Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01763-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01763-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2016-01763-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de agosto de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01763-01 (26415)
Demandante: Newtex Eigth UAP S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2016-01763-01 (26415)
Demandante NEWTEX EIGTH UAP S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta y complementario. Año 2011.
Presunción de ingresos por omisión del registro de compras.
Rechazo de costos. Simulación de operaciones. Sanción por
inexactitud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 30 de julio del 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412015000036 del 27 de marzo de 2015 y la Resolución No. 002840 de 18 de abril de
2016, proferidas por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes – DIAN.
SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento TÉNGASE como liquidación la
efectuada por la Sala en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Sin condena en costas.
CUARTO. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. CSJBTA20-60- del 16 de junio
de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, NOTIFIQUESE electrónicamente la presente
providencia (…).
QUINTO. En firme el presente proveído, y hechas las anotaciones correspondientes,
devuélvanse los antecedentes administrativos a la oficina de origen y archívese el expediente.
(...)”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 13 de abril de 2012, Newtex Eight UAP S.A.S. (antes Comercializadora Industrial
Kingdom Oil UAP S.A.S.) presentó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementario del año 2011, en la cual registró un total saldo a pagar de
$49.367.000.
Previa expedición del requerimiento especial y su respuesta, la Administración
emitió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412015000036 del 27 de marzo de
2015 que determinó: i) la adición de ingresos por $8.324.706.000 y ii) el
desconocimiento de costos de ventas en cuantía de $143.749.000, determinando
un total impuesto a cargo de $3.034.581.000, sanción por inexactitud al 160% de
$4.471.344.000 y un total saldo a pagar de $7.315.301.000.
1 CP 1. CD Fl. 246.
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01763-01 (26415)
Demandante: Newtex Eigth UAP S.A.S.
El contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante
la Resolución Nro. 002840 del 18 de abril de 2016, que confirmó la liquidación oficial
de revisión.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“PRIMERA: Se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Liquidación Oficial de
Revisión (sic) No. 312412015000036 del 27 de marzo de 2015, que modificó la liquidación
Privada del Impuesto de Renta del año Gravable 2011 de la sociedad COMERCIALIZADORA
INDUSTRIAL COMERLI LTDA. Hoy NEWTEX EIGTH UAP S.A.S.
SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 002840 de 18 de abril de 2016, que
resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión
No. 312412015000036 del 27 de marzo de 2015, confirmándola.
TERCERA: Como consecuencia de las nulidades anteriores y a título de restablecimiento del
derecho, a favor del demandante se proceda a:
3.1. Que se declare en firme la Declaración Privada presentada por la sociedad
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA. Hoy NEWTEX EIGTH UAP S.A.S. el
13 de abril de 2012 con No. 9100013301100, formulario No. 1102601074053 por el impuesto
de Renta y Complementarios del año gravable 2011.
3.2. Que se declare que la sociedad NEWTEX EIGTH UAP S.A.S. antes
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COMERLI LTDA., no está obligada a pagar suma
alguna por impuesto de renta del año gravable 2011.
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 6, 29,
83, 95, 228 y 363 de la Constitución Política; 88, 647, 671, 683, 730, 742 a 745, 756,
760, 771-2, 772, 774 a 779, 782, 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario; 3 de la
Ley 1437 de 2011; 66 del Código Civil; 166 del Código General del Proceso; 58 de
la Ley 6 de 1992; 11 y 56 del Decreto 2649 de 1993 y 11 del Decreto 3050 de 1997.
El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:
1. Improcedencia de la adición de ingresos. Presunción de ingresos por
omisión del registro de compras
Discutió que la DIAN adicionó ingresos con fundamento en la presunción prevista
en el artículo 760 del Estatuto Tributario, a partir de la diferencia de $7.368.196.994
detectada entre las compras del exterior incluidas en los costos de venta y el total
de importaciones reportadas en medios magnéticos, desconociendo que la
sociedad contabilizó y declaró en el año 2012 las importaciones omitidas en el 2011.
Manifestó que atendió los requerimientos y citaciones para explicar las diferencias
detectadas, en el sentido de que algunas importaciones realizadas en 2011 se
contabilizaron en 2012 debido a la ampliación del centro de cómputo y la
2 Samai, índice 2. PDF “ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_02DEMANDA(.pdf)
NroActua 2”
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infraestructura física de las instalaciones de la compañía que generó problemas de
comunicación y corte del servicio de internet “que duró más de un mes”, lo que derivó
en la contabilización parcial de las importaciones y la presentación extemporánea
de la declaración del IVA bimestre 6 del 2011. Agregó que, los agentes de aduanas
no reportaron toda la documentación al momento de presentar la declaración, por
lo que no conocía toda la información de las importaciones. De manera que, el no
registro de las operaciones se debió a motivos de fuerza mayor.
Afirmó que la sociedad no omitió el deber de registrar el total de importaciones, pues
la sociedad contabilizó las faltantes en el año 2012, una vez tuvo certeza de las
mismas, al desaparecer las dificultades tecnológicas. Esto, en cumplimiento del
artículo 56 del Decreto 2649 de 1993, según el cual, las omisiones deben revelarse
en el momento en que se adviertan.
