Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01552-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Contrato de estabilidad jurídica: definición y objeto
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01552-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2016-01552-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
15 de julio de 2021
EXCEPCIÓN POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE EXPLICAR EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Improcedencia. Por cuanto el actor desarrolló el concepto de la violación explicando las infracciones al ordenamiento jurídico que considera se presentaron en la expedición de la actuación administrativa demandada
[S]e advierte que no se ha emitido un pronunciamiento sobre la excepción propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la que discute que la demanda no cumple con el requisito de explicar el concepto de la violación, con fundamento en que el actor no manifestó las razones fácticas y jurídicas por las cuales considera que las normas invocadas como violadas fueron infringidas por la demandada. Para la Sala no prospera la excepción propuesta, toda vez que del contenido de la demanda, se encuentra que el actor desarrolló el concepto de la violación explicando las infracciones al ordenamiento jurídico que considera se presentaron en la expedición de la actuación administrativa demandada y, que en general, atiende a la interpretación errónea de los artículos 1º y 3º de la Ley 963 de 2005 que llevó al rechazo de la solicitud del contrato de estabilidad tributaria por desconocer que la misma procede sobre proyectos de inversión anteriores a la expedición de la citada ley; lo que resulta un contenido claro y suficiente de la demanda para que sea proferida la sentencia.
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA - Definición y objeto / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA – Requisitos / CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA AL AMPARO DE LA LEY 963 DE 2005 - Alcance. Es aplicable tanto a las inversiones nuevas, como a aquellas ampliaciones de las inversiones que hubieran comenzado a desarrollarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 963 de 2005 / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA - Presupuestos. Las normas determinantes para realizar la inversión no serán modificadas a cambio del pago de una prima a favor del Estado por parte del inversionista / RÉGIMEN DE ESTABILIDAD JURÍDICA – Motivación del beneficio de estabilidad. La decisión de invertir o de ampliar la inversión debe ser determinante para solicitar la estabilidad jurídica / AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE FINALIDAD O MOTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN – Configuración. Por cuanto obtener la estabilidad en las normas no era un aspecto determinante para adelantar la inversión / RECHAZO DE LA SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA - Procedencia
El contrato de estabilidad jurídica es una figura adoptada mediante la Ley 963 de 2005 con el objeto de incentivar a los inversionistas en Colombia, mediante la garantía de que las normas determinantes para realizar su inversión no serán modificadas a cambio del pago de una prima a favor del Estado por parte del inversionista (…) [E]l Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) expidió el documento CONPES 3366 del 1º de agosto de 2005 (modificado por el documento CONPES 3406 de 2005), mediante el cual se establecieron los criterios técnicos para la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión presentados ante el Comité de Estabilidad Jurídica, siendo uno de estos, que “El inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el responsable de demostrar que la norma objeto del mismo es determinante de la inversión que proyecta realizar”. Así las cosas, la Sala observa que el alcance de la Ley 963 de 2005 cubría inversiones nuevas, al igual que, proyectos de “ampliación” de inversiones existentes, es decir inversiones que se hubieran iniciado previamente a la expedición de la ley; para lo cual requiere que además, se demuestre el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas que en cada caso se busque estabilizar. De acuerdo con lo anterior, es claro que la figura de la estabilidad jurídica es aplicable tanto a las inversiones nuevas, como a aquellas ampliaciones de las inversiones que hubieran comenzado a desarrollarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 963 de 2005. Ahora, lo que resulta fundamental para la aplicación del régimen es, el cumplimiento del proyecto de inversión con las condiciones establecidas en la norma para ser beneficiario, entre las cuales se exige la motivación del inversionista como una de las finalidades del contrato y el carácter determinante de las normas que se señalaban como objeto de la solicitud del contrato de estabilidad. En tal sentido, la ley exigió una relación esencial entre la decisión de invertir y la solicitud de estabilidad de las normas. De modo que, las inversiones y las ampliaciones de inversiones existentes deben tener como factor determinante la estabilidad jurídica de ciertas normas necesarias para su realización y ejecución. (…) Para la Sala, si bien la ley permite que el proyecto de inversión inicie antes de la suscripción del contrato, no puede perderse de vista que también exige que la decisión de invertir o de ampliar la inversión debe ser determinante para solicitar la estabilidad jurídica, motivación que no se vislumbra en un proyecto de inversión que se encuentre en operación antes de la solicitud de estabilidad, en tanto el beneficio del contrato fue establecido para quienes optaran por invertir motivados por la ley de estabilización. Lo que no se presenta en el caso analizado, en el que el contribuyente decidió la inversión sin considerar la estabilidad de las normas tributarias e incluso entró en operación, pues como lo informó en sede administrativa, desde finales del año 2006 inició la operación de ensamble de las motocicletas en la nueva planta que es objeto de la solicitud analizada, es decir, que desde el año 2006 instaló los activos requeridos y empezó a generar ingresos y gastos sobre los cuales pretende obtener la estabilidad jurídica en el año 2009. En consecuencia, la Sala observa en la solicitud presentada, la ausencia de cumplimiento del requisito de finalidad o motivación de la inversión y su relación de causalidad con la necesidad de estabilizar las normas objeto del contrato, lo cual quedó demostrado por el hecho que antes de presentar la solicitud de contrato, el proyecto de inversión ya había sido ejecutado en su mayoría, lo cual permite concluir que obtener la estabilidad en las normas no era un aspecto determinante para adelantar la inversión; aspecto que está contemplado como un requisito para la procedencia de la estabilidad jurídica en el artículo 1º de la Ley 963 de 2005.
