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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01886-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01886-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, la cual queda así: PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO 349 del 30 de abril de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP contra Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013 y, sancionó por inexactitud por el periodo 2013 y, de la Resolución nro. RDC 231 del 12 de mayo de 2016, por la que la Dirección de Parafiscales de la mencionada entidad resolvió el recurso de reconsideración, en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes y la sanción por inexactitud. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP realizar liquidación en la que: (i) elimine los ajustes de los períodos declarados en firme (año 2011), (ii) elimine los mayores valores determinados por inexactitud al incluir en el IBC los pagos no constitutivos de salario (gastos operativos y aportes voluntarios a pensión), (iii) revise todos los subsistemas y períodos del año 2013 respecto de los trabajadores que devengaron salario integral y que fueron objeto de fiscalización, (iv) verifique las planillas PILA nros. 81210661 y 83258985 y de constatar la falta de aplicación de algún pago, proceda a eliminarlo de la liquidación oficial, incluido el relacionado con la trabajadora Adriana María Mejía Serna y (v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2016-01886-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

7 de diciembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA SA
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Temas: Contribuciones al sistema de la protección social (enero a
diciembre de 2011 y 2013). Firmeza de las autoliquidaciones de
aportes al sistema de la protección social. Motivación de los actos
administrativos proferidos por la UGPP. Límite 40% pagos no
salariales (art. 30 de la Ley 1393 de 2010). Aportes voluntarios a
pensiones. Salario integral. Límite IBC 25 SMMLV

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante 1 y
demandada2 contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que
resolvió3:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 349 del 30 de
abril de 2015, mediante la cual se liquidaron los aportes al Sistema de la Protección Social a
cargo de ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. por los periodos de enero a
diciembre de los años 2011 y 2013; y de la Resolución No. RDC 231 del 12 de mayo de 2016,
que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la primera.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR la firmeza de las autoliquidaciones de aportes al Sistema de la Protección Social
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2011 presentadas por la demandante.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.

CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas […]».

1
Índice 34 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Índice 35 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3
Fl. 219 c.p. 1. CD.
1

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

ANTECEDENTES

El 21 de octubre de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 811, contra Alianza
Valores Comisionista de Bolsa SA, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de los aportes al sistema de la protección social por los periodos de enero a
diciembre de 2011 y 2013. El acto se notificó por correo el 4 de noviembre de 2014 y,
fue respondido por la aportante el 2 de diciembre del mismo año4.

El 30 de abril de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP
profirió la Liquidación Oficial nro. RDO 349, por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los
periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013 y, sancionó por inexactitud por el
periodo 2013. El acto de liquidación se notificó por correo el 12 de mayo de 20155.

El 10 de julio de 2015, el apoderado de Alianza Valores Comisionistas de Bolsa SA
interpuso recurso de reconsideración contra el acto de liquidación6.

El 12 de mayo de 2016, la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso
de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC 231, en el sentido de modificar
el acto recurrido para disminuir los aportes y la sanción por inexactitud. Acto que se
notificó el 23 de mayo de 2016.

DEMANDA

La sociedad Alianza Valores Comisionistas de Bolsa SA, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones7:

«PRIMERO. - Que es nulo el acto administrativo que se relaciona a continuación, mediante el
cual la UGPP autoliquida los pagos realizados por aportes al Sistema de Protección Social, a
través de las PILA presentadas por la sociedad aportante y sanciona al demandante por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Protección Social, por
los periodos comprendidos entre el 1ro. de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 y 1ro. de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($472.635.500), así como la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración
interpuesto contra el mencionado acto, la cual deja en firme cuestionamientos de aportes para
los mismos periodos investigados, por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($215.528.900).

PERÍODO DE APORTES ACTO ADMINISTRATIVO FECHA
PARAFISCALES DE LA DEMANDADO
PROTECCIÓN SOCIAL

4
Fls. 200 a 2011 c.p. 1 y consideraciones Liquidación Oficial nro. RDO 349 del 30 de abril de 2015.
5
Fls. 133 a 172 y consideraciones de la Resolución nro. RDC 231 del 12 de mayo de 2016.
6
Fls. 173 a 199 c.p. 1.
7
Fls. 3 a 4 c.p. 1.
2

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

1ro. de enero de 2011 al Liquidación oficial No. RDO 30 de abril de 2015
31 de diciembre de 2011 y 349
1ro. de enero de 2013 al Resolución RDC 231 que 12 de mayo de 2016
31 de diciembre de 2013. resolvió recurso de
reconsideración interpuesto
contra la Liquidación Oficial
349

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se
anulen los cobros de las diferencias pretendidas por la UGPP y se declare que la sociedad
ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A. se encuentra a paz y salvo por los
mencionados conceptos, debido a que efectuó los aportes al Sistema de Protección Social,
conforme al ordenamiento legal vigente y, por lo tanto, se declare nula la Liquidación Oficial N°
RDO 349 del 30 de abril de 2015, contra la cual se interpuso Recurso de Reconsideración, el
cual quedó resuelto por la Resolución N° RDC-231 del 12 de mayo de 2016, también
demandada en este acto».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes8:

• Artículos 13, 29, 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículos 127, 128 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículos 108, 662 y 714 del Estatuto Tributario
• Artículo 169 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
• Artículo 18 de la Ley 50 de 1990
• Artículos 15, 17, 18, 34, 93 y 204 de la Ley 100 de 1993
• Artículo 49 de la Ley 789 de 2002
• Artículo 4 de la Ley 797 de 2003
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículos 42, 87, 138, 152, 157 y 162 de la Ley 1437 de 2011
• Artículo 178 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 17 del Decreto 1295 de 1994
• Artículo 2 del Decreto 1716 de 2009
• Artículo 6 de la Resolución nro. 2634 de 2014

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente9:

1. Firmeza de las autoliquidaciones del año 2011. Violación de los artículos
178 de la Ley 1607 de 2012 y 714 del ET

Señaló que a las planillas PILA les aplica el término de firmeza de dos (2) años del
artículo 714 del ET, porque la Ley 1151 de 2007 no estableció plazo, además, se trata
de declaraciones de naturaleza tributaria. Agregó que las planillas presentadas por
los períodos de 2011 adquirieron firmeza porque el requerimiento de información se
notificó el 21 de marzo de 2014, es decir, después de los (2) dos años de
presentadas.

8
Fls. 13 a 14 c.p. 1.
9
Fls. 14 a 76 c.p. 1.
3

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

Aclaró que el término de cinco (5) años que prevé el artículo 178 de la Ley 1607 de
2012 para que la UGPP ejerza las facultades de fiscalización, aplica para las planillas
PILA presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma (26 de
diciembre de 2012).

2. Falta de motivación de los actos administrativos

Indicó que el archivo Excel adjunto a los actos acusados, que según la UGPP hace
parte integral de los mismos, no tiene un contenido articulado, un orden lógico ni
agrupa las cifras que finalmente se incluyeron en su parte resolutiva. Además, la
descripción de campos es un glosario de términos que no puede considerarse como
una explicación clara y razonada de los ajustes.

Sostuvo que los actos contienen la relación normativa, los elementos del tributo, los
resultados de las presuntas inexactitudes y mora, la base, la liquidación de la sanción
y un archivo Excel, pero no explica ni motiva suficientemente los errores en los que
incurrió el aportante.

Precisó que, ante la falta de claridad de los presuntos yerros cometidos, acudió al
cruce de información para inferir cuáles eran las posibles razones de la entidad para
su cuestionamiento, lo que vulneró el debido proceso y la legítima defensa.

3. Falta de verificación adecuada de las planillas de liquidación de aportes

Relacionó las planillas nros. 83258985 y 81210661, con las que, a su juicio, se
prueba el cumplimiento del pago de los aportes y se desvirtúa la conducta de mora.
Agregó que en el certificado del revisor fiscal y del representante legal de la sociedad
consta que el pago de las planillas se refleja en los estados financieros.

Afirmó que la UGPP debió reconocer los pagos contenidos en las citadas planillas y
descontar los ajustes en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
pero no lo hizo y, en su lugar, confirmó los mayores valores liquidados.

4. Base de cotización en salario integral10

Expuso que, en los casos de los trabajadores con salario integral, la base de
cotización corresponde al 70% de lo devengado, pues el 30% restante es factor
prestacional.