Comentó que, en la liquidación, la DIAN señaló que la sociedad debía rehacer sus
registros contables, lo cual no era posible, y “en la resolución que resolvió el recurso, cambia
su argumento y lo encamina a manifestar que ya no era ilegal el asiento contable, sino que lo
procedente era realizar una declaración de corrección del año gravable 2011. Por lo que reitera y
confirma la supuesta omisión en el registro de compras”.
Sostuvo que la presunción del artículo 760 del Estatuto Tributario regula una
omisión absoluta, y en este caso, lo que se presenta es un registro tardío de las
importaciones, pues las compras se declararon en el año 2012. Acotó que su
situación es distinta pues no pudo contabilizar las importaciones, ni tenía la
información y documentación para realizar el registro contable.
Comentó que el registro posterior de las importaciones no generó un menor
impuesto de renta a cargo, pues su inclusión en la cuenta de inventario y del pasivo
no afecta el estado de resultados, ni tampoco el costo de ventas, pues este se debita
cuando se vende la mercancía y, en este caso, no pudo ser vendida hasta que hizo
parte del inventario. Añadió que la contabilización de las importaciones cierra la
puerta a la omisión de compras.
2. Falsa motivación en el desconocimiento del costo de ventas
Adujo que el desconocimiento de costos de ventas por las compras a la sociedad
IVAN RUBIANO C CONSTRUCTORES S.A.S. es ilegal por cuanto, para el año
gravable 2011, el tercero no había sido declarado como proveedor ficticio, sobre lo
cual transcribió los artículos 88 y 671 del Estatuto Tributario que imponen la
prohibición de deducibilidad desde la fecha de publicación de la resolución de
declaratoria de proveedor ficticio, que ocurrió el 9 de mayo de 2014. Que, por tanto,
es improcedente que la DIAN afirmara que las operaciones no eran reales, con
fundamento en una declaratoria de proveedor ficticio, que es posterior a la vigencia
2011. De allí que los actos están falsamente motivados.
3. Inexistencia e imposibilidad de aplicación de la figura del fraude fiscal
Indicó que los argumentos de la DIAN sobre la configuración de fraude fiscal por el
uso de proveedores ficticios y la omisión de ingresos son falsos, ilegales,
desproporcionados y atentan contra el principio de buena fe y el buen nombre. Se
refirió a las sentencias “C-015 de 1991” y “C-105 de 1993” de la Corte Constitucional y al
concepto DIAN 051977 de 2005 para resaltar que las operaciones deben
observarse desde su sustancia económica y no desde una perspectiva formal.
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Sostuvo que no se configuró fraude fiscal por cuanto está desvirtuada la presunción
del artículo 760 del Estatuto Tributario y actuó diligentemente y de buena fe, sin
buscar aminorar su carga tributaria. Precisó que, ante la ausencia de pruebas
directas del costo ficticio, pues solo obran indicios, no es dado presumir la mala fe
del contribuyente, en tanto se aportaron los soportes de la realidad de las
operaciones.
Anotó que la figura del fraude fiscal solo existe desde la Ley 1607 de 2012, por lo
que para 2011 no era aplicable y si lo fuera, por la sentencia “C-105”, la declaratoria
de fraude debió ser por medio de sentencia judicial. Y aseveró que la demandada
no ha demostrado el fraude fiscal.
4. Violación del régimen probatorio tributario
Advirtió que la DIAN utilizó dos figuras contrapuestas a las pruebas directas y a la
certeza de los hechos, esto es, las presunciones, para establecer la omisión de los
ingresos, y los indicios3, en la glosa del rechazo de costos, omitiendo tener en cuenta
gran parte de los soportes que las desvirtuaban.
Precisó que aportó los estados financieros, certificado de revisor fiscal, libro auxiliar
por 2011, libro auxiliar balances, en donde consta la totalidad de los ingresos
recibidos por 2011 y la relación de las importaciones de los dos primeros periodos
del 2012, por lo que la valoración probatoria de la demandada no es procedente al
alejarse de la contabilidad sin haberla desvirtuado, siendo esta plena prueba que da
certeza sobre la realidad económica.
Consideró que la Administración debió aplicar el principio de esencia sobre la forma,
y valorar los documentos aportados para desvirtuar la presunción, o tacharlos de
falsedad.
5. Violación de los principios de equidad, justicia, presunción de buena fe
y doble tributación
Precisó que la DIAN violó los principios de justicia y equidad al pretender una doble
tributación, pues aplica la presunción de ingresos en el 2011, respecto de unas
operaciones que ya fueron declaradas en el 2012; de allí que se exige al
contribuyente más de lo que debe soportar. Ratificó la violación al principio de buena
fe, al basar la afirmación del fraude fiscal solamente en indicios.
6. Sanción por inexactitud
Estimó que la sanción es improcedente pues no omitió ingresos ni incluyó costos
inexistentes pues desvirtuó la presunción de ingresos con pruebas, por lo que no
introdujo factores falsos, desfigurados o incompletos en la declaración, ni persiguió
una ventaja tributaria4.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos5:
3 Se refirió a la sentencia del 4 de diciembre de 2003, exp. 13295, C.P. Ligia López Díaz.
4 Trajo a colación las sentencias 2004-01987, C.P. William Giraldo Giraldo del 18 de octubre de 2007, C.P.
Héctor Romero Díaz y de octubre de 2007, exp. 15639, C.P. Ligia López Díaz.
