lo siguiente:

“[…] Bajo este entendido, cabe mencionar que las situaciones jurídicas no
consolidadas son aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de
2019. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 13001-23-31-000-2003-00212-01.
40
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial
de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos
que la Corte resuelva lo contrario.” (Negrilla y subrayado del texto original).
41
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán
expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá
además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de
los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la
sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.” (Negrilla y subrayado del texto original).
42
Entre otras, ver sentencias de 16404 del 23 de julio de 2009, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de
17617 del 11 de marzo de 2010, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 17922 del 16 de junio de 2011,
M.P. William Giraldo Giraldo; de 3 de julio de 2013, exp. 19017, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de
26 de febrero de 2014, exp 19684, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 8 de febrero de 2018, exp.
21803, M.P. Milton Chaves García.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 22 de abril de
2021. C.P. Milton Chaves García, radicación número: 08001-23-33-000-2016-01171-01(24853).

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o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante
la jurisdicción contenciosa, por consiguiente, las situaciones jurídicas
consolidadas serán aquellas situaciones subjetivas y particulares que ya han
quedado en firme, o que han sido objeto de pronunciamiento judicial, que ha
hecho tránsito a cosa juzgada. De esta manera, no se puede advertir que las
pretensiones de los actores constituyan derechos consolidados, por cuanto
los mismos estaban en discusión. […]”.44 (Negrilla y subrayado fuera del texto).

112. Esta Sección, y en la misma línea que se expone, precisó sobre la situación
jurídica no consolidada que “[…] es aquella que se discutió, dentro de la
oportunidad legal, ante la administración o ante la jurisdicción y que al estar
pendiente de resolverse, hace precisamente que sea discutida y, en
consecuencia, que no se haya consolidado. […]”.45 (Negrilla y subrayado fuera
del texto).

Análisis del caso concreto

113. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandada en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.

114. Los actos acusados fueron expedidos por la parte demandada en las
siguientes fechas: i) Resolución núm. 21020 de 16 de octubre de 2015, ii)
Resolución núm. 02115 de 20 de enero de 2016, y iii) Resolución núm. 49199 de
16 de septiembre de 2016.

115. La sentencia C-218 de 2015 según su parte resolutiva de declaratoria de
inexequibilidad de: i) la expresión “y/o inversión” del inciso primero del artículo 89
de la Ley 1450; y, ii) del inciso segundo del artículo ibidem, los efectos de esta
decisión son ex nunc o hacia el futuro, en virtud de que no se expresó modulación
alguna en esta providencia, aplicándose la regla general prevista en el artículo 45
de la Ley 270 de 1996.

116. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la sentencia indicada fue proferida
por la Corte Constitucional el 22 de abril de 2015, sus efectos comenzaron a
producirse a partir del día siguiente a la fecha de la misma, por lo que este día
corresponde al 23 de abril de 2015.

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
11 de febrero de 2021. C.P. César Palomino Cortés, radicación número: 15001-23-31-000-2002-02557-
01(0716-12).
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de noviembre
de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 25000-23-37-000-2016-01469-01.

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117. En ese orden de ideas, a la fecha de expedición de las resoluciones
demandadas, ya se encontraba produciendo los efectos derivados de la
declaratoria de inexequibilidad, la sentencia C-218 de 2015.

Metodologías para el cobro de la tasa de vigilancia

118. Acorde con lo expuesto en la sentencia de constitucionalidad indicada,
existe diferenciación en la metodología empleada para establecer el monto de la
tasa por vigilancia que cobra la Superintendencia, “[…] pues mientras los sujetos
objeto de la obligación por ministerio de la Ley 1ª de 1991, lo hacen por concepto
de gastos de funcionamiento, aquellos a quienes se les hizo extensivo el pago de
la tasa en virtud de la Ley 1450 de 2011 deben concurrir, además, con los gastos
de inversión. […]”46.

119. Ahora bien, de conformidad con las argumentaciones que sustentan dicha
providencia, la Corte Constitucional consideró que el artículo 89 de la Ley 1450
vulneró los principios fundamentales de equidad e igualdad tributaria en razón a
no encontrar justificada la necesidad de implementar dos regímenes de liquidación
de la tasa de vigilancia, esto es: i) la de los antiguos vigilados que se determina
con base en los gastos de funcionamiento de la entidad; y ii) la de los nuevos
vigilados que se establece teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento pero
también los de inversión de la entidad.

