Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01893-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-01893-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2016-01893-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
21 de mayo de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01893-02 (26531)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2016-01893-02 (26531)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Demandada: UGPP y otros1
Temas: Cuotas partes pensionales. Legitimación UGPP. Prescripción
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la
UGPP2 contra la sentencia del 29 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B3, que resolvió4:
Primero: Declárase como sucesor procesal de la extinta CAJANAL EICE en liquidación a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP de conformidad con las razones de la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Declárase inhibida esta Sala para resolver de fondo la petición de nulidad frente a los
actos demandados en lo que atañe a las cuotas partes de los 78 jubilados propios de la Alcaldía
Distrital de Cartagena de Indias de acuerdo con las razones señaladas en la considerativa.
Tercero: Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones nros. 2266 de 14 de diciembre de 2012
y 3325 de 19 de marzo de 2013 en lo que atañe al crédito frente a los 17 pensionados reconocido
a la extinta Empresa de Servicios Públicos de Cartagena de Indias (Alcaldía Distrital de Cartagena
de Indias Anexo nro. 142) y la nulidad total de las Resoluciones nros. 3340 de 19 de marzo de
2013 y 3867 de 17 de abril de 2013, emitidas por el liquidador de Cajanal EICE en Liquidación, por
las razones expuestas en la motiva de la presente providencia.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP emitir un nuevo acto
administrativo en el que se determine el valor adeudado a la Alcaldía Distrital de Cartagena de
Indias debidamente actualizado, partiendo de la base de la existencia del saldo a favor reconocido
en el Acuerdo de Pago por Compensación o Cruce de Cuentas suscrito el 15 de agosto de 2008
por las extintas Cajanal y Empresa de Servicios Públicos de Cartagena de Indias por valor de
novecientos siete millones doscientos cuarenta y nueve mil ochenta pesos ($907.249.080). El pago
de la suma determinada en la anterior liquidación se efectuará a través del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional Fopep, en virtud de lo explicado en la considerativa.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012, el liquidador de la Caja
1
La demanda tambén se dirigió contra La Nación – Cajanal EICE en liquidación -hoy extinta-, Patrimonio Autónomo de Cajanal EICE
en liquidacion - Fiduagraria SA, Ministerio del Trabajo – Fopep, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, pero como se analizará
más adelante, la UGPP es la sucesora procesal de la extinta Cajanal y legitimada en la causa por pasiva en asuntos como el presente.
2
El Ministerio del Trabajo también interpuso recurso de apelación; sin embargo, en la sentencia de primera instancia el tribunal se
abstuvo de pronunciarse sobre los argumentos, entre otras entidades, del Ministerio del Trabajo al establecer que la UGPP actúa
como sustituta procesal respecto de las obligaciones misionales a cargo de la extinta Cajanal, criterio que ha sido expuesto de manera
pacífica y reiterada por esta Sección en asuntos similares, como se analizará más adelante.
3
Ingresó al despacho para fallo el 19 de febrero de 2025. Se advierte que la demanda se presentó el 17 de octubre de 2013 ante la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitida por competencia a la Sección Cuarta del mismo tribunal,
mediante auto del 26 de mayo de 2016. Samai CE, índice 2.
4
Samai tribunal, índice 36.
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1
Radicado: 25000-23-37-000-2016-01893-02 (26531)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en liquidación -hoy liquidada-5, entre otras
decisiones, rechazó algunas de las reclamaciones por concepto de recobro de cuotas
partes pensionales presentadas oportunamente por la Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias6 -entre otras entidades acreedoras-, con fundamento en la falta de documentos que
conforman el título ejecutivo y en la prescripción7. Decisión contra la cual la citada alcaldía
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 3325 del 19
de marzo de 2013, en el sentido de: (i) rechazar de plano el recurso respecto de los
créditos correspondientes a la alcaldía8 y (ii) modificar el acto recurrido en relación con
los trámites relacionados con la extinta Empresa de Servicios Públicos de Cartagena,
ajustando el valor total a reconocer por concepto de recobro de cuotas partes pensionales
a la suma de $1.103.012.758,769.
Posteriormente, mediante la Resolución 3340 del 19 de marzo de 2013, el liquidador
de la entonces Cajanal EICE en liquidación declaró unilateralmente la compensación de
obligaciones recíprocas entre dicha entidad y el Distrito de Cartagena, lo que arrojó un
saldo a favor de la actora por $458.983.136,2810. Esta decisión fue confirmada por la
Resolución 3867 del 17 de abril de 2013, al resolver el recurso de reposición.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA, la demandante formuló las siguientes pretensiones11:
Primera. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones que
seguidamente se enlistan, en lo que respecta al Distrito de Cartagena de Indias y a la extinta
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, las cuales fueron expedidas por el
liquidador de Cajanal EICE en Liquidación, en tanto vulneran la normatividad relativa al recobro de
cuotas partes pensionales e incurren en los vicios que se describen en el concepto de violación de
esta demanda.
