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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01463-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2016-01463-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de marzo de 2019, proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-37-000-2016-01463-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
Demandada: Superintendencia de Puertos y Transporte
Tema: Tasa de vigilancia. Liquidación oficial de revisión del pago de la tasa
de vigilancia prevista en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011. Reiteración
jurisprudencial.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en
contra de la sentencia de 13 de marzo de 2019, proferida por la Sección Cuarta,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. La sociedad TACA INTERNATIONAL ARLINES S A SUCURSAL COLOMBIA2 (en
adelante TACA AIRLINES), actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, acudió ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para formular las siguientes pretensiones:

“[…] 3. PRETENSIONES

Las pretensiones que respetuosamente formulo ante este Honorable Tribunal son las
siguientes:

3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Resolución 21030 del 16 de octubre de 2015 por medio de la cual la
Superintendencia de Puertos y Transporte expidió Liquidación Oficial de
Revisión ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias
2013 y 2014 en cuantía de $50.181.759 y $69.361.040 pesos m/cte.,
respectivamente.

(ii) Resolución 2146 del 21 de enero de 2016 por la cual se resuelve el recurso
de reposición interpuesto por TACA contra la resolución 21030 del 16 de octubre

1
Cfr. Fol. 2-30 y 68-97 (reforma de la demanda), cuaderno principal.
2
Cfr. Fol. 31, cuaderno principal. Certificado de existencia y representación legal de “[…] NOMBRE: TACA INTERNATIONAL
AIRLINES S A SUCURSAL COLOMBIA […]”.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

de 2015 relativa a la Liquidación Oficial de Revisión del pago de la tasa de
vigilancia de las vigencias 2013 y 2014.

(iii) Resolución No. 49891 del 22 de septiembre de 2016, por medio de la cual
la Superintendencia de Puertos y Transporte decide el recurso de apelación
interpuesto por TACA contra la Resolución 21030 del 16 de octubre de 2015,
confirmándola en todas sus partes.

3.2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se declare que TACA no está obligada a pagar los mayores valores determinados y
exigidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte, habida cuenta que nos
encontramos frente a un pago de lo no debido. […]”4 (negrilla del texto).

I.1.1. Los hechos

2. Afirmó que la Ley 1ª de 10 de enero de 19915, en su artículo 27, numeral 27.2.,
estableció como función de la Superintendencia General de Puertos, luego
Superintendencia de Puertos y Transporte, la de cobrar a las sociedades portuarias
y a los operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una tasa por la parte
proporcional que le correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de
funcionamiento de la superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República.

3. Adujo que el artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 6 amplió el cobro
de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1ª., a la totalidad de los sujetos de
vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para
cubrir los costos y gastos que ocasione su funcionamiento “[…] y/o inversión […]”.
(Negrilla y subrayado del texto).

4. Anotó, adicionalmente, que la citada norma estableció que aquellos sujetos a los
cuales se les amplió el cobro de la tasa pagarían por ese concepto una tasa por la
parte proporcional que les correspondiera según sus ingresos brutos, en los costos
anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, la cual no podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.

5. Apuntó que la Ley 1450 amplió el cobro de la tasa de vigilancia que le
correspondía recaudar a la Superintendencia de Puertos y Transporte a la totalidad
de los vigilados y señaló expresamente los elementos del tributo mediante una
fórmula para la liquidación de la tasa, aplicable únicamente a los sujetos a quienes
se les amplió el cobro de este tributo.

6. Aseguró que el Ministerio de Transporte expidió las resoluciones números “[…]
10225, 5150 y 4188 […]”, por medio de las cuales se fijó, para los años 2012, 2013
y 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la

4
Cfr. Fol. 68- 97, cuaderno principal. Pretensiones conforme a la reforma de la demanda.
5
“[…] Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones […]”.
6
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. […]”.

3

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Superintendencia de Puertos y Transporte, la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control para esas vigencias fiscales.

7. Aseveró que las resoluciones citadas tomaron como fundamento, los elementos
estructurales dados por el artículo 89 de la Ley 1450 para la determinación de la
tasa para los nuevos sujetos vigilados “[…] específicamente la base gravable para
aplicación (sic) de la tarifa y la destinación de la misma, las cuales, en violación del
principio de igualdad, incluían los costos y gastos de inversión de la
Superintendencia […]”. (Negrilla del texto).

8. Mencionó que la Corte Constitucional, el 22 de abril de 2015, profirió la Sentencia
C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “[…]
y/o inversión […]” (negrilla del texto) del inciso primero del artículo 89 de la Ley
1450 y del inciso segundo de esa misma disposición.

9. Destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia mencionada, habría
precisado que la inclusión de los gastos de inversión dentro de la base gravable de
los nuevos vigilados generó una sobrecarga adicional respecto de los antiguos, al
asociar el tributo no solo a la recuperación de los gastos en los cuales incurre la
Superintendencia de Puertos y Transporte en la prestación del servicio, sino a la
productividad y desarrollo de la entidad, trato diferencial que no tenía sustento
alguno en la ley que estableció el tributo ni en sus antecedentes, lo cual vulneraba
el principio de igualdad en materia tributaria y desconocía la Constitución Política.

10. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución
núm. 21030 de 16 de octubre de 2015, mediante la cual profirió liquidación oficial
de revisión, ordenando el pago del saldo de la tasa de vigilancia para las vigencias
2013 y 2014 a cargo de TACA AIRLINES, por la suma de $50.181.759 y
$69.361.040, respectivamente.

11. Indicó que presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución núm. 21030 de 16 de octubre de 2015. Precisó que el recurso de
reposición fue decidido en la Resolución núm. 2146 de 21 de enero de 2016, en la
cual se resolvió confirmar el acto recurrido y, por la Resolución 49891 de 22 de
septiembre de 2016, se decidió, extemporáneamente, el recurso de apelación.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

12. La parte demandante consideró que los actos administrativos demandados
vulneraron los artículos 29, 83, 95 (numeral 9.), 150, 230, 243, 338 y 363 de la Carta
Política; 86 y 91 de la Ley 1437 y 683 del Estatuto Tributario. Asimismo, hizo
referencia a la “[…] Falsa Motivación […]” y a la “[…] Vía de Hecho de la
Administración. […]”.

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Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

I.1.3. El concepto de la violación

i) “[…] Violación del artículo 86 del CPACA – término para resolver el
recurso de apelación interpuesto – y 29 de la Constitución Política –
Derecho Fundamental al debido proceso […]” (subrayado del texto).

13. Afirmó que, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1437, después de transcurrido
un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de
reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.

14. Consideró que la autoridad administrativa desconoció la norma señalada, en
razón a que expidió la Resolución núm. 49891 de 22 de septiembre de 2016, por
medio de la cual resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la
Resolución núm. 21030 de 16 de octubre de 2015, de manera extemporánea, lo
cual comporta la violación del derecho al debido proceso previsto en el artículo 29
de la Carta Política.

ii) “[…] Violación del numeral 12 del artículo 150 y el artículo 338 de la
Constitución Política – principio de Legalidad de los Tributos – Violación
del Artículo 243 de la Constitución Política legalidad de los tributos cosa
juzgada constitucional y efecto de la inexequibilidad de una norma. […]”
(subrayado del texto).

15. Sostuvo que, al declararse la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 en lo
que se refiere a los elementos estructurales de la tasa de vigilancia para los nuevos
vigilados, la disposición se hace inaplicable por ser contraria a la Carta Política.

16. Subrayó, igualmente, que al haberse declarado la inexequibilidad del segundo
inciso del artículo 89 de Ley 1450, “[…] la obligación de pago, la base gravable, la
destinación (cubrir costos y gastos de inversión) y la tarifa tope, devienen en
inaplicables al ser contrarios a la Constitución Nacional. […]”.

17. Alegó que la parte demandada insistía en que, como la sentencia proferida por
la Corte Constitucional tenía efectos hacia futuro, era viable liquidar y cobrar un
tributo que fue declarado inexequible “[…] en lo que respecta a los elementos de su
esencia […]”, con lo cual olvidó que al declararse inexequibles esos elementos, la
tasa de vigilancia, que pesaba sobre los nuevos vigilados, no podía ser aplicada
“[…] so pena imponer (sic) un tributo que carece de sustento legal y por tanto
violatorio del principio de legalidad y predeterminación de los tributos […]”.
(Negrilla del texto).

18. Destacó que, como resultado de haberse proferido la sentencia C-218 de 2015,
por parte de la Corte Constitucional, en la cual se declaró la inexequibilidad de la
norma que establecía los elementos del tributo para los nuevos vigilados, los
elementos esenciales de la tasa de vigilancia desaparecieron, de tal forma que, al

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exigirse su pago por los años 2013 y 2014, sin una norma que lo fundamente, se
habría desconocido el “[…] principio de legalidad y predeterminación de los
tributos […]”. (Negrilla y subrayado del texto).

19. Argumentó que no era posible, como lo pretendían los actos administrativos
acusados, aplicar la Ley 1ª., toda vez que, conforme a su artículo 27, numeral 27.2.,
tal disposición va dirigida a aquellos inicialmente vigilados por la Superintendencia
de Puertos y Transporte, esto es, las sociedades portuarias y los operadores
portuarios, la cual no se podía extender a los nuevos vigilados, teniendo en cuenta
que, para los nuevos vigilados existía una disposición expresa –el inciso segundo
del artículo 89 de la Ley 1450– que, insistió, fue declarada inexequible.