Mencionó que la UGPP erró al determinar el IBC de los trabajadores con la citada
modalidad de salario, porque lo cuantificó en el 100% de lo devengado,
desconociendo que es el 70%, además, estableció una base mínima de 10 SMMLV, a
la que se ajusta el IBC cuando al aplicar el porcentaje resulta inferior. Agregó que
aportó copia de los contratos de trabajo para probar con qué trabajadores pactó esa
modalidad de salario.

10
En este numeral se resumen los literales D., E. y F. de la demanda que tratan sobre el IBC en el caso de los trabajadores con
salario integral.
4

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Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

Adujo que pese al carácter vinculante que tiene el Acuerdo nro. 1035 de 2015, la
UGPP desconoció el numeral 4 de la Sección II al mantener los ajustes en relación
con la base de cotización del salario integral, sin tener en cuenta que es el 70%.

5. Desconocimiento del tope del ingreso base de cotización

Explicó que la UGPP tiene en cuenta el límite máximo de las cotizaciones e impide al
aportante la aplicación proporcional del tope del IBC reflejado en SMMLV a cada uno
de los subsistemas cuando el trabajador laboró menos de 30 días. Sostuvo que esta
medida desconoce el derecho a la igualdad y los principios de no confiscatoriedad,
moderación y justicia, pues grava en mayor medida al empleador cuyo trabajador no
labora el mes completo contra el que si lo hace.

6. La UGPP exige un requisito formal que no existe en la ley para determinar
la naturaleza del beneficio de aportes a fondos de pensiones

Precisó que la entidad desconoció la naturaleza no salarial de los aportes
institucionales a los fondos de pensiones voluntarias que realizaba la sociedad a favor
de los empleados, todo porque no se aportó la «autorización de funcionamiento de la
Administradora del Fondo de Pensiones» expedido por la Superintendencia Financiera,
circunstancia que, a su juicio, no está relacionada con la naturaleza del pago.

Aclaró que en sede administrativa entregó el soporte probatorio apropiado para
acreditar el carácter no salarial del pago, como lo son: el contrato suscrito entre la
sociedad y la entidad administradora del fondo de pensiones, las afiliaciones
individuales suscritas por cada empleado beneficiario y las condiciones del plan
institucional.

Señaló que, si bien la carga de la prueba recae sobre la aportante, la mencionada
autorización debió ser aportada por la AFP correspondiente o por la
Superintendencia. No obstante, afirmó que con ocasión del recurso de
reconsideración adjuntó dicho documento, pero fue desconocido por la UGPP.

7. Errada interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010

Indicó que los gastos operativos son pagos no salariales que no hacen parte de la
base para el cálculo de los aportes y, por ende, no están sometidos al límite del 40%
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, porque son operacionales y no retribuyen la
función desempeñada.

8. Violación de la Ley 797 de 2003. Aprendices del SENA que se encuentran
en la etapa lectiva

Manifestó que la UGPP determinó ajustes por mora en el pago de los aportes a
pensión respecto de las personas vinculadas por medio del contrato de aprendizaje
con el SENA, desconociendo la exoneración de la Ley 797 de 2003, la cual aplica
cuando el aprendiz se encuentra en la etapa lectiva.

5

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Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

9. Los aportes liquidados por Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA son
los correctos

Aseguró que en los actos administrativos demandados se presentan dos situaciones
que conducen a determinar aportes que son improcedentes, a saber: (i) en la
liquidación oficial se utilizó un IBC erróneo del que no se conoce su origen, pues no
coincide con la nómina y (ii) se establecieron ajustes sobre un IBC que carece de
motivación en los actos acusados de ilegalidad.

Explicó que con el recurso de reconsideración se le puso de presente a la UGPP que,
debido a la falta de motivación de los actos, se presumía que los errores en la base
gravable surgían del hecho de que la entidad cotejó la información de contabilidad
con la de nómina, y tuvo en cuenta la que resultaba más alta. Agregó que las
diferencias entre los valores reportados y lo realmente pagado pudo surgir porque en
un período se registraron pagos que corresponden al siguiente, como es el caso de
las vacaciones anticipadas.

10. Aportes de trabajadores pensionados

Sostuvo que la obligación de cotizar al subsistema pensional cesa cuando el
trabajador reúne los requisitos para acceder a la pensión (art. 17 de la Ley 100 de
1993). Precisó que la UGPP no tiene en cuenta la citada excepción y exigió el pago
de los aportes.

OPOSICIÓN

La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, como se expone a
continuación11:

Precisó que no operó la firmeza de las planillas PILA del año 2011, comoquiera que la
entidad inició las acciones de determinación dentro de los cinco (5) años que prevé el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, lo que ocurrió el 21 de marzo de 2014 con la
notificación del requerimiento de información.

Afirmó que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 estableció que el procedimiento
para expedir la liquidación oficial se debe ajustar a lo señalado en los Títulos I, IV, V y
VI del Libro V del Estatuto Tributario, por lo que esa norma solo opera para aspectos
procedimentales y su aplicación es de carácter residual. Agregó que el parágrafo 2
del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 reguló el término de prescripción y de
caducidad de la actuación de la UGPP, razón por la cual, está vedado aplicar el
artículo 714 del ET.

11
Fls. 281 a 304 c.p. 1.
6

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Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

Indicó que la firmeza de las declaraciones tributarias no fue prevista por el legislador
para las planillas PILA, porque la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en que el
recaudo de las sumas que están destinadas al reconocimiento de prestaciones de
carácter vitalicio constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable para sus
beneficiarios, por lo que no es viable aplicar la firmeza de las declaraciones. Además,
el artículo 714 del ET riñe con la naturaleza de las contribuciones de la protección
social.

Expuso que los actos administrativos proferidos por la UGPP tienen dos partes que
forman un solo acto integral, que son: (i) la argumentativa: en la que se expone la
motivación normativa y jurisprudencial soporte de los ajustes y (ii) la liquidatoria:
conformada por un archivo Excel, en el que se discriminan detalladamente los ajustes
de cada trabajador. Advirtió que lo anterior no puede leerse de forma independiente
como si se tratara de actos excluyentes, por el contrario, se deben correlacionar para
interpretarlos de forma correcta.

Manifestó que la entidad adelantó el proceso de verificación de las planillas PILA
entregadas como prueba en sede administrativa, producto de lo cual, aplicó las que
no habían sido tenidas en cuenta y disminuyó los ajustes, en otros casos, los
confirmó porque no coincidía el período fiscalizado con el pagado. Por lo anterior,
afirmó que no es cierto que no se hayan valorado las pruebas (planillas).

Señaló que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se cambió la
postura de la liquidación oficial respecto de la determinación de la base gravable de
los trabajadores con salario integral, lo que dio lugar a que se calculara el IBC sobre
el 70% de lo devengado y a la eliminación de algunos ajustes. En otros casos se
confirmaron los mayores valores porque la base gravable informada por la sociedad
era inferior al mencionado porcentaje, o porque no se registraron pagos a todos los
subsistemas. Además, la entidad tuvo en consideración el límite del 40% de los pagos
no salariales.

Respecto de las novedades de ingreso y retiro, relacionó 22 trabajadores para indicar
que los ajustes se produjeron porque el aportante no tuvo en cuenta el límite del 40%
de los pagos no salariales y omitió incluir en el IBC conceptos como horas extras y
auxilios salariales.

Mencionó que, en el caso de las vacaciones disfrutadas, el pago de los aportes a
salud y pensión debe realizarse teniendo en cuenta el último salario base de
cotización reportado con anterioridad al disfrute y, únicamente queda excluido el pago
a la ARL.

Explicó que la comunicación de la Delegatura para Pensiones, Cesantías y
Fiduciarias de la Superintendencia Financiera de Colombia, que aportó como prueba
la actora en vía administrativa, se refiere al fondo de pensiones voluntarias «Visión»
administrado por Alianza Fiduciaria SA, que corresponde a una empresa diferente a
la sociedad demandante. No obstante, consideró que los aportes voluntarios a
pensión son pagos no salariales sujetos al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de
2010).
7

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Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

Sobre los aprendices del SENA indicó que se aportaron los contratos suscritos con
Juan Camilo Serna Castaño, Kelly Johanna Barbosa Hernández, Katherine Linsy
Rodríguez de la Rosa y Juliana Valencia Mariño y, en el parágrafo de la cláusula
tercera del convenio celebrado se estableció que el valor pagado corresponde a un
apoyo de sostenimiento mensual, lo que dio lugar a que se eliminaran los ajustes.

En relación con el argumento de la demandante, según el cual, los aportes se
liquidaron de forma correcta, aseguró que de los valores liquidados en la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración por las diferentes conductas y períodos, se
concluye que tal afirmación no es cierta.

