Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01871-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01871-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2016-01871-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
19 de mayo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01871-01 (25604)
Demandante: Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2016-01871-01 (25604)
Demandante ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S.A.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Tema Contribuciones parafiscales de la protección social. Firmeza
de las declaraciones de los aportes parafiscales del sistema
de seguridad social integral. Carga de la prueba novedades
retiro y vacaciones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 31 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B (fls. 629 a 632 c3), que dispuso:
“PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 49 de 20 de
enero de 2015, y la Resolución No. RDC 403 de 22 de diciembre de 2015 proferidas por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, (i) DECLÁRASE la
firmeza de las autoliquidaciones presentadas por la sociedad ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S.A. respecto de los meses de enero a diciembre
de 2011, y (ii) ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
respecto de los trabajadores relacionados en el siguiente cuadro declaración que efectúe el
cálculo correspondiente o eliminación del ajuste, si hay lugar a ello, teniendo en cuenta la
fecha de retiro y los días efectivamente laborados en el mes respectivo, teniendo en cuenta
las pruebas que obran en el plenario:
Nombre Días Días
Año Mes Días Vac Observaciones Tribunal
Trabajador Trab Incap
La actora allega liquidación del contrato que
MELO
da cuenta que el mismo terminó el 10 de julio
GUERRERO
2013 7 10 0 0 de 2013 (fol. 359), por lo que la UGPP tendrá
LUIS
que modificar los actos acusados teniendo en
FERNANDO
cuenta esta prueba.
OLARTE La actora allega liquidación del contrato que
ROZO EDWIN da cuenta que el mismo terminó el 8 de julio
ALEJANDRO 2013 7 8 0 0 de 2013 (fol. 337), por lo que la UGPP tendrá
que modificar los actos acusados teniendo en
cuenta esta prueba.
MÉNDEZ La actora allega liquidación del contrato que
MARTÍNEZ da cuenta que el mismo terminó el 23 de julio
JOSÉ JAVIER 2013 7 23 0 0 de 2013 (fol. 337), por lo que la UGPP tendrá
que modificar los actos acusados teniendo en
cuenta esta prueba
FIQUITIVA La actora allega liquidación del contrato que
MENDOZA da cuenta que el mismo terminó el 6 de julio
JHONATTAN 2013 7 6 0 0 de 2013 (fol. 334), por lo que la UGPP tendrá
STWE que modificar los actos acusados teniendo en
cuenta esta prueba
HURTADO La actora allega liquidación del contrato que
PEDRAZA da cuenta que el mismo terminó el 15 de julio
GERMAN 2013 7 15 0 0 de 2013 (fol. 351), por lo que la UGPP tendrá
DARIO que modificar los actos acusados teniendo en
cuenta esta prueba
TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, (i) ORDÉNASE a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
1
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Demandante: Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A.
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a decretar por medio de acto
administrativo la devolución de los aportes a que haya lugar con ocasión de la declaración de
la presente nulidad parcial de los actos, siguiendo el procedimiento previsto para el efecto en
el artículo 311 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, de acuerdo con las razones
expuestas en la considerativa.
Se aclara que la anterior devolución se hará respecto de las glosas que desaparezcan o
disminuyan con ocasión de la presente providencia y, de manera proporcional, en cuanto a la
sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados, con la correspondiente indexación
de las sumas adeudadas y la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar, en los
términos del inciso 3 del artículo 863 del Estatuto tributario.
CUARTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previa devolución de los
antecedentes administrativos a la oficina de origen”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La UGPP profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. 214 del 29 de
agosto de 2014, notificado el 10 de septiembre 2014, mediante el cual propuso
modificaciones por inexactitud, mora y diferencias contables no aclaradas en las
autodeclaraciones por los períodos enero a diciembre de 2011 y 2013, así como la
correspondiente sanción por inexactitud.
La demandante dio respuesta al requerimiento y la UGPP profirió la
Liquidación Oficial Nro. RDO 49 del 20 de enero de 2015, por la suma de
$411.541.300 por inexactitud, $1.952.100 por mora, $134.106.268 por diferencias
contables (año 2013), y sanción por valor de $79.658.820.
La compañía interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, el
cual fue resuelto mediante la Resolución Nro. RDC 403 del 22 de diciembre de 2015,
fijando un valor por pagar de $285.175.300 (por mora $1.498.800 e inexactitud de
$283.676.500) y sanción por inexactitud de $11.557.780.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la demandante formuló las siguientes pretensiones1 (fls. 434 a 435
c3):
“III. Pretensiones
A. DECLARATIVAS
A.1. Declarativas principales
1. Que se DECLARE LA NULIDAD de las RESOLUCIONES No. RDO 49 del 20 de enero
de 2015 y No. RDC 403 del 22 de diciembre de 2015, proferidas por la UGPP.
2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se DECLARE que COBRA efectuó los aportes al Sistema de la Protección
Social en los términos contemplados por la ley durante los años 2011 y 2013, y por
tanto, no adeuda la suma liquidada por la UGPP a través de los actos administrativos
demandados.
A.2. Declarativas Subsidiarias
1. Que se DECLARE LA NULIDAD parcial de las RESOLUCIONES No. RDO 49 del 20 de
enero de 2015 y No. RDC 403 del 22 de diciembre de 2015, proferidas por la UGPP,
ajustando los valores de las mismas según su legalidad a juicio del Señor Juez.