20. Estimó que el cobró efectuado por la Superintendencia de Puertos y Transporte
desconoció los efectos erga omnes de los fallos de inexequibilidad y, en
consecuencia, el artículos 243 de la Carta Política referido a la cosa juzgada
constitucional.

iii) “[…] Violación del Artículo 91 del CPACA – Pérdida de ejecutoriedad de
los actos administrativos – Inexistencia de situaciones jurídicas
consolidadas – Desconocimiento del precedente judicial. […]” (subrayado
del texto).

21. Citó el artículo 91 de la Ley 1437, relativo a la pérdida de fuerza ejecutoria de los
actos administrativos y subrayó que las resoluciones que desarrollaron el artículo
89 de la Ley 1450, esto es, las resoluciones números 10225 de 2012, 05150 de
2013 y 04188 de 2014, sustento de los actos acusados, habrían perdido su fuerza
ejecutoria, de tal forma que no podían ser sustento jurídico del cobro de la tasa de
vigilancia de los años 2013 y 2014, pues desaparecieron “[…] los fundamentos
jurídicos en el que se sustentaron, y que no es otro que los apartes declarados
inexequibles del artículo 89 de la Ley citada […]”.

22. Consideró que existía el vicio de falsa motivación en la afirmación de la autoridad
administrativa consistente en que persistían los fundamentos de derecho y se
estaba ante situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que, al desaparecer el
fundamento legal de las resoluciones en que se sustentó el cobro de la tasa de
vigilancia, “[…] mi poderdante podría solicitar la devolución de las sumas pagadas
como un pago de lo no debido […]”.

23. Aseveró que los actos administrativos demandados incurrieron en vicio de
nulidad “[…] al partir de una falsa premisa, cual es la inexistencia de la pérdida de
ejecutoria de los actos sustento del cobro de la tasa 2013 y 2014 y la supuesta
ocurrencia de una situación jurídica consolidada, que como se demostró no se
presenta en este caso […]”, con lo cual se presenta el vicio de falsa motivación al
“[…] aplicar erróneamente los fundamentos jurídicos que soportan las actuaciones
administrativas […]”.

6

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24. Afirmó que los actos administrativos demandados estaban falsamente motivados
en razón a que la administración expuso argumentos de derecho que no
correspondían a la realidad, cobrando la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014,
pese a que desapareció del ordenamiento jurídico, la norma que determinaba los
elementos estructurales del tributo para los nuevos vigilados, aplicándolos de
manera arbitraria y con desconocimiento del principio de legalidad y de los efectos
de la sentencia de inconstitucionalidad, “[…] aduciendo como único sustento legal,
la ampliación del cobro de la tasa a otros vigilados (nuevos sujetos pasivos) […]”.

iv) “[…] Violación de los artículos 83, 95-9 y 363 de la Constitución Política y
el 683 del Estatuto Tributario […]” (subrayado del texto).

25. Expuso que la Superintendencia de Puertos y Transporte, desconoció la
inexequibilidad del inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450, al aplicar los
elementos estructurales de una ley previa que no le era aplicable, con lo cual se
desconocieron los artículos 58, 83, 95 (numeral 9.) y 363 de la Carta Política, así
como el artículo 683 del Estatuto Tributario.

26. Señaló que el principio de justicia debía aplicarse a toda actuación de la
administración y consideró que se trasgredía cuando se le exigía al contribuyente
de un tributo más de lo que la ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas.

27. Agregó que, en el presente caso, se exigió un mayor valor de una tasa con base
en una norma declarada inexequible y se aplicaron actos administrativos que
perdieron ejecutoria, lo cual trajo como consecuencia una carga desproporcionada,
confiscatoria e injustificada que no debió soportar.

28. Anotó que, al exigírsele un mayor valor de la tasa de vigilancia por los períodos
en discusión, se desconocieron los principios de equidad, eficiencia y progresividad,
previstos en el artículo 363 de la Carta Política.

29. Consideró que el cobro pretendido por la administración era arbitrario y abusivo,
pues se le obligó a pagar unas sumas que no le pertenecen a la autoridad
administrativa, lo cual conllevaría a un enriquecimiento sin causa del Estado, en
detrimento de los vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

30. Estimó que los actos administrativos demandados desconocieron los artículos 83
y 95, numeral 9., de la Carta Política, en razón a que exigir un mayor valor de la tasa
de vigilancia constituiría un desconocimiento del principio de la buena fe a favor de
los particulares y, adicionalmente, una “[…] expropiación de facto […]”.

v) “[…] Vía de Hecho de la Administración […]” (subrayado del texto).

31. Resaltó que la autoridad administrativa, al expedir la liquidación oficial de
revisión, incurrió en irregularidad grave y manifiesta, que va en contravía de los
derechos de los administrados y atenta contra el ordenamiento jurídico, al estar

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sustentada en actos administrativos cuyo fundamento legal fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, perdiendo su fuerza ejecutoria.

32. Alegó que la Superintendencia de Puertos y Transporte habría incurrido en
manifiesta vía de hecho: i) al realizar una liquidación sustentada en apartes del
artículo 89 de la Ley 1450 declarados inexequibles por la Corte Constitucional; ii) al
realizar un actuación sin fundamento legal y careciendo de competencia; y, iii) al
proferir decisiones que carecen de fundamento legal y regulatorio, por tanto
arbitrarias y lesivas de derechos de los administrativos y, en consecuencia, en
desacato de la Carta Política y la ley.

I.2. Trámite de la demanda

33. Através de auto de 6 de octubre de 20167, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente al representante legal de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, al agente del Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y ii) se corrió traslado de la
demanda, por el término de treinta (30) días, para los efectos previstos en el artículo
172 de la Ley 1437.

34. Mediante auto de 21 de junio de 20178 se admitió la reforma de la demanda y,
en consecuencia, i) se ordenó notificar por estado a la parte demandada, al agente
del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y ii)
se corrió traslado de la demanda, por el término de quince (15) días, para los efectos
previstos en el artículo 172 de la Ley 1437.

I.3. La contestación de la demanda9

35. La Superintendencia de Puertos y Transporte contestó la demanda y solicitó
declarar probadas las excepciones formuladas y, en consecuencia, denegar las
pretensiones de la demanda, al considerar que no existía causal de nulidad de los
actos administrativos demandados, con lo cual no tenía sustento alguno la
exoneración del pago de la tasa de vigilancia para la demandante.

36. Formuló las excepciones de improcedencia de las pretensiones, falta de causa
para demandar por cumplimiento de un deber legal de parte de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, inexistencia de causales de nulidad en los actos
administrativos demandados, buena fe y de oficio o genérica.

37. Se refirió a los “[…] cuatro (4) cargos de nulidad […]”, e indicó, respecto de la
sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, luego de citar el

7
Cfr. Fol. 63, cuaderno principal.
8
Cfr. Fol. 203, cuaderno principal.
9
Cfr. Fol. 122-139 y 207-215, cuaderno principal. La parte demandada integró, en un solo escrito, la contestación de la
demanda y la contestación a la reforma de la demanda.

8

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artículo 45 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199610 y de transcribir la sentencia C-
444 de 2011, que tenía efectos ex nunc, teniendo en cuenta que:

“[…] la Corte Constitucional no estableció que el efecto fuera desde siempre, por
tanto, los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte, por las
cuales establecieron el pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012, 2013 y
2014, y la resolución 21030 del 16 de octubre de 2015 se encuentran vigentes y gozan
de legalidad. […]”.

38. Entendió, por tanto, que los actos administrativos demandados gozaban de
presunción de legalidad al fundamentarse en supuestos fácticos y jurídicos
anteriores a la sentencia C-218 de 2015, la cual declaró la inexequibilidad de la
expresión “[…] y/o inversión” […]” del artículo 89 de la Ley 1450, así como el inciso
segundo de la norma, esto es:

“[…] cuando se expidieron los actos administrativos que fijaron la tasa de vigilancia
para los años 2012, 2013 y 2014, se hicieron antes de ser proferida la respectiva
sentencia, por ende, el artículo 89 de la Ley 1450 del 2011 se encontraba vigente en
su totalidad. […]”

39. Se refirió al auto de 31 de mayo de 2016, proferido por esta Sección dentro del
expediente núm. 2016-00011, en el cual, respecto de los efectos de la sentencia C-
218 de 2015, se habría señalado que la Corte Constitucional en ningún momento
declaró la inexequibilidad total del artículo 89 de la Ley 1450, sino de algunos de
sus apartes, de tal forma que la ampliación del cobro de la tasa de vigilancia a todos
los sujetos vigilados se encontraba ajustada a la Carta Política.

40. Adujo que los actos administrativos acusados se fundamentaron en “[…] el
mismo andamiaje jurídico que el Consejo de Estado declaró válido, a saber, el
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, este último
tal como quedó después de la declaratoria de inexequibilidad parcial contenida en
la sentencia C-218 de 2015 […]”, por lo que las liquidaciones de revisión no pueden
verse afectadas por la citada decisión judicial.

41. Aseveró que había respetado todas las garantías constitucionales de la parte
demandante, entre ellas, el principio de legalidad y el debido proceso administrativo.

42. Aseguró, frente al argumento de la pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo, conforme al artículo 91 de la Ley 1437, que:

“[…] el Ministerio de Transporte en ejercicio de las facultades, en especial las
conferidas por los artículos 2 numeral 2 y 6.4. del Decreto 087 de 2011, fijó la tarifa
que por concepto de tasa de vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos
y Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control; para las
vigencias fiscales de los años 2012, 2013 y 2014, teniendo en cuenta el artículo 27
de la Ley 1ª de 1991 y el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, tal y como se enunció
más arriba de este escrito.