Sostuvo que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración persistieron
los ajustes de los trabajadores Adriana María Mejía Serna y Julio César López
Gómez, en tanto que la demandante no aportó los documentos que dan cuenta de la
condición de pensionados.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 12 de marzo de 202112, el tribunal prescindió de las audiencias
inicial, de pruebas, de alegaciones y juzgamiento, negó la prueba pericial solicitada y
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran los alegatos
de conclusión y el concepto, respectivamente.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada: (i) anuló parcialmente los actos administrativos demandados, (ii) a
título de restablecimiento del derecho declaró la firmeza de las autoliquidaciones de
enero a diciembre de 2011, (iii) negó las demás pretensiones de la demanda y (iv) no
condenó en costas, con fundamento en lo siguiente:

Manifestó que para las planillas PILA presentadas antes del 26 de diciembre de 2012
aplica el término de firmeza de dos (2) años previsto en el artículo 714 del ET, y para
las posteriores a dicha fecha, el plazo de cinco (5) años señalado en el artículo 178
de la Ley 1607 de 2012.

Precisó que el término de firmeza de dos (2) años que preveía el artículo 714 del ET
aplicaba a las planillas de aportes presentadas por los periodos de 2011, y explicó
que como el requerimiento para declarar y/o corregir se notificó el 4 de noviembre de
2014, es decir por fuera de dicho plazo, las autoliquidaciones estaban en firme.

12
Índice 19 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
8

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Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

Prosperó parcialmente el cargo, y continuó con el análisis de los demás cargos frente
al año 2013.

Señaló que los ajustes que determinó la UGPP se fundaron en las pruebas
recolectadas durante la actuación administrativa (contratos laborales, nómina,
contabilidad, etc.) contrastadas con los valores liquidados en las planillas PILA
allegadas por el aportante. Agregó que en el archivo SQL la entidad explicó la glosa
de forma particular frente a cada trabajador, período y subsistema, concluyendo que
los actos están motivados. Negó el cargo.

Respecto de la conducta de mora, revisó las planillas PILA nros. 81210661 y
83258985 de los periodos de marzo y abril de 2013, respectivamente, aportadas en
sede administrativa y precisó que: (i) los ajustes de la trabajadora María Rubelia
Cardona Valencia se eliminaron dada su condición de pensionada, (ii) la entidad no
desconoció las planillas, sino que los ajustes corresponden a irregularidades con la
integración de la base gravable, y (iii) los pagos efectuados en las planillas no son en
los períodos y subsistemas revisados por la UGPP. Negó el cargo.

Advirtió que la UGPP no desconoció que la base gravable de los trabajadores con
salario integral es el 70% de lo devengado, sino que los ajustes se produjeron porque
la sociedad no incluyó en el IBC la totalidad de los pagos realizados a los
trabajadores, lo que generó aportes por valor inferior. Analizó los casos de Adriana
Marín Mejía Serna y Jaime Alberto Jaramillo Machado, concluyendo que el IBC
determinado por el tribunal y por la UGPP coincidía, por lo que los ajustes eran
correctos. Negó el cargo.

En relación con la integración de la base gravable, sostuvo que independiente de que
el pago sea factor salarial o no, este no podrá ser superior al 40% del total de la
remuneración, so pena de que el excedente integre el IBC. Explicó que los pagos no
detallados en nómina13 (bonificaciones por retiro, bonificaciones no salariales, pago
de celular y herramientas de trabajo), fueron considerados por la UGPP como no
salariales sujetos al tope del 40%, proceder que a su juicio atiende las normas sobre
la materia. Revisó el caso de Fernando Castañeda Carvajal y, concluyó que en el IBC
se incluyó la porción de los pagos no salariales que superan el límite. Negó el cargo.

Sostuvo que de acuerdo con la copia del convenio de administración de aportes
celebrado el 19 de enero de 2013 entre Alianza Fiduciaria SA y Alianza Valores
Comisionista de Bolsa SA, se acreditó que los pagos por aportes voluntarios a fondos
de pensiones son de naturaleza no salarial, sin embargo, precisó que por disposición
del artículo 169 (núm. 3) del Decreto Ley 663 de 1993, pese a que no constituyen
salario y no se tienen en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, están sujetos
al límite del 40%, como lo decidió la entidad en los actos demandados. Negó el cargo.

Expuso que la base de cotización para los aportes atiende a un límite mínimo (1
SMMLV) y uno máximo (25 SMMLV), sin consideración a la proporcionalidad de los
días laborados por el trabajador durante el período (mes). Analizó el caso de Luz

13
Referidos por el aportante como pagos operacionales.
9

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Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

Andrea Gómez Linares, y concluyó que la sociedad realizó las contribuciones sobre
una base inferior al límite mínimo, razón por la cual, los ajustes liquidados por la
UGPP son procedentes. Negó el cargo.

Respecto de las cotizaciones de los aprendices, señaló que la entidad eliminó los
mayores valores determinados previa valoración de los contratos aportados en sede
administrativa, precisado que los ajustes que persistieron (de tres trabajadores) son
del año 2011, período sobre el cual la entidad carecía de competencia dada la
firmeza de las autoliquidaciones. Por esos motivos, se abstuvo de resolver el cargo.

Mencionó que la UGPP eliminó algunos de los ajustes de los trabajadores
pensionados, previa valoración de las resoluciones de reconocimiento pensional.
Aclaró que se confirmaban los mayores valores liquidados respecto de Adriana María
Mejía Serna y Julio César López Gómez, porque las pruebas aportadas con la
demanda no acreditaban la calidad de pensionados. Negó el cargo.

Por último, se abstuvo de condenar en costas por no estar probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia en los siguientes términos14:

Insistió en que los actos administrativos demandado son nulos porque no contienen
los argumentos fácticos y jurídicos a partir de los cuales se concluyó que las
liquidaciones privadas de la sociedad estaban erradas. Además, el archivo Excel no
respalda la voluntad de la Administración.

Manifestó que la carga de la prueba para desvirtuar la conducta de mora es del
aportante, la que se cumplió con la entrega en sede administrativa y judicial de las
planillas nros. 81210661 y 83258985 de los períodos de marzo y abril de 2013,
respectivamente. Cuestionó el hecho que en la sentencia no se consideraran los
pagos contenidos en las mencionadas autoliquidaciones, lo que daba lugar a la
disminución de los valores determinados, sin perjuicio de las diferencias que
persistieran por el IBC.

Señaló que el tribunal al analizar los casos de Adriana María Mejía Serna y Jaime
Alberto Jaramillo, para resolver sobre la determinación de la base gravable de los
trabajadores que devengaron salario integral, solo comparó el IBC determinado por
esa Corporación con el de la UGPP, pero no tuvo en cuenta el de la sociedad.

Agregó que el a quo desconoció que la base gravable de quienes devengan esa
modalidad salarial «no se obtiene aplicando el setenta por ciento (70%) sino dividiendo el
total del salario integral por uno punto tres (1,3), lo que arrojará el monto del factor salarial
puro, tal y como lo avizoró el artículo 49 de la Ley 789 de 2002 […]»15. Además, no existe

14
Índice 34 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
15
Página 7 del recurso de apelación del demandante.
10

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norma que impida que la base gravable del salario integral (70%) arroje un resultado
inferior a 10 SMMLV.

Sostuvo que los gastos operativos sufragan las erogaciones necesarias para el
desempeño de las funciones para las que se contrataron los trabajadores y no
retribuyen de forma alguna la labor, por ende, no son salariales, no integran el IBC y
tampoco están sujetos al límite del 40%.

Expuso que los aportes voluntarios a pensión se enmarcan en las «prestaciones
sociales» de que trata el artículo 128 del CST, dado que no retribuyen el servicio, sino
que atienden a una contingencia futura del trabajador como puede ser la pensión de
vejez, invalidez o muerte y, por lo tanto, no integran el IBC. Además, según el artículo
4 del Decreto 2513 de 1987, «los aportes de las entidades patrocinadoras no constituyen
salario y no se tomarán en cuenta para liquidar prestaciones sociales».

Por último, manifestó que cuando el IBC corresponde al tope (25 SMMLV) los aportes
se pueden liquidar de forma proporcional a los días efectivamente laborados.