1 La demandante presentó reforma a la demanda (fls. 433 a 454 c3)
2
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2. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se DECLARE que COBRA no adeudaba la totalidad de los valores que
fueron liquidados por la UGPP a través de los actos administrativos demandados por
los aportes al Sistema de la Protección Social por los años 2011 y 2013.
B. CONDENATORIAS
B.1. Condenatorias Principales
1. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a indemnizar el
perjuicio causado a COBRA, representado en el valor total pagado por ésta última en
cumplimiento de lo establecido en las RESOLUCIONES No. RDO 49 del 20 de enero
de 2015 y No. RDC 403 del 22 de diciembre de 2015.
2. Que como consecuencia de las declaraciones y condenas, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a reconocer y
liquidar en favor de COBRA los correspondientes intereses moratorios sobre el valor
de la indemnización de perjuicios.
B.2. Condenatorias Subsidiarias 1
En caso de que las pretensiones condenatorias principales no se consideren procedente por
parte del Juez, se solicitan las siguientes pretensiones Condenatorias Subsidiarias:
1. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a indemnizar el
perjuicio causado por COBRA, representado en el valor parcial pagado por ésta última
en cumplimiento de lo establecido en las RESOLUCIONES No. RDO 49 del 20 de enero
de 2015 y No. RDC 403 del 22 de diciembre de 2015, y que por ley no correspondía
pagar según lo determinado por el Juez en la presente acción.
2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a reconocer y
liquidar en favor de COBRA los correspondientes intereses moratorios sobre el valor
de la indemnización de perjuicios.
B.3. Condenatorias Subsidiarias 2
En caso de que las pretensiones Condenatorias Principales, y la (sic) Condenatorias
Subsidiarias 1 no sean procedentes, se solicitan las siguientes Pretensiones Condenatorias
Subsidiarias 2:
1. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP, en su calidad de
máxima autoridad administrativa de inspección y control del Sistema de Protección
Social, a que gestione y ordene a las diferentes entidades del Sistema el reembolso
en favor de COBRA de la totalidad de valores pagados como consecuencia y
cumplimiento de las RESOLUCIONES No. RDO 49 del 20 de enero de 2015 y No. RDC
403 del 22 de diciembre de 2015, y que por ley no correspondía pagar, por concepto
de ajuste de aportes al Sistema de Protección Social.
2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a reconocer y
liquidar en favor de COBRA, sobre las sumas totales que sean reembolsadas por las
entidades del Sistema de Protección Social, los correspondientes intereses
moratorios.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a reembolsar a
COBRA la totalidad del valor que éste último efectivamente canceló por concepto de
sanción, como consecuencia y cumplimiento de la RESOLUCIÓN No. RDC 403 del 22
de diciembre de 2015.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la UGPP a reconocer y
liquidar en favor de COBRA, sobre la suma total que reembolse por concepto de
sanción, los correspondientes intereses moratorios.
B.4. Indexación Subsidiaria
En caso de que no sea procedente el reconocimiento de intereses moratorios sobre las sumas
netas de capital que resulten en favor de COBRA, subsidiariamente solicito que se reconozca
la indexación como consecuencia de la constante pérdida del poder adquisitivo de la
moneda”.
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A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 363 de la Constitución
Política; 156 de la Ley 1151 de 2007; artículos 703, 705, 706, 742, 744, 745 y 746
del Estatuto Tributario; 178 de la Ley 1607 de 2012; 40 y 41 de la Ley 153 de 1887;
17 de la Ley 21 de 1982 y; 186 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo, así como
el Libro V, Título I, IV, V, VI del Estatuto Tributario.
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así (fls. 439 a 451 c3):
1. Caducidad de la acción de fiscalización tributaria
De acuerdo con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP debía remitirse al
Estatuto Tributario Libro V, Títulos I, IV, V y VI para establecer los parámetros del
procedimiento de revisión de liquidación de aportes a la protección social, dentro de
los cuales se encontraban los artículos 703 y 705 que consagraban la expedición
del requerimiento especial como requisito previo a la liquidación y el término para
notificarlo.
Indicó que, el término de caducidad de la acción de fiscalización que tenía la UGPP
era de dos años contados desde que se realizó o se debió realizar el aporte, con
una posible interrupción de tres meses cuando se practicara inspección tributaria de
oficio, teniendo en cuenta la remisión expresa que hacía la norma y en
consideración a que no existía disposición específica que señalara el plazo máximo
que tenía la administración para notificar el requerimiento.
Sostuvo que el término de 5 años estipulado en el artículo 178 de la Ley 1607 de
2012, aplicaba a partir del 26 de diciembre de 2012, y que de acuerdo con los
artículos 40 y 41 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubieren empezado a
correr y las actuaciones que ya hubiesen comenzado se regían por la ley vigente al
tiempo de su iniciación.
Precisó que los aportes al sistema de la protección social tenían la naturaleza de
contribuciones parafiscales y, por lo tanto, se consideran una clase de tributo. En
consecuencia, la Ley 1607 de 2012, no podía aplicarse de forma retroactiva a no
ser que se tratara de un caso que beneficie al aportante, para lo cual citó la
sentencia C-185 de 1997. Sin embargo, el término de caducidad no cumplía con
dicho criterio, al establecer un mayor plazo para la fiscalización.