10
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”.

9

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En ese orden de ideas, se observa que al momento de fijar las tarifas de tasa de
vigilancia paras (sic) los años 2012 y 2014 (sic), existían leyes –Ley 1450 de 2001
(sic) y la Ley 1ª de 1991- que autorizaban los montos a cobrar por concepto de tasa,
las cuales señalaban un método y el sistema a seguir, por tal razón las resoluciones
expedidas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y
Transporte, en donde se consolidaban los elementos del tributo establecido en las
leyes anteriormente mencionadas: i) sujeto activo, ii) sujeto pasivo, iii) hecho
generador – servicio prestado -, iv) tarifa y v) base gravable; los cuales ostentan el
atributo de la presunción de legalidad del acto administrativo -no han sido objeto
de declaratoria de pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 92 de la Ley 1437 de 2011, puesto que como ya se expuso
anteriormente los fundamentos de hecho y derecho por los cuales se fijó las
mencionadas tasas, no se han visto afectados por la declaración de inexequibilidad
parcial de la sentencia C – 218 de 2015. […]” (negrilla del texto)

43. Explicó,
respecto de los razonamientos consistentes en que existe, en el
presente asunto, una situación jurídica no consolidada, que la Superintendencia de
Puertos y Transporte estableció los plazos de pago por concepto de tasa para los
años 2012, 2013 y 2014:

“[…] de conformidad con los ingresos brutos del año fiscal inmediatamente anterior –
actos administrativos generales, definitivos e impersonales que producen efectos
jurídicos -; en concordancia con la Ley 1ª de 1991 y la Ley 1450 de 2011, de la
siguiente manera:

• Año 2013: Mediante Resolución 015372 del 6 de diciembre de 2013, la
Superintendencia de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de
la Tasa de Vigilancia 2013 – por ocasión de los ingresos brutos del año 2012-
que le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia fiscal
2013, hasta el 26 de diciembre de 2013.

• Año 2014: Mediante Resolución 30527 del 18 de diciembre de 2014, la
Superintendencia de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de
la Tasa de Vigilancia 2014 – por ocasión de los ingresos brutos del año 2013
– que le Correspondía (sic) pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia
fiscal 2014, hasta el 30 de diciembre de 2014.

En los anteriores actos administrativos la Superintendencia fijó el plazo y forma de
pago de la tasa de vigilancia, pero la consolidación de la situación jurídica acaeció el
31 de diciembre de cada año fiscal, según sus ingresos brutos, fecha en la cual nació
la obligación de las empresas de pagar la tasa en virtud de los establecido (sic) en el
numeral 2° del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991. […]” (negrilla del texto)

44. Finalmente, respecto de la configuración del vicio de falsa motivación y de la
existencia de una vía de hecho por parte de la autoridad administrativa, manifestó
que los actos administrativos acusados gozaban de respaldo legal y, en su
expedición, se respetó el principio de legalidad y las garantías procesales previstas
en la Carta Política y en la Ley 1437.

10

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I.4. Trámite del proceso

45. Mediante auto de 31 de agosto 201711, se tuvo por contestada la demanda y su
reforma por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se fijó el día 26
de enero de 2018, hora 11:00 a.m., para la realización de la audiencia inicial prevista
en el artículo 18012 de la Ley 1437.

46. La audiencia inicial13 se llevó a cabo el mencionado día -26 de enero de 2018- y
en desarrollo de esta se fijó el litigio, de la siguiente forma:

“[…] 3. FIJACIÓN DEL LITIGIO
(…)

Conforme los hechos, la manifestación sobre éstos efectuada en la contestación de
la demanda y su reforma, y los demás extremos de la demanda y la contestación, se
determina que el asunto litigioso en el presente proceso versa sobre la legalidad de
la Resolución No. 21.030 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual le fue
proferida a la demandante liquidación oficial de revisión por concepto de la tasa de
vigilancia de los años 2013 y 2014; de la Resolución No. 2.146 del 21 de enero de
2016 que confirmó la anterior al resolver el recurso de reposición interpuesto; y de la
Resolución No. 49.891 del 22 de septiembre de 2016, a través de la cual se confirmó
la Resolución No. 21.030 de 2015 al resolver el recurso de apelación presentado.

Y de manera específica el litigio frente a los actos acusados se centra en determinar,
conforme a los cargos de nulidad formulados, (i) si se vulneró el derecho al debido
proceso, en cuanto a la oportunidad para la resolución del recurso de apelación
interpuesto en vía administrativa; (ii) si se vulneró el régimen legal aplicable al
determinarse la tasa de vigilancia; (iii) si es predicable la falta de ejecutoria de los
actos fundamento de las resoluciones demandadas y por ende si se incurrió en falsa
motivación; y (iv) si se incurrió en una vía de hecho. […]” (negrilla del texto).

47. En la citada diligencia judicial, se decretaron las pruebas del proceso, se
prescindió de la realización de las audiencias previstas en los artículos 181 y 18214
de la Ley 1437 y concedió a las partes y al Ministerio Público un término común de
diez (10) días para presentar alegatos de conclusión.

48. Las partes, demandante15 y demandada16, reiteraron los argumentos expuestos
en el proceso. El agente del Ministerio Público no intervino dentro de la oportunidad
procesal.

11
Cfr. Fol. 218, cuaderno principal.
12
Modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2025, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
13
Cfr. Fol. 230-236, cuaderno principal.
14
Modificado por el artículo 41 de la Ley 2080.
15
Cfr. Fol. 237-248, cuaderno principal.
16
Cfr. Fol. 249-252, cuaderno principal.

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I.5. La sentencia de primera instancia17

49. La Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en sentencia de 13 de marzo de 2019, resolvió:

“[…] FALLA

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 21.030 del 16 de octubre
de 2015, por medio de la cual la Secretaría General de la Superintendencia de
Puertos y Transporte profirió en contra de la sociedad TACA INTERNACIONAL (sic)
AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA liquidación oficial de revisión por concepto
de la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014; y de las Resoluciones No. 2.146 del
21 de enero de 2016 y 49.891 del 22 de septiembre de 2016, por medio de las cuales
la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transportes (sic) y el
Superintendente de Puertos confirmaron la primera al desatar los recursos de
reposición y apelación, respectivamente, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, DECLÁRASE que la sociedad TACA INTERNACIONAL (sic) AIRLINES
S.A. SUCURSAL COLOMBIA, no está obligada a pagar la suma liquidada en los
actos administrativos que se anulan.

TERCERO.- No se condena en costas a la parte vencida en esta instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

CUARTO.- En firme, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes
administrativos a la oficina de origen y del excedente de gastos del proceso. Déjense
las constancias del caso. […]” (negrilla del texto).

50. La primera instancia determinó que el problema jurídico se centraba en:

“[…] determinar la legalidad de la Resolución No. 21.030 del 16 de octubre de 2015,
por medio de la cual le fue proferida a la demandante liquidación oficial de revisión
por concepto de la tasa de vigilancia de los años 2013 y 2014; de la Resolución No.
2.146 del 21 de enero de 2016 que confirmó la anterior al resolver el recurso de
reposición interpuesto; y de la Resolución No. 49.891 del 22 de septiembre de 2016,
a través de la cual se confirmó la Resolución No. 21.030 de 2015 al resolver el recurso
de apelación presentado; para lo cual, conforme a los cargos de nulidad formulados,
se hace necesario establecer: (i) si se vulneró el derecho al debido proceso, en cuanto
a la oportunidad para la resolución del recurso de apelación interpuesto en vía
administrativa; (ii) si se vulneró el régimen legal aplicable al determinarse la tasa de
vigilancia; (iii) si es predicable la falta de ejecutoria de los actos fundamento de las
resoluciones demandadas y por ende si se incurrió en falsa motivación; y (iv) si se
incurrió en una vía de hecho. […]”.

51. Se pronunció en relación con el problema jurídico consistente en determinar si
con la expedición de los actos administrativos demandados se desconoció el
artículo 29 de la Carta Política, en relación con lo previsto en el artículo 86 de la Ley
1437, en lo atinente a la oportunidad para resolver el recurso de apelación
interpuesto en el procedimiento administrativo.

17
Cfr. Fol. 254-267, cuaderno principal.

12

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52. Para resolver la acusación, citó el artículo 86 de la Ley 1437 y manifestó que el
silencio administrativo negativo previsto en esta norma opera cuando la
administración no resuelve, dentro del término que esta disposición señala, los
recursos interpuestos contra sus decisiones.

53. Mencionó que la omisión expuesta implica la confirmación de la decisión
recurrida puesto que se entiende negada la solicitud elevada, sin que se pierda la
competencia para resolver, expresamente, el recurso interpuesto, salvo que se haya
formulado “[…] demanda ante la jurisdicción […]”.

54. Destacó que la figura del silencio administrativo constituye “[…] una sanción a la
negligencia y desidia de la Administración para resolver en tiempo los recursos, y
permite que los administrados puedan acceder a la jurisdicción a cuestionar la
legalidad de los actos particulares proferidos en su contra. […]”.