La parte demandada apeló la sentencia con fundamento en lo siguiente16:

En cuanto al cargo que prosperó parcialmente, relacionado con la firmeza de las
declaraciones presentadas por los periodos de enero a diciembre de 2011, indicó que
a las planillas no les aplica el término de firmeza de que trata el artículo 714 del ET,
por los siguientes motivos: (i) la firmeza prevista en el ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales, (ii) el recaudo está destinado al
reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible
e irrenunciable para sus beneficiarios, (iii) el artículo 714 del ET es de contenido
sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del artículo 156
de la Ley 1151 de 2007 y (iv) porque frente a la conducta de mora no existe
autoliquidación que pueda ser declarada en firme.

Por último, solicitó que se tenga en cuenta el principio de favorabilidad consagrado
para los trabajadores en el artículo 53 de la Constitución Política.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación se admitieron mediante auto del 19 de abril de 202217, y
las partes no se pronunciaron frente a los mismos. Al no ser necesaria la práctica de
pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar (nums. 4 y 5, art. 247
del CPACA)18 .

El Ministerio Público emitió concepto en los siguientes términos19:

16
Índice 35 de SAMAI – Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
17
Índice 4 de SAMAI.
18
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
19
Índice 12 de SAMAI.
11

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Manifestó que las planillas PILA son el formulario mediante el cual se liquidan y
pagan los aportes al sistema de la protección social, y tienen el carácter de
autoliquidación privada. Aclaró que la fecha de presentación de la planilla determina
el marco jurídico y legal aplicable para efectos de establecer la facultad fiscalizadora
de la Administración Tributaria.

Indicó que las planillas de los períodos enero a diciembre de 2011 estaban en firme,
como lo decidió el a quo, porque la UGPP no ejerció las facultades de fiscalización
dentro del término de firmeza de dos (2) años previsto en el artículo 714 del ET.

Señaló que los actos están motivados, puesto que en el documento físico se
identifican las conductas en que incurrió el aportante y el fundamento legal de la
procedencia de los ajustes determinados y, en el archivo digital Excel (SQL) se
discriminan los trabajadores respecto de los cuales se efectuaron los ajustes y los
valores tenidos en cuenta para liquidar la base de las contribuciones. Por los
anteriores motivos, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Decide la Sala sobre la legalidad de: (i) la Liquidación Oficial nro. RDO 349 del 30 de
abril de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al
sistema de la protección social, por los periodos de enero a diciembre de 2011 y
2013, y se sanciona por inexactitud por el año 2013 y (ii) de la Resolución nro. RDC
231 del 12 de mayo de 2016, proferida por la Dirección de Parafiscales de la misma
entidad, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración en el sentido de
modificar el acto recurrido para disminuir los ajustes y la sanción.

En los términos de los recursos de apelación formulados por las partes, se debe
determinar: (i) si a las autoliquidaciones de aportes no se les aplica la regla sobre
firmeza de las declaraciones tributarias, prevista en el artículo 714 del ET, (ii) si los
actos administrativos demandados están viciados de nulidad por falta de motivación,
(iii) si las planillas PILA nros. 83258985 y 81210661 no fueron valoradas por la
entidad, (iv) si la UGPP no calculó de forma correcta el IBC de los trabajadores que
devengaron salario integral, (v) si los gastos operativos y los aportes voluntarios a
pensión no constituyen salario, si estos deben integrar el IBC y si están sujetos al
límite del 40% y (vi) si cuando el IBC corresponde al tope de cotización (25 SMMLV)
los aportes se calculan de forma proporcional a los días laborados.

1. Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección
social. Reiteración jurisprudencial

El a quo declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los periodos de
enero a diciembre de 2011, porque para la fecha en la que fueron presentadas
aplicaba el plazo de firmeza de dos (2) años establecido en el artículo 714 del ET, por
12

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remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, y como el requerimiento para
declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso, eran inmodificables.

La UGPP disiente de la decisión del tribunal, porque a su juicio, a las planillas PILA
no les aplica el término de firmeza de que trata el artículo 714 del ET, por los
siguientes motivos: (i) la firmeza prevista en el ET es incompatible con la naturaleza
de las contribuciones parafiscales, (ii) el recaudo está destinado al reconocimiento de
prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para
sus beneficiarios, (iii) el artículo 714 del ET es de contenido sustancial y no
procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del artículo 156 de la Ley 1151
de 2007 y (iv) porque frente a la conducta de mora no existe autoliquidación que
pueda ser declarada en firme.

Para resolver, se precisa que tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
(art. 178, pár. 2)20, el ordenamiento jurídico no consagraba de forma expresa un plazo
de caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin
embargo, el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007 hizo remisión al
Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no regulados
del proceso de determinación.

Dicha remisión era procedente, pues la jurisprudencia constitucional21, así como esta
Sección22, han considerado que los recursos parafiscales son denominados en la
Constitución Política como «contribuciones parafiscales», que tienen naturaleza
tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos.

En ese orden, se advierte que una vez vencido el término del que dispone la
Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa es
que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables. Pues como lo consideró la Sección en
la sentencia del 10 de noviembre de 202223, el artículo 714 del ET es «un precepto
procedimental que le fija a la autoridad un plazo perentorio de actuación».

Dicho de otra forma, y equiparando estos efectos a lo previsto en el Estatuto
Tributario, que se repite, aplica en virtud del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, para
los periodos anteriores al 26 de diciembre de 2012 (fecha de entrada en vigencia de
la Ley 1607 de 2012), la consecuencia sería la firmeza de la autoliquidación.

Por lo tanto, en este caso resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo
714 del ET24, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a
transcurrir ese plazo para los periodos discutidos, disponía que «la declaración

20
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial nro. 48.655.
21
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
22
Cfr. sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del 19
de agosto de 2021, exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y, del 15 de octubre de 2021, exp. 23623, del 28 de abril de
2022, exp. 24131, del 16 de junio de 2022, exp. 26018 y del 28 de julio de 2022, exp. 26192, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
23
Exp. 25987, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
24
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
13

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tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento
del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración
inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la
fecha de presentación de la misma»25.

Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a
la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012, frente a las cuales, resulta
aplicable el artículo 178 ibídem que reguló de manera específica el plazo en el que la
UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización, fijándolo en cinco (5) años.

En el presente caso, los periodos fiscalizados que el a quo declaró en firme,
cuestionados por la UGPP en la apelación, corresponden a los de enero a diciembre
de 2011, por lo tanto, para efectos de establecer su firmeza, se debe tener en cuenta
que esta ocurre una vez vencido el plazo señalado en la norma vigente al momento
en el que comenzó a transcurrir, en el sub examine, el de dos (2) años previsto en el
artículo 714 del ET, norma aplicada por el tribunal en la sentencia apelada.

Cabe aclarar que, del contenido del artículo 714 del ET, se tiene que el plazo de
firmeza se interrumpe con la notificación del requerimiento especial que, para el caso
de los tributos administrados por la UGPP equivale al requerimiento para declarar y/o
corregir, pues así fue consagrado expresamente en la norma que aplica a los
períodos fiscalizados, que se repite, es el Estatuto Tributario.

Frente al argumento de la UGPP, en el sentido que los aportes a la protección social
al estar destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles no les aplica la firmeza,
se reitera el criterio adoptado por la Sección26, según el cual, «si bien es cierto que el
derecho a la pensión (prestación vitalicia e imprescriptible) y a reclamar su reliquidación no
prescribe, también lo es que esa imprescriptibilidad solo se predica de la pensión, no de las
prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales, tal como lo ha
puntualizado la Corte en varios pronunciamientos27, razón por la cual la firmeza de la
declaración sí resulta procedente para las mensualidades en las cuales la Administración no
inició su actuación dentro del término del artículo 714 del ET».

Respecto al planteamiento de la UGPP de que frente a la conducta de mora no puede
aplicarse el término de firmeza ante la ausencia de autoliquidación, la Sala reitera el
criterio expuesto en la sentencia del 3 de marzo de 202228, en la que se consideró
que:

«[…] el procedimiento de revisión contenido en el artículo 714 del Estatuto Tributario es
compatible con el procedimiento de modificación oficial de las liquidaciones privadas de aportes
parafiscales pues los dos están dirigidos a corregir los errores en que el contribuyente haya
podido incurrir en su liquidación privada.

25
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
26
Cfr. las sentencias del 30 de septiembre de 2021, exp. 25313 y del 3 de marzo de 2022, exp. 25632, C.P. Milton Chaves
García y, del 23 de junio de 2022, exp. 24961, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
27
C-320 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-724 de 2007, T-456 de 2013 y SU-567 de 2015, entre
otras.
28
Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García. Reiterado en las sentencias del 16 de junio de 2022, exp. 26018, del 28 de julio de
2022, exp. 26192 y del 20 de octubre de 2022, exp. 26671, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14

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Para el caso de los aportes al Sistema de Protección Social dichos errores pueden constituirse
en omisión de afiliaciones o del pago de los aportes respecto de un empleado o yerros en la
determinación de los valores29.