5
Entidad que fue suprimida y liquidada por el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009, que ordenó el inicio del proceso liquidatorio. El
término de dicho procedimiento fue prorrogado en varias oportunidades, la última de ellas dispuesta en el Decreto 877 del 30 de abril
de 2013, culminado definitivamente con la extinción de la entidad el 12 de junio de 2013. Las funciones relativas al reconocimiento,
administración y cobro de obligaciones pensionales, incluidas las cuotas partes, fueron asignadas a la UGPP, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 169 del 23 de enero de 2008, modificado por el Decreto 575 del 22 de marzo de 2013. 6
En la subsanación de la demanda se observa un cuadro de respuesta a las causales de rechazo del recobro de cuotas partes
pensionales reclamadas ante Cajanal en liquidación. Se relaciona un total de 95 pensionados; al confrontar este listado con el anexo
142, que hace parte integral del acto demandado -en este se relacionan 96 pensionados-, se constata que la discusión se
circunscribe a 17 pensionados de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena (ítems: 2, 7, 9, 10, 13, 21,
22, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 59, 78 y 84 del anexo). Los 78 restantes corresponden a la Alcaldía, con excepción de Zoila Toribia
Sierra de Morales -ítem 96 del anexo-, respecto de quien no se aludió en la demanda y su reforma, por lo que su caso no será objeto
de pronunciamiento en este proceso. En relación con la extinta empresa de servicios públicos, está probado que con el Decreto 0884
del 10 de noviembre de 2008, el Distrito de Cartagena asumió las responsabilidades y funciones atinentes al reconocimiento, pago,
revisiones, liquidaciones, reliquidaciones, reajustes, requerimientos, solicitudes, respuestas y demás que las normas aplicables
establezcan, respecto de todos los extrabajadores y/o pensionados de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena. 7
En el anexo 142 de dicho acto -Relación del Resultado de Calificación- se relacionan 96 pensionados, tanto de la extinta Empresa
de Servicios Públicos de Cartagena como de la Alcaldía Mayor de Cartagena. El valor total reclamado fue de $16.026.502.535,59, el
valor total a reconocer de $1.099.476.996,97 y valor total objetado de $14.927.025.536,62. Están incluidas las reclamaciones por
pensionados de la extinta ESP Distrital de Cartagena, que fueron asumidas por el Distrito de Cartagena -hoy demandante-. El rechazo
obedeció a una o varias causales, y se relacionan con: (i) documentos que conforman el título ejecutivo complejo: 1.2 no aportó
copia del acto administrativo de reconocimiento de la prestación económica debidamente notificado y ejecutoriado donde se determinó
la cuota parte pensional a cargo de Cajanal EICE hoy en liquidación (D. 2921 de 1948, arts. 3 y 4); 1.3 no se aportó copia del oficio
de consulta de la cuota parte con constancia de recibido por parte de Cajanal EICE hoy en liquidación, en caso de silencio (D. 2921
de 1948, art. 2); 1.4 no aportó copia del oficio o acto administrativo mediante el cual Cajanal EICE objetó o aceptó la cuota parte
pensional (D. 2921 de 1948, art. 3); 1.5 no aportó copia de la comunicación del acto administrativo de reconocimiento de la prestación
económica a Cajanal EICE hoy en liquidación (D. 2921 de 1948, art. 4 parágrafo); y 1.6 no aportó comprobante de haber efectuado
el pago de las mesadas pensionales al beneficiario de las mismas (D. 2921 de 1948, art. 9), y (ii) causales generales de rechazo: 2.1
el reclamante no acreditó ser la persona legitimada en la causa para reclamar; 2.2 Cajanal EICE en liquidación no es el sujeto pasivo
de la obligación; y 2.4 el derecho de recobro de cuotas partes pensionales se extinguió por prescripción, por no haberse exigido su
cumplimiento en el plazo que establece la ley aplicable para el efecto. 8
Recurso interpuesto por la Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena.
9
$985.597.367,90 corresponden a capital y 117.415.390.87 a intereses. Cfr. el anexo 142, que hace parte integral de la decisión. 10
De los $1.103.012.758,76 restaron $644.029.622,49 -deuda de la Alcaldía con Cajanal-, que arroja el saldo a favor de la
demandante. 11
Demanda integrada. Samai CE, índice 2.
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-01893-02 (26531)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Actos administrativos acusados:
i) La Resolución No. 2266 del 14 de diciembre de 2012, por la cual el liquidador de Cajanal EICE en
Liquidación, decide sobre la aceptación o rechazo de las reclamaciones oportunas presentadas por
concepto de recobro de cuotas partes pensionales.
ii) La Resolución No. 3325 del 19 de marzo de 2013, por la cual el liquidador de Cajanal EICE en
Liquidación, decide el recurso de reposición presentado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
en contra de la Resolución No. 2266 de 2012.