FUENTE FORMAL: LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 1 / LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 2 / LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 3 / LEY 963 DE 2005 – ARTÍCULO 4 / DOCUMENTO CONPES 3366 DE 2005 / DOCUMENTO CONPES 3406 DE 2005
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los antecedentes legislativos de la ley de estabilidad jurídica, consultar Gaceta del Congreso 350 del 24 de julio de 2003, y Gaceta del Congreso 590 del 13 de noviembre de 2003
NOTA DE RELATORÍA: Sobre pronunciamiento de la Corte Constitucional en la que se advierte que la ley no reconocía al solicitante derechos adquiridos a la estabilidad de las normas por el solo hecho de presentar la solicitud de aprobación del contrato, consultar sentencia C-785 del 10 de octubre 2012, Exp. D- 9028, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Por falta de prueba de su causación
En segunda instancia no se condenará en costas porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-37-000-2016-01552-01(24081)
Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. INCOLMOTOS YAMAHA S.A.
Demandado: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y OTROS
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió (f. 267):
“PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante comunicación radicada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 29 de septiembre de 2009, Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A., (en adelante, Incolmotos Yamaha S.A.), con fundamento en lo dispuesto en la Ley 963 de 2005 (ley de estabilidad jurídica para inversionistas), solicitó la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica para amparar el proyecto de inversión relacionado con el diseño e implementación de una nueva planta de ensamble de motocicletas (f. 10 c1).
En sesión del 13 de octubre de 2011, el Comité de Estabilidad Jurídica, mediante el Acta Nro. 11 improbó la suscripción del contrato solicitada por Incolmotos Yamaha S.A., por cuanto la estabilidad jurídica contemplada en la Ley 963 de 2005 no fue determinante para la realización de la inversión, en tanto el proyecto de inversión entró en operación antes de la expedición de la ley, tuvo por objeto una estrategia comercial, y existen inconsistencias entre los pagos parciales y totales de la inversión reportados en la solicitud (f. 787 c4).
El 3 de febrero de 2012, el contribuyente presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, argumentando que el hecho de haber iniciado el proyecto de la nueva planta de ensamble antes de la entrada en vigencia de la Ley 963 de 2005, no implica la pérdida del derecho a estabilizar ciertas normas (f. 807 c4).
Mediante Resolución Nro. 028 del 21 de diciembre de 2012, el Comité de Estabilidad Jurídica resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el Acta Nro. 11; y declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria, con fundamento en que el artículo 6º del Decreto 2950 de 2005, establece que contra las decisiones del Comité de Estabilidad Jurídica solo procede el recurso de reposición. En consecuencia, declaró agotada la vía gubernativa. (f.10)
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 6 y 7):
Que se anule el acto administrativo contenido en el Acta 11 de la sesión del Comité de Estabilidad Jurídica de 13 de octubre de 2011 y la Resolución 028 de 21 de diciembre de 2012 del mismo Comité, por medio del cual se improbó la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica presentada por la INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A., INCOLMOTOS YAMAHA SA-, identificada con NIT. 890.916.911-6.
Que se restablezca el derecho que tiene INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A., INCOLMOTOS YAMAHA S.A. NIT. 890.916.911 de suscribir el contrato de estabilidad jurídica solicitado en el escrito radicado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 29 de septiembre de 2009 para amparar el proyecto de inversión relacionado con el diseño e implementación de una nueva planta de ensamble de motocicletas, conforme con lo dispuesto en la Ley 963 de 2005, el Decreto 2950 de 2005 y el Documento CONPES 3366 de 2005, modificado por Documento CONPES 3406 del mismo año.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 1º y 3º de la Ley 963 de 2005. El concepto de violación planteado se resume así (f. 5 a 7):
Señaló que el Comité de Estabilidad Jurídica interpretó erradamente los artículos 1º y 3º de la Ley 963 de 2005 cuando considera que no procede el contrato de estabilidad jurídica sobre proyectos de inversión anteriores a la expedición de la citada ley, pues la entidad desconoce que si bien la suscripción del contrato de estabilidad debía ser determinante en la decisión de invertir, no significa que fuere indispensable, en tanto el aspecto jurídico es solo uno de los factores que se tienen en cuenta al momento de realizar una inversión.