55. Analizó el caso concreto y argumentó que:

“[…] Se debe precisar que el artículo 86 del CPACA dispone que la no resolución
oportuna de los recursos constituye una falta disciplinaria grave, y que la ocurrencia
del silencio negativo que permite el acceso a la administración de justicia de los
administrados no exime a la Administración de su responsabilidad de resolver el
recurso interpuesto, siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la
demanda, y en el presente caso se constata que la sociedad actora el 4 de noviembre
de 2015 interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución
No. 21030 del 16 de octubre de 2015 por medio de la cual la Superintendencia de
Puertos y Transportes (sic) profirió liquidación oficial de revisión por la tasa de
vigilancia correspondiente a las vigencias 2013 y 2014; siendo resuelto el recurso de
reposición mediante la Resolución No. 02146 el 21 de enero de 2016, confirmando el
acto recurrido y concediendo recurso de apelación ante el Superintendente de
Transporte (fl. 187); no obstante, dicho recurso no fue resuelto dentro del término
previsto en la ley, circunstancia que configuró el silencio administrativo negativo
respecto de dicho recurso y habilitó para que la sociedad actora interpusiera demanda
contra las decisión (sic) de la entidad contenida en los actos expresos referidos y en
el acto ficto producto del silencio administrativo negativo.

Ahora bien, el 22 de septiembre de 2016, la entidad demandada expidió la Resolución
No. 49891 por medio de la cual resolvió de forma expresa el recurso de apelación
interpuesto contra la liquidación oficial de revisión, y si bien la omisión de la entidad
de resolver en término el recurso formulado generó la configuración del silencio
administrativo negativo, en aplicación del artículo 86 del CPACA, ello no hace que se
pierda competencia para resolver de forma expresa el recurso siempre que no se
hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el particular haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en el presente caso, la referida
resolución fue expedida con anterioridad a tal circunstancia, si se tiene en
consideración que la admisión de la demanda le fue notificada a la Superintendencia
el 1° de febrero de 2017 (fl. 64 vto.), por lo tanto, la resolución de forma expresa del
recurso de apelación no generó desconocimiento del artículo 86 referido, sino por el
contrario su cumplimiento, ni generó vulneración del derecho al debido proceso, pues
se reitera, el silencio administrativo negativo no exime de responsabilidad a la entidad
para resolver el recurso formulado, pues la configuración de dicho fenómeno jurídico
es independiente de la competencia de la administración para resolver un recurso, y
en sub judice (sic) ello se efectuó dentro del límite establecido en la ley; por lo que
no prospera el cargo de nulidad analizado. […]” (negrilla del texto).

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56. Abordó el cargo relativo a “[…] Si se vulneró el régimen legal aplicable al
determinarse la tasa de vigilancia; y si es predicable la falta de ejecutoria de
los actos fundamento de las resoluciones demandadas y por ende si se
incurrió en falsa motivación […]” (negrilla del texto), de la siguiente manera:

“[…] los actos administrativos cuestionados corresponden a una liquidación oficial de
revisión realizada por la Superintendencia a TACA, por el incumplimiento parcial del
pago de la tasa de vigilancia por parte de la demandante para las vigencias 2013 y
2014, cuyas tarifas se fijaron por la Resoluciones 05150 del 27 de noviembre del 2013
y 04188 del 18 de diciembre del 2014 del Ministerio de Transporte, respectivamente,
y que tuvieron como fundamento normativo los artículos 27, numeral 27.2 de la Ley
1° de 1991 y 89 de la Ley 1450 del 2011, siendo este último aplicable hasta antes de
la declaratoria de inconstitucionalidad parcial por parte de la Corte Constitucional; por
lo tanto, para resolver el problema jurídico planteado es pertinente desarrollar el tema
de los efectos de las decisiones de inconstitucionalidad de la Alta Corporación
Constitucional, para lo cual se hace necesario citar el artículo 45 de la Ley 270 de
1996 – Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que señala:

(…)

En ese orden, la sentencia C-218 del 22 de abril de 2015 de la Corte Constitucional,
que declaró inexequibles la expresión “y/o inversión” y todo el segundo inciso del
artículo 89 de la Ley 1450 del 2011 – Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, surte
el efecto general “hacia futuro” o ex nunc, toda vez que en su parte resolutiva no indica
una condición temporal de cumplimiento. Señala textualmente la parte resolutiva de
la sentencia de constitucionalidad:

(…)

Teniendo en consideración que la sentencia C-218 del 2015 tiene efectos ex nunc, y
que la tarifa y la base gravable, así como todos los demás elementos esenciales de
la tasa de vigilancia para los años 2013 y 2014 fueron fijados por el Ministerio de
Transporte a través de las Resoluciones Nos. 05150 del 27 de noviembre del 2013 y
04188 del 16 de diciembre de 2014, respectivamente; las cuales tuvieron como
fundamento normativo la Ley 1° de 1991 y el artículo 89 de la Ley 1450 del 2011, y
que éste último era aplicable en su totalidad para las vigencias 2013 y 2014 para el
pago de dicha tasa, toda vez que su declaratoria parcial de inconstitucionalidad se
efectuó con posterioridad a esos años gravables, dichas resoluciones, atendiendo los
efectos en el tiempo de la sentencia de inconstitucionalidad, surtieron plenos efectos
antes de su expedición.

Ahora bien, los actos administrativos demandados, esto es, las Resoluciones Nos.
21030 del 16 de octubre de 2015, No. 02146 del 21 de enero del 2016 y 49891 del 22
de septiembre de 2016 (sic), fueron expedidos con posterioridad a la sentencia C-218
del 22 de abril de 2015, y si bien no fijaron los elementos esenciales de la tasa de
vigilancia, sino que corresponden a la revisión del incumplimiento parcial del pago por
concepto de este tributo por parte de TACA para las vigencias 2013 y 2014, tuvieron
como fundamento las resoluciones del Ministerio de Transporte cuyo sustento
normativo, esto es, el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, fue declarado parcialmente
inconstitucional, por lo tanto, contrario a lo indicado por la parte demandada, dichas
resoluciones desconocieron una decisión de inconstitucionalidad frente a una
situación jurídica que no se encontraba consolidada, si se tiene en consideración que
con los actos demandados el artículo declarado inconstitucional produjo efectos con
posterioridad a la sentencia de inexequibilidad; situación diferente es que la
liquidación oficial de revisión que ahora se cuestiona hubiese sido expedida antes de

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la fecha en que se profirió la sentencia, y teniendo en consideración los efectos a
futuro de este tipo de providencias, la entidad demandada no podía sustentar la
determinación de la obligación tributaria para los años 2013 y 2014 en una norma que
ya había desaparecido del ordenamiento jurídico, pues, como lo indicó el Consejo de
Estado en la jurisprudencia citada en precedencia, dicha norma no se puede seguir
ejecutando o aplicando a hechos nuevos que eran subsumibles en ella una vez es
declarada su inconstitucionalidad.

Se reitera que cuando la Superintendencia de Puertos y Transporte determinó a cargo
de la sociedad actora el valor adeudado por la tasa de vigilancia por los años 2013 y
2014, el inciso 2° del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 y la frase «y/o inversión» ya
había sido declarado inexequible, por lo tanto, no es de recibo el argumento de la
Superintendencia que la obligación de pago de la tasa constituía una situación
jurídicamente consolidada antes de que la sentencia C-218 de 2015 fuera proferida,
pues ello implicaría darle efectos jurídicos a una norma que ya no existía en el
ordenamiento jurídico.

(…)

Teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado citada en precedencia, y que
conforme los efectos de sentencias de inexequibilidad (sic), no es predicable la
situación jurídica consolidada, es claro que antes de la sentencia ejecutoriada C-218
de 2015, el artículo 89 de la ley 1450 de 2011 estaba vigente y por ende era ejecutable
o aplicable a los hechos ocurridos durante su vigencia, en esa medida las
Resoluciones Nos. 05150 del 27 de noviembre del 2013 y 04188 del 16 de diciembre
de 2014, por medio de las cuales se fijó la tarifa de la tasa de vigilancia para los años
2013 y 2014, respectivamente, eran aplicables y producían efectos antes de la
expedición de la sentencia de inexequibilidad; pero una vez fue proferida la sentencia,
dichas resoluciones y menos aún la norma declarada inexequible, no se podían seguir
aplicando a hechos nuevos subsumibles en ella, como sería el incumplimiento en el
pago de la obligación tributaria de los años 2013 y 2014, por cuanto la norma quedó
excluida del mundo jurídico, y a partir de dicha circunstancia no produce ningún
efecto; no obstante gocen de presunción de legalidad las Resoluciones Nos. 05150
del 27 de noviembre del 2013 y 04188 del 16 de diciembre de 2014, por cuanto, se
reitera, antes de la expedición de la sentencia de inexequibilidad su fundamento legal
se encontraba vigente.

En ese orden, los actos administrativos demandados si desconocieron los efectos de
la sentencia de inconstitucionalidad C-218 de 2015, al tomar como base normativa el
artículo 89 de la ley 1450 de 2011, que para octubre de 2015 ya no producía ningún
efecto jurídico.

Aunado a lo anterior, al no existir en el mundo jurídico el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011 y no producir efecto legal alguno luego de su declaratoria de
inconstitucionalidad parcial, no tienen fuerza ejecutoria los actos administrativos
demandados.