Dijo que, contrario a lo indicado por la UGPP en los actos demandados, el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007 sí había establecido el procedimiento y términos
particulares que se debían surtir después de haberse notificado el requerimiento
para declarar y/o corregir, pero no se advertía un término específico para notificar
dicho acto y ante tal vacío debía acudirse a las disposiciones del Estatuto Tributario,
por remisión expresa de la norma especial. No aceptar esta interpretación llevaría
a concluir que la administración no tenía límite alguno en su fiscalización.
Señaló que, pese a que la UGPP consideraba que el artículo 705 del Estatuto
Tributario no era aplicable a sus procedimientos porque tenían naturaleza diferente,
se trataba de una fiscalización tributaria y que los aportes al sistema de la protección
social cabían en dicha categoría.
Concluyó que el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado después de
que venciera el término oportuno, para lo cual puso el ejemplo del mes de diciembre
de 2011 que fue declarado el 8 de enero de 2012, por lo que la UGPP tenía hasta
el 8 de enero de 2014 para notificar este acto, pero lo hizo solo hasta el 10 de
septiembre de ese año.
Manifestó que la sumatoria de los ajustes por este concepto corresponde a
$264.658.800.
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2. Vacaciones en dinero como base de parafiscales antes de 2011
Según el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, la base para liquidar los aportes al SENA,
ICBF y cajas de compensación familiar está integrada por la nómina mensual de
salarios y los descansos remunerados.
Sostuvo que para la época de los períodos fiscalizados se distinguía entre
descansos remunerados y compensación o indemnización en dinero por los días de
descanso no disfrutados por el trabajador, para lo cual citó pronunciamientos de la
Corte Constitucional2 y de la Corte Suprema de Justicia3, así como un concepto de
ICBF4. Dijo que, fue con la expedición de la Circular 18 del 16 de abril de 2012, que
el Ministerio de Trabajo unificó dichos criterios, incluyéndolos en la base de
liquidación de los aportes parafiscales.
Así, para los períodos del año 2011, no era procedente la inclusión en la base de
los aportes los pagos de vacaciones en dinero y esta circunstancia violaba el
principio de confianza legítima, ya que la compañía actuó bajo los criterios
establecidos por la administración.
Según la demandante, los ajustes por este concepto corresponden a $5.630.500.
3. Violación del debido proceso y del derecho a la defensa
Señaló que la violación se presentó frente a dos situaciones a saber. La primera es
que la UGPP no tuvo en cuenta el informe de nómina corregido con la fecha correcta
de retiro y, por ende, tomó el equivalente a un mes de salario y no la proporción en
días. Si bien se incurrieron en imprecisiones en la nómina suministrada con el
requerimiento de información, especialmente en el mes de julio de 2013, lo cierto
es que posteriormente corrigió dichos yerros con la respuesta al requerimiento para
declarar y/o corregir y que se aportaron nuevamente con el recurso de
reconsideración.
Indicó que esta situación derivó en una infracción de las normas tributarias por parte
de la UGPP, a las cuales había lugar a remitirse, y desconoció e ignoró las pruebas
que el contribuyente presentó como defensa. Además, las declaraciones y
documentos aportados oportunamente constituían plena prueba y las mismas eran
válidas hasta tanto la autoridad probara lo contrario.
Sostuvo que la UGPP no se pronunció sobre las pruebas dentro de la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración. Por lo que concluyó que la
administración se basó en un error involuntario y no en las pruebas aportadas, por
lo que si tenía dudas debió solicitar otros medios probatorios para resolver en favor
de la sociedad. Afirmó que, como soporte de los días efectivamente laborados se
aportan las liquidaciones finales de los trabajadores.
Indicó que los casos en que se presentó esta omisión estaban reseñados en el Excel
adjunto a la demanda y que los ajustes correspondían a la suma de $1.747.800.
La segunda situación consiste en que la UGPP tomó días de vacaciones que no
correspondían, obteniendo un aporte superior. Señaló que la Administración ignoró
los argumentos y pruebas presentadas por la actora, e insistió en el cobro de
aportes con base en información errada, pese a que fue corregida, y que no indicó
las razones por las cuales desconoció las pruebas allegadas.
En el Excel identificó a los trabajadores y señaló que los ajustes ascienden a
$491.100.
2 C-598 de 1997
3 Sala de Casación Labora, sentencia del 3 de abril de 2008
4 Concepto Nro. 33053 del 17 de junio de 2008.
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Oposición de la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora (fls. 513 a 530 c3)
argumentando en síntesis lo siguiente:
El proceso de fiscalización adelantado corresponde a las funciones asignadas a la
UGPP. Además, para hablarse de daño es necesario no solo la acción u omisión,
sino una relación causal de la que se concluya que el sujeto sobre el que recayó la
actuación no tenía el deber de soportarlo. No es posible acceder a la pretensión de
devolución de aportes, comoquiera que los mismos no ingresan al patrimonio de la
UGPP ni son administrados por ella, para lo cual realizó un listado de las entidades
donde reposan los recursos pagados por la demandante.
Luego de desarrollar el concepto de sistema de protección social y los antecedentes
generales de la UGPP, se pronunció respecto de la caducidad de la acción de
fiscalización, indicando que Ley 1607 de 2012 estableció un nuevo término para
iniciar las acciones de determinación, esto es, dentro de los cinco años siguientes
contados a partir de la fecha en que debió declarar y no declaró, lo hizo por valores
inferiores o se configuró el hecho sancionable.