Alegó que no es posible hacer depender la inversión de la preexistencia de un contrato de estabilidad jurídica, dado que el parágrafo del artículo 3º de la Ley 963 de 2005, dispone que los proyectos pueden ser anteriores a la expedición y entrada en vigencia de la misma ley.
Agregó que la finalidad de la Ley 963 fue promover, no solo las inversiones nuevas sino también la ampliación de aquellas preexistentes, y en ese sentido, fue modificado el articulado del proyecto de ley en el Congreso, por considerase “imprescindible que el ámbito de aplicación de las inversiones cobije también las existentes, pues estas se encuentran en plena productividad, están rindiendo utilidades y generando empleo, contribuyendo directamente al crecimiento económico y desarrollo social, […] razones válidas y suficientes para incluirlas en el proyecto".
Alegó que la referida ley generó, con suficiente anterioridad, una expectativa razonable para los inversionistas, porque desde el año 2003 su conveniencia fue ampliamente debatida en el Congreso.
Indicó que las inversiones realizadas por la compañía cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 963 de 2005, porque se trata de proyectos que entraron en funcionamiento con posterioridad a la vigencia de la ley.
Con relación al argumento expuesto por el Comité de Estabilidad Jurídica en el que sostiene que el proyecto de inversión tuvo por objeto la reducción de cargas contaminantes, que obedecen a una obligación legal adquirida por el inversionista; advirtió que, el mejoramiento del medio ambiente sobrepasó por mucho las obligaciones legales a cargo de la sociedad, hasta el punto de haber sido reconocidas por la autoridad ambiental del Departamento de Antioquia, como inversiones extraordinarias en medio ambiente.
De hecho, afirmó que la nueva planta ha sido propuesta como candidata para el reconocimiento LEED, por aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, mejora de la calidad ambiental interior, eficiencia en el consumo de agua, desarrollo sostenible de espacios libres y la selección de materiales.
Oposición de la demanda
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINTIC)
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo controvirtió a las pretensiones de la actora (ff. 101 a 132), para lo cual:
Advirtió que la demanda no cumple con el requisito de explicar el concepto de la violación, toda vez que la actora no manifestó las razones fácticas y jurídicas por las cuales considera que las normas invocadas como violadas fueron infringidas por la actuación demandada.
En cuanto a la legalidad de los actos acusados, señaló que la decisión adoptada por el Comité de Estabilidad Jurídica, obedeció a que el proyecto de inversión inició antes de radicarse la solicitud de aprobación del contrato de estabilidad, lo cual evidencia que para su realización no era imprescindible contar con la estabilidad de las normas jurídicas. Es decir, la decisión de invertir fue concebida asumiendo el riesgo del cambio normativo.
Expresó que, el proyecto de inversión presentado por Incolmotos Yamaha S.A. tenía por objetivo mantenerse en el mercado, por lo que su ejecución se daría con o sin la suscripción del contrato de estabilidad jurídica.
Señaló que los eventuales beneficios que generaría la inversión referidos a la reducción de cargas contaminantes y el aumento de ingresos por concepto de impuestos para el municipio de Girardota, realmente obedecen al cumplimiento de una obligación legal adquirida por el inversionista.
Adicionalmente, advirtió que en la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad, existen inconsistencias en la información relativa a la suma de inversiones parciales consignadas en el cronograma de inversión, en la medida que no corresponden a la cifra total allí señalada.
Aclaró que, si bien es cierto que la Ley 963 de 2005 previó la posibilidad de otorgar la estabilidad jurídica no solo a las inversiones nuevas sino también a la ampliación de la existentes, también lo es que este instrumento no puede cobijar cualquier clase de inversión que se desee realizar, en la medida que está orientado primordialmente a estimular el crecimiento económico y el bienestar social nacional. Fines generales que no se verifican en la inversión realizada por el actor, en tanto la misma fue una estrategia para mantenerse en el mercado.
Precisó que con la radicación de la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica solo se crea una mera expectativa sobre el beneficio, no un derecho adquirido, por lo que corresponde al Comité de Estabilidad Jurídica efectuar un análisis integral de la solicitud con el fin de establecer si cumple con los presupuestos exigidos en la ley para su procedencia.