5 Samai índice 2, PDF “ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_CONTESTACIONDEMANDA”
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Frente a la adición de ingresos por la aplicación de la presunción del artículo
760 del Estatuto Tributario, explicó que se sustenta en la diferencia encontrada
entre los registros contables de la cuenta de inventarios y las declaraciones de
importación realizadas durante 2011.
Comentó que, como consta en el acta de cierre de la inspección tributaria, la
demandante no aportó la totalidad de la información solicitada en cada visita, así:
los anexos o auxiliares de las declaraciones de importación del sexto bimestre de
2011 y primero de 2012 y los comprobantes internos y externos y explicaciones de
las diferencias en el valor de las importaciones. Por el contrario, la Administración
verificó la base de datos de importaciones para establecer el monto de las
efectuadas por la empresa.
Manifestó que pretender el registro de las importaciones de 2011 en períodos
diferentes desconoce la ley y riñe con los principios de igualdad, solidaridad y el
deber de contribuir dentro de conceptos de justicia y equidad. Se refirió al artículo
26 del Estatuto Tributario para explicar que los costos y deducciones atribuibles a
los ingresos deben sujetarse al período gravable, que inicia el 1 de enero y termina
el 31 de diciembre, tal como señala el Decreto 187 de 1975.
Afirmó que no es cierto que la norma contable permita contabilizar operaciones
económicas en un período distinto y posterior, pues el artículo 56 del Decreto 2649
de 1993, establece que los asientos contables deben efectuarse a más tardar en el
mes siguiente, pues de otra forma no existiría límite de tiempo.
Adujo que la pretensión de la actora implicaría violar el principio de realización
contable del artículo 12 del Decreto 2649 de 1993 y, además, el artículo 52 ibídem
según el cual, ante la ocurrencia de contingencias, deben preverse sus
consecuencias, a fin de revelarlas, tasarlas y registrarlas.
Anotó que la ley fiscal prevalece sobre la contable, conforme con el artículo 136 del
Decreto 2649 de 1993 y 4 de la Ley 1314 de 2009, y que el artículo 19 del Decreto
836 de 1991 autoriza que, en caso de corregirse la declaración, se efectúen los
ajustes contables correspondientes en el año de corrección.
Aclaró que, en los estados financieros y los certificados emitidos sobre dicho
informe, no se observan revelaciones sobre las limitaciones para el registro de las
importaciones. Concluyó que la demandante debía efectuar los ajustes en la
contabilidad para 2011 y en su declaración.
Estimó que la sociedad no puede alegar su propia culpa en su favor pues el registro
incompleto de las importaciones debió implicar la corrección de la declaración de
renta y, en todo caso, la DIAN le anunció la inexactitud en el emplazamiento para
corregir.
Sobre el rechazo de costos de ventas, explicó que el supuesto proveedor Iván
Rubiano C. Constructores S.A.S. incurrió en las siguientes irregularidades: i)
presentó la declaración de renta de 2009 extemporáneamente, ii) en 3 facturas con
sumas considerables se dio la instrucción de girar cheques sin sello restrictivo,
contrario a las prácticas seguras en las operaciones financieras, iii) no tenía
capacidad locativa ni infraestructura para desarrollar la actividad, sin que hubiese
cambiado de domicilio, y iv) en la dirección registrada en el RUT funciona una oficina
pequeña que presta el servicio de oficina virtual con quien el proveedor suscribió un
contrato para el recibo de correspondencia.
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Expuso que los estados financieros no sirven como prueba directa pues están
desvirtuados junto a la contabilidad por no llevarse en debida forma y que tampoco
se allegaron soportes externos e internos. Aceptó que, si bien las presunciones
admiten prueba en contrario según el artículo 66 del Código Civil, ante la ausencia
de actividad probatoria de la demandante es procedente la adición de ingresos y el
rechazo de costos, descartándose la violación al principio de buena fe y a la
prohibición de la doble tributación.
En torno a la sanción por inexactitud, advirtió que sí existe conducta sancionable
como se encuentra sustentado en los actos acusados, pues está demostrada la
omisión de ingresos y la declaración de costos improcedentes y no se puede
predicar una diferencia de criterios, sino el desconocimiento del derecho aplicable.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos impugnados, con fundamento en
las siguientes consideraciones6:
Sobre la adición de ingresos por la aplicación de la presunción del artículo 760
del Estatuto Tributario, afirmó que la demandante no podía pretender registrar
hechos económicos acaecidos en un período específico, en un año al cual no
correspondía, más si se tiene en cuenta que reconoció el hecho que llevó a la
ausencia de registro y contaba con la posibilidad de corregir la declaración y la
contabilidad. Explicó que las normas contables entregan pautas para asentar los
hechos económicos en la contabilidad de cada contribuyente, con plazos
específicos para hacer el registro, dado que los asientos deben hacerse a más
tardar dentro del mes siguiente al de realización de las operaciones económicas.
Precisó que el actor debía desvirtuar el hecho base de la presunción, esto es, la
ausencia del registro de compras, lo cual no logró pues no acreditó una
circunstancia de fuerza mayor que lo eximiera del deber de registrar sus actuaciones
económicas, por lo cual la presunción se aplicó debidamente.