iii) La Resolución No. 3340 del 19 de marzo de 2013, por la cual el liquidador de Cajanal EICE en
Liquidación, declara la compensación de obligaciones recíprocas de cuotas partes pensionales con
la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
iv) La Resolución No. 3867 del 17 de abril de 2013, por la cual el liquidador de Cajanal EICE en
Liquidación, resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 3340 del 19 de
marzo de 2013 por medio de la cual declara la compensación de obligaciones recíprocas de cuotas
partes pensionales con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
Segunda. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a las entidades
accionadas de forma solidaria, conjunta, o de forma individual, conforme a su competencia, al
reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales a favor del Distrito de Cartagena, por la
suma aproximada de catorce mil novecientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y nueve mil
setecientos setenta y seis pesos con ochenta y tres centavos ($14.923.489.776,83),
correspondientes a las cuotas partes pensionales a favor del Distrito de Cartagena de Indias y de la
extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, con sus respectivos intereses, valor
del cálculo actuarial y ajustes de valor, o del valor que se logre probar al interior del proceso por
concepto de perjuicios materiales, a título de daño emergente y lucro cesante (pasado y futuro). Así
mismo, el reconocimiento de las cuotas partes pensionales futuras que se sigan causando en su
favor, en donde hubiese sido concurrente la extinta Cajanal EICE y hasta la extinción de la
concurrencia.
Tercera. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del nuevo CPACA.
Cuarta. Que se condene al demandado, al pago de las costas y agencias en derecho, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes al momento de proferirse sentencia que ponga fin al presente
proceso.
Invocó como vulnerados los artículos 29, 53, 58, 83 y 84 de la CP (Constitución Política);
3 (num. 4 y 7) de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); 3 de la Ley 489 de 1998 y 818 del ET
(Estatuto Tributario), bajo el siguiente concepto de violación12.
En cuanto al rechazo de las reclamaciones por concepto de recobro de cuotas partes
pensionales, presentadas oportunamente en el proceso liquidatorio de Cajanal, adujo
vicios comunes respecto de los dos grupos de pensionados, los de la Alcaldía Mayor de
Cartagena -78 pensionados- y los de la extinta Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena -17 pensionados-.
De manera preliminar, cuestionó el rechazo del recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución 2266 de 2012, respecto de los créditos de la Alcaldía, por la supuesta falta
de acreditación de las facultades de quien lo presentó, derivada de la omisión del decreto
de delegación, pese a que dicho documento obraba en el expediente administrativo13, lo
que configura vulneración del debido proceso y del derecho de defensa al carecer de
sustento jurídico.
12
Samai CE, índice 2.
13
Expuso que el director administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena goza de facultades legales y
estatutarias para presentar el recurso en cuestión. Citó el Acuerdo 041 de 2004 y los Decretos 0884 de 2008; 0101, 0102 176, 0228
y 1258 de 2009; y 0643 de 2010, expedidos por la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena.
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Como cargos comunes de nulidad de los actos administrativos que resolvieron las
reclamaciones por concepto de recobro de cuotas partes pensionales -Resoluciones 2266
de 2012 y 3325 de 2013-, alegó la vulneración del debido proceso y la falsa motivación, por
la exigencia de requisitos y documentos no previstos en la ley e innecesarios para el
recobro de las cuotas partes pensionales -a su juicio, solo se requería la resolución de
reconocimiento de la pensión-, la omisión e indebida valoración probatoria y el
desconocimiento de la presunción de legalidad de los actos de reconocimiento pensional;
igualmente, cuestionó la aplicación retroactiva de la Ley 1066 de 2006 respecto de la
prescripción de las cuotas partes pensionales -a su juicio, antes de dicha norma no se contaba
con disposición legal que estableciera la aplicación de la prescripción del derecho al recobro de cuotas
partes pensionales-, así como la falta de competencia del liquidador para rechazar u objetar
las cuotas partes pensionales, aplicar la prescripción, que considera, se interrumpió con
el acta de cruce de cuentas, las cuentas de cobro y la notificación del mandamiento de
pago, y adicionalmente, negar el reconocimiento de intereses de mora, que proceden en
virtud de la ley. En particular, en relación con los 17 pensionados de la extinta Empresa
de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, además sostuvo que el rechazo de las
reclamaciones vulneró el debido proceso, como manifestación del principio de legalidad,
al desconocer obligaciones previamente aceptadas por Cajanal en actuaciones
administrativas anteriores, en especial, mediante acuerdos de pago y compensación del
15 de agosto de 2008, que habían sido objeto de depuración, aceptación y gestión de
pago antes del inicio del proceso liquidatorio, con desconocimiento de los principios de
buena fe, confianza legítima y respeto de los propios actos.
Finalmente, para ambos grupos de pensionados, se refirió a la compensación de
obligaciones declarada por Cajanal -Resoluciones 3340 y 3867 de 2013-, por cuanto, según se
expuso en sede administrativa, se efectuó de manera unilateral, pese a que las
acreencias se encontraban objetadas, lo que desconoció el debido proceso y las reglas
del proceso liquidatorio, en particular, el principio de igualdad entre acreedores 14.
Contestación de la demanda15
La UGPP16 se opuso a las pretensiones de la demanda. Expuso que no es competente
para asumir el pago de cuotas partes pensionales causadas antes del traslado de
funciones de Cajanal, por tratarse de obligaciones de naturaleza financiera y crediticia.