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
El DNP controvirtió a las pretensiones de la acotora (ff. 92 a 97), de la siguiente forma:
Acerca de las razones que sustentaron el rechazo de la solicitud, manifestó que el Comité de Estabilidad Jurídica estableció que el proyecto de inversión presentado por Incolmotos Yamaha S.A. no representa una adición a la capacidad productiva de la empresa, que pueda diferenciarse de aquellas inversiones que le son propias, porque la ejecución del proyecto no traerá desarrollo a la economía del país, en tanto fue diseñado como una estrategia para mantenerse en el mercado.
Adicionalmente, mencionó que dado que las mayores inversiones se realizaron durante los años 2005 y 2006, es claro que para la realización del proyecto no era indispensable contar con el instrumento de la estabilidad jurídica.
En cuanto a la necesidad de presentar la solicitud antes de iniciar la inversión, indicó que los decretos reglamentarios de la Ley 963 de 2005, señalan de manera general, los requisitos que se deben cumplir para suscribir un contrato de estabilidad jurídica, los cuales fueron tenidos en cuenta para rechazar la solicitud, por lo tanto, no se configura la falsa motivación alegada de manera indirecta por la demandante.
Respecto de la discrecionalidad del Comité de Estabilidad Jurídica al tomar la decisión, señaló que, éste no tiene un ámbito restringido de análisis respecto de los criterios a utilizar en su evaluación, tan es así, que además de los criterios fijados en el Documento CONPES 3366 de 2005, el Comité de Estabilidad Jurídica conserva la facultad de fijar parámetros adicionales, limitado siempre por el interés general y la salvaguarda de la sostenibilidad fiscal.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público controvirtió las pretensiones de la actora (ff. 151 a 157), así:
Propuso la excepción de caducidad de la acción, debido a que Incolmotos Yamaha S.A fue notificada el 12 de febrero de 2013 de la Resolución Nro. 028 del 21 de diciembre de 2012, por lo que tenía hasta el 13 de junio de 2013 para presentar la demanda, sin embargo, la demanda fue radicada el 14 de junio de 2013, por fuera del término de los 4 meses para demandar.
A su vez, interpuso la excepción “inexistencia del derecho”, bajo el argumento de que la simple solicitud de un contrato de estabilidad jurídica no genera un derecho adquirido, sino que se está en presencia de una mera expectativa, conforme con la sentencia C-785 de 2012. De igual forma indicó, que hasta que no se haya suscrito el contrato de estabilidad jurídica, no existe un derecho consolidado para el inversionista.
En cuanto al fondo del asunto, dijo que el rechazo de la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica se fundamenta en que: (i) la inversión se realizó sin tener en cuenta el beneficio, por lo que se demostró que el mismo no era determinante para la decisión de invertir; (ii) el objeto de la inversión era una estrategia para mantenerse en el mercado, por lo que la inversión se iba a realizar con o sin la suscripción del contrato; (iii) los beneficios económicos y sociales “no pueden ser asumidos como un plus generado por el proyecto de inversión, ya que obedecen a una obligación legal adquirida por el inversionista”; y (iv) la existencia de inconsistencias en la información suministrada al Comité de Estabilidad Jurídica.
Audiencia inicial
En la audiencia inicial celebrada el 24 de noviembre de 2017 (ff. 208 a 219), el Tribunal resolvió la excepción de “inexistencia del derecho” propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indicando que esta hace referencia a cuestiones de fondo relacionadas con las pretensiones de la demanda, por lo que se entraría a estudiar en la respectiva sentencia.
En cuanto a la excepción previa de caducidad, también propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la declaró no probada puesto que observó que la Resolución Nro. 028 del 21 de diciembre de 2012, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición incoado contra el Acta Nro. 11 del 13 de octubre de 2011, fue notificada el 12 de febrero de 2013, y posteriormente Incolmotos Yamaha presentó la demanda el 11 de junio de 2013, tal como consta a folio 9 del expediente, dentro del término de los 4 meses establecido en el artículo 138 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia apelada
Mediante sentencia del 19 de julio de 2018, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda (ff. 248 a 267), con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, advirtió que la demandante se limitó a justificar la ilegalidad de los actos demandados bajo el argumento de que el proyecto podía ser anterior a la expedición de la Ley 963 de 2005 y que dicha normativa generó una expectativa razonable para los inversionistas.
Al respecto la Sala reiteró que, la solicitud para suscribir el contrato de estabilidad jurídica constituye una mera expectativa sujeta a la evaluación del Comité de Estabilidad Jurídica, y que solo configura un derecho adquirido en el momento en que se suscriba el contrato.