Frente al desconocimiento de costos, relativos al proveedor Iván Rubiano C
Constructores S.A.S., reseñó los hallazgos de la DIAN en los autos de verificación
o cruce y las visitas al tercero en donde se evidenció que éste no desarrolla actividad
económica comercial en la dirección registrada en el RUT y en la Cámara de
Comercio, ni se advirtió infraestructura e instalaciones apropiadas para ejercer
actividades comerciales, lo cual se valida con la información exógena. Lo anterior
llevó a considerar que las compras de la actora no fueron reales, tratándose de
operaciones simuladas.
A partir de lo expuesto, consideró que correspondía a la actora llevar al
convencimiento de la realidad de las operaciones con el tercero y que no allegó
documento idóneo para demostrarlo, limitándose a afirmar que el proveedor estaba
inscrito en el RUT y que obraban las facturas y la contabilidad, así como
manifestaciones del revisor fiscal y el representante legal, sin controvertir los hechos
probados por la Administración.
Descartó la falsa motivación de los actos por cuanto el desconocimiento del costo
no se basó en la declaratoria de proveedor ficticio, sino en las constataciones
efectuadas por la Administración, y este primer hecho se utilizó simplemente como
indicio.
6 CP 1. CD Fl. 246.”
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En lo referente a la sanción por inexactitud, aseveró que era procedente y que no
se configuró una diferencia de criterios. No obstante, en aplicación del principio de
favorabilidad recalculó la sanción en el 100%, estableciéndola en la suma de
$2.794.590.000.
No condenó en costas al no encontrarlas probadas en el expediente.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia, reiterando lo expuesto en la
demanda, y señaló7:
En cuanto a la adición de ingresos, dijo que el contribuyente no registró las
importaciones por $7.368.196.994 en el año 2011, debido a diversos inconvenientes
que se presentaron en la empresa para la fecha de presentación de la declaración
de renta de esa vigencia, por lo cual se contabilizaron en 2012, de allí que no exista
la omisión de compras. Aclaró que, con base en el artículo 56 del Decreto 2649 de
1993, reconoció los hechos en el momento en que tuvo certeza de los mismos, al
desaparecer las dificultades tecnológicas que experimentó, y que la contabilidad no
se debe corregir retroactivamente por cuanto deja de tener valor probatorio. Por lo
cual, dio cumplimiento a la norma al revelar la omisión en el momento en que lo
advirtió.
Resaltó que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, aportó los documentos que
demuestran la totalidad de los ingresos del año 2011 tales como los estados
financieros, el certificado del revisor fiscal, libros auxiliares y las relaciones de
importaciones. Explicó que la omisión en el registro de las importaciones obedeció
a una situación de fuerza mayor, debido a la ampliación del centro de cómputo y la
estructura física de la compañía que generaron interrupción en el servicio de internet
y la contabilización parcial de las importaciones, tanto que la declaración de IVA
bimestre 6 se presentó extemporáneamente, además del reporte tardío de la
documentación por parte de los agentes de aduanas.
Cuestionó la aplicación del artículo 760 del Estatuto Tributario pues para la fecha
de la visita de la DIAN en 2014, todas las importaciones se habían registrado y se
aportaron las pruebas del registro en el año 2012, de allí que no existe hecho
indicador para aplicar la presunción. Agregó que, la omisión en compras que alude
la norma no es condicionada, “sino por el contrario absoluta, es decir, que no se hayan
declarado las compras en ningún momento, hecho que no ocurrió, pues la sociedad registró las
importaciones en el año 2012”. Concluyó que la conducta de la Administración es
contraria al espíritu de justicia.
Sobre el rechazo del costo de ventas, insistió en que la resolución que declaró
proveedor ficticio a la sociedad Iván Rubiano C Constructores S.A.S. se publicó en
2014 y que las compras se efectuaron en 2011, esto es, 2 años antes. Que, por
tanto, la Administración no podía modificar los costos argumentando que la
transacción se realizó con un proveedor ficticio. Adicionó que en el expediente obran
los documentos que acreditan la totalidad de las operaciones y, en particular, la
contabilidad que funge como plena prueba cuando es llevada en debida forma,
como en este caso que no ha sido desvirtuada.
7 Samai, índice 2, PDF “ED_CUADERNO1NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_28RECURSOAPELACIONP(.pdf)
NroActua 2”
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Precisó que, ante la ausencia de prueba directa del costo ficticio, pues el rechazo
se fundamenta en indicios, no se puede endilgar a la demandante el supuesto
fraude fiscal, pues obran soportes de la existencia de las operaciones y, además,
no se puede presumir la mala fe del contribuyente. Y con fundamento en lo anterior,
reiteró el argumento de la falsa motivación de los actos acusados.
Frente a la sanción por inexactitud, consideró que era improcedente pues no se
introdujeron factores o datos falsos, desfigurados o incompletos. Adujo que, en todo
caso, se estaría en presencia de una diferencia de criterios, en especial, frente a la
adición de ingresos.
Alegatos de conclusión
La demandante8 reiteró los argumentos de la apelación y agregó que la
presentación extemporánea de la declaración de renta de Iván Rubiano C
Constructores S.A.S por 2009 no tenía incidencia en el proceso.
La demandada9 insistió en lo señalado en la contestación de la demanda.