Sostuvo que el artículo 178 de dicha ley era de aplicación inmediata y que, para el
caso concreto, la UGPP inició las acciones de determinación con la notificación del
requerimiento de información proferido el día 11 de marzo de 2014, es decir, que
estaba dentro del término de los cinco años, de manera que no operó el fenómeno
de la prescripción de la acción. Además, la remisión que hace la Ley 1151 de 2007
al Estatuto Tributario es para aspectos procesales y no sustanciales.
Sobre la aplicación del artículo 705 del Estatuto Tributario, precisó que el
requerimiento especial era un requisito para que la administración de impuestos
hiciera uso de la facultad para fiscalizar la liquidación privada del contribuyente, sin
embargo, la Ley 1151 de 2007 indicó un requerimiento diferente al estipulado en
materia de impuestos, motivo por el cual no aplicaba el procedimiento del artículo
705 ibidem, por ser una norma incompatible con la naturaleza y normatividad de
las contribuciones parafiscales.
Aclaró que no era aplicable el artículo 714 del Estatuto Tributario, porque también
era incompatible con las contribuciones parafiscales y que la firmeza de las
declaraciones no fue prevista por el legislador para las planillas de autoliquidación
de aportes PILA. Destacó que la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina habían
coincidido de manera mayoritaria en el planteamiento de que a las acciones que
involucran el recaudo de sumas que por ley estaban destinadas al reconocimiento
de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e
irrenunciable, no les aplicaba el fenómeno de la prescripción a la acción de cobro
de los aportes.
Respecto al cargo de las vacaciones en dinero como base de parafiscales,
destacó que las vacaciones disfrutadas y las compensadas o pagadas en dinero
hacían parte del ingreso base de cotización de los aportes porque se incluían dentro
de la nómina mensual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley
21 de 1982 y 1 de la Ley 89 de 1988. Citó el concepto Nro. 2027 del 4 de octubre
de 2010, proferido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
Finalmente, frente al último cargo, violación al debido proceso y derecho de
defensa, sostuvo que se otorgaron al demandante todas las garantías para el
ejercicio de sus derechos, lo que se evidencia con las respuestas suministradas
frente a cada uno de los actos. Así mismo, la entidad no descartó las pruebas y las
motivaciones esbozadas por la actora, tanto así que dentro de la resolución que
resolvió el recurso disminuyó o eliminó glosas.
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Con ocasión al recurso de reconsideración se decretó inspección tributaria en la
cual se solicitaron varias pruebas con el fin de constatar directamente los hechos y
documentos. Ejemplifica con algunos casos de trabajadores que se mantenían los
ajustes al no aportar las pruebas pertinentes que corroboraban lo registrado.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos administrativos (fls. 587 a 632 c3),
con fundamento en los siguientes planteamientos:
Aclaró que las planillas de autoliquidación de aportes PILA tenían el carácter de
autoliquidación privada del tributo y que respecto de los períodos de enero a
diciembre de 2011 aplicaba el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, al ser la norma
vigente al momento de la presentación de tales declaraciones.
Indicó que al no existir una disposición expresa sobre el término que tenía la
administración para adelantar el proceso de fiscalización ni la firmeza de las
declaraciones presentadas, aplicaban los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.
Señaló que, para los períodos de enero a diciembre de 2011, las autoliquidaciones
presentadas por la actora adquirieron firmeza, toda vez que aplicaba el término de
dos años señalado en la norma tributaria y el requerimiento para declarar se profirió
el 29 de agosto de 2014 y se notificó el 10 de septiembre del mismo año.
Por su parte, para los períodos de enero a diciembre de 2013, se evidenciaba que
la fecha de presentación de las autoliquidaciones se encontraba en vigencia la Ley
1607 de 2012, en la cual se establecía el término de cinco años para iniciar la
facultad fiscalizadora y, por lo tanto, las mismas podían ser objeto de investigación
por parte de la UGPP.
Manifestó que, contrario a lo expuesto por la UGPP, el requerimiento de información
no interrumpe el término de prescripción porque no es un acto que contenga
reproches o glosas frente a las liquidaciones y porque no fue dispuesto de esa forma
por las normas correspondientes.
Por lo anterior, declaró en firme las declaraciones presentadas por la demandante
del año 2011.
Respecto a las vacaciones pagadas en dinero, resaltó que el artículo 186 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone que los trabajadores tienen derecho a un descanso
remunerado de quince días hábiles por cada año de servicio y, a su vez, el artículo
1 de la Ley 995 de 2005, permitía el reconocimiento de vacaciones en dinero en
caso de cese de funciones o terminación del contrato de trabajo.