En ese sentido, la Sala debe aclarar que finalmente lo que se controvierte son las planillas PILA
presentadas por la actora en los periodos objeto de discusión y las omisiones y ajustes por
mora que propone la administración son respecto de pagos por distintos conceptos que integran
la autoliquidación y no por omisión en la presentación de las planillas o porque estas no se
hayan presentado en tiempo, de modo que el argumento de firmeza también es aplicable a
estos casos».

Ahora bien, en relación con la solicitud de la aplicación del principio de favorabilidad
para los trabajadores, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, la Sala
advierte que, el mismo se materializa «en aquellos casos en que surge duda en el
operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un
asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al
momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto»30, y debe
optarse por acoger la que sea más favorables a los intereses del trabajador. De
suerte que, sus efectos tendrán incidencia en las relaciones jurídico sustanciales en
las que esté involucrado el trabajador, lo que no ocurre en este caso, pues estamos
frente a obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento no está en cabeza
del trabajador sino del empleador.

Por los anteriores motivos, se concluye que no le asiste razón a la UGPP al
pretender, en este caso concreto, sustraerse de la aplicación del término de firmeza a
las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social, y comoquiera que
no se cuestionó el conteo del término que realizó el a quo, lo procedente es confirmar
la declaratoria de firmeza de los periodos de enero a diciembre de 2011.

En consecuencia, continúa el análisis de la Sala respecto de los otros cargos de
apelación, cuyos efectos, en caso de resultar alguno procedente, se limitarán a los
restantes periodos fiscalizados, valga decir, de enero a diciembre de 2013, porque
frente a los otros (enero a diciembre de 2011), operó la firmeza.

2. Motivación de los actos administrativos. Reiteración jurisprudencial31

La Sección ha considerado que, tratándose de la motivación de los actos de
determinación expedidos por la UGPP, estos se entienden motivados en la medida
que incluyan los valores y las razones en las que se sustentan los ajustes. Además,
ha aceptado como parte de la motivación los archivos Excel, que detallan la forma en
la que se determina el ajuste de aportes en cada uno de los subsistemas.

Para la Sala, en la motivación de esta clase de actos y dependiendo de la conducta
(omisión, mora y/o inexactitud), es necesario que se identifique el tipo de

29
Cita: Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado, exp. 24348, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
30
Corte Constitucional, sentencia T-730 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
31
Cfr. las sentencias del 2 de octubre de 2019, exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 26 de agosto de 2021,
exp. 25735, del 23 de junio de 2022, exps. 24961 y 26119, del 14 de julio de 2022, exp. 25300 y del 17 de noviembre, exp.
26489 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15

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incumplimiento, el año, el mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que
constituyen salario y cuáles no, el total remunerado, el IBC, entre otros aspectos.

La parte demandante afirma que los actos no están motivados porque «la UGPP nunca
expuso con claridad, precisión y debida motivación el contenido de la Liquidación Oficial No.
RDO 349, pues de ella se extrañan los argumentos fácticos y jurídicos que la llevaron a
concluir que las liquidaciones privadas efectuadas y presentadas por mi representada
estaban erradas. […] Está probado y es un hecho notorio que el archivo en Excel en las
condiciones presentadas por la entidad demandada de ningún [modo] respalda la voluntad de
la administración»32.

Revisados los actos enjuiciados, se concluye que están motivados, puesto que
evidencian los antecedentes que los originaron, las razones de inconformidad que
expuso el aportante, los fundamentos legales y jurisprudenciales, y en ellos se hace
énfasis en las observaciones que contiene el archivo Excel adjunto, que hace parte
integral de los mismos, en el que se detalla la liquidación o ajustes determinados,
identificando el nombre del trabajador, el subsistema revisado, el periodo, las
novedades, los pagos y su naturaleza, así como la base de cotización, sin que la
parte actora indique las columnas y filas que a su parecer no son claras.

Además, se evidencia que contrario a lo afirmado por la demandante, esta pudo
ejercer el derecho de defensa y contradicción, tanto es así, que la UGPP valoró los
argumentos expuestos con el recurso de reconsideración, encontrando viable la
eliminación o disminución de algunos ajustes.

Por los anteriores motivos no prospera el cargo de apelación.

3. Inclusión en el IBC de los pagos que no constituyen salario. Aplicación
reglas de unificación jurisprudencial

El tribunal consideró que independiente de que el pago sea factor salarial o no, este
no podrá ser superior al 40% del total de la remuneración, so pena de que el
excedente haga parte del cálculo del IBC. Explicó que los pagos no detallados en
nómina33 (bonificaciones por retiro, bonificaciones no salariales, pago de celular y
herramientas de trabajo), fueron considerados por la UGPP como no salariales
sujetos al tope del 40%, proceder que a su juicio, atiende las normas sobre la materia.

La parte demandante disiente de la anterior posición, argumentando que los gastos
operativos sufragan las erogaciones necesarias para el desempeño de las funciones,
no retribuyen de forma alguna la labor, ni incrementan el patrimonio del trabajador,
por ende, no son salariales, no integral el IBC y no están sujetas al límite del 40%.

En la liquidación oficial la entidad demandada se refirió a la definición legal de los
pagos no constitutivos de salario, así como a la aplicación del límite del 40% previsto

32
Página 5 del recurso de apelación de la parte demandante.
33
Referidos por el aportante como pagos operacionales.
16

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en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, de lo que se extraen las siguientes
consideraciones34:

«Conceptos de pago NO constitutivos de salario

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador
del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de
utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en
especie, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a
cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de
trabajo y otros semejantes […]

De conformidad con lo establecido en el Art. 30 de la Ley 1393 de 2010, para aquellos pagos
que reúnan la condición de no constitutivos de salario, la ley establece un límite solo para
efectos de la determinación el ingreso base de cotización al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales […]».

Ahora, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la
liquidación oficial, la entidad demandada se refirió a los pagos operacionales, así
como a la aplicación del límite del 40%, en los siguientes términos35:

«[…] los valores reportados como “otros pagos no detallados en nómina” corresponden a
bonificaciones por retiro, bonificaciones no salariales, auxilios de rodamientos, pago de celular
entre otros conceptos; así mismo, se logra establecer que se registra pagos por compra de
cafetería y transporte de archivo los cuales se soportan con recibos de caja, estos últimos
conceptos conforme los soportes arrimados permiten establecer que no corresponden a un
pago de carácter laboral, conllevando a que sea excluido del IBC, por lo tanto, desparecen
ajustes en la suma de $235.700, así […].

[…] los ajustes propuestos persisten, como quiera que, i) el aportante no tuvo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 citado en precedencia, frente al valor
que excede el 40% del total de la remuneración […]». [Negrilla de la Sala].

Del contenido de los actos demandados, se advierte que la discusión de la UGPP no
se centró en si los pagos operacionales o no detallados en nómina eran o no
salariales, pues la propia entidad reconoció que no tenían carácter salarial, pero a su
juicio, están sometidos al límite del 40% que prevé el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010.

Es oportuno poner de presente que la base gravable para los aportes al sistema de la
protección social la conforman los pagos de naturaleza salarial descritos en el artículo
127 del CST, según el cual, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o
variable, sino todo lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie, como
contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea su denominación, como
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y porcentajes sobre
ventas y comisiones.

Entre tanto, no son ingreso base de cotización de aportes los pagos que en esencia
no son salario, porque no retribuyen el trabajo del empleado, y que se enuncian en el
34
Fls. 161 vto. a 162 c.p. 1.
35
Páginas 27 y 28 de la Resolución nro. RDC 231 del 12 de mayo de 2016.
17

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artículo 128 del CST, de la siguiente forma: (i) las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales como primas, bonificaciones
o gratificaciones ocasionales, entre otros, (ii) lo que el trabajador recibe en dinero o
en especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus funciones, por lo tanto, no
son para enriquecer su patrimonio, como gastos de representación, medios de
transporte, elementos de trabajo, entre otros, (iii) las prestaciones sociales de que
tratan los títulos VIII y IX del CST y, (iv) los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente u otorgados en forma
extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen
salario en dinero o en especie, por ejemplo, alimentación, habitación, vestuario,
primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

Se precisa que no todo lo recibido por el trabajador hace parte del ingreso base de
cotización para los aportes al sistema de la protección social, pues solo lo que
constituye salario y que tiene esa naturaleza según el artículo 127 del CST, integrará
el IBC, mientras lo que no tiene ese carácter en los términos del artículo 128 ibídem
no hace parte de la base. Planteamiento concretado en la sentencia de unificación del
9 de diciembre de 202136, en la que se consideró:

«Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, es necesario precisar aquellos factores
constitutivos de salario, según los términos del CST y los que no lo son y, que, por tanto, no
hacen parte del IBC de aportes.