Intervención del Ministerio Público
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto10 y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por cuanto la sociedad no
presentó pruebas de los presuntos inconvenientes que llevaron al registro de las
importaciones en 2012. Que por tanto, el contribuyente debió contabilizar los hechos
económicos de 2011 en el mismo año, y corregir su declaración. Añadió que la
demandante tampoco desvirtuó los indicios de simulación en el rechazo del costo
de ventas y que la sanción por inexactitud era procedente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En atención a los cargos de apelación presentados por la demandante contra la
sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos, le
corresponde a la Sala determinar si procede: i) la adición de ingresos en la suma de
$8.324.706.000, con fundamento en la presunción del artículo 760 del Estatuto
Tributario, ii) el rechazo de costos de ventas por las compras al tercero Iván Rubiano
C. Constructores S.A.S. en la suma de $143.749.000, y iii) la sanción por
inexactitud.
1. Adición de ingresos por valor de $8.324.706.000
En los actos demandados, la DIAN adicionó ingresos en la suma de $8.324.706.000,
en aplicación de la presunción de ingresos por la omisión en el registro de compras.
Esto, porque evidenció que, en el año 2011, el contribuyente no declaró
importaciones en la suma de $7.368.169.994, como resultado de comparar la
“relación detallada de importaciones realizadas en el año 2011” de $19.299.621.994 (fls.207 a
413 caa), con el auxiliar de la cuenta “IVA por compras por el año gravable 2011” de
$11.931.425.000 (fls. 437 a 452 y 619 a 637 caa). Decisión administrativa que fue
avalada por la sentencia de primera instancia.
8 Samai, índice 21, PDF “ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_NEWTEXEIG_NEWTEXEGTHUAP SAS(.pdf)
NroActua 21”
9 Samai, índice 22, PDF “ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENC IONES_DIAN_DIAN2(.pdf) NroActua 22”
10 Samai, índice 24, PDF “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONCEPTOP_CONCEPTO
201601763(.pdf)NroActua 24”
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01763-01 (26415)
Demandante: Newtex Eigth UAP S.A.S.
En el recurso de apelación, el demandante sostiene que, en este caso, no se
presenta el supuesto de hecho que da lugar a la presunción, toda vez que las
importaciones fueron contabilizadas y declaradas en el año 2012, y en todo caso, el
no registro de las importaciones en el 2011 se justifica en circunstancias de fuerza
mayor. Que por tanto, la adición de ingresos desconoce los principios de justicia y
equidad, pues genera sobre el contribuyente una doble tributación. Y, reiteró que es
improcedente que la DIAN alegue que la sociedad incurrió en fraude fiscal, pues
actuó de buena fe y no tuvo por objeto evadir impuestos.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala precisa que el artículo 760 del
Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos, señala:
“. (...) Lo dispuesto en este artículo permitirá presumir, igualmente, que el contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios ha omitido ingresos, constitutivos de renta
líquida gravable, en la declaración del respectivo año o período gravable, por igual cuantía
a la establecida en la forma aquí prevista”.
A partir de lo anterior, cuando la DIAN constate que el contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementario no registró la totalidad de las compras, se presume
la obtención de ingresos “constitutivos de renta líquida gravable”. En tal sentido, la norma
parte del presupuesto de que, si se ocultan las compras, también se encubren las
ventas de los bienes adquiridos en esas operaciones, es decir, los ingresos. Una
vez la Administración aplica la presunción de ingresos, la carga de la prueba se
traslada al contribuyente, quien puede acudir a su contabilidad para desvirtuar los
hechos base de la presunción, o determinar las operaciones reales con sus
respectivos costos, pero en tal caso, debe aportar pruebas adicionales, como lo
dispone el artículo 761 del Estatuto Tributario.
Así las cosas, la Sala pone de presente que las partes concuerdan en el hecho que,
en el año 2011, la sociedad no declaró importaciones por valor de $7.368.169.994,
lo que, además, esta soportado en las diferencias advertidas entre la contabilidad y
la relación de importaciones del año 2011 que allegó el mismo contribuyente.
El actor sostiene que no incurrió en una omisión de compras, sino en el registro
tardío de las mencionadas importaciones, en la medida que fueron contabilizadas y
declaradas en el 2012. Sin embargo, verificado el expediente se encuentra que
obran las siguientes pruebas:
• Balance de prueba del año 2011 (Fls. 35 a 64 Caa 1), en el que se informa los
inventarios y costos de ventas de dicho período gravable.
• Libro auxiliar del año 2011(Fls. 65 a 99. Caa 1).
• Balance general comparativo de 2011 y 2010 (Fl. 158. Caa 1)
• Estado de resultados comparativo de 2011 y 2010 (Fl. 159. Caa 1).
• Libro mayor y balances del año 2011 (Fls. 194 a 195 Caa 1.)
• Relación de importaciones efectuadas durante el año gravable 2011. (Fls. 209 a
399 Caa 1 y 400 a 412 Caa 3).
• Relación de importaciones del primer cuatrimestre de 2012 (Fls. 453 a 591 Caa 3
y 600 a 609 Caa 4).
• Relación de “importaciones del 2011 declaradas en el 2012” (Fls. 838 a 954 Caa 5).
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• Relación de declaraciones de IVA de los bimestres del año 2012 (importaciones)
(Fls. 1101 a 1179 Caa 6, 1180 a 1313 Caa 7, 1314 a 1345 Caa 8).