Especificó que durante las vacaciones y permisos remunerados las cotizaciones al
sistema de pensión y salud se causan en su totalidad y el pago de los aportes se
efectuaba sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la
fecha en la cual el trabajador hubiese iniciado el disfrute (Decreto 806 de 1998) y
para efectos de la liquidación de las contribuciones parafiscales al SENA, ICBF y
cajas de compensación, las vacaciones y las compensaciones en dinero de estas
hacen parte del concepto de nómina mensual, para lo cual citó la sentencia del 25
de septiembre de 2008, expediente 16015 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
En relación con la expedición de la Circular 18 del 16 de abril de 2012 del Ministerio
de Trabajo, señaló que el argumento estaba enfocado a las liquidaciones del año
2011, las cuales habían sido declaradas en firme y, por lo tanto, no había lugar a
pronunciamiento alguno. Respecto de las declaraciones de 2013, indicó que no
había asunto que resolver ya que la actora no cuestionaba que para dichos períodos
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no se incluyeran las vacaciones compensadas en dinero para el cálculo de los
aportes parafiscales. Sin perjuicio de lo expuesto, señaló que no le asistía razón a
la demandante sobre la ausencia de reglamentación previa a la circular
mencionada, porque este asunto fue definido con anterioridad por el legislador en
el artículo 17 de la Ley 21 de 1982.
Frente a la violación al debido proceso y al derecho de defensa, hizo un recuento
de las actuaciones efectuadas en sede administrativa, y concluyó que la UGPP
atendió a las manifestaciones de la actora respecto de los errores en que incurrió
en el suministro de información, lo cual se evidencia en que tanto en la liquidación
oficial como en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se
eliminaran o disminuyeran ajustes.
Procedió a examinar las glosas reseñadas por la demandante y frente a las cuales
se encontraba inconforme e indicó que en los casos que no se allegó material
probatorio pertinente que demostrara terminación del contrato permanecía el ajuste
realizado por la UGPP, esto es, para 10 trabajadores. Frente a 4 empleados indicó
que el ajuste no correspondía a retiro, por lo que no se pronunciaría sobre ellos y
respecto a 2 casos, los ajustes eran de 2011, cuyas declaraciones se declararon en
firme. Solo para 5 trabajadores la demandante demostró la fecha cierta de
terminación de la relación laboral, por lo que era procedente retirarlos de los actos
acusados.
Respecto de los días de vacaciones que no correspondían, el Tribunal sostuvo que
la demandante no allegó las pruebas pertinentes frente a los 6 trabajadores en esta
condición, que dieran cuenta de los días de vacaciones que alegaba. Tampoco era
posible inferir que la UGPP hubiese tomado meses con días superiores a 30 días.
Sobre la devolución de los pagos efectuados solicitada en las pretensiones, expuso
que el dinero recaudado no ingresaba al patrimonio de la UGPP sino a cada una de
las administradoras de los subsistemas a quienes les corresponde devolver lo
pagado en proporción de la nulidad parcial decretada, en los términos del
procedimiento establecida en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, para lo cual
se ordenó a la UGPP expedir el acto administrativo correspondiente.
Recurso de apelación
Las partes recurrieron la sentencia de primera instancia (fls. 645 a 662 c3).
La demandante indicó que el Tribunal no acogió el argumento planteado sobre la
garantía al derecho al debido proceso y al de defensa y que de acuerdo con el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, en materia de procedimiento se debía remitir
a los artículos 742, 744 y 745 del Estatuto Tributario, que corresponden al régimen
probatorio.
Reiteró que la compañía había incurrido en error al diligenciar el formato enviado
por la UGPP respecto del informe de nómina y que en la respuesta al requerimiento
y en el recurso de reconsideración se explicó y desarrolló la inconsistencia. No
obstante, dicha argumentación fue ignorada. Dentro del proceso de fiscalización no
solo se aportó archivo Excel sino los auxiliares de las cuentas contables.
Insistió en su argumento sobre la validez de las pruebas, desarrollado en la
demanda, y aclaró que de acuerdo con la Ley 222 de 1995, los estados financieros
se presumían auténticos.
Para el caso de los trabajadores Gil Cárdenas Josuet Darwin y Ángel Cerquera
Yesenia, manifestó que aunque el Tribunal negó el cargo porque los ajustes eran
diferentes a la fecha de retiro, no debió hacerlo, porque también se discutió el error
en la liquidación de vacaciones.
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La demandada repitió los argumentos expuestos en la oposición sobre caducidad
de la acción de fiscalización. Sostuvo que de acuerdo con la Ley 1607 de 2012, se
establecía que la UGPP podía investigar al aportante dentro de los cinco años
siguientes contados a partir de la fecha en que debió declarar y no declaró o lo hizo
por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho
sancionable, norma que era de aplicación inmediata.
Insistió en que (i) el artículo 714 del Estatuto Tributario no era aplicable a
contribuciones parafiscales, (ii) la firmeza de las declaraciones tributarias no fue
prevista por el legislador para las planillas de autoliquidación de aportes y (iii) no es
viable aplicar el fenómeno de la prescripción a la acción de cobro de los aportes.
Aclaró que no hubo violación al derecho al debido proceso y al derecho de defensa
ya que no descartó las pruebas de plano y motivó sus decisiones, acudiendo a lo
expuesto en el escrito de oposición sobre este tema.
Alegatos de conclusión
La demandante y la demandada insistieron en los argumentos presentados en los
recursos de apelación (Samai, índice 19).
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Atendiendo los cargos de apelación formulados por las partes contra la sentencia
de primera instancia, la Sala juzgará la legalidad de los actos acusados.
Concretamente, corresponde establecer si: (i) las liquidaciones de aportes
parafiscales al sistema de protección social presentadas por los períodos de enero
a diciembre de 2011, les aplicaba el término de firmeza de las declaraciones
tributarias señalado en el artículo 714 del Estatuto Tributario y (ii) existió violación
al derecho al debido proceso y al derecho de defensa por parte de la UGPP,
derivado de la valoración de pruebas aportadas por la actora.