Según el artículo 127 del CST, constituye salario […]

El texto original del artículo 128 del CST señalaba los siguientes pagos hechos al trabajador
como no constitutivos de salario […]

Los anteriores pagos no son ingreso base de cotización de aportes porque, en esencia, no
son salario, de acuerdo con las normas laborales, pues no retribuyen el trabajo del empleado».

En la misma sentencia de unificación se precisó el alcance del límite del 40%
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en los siguientes términos:

«Al igual que lo propendido por el Ejecutivo con el artículo 9 del Decreto 129 de 2010, con el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, el legislador buscó “frenar la erosión de la base de
cotización generada en la posibilidad de pactar remuneraciones que no se computen como
factor salarial37”. Para ello estableció que aquellos pagos al trabajador que por pacto entre las
partes se excluyen del IBC, no pueden superar el 40% del total de la remuneración, para
determinar los aportes al sistema general de pensiones y al régimen contributivo de salud.

Así, el propósito del legislador, como el del Ejecutivo en su momento, no fue incluir en el
ingreso base de cotización, pagos que, por su esencia o naturaleza, no son constitutivos de
salario, sino, establecer una limitante a la desalarización que se venía pactando entre
empleadores y trabajadores al amparo de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996
y que erosionaba la base de aportes al Sistema de Seguridad Social. En estos eventos, los
aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario,
independientemente de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del
servicio) y, además, los que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en
el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración».

36
Exp. 25185 C.P. Milton Chaves García.
37
Exposición de motivos del proyecto de ley 280 de 2010 (Cámara), que se convirtió en la Ley 1393 de 2010. Puede consultarse
en la Gaceta del Congreso 128 del 20 de abril de 2010.
18

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Lo anterior se concretó en las reglas de unificación enunciadas en los numerales 1 y
3 de la sentencia del 9 de diciembre de 2021, conforme con las cuales:

«1. El IBC de los aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los
términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el
trabajo o servicio prestado al empleador.

[…]

3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes se
calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la
denominación que se les dé (art. 127 CST – contraprestación del servicio) y, además, los
factores que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el monto que
exceda el límite del 40% del total de la remuneración».

En ese contexto, en los actos demandados la UGPP tuvo como no salariales los
pagos no detallados en nómina correspondientes a bonificaciones por retiro,
bonificaciones no salariales, auxilios de rodamientos, pago de celular, entre otros
conceptos, no obstante, les aplicó el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, proceder que a juicio de la Sala no se ajusta a las previsiones sobre la
materia, pues a partir del contenido de la sentencia de unificación (regla 1), se tiene
que, si el pago no es salario porque no retribuye el servicio, no integrará el IBC y no
está sometido a límite legal alguno. Situación diferente ocurrirá si los pagos fueron
salariales y las partes expresamente acordaron que no integrarían el IBC, pues en
ese supuesto, aplicaría el citado límite.

Por lo anterior, para la Sala los pagos no detallados en nómina al no constituir salario,
como lo reconoció la UGPP en los actos demandados, no integran la base gravable
para los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, por ende, tampoco están
sujetos al límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, prospera el cargo de apelación formulado por
Alianza Valores de Comisionistas de Bolsa SA en lo que se refiere a los ajustes de la
conducta de inexactitud generados, según la UGPP, por la indebida integración del
IBC al omitirse incluir pagos no detallados en nómina correspondientes a
bonificaciones por retiro, bonificaciones no salariales, auxilios de rodamientos, pago
de celular entre otros, circunstancia que fue desvirtuada.

4. Aportes voluntarios a pensiones

El tribunal precisó que por disposición del artículo 169 (núm. 3) del Decreto Ley 663
de 1993, pese a que los aportes voluntarios a pensión no constituyen salario y no se
tienen en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, están sujetos al límite del
40%, como lo decidió la UGPP en los actos demandados.

La parte actora cuestionó la decisión, argumentando que los aportes voluntarios a
pensión se enmarcan en las «prestaciones sociales» de que trata el artículo 128 del
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CST, dado que no retribuyen el servicio, sino que atienden a una contingencia futura
del trabajador como puede ser la pensión de vejez, invalidez o muerte y, por lo tanto,
no integran el IBC. Además, según el artículo 4 del Decreto 2513 de 1987, «los
aportes de las entidades patrocinadoras no constituyen salario y no se tomarán en cuenta
para liquidar prestaciones sociales».

La UGPP en la liquidación oficial sobre los aportes voluntarios a pensión, consideró38:

«Definición del Fondo de Pensiones, plan de pensiones e intervinientes.

[…]

De esta forma, el pago de los aportes voluntarios, puede provenir bien de los recursos que el
trabajador destine directamente para dicho propósito, o de los recursos que destine el
empleador para tal fin, por mediar acuerdo entre este y el trabajador […]

Así las cosas, los aportes voluntarios a pensiones, buscan incrementar los saldos de las
cuentas individuales de ahorro pensional de cada trabajador afiliado a una AFP privada,
pretendiendo optativamente dos finalidades: a) Optar por una pensión mayor o; b) Alcanzar la
pensión más temprano.

Por lo visto, los aportes voluntarios a pensiones, tienen la misma finalidad de los aportes
obligatorios, tratar las contingencias económicas por la inactividad laboral debido a la vejez de
las personas.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre una y otra figura.

Los aportes obligatorios no se pueden retirar […]

Por su parte, los aportes voluntarios pueden ser retirados […]

La finalidad modificable de los aportes voluntarios a pensiones, genera dudas acerca de que los
mismos puedan ser considerados como pagos no salariales en aquellos eventos que sean
reconocidos como beneficios otorgados por el empleador al trabajador, pues este queda en
libertad de retirarlos libremente en el momento que lo desee.

La naturaleza disyuntiva de los aportes voluntarios, genera que en aquellas situaciones en las
que sean reconocidos como pagos no salariales por acuerdo entre el empleador y el trabajador,
no se pueda determinar cuál es la finalidad que pretende dicho pago, toda vez que, si los
aportes son retirados por el trabajador, el propósito pensional no es el buscado, razón por la
cual, la finalidad del mismo sería la de retribuir el servicio, pues significa un ingreso personal
para el trabajador, ya que incrementa su patrimonio, pues fue otorgado en vigencia de una
relación de subordinación y dependencia, ergo, se erige en un pago que corresponde en forma
directa a la prestación de un servicio.

Planes de pensiones

[…]

Así mismo, el artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, clasifica los planes de
pensiones de jubilación e invalidez, entre otros, como abiertos e institucionales, siendo los
primeros aquellos a los que puede vincularse en calidad de participe cualquier persona natural
que así lo desee, mientras que en los institucionales la calidad de participe se encuentra
reservada para los trabajadores o miembros de las Entidades que los patrocinen.

38
Fl. 161 c.p.1.
20

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Definidas las clases de plan de pensiones, el artículo 173 ibídem, señala igualmente el
contenido que debe estipularse en dichos planes, a saber […]

Debe agregarse que todos los planes de pensiones de jubilación e invalidez deben ser
autorizados por la Superintendencia Financiera.

Con base en lo anterior y al momento de estudiar si el aporte en cuestión constituye o no factor
salarial, no puede perderse de vista el contenido del plan de pensión siendo que es el
documento idóneo que sirve de prueba para definir la naturaleza salarial o no de los aportes
voluntarios para pensión.

Descendiendo al caso en concreto y a fin de resolver si los aportes voluntarios para pensión
son constitutivos de salario o no, resulta imperante la revisión del precitado plan de pensiones.
Sin embargo, una vez revisado el expediente del aportante ALIANZA VALORES
COMISIONISTA DE BOLSA S.A., se observa que a pesar de haber allegado el Plan de
Pensiones, no adjuntó la autorización de la Superintendencia Financiera, correspondiente a los
aportes voluntarios que les reconocieron a los trabajadores».

Entre tanto, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la entidad
sostuvo que39:

«5.5.1. Pensiones Voluntarias.