(…)

En ese medida (sic), las Resoluciones demandadas al ser posteriores a la fecha de
la sentencia de inconstitucionalidad parcial del artículo 89 de la Ley 1450 del 2011,
desconocieron los efectos ex nunc (sic) de la providencia, pues se basaron en una
norma que luego de su declaratoria de inexequbilidad no producía efecto legal alguno,
por lo tanto, la Superintendencia de Puertos y Transportes no podía con base en dicha
norma determinar obligación tributaria a cargo de la sociedad actora para los años
2013 y 2014 aduciendo cumplimiento parcial del pago por las vigencias referidas;
debiendo precisarse además que la decisión administrativa cuestionada constituye

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una liquidación oficial de revisión que implicó la aplicación de una norma inexequible
que no produce efecto jurídico.

Conforme las consideraciones expuestas, prospera el cargo de nulidad analizado,
y la Sala se releva de estudiar los restantes cargos de nulidad; y en medida, procede
a declarar la nulidad de los actos demandados por cuanto se basaron en el artículo
89 de la Ley 1450 del 2011, que si bien estaba vigente para los años 2013 y 2014, y
por ende era aplicable en su totalidad, para la fecha de expedición de los actos
demandados, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad parcial del referido
artículo mediante la sentencia C-218 de 2015, ésta norma ya no producía ningún
efecto jurídico, por ende no podía ser base de la liquidación oficial de revisión
cuestionada, sin que dicha conclusión le esté otorgando efectos ex tunc o retroactivos
a la referida sentencia de constitucionalidad, por el contrario, está dando cumplimiento
a los efectos a futuro de este tipo de providencias, pues con ello no se está afectando
la vigencia de la norma antes de la fecha de la sentencia de la Corte Constitucional,
sino estableciendo los efectos de una norma una vez es declarada inexequible por la
Alta Corporación. […]” (negrilla del texto).

I.6. El recurso de apelación18

57. La Superintendencia de Puertos y Transporte, inconforme con la decisión de
primera instancia, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque.

58. Resaltó que los efectos de la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, eran hacia el futuro, por lo cual, al ser la Resolución núm. 21030 del
16 de octubre de 2015, un acto de revisión y cobro de saldos no pagados por las
vigencias 2013 y 2014, tiene su sustento en actos administrativos expedidos con
anterioridad a dicha sentencia, a saber: la Resolución núm. 05150 de 27 de
noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedidos por el Ministerio
de Transporte.

59. Estimó que, de lo expuesto anteriormente, se presentaba para la parte
demandada, una situación jurídica consolidada, teniendo en cuenta que los actos
administrativos por los cuales el Ministerio de Transporte fijó el porcentaje de la tasa
de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014, al ser expedidos con anterioridad al 22
de abril de 2025, tendrían plena aplicación y no se pueden eliminar ni modificar
retrotrayendo los efectos de la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional.

60. Argumentó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015, declaró
la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de la tarifa de la tasa de
vigilancia, respecto de los nuevos vigilados, de los gastos de inversión de la entidad,
pero tal declaratoria no se extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la
totalidad de los sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del ordenamiento jurídico.

18
Cfr. Fol. 275-277, cuaderno principal.

16

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61. Insistió en que los efectos en el tiempo de la sentencia C-218 de 2015, proferida
por la Corte Constitucional, eran hacia el futuro, pues esa Corporación no moduló
su decisión, por lo cual los actos administrativos expedidos por el Ministerio de
Transporte, a través de los cuales se estableció el pago de la tasa de vigilancia para
las vigencias 2013 y 2014 se encontraban vigentes y gozaban de presunción de
legalidad, de tal forma que, reiteró, al ser la Resolución núm. 21030 de 16 de octubre
de 2015:

“[…] un acto administrativo de revisión de pagos y de determinación de pagos
pendientes de cancelar, que se debe revocar la sentencia proferido (sic) por cuanto
los actos administrativos demandados en nada han quebrantado lo dispuesto en el
articulo 89 de la Ley 1450 de 2011, norma vigente en su totalidad al momento en que
el Ministerio de Transporte expidiera la Resolución 05150 del 27 de noviembre de
2013 y la Resolución 04188 del 16 de diciembre de 2014. […]”.

62. Consideró que los actos administrativos demandados “[…] NO adolecen de
pérdida de ejecutoriedad […]” puesto que la obligación establecida en la Ley 1ª y
ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 no perdió vigencia con la expedición de
la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, pues:

“[…] con esta decisión solamente se deslegitimó la desigualdad entre los nuevos y
antiguos vigilados. Y por sobre todo no se puede retrotraer en el tiempo y afectar
situaciones ya acaecidas. Reitero que los actos administrativos demandados NO
FIJARON EL PORCENTAJE DE TASA DE VIGILANCIA PARA LAS VIGENCIAS 2013
y 2014; por el contrario han sido la revisión de los pagos efectuados en menor valor
por la demandante respecto de dichas vigencias y que desde ningún punto de vista
pueden ser afectados por las decisiones adoptadas en la sentencia C-218 de 2015,
por cuanto NO se puede retrotraer sus efectos en el tiempo, sino que los mismos se
aplicarán a futuro. Por ello no es dable predicar la pérdida de ejecutoriedad de las
resoluciones por las cuales el Ministerio de Transporte en su momento liquidó los
porcentajes de tasa de vigilancia para las vigencias del 2013 y 2014 […]” (negrilla y
subrayado del texto).

63. Señaló que “[…] el porcentaje de tasa de vigilancia […]” se determinó por el
Ministerio de Transporte en actos administrativos de carácter general, esto es, las
resoluciones números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 del 16 de
diciembre de 2014, los cuales no han sido retirados del ordenamiento jurídico y
gozan de plena legalidad.

64. Recalcó que:

“[…] Como los actos administrativos demandados corresponden a revisión de pagos
que por concepto de tasa de vigilancia, hiciere la ahora demandante, respecto de las
vigencias 2013 y 2014, frente a los cuales mi representada, detectó que la entidad
vigilada ahora demandante, había efectuado menores pagos, por lo cual procedió a
emitir un acto administrativo por el cual se le informaba el menor pago efectuado y se
le manifestaba el saldo pendiente de pago. Acto administrativo que fue objeto de los
recursos de reposición y en subsidio apelación. De esta manera la administración ha
considerado que en el presente caso, es decir, de cara a expedición (sic) de la
resolución de los pagos de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014, a
saber, Resolución 05150 del 27 de noviembre de 2013 y Resolución 04188 del 16 de
diciembre de 2014, nos encontramos ante una situación jurídica consolidada.

17

Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
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Consolidación que va en correspondencia precisamente al principio de seguridad
jurídica y a los efectos hacia el futuro, previstos en la sentencia C-218 de 2015 […]”
(subrayado del texto)

I.7. Trámite del recurso de apelación

65. La primera instancia, mediante auto de 24 de abril de 201919, concedió el recurso
de apelación presentado por la parte demandada.

66. En segunda instancia, mediante auto de 12 de julio de 201920, se admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; y, en auto de 06 de
septiembre de 201921, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y posteriormente al agente del Ministerio Público para que,
si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.

67. Las partes, demandante22 y demandada23, presentaron alegatos de conclusión,
en los cuales reiteraron los argumentos expuestos en el proceso. El agente del
Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.

68. Mediante auto de 14 de febrero de 202524, se ordenó, en la medida en que la
ponencia registrada para la Sala no obtuvo la mayoría necesaria, se remitiera el
expediente al despacho del consejero de Estado que seguía en turno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

69. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos demandados; iii) el problema jurídico y; iv) el caso concreto.

II.1. La competencia

70. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15025 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 8026 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

19
Cfr. Fol. 279, cuaderno principal.
20
Cfr. Fol. 5, cuaderno del Consejo de Estado.
21
Cfr. Fol. 12, cuaderno del Consejo de Estado.
22
Cfr. Fol. 21-30, cuaderno del Consejo de Estado.
23
Cfr. Fol. 16-20, cuaderno del Consejo de Estado.
24
Cfr. Índice 28, SAMAI.
25
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, “[…] Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
26
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.

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Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

II.2. Los actos administrativos demandados

71. Los actos administrativos demandados son las resoluciones números 21030 de
16 de octubre de 2015, 2146 de 21 de enero de 2016 y 49891 de 22 de septiembre
de 2016, expedidos por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

72. La Resolución núm. 21030 de 16 de octubre de 2015, resolvió:

“[…] MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. DE
(21030) 16 OCT 2015

“Por la cual se expide liquidación oficial de Revisión (sic) del pago de la Tasa de
Vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014, a la empresa TACA INTERNATIONAL
AIRLINES SA SUCURSAL COLOMBIA identificada con (…)

LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE;

En ejercicio de las facultades legales que le confieren los numerales 3 (modificado
por el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001) y 8 del artículo 15 del Decreto 1016 de
2000 y el artículo 15 de la Resolución 5731 del 25 de julio de 2012, expedidas por el
Superintendente de Puertos y Transporte, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000,
modificado por el artículo 11 del Decreto 2741 de 2001, es función de la Secretaría
General de la Superintendencia de Puertos y Transporte “Dirigir y coordinar con las
respectivas superintendencias delegadas, el adecuado y oportuno recaudo de las
Tasas que le correspondan de acuerdo con la ley.”

Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 15 del Decreto 1016 de 2000, es
función de la Secretaría General de la Superintendencia de Puertos y Transporte
“Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la entidad en todos
los niveles.”

Que en virtud del artículo 15 de la Resolución 5731 del 25 de julio de 2012, el
Superintendente de Puertos y Transporte delegó en la Secretaría General “la
competencia para imponer sanciones por incumplimiento de los vigilados, respecto
de las autoliquidaciones y del pago de la Tasa de Vigilancia.”