En segundo lugar, aclaró que el demandante no controvirtió ni en la etapa administrativa ni en la etapa judicial, los fundamentos expuestos por el Comité de Estabilidad Jurídica en los actos demandados para rechazar la solicitud de contrato, como la necesidad del beneficio de la estabilidad, el objeto de la inversión, el beneficio económico y social, y la inconsistencia en la información y, tampoco aportó pruebas para desvirtuar dichos aspectos.
En ese entendido, concluyó que la sociedad Incolmotos Yamaha S.A. no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, y ni siquiera hizo referencia a ellos.
Por estas razones, negó las pretensiones de la demanda, y ordenó no condenar en costas.
Recurso de apelación
La demandante apeló la sentencia de primera instancia (ff. 282 a 285), en los siguientes términos:
Reiteró que el fundamento del rechazo de la solicitud de estabilidad jurídica fue la preexistencia de la inversión, y alegó que la sentencia no se pronunció acerca de la posibilidad de haber iniciado el proyecto de inversión con anterioridad a la expedición de la Ley 963 de 2005, a pesar de haberse discutido en la demanda.
Confirmó los argumentos de la demanda en cuanto a que desde el año 2003 había una cierta expectativa sobre la aprobación de la ley de estabilidad jurídica para inversionistas y, advirtió que en el expediente obran las pruebas aportadas por el solicitante que acreditan que las inversiones ambientales superaban lo dispuesto en la disposición gubernamental, de manera que las instalaciones habían sido reconocidas por la autoridad ambiental, como inversiones extraordinarias en medio ambiente. Estos documentos prueban el cumplimiento de los requisitos exigidos para la suscripción del contrato de estabilidad jurídica.
Alegatos de conclusión
La demandante reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación (ff. 320 a 323).
Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó alegatos de conclusión (ff. 306 a 311) en los que reiteró los argumentos de la contestación de la demanda e informó al despacho que el Consejo de Estado - Sección Tercera- decidió mediante sentencia del 29 de noviembre de 2018, (Exp. 58006) un tema similar al que se discute.
El Departamento Nacional de Planeación presentó alegatos de conclusión (ff. 312 a 319) reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda, y solicitó se tuviera en cuenta el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de contrato de estabilidad jurídica mencionado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó los argumentos presentados en la contestación de la demanda (f. 327).
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que no procede la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica, toda vez que el beneficio no fue determinante para la compañía cuando tomó la decisión de invertir, y en tanto el proyecto adelantado por Incolmotos Yamaha S.A. tenía por objetivo la mejora de sus procesos para incrementar su productividad como estrategia para sostenerse en el mercado, lo cual demuestra que la inversión se realizó como una actividad propia de la compañía y los beneficios expuestos por la sociedad en la solicitud (reducción de cargas contaminantes y beneficios tributarios para el municipio) son un deber legal del inversionista (ff. 324 a 326).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala juzga la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo a los cargos de apelación formulados por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
Previo a resolver el asunto de fondo, se advierte que no se ha emitido un pronunciamiento sobre la excepción propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con la que discute que la demanda no cumple con el requisito de explicar el concepto de la violación, con fundamento en que el actor no manifestó las razones fácticas y jurídicas por las cuales considera que las normas invocadas como violadas fueron infringidas por la demandada.
Para la Sala no prospera la excepción propuesta, toda vez que del contenido de la demanda, se encuentra que el actor desarrolló el concepto de la violación explicando las infracciones al ordenamiento jurídico que considera se presentaron en la expedición de la actuación administrativa demandada y, que en general, atiende a la interpretación errónea de los artículos 1º y 3º de la Ley 963 de 2005 que llevó al rechazo de la solicitud del contrato de estabilidad tributaria por desconocer que la misma procede sobre proyectos de inversión anteriores a la expedición de la citada ley; lo que resulta un contenido claro y suficiente de la demanda para que sea proferida la sentencia.
Así las cosas, la Sala debe determinar si es procedente el rechazo de la solicitud de suscripción de contrato de estabilidad jurídica presentada por la sociedad Incolmotos Yamaha.
Procedencia de la solicitud del contrato de estabilidad jurídica
El contrato de estabilidad jurídica es una figura adoptada mediante la Ley 963 de 2005 con el objeto de incentivar a los inversionistas en Colombia, mediante la garantía de que las normas determinantes para realizar su inversión no serán modificadas a cambio del pago de una prima a favor del Estado por parte del inversionista. La norma estableció:
“Artículo 1o. Contratos de Estabilidad Jurídica. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.
Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo. Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente.
Artículo 2o. Inversionistas nacionales y extranjeros. Podrán ser parte en los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional, por un monto igual o superior a 150.000 UVT, para desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0963_2005.html" \l "4" 4o literal b). Se excluyen las inversiones extranjeras de portafolio.
Artículo 3o. Normas e interpretaciones objeto de los contratos de estabilidad jurídica. En los contratos de estabilidad jurídica deberán indicarse de manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión. (...)