En cuanto a los aportes voluntarios a pensiones alega el recurrente que este pago es no salarial
y que prueba de ello aporta con el recurso de reconsideración copia de la autorización echada
de menos en la liquidación oficial.

De las pruebas arrimadas con el recurso de reconsideración se observa que se aporta una
comunicación expedida por la Delegatura para Pensiones, Cesantías y Fiduciarias de la
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual hace alusión a un aportante diferente al
recurrente, no obstante, dicha comunicación da cuenta de la existencia del “Fondo de
Pensiones Voluntarias “Visión”” el cual es administrado por Alianza Fiduciaria S.A., como se
puede corroborar con el plan de pensiones voluntarias obrante en el plenario, en el cual se
establece que: “Cláusula Primera. OBJETO: (…) El convenio de administración se llevará a
cabo a través de un fondo de pensiones de Jubilación e Invalidez, denominado Fondo de
Pensiones Abierto Visión, el cual será administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Conforme lo anterior, encuentra esta Dirección procedente considerar los aportes voluntarios a
pensiones como un pago de naturaleza NO salarial; no obstante, dicho pago al ser establecido
y/o declarado como no salariales, este debe ser analizado a la luz del artículo 30 de la Ley 1393
de 2010 teniendo presente la fecha de entrada en vigencia de esta norma que establece:

[…]

Otro aspecto relevante del artículo 30 de la Ley 1393, es que no hace diferencia entre los pagos
no constitutivos de salario que son cancelados a los trabajadores en virtud de una relación
laboral, pues de forma clara ordena que estas sumas deben hacer parte del IBC con destino a
Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando exceden los límites establecidos en la norma, sin
entrar a definir las clases de pagos no salariales a los que se les debe aplicar la citada
normativa, simplemente basta con que ostenten la connotación de no salarial para que de forma
imperativa entren a hacer parte del IBC dentro de los límites establecidos por el legislador […]»
[Se destaca].

39
Páginas 24 a 26 de la Resolución nro. RDC 231 del 12 de mayo de 2016.
21

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De lo anterior se extrae que, la entidad en la liquidación oficial reconoció que el
aportante allegó el plan de pensiones en virtud del cual realizaba los aportes
voluntarios, sin embargo, se abstuvo de calificar como no salariales los pagos ante la
ausencia de la autorización del plan por parte de la Superintendencia Financiera.

La UGPP en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, previa
valoración en conjunto de las pruebas aportadas por la aportante, encontró
acreditados los requisitos de la constitución del plan de pensiones, por lo que
consideró dichos aportes como no salariales, cuestión que no es objeto de discusión,
sin embargo, decidió someterlos a la aplicación del límite del 40% que prevé el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, aspecto este último en el que se concreta el
recurso de apelación.

Al respecto, como lo ha considerado la Sección40, los pagos que se sujetan al referido
tope son aquellos de naturaleza salarial que las partes de la relación laboral pactan
que no integrarán la base gravable, pero no los que legalmente no constituyen
salario, como ocurre con los aportes voluntarios a pensión. En esa medida, no le
asiste razón a la UGPP ni al tribunal, al pretender incluir dentro del IBC los aportes
analizados.

Por lo tanto, prospera el cargo de apelación y, en consecuencia, se revocará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda respecto del
año 2013, en tanto que, para el caso concreto, los aportes voluntarios a pensión por
carecer de naturaleza salarial no integran la base gravable de las contribuciones al
sistema de seguridad social integral.

5. Del ingreso base de cotización de los trabajadores vinculados bajo la
modalidad de salario integral

El tribunal sostuvo que, para calcular los aportes de los trabajadores con salario
integral, la base corresponde al 70% del total de lo devengado, pues el 30% restante
es el factor prestacional. Advirtió que la UGPP no desconoció que la base gravable de
los trabajadores con salario integral es el 70% de lo devengado, sino que la razón de
los ajustes fue que la sociedad no incluyó en el IBC la totalidad de los pagos
realizados a los trabajadores ni tuvo en cuenta el límite del 40%, lo que generó
aportes por valor inferior. Revisó los casos de Adriana María Mejía Serna y Jaime
Alberto Jaramillo.

La parte actora cuestionó la decisión del tribunal, señalando que al analizar los casos
de los dos trabajadores para resolver sobre la determinación de la base gravable de
quienes devengaron salario integral, solo comparó el IBC determinado por esa
Corporación con el de la UGPP, pero no tuvo en cuenta el de la sociedad.

Agregó que el a quo desconoció que la base gravable de quienes devengan esa
modalidad salarial, «no se obtiene aplicando el setenta por ciento (70%) sino dividiendo el

40
Cfr. la sentencia del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185, C.P. Milton Chaves García, reiterada en las sentencias del 16 de
junio de 2022, exp. 25753, del 1º de septiembre de 2022, exp. 26208 y del 6 de octubre de 2022, exp. 25907, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
22

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total del salario integral por uno punto tres (1,3), lo que arrojará el monto del factor salarial
puro, tal y como lo avizoró el artículo 49 de la Ley 789 de 2002 […]»41. Además, no existe
norma que impida que la base gravable del salario integral (70%) arroje un resultado
inferior a 10 SMMLV.

Sea lo primero advertir que no le asiste razón a la parte actora, al señalar que para
determinar la base gravable de los trabajadores con salario integral, lo devengado se
debe dividir entre uno punto tres (1.3), pues como lo ha considerado la Sección 42 «[d]e
la lectura armónica de los artículos 132 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el
artículo 18 de la Ley 50 de 1990), 18 de la Ley 100 de 1993, 49 de la Ley 789 de 200243 y 5º
de la Ley 792 de 2003, y de lo que ha precisado sobre ese tema la Jurisprudencia de esta
Sección y la Corte Constitucional44, es claro que del 100% de lo que recibe como
remuneración el trabajador que ha pactado con su empleador un salario integral, el 30% es
factor prestacional que no tiene carácter salarial, y sobre el resto, esto es, sobre el otro 70%
se calculará la base de los aportes parafiscales para el Sistema de la Protección
Social». No obstante, es cierto que, así el referido cálculo arroje un resultado inferior a
10 SMMLV, la base de cuantificación se conserva en el valor que resulte de aplicar el
70%.

Precisado lo anterior, procede la Sala a verificar cuál fue el IBC sobre el que la
sociedad demandante liquidó los aportes de los trabajadores analizados por el
tribunal, Adriana María Mejía Serna (marzo - 2013) y Jaime Alberto Jaramillo
Machado (julio – 2013), para constatar si coincide o no con los valores determinados
en esa instancia, y si los aportes se pagaron correctamente.

Adriana María Mejía Serna

La UGPP fiscalizó los subsistemas de salud, pensión, fondo de solidaridad pensional,
ARL, SENA, ICBF y CCF, del período marzo – 2013. La parte demandante no refirió
algún subsistema en particular, por lo que la Sala analizará el correspondiente a
pensión, tampoco cuestionó el IBC determinado por el tribunal ($8.400.000) ni el de la
UGPP ($8.400.000), su reparo se concretó en la falta de apreciación de la base
tenida en cuenta en las autoliquidaciones.

Revisada la planilla PILA nro. 8121066145 correspondiente al mes de marzo de 2013,
se evidencia que respecto de la señora Mejía Serna se ocuparon dos líneas, en la
primera se registró como IBC $6.160.00046 y en la segunda $2.240.00047, para un
total de $8.400.000. De igual forma, los aportes que pagaron al sistema de pensiones
por cada línea fueron de $985.600 (línea 1) y $268.800 (línea 2), respectivamente,
para un total de $1.254.400.

41
Página 7 del recurso de apelación del demandante.
42
Sentencia del 24 de octubre de 2019, exp. 23599, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en las sentencias del 19 de
agosto de 2021, exp. 23856 y del 23 de junio de 2022, exp. 24961 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
43
Mediante el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, se interpretó con autoridad el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, en el entendido
“que la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%)”.
44
Ver sentencia C-988 de 1999, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequibles el numeral 3º del artículo 132 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y el inciso sexto del artículo 18 de la Ley 100
de 1993.
45
En la casilla número de radicación se indica: 69353790
46
Cfr. fila nro. 60.
47
Cfr. fila nro. 61.
23

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La tarifa del sistema de pensiones es del 16%48, por lo que los aportes que debió
pagar la demandante, a partir del IBC totalizado $8.400.000, ascendían a $1.344.000.
De ahí que, para la Sala existe una diferencia negativa por la suma de $89.600.