120. La Corte Constitucional en la sentencia C-218 de 2015 indicó que “[…]
Hasta el año 2011 la Superintendencia de Puertos y Transportes realizó el cálculo
de la tasa por concepto de vigilancia teniendo en cuenta únicamente las
sociedades portuarias y a los operadores portuarios, ya que de acuerdo con el
Artículo 27, numeral 2 Ley 1a de 1991, solo a éstos eran sujetos de tal obligación.
[…]”; y en relación con la metodología para la determinación de la tarifa por
concepto de la Tasa de Vigilancia para los nuevos vigilados, consideró que “[…],
es necesario que el legislador en ejercicio de la potestad que le otorga la
Constitución Política, determine una nueva metodología para calcular el valor
en que deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la financiación de los servicios
que presta esa entidad. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

46
“[…] Corte Constitucional; sentencia C-218 de 22 de abril de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[…]”.

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121. A partir del año 2012, se empieza a fijar la tarifa que por concepto de la tasa
de vigilancia deben pagar los sujetos de vigilancia, inspección y control, para lo cual
se aplican dos metodologías, una, para los antiguos vigilados, y otra, para los nuevos
según la modificación normativa introducida en el artículo 89 de la Ley 1450.

122. La Resolución 21020 de 2015 acusada, por la cual se expide la liquidación de
oficial de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia de las vigencias 2012 a 2014, a
la parte demandante, en sus considerandos refiere, en primer lugar, al artículo 89 de
la Ley 1450, aun cuando para la fecha de su expedición esta norma había sido
declarada inexequible (la expresión “y/o inversión” del primer inciso y el inciso
segundo en sentencia C-218 de 2015); y, en segundo término, a las resoluciones del
Ministerio de Transporte mediante las cuales se fijó la tarifa que por concepto de Tasa
de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte la totalidad
de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para las vigencias fiscales de 2012,
2013 y 2014.

123. Para la vigencia 2014, la tarifa por concepto de Tasa de Vigilancia, se fijó
mediante Resolución núm. 0004188 de 16 de diciembre de 201447 expedida por la
Ministra de Transporte, la cual se fundamentó en el artículo 89 de la Ley 1450 y que
en su parte motiva, estableció lo siguiente:

“[…] Que el artículo 1º del Decreto 087 de 2011 “Por el cual se modifica la
estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus
dependencias”, establece:

“El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación
y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación
económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los
modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la
regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo.”

Que el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, establece como
funciones de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de
Puertos y Transporte - Supertransporte:

“27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios,
por concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le
corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento
de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República.”

Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014, amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27,
numeral 2º de la Ley 1ª de 1991, así:

47
“[…] Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal
del año 2014 y se adoptan otras disposiciones […]”.

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“Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de
la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y
control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los
costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han (Sic) ampliado el cobro de la tasa
a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una
tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos
brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior
al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.” (subrayado fuera de texto).

Que de conformidad con el Decreto N° 3036 de 27 de diciembre de 2013 “Por el
cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2014, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” las
apropiaciones para la Superintendencia de Puertos y Transporte para la vigencia
fiscal de 2014 son de $31.500.000.000.oo, de los cuales $31.000.000.000.oo son
para funcionamiento y $500.000.000.oo son para inversión.

Que el Superintendente de Puertos y Transporte a través del oficio No.
20145400574011 del 5 de diciembre de 2014, avaló y allegó en documento
adjunto oficio No. 20145400570501 del 4 de diciembre de 2014, mediante el cual
la Coordinadora Grupo de Financiera de la Superintendencia de Puertos y
Transporte certifica los gastos de funcionamiento e inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte y los ingresos brutos de los
vigilados 2013 reportados con oficios Nros. 20145400362511 del 12 de agosto de
2014 y 20145400362511 del 28 de noviembre de 2014, así:

[…]

Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia a los nuevos sujetos de cobro de que trata el artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, se aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de dividir los
costos anuales de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de
Puertos y Transporte reportados, sobre los ingresos brutos (reportados y
proyectados) de los nuevos sujetos de cobro, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los dichos vigilados:

El análisis comienza con el cálculo de la tarifa por concepto Tasa de
Vigilancia, según el sistema y método establecido en la Ley 1450 de 2011, la
fórmula a aplicar es:

Donde:

• TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)
• GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y
Transporte de los nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de 2011.
• INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
• IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

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Su cálculo corresponde a:

Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, se encuentra que ésta no supera el
límite previsto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que, la Tasa
de Vigilancia para los nuevos sujetos de cobro vigilados es de 0.094% para
la vigencia 2014.