Parágrafo. Para los efectos de esta ley se entienden como inversiones nuevas, aquellas que se hagan en proyectos que entren en operación con posterioridad a la vigencia de la presente ley”.
Artículo 4o. Requisitos esenciales de los contratos de estabilidad jurídica. Los contratos de estabilidad jurídica deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos:
a) El inversionista presentará una solicitud de contrato que deberá cumplir con los requisitos contenidos en los literales c), d) y e) de este artículo, y deberá acompañarse de un estudio en el que se demuestre el origen de los recursos con los cuales se pretenden realizar las nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, al igual que una descripción detallada y precisa de la actividad, acompañada de los estudios de factibilidad, planos y estudios técnicos que el proyecto requiera o amerite y el número de empleos que se proyecta generar;
b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o improbará la suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que para tal efecto se expida. (…)
c) En los contratos se establecerá expresamente la obligación del inversionista de realizar una inversión nueva o una de ampliación, conforme al artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0963_2005.html" \l "2" \h 2o de la presente ley, se señalará el plazo máximo para efectuar la inversión y se indicará el término de duración del contrato;
d) En las cláusulas contractuales deberán transcribirse los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos de las normas emitidas por los organismos y entidades determinados en esta ley, así como las interpretaciones administrativas vinculantes, sobre los cuales se asegurará la estabilidad, y se expondrán las razones por las que tales normas e interpretaciones son esenciales en la decisión de invertir. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
En los antecedentes legislativos de la citada norma, se realizaron las siguientes precisiones sobre las inversiones cobijadas con los contratos de estabilidad jurídica y la justificación para incluir también en el beneficio, las ampliaciones de inversiones existentes:
Exposición de motivos:
“Para promover la claridad en las reglas del juego, el Gobierno presenta la novedosa figura de los contratos de confianza inversionista, mediante la cual la Nación garantiza a quienes efectúen inversiones nuevas por montos iguales o superiores (…), que en caso de que sean modificadas ciertas disposiciones normativas específicamente previstas en dichos contratos, cuya estabilidad sea determinante en la decisión de inversión, estos serán indemnizados.
Ponencia primer debate proyecto de ley:
“Es craso error convocar a los inversionistas si los desembolsos que han de producirse tienen estrictamente el carácter de nuevos. Se trata de un límite con consecuencias económicas y sociales funestas. Es imprescindible que el ámbito de aplicación de las inversiones cobije también a las ya existentes, pues estas se encuentran en plena productividad, están rindiendo utilidades y generando empleo, contribuyendo directamente al crecimiento económico y desarrollo social, tiene planes de expansión inmediata, etc., razones válidas y suficientes para incluirlas en el proyecto. Es preciso otorgar a las inversiones de refuerzo idénticas ventajas que las concedidas a las inversiones nuevas. Estas inversiones de refuerzo deben contemplarse obligatoriamente, sin la menor duda, en la ley que promueve y estimula la confianza de los inversionistas en nuestro país (…)”. (Resaltado fuera de texto)
En el análisis es útil observar que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) expidió el documento CONPES 3366 del 1º de agosto de 2005 (modificado por el documento CONPES 3406 de 2005), mediante el cual se establecieron los criterios técnicos para la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión presentados ante el Comité de Estabilidad Jurídica, siendo uno de estos, que “El inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el responsable de demostrar que la norma objeto del mismo es determinante de la inversión que proyecta realizar”.
Así las cosas, la Sala observa que el alcance de la Ley 963 de 2005 cubría inversiones nuevas, al igual que, proyectos de “ampliación” de inversiones existentes, es decir inversiones que se hubieran iniciado previamente a la expedición de la ley; para lo cual requiere que además, se demuestre el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas que en cada caso se busque estabilizar.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la figura de la estabilidad jurídica es aplicable tanto a las inversiones nuevas, como a aquellas ampliaciones de las inversiones que hubieran comenzado a desarrollarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 963 de 2005.
Ahora, lo que resulta fundamental para la aplicación del régimen es, el cumplimiento del proyecto de inversión con las condiciones establecidas en la norma para ser beneficiario, entre las cuales se exige la motivación del inversionista como una de las finalidades del contrato y el carácter determinante de las normas que se señalaban como objeto de la solicitud del contrato de estabilidad.
En tal sentido, la ley exigió una relación esencial entre la decisión de invertir y la solicitud de estabilidad de las normas.
De modo que, las inversiones y las ampliaciones de inversiones existentes deben tener como factor determinante la estabilidad jurídica de ciertas normas necesarias para su realización y ejecución.
En el caso concreto, se encuentra que el 29 de septiembre de 2009, Incolmotos Yamaha S.A. presentó la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, en los siguientes términos:
“PETICIÓN.