1. Firmeza de las declaraciones de aportes parafiscales
La UGPP adujó que las autoliquidaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social
presentadas por la demandante por los períodos comprendidos entre enero a
diciembre de 2011 no estaban en firme, tal como lo decidió el Tribunal, pues a su
juicio, la Ley 1607 de 2012 no contempló dicha figura. Además, tampoco podía
predicarse la aplicación de la firmeza de las planillas integradas de liquidación de
aportes PILA en los términos del artículo 714 del Estatuto Tributario.
Para resolver, se debe precisar que esta Sala ya se pronunció sobre una cuestión
similar en las sentencias del 24 de octubre de 2019 (exp. 23599, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez), 30 de octubre de 2019 (exp. 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez), 30 de julio de 2020 (exp.24179, C.P. Milton Chaves García), 1 de julio de
2021 (exp. 25176, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), 19 de agosto de 2021 (exp.
25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), 15 de octubre de 2021 (exp. 23623. C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto), 28 de octubre de 2021 y 10 de marzo de 2022
(expedientes 25213 y 25199, C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello) por lo que
aplicará aquí, en lo pertinente, el criterio de decisión judicial en ellas adoptado.
En las citadas providencias se analizaron los fundamentos procedimentales para la
determinación oficial de las contribuciones parafiscales administradas por la UGPP,
en concreto, si el término para la revisión de las autoliquidaciones previsto en el
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artículo 714 del Estatuto Tributario, era aplicable a los denuncios presentados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
Al efecto, se dijo que la Ley 153 de 1887, previó como regla general, que las leyes
rigen hacia el futuro, pero puede tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas
en curso, que no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han
constituido derechos adquiridos sino simples expectativas. Tal disposición, además,
encuentra sustento en los artículos 58 y 363 de la Constitución Política, este último
da un reconocimiento específico a los asuntos de carácter tributario.
De esta manera, las leyes procesales que regulan las formas para reclamar
derechos, también se encuentran cubiertas por el principio de irretroactividad de las
normas generales, de manera que ésta solo debe aplicarse hacía el futuro, pero los
términos que hubieren comenzado a correr y las actuaciones y diligencias iniciadas,
se deben regir por lo vigente al tiempo de su iniciación. Así fue como lo dispuso el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General
del Proceso en los siguientes términos:
Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en
el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad”
Por lo anterior, la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes
a la determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad que
debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es el previsto en el artículo 714 del ET si la
declaración, o la última corrección, se presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha
de entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo termino que alcanza tanto a
las situaciones de omisión de la afiliación, como a las de la inexactitud en la autoliquidación o las
infracciones que correspondan.”5
En dichos precedentes también se tuvo en cuenta que, la Ley 1151 de 2007 en su
artículo 156 dispuso entre las funciones de la UGPP la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. Además, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, dichos recursos parafiscales, tenían naturaleza tributaria y por ende
estaban sujetos a los principios que aplican en esta materia. Al respecto cabe
reiterar lo siguiente:
“Acorde con la jurisprudencia constitucional los recursos parafiscales que fueron denominados
en el artículo 150-12 de la Constitución Política «contribuciones parafiscales», tienen
naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos
(Sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Dentro de ese contexto aparece
el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 que estableció dentro de las funciones de la UGPP la
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. A tal efecto, es importante advertir que en el artículo
referido no se previó el término dentro del cual la autoridad podría iniciar esas actuaciones,
aunque en el penúltimo inciso se previó que «los procedimientos de liquidación oficial se
ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI».
En ese orden, resulta aplicable el artículo 703 del Estatuto Tributario, el cual, señala que el
requerimiento especial es el acto previo al acto administrativo de liquidación oficial cuando
existe un denuncio privado, y debe contener todos los puntos que la administración propone
modificar con explicación de las razones en que se sustenta. Así mismo, la competencia de la
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp. 25086, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez
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UGPP hasta antes de la Ley 1607 de 2012 estaba sometida al artículo 714 del E.T., por ser
una norma de carácter procedimental como lo reiteró recientemente esta Sala en sentencia
del 01 de julio de 2021 (exp. 25176, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), a la que alcanza la
disposición de remisión contenida en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Según el artículo
714 del ET la declaración tributaria queda en firme si dentro de los dos años siguientes a la
fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento y, si la
declaración inicial se presentó en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de
la fecha de la presentación de la misma. (Sentencia del 30 de julio de 2020 exp. 24179, CP.
Milton Chaves García, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. 23599, C.P: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, reiterada en Sentencia del 30 de octubre del 2019, exp. 23817, C.P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez)”6
Del anterior recuento, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a
las planillas de autoliquidación de las contribuciones al sistema de la seguridad
social y aportes parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando
éstas hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
1607 de 2012. Así, en virtud de la norma tributaria, la declaración queda en firme si
dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar no se ha
notificado requerimiento, y si la declaración inicial se presentó de forma
extemporánea, esos 2 años se deben contar a partir de la fecha de la presentación
de la misma.
Para el presente caso, el requerimiento para declarar y/o corregir Nro. 214 del 29
de agosto de 2014, fue notificado por correo el 10 de septiembre del mismo año 7,
de manera que es claro para ese entonces las declaraciones de los períodos de
enero a diciembre de 2011 se encontraban en firme, toda vez que trascurrieron más
de dos años desde la fecha en que la actora debía declarar.