Que de otro lado, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
a los vigilados portuarios de que trata la Ley 1ª. de 1991 (Sociedades
Portuarias, Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de autorizaciones
obtenidas con anterioridad a la Ley 1ª de 1991 y demás autorizados), se aplicará
la siguiente fórmula, que es la resultante de dividir los costos anuales de
funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre los
ingresos brutos (reportados y proyectados) de los sujetos vigilados de que trata
la Ley 1ª de 1991 así:

Dónde:
• TVp: Tarifa por concepto de Tasa de Vigilancia (Vigilados de que trata la
Ley 1ª de 1991 -Sociedades Portuarias, Operadores Portuarios,
Embarcaderos, titulares de autorizaciones obtenidas con anterioridad a la
Ley 1ª de 1991 y demás autorizados-).

• GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y
Transporte vigilados de que trata la Ley 1ª de 1991 (Sociedades Portuarias,
Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de autorizaciones
obtenidas con anterioridad a la Ley 1ª de 1991 y demás autorizados).

• IBp: Ingresos brutos de los sujetos vigilados de que trata la Ley 1ª de 1991
(Sociedades Portuarias, Operadores Portuarios, Embarcaderos, titulares de
autorizaciones obtenidas con anterioridad a la Ley 1ª de 1991 y demás
autorizados)

De acuerdo a los datos recopilados se obtiene:

Que de acuerdo con la fórmula establecida, la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
para los vigilados de que trata la Ley 1ª de 1991 (Sociedades Portuarias, Operadores
Portuarios, Embarcaderos, titulares de autorizaciones obtenidas con anterioridad a la
Ley 1ª de 1991 y demás autorizados) corresponde a 0,345% para la vigencia 2014.

[…]” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

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124. Para la vigencia 2013, la Ministra de Transporte expidió la Resolución
0005150 de 27 de noviembre de 201348, la cual en sus motivaciones, la Sala observa
que, de idéntica manera al acto transcrito previamente: i) se fundamenta en el artículo
89 de la Ley 1450 de 2011; ii) la fórmula aplicable a los nuevos vigilados, según lo
previsto en el artículo ibidem, es la resultante de dividir los costos anuales de
funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos reportados de los nuevos sujetos de cobro,
la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de dichos vigilados; iii)
una de las variables de la fórmula de los nuevos vigilados es INV: Inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte; iv) al aplicar la fórmula y superar el
límite establecido en el artículo 89 indicado, se ajustó al 0.1% la tarifa por concepto
de tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro para esta vigencia; v) para los
vigilados portuarios (antiguos) de que trata la Ley 1ª. de 1991, aplica la fórmula que
es la resultante de dividir los costos anuales de funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte sobre los ingresos brutos de los sujetos
vigilados de que trata la Ley 1ª de 1991; y, vi) al aplicar la formula la tarifa por
concepto de tasa de vigilancia para los vigilados de la ley supra, corresponde a
0,2605% para esta vigencia.

125. Para la vigencia 2012, la Ministra de Transporte expidió la Resolución
0010225 de 23 de octubre de 201249, que en sus consideraciones, la Sala advierte
que, de igual forma al acto administrativo transcrito previamente: i) se fundamenta en
el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011; ii) la fórmula aplicable a los nuevos vigilados,
según lo previsto en la norma ibidem, es la resultante de dividir los costos anuales
de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte
sobre los ingresos brutos estimados de los nuevos sujetos vigilados, la cual no
podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados; iii) una de las
variables de la fórmula de los nuevos vigilados es INV: Inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte; iv) al aplicar la fórmula y superar el
límite fijado en el artículo 89 anotado, se ajustó al 0.1% la tarifa por concepto de tasa
de vigilancia para los nuevos vigilados para esta vigencia; v) para los vigilados
portuarios (antiguos) de que trata la Ley 1ª. de 1991, aplica la fórmula que es la

48
“[…] Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal
del año 2013 y se adoptan otras disposiciones […]”.

49
“[…] Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal
del año 2012 y se adoptan otras disposiciones […]”.