• Consolidado de importaciones efectuadas y declaradas durante el año 2012 (Fl.
1650 Caa 9), del cual se destaca que, por los bimestres 1 y 2, se registra un total
de importaciones de $6.860.730.949.
Verificados los documentos hasta aquí relacionados, la Sala advierte que ninguno
de ellos fue certificado ni firmado por el revisor fiscal o el contador de la compañía.
• Declaraciones de IVA bimestres 1 y 2 del 2012, presentadas el 12 de marzo y 11
de mayo de 2012 (Fls. 419 y 420. Caa 3).
• Certificado de revisor fiscal de la sociedad en el que informa los ingresos del año
2011 por valor de $11.303.721.676,32 (Fl. 613 Caa 4).
• Estados financieros y sus notas por el año 2011 (Fls. 690 a 702 Caa 4). En la nota
10 se registran ingresos operacionales por concepto de ventas brutas en cuantía
de $11.264.067.630.
• Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros de 2011, sin salvedades
(Fl. 699 Caa 4)
• Certificación de los estados financieros de 2011(Fl. 701 Caa 4) expedida el 15 de
marzo de 2012 y suscrita por el representante legal, el revisor fiscal y el contador
público de la sociedad, en donde consta que: “No se han presentado hechos posteriores
en el curso del período que registren ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las
notas subsecuentes”
Del anterior recuento probatorio, se evidencia que: i) las relaciones de importaciones
(relativas a los años 2011 y 2012 y a las declaradas en el IVA de 2012) no se encuentran
certificadas por revisor fiscal o contador público y, en ese sentido, no dan plena
certeza de los hechos económicos registrados en dichos documentos, ii) en el
consolidado de importaciones efectuadas y declaradas en 2012 se registran
importaciones por los bimestres 1 y 2 en cuantía menor ($6.860.730.949) a las
compras determinadas como omitidas por la Administración en el año 2011
($7.368.169.994), iii) el certificado de revisor fiscal aportado solo informa los ingresos
del 2011, sin que de dicha prueba se puedan verificar los ingresos por las compras
omitidas, y iv) el representante legal, el revisor fiscal y el contador público de la
sociedad certificaron que al 15 de marzo de 2012 no se habían presentado hechos
que implicaran un ajuste de los estados financieros.
En consideración de lo expuesto, la Sala advierte que no está debidamente
acreditado en el expediente que las importaciones no registradas en 2011 se
hubiesen declarado en 2012, más aún si se tiene en cuenta que el contribuyente no
aportó documentos que soportaran los ajustes contables de años anteriores (en este
caso 2011 presentados en el año 2012) derivados de las compras omitidas. Así
mismo, no obran en el plenario los estados financieros del 2012 debidamente
certificados, ni un documento expedido por el revisor fiscal o contador público que
dé fe de la declaración de las compras por valor de $7.368.169.994 en el año 2012,
como tampoco los anexos de la declaración de renta del mencionado período, que
permitieran constatar el registro tardío de las operaciones.
Así, teniendo en cuenta que está probado que el contribuyente omitió registrar las
importaciones en el 2011, y que tampoco se demostró que hubieren sido declaradas
en el 2012, para la Sala no se encuentra desvirtuado que las compras fueron
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omitidas, presupuesto que da lugar a la aplicación de la presunción del artículo 760
del Estatuto Tributario.
En efecto, se precisa que, una vez cuestionada por parte de la Administración la
falta de registro de los costos en determinado período gravable recaía sobre el
contribuyente la carga de la prueba de soportar que las compras fueron
efectivamente declaradas, puesto que la comprobación de este hecho es el que
permite desvirtuar el supuesto indicador de la presunción.
Ahora, en cuanto a las circunstancias de fuerza mayor, consta en el Acta de
Inspección Tributaria del 10 de julio de 2014 (fls. 428 y 429 caa), que el
contribuyente manifestó: “hay que tener en cuenta que la compañía en el mes de diciembre de
2011 amplió su centro de cómputo y la estructura física, lo que nos ocasionó un problema de
comunicación y duramos más de un mes sin tener conexión a internet, tanto es así que el IVA del
bimestre 6 se presentó con atraso y nos tocó pagar una multa y adicionalmente los agentes de
aduanas no reportaron toda la documentación en su momento, cosa que nos generó más problema”.
Sin embargo, se advierte que en el expediente no obra prueba de las dificultades
operativas, tecnológicas y de carácter aduanero aducidas por el actor, y en todo
caso, se trata de circunstancias que podía prever la sociedad cuando decidió
adecuar su planta física y realizó el trámite de las importaciones. De modo que no
se encuentra probada la operancia de hechos constitutivos de fuerza mayor.
En cuanto al argumento del actor, en el que indica que “el registro posterior de las
importaciones y su consecuente reflejo en las declaraciones tributarias, no generó un menor
impuesto (…) tampoco se afectó el costo de ventas” (fl 11 cp), la Sala no emitirá
pronunciamiento alguno, en la medida que no existe prueba de la declaración de las
compras discutidas, ni del registro tardío que el contribuyente afirma haber
realizado.
Ahora bien, el contribuyente sostiene que la adición de ingresos sustentada en la
presunción del artículo 760 del Estatuto Tributario, conlleva a la violación de los
principios de justicia y equidad, al pretender una doble tributación, respecto de unas
operaciones que fueron declaradas en el año 2012.