Se precisa que, la UGPP en el archivo SQL en la casilla «AZ» que corresponde a
«Aporte Pagado (Recurso de Reconsideración)» registró $985.600, lo que quiere decir
que solo tuvo en cuenta uno de los pagos efectuados por la sociedad demandante
(línea 1), pero no el otro en cuantía de $268.800 (línea 2).

En ese contexto, la entidad deberá ajustar en el acto de liquidación los valores
pagados por la sociedad demandante respecto de la señora Adriana María Mejía
Serna por todos los subsistemas fiscalizados en el año 2013, teniendo en cuenta los
valores que conformaron el IBC en todas las líneas en las que se registró la
trabajadora.

Jaime Alberto Jaramillo Machado

La UGPP fiscalizó el subsistema de ARL, del período julio – 2013. La demandante no
cuestionó el IBC determinado por el tribunal ($10.500.000) ni el de la UGPP
($10.500.000), su reparo se concretó en la falta de apreciación de la base tenida en
cuenta en las autoliquidaciones.

Revisada la planilla PILA nro. 8948044349 correspondiente al mes de julio de 2013, se
evidencia que el IBC sobre el que la sociedad calculó los aportes a la ARL
corresponde a la suma de $350.000, que es inferior a la determinada en la sentencia
de primera instancia, que no fue cuestionada de manera concreta en el recurso de
apelación.

En todo caso, se advierte que del contenido del archivo SQL, la tarifa del subsistema
de ARL es del 0,52%, por lo que los aportes ascienden a la suma de $54.600
teniendo en cuenta el IBC del tribunal y de la UGPP ($10.500.000). En el mismo
archivo digital se registró en la casilla «AZ» que corresponde a «Aporte Pagado
(Recurso de Reconsideración)», que la sociedad pagó la suma de $1.80050, lo que da
lugar a un ajuste en cuantía de $52.800 (diferencia entre el valor liquidado y el
pagado). Pese a lo anterior, la entidad lo determinó en cuantía de $53.000, que
excede el ajuste procedente.

En conclusión, prospera el cargo de apelación, pues respecto de la trabajadora
Adriana María Mejía Serna, se demostró que la UGPP no tuvo en cuenta la totalidad
de los pagos realizados por la sociedad aportante, y en relación con el trabajador
Jaime Alberto Jaramillo Machado se evidencia que el ajuste practicado excede el
monto que corresponde, por lo que es del caso ordenarle a la entidad que revise
todos los subsistemas y períodos del año 2013 respecto de los trabajadores que

48
Artículo 20 de la Ley 100 de 1993.
49
En la casilla número de radicación se indica: 89901161.
50
$350.000 X 0,52% = $1.820 (aproximado $1.800).
24

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devengaron salario integral y que fueron objeto de fiscalización, debiendo constatar
los pagos realizados en la planilla PILA nro. 81210661 .

6. Valoración de las planillas nros. 81210661 y 83258985 por los periodos de
marzo y abril de 2013, respectivamente. Conducta de mora

La demandante en el recurso de apelación sostuvo que «se reprocha es el hecho de
que las planillas en cuestión en realidad no se consideraron para los efectos de la liquidación
oficial pues los valores calculados en ningún momento se modificaron a pesar de haberse
acreditado el pago, es más, aún persisten diferencias respecto de los aportes reclamados,
independientemente si la discusión se centra o no en el IBC»51 [Se destaca].

Como se analizó en el anterior cargo, la UGPP omitió tener en cuenta la totalidad de
los pagos de la trabajadora Adriana María Mejía Serna, pues solo aplicó el registrado
en una línea (línea 1, fila nro. 60), razón por la cual, a partir de dicha inconsistencia,
es del caso ordenarle a la entidad que verifique las planillas PILA nros. 81210661 y
83258985 y, de constatar la falta de aplicación de algún pago, proceda a eliminarlo de
la liquidación oficial.

7. Límite máximo de cotización al sistema de seguridad social integral (25
SMMLV)

Los límites de la base de cotización al sistema de seguridad social integral están
regulados en el artículo 5 de la Ley 797 de 200352 (modificatorio del artículo 18 de la
Ley 100 de 1993) y en el artículo 3 del Decreto Reglamentario 510 de 2003, norma
que establece que «la base de cotización del Sistema General de Pensiones será como
mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de
Seguridad Social en Salud […]» [Resalta la Sala].

Dichos límites también se hacen extensivos a la base de cotización del sistema de
riesgos laborales en virtud del artículo 17 del Decreto 1295 de 1994 53, que prevé que
«la base para calcular las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, es la
misma determinada para el Sistema General de Pensiones, establecida en los artículos 18 y
19 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios».

Del contenido de las normas se extrae que, la base de cotización al sistema de
seguridad social integral (salud, pensión y ARL) corresponderá, como mínimo, al valor
equivalente de un (1) SMMLV y máximo a veinticinco (25) SMMLV, sin atender a la
proporcionalidad entre el monto y los días efectivamente laborados, pues esa no fue
la intención del legislador.

Sobre las cotizaciones en las que el IBC corresponda al límite de 25 SMMML, la
Sección ha expuesto lo siguiente54:

51
Página 6 del recurso de apelación del demandante.
52
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
53
«Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales».
54
Sentencia del 2 de octubre de 2019, exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
25

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

«2.3.1. De lo consagrado en el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 18 de
la Ley 100 de 1993, y 3° de su Decreto Reglamentario 510 de 2003, que establecen el límite
máximo de cotización para salud y pensión en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
no se desprende que esa cotización deba hacerse de manera proporcional a los días laborados
en cada mes […]».

En ese contexto, la Sala considera que le asiste razón al a quo al señalar que «la
norma no contempló expresamente reciprocidad alguna entre los días laborados para tomar
el salario base de cotización, de manera que el IBC deberá corresponder, en todo caso, a la
nómina mensual de salarios, como lo reflejó la entidad demandada en los actos acusados; en
todo caso, la base mínima de cotización de aportes no podrá ser inferior a 1 SMLMV»55.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el apoderado de la parte actora, cuando el
IBC a tener en cuenta corresponda al tope legal de 25 SMMLV, este no se ve alterado
por el hecho que el trabajador haya laborado menos de los treinta (30) días del mes,
razón por la cual, el cálculo realizado en forma proporcional por la demandante, es
improcedente, por lo que se confirmará lo resuelto por el tribunal, en tanto que son
procedentes los ajustes determinados por la UGPP en los actos demandados por
este concepto. No prospera el recurso de apelación.

En conclusión, se revocará la sentencia apelada, en tanto prosperó parcialmente el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

En su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados,
pero por las razones expuestas en esta providencia y, a título de restablecimiento del
derecho se le ordenará a la UGPP que practique liquidación en la que: (i) elimine los
ajustes de los períodos declarados en firme (año 2011), (ii) elimine los mayores
valores determinados por inexactitud al incluir en el IBC los pagos no constitutivos de
salario (gastos operativos y aportes voluntarios a pensión), (iii) revise todos los
subsistemas y períodos del año 2013 respecto de los trabajadores que devengaron
salario integral y que fueron objeto de fiscalización, (iv) verifique las planillas PILA
nros. 81210661 y 83258985 y de constatar la falta de aplicación de algún pago,
proceda a eliminarlo de la liquidación oficial, incluido el relacionado con la trabajadora
Adriana María Mejía Serna y (v) disminuya la sanción por inexactitud de forma
proporcional a los aportes.

De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

55
Página 47 de la sentencia de primera instancia.
26

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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01886-01 [26741]
Demandante: Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, la cual queda así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO 349 del 30
de abril de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP contra Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los
periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013 y, sancionó por inexactitud por el periodo
2013 y, de la Resolución nro. RDC 231 del 12 de mayo de 2016, por la que la Dirección
de Parafiscales de la mencionada entidad resolvió el recurso de reconsideración, en el
sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes y la sanción por
inexactitud.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP realizar
liquidación en la que: (i) elimine los ajustes de los períodos declarados en firme (año
2011), (ii) elimine los mayores valores determinados por inexactitud al incluir en el IBC
los pagos no constitutivos de salario (gastos operativos y aportes voluntarios a pensión),
(iii) revise todos los subsistemas y períodos del año 2013 respecto de los trabajadores
que devengaron salario integral y que fueron objeto de fiscalización, (iv) verifique las
planillas PILA nros. 81210661 y 83258985 y de constatar la falta de aplicación de algún
pago, proceda a eliminarlo de la liquidación oficial, incluido el relacionado con la
trabajadora Adriana María Mejía Serna y (v) disminuya la sanción por inexactitud de
forma proporcional a los aportes.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

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