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resultante de dividir los costos anuales de funcionamiento de la Superintendencia
de Puertos y Transporte sobre los ingresos brutos de los sujetos vigilados de que
trata la Ley 1ª de 1991; y, vi) al aplicar la formula la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia para los vigilados de la ley supra, corresponde a 0,3099% para esta
vigencia.

126. La Resolución núm. 21020 de 16 de octubre de 2015, por medio de la cual
la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la liquidación oficial de
Revisión, ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias
2013 y 2014 en cuantía de $158.191.895 y $136.284.393 pesos m/cte.,
respectivamente, a cargo de la parte demandante, se expidió con fundamento en
el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y en las Resoluciones 0010225 de 2012,
0005150 de 2013 y 0004188 de 2014 expedidas por la Ministra de Transporte.

Efectos de la sentencia de constitucionalidad C-218 de 2015 en el caso
concreto

127. De todo lo expuesto anteriormente, la Sala puede colegir que, habida
cuenta de los efectos de las sentencias de constitucionalidad, en el caso sub
examine, para la fecha en que la Superintendencia de Puertos y Transportes
expidió la liquidación oficial de Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia entre
las vigencias 2013 y 2014 a cargo de la parte demandante, mediante la Resolución
núm. 21020 de 16 de octubre de 2015, lo hizo con base en disposiciones que ya
habían sido objeto de la declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-218 del 22 de abril de 2015 frente a la expresión “y/o
inversión” del inciso primero y la totalidad del inciso segundo del artículo 89 de la
Ley 1450, las cuales se tornaron inaplicables de manera inmediata, como
consecuencia de los efectos erga omnes señalados en el artículo 243 de la
Constitución Política y hacia el futuro, establecidos en el artículo 45 de la Ley 270
de 1996.

128. Para la Sala, si bien la Corte Constitucional se encuentra jurídicamente
habilitada para señalar los efectos temporales de sus sentencias, al no haberlo
hecho frente a la sentencia C-218 de 2015, debe entenderse que los efectos de
la declaratoria de inexequibilidad contenida en la misma se producen ex nunc,
esto es, desde ahora y hacia futuro, y para el momento en que se expidieron los
actos acusados tanto la expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el
inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 ya habían sido expulsados del
ordenamiento jurídico.

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129. La Sala considera que la parte demandada no podía, con posterioridad a la
expedición de la sentencia C-218 de 2015, expedir la liquidación oficial de
Revisión del pago de la Tasa de Vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014, a
través de la Resolución 21020 de 16 de octubre de 2015, a efectos de cobrar
saldos pendientes a cargo de la parte demandante, invocando como fundamento
de dicha reliquidación los apartes declarados inexequibles del artículo 89 de la
Ley 1450 que justamente habilitaban a la Superintendencia de Puertos y
Transporte a aplicar una metodología que, conforme señaló la Corte
Constitucional en su providencia, devino en violatoria de los principios de igualdad
y equidad tributaria al precisar que:

“[…]. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos de funcionamiento y las de
inversión, se concluye que las (sic) inclusión de los gastos de inversión dentro de la
base gravable de los nuevos vigilados genera una sobrecarga adicional para estos
frente a los antiguos, al asociar el tributo no sólo a la recuperación de los gastos en
los cuales incurre la Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del
servicio, sino a la productividad y desarrollo de la entidad (gastos de inversión). Este
trato diferencial que no tiene sustento alguno en la ley que consagra el tributo ni en
los antecedentes de la misma, vulnera el principio de igualdad.

Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en razón a la capacidad
contributiva de los destinatarios del servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no
es el caso del asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011
no establece una diferencia fundada en el principio de equidad, pues las diferencias
entre los sujetos gravables no se abordan ni se mencionan en la ley.

[…]”.

En el presente asunto no existe una situación jurídica consolidada

130. Contrario a lo afirmado por el recurrente, en el caso sub examine no puede
hablarse de una situación jurídica consolidada, en razón a que los actos
administrativos acusados que expidieron la liquidación oficial de Revisión del pago
de la tasa de vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014, están siendo objeto de
conocimiento por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la
finalidad de determinar la legalidad de estos.

131. En tal virtud, una situación jurídica no consolidada es aquella susceptible
de ser discutida en la instancia administrativa o ante la jurisdicción contenciosa,
es decir, mantiene su condición de ser materia de debate o controversia en alguna
de las sedes indicadas.