Que el artículo 27 Numeral 27.2 de la Ley 1 de 1991, establece como función de la
Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y
Transporte, “cobrar a los sujetos de Vigilancia, inspección y control (sic), una Tasa
por la parte proporcional que les corresponda, según sus ingresos brutos, en los
costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría General
de la República”.

Que el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, amplió el cobro de la Tasa establecida en el artículo 27,
numeral 2°de la Ley 1ª de 1991, así:

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Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

“Amplíese el cobro de la Tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª de
1991, a la totalidad de los sujetos de Vigilancia, inspección y control (sic) de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que
ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la Tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una Tasa por la parte
proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales
de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
cual no podrá ser superior al 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados. (Texto
subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-218 de
2015).

Que en vigencia de los artículos 27 de la Ley 1 de 1991 y 89 de la Ley 1450 de 2011,
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-218 de 2015, declaró la exequibilidad
de la ampliación del cobro de la Tasa de Vigilancia a la totalidad de los sujetos de
Vigilancia, inspección y control (sic) de la Superintendencia de Puertos y Transporte,
para cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento, contenida en el
artículo 89 de la mencionada ley.

(…)

Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 10225 del 23 de octubre de 2012,
el Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia debían
pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados a que se refiere el
numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y a los que se les amplió el cobro
de la Tasa de Vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, para la
vigencia fiscal 2012 en el 0.3099% para los primeros y en el 0.1% para los segundos,
de los ingresos brutos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2011 de cada vigilado.

Que mediante Resolución 7376 del 1 de noviembre de 2012, expedida por esta
Superintendencia, se estableció como fecha límite para el pago de la Tasa de
Vigilancia vigencia 2012 hasta el día 30 de noviembre de 2012, fecha que fue
modificada mediante Resoluciones 8372 del 29 de noviembre, 8551 del 7 de
diciembre y 9090 del 19 de diciembre de 2012, estableciéndose en esta última como
fecha límite de pago hasta el día 28 de diciembre de 2012. Así mismo, mediante la
primera de las resoluciones citadas determinó que para proceder al pago de la Tasa
de Vigilancia vigencia 2012, los vigilados deben tomar como base el total de los
ingresos brutos de la actividad supervisada obtenidos en el año 2011 y aplicarle el
porcentaje establecido por el Ministerio de Transporte, mediante resolución 10225 del
23 de octubre de 2012.

Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 05150 del 27 de noviembre de
2013, el Ministerio de Transporte fijó la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia
debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados a que se
refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y a los que se les amplió
el cobro de la Tasa de Vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 para
la vigencia fiscal 2013, en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para los
segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

Que mediante la Resolución 015372 del 6 de diciembre de 2013, la Superintendencia
de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de la Tasa de Vigilancia que
le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia fiscal 2013, hasta
el 26 de diciembre de 2013; de igual manera determinó que para proceder al pago de
la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben tomar como base el total de los ingresos

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brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles los porcentajes establecidos por el
Ministerio de Transporte según Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013.

Que mediante los artículos 1 y 2 de la Resolución 04188 del 16 de diciembre de 2014,
el Ministerio de Transporte mediante (sic) fijó la tarifa que por concepto de Tasa de
Vigilancia debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados
a que se refiere el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y a los que se le
amplió el cobro de la Tasa de Vigilancia mediante el artículo 89 de la Ley 1450 de
2011, para la vigencia fiscal 2014 en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Que mediante Resolución 30527 del 18 de diciembre de 2014, la Superintendencia
de Puertos y Transporte fijó el plazo y la forma de pago de la Tasa de Vigilancia que
le correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia fiscal 2014, hasta
el 30 de diciembre 2014; de igual manera determinó que para proceder al pago de la
Tasa de Vigilancia, los sujetos deben tomar como base el total de los ingresos brutos
obtenidos en el año 2013 y aplicarles los porcentajes establecidos por el Ministerio de
Transporte según Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014.

Que como consecuencia de la anterior, resulta conforme a los postulados
constitucionales, legales y jurisprudenciales, el cobro de la Tasa de Vigilancia a todos
los sujetos de inspección, así como exigir el pago de los valores adeudados por
concepto de la Tasa de Vigilancia a quienes lo realizaron de forma incompleta o no
realizaron pago alguno. Para el efecto, es necesario aplicar las fórmulas determinadas
por el Ministerio de Transporte, toda vez que las resoluciones expedidas por dicha
cartera gozan de presunción de legalidad. Así mismo, tanto la obligación de pago
como el incumplimiento del mismo, constituyen situaciones jurídicamente
consolidadas antes de la expedición de la Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición
de la Ley 1753 de 2015.

Que verificado el estado de cuenta del vigilado, se evidencia que no ha pagado el
valor total de la Tasa de Vigilancia en la vigencia (s) y valor (es), que se determinan
a continuación:

VIGENCIAS INGRESOS BRUTOS VALOR TASA VALOR SALDO
REPORTADOS VIGILANCIA PAGADO PENDIENTE
POR PAGAR
2012
2013 $52.856.578.215 $52.856.578 $2.674.819 $50.181.759
2014 $76.982.415.705 $72.363.471 $3.002.431 $69.361.040
TOTAL A PAGAR $119.542.799

Que por lo anterior, se observa que es obligación de esta Secretaria liquidar el valor
de los saldos pendientes por pagar a cargo de la empresa TACA INTERNATIONAL
AIRLINES SA SUCURSAL COLOMBIA, como consecuencia del incumplimiento en
el pago dentro de los términos establecidos por esta Superintendencia.

(…)
RESUELVE:

Artículo 1. Emitir la siguiente liquidación oficial de revisión del pago de la Tasa de
Vigilancia, entre las vigencias 2012 a 2014, a la empresa TACA INTERNATIONAL
AIRLINES SA SUCURSAL COLOMBIA identificada con (…), así:

VIGENCIAS INGRESOS BRUTOS VALOR TASA VALOR SALDO
REPORTADOS VIGILANCIA PAGADO PENDIENTE
POR PAGAR
2012

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2013 $52.856.578.215 $52.856.578 $2.674.819 $50.181.759
2014 $76.982.415.705 $72.363.471 $3.002.431 $69.361.040
TOTAL A PAGAR $119.542.799

Artículo 2. Ordenar a la empresa TACA INTERNATIONAL AIRLINES SA
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con (…) efectuar el pago de los saldos
relacionados en el artículo anterior, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fecha de ejecutoria de esta resolución.

(…)

Artículo 3. Vencido el plazo para acreditar el pago sin que éste se haya demostrado,
se procederá a su cobro por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, teniendo en cuenta que la presente
Resolución presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo consagrado en el artículo 99 del
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (sic).

Artículo 4. Una vez ejecutoriada la presente resolución, la Coordinación del Grupo
de Recaudo o quien delegue la Secretaría General, ejercerá el control de los pagos,
ya sea que los mismos se realicen en forma voluntaria o por cobro coactivo. […]”
(negrilla y subrayado del texto).

73. La Resolución núm. 2146 de 21 de enero de 2016, decidió:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO 1. CONFIRMAR la Resolución 21030 del 16 de octubre de 2015, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO 2. CONCEDER el recurso de apelación ante el Superintendente de
Puertos y Transporte para lo cual se ordena remitir el expediente a su Despacho. […]”
(negrilla del texto)

74. La Resolución núm. 49891 de 22 de septiembre de 2016, dispuso:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 21030
del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual se expidió la liquidación oficial de
revisión del pago de la tasa de vigilancia entre las vigencias 2012 y 2014 a la empresa
TACA INTERNATIONAL AIRLINES S A SUCURSAL COLOMBIA, identificada con
NIT (…), específicamente para las vigencias 2013 y 2014 en las sumas de
$50.181.759 y $69.361.040, respectivamente, por las razones expuestas en el
presente acto en su parte considerativa. […]” (negrilla del texto).

II.3. El problema jurídico

75. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 320 y 328 de la Ley 1564,
aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437, así como el recurso de
apelación presentado por la parte demandada, considera que el problema jurídico
que se debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria de la sentencia de 13 de marzo de 2019, proferida por la
Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y se accedió

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al restablecimiento del derecho, para en su lugar, negar sus pretensiones, toda vez
que:

75.1. La sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, mediante la
cual se declaró la inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso
primero del artículo 89 de la Ley 1450 y de la totalidad de su inciso segundo, tiene
efectos hacia el futuro.

75.2. Las resoluciones demandadas únicamente revisaron y cobraron saldos no
pagados por la demandada para las vigencias 2013 y 2014, con sustento en las
resoluciones números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de
diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte, por las cuales se fijó
la tarifa de la tasa de vigilancia correspondiente a esas vigencias.

75.3. Las resoluciones del Ministerio de Transporte que fijaron el porcentaje de la
tasa de vigilancia fueron expedidas con anterioridad a la sentencia C-218 de 2015,
decisión judicial con efectos hacia el futuro, por lo cual tales actos eran plenamente
aplicables y no perdieron fuerza ejecutoria, configurándose una situación jurídica
consolidada.