Que se autorice la celebración de un contrato de estabilidad jurídica entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la empresa INCOLMOTOS YAMAHA S.A. cuyo objeto es el montaje de una planta de ensamble y distribución de motocicletas, y artículos musicales en el Municipio de Girardota (Antioquia) destinada a mejorar la competitividad, tal como se describe en el Anexo No. 1. (…)
Descripción del proyecto de inversión y número de empleos directos e indirectos
Incolmotos – Yamaha dedicada al ensamble de motos, decide en el año 2005 desarrollar un proyecto de diseño e implementación de una nueva planta de ensamble para alcanzar el nivel de competitividad requerido para satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado nacional y latinoamericano (…) El estudio de pre factibilidad en donde se analizaron varias alternativas para la ubicación de la planta, se realizó durante el año 2005. Durante el año 2006, se diseñaron las plantas de pintura, ensamble, línea de ensamble y planta de tratamiento de aguas residuales, así como el “lay out”. (…) Desde el año 2007 se inició la construcción de la bodega de almacenamiento de materia prima (…) La construcción del nuevo almacén (2009 a 2011) es necesaria por los altos costos de transporte”. (ff. 2 a 13 c1).
Luego, en escrito de actualización de la solicitud del contrato afirmó:
“I. Etapa en la que se encuentra el proyecto de inversión
Todo el proyecto se encuentra en una etapa operativa, porque en los años 2005 y 2006 se realizaron las mayores inversiones, que fueron la construcción del edificio para las plantas productivas y la maquinaria para el proceso de ensamble, pintura y soldadura, con acondicionamientos adicionales para la protección ambiental y la eficacia logística.
Desde finales de 2006 se inició la operación de ensamble de nuestras motocicletas en la nueva planta, lo que se continúa realizando hasta el día de hoy.
En los años 2007, 2008, 2009 y 2010 las inversiones se hicieron en la logística y almacenamiento de materia prima (…)
Para el año 2011 el presupuesto de inversión se enfoca en la integración administrativa, mediante la construcción de edificios adecuados para la gestión administrativa y la capacitación de empleados, clientes y técnicos de motocicleta” (f. 720 ca3).
La solicitud fue rechazada por el Comité de Estabilidad Jurídica con fundamento en lo siguiente (f. 787 a 797 c4):
“Necesidad del beneficio de estabilidad. Se debe resaltar que el proyecto inició la ejecución de inversiones durante el año 2005, año de expedición de la Ley 963 (8 de julio de 2005), lo cual permite corroborar que éste fue concebido en ausencia de la citada disposición legal. En efecto, para este año se ejecutaron inversiones por valor de $3.454 millones. (…) Es de anotar que para el año 2008, se había presentado una ejecución por un valor de $19.044 millones equivalente al 53% de la inversión total y, a la fecha el proyecto tiene una ejecución del 79% según lo reportado por el revisor fiscal. Así las cosas, se recalca que en el presente caso la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica no resulta determinante para la decisión de invertir.
Sobre el objeto de la inversión. El inversionista en su solicitud justifica la realización del proyecto de inversión (…) Al respecto, concluyó que el proyecto de inversión presentado por INCOLMOTOS, se concibió como una estrategia para mantenerse en el mercado, dado que además este se orienta al diseño e implementación de una nueva planta de ensamble para alcanzar el nivel de competitividad requerido con miras a satisfacer las necesidades del mercado nacional y latinoamericano, razón por la cual su ejecución se llevaría a cabo con o sin el beneficio de estabilidad jurídica.
Beneficios económicos y sociales. (…) Se observa que los eventuales beneficios que generaría la inversión referida a la reducción de las cargas contaminantes y el aumento de ingresos por concepto de impuestos para el municipio de Girardota, no pueden ser asumidos como un plus generado por el proyecto de inversión, ya que obedecen a una obligación legal adquirida por el inversionista.
Inconsistencia de la información: Advirtió el Comité una inconsistencia en la suma de inversiones parciales consignadas en el cronograma de inversión, en la medida en que no corresponde a la cifra total allí señalada”.
En primer lugar, la Sala precisa que, la presentación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, no implica per se la aprobación de esta ni la consecuente suscripción del contrato, sino una mera expectativa sujeta a la evaluación por parte del Comité de Estabilidad Jurídica de la conveniencia de la suscripción de este y del cumplimiento de los requisitos previstos en la ley. Así también lo entendió la Corte Constitucional en la sentencia C-785 de 2012, en la que se advierte que la ley no reconocía al solicitante derechos adquiridos a la estabilidad de las normas por el solo hecho de presentar la solicitud de aprobación del contrato.