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 3056 de 2013, estas deben ser atendidas por el
ministerio al que estaba adscrita la entidad empleadora o por la entidad que las venía
gestionando. Indicó que, conforme a la Ley 1151 de 2007 y los Decretos 169 de 2008 y
575 de 2013, su función se limita al reconocimiento y administración de derechos
pensionales, no a pasivos previos. En consecuencia, dichas obligaciones deben ser
asumidas dentro del proceso de liquidación de Cajanal o por las entidades
correspondientes, incluso mediante patrimonio autónomo -Dto. 1222 de 2013-. Propuso las
excepciones de prescripción; buena fe en su actuación; falta de legitimación en la causa
por pasiva; e inepta demanda por falta de requisitos de procedibilidad, por no interponerse
el recurso de apelación17.
14
Cfr. los hechos 31, 32 y 33 de la subsanación de la demanda.
15
En la sentencia apelada, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre los argumentos de los ministerios del Trabajo, de Hacienda,
y de Salud y Protección Social, así como de Fiduagraria, al considerar que la UGPP actúa como sustituta procesal respecto de las
obligaciones misionales a cargo de la extinta Cajanal. En consecuencia, en la presente providencia no se aludirá a tales
intervenciones.
16
Samai CE, índice 2.
17
En la audiencia inicial celebrada el 21 de noviembre de 2017, el tribunal declaró no probadas las excepciones de inepta demanda
-indicó que no era exigible el recurso de apelación, pues el único procedente era el interpuesto, de reposición- y de falta de legitimación
en la causa por pasiva -expuso que pese a que no profirió los actos demandados, la UGPP podía tener interés directo en lo decidido
en el proceso, así como también asistirle responsabilidad dentro del mismo-.
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Sentencia apelada
El tribunal se inhibió de resolver de fondo la pretensión de nulidad respecto de los actos
demandados en lo relacionado con las cuotas partes pensionales de los 78 pensionados
de la Alcaldía Distrital de Cartagena, por haber operado la caducidad del medio de
control. A su vez, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 2266 de 2012 y 3325 de
2013, en lo que respecta a los 17 pensionados de la extinta Empresa de Servicios
Públicos de Cartagena, y la nulidad total de las Resoluciones 3340 y 3867, ambas de
2013. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP emitir
un nuevo acto administrativo en el que determine el valor adeudado a la demandante,
debidamente actualizado, teniendo en cuenta el saldo a favor reconocido en el acuerdo
de pago por compensación o cruce de cuentas suscrito el 15 de agosto de 2008 entre la
extinta Cajanal y la referida empresa de servicios públicos, por $907.249.080, cuyo pago
deberá efectuarse a través del Fopep18. No se pronunció sobre costas.
Verificó que, respecto de los 78 pensionados de la Alcaldía, se interpuso recurso de
reposición contra la Resolución 2266 de 2012, el cual fue rechazado de plano por el
liquidador de Cajanal mediante la Resolución 3325 del 19 de marzo de 2013 -artículo
primero-, por incumplir los requisitos legales, lo que implica tenerlo como no presentado.
En consecuencia, dicho recurso no suspendió el término de caducidad, el cual debía
computarse desde la notificación del acto inicial -17 de diciembre de 2012-, sin que lo
interrumpiera la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada el «17» de julio de 2013,
cuando ya había caducado la posibilidad de cuestionar el rechazo de las 78
reclamaciones19. Por ello, la demanda presentada el «17 de septiembre de 2013»20, frente a
dicha reclamación, fue extemporánea. Indicó, además, que no se controvirtió el rechazo
del recurso, por lo que esa decisión quedó en firme 21.
En cuanto a las cuotas partes correspondientes a 17 pensionados de la extinta Empresa
de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, encontró que existía un acuerdo de pago
por compensación o cruce de cuentas de cuotas partes pensionales -suscrito el 15 de agosto
de 2008 entre dicha entidad y Cajanal, mediante el cual se establecieron obligaciones recíprocas y se
determinó un saldo a favor de la empresa por $907.249.080,81 22, con corte a 30 de junio de 2008-. Ese
acuerdo, suscrito por representantes competentes y no declarado nulo, constituye un
título ejecutivo, al contener una obligación clara, expresa y exigible. No obstante,
mediante la Resolución 2266 de 2012 -acto demandado-, el liquidador de Cajanal rechazó
parcialmente la reclamación alegando prescripción, desconociendo el citado acuerdo y
exigiendo requisitos adicionales, lo cual resulta improcedente, pues carecía de
competencia para desconocer un acuerdo válido en el que sus intervinientes adquirieron
derechos y obligaciones recíprocas mediante el cruce de cuentas y fue presentado
oportunamente en el proceso liquidatorio de la entidad. Si el liquidador no estaba de
acuerdo con ese convenio, lo procedente era acudir ante la jurisdicción para impugnarlo.
La prescripción, a su juicio y en los términos de la Ley 1066 de 2006, debía contabilizarse
desde la fecha del acuerdo -15 de agosto de 2008-, término interrumpido con la declaración
oficial de liquidación forzosa de Cajanal -12 de junio de 2009-. En ese contexto, concluyó
que la prescripción no operó, con lo cual se probó que el liquidador excedió su
18
Samai CE, índice 2. Artículo 130 de la Ley 100 de 1993. Cuenta de la Nación, adscrita al Ministerio del Trabajo.