II.4. El caso concreto

76. El artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª estableció como una de las funciones
de la Superintendencia General de Puertos, la de:

“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto
de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le corresponda, según sus
ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos
por la Contraloría General de la República. […]”

77. El artículo 89 de la Ley 1450 amplió el cobro de la tasa establecida en el citado
artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª, así:

“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27,
numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección
y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y
gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte
proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales
de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la
cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

PARÁGRAFO. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que en
un plazo de 15 meses expida la reglamentación de las características técnicas de los
sistemas de seguridad documental que deberán implementar cada uno de los
vigilados, para que se garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al
usuario de la falsificación. […]”

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78. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-218 de 201527, decidió sobre la
constitucionalidad del citado artículo 89 de la Ley 1450, en la siguiente forma:

“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la presente
sentencia, el inciso primero del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la expresión “y/o inversión”,
que se declara INEXEQUIBLE

SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo del artículo 89 de la Ley
1450 de 2011, el cual estipula “Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el
cobro de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo, pagarán por tal
concepto una tasa por la parte proporcional que les corresponda según sus ingresos
brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la inversión de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos
de los vigilados.”.[…]” (negrilla del texto)

79. Paraadoptar su decisión, la Corte Constitucional expuso los siguientes
argumentos:

“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro de la tasa de vigilancia,
corresponde a la necesidad de fortalecer técnica, institucional y financieramente a esa
entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de brindar un mejor servicio, la
Corte encuentra que hay una justificación válida para ampliar el cobro de la tasa a
aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del artículo 27 de la Ley 1ª
de 1991, pues resultaría inequitativo que algunos de los vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con los gastos que requiere
su funcionamiento y otros, a pesar de recibir sus servicios, no lo hicieren.

En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa es una manifestación de la
potestad que tiene el legislador para establecer tributos, cuando ello tiene una razón
lógica y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del servicio, bajo un criterio de
equidad. Ciertamente, exigir que todos los vigilados concurran al sostenimiento de la
entidad, también es una manifestación del principio de igualdad que no vulnera
garantía ius fundamental alguna.

No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de 2011 ni sus antecedentes,
permiten justificar de modo alguno, la necesidad de implementar dos regímenes de
liquidación de la tasa de vigilancia, esto es, (i) la de los antiguos vigilados que se
determina con base en los gastos de funcionamiento de la entidad; y (ii) la de los
nuevos vigilados que se establece teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento
pero también los de inversión de la entidad.

En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna, que permita comprender porque
se estableció una metodología diferencial para el cobro y el tope de la tasa referida.
Este trato diferencial tiene efectos reales máxime si los gastos de inversión y aquellos
de funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa a precisarse:

(…)

A partir de ello, se concluye que aunque el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, señale
que amplía la tasa de vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad establece un
nuevo tributo diferente al establecido en el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues los
nuevos vigilados, deben concurrir a financiar los gastos de inversión y funcionamiento,
mientras que los antiguos solamente lo están realizando sobre estos últimos. De esta

27
M.P. (e): María Victoria Sáchica Méndez

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manera, si la intención del legislador hubiese sido la de gravar a todos los vigilados
con mismo tributo, tenía a su disposición dos mecanismos para ello, como bien lo
exponen los demandantes:

“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a todos los contribuyentes
liquidar su tributo tomando como referente únicamente los gastos de funcionamiento
de la entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª de 1991, o

(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo, incluyendo además de los gastos
de funcionamiento, los gastos de inversión, en la base gravable tanto de los nuevos
como de los antiguos vigilados, sin generar diferencias entre unos y otros.”28.

En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que el legislador no pueda
ampliar la base de un tributo, sino que al hacerlo se debe ajustar a los principios de
igualdad y equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos de
funcionamiento y las de inversión, se concluye que las inclusión (sic) de los gastos de
inversión dentro de la base gravable de los nuevos vigilados genera una sobrecarga
adicional para estos frente a los antiguos, al asociar el tributo no sólo a la recuperación
de los gastos en los cuales incurre la Superintendencia de Puertos y Transporte en la
prestación del servicio, sino a la productividad y desarrollo de la entidad (gastos de
inversión). Este trato diferencial que no tiene sustento alguno en la ley que consagra
el tributo ni en los antecedentes de la misma, vulnera el principio de igualdad.

Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en razón a la capacidad
contributiva de los destinatarios del servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no es
el caso del asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 no
establece una diferencia fundada en el principio de equidad, pues las diferencias entre
los sujetos gravables no se abordan ni se mencionan en la ley.

Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala considera que la justificación
expuesta en la Ley 1450 de 2011 según la cual la ampliación de la tasas se hace con
el fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a la Superintendencia de
Puertos y Transporte… a través del cobro de una tasa de vigilancia a los agentes
vigilados” resulta contraria a la fórmula establecida para el cobro de la tasa, puesto
que para lograr un verdadero fortalecimiento de la Superintendencia bastaba, como
se expuso con la extensión de la exigencia del gravamen a todos los vigilados y no
sólo a un grupo de ellos, razón por la cual el propósito de la norma no guarda una
relación de coherencia con el fin utilizado.

En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó sus competencias al
ampliar el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida obedece a un fin legítimo.
Así las cosas, la vulneración del principio de igualdad radica en la inclusión de los
gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados al momento de establecer el
monto de la obligación tributaria.

Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la potestad que le otorga la
Constitución Política, determine una nueva metodología para calcular el valor en que
deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, para la financiación de los servicios que presta esa entidad.
[…]”

80. En cuanto a los efectos de la sentencia C-218 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, el artículo 45 de la Ley 270, estableció que:

28
Folio 13.

25

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“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia
el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. […]”

81. La Corte Constitucional, en sentencia C-507 de 202029, señaló que:

“[…] 46. El artículo 241 de la Carta Política le confía a la Corte Constitucional la guarda
de la integridad y la supremacía de la Constitución. Para tales fines, prescribe que la
Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad
que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como
por vicios de procedimiento en su formación”. A su turno, el artículo 45 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia señala que, por regla general, las
sentencias proferidas por la Corte tienen efectos hacia el futuro, a menos que la
Corporación disponga lo contrario30. […]” (negrilla del texto)

82. Igualmente, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-560 de 201931, ha
destacado que:

“[…] El inciso segundo del artículo 243 de la Constitución prohíbe a las autoridades
reproducir el contenido material de leyes declaradas inexequibles, siempre y cuando
dicha declaración se haya hecho por razones de fondo y, además, subsistan en la
Carta las normas que sirvieron para hacer el juicio de constitucionalidad32. Conforme
al primer inciso de este artículo, en concordancia con los artículos 46 y 48 de la
Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de 1991, se tiene que las decisiones que
toma este tribunal, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, son
definitivas y obligatorias para todos, dado su efecto erga omnes33. […]” (negrilla
fuera del texto)

83. Esta Sección34, en cuanto a la fecha en que las sentencias de constitucionalidad
comienzan a producir sus efectos, resaltó que:

“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con el artículo 4535 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias que profiera el Tribunal
Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el futuro, salvo que la Corte
resuelva lo contrario o le señale unos específicos o diferidos efectos.

Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex nunc implícitos en la decisión,
la sentencia que declara la inconstitucionalidad empieza a producir efectos a partir
del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de su ejecutoria. Esta
determinación en razón a la clase de control que cumple sobre el ordenamiento

29
M.P.: Jorge Enrique Ibáñez Najar
30
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro
a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
31
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
32
Cfr. Sentencia C-228 de 2002 (fundamento jurídico 6.2.), en la cual se interpreta esta prohibición.
33
Cfr., Sentencias C-220 de 2011, C-228 y 744 de 2015 y C-290 de 2019.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de octubre de 2019. Radicación núm.: 13001-23-31-000-2003-00212-01
35
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos
del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.”
(negrilla y subrayado del texto)

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jurídico y en lo previsto en el artículo 5636 de la Ley Estatutaria, en cuanto dispone
que las sentencias tendrán la fecha en la que se adopte, independientemente de las
vicisitudes que se presenten en la publicación del texto del fallo y de los disensos por
aclaraciones o salvamentos que se registren en su aprobación. […]” (negrilla del
texto).

84. Se colige de lo expuesto que, en la medida en que la sentencia C-218 de 2015,
proferida por la Corte Constitucional, no expresó modulación alguna de su decisión,
es aplicable la regla general prevista en el artículo 45 de la Ley 270, esto es, que
sus efectos son hacia el futuro.

85. Asimismo, se precisa que la sentencia, al ser proferida el 22 de abril de 2015 por
la Corte Constitucional, empezó a surtir sus efectos a partir del día siguiente a su
fecha, “[…] este día corresponde al 23 de abril de 2015 […]”37.

86. Loexpuesto implica que, a la fecha de expedición de las resoluciones
demandadas, los efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia C-218 de
2015 se estaban produciendo.

87. Ahora bien, la Resolución núm. 21030 de 16 de octubre de 2015, acto
administrativo demandado, se sustentó, conforme su parte motiva, entre otras:

87.1. En la Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013, expedida por el
Ministerio de Transporte, a través de la cual se fijó, para la vigencia fiscal 2013, la
tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de
la Ley 1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el artículo 89
de la Ley 1450:

“[…] en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para los segundos, de los ingresos
brutos de cada vigilado correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2012. […]”.

87.2. En la Resolución núm. 015372 del 6 de diciembre de 2013, expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la cual se fijó el plazo y la
forma de pago de la tasa de vigilancia que le correspondía pagar a los sujetos de
supervisión para la vigencia fiscal 2013, la cual determinó que:

36
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado,
respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o
dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento
o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de
la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.” (negrilla y subrayado del texto)
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160148001.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.