En segundo lugar, se advierte que el demandante, tanto en el trámite administrativo ante el Comité de Estabilidad Jurídica, como en sede judicial, no suministró argumentos o pruebas que controvirtieran las razones de rechazo de este sobre el beneficio de la estabilidad, en particular, sobre la necesidad de la estabilidad jurídica para la inversión, en tanto aquélla se limitó a afirmar que la solicitud era procedente porque la ley de contratos de estabilidad jurídica cobijaba las inversiones preexistentes y que había acatado las disposiciones legales referidas a temas ambientales aun superando los parámetros dispuestos en dichas normas.
De acuerdo con los planteamiento anteriores, encuentra la Sala que, contrario a lo alegado por la demandante, el Comité de Estabilidad Jurídica se enfocó primordialmente en el carácter determinante de las normas a estabilizar respecto de la decisión de invertir, en la medida en que la mayoría del proyecto de inversión fue desarrollado con anterioridad a la solicitud del contrato de estabilidad jurídica, de lo que se infiere que la inversión en la nueva planta de producción iba a ser realizada por la sociedad, independientemente de que se suscribiera el contrato de estabilidad jurídica.
De hecho, Incolmotos Yamaha al ser requerida para aclarar la etapa en la que se encontraba el proyecto de inversión por el montaje de la planta de ensamble y distribución de motocicletas y artículos musicales -objeto de la solicitud-, confirmó que la inversión se encontraba en etapa operativa, con lo cual se demuestra que el proyecto de inversión no tenía como factor determinante que se diera la estabilización jurídica. Así mismo, se advierte que durante el trámite de la solicitud, la DIAN constató que el proyecto tenía una ejecución del 79%, lo que ratifica que la falta de estabilidad jurídica no fue óbice para realizar la inversión.
Para la Sala, si bien la ley permite que el proyecto de inversión inicie antes de la suscripción del contrato, no puede perderse de vista que también exige que la decisión de invertir o de ampliar la inversión debe ser determinante para solicitar la estabilidad jurídica, motivación que no se vislumbra en un proyecto de inversión que se encuentre en operación antes de la solicitud de estabilidad, en tanto el beneficio del contrato fue establecido para quienes optaran por invertir motivados por la ley de estabilización.
Lo que no se presenta en el caso analizado, en el que el contribuyente decidió la inversión sin considerar la estabilidad de las normas tributarias e incluso entró en operación, pues como lo informó en sede administrativa, desde finales del año 2006 inició la operación de ensamble de las motocicletas en la nueva planta que es objeto de la solicitud analizada, es decir, que desde el año 2006 instaló los activos requeridos y empezó a generar ingresos y gastos sobre los cuales pretende obtener la estabilidad jurídica en el año 2009.
En consecuencia, la Sala observa en la solicitud presentada, la ausencia de cumplimiento del requisito de finalidad o motivación de la inversión y su relación de causalidad con la necesidad de estabilizar las normas objeto del contrato, lo cual quedó demostrado por el hecho que antes de presentar la solicitud de contrato, el proyecto de inversión ya había sido ejecutado en su mayoría, lo cual permite concluir que obtener la estabilidad en las normas no era un aspecto determinante para adelantar la inversión; aspecto que está contemplado como un requisito para la procedencia de la estabilidad jurídica en el artículo 1º de la Ley 963 de 2005.
A partir de lo expuesto anteriormente, dado que la sociedad presentó un proyecto de inversión que no cumplía con la demostración de la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, se concluye la legalidad de los actos administrativos acusados, razón por la cual no prospera el recurso de apelación.
En consecuencia, se confirma la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda, y ordenó no condenar en costas, estas últimas en tanto no fueron apeladas por la parte demandada.
En segunda instancia no se condenará en costas porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Declarar que no prospera la excepción propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por las razones expuestas en esta providencia.
Confirmar la sentencia de primera instancia.
Sin condena en costas en esta instancia.
Reconocer personería al abogado Jhonnatan Camilo Ortega, para que represente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Resolución Nro. 0659 de 9 de marzo de 2018 (ff. 327 a 329).
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
La demanda inicialmente fue presentada ante el Consejo de Estado, y mediante Auto del 24 de junio de 2016 se ordenó remitir por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta (ff. 9, 28 y 162 a 164 cp).
La Ley 963 de 2005 fue derogada por el artículo 66 de la Ley 1607 de 2012.
Gaceta del Congreso 350 del 24 de julio de 2003, y Gaceta del Congreso 590 del 13 de noviembre de 2003.
El proyecto presentado por el Gobierno ante la Cámara de Representantes, únicamente cobijaba inversiones nuevas.
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01552-01 (24081)
Demandante: Incolmotos Yamaha S.A.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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