19
La solicitud fue presentada por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias ante la Procuraduría General de la Nación el
19 de julio de 2013, en relación con los actos demandados en este proceso y con la misma pretensión de restablecimiento del derecho,
consistente en el reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales a favor del citado distrito por la suma de $14.923.489.776.83.
20
La demanda se presentó el 17 de octubre de 2013 ante la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
21
En la demanda sí se cuestionó el artículo primero de la Resolución 3325 del 19 de marzo de 2013, que dispuso el rechazo de plano
del recurso de reposición interpuesto por la Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena,
respecto de los créditos correspondientes a la Alcaldía de Cartagena, como se reseñó en el acápite demanda de esta providencia.
22
Cajanal aceptó 17 cuotas partes pensionales contenidas en las liquidaciones individuales con DTF con corte a 30 de junio de 2008.
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Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
competencia al desconocer el citado acuerdo, vulnerando los derechos de la acreedora
y por ello procedía la nulidad parcial de las Resoluciones 2266 de 2012 y 3325 de 2013.
Sobre las Resoluciones 3340 y 3867 de 2013, con las que el liquidador -unilateralmente-
declaró la compensación de obligaciones recíprocas por concepto de cuotas partes
pensionales y fijó un saldo a favor de la Alcaldía por $458.983.136.2823, concluyó que
procedía su nulidad, por cuanto desconocieron la suma total aceptada por Cajanal en el
acuerdo de compensación suscrito en 2008, el cual es válido y fue presentado
oportunamente como soporte de la reclamación dentro del proceso liquidatorio. Tal
actuación implicó la vulneración del debido proceso, así como de los principios de buena
fe y confianza legítima.
Finalmente, en cuanto a la entidad responsable del cumplimiento del fallo, determinó que
la UGPP es la sucesora procesal de Cajanal -art. 2 Dto. 2040 de 2011- y, por ello, debe asumir
la representación judicial, como el cumplimiento de las condenas derivadas de los
procesos. Precisó que Fiduagraria no ostenta dicha calidad, debido a la extinción del
contrato de fiducia -15 de diciembre de 2018-, y que, en todo caso, el pago de las obligaciones
deberá efectuarse a través del Fopep -arts. 1 y 2 Dto. 1222 de 2013-. Se abstuvo de
pronunciarse sobre los argumentos de los ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito
Público, y de Salud y Protección Social, así como de Fiduagraria, al reiterar que la UGPP
actúa como sustituta procesal respecto de las obligaciones misionales a cargo de la
extinta Cajanal.
Recursos de apelación24
El Distrito de Cartagena -demandante- apeló la decisión de primera instancia25 y solicitó
revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada, estudiar de fondo la petición de
nulidad respecto de los 78 pensionados de la Alcaldía de Cartagena y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Expuso que, contrario a lo señalado por el
tribunal, en la demanda y su reforma se cuestionó el rechazo del recurso de reposición
por violación del debido proceso y el derecho a la defensa, que dicho recurso fue
presentado en debida forma por la Directora Administrativa del Fondo Territorial del
Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena, en ejercicio de sus funciones, y que
Cajanal actuó en contravía del Decreto Ley 19 de 2012 al exigir documentos que ya
reposaban en la entidad, configurando así una actuación irregular.
La UGPP apeló la decisión de primera instancia26 y solicitó revocar los ordinales tercero
y cuarto del fallo -declaración de nulidad de los actos demandados y el restablecimiento del derecho-
y, en su lugar, acceder a las excepciones propuestas27 y absolverlo de toda obligación.
Sostuvo que no sustituyó jurídicamente a Cajanal y que su competencia se limita al
reconocimiento y administración de derechos pensionales 28, excluyendo las cuotas
partes pensionales causadas con anterioridad al 08 de noviembre de 2011 -fecha de entrega
23
Tuvo en cuenta la suma de $1.103.012.758 reconocido en la Resolución 2266 de 2012 y la compensó con lo adeudado por la
demandante $644.029.622.
24
El Ministerio del Trabajo también interpuso recurso de apelación; sin embargo, como se reseñó, en la sentencia de primera instancia
el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre los argumentos de los ministerios del Trabajo, de Hacienda y de Salud, así como de
Fiduagraria, al establecer que la UGPP actúa como sustituta procesal respecto de las obligaciones misionales a cargo de la extinta
Cajanal, criterio que ha sido expuesto de manera pacífica y reiterada por esta Sección en asuntos análogos, como se analizará más
adelante, por esa razón, en la presente providencia no se aludirá a tal intervención al carecer de legitimación en la causa por pasiva.
25
Samai tribunal, índice 42.
26
Samai tribunal, índice 40.
27
Como se reseñó, propuso como excepciones la prescripción; buena fe en su actuación -frente a esto no se pronunció el tribunal-;
falta de legitimación en la causa por pasiva; e inepta demanda por falta de requisito de procedibilidad, por no interponerse el recurso
de apelación -sobre los que se pronunció el tribunal-.