Se observa que en el recurso la demandada plantea que, no es aplicable el
fenómeno de la prescripción a la acción de cobro de los aportes, sin embargo,
resalta la Sala que este proceso recae sobre la determinación de la obligación y no
sobre el cobro de la misma.
Por lo expuesto, no prospera el cargo de la apelación.
2. Violación al derecho al debido proceso y al derecho de defensa por parte
de la UGPP, derivado de la valoración de pruebas aportadas por la actora
La UGPP adujó que la entidad concedió las oportunidades legales para ejercer la
defensa de la sociedad demandante y que las decisiones que tomó se
fundamentaron en el acervo probatorio obrante en el expediente.
Por su parte, la demandante señaló que la información se corrigió en sede
administrativa en varias oportunidades y que no se valoraron las pruebas aportadas.
Que para dos trabajadores el ajuste no fue por retiro sino por vacaciones, por lo que
este aspecto debió estudiarse comoquiera que también se cuestionó como cargo
de nulidad.
Se tiene que en la sentencia de primera instancia, el Tribunal consideró que la
UGPP atendió las manifestaciones de la sociedad respecto de los errores incurridos
en el suministro de la información, tanto así que se eliminaron glosas.
Luego de analizar la glosa frente a las fechas de retiro concluyó lo siguiente:
• No se allegó material probatorio que demostrara la fecha de terminación del
contrato para los siguientes trabajadores: Maldonado Gómez Sara Elisabet
(2013-7), Rodríguez Alexander (2013-7), Ros Sánchez Sabas (2013-6), Sierra
González Juan Camilo (2013-7), Muñoz Sabogal Mary Angélica (2013-7),
6 Ibidem
7 Folio 52
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Garzón Bedoya Johhn Tirzo (2013-7), Sulvaran Feria César Enrique (2013-7),
Serna Mercado Carlos Andrés (2013-7), Pineda Rodríguez Edwin Camilo
(2013-7), Carvajal Serrato Edic Alexander (2013-7).
• No se pronunció sobre los ajustes de Gil Cárdenas Josuet Darwin (2013-7),
Ángel Cerquera Yesenia (2013-8), Rodríguez Manrique María Viviana (2013-
12) y Novoa Juan Carlos (2013-12), porque eran por liquidación de vacaciones
y no por fecha de terminación del contrato.
• No había lugar a pronunciarse sobre los ajustes del año 2011, por declarar en
firme las declaraciones en los siguientes casos: Triviño Torres Yamil (2011-
10) y Paternina Castillo Rafael Alberto (2011-12)
• Ordenó retirar los ajustes de los siguientes trabajadores al demostrar la fecha
cierta de la terminación del contrato: Melo Guerrero Luis Fernando (2013-7),
Olarte Rozo Edwin Alejandro (2013-7), Méndez Martínez José Javier (2013-7),
Fiquitiva Mendoza Jhonattan Stwe (2013-7) y Hurtado Pedraza Germán Darío
(2013-7)
Respecto de la premisa según la cual la UGPP tomó días de vacaciones que no
correspondían, el Tribunal consideró que la actora no arrimó las pruebas pertinentes
que dieran cuenta de los días de vacaciones que alegaba y que no se infería que la
UGPP hubiese tomado meses con días superiores a treinta días como se sostenía
en la demanda. Los trabajadores son: Ros Sánchez Sabas (2013-6), Ángel
Cerquera Yesenia (2013-8), Triviño Torres Yamir (2011-10), Paternina Castillo
Rafael Alberto (2011-12), Rodríguez Manrique María Viviana (2013-12) y Novoa
Juan Carlos (2013-12)
Sobre el particular es importante precisar que si bien en el recurso de apelación la
demandante manifiesta que el tribunal no se pronunció frente a dos trabajadores
(Gil Cárdenas Joseut Darwin y Ángel Cerquera Yesenia), destaca la Sala que si lo
hizo en el de vacaciones para Ángel Cerquera Yesenia. El caso del señor Gil
Cárdenas se estudiará posteriormente.
Establecido lo anterior y con el propósito de resolver los recursos de apelación, la
Sala procede a analizar las glosas conjuntamente, pues los cargos son los mismos,
al estar relacionados con las pruebas que acreditan las novedades de vacaciones
como de retiro.
Así mismo, es importante destacar que esta Sala se pronunció en sentencia del 26
de agosto de 2021, exp. 24735, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto8, en los
siguientes términos:
“En efecto, quien pretenda la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial, debe probar en
sede jurisdiccional, la realidad de los hechos descritos en las autoliquidaciones de aportes al
sistema de la protección social, así como las irregularidades en la conformación de la base
gravable en las que haya podido incurrir la UGPP”
Para el presente caso, se destaca que en el acto administrativo Nro. ADC 192 del
14 de mayo de 20159 se indicó lo siguiente:
“Revisado el escrito del recurso de reconsideración y el archivo Excel adjunto al mismo, en el
que la empresa planteó objeciones a los ajustes determinados en la liquidación oficial, así
como las pruebas allegadas por la sociedad recurrente, el Despacho considera necesario
requerir a la aportante para que allegue la información que no fue aportada al proceso, a fin
de confirmar si lo ajustes fueron debidamente determinado en la liquidación oficial:
8 Reiterada en sentencias del 2 de diciembre de 2021 y 24 de febrero de 2022 exp. 24624 y 25302
respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9 Cd antecedentes administrativos obrante a folio 432 del expediente.