132. En el asunto sub lite se trata de una situación jurídica no consolidada,
cuando es la propia Administración la que procede a expedir el acto administrativo

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de carácter particular y concreto de liquidación oficial de revisión del pago de la
tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2104 a cargo de la parte demandante,
el cual se encuentra en discusión ante esta Sala y que previamente fue objeto de
impugnación a través de los recursos de reposición y apelación ante las
dependencias administrativas competentes.

133. Así las cosas, las situaciones jurídicas consolidadas son aquellas
situaciones subjetivas y particulares que no fueron recurridas o demandadas por
la parte interesada dentro de la oportunidad legal y que, por tanto, han quedado
en firme o han sido objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa
juzgada.

134. Como se explicó en precedencia, los actos acusados se fundamentaron en
lo previsto en las Resoluciones 0004188 de 16 de diciembre de 2014, 0005150 de
27 de noviembre de 2013 y 0010225 de 23 de octubre de 2012, mediante las cuales
se fijaron las tarifas que por concepto de Tasa de Vigilancia debían pagar los
vigilados (antiguos) de que trata la Ley 1ª de 1991 para las vigencias fiscales de
2104 (0,345%), 2013 (0,2605%) y 2012 (0,3099%) de los ingresos brutos
correspondientes, y los vigilados (nuevos) a los que hace referencia el artículo 89
de la Ley 1450 para las mismas vigencias fiscales de 2014 (0,094%), 2013 (0,1%)
y 2012 (0,1%), cuyo aparte declarado inexequible constituye uno de los
fundamentos para la expedición de las Resoluciones 0004188 de 2014, 0005150
de 2013 y 0010225 de 2012, las cuales señalaron las diferencias en la
metodología para la liquidación de la tarifa de la tasa de vigilancia contenida en el
numeral 27.2. del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 como la prevista en el artículo
89 de la Ley 1450.

135. No debe perderse de vista además que, esta Sección50, mediante sentencia
de 12 de septiembre de 2024, declaró la nulidad de la Resolución núm. 0004188
de 16 de diciembre de 201451, expedida por el Ministerio de Transporte, y
expuesta en el párrafo núm. 121 de esta providencia, para lo cual consideró:

“[…] En ese contexto, dado que la Resolución núm. 0004188 de 2014, al
reglamentar el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, amplió el cobro de la tasa
establecida en el artículo 27, numeral 2º, de la Ley 1ª de 1991 a todos los sujetos
de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia, para cubrir los costos y
gastos de funcionamiento "y/o inversión", basándose en la disposición declarada

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de septiembre de
2019. C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación número: 11001 03 24 000 2016 00021 00.
51
“Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2014 y se
adoptan otras disposiciones”,

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39

Núm. único de radicación: 25000233700020160146101
Demandante: AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA

inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-218 de 2015, resulta
evidente que el acto ahora impugnado incurrió en los mismos defectos de trato
inequitativo e injustificado demostrados en dicha sentencia. […]”

136. Para la Sala, en suma, no podía la parte demandada efectuar una revisión
o reliquidación de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014, tomando
como fundamento las disposiciones contenidas en el inciso 2º y la frase “ y/o
inversión” del artículo 89 de la Ley 1450 que permitían aplicar una metodología
diferente para los nuevos sujetos de vigilancia, en tanto, para el momento en que
fueron expedidos los actos administrativos acusados, ya habían sido declaradas
inexequibles las mencionadas disposiciones, con los efectos erga omnes que le
son propios a las sentencias de constitucionalidad.

137. La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida por la Corte
Constitucional se constituyó en un hecho sobreviniente que le impedía a la parte
demandada, respecto de los nuevos sujetos de vigilancia establecidos en el
artículo 89 de la Ley 1450, expedir la liquidación oficial de Revisión de la tasa de
vigilancia para las vigencias 2012 a 2014, aplicando como fundamento de la
liquidación los apartes del artículo supra declarados inexequibles, por no existir
dichas disposiciones en el ordenamiento jurídico.

Condena en costas

138. Visto el artículo 365 numeral 8.° de la Ley 156452 de 12 de julio de 2012,
sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas
y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará
en costas a la parte demandada.

Conclusión de la Sala

139. La Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia proferida
el 11 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B.

52
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

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40

Núm. único de radicación: 25000233700020160146101
Demandante: AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, de 11
de octubre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva Voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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