28
Citó los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 1 del Decreto 169 de 2008 y 2 del Decreto 575 de 2013.
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de funciones, art. 1 num. 1, Dto. 4269 de 201129-, por tratarse de obligaciones de naturaleza
financiera y crediticia que deben ser asumidas por la entidad que venía gestionándolas o
por el ministerio al que estaba adscrita la entidad empleadora, conforme al artículo 8 del
Decreto 3056 de 2013.
Que, a su modo de ver, con la orden de liquidación de Cajanal, todas las obligaciones a
plazo -incluidas las cuotas partes pensionales futuras-, se hicieron exigibles, por lo que deberían
ser reclamadas integralmente dentro del proceso, de conformidad con el literal b del
artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y lo previsto en la Resolución
2266 de 2012 -citó los artículos sexagésimo y sexagésimo primero de dicho acto-, so pena de
preclusión. En ese contexto, a su juicio, la sentencia apelada vulnera el principio de
igualdad -que rige el proceso de liquidación- al permitir el reconocimiento de cuotas partes
pensionales no reclamadas oportunamente, otorgando un trato preferente a un acreedor
que no cumplió con la carga de concurrir al proceso liquidatorio, en detrimento de aquellos
que sí lo hicieron en tiempo y se sometieron a las reglas de prelación y distribución
concursal. En consecuencia, concluyó que dichas acreencias no pueden ser exigidas con
posterioridad ni dentro ni fuera del proceso liquidatorio.
Pronunciamientos finales30
Las partes -demandante y UGPP- y el ministerio público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo a los cargos de apelación
formulados por la parte demandante y la UGPP, contra la sentencia que se inhibió de
resolver de fondo la pretensión de nulidad respecto de los actos acusados, en lo
relacionado con las cuotas partes pensionales de 78 pensionados de la Alcaldía de
Cartagena, por haber operado la caducidad del medio de control, y que, a su vez, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En concreto, se debe determinar: (i) la legitimación en la causa por pasiva de la UGPP;
(ii) si era procedente el rechazo de plano del recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 2266 de 2012 y, en consecuencia, si operó la caducidad del medio de control
respecto de tal acto frente a la Alcaldía de Cartagena, o si, por el contrario, se debía emitir
un pronunciamiento de fondo; y (iii) de proceder el estudio de fondo, se deberá decidir si
en relación con los 78 pensionados de la Alcaldía de Cartagena, los actos demandados
están viciados de nulidad por los cargos formulados por la actora, o si se ajustan al
ordenamiento jurídico. Frente a los 17 pensionados de la extinta ESP de Cartagena la
UGPP no formuló reparo concreto sobre lo decidido por el a quo, como se verá adelante.
El estudio se circunscribirá a las cuotas partes pensionales analizadas en los actos
administrativos demandados, sin extenderse a las cuotas partes pensionales futuras a
las que aludió la UGPP en el recurso de apelación. Ello, por cuanto este aspecto no hizo
parte del fundamento de los actos enjuiciados ni del debate jurídico planteado en la
29
Establece que estarán a cargo de la UGPP las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas a partir del 08 de noviembre de 2011, las radicadas con anterioridad, le corresponden a Cajanal en Liquidación.
30
El Ministerio de Salud se pronunció sobre el recurso de apelación de la UGPP. No obstante, como se indicó previamente, el tribunal
concluyó que esa Unidad actúa como sustituta procesal de la extinta Cajanal respecto de sus obligaciones misionales, criterio reiterado
por esta Sección. Por ello, no se analizará dicha intervención, pues el ministerio carece de legitimación en la causa por pasiva frente
a las pretensiones debatidas.
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demanda -aun cuando se hubiere mencionado en las pretensiones-, razón por la cual tampoco fue
incluido en la orden impartida por el tribunal, aspecto que no fue objeto de apelación por
la parte actora. En ese sentido, se destaca que el control de legalidad de los actos
administrativos se encuentra delimitado por su contenido, teniendo en cuenta que, como
lo ha reiterado esta Sección, el acto es -en sí mismo- el objeto y límite del control de
legalidad que ejerce la jurisdicción31.
De forma preliminar, se precisa que en la sentencia apelada el tribunal consideró que «de
conformidad con el análisis realizado a los extremos del litigio, (…) se releva de pronunciarse respecto de
los cargos propuestos por los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Crédito Público y Salud y Protección
Social, así como por Fiduagraria, al establecerse la condición de sustituta procesal de la UGPP por las
obligaciones misionales a cargo de la extinta Cajanal». Dicha circunstancia impone un
pronunciamiento previo, a fin de reiterar que, tratándose del medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho, únicamente está legitimada para comparecer como parte
demandada la autoridad administrativa que haya expedido y suscrito el acto o los actos
administrativos demandados32.