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Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
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“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben tomar como
base el total de los ingresos brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles los
porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte según Resolución No. 05150
del 27 de noviembre de 2013. […]”

87.3. En la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014, expedida por el
Ministerio de Transporte, mediante la cual se fijó, para la vigencia fiscal 2014, la
tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, los vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de
la Ley 1ª y a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el artículo 89
de la Ley 1450:

“[…] en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para los segundos, de los ingresos
brutos de cada vigilado correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2013. […]”.

87.4. En la Resolución núm. 30527 del 18 de diciembre de 2014, expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante la cual se fijó el plazo y la
forma de pago de la tasa de vigilancia que le correspondía pagar a los sujetos de
supervisión para la vigencia fiscal 2014, la cual determinó que:

“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los sujetos deben tomar como
base el total de los ingresos brutos obtenidos en el año 2013 y aplicarles los
porcentajes establecidos por el Ministerio de Transporte según Resolución No. 4188
del 16 de diciembre de 2014 […]”.

88. La Resolución núm. 21030 de 16 de octubre de 2015 resaltó que resultaba
procedente exigir el pago de los valores de la tasa de vigilancia a quienes realizaron
un pago incompleto o no lo realizaron, para lo cual, reiteró que:

“[…] es necesario aplicar las fórmulas determinadas por el Ministerio de Transporte,
toda vez que las resoluciones expedidas por dicha cartera gozan de la presunción de
legalidad. Así mismo, tanto la obligación de pago como el incumplimiento del mismo,
constituyen situaciones jurídicamente consolidadas antes de la expedición de la
Sentencia C-218 de 2015 y de la expedición de la Ley 1753 de 2015. […]”.

89. La Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013 38, para fijar la tarifa de
la tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro señalados en el artículo 89 de
la Ley 1450, vigencia fiscal 2013, aplicó la siguiente fórmula:

“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
a los nuevos sujetos de cobro de que trata el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de dividir los costos anuales
de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos reportados de los nuevos sujetos de cobro, la
cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los dichos vigilados:

38
“[…] Por lo cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2013 y se adoptan
otras disposiciones […]”.

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Donde:

TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)

GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte de los
nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de 2011.

INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados por la Superintendencia
de puertos y Transporte.

Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, ésta supera el límite previsto en el artículo
89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que, para los nuevos sujetos de cobro, se debe
ajustar al 0,1% para la vigencia 2013. […]” (negrilla y subrayado fuera del texto).

90. La Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 201439, para fijar la tarifa de la
tasa de vigilancia para los nuevos sujetos de cobro señalados en el artículo 89 de
la Ley 1450, vigencia fiscal 2014, aplicó la siguiente fórmula:

“[…] Que en consecuencia, para el cobro de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
a los nuevos sujetos de cobro de que trata el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, se
aplicará la siguiente fórmula, que es la resultante de dividir los costos anuales
de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte
reportados, sobre los ingresos brutos (reportados y proyectados) de los nuevos
sujetos de cobro, la cual no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
dichos vigilados:

El análisis comienza con el cálculo de la tarifa por concepto Tasa de Vigilancia, según
el sistema y método establecido en la Ley 1450 de 2011, la fórmula a aplicar es:

39
“[…] Por la cual se fija la tarifa que por concepto de Tasa de Vigilancia deben pagar a la Superintendencia de Puertos y
Transporte la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2014 y se adoptan
otras disposiciones. […]”

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Dónde:

• TVn: Tarifa por concepto de tasa de vigilancia (nuevos vigilados)
• GF: Gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y
Transporte de los nuevos sujetos de cobro de que trata la Ley 1450 de 2011.
• INV: Inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
• IBn: Ingresos brutos de los nuevos sujetos de cobro, vigilados por la
Superintendencia de puertos y Transporte.

Su cálculo corresponde a:

Que al aplicar la fórmula aquí desarrollada, se encuentra que ésta no supera el límite
previsto en el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por lo que, la Tasa de Vigilancia
para los nuevos sujetos de cobro vigilados es de 0.094% para la vigencia 2014. […]”
(negrilla y subrayado fuera del texto)

91. La Superintendencia de Puertos y Transporte, para la expedición de la liquidación
oficial de revisión del pago de la tasa de vigilancia de las vigencias 2013 y 2014 a
cargo de TACA AIRLINES, en los actos administrativos demandados, tuvo en
cuenta las fórmulas establecidas por el Ministerio de Transporte en las resoluciones
números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de diciembre de 2014.

92. Las fórmulas establecidas en esos actos administrativos expedidos por el
Ministerio de Transporte, para el caso de los nuevos sujetos de cobro señalados en
la Ley 1450, incorporaron los costos anuales de inversión de la Superintendencia
de Puertos y Transporte.

93. Ahora bien, la apelante afirma que las resoluciones demandadas son actos de
revisión y cobro de saldos no pagados con sustento en otros actos administrativos
expedidos con anterioridad a la expedición de la sentencia C-218 de 2015, cuyos
efectos operan hacia el futuro, con lo cual se configuró una situación jurídica
consolidada.

94. Esta Corporación, en sentencia de 11 de febrero de 202140, ha indicado frente a
las situaciones jurídicas consolidadas y no consolidadas, lo siguiente:

“[…] Bajo este entendido, cabe mencionar que las situaciones jurídicas no
consolidadas son aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción
contenciosa, por consiguiente, las situaciones jurídicas consolidadas serán aquellas
situaciones subjetivas y particulares que ya han quedado en firme, o que han sido

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: César
Palomino Cortés. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Radicación núm.: 15001-23-31-000-2002-02557-01(0716-12).

30

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objeto de pronunciamiento judicial, que ha hecho tránsito a cosa juzgada. De esta
manera, no se puede advertir que las pretensiones de los actores constituyan
derechos consolidados, por cuanto los mismos estaban en discusión […]”

95. La Sala no evidencia la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, en razón
a que fue la autoridad administrativa, a través de las resoluciones demandadas, la
que procedió a expedir la liquidación oficial de revisión de pago de la tasa de
vigilancia para las vigencias 2013 y 2014, la cual fue discutida por medio de los
recursos de reposición y apelación en la vía administrativa y que, ahora, es objeto
de controversia en este medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho41.

96. Así, la liquidación oficial de revisión de pago de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2013 y 2014 para la parte demandante, no ha adquirido firmeza y no ha
sido objeto de decisión judicial que haya hecho tránsito a cosa juzgada.

97. De esta manera, la parte demandada no podía proferir la liquidación oficial de
revisión de pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2013 y 2014, con
sustento en las resoluciones números 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188
de 16 de diciembre de 2014, que incorporaban en la fórmula de cálculo de la tasa
de vigilancia, las disposiciones del artículo 89 de la Ley 1450 que fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015, decisión
judicial obligatoria para todos, dado su efecto erga omnes.

98. Para el momento en que se expidieron los actos demandados, la inexequibilidad
de las disposiciones del artículo 89 de la Ley 1450 declarada en la sentencia C-218
de 2015 se encontraba surtiendo plenos efectos, con lo cual la autoridad
administrativa aplicó disposiciones que habían sido retiradas del ordenamiento
jurídico.

99. La presente decisión sigue la tesis expuesta por esta Sección, al decidir casos
similares, en las providencias de 1.° de noviembre de 201942, 5 de mayo de 202243,

41
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Referencia: Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Radicación núm.: 25000233700020160148001.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1 de noviembre de 2019. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146901.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 1 de noviembre de 2019. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146901.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.

31

Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

12 de diciembre de 202444, 6 de marzo de 202545 y 20 de marzo de 202546, según
la cual:

“[…] 137. Para la Sala, en suma, no podía la parte demandada efectuar una revisión
o reliquidación de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014, tomando como
fundamento las disposiciones contenidas en el inciso 2º y la frase “ y/o inversión” del
artículo 89 de la Ley 1450 que permitían aplicar una metodología diferente para los
nuevos sujetos de vigilancia, en tanto, para el momento en que fueron expedidos los
actos administrativos acusados, ya habían sido declaradas inexequibles las
mencionadas disposiciones, con los efectos erga omnes que le son propios a las
sentencias de constitucionalidad.

138. La sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida por la Corte Constitucional
se constituyó en un hecho sobreviniente que le impedía a la parte demandada,
respecto de los nuevos sujetos de vigilancia establecidos en el artículo 89 de la Ley
1450, expedir la liquidación oficial de Revisión de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2012 a 2014, aplicando como fundamento de la liquidación los apartes del
artículo supra declarados inexequibles, por no existir dichas disposiciones en el
ordenamiento jurídico. […]”47.

II.5. Conclusión

100. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la apelante no
logró desvirtuar los argumentos por los cuales la Sección Cuarta, Subsección A, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de las resoluciones
números 21030 de 16 de octubre de 2015, 2146 de 21 de enero de 2016 y 49891
de 22 de septiembre de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso
que la parte demandante no estaba obligada a pagar la suma liquidada en tales
actos administrativos, razón por la cual confirmará la sentencia de primera instancia.

II.6. Condena en costas

101. No se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas
ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 18848 de la Ley
1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437.

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160148001.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160145901.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 20 de marzo de 2025. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160145602.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de mayo de 2022. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación núm.: 25000233700020160146201.
48
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.

32

Radicación núm.: 25000 23 37 000 2016 01463 01
Demandante: TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. SUCURSAL COLOMBIA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de marzo de 2019, proferida por la
Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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