Para la Sala, no se presenta la vulneración de los mencionados principios, toda vez
que en el expediente no está soportado que en el año 2012 se hubiere declarado y
gravado con el impuesto de renta los ingresos derivados de las importaciones
omitidas de allí que, deba descartarse la configuración de una presunta doble
tributación.
De otra parte, el actor discutió que la DIAN cambió la motivación de la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración, al sustentar el rechazo en la falta de
corrección de la declaración de renta del año 2011. Al respecto, la Sala advierte que
este argumento no es el fundamento principal de los actos acusados, sino el hecho
de no haberse desvirtuado la omisión de las compras del año 2011, en todo caso,
se precisa que dicho asunto sí fue aducido en la liquidación oficial de revisión (fl 68
cp).
Finalmente, frente a la discusión que plantea el demandante sobre la no
configuración del fraude fiscal, la Sala advierte que en los actos demandados no se
sustentó la adición de ingresos en que el contribuyente hubiere incurrido en esa
práctica ilícita. En ese sentido, los argumentos al efecto son impertinentes con el
objeto de la litis.
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De conformidad con lo expuesto, se encuentra que la sociedad incurrió en el
presupuesto previsto en el artículo 760 del Estatuto Tributario para la aplicación de
la presunción de ingresos, en atención a que no fue desvirtuada la omisión del
registro de compras realizadas en el 2011, por tanto, procede la adición de ingresos
en la suma de $8.324.706.000.
No prospera el cargo para el apelante.
2. Rechazo de costos de ventas por $143.749.000
Los actos acusados desconocen costos de ventas con el proveedor Iván Rubiano
C Constructores S.A.S. por compras de $143.749.000, con fundamento en las
irregularidades advertidas en las visitas realizadas al proveedor (ausencia de
infraestructura física y logística) y en la información exógena, que desvirtúan los
soportes aportados por el contribuyente. Esta decisión administrativa fue
confirmada por el a quo en la sentencia impugnada.
La apelante se opone, puesto que insiste en que la prohibición de deducción de
compras con proveedores declarados como ficticios solo opera a partir de la fecha
de publicación de la resolución que así lo ordene, lo cual sucedió el 9 de mayo de
2014, antes de la realización de las operaciones discutidas. Agregó que, con los
estados financieros, el certificado de revisor fiscal, los libros auxiliares y demás
documentos contables demostró las operaciones y que dichas pruebas no fueron
desvirtuadas, pues la DIAN fundamentó su actuación en simples indicios.
Al respecto, ha sido posición reiterada de la Sala11 que si bien, para la procedencia
de costos, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige acreditar la correspondiente
factura o documento equivalente, según corresponda, constituyendo tarifa legal,
esto no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora en aras de verificar la
realidad de la operación.
Es por eso que, una vez cuestionada la realidad de la transacción por la
Administración, con base en serios indicios, no resulta suficiente una acreditación
formal de la operación, con la contabilidad y/o la factura o documentos equivalentes,
sino que es indispensable demostrar la existencia de la operación, cuya carga
probatoria es responsabilidad de quien reclama los correspondientes costos o
gastos.
Ciertamente, esta Sección ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes
puede ser suficientes para determinar la simulación de operaciones, y que ante la
contundencia de los indicios se invierte la carga de la prueba y por tanto
corresponde al contribuyente demostrar en aplicación del artículo 167 del Código
General del Proceso, la realidad de las operaciones12.
En el caso concreto, se encuentra que la Administración controvierte este costo con
el proveedor, con fundamento en las siguientes pruebas recaudadas en la
investigación:
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencias del 19 de mayo de
2016, exp. 21185, C.P. Jorge Octavio Ramírez; del 30 de junio de 2022, exp. 25882, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; y del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencias del 1 de agosto de
2019, exp. 23671, C.P. Milton Chaves García; del 30 de junio de 2022, Exp. 25882, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, del 10 de noviembre de 2022, exp. 26448, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del
23 de febrero del 2023, exp. 26103, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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• En la visita de verificación del 2 de julio de 2014 practicada al tercero Iván Rubiano C
Constructores S.A.S. en la dirección registrada en el RUT, se constató que allí funcionaba otra
empresa (Eva Oficinas Virtuales), cuya gerente aportó certificado de existencia y
representación legal (fls. 709, 710 caa) e informó que tenía un contrato con el mencionado
señor para prestar el servicio de dirección comercial ante proveedores y clientes (fls. 705 a
715 caa). A partir de lo anterior, se concluyó que la sociedad Iván Rubiano C Constructores
S.A.S. no desarrollaba actividad comercial ni poseía infraestructura adecuada.
• Se verificó que el proveedor no reportó información exógena, ni figuraba en reportes de
terceros (fls. 720 a 722 caa).
• A partir del 14 de diciembre de 2012, el RUT del tercero se suspendió (fls. 1350 a 1352 caa).
• La Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá informó que la sociedad tenía investigaciones
por el impuesto sobre la renta por los años 2009 y 2010 (fls. 1354 y 1355 caa). Del traslado
de pruebas del expediente IH 2010 2013 000160 abierto contra la sociedad Iván Rubiano C
Constructores S.A.S., consta acta de visitas a su representante legal, del 10 y 15 de octubre
de 2012, en donde éste informó que no poseía documentos ni soportes, que la compañía era
una oficina virtual. (fls. 1380 y 1498 caa)
• Obra la Resolución 900001 del 7 de enero de 2014 (fls. 1567 a 1578 caa) en donde consta
que el proveedor fue declarado como ficticio.