En el caso concreto, dicha condición recaía inicialmente en el liquidador de la extinta
Cajanal. No obstante, conforme al artículo 156 de la Ley 1151 de 2007-mediante la cual se
creó la UGPP- y a las normas que regularon su liquidación, la UGPP asumió las funciones
misionales y los pasivos pensionales de esa entidad. Distinta es la situación de los
ministerios vinculados a esta actuación -Salud y Protección Social, Hacienda y del Trabajo- y de
Fiduagraria, pues no asumieron por disposición legal la posición jurídica de Cajanal
respecto de las obligaciones derivadas del reconocimiento y administración de cuotas
partes pensionales, aspecto que, aunque no fue declarado expresamente por el tribunal,
sí quedó implícito al relevarse de analizar los argumentos formulados por dichas
entidades -lo que no fue cuestionado-. En consecuencia, conforme a lo expuesto, carecen de
legitimación en la causa por pasiva para intervenir en este asunto y controvertir la decisión
de primera instancia. Por ello, serán desvinculados de oficio de este proceso33.
Lo anterior releva a la Sala de estudiar los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio del Trabajo contra la sentencia de primera instancia.
Análisis del caso concreto
1- Legitimación en la causa por pasiva de la UGPP. En el recurso de apelación, la UGPP
sostuvo que no sustituyó jurídicamente a Cajanal y que su competencia se limita al
reconocimiento y administración de derechos pensionales, con exclusión de las cuotas
partes pensionales causadas con anterioridad al 08 de noviembre de 2011, por tratarse
de obligaciones de naturaleza financiera y crediticia a cargo de otras entidades.
31
Sentencia del 03 de abril de 2025 (exp. 26976, CP: Wilson Ramos Girón), que reiteró la sentencia del 07 de noviembre de 2024
(exp. 28639, CP: Wilson Ramos Girón)
32
Sentencia del 19 de febrero de 2026 (exp. 29920, CP: Wilson Ramos Girón), que reiteró la sentencia del 30 de marzo de 2023 (exp.
26785, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
33
En la sentencia del 14 de noviembre de 2024 (exp. 26225, CP: Wilson Ramos Girón) se precisó que, al encontrarse finalizado el
contrato de fiducia mercantil 20 del 07 de junio de 2013, no resultaba procedente vincular a Fiduagraria en calidad de demandada, en
tanto cesaron las funciones que le habían sido encomendadas en el marco del proceso liquidatorio de Cajanal. Posteriormente, en la
sentencia del 31 de octubre de 2025 (exp. 29621, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), se reiteró que, a diferencia de la
responsabilidad temporal atribuida a dicha fiduciaria, la UGPP asume una responsabilidad de carácter permanente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009. En consecuencia, es la UGPP
quien ostenta legitimación en la causa por pasiva en los procesos de recobro de cuotas partes pensionales reconocidas por
Cajanal con anterioridad al 08 de noviembre de 2011, sin que haya lugar a vincular a Fiduagraria en tales controversias. Igual
ocurre con los ministerios, pues como se reseñó, no son titulares de las obligaciones derivadas del reconocimiento y administración
de las cuotas partes pensionales, ni asumieron, por disposición legal, la posición jurídica de Cajanal frente a dichas acreencias,
función que fue atribuida de manera expresa a la UGPP, entidad que, por tanto, es la llamada a soportar las consecuencias jurídicas
derivadas de una eventual orden de restablecimiento del derecho. En ese sentido, cfr. la sentencia del 31 de octubre de 2025 (exp.
29621, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), proceso que en priemera instancia declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de los ministerios de Salud y Protección Social y, de Hacienda, así como de la fiduciaria; se declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la UGPP y, por el contrario, se le reconoció como sucesora misional y
procesal de la extinta Cajanal, razón por la cual fue a dicha entidad se le impartió la orden de restablecimiento del derecho.
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Al respecto, la Sala reitera, en lo pertinente, lo expuesto en la sentencia del 14 de
noviembre de 202434, proferida en un asunto con identidad fáctica y jurídica, en el que se
analizó el mismo acto acusado -Resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012-, oportunidad en
la cual se concluyó que la UGPP «es la sucesora procesal de la extinta Cajanal y está legitimada en
la causa por pasiva en lo que tiene que ver con el pago de las cuotas partes pensionales» . Además, se
precisó que si bien con el Decreto 4269 de 2011 se distribuyó de manera específica las
competencias entre Cajanal y la citada unidad (UGPP), a partir del 08 de noviembre de
2011, fecha para la cual aún se encontraba en liquidación la mencionada caja, «su
aplicación cesó al momento de liquidarse de manera definitiva la entidad, en la medida en que su extinción
jurídica privó de efectos a dichas disposiciones» 35, con lo cual, en este caso, no es posible utilizar
como límite temporal esa fecha para efectos de establecer la actual competencia de la
UGPP, pues a esa entidad «le corresponde (…) asumir integralmente las obligaciones de carácter
misional por ser una actuación propia de sus funciones -también derivadas de solicitudes radicadas antes
del 08 de noviembre de 2011-»36.