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Así pues, para corroborar las novedades de vacaciones resulta necesario que la empresa
allegue certificado de Revisor Fiscal en la cual se indique el número de trabajadores que
presentaron esta novedad, la fecha en que se presentó el disfrute de vacaciones, número de
días de disfrute y fecha de terminación de las vacaciones.
Adicionalmente se requiere que la sociedad recurrente indique cuáles fueron las personas que
reportó de forma errada en la nómina con disfrute de vacaciones y que allegue los respectivos
desprendibles de nómina con el fin de constatar que en los periodos en cuestión no se
presentó la aludida novedad.
Para confirmar el número de días laborados y el valor pagado de los empleados respecto de
los cuales la empresa señala no se tuvo en cuenta correctamente el número de días ni el valor
pagado que fue reportado en nómina, se requiere que la empresa allegue los documentos que
acreditan las novedades de los trabajadores que se encuentran registrados en la hoja de
cálculo de nombre “Comp. Nómina” del archivo Excel adjunto al presente acto administrativo”
(Subrayas fuera del texto original).
Con fundamento en lo anterior, se destaca que la actora se encontraba obligada a
demostrar las glosas que consideraba improcedentes, para lo cual debió aportar la
prueba pertinente, útil y conducente, situación que no se presentó frente a todos los
trabajadores, por lo que no era suficiente afirmar que se habían subsanado los
errores en la información de la nómina, sino allegar los documentos que soporten
dichos datos.
Se tiene entonces, que para los trabajadores Melo Guerrero Luis Fernando, Olarte
Rozo Edwin Alejandro, Méndez Martínez José Javier, Fiquitiva Mendoza Jhonattan
Stwe y Hurtado Pedraza Germán Darío, se evidencia la liquidación del contrato de
trabajo (fls. 359, 337, 334 y 351 c2), por lo que se cuenta con prueba que acredita
lo señalado por la actora, tal como lo expuso el Tribunal.
Ahora bien, respecto del trabajador Pineda Rodríguez Edwin Camilo se evidencia
que existió la liquidación del contrato, no obstante, contrario a lo señalado por la
actora, la liquidación se efectuó el día 02 de julio de 2013 y no el 15 de julio de 2013
como alega en la demanda (fl. 347 c2). Sin embargo, esto no impide que se ordene
el reajuste por este trabajador teniendo como fecha de retiro el 2 de julio de 2013.
Igualmente, frente al trabajador Garzón Bedoya Jhonn Tirzo, la actora presentó
liquidación del contrato (fl. 354 c2) en la cual consta que la fecha de terminación de
la relación laboral fue el día 19 de julio de 2013.
Motivo por el cual respecto de estas dos glosas prospera el cargo y la UGPP deberá
reliquidar los ajustes en consideración a la fecha de retiro.
Frente a los demás trabajadores, incluido Gil Cárdenas Joseut Darwin, se
mantendrá lo dispuesto por el Tribunal, pues no reposa prueba alguna que dé
cuenta del retiro y de las vacaciones, y respecto a algunos operó la firmeza de las
declaraciones.
Si bien la actora expuso que también allegó los auxiliares de las cuentas contables,
lo expone de manera general, sin mayor precisión y omitiendo determinar la
correspondencia con cada una de las glosas, cuando, como se expuso, la carga de
la prueba recae en el aportante. A esto se suma el hecho que desde sede
administrativa la UGPP solicitó de manera específica la acreditación de estas
novedades.
Así mismo, se destaca que en la sentencia de primera instancia también se señaló
que no le asistía razón a la demandante comoquiera que la sumatoria entre los días
laborados y las vacaciones no superaban los 30 días, aspecto que no fue
cuestionado por la demandante.
En consecuencia, se modificará la sentencia únicamente frente a los trabajadores
Pineda Rodríguez Edwin Camilo y Garzón Bedoya Jhonn Tirzo.
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Condenas en costas
En cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no
se ordenará la por cuanto no se encuentra probada su causación como lo dispone
el numeral 8 del artículo 364 del Código General del proceso, aplicable por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
Segundo. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, (i) DECLÁRESE la
firmeza de las autoliquidaciones presentadas por la sociedad ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S.A. respecto de los meses de enero de diciembre
de 2011, y (ii) ORDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
respecto de los trabajadores relacionados en el siguiente cuadro que reliquide el ajuste,
teniendo en cuenta la fecha de retiro y los días efectivamente laborados en el mes respectivo,
según las pruebas que obran en el plenario:
Trabajador Año Mes
Melo Guerrero Luis Fernando 2013 07
Olarte Rozo Edwin Alejandro 2013 07
Méndez Martínez José Javier 2013 07
Fiquitiva Mendoza Jhonattan Stwe 2013 07
Hurtado Pedraza Germán Darío 2013 07
Garzón Bedoya Jhonn Tirzo 2013 07
Pineda Rodríguez Edwin Camilo 2013 07
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Reconocer personería a la abogada Sandra Milena Pacheco Monroy como
apoderada de la UGPP en los términos del poder obrante en el índice 19 de
Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
14
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