Del anterior recuento probatorio, la Sala encuentra que la investigación tributaria se
sustentó en una serie de indicios que evidencian la irrealidad de las operaciones
comerciales, en tanto el proveedor no tenía infraestructura física y operativa para
desarrollar las actividades económicas; no reportó compras de mercancías en la
información exógena, ni se registraron operaciones por parte de terceros con la
compañía, y, adicionalmente, el representante legal manifestó que carecía de
información y documentos de la sociedad.
Se resalta que, el rechazo de los costos no obedeció a que, en el año 2014, Iván
Rubiano C Constructores S.A.S. fuese declarado proveedor ficticio, como lo afirma
la actora, sino que dicho hecho funge como un indicio adicional de la falta de certeza
de la realidad de las operaciones entre la apelante y el tercero. En la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración, una vez relatados los hallazgos de la
investigación, se adujo: “De lo anterior se evidencian indicios claros de la inexistencia de las
compras a este proveedor que además se declaró ficticio” (fl. 47). Por tanto, no se observa la
aplicación retroactiva de su calificación como proveedor ficticio. Sin perjuicio de lo
anterior, si bien las compras discutidas son anteriores a la publicación de la sanción,
esta prueba ratifica las graves inconsistencias verificadas por la DIAN en el
expediente administrativo, que cuestionan la existencia de los costos declarados
por la demandante en relación con dicho proveedor.
Ahora bien, en lo que respecta a las pruebas que aduce la actora, si bien estas
acreditan formalmente las operaciones con el tercero, las mismas no demuestran la
realidad de las operaciones, por el contrario, estas pruebas resultan desacreditadas
a partir de la falta de capacidad operativa del proveedor y los indicios recabados por
la Administración.
Dado que la realidad de la operación constituye la premisa fundamental para la
aceptación de una expensa, se reitera que no bastaba la existencia del soporte
previsto en la norma tributaria, ni su contabilización, sino que era menester que el
actor demostrara la realidad de la operación, siendo insuficiente ampararse en la
contabilidad como prueba, lo cual no ocurrió, sin que por ello exista una violación al
principio de buena fe.
En lo que respecta a la discusión sobre la configuración del fraude fiscal, el
demandante insiste en que las transacciones están debidamente probadas, que
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actuó de buena fe sin buscar aminorar su carga tributaria. Advirtió que no se
configuran los elementos de esa figura, que comenzó a existir desde el 2012, y si lo
fuera, a partir de la sentencia “C-105 de 1993”, la declaratoria de fraude debió ser por
medio de sentencia judicial.
Al respecto, la Sala pone de presente que en los actos demandados no se aplicó la
figura de abuso en materia tributaria prevista en el artículo 122 de la Ley 1607 de
2012, sino que se hizo referencia al “fraude fiscal” con fundamento en lo previsto en
los Conceptos Nros. 051977 de 2005 y 064239 de 2011, y en las sentencias de la
Corte Constitucional C-015 de 1993 y SU 1122 de 2001, para indicar que el
contribuyente abusó de las formas jurídicas, en tanto realizó registros contables por
“costos de venta” y de “IVA por compras 16%”, por operaciones simuladas con la sociedad
Iván Rubiano C Constructores S.A.S.
La Sala precisa que independientemente de la calificación que puede darse de
fraude fiscal, lo cierto es que como se manifestó con anterioridad, ante la
comprobada inexistencia de las operaciones y su inclusión como costo, no puede
argumentarse que estas fueron reales, por lo cual los argumentos del apelante no
son de recibo.
Así las cosas, en tanto las pruebas de la demandante no demostraban la realidad
de las compras que se reclamaban como costos, no procedía su aceptación y no
advierte la Sala vulneración alguna al principio de buena fe ni mucho menos una
indebida valoración de las pruebas y una falsa motivación. En consecuencia, no
prospera la apelación de la demandante.
3. Sanción por inexactitud
En la sentencia de primera instancia se mantuvo la sanción por inexactitud impuesta
en los actos demandados, pero se reliquidó, en aplicación del principio de
favorabilidad. El demandante apeló la decisión, alegando la improcedencia de la
sanción y la existencia de diferencias de criterios.
Para la Sala, en el presente caso se configura la sanción al presentarse una omisión
de ingresos derivados de la aplicación de la presunción prevista en el artículo 760
del Estatuto Tributario. Así mismo, no se configura una diferencia de criterios entre
las partes relativa a la interpretación del derecho aplicable, porque como se observó
en las consideraciones anteriores se trató de un asunto probatorio, ya que no se
aportaron medios de prueba que respaldaran el registro tardío de las importaciones
ni la realidad de las operaciones que dieron lugar a los costos.
Por lo anterior, la sanción por inexactitud es procedente y se mantendrá la aplicación
del principio de favorabilidad realizada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada.
En cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no
se ordenará en esta instancia por cuanto, conforme a lo previsto en el artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
el expediente no se encuentran pruebas de su causación.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 30 de julio del 2020
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Aclara voto
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
15
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