Lo anterior se refuerza con lo expuesto recientemente en la sentencia del 31 de octubre
de 202537, en la que la Sección reiteró que, a diferencia de la responsabilidad temporal
asignada a Fiduagraria, la UGPP asume una responsabilidad de carácter permanente,
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y el artículo 22 del
Decreto 2196 de 2009. En consecuencia, tiene legitimación en la causa por pasiva en el
recobro de las cuotas partes pensionales que fueron reconocidas por Cajanal antes del
08 de noviembre de 2011, razón por la cual el argumento de apelación no está llamado
a prosperar.
Finalmente, no es de recibo que se invoque el principio de buena fe como fundamento
para exonerarse de dicha responsabilidad -propuesto como excepción, sin pronunciamiento del
tribunal-, pues este no tiene la entidad suficiente para desconocer un mandato legal
expreso ni releva a la entidad del cumplimiento de obligaciones que le han sido asignadas
por el ordenamiento jurídico, menos aun cuando actúa como sucesora procesal de una
entidad extinguida.
2- Recurso de reposición frente a los 78 pensionados de la Alcaldía. El tribunal se inhibió
de resolver de fondo la pretensión de nulidad respecto de las cuotas partes pensionales
de 78 pensionados de la Alcaldía de Cartagena, por haber operado la caducidad del
medio de control -ordinal segundo-. Señaló que el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución 2266 de 2012 fue rechazado de plano, por lo que, al tenerlo por no
presentado, no suspendió la caducidad, que contabilizó desde el 17 de noviembre de
2012 -notificación del acto inicial- hasta el «17 de septiembre de 2013»38 -presentación de la demanda-
y que dicho rechazo no fue cuestionado, quedando en firme.
Inconforme con esa decisión, el Distrito de Cartagena apeló, al considerar que, contrario
a lo señalado por el a quo, en la demanda y su reforma sí se cuestionó el rechazo del
recurso de reposición por violación del debido proceso y el derecho a la defensa, que
dicho recurso fue presentado en debida forma por la Directora Administrativa del Fondo
Territorial del Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena, en ejercicio de sus
funciones, y que Cajanal actuó en contravía del Decreto Ley 19 de 2012 -esta norma no se
citó como vulnerada- al exigir documentos que ya reposaban en la entidad.
34
Exp. 26225, CP: Wilson Ramos Girón, demandante: Superintendencia de Sociedades, demandada: UGPP.
35
Cita de cita: Cfr. sentencia del 11 de mayo de 2022, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proceso 81046 (SL1732-
2022), M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
36
Sentencia del 21 de marzo de 2024 (exp. 27872, CP: Wilson Ramos Girón)
37
Exp. 29621, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
38
Como se reseñó, la demanda se presentó el 17 de octubre de 2013 ante la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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Se advierte que le asiste razón al Distrito de Cartagena, en tanto que, en la reforma a la
demanda -texto integrado- sí se cuestionó el rechazo del recurso de reposición interpuesto
por la Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena, en lo relacionado con las cuotas partes pensionales de 78 pensionados de la
Alcaldía de Cartagena, por lo que se procede a su estudio.
Así, se tiene que, en efecto, en la Resolución 3325 de 2013 -art. primero-, el liquidador de
Cajanal rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2266
de 2012 por la citada funcionaria39, porque, como consta en el mismo acto, si bien se
adjuntó copia del acta de posesión del 28 de diciembre de 2012, «carece del documento que
acredita el nombramiento» y no se adjuntó «el Decreto por medio del cual el Alcalde de la ciudad de
Cartagena delega en la Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena la
representación legal de la Alcaldía, en asuntos judiciales y administrativos»40.
Para la Sala, el rechazo de plano del recurso de reposición se fundó en una exigencia
formal que desconoce la valoración integral del expediente y el alcance probatorio de los
documentos públicos allegados. Ello, por cuanto la Directora Administrativa del Fondo
Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena, en ejercicio de sus funciones públicas,
acreditó su investidura mediante el acta de posesión en el cargo, documento en el cual
se dejó constancia expresa de su nombramiento a través del Decreto 1726 del 27 de
diciembre de 2012, el cual, además, obra en el expediente administrativo, aun cuando
hubiese sido aportado en actuación previa41. Razonar en sentido contrario implica
desconocer que el acceso y ejercicio de la función pública se estructura a partir del
nombramiento, como acto condición de designación, y de la posesión, como el hecho que
materializa dicha designación -art. 122 CP-42; de ahí que este último acto presuponga
necesariamente la existencia del primero. En consecuencia, el acta de posesión, en
cuanto documento público dotado de presunción de autenticidad y veracidad, no solo
acredita el ejercicio del cargo, sino que da cuenta del acto de designación que le sirve de
fundamento. A lo anterior se suma que en el expediente administrativo reposaba el
Acuerdo 041 del 31 de diciembre de 2004, por medio del cual el Concejo Distrital de
Cartagena de Indias creó el Fondo Territorial de Pensiones de ese Distrito -Fonpecar-43 y
dentro de otras funciones, le asignó la de solicitar y gestionar ante las entidades deudoras
de cuotas partes pensionales los valores correspondientes -art. 2.11-, lo que evidencia la
existencia de habilitación funcional suficiente para actuar en sede administrativa, en
concreto, para interponer el recurso de reposición contra la Resolución 2266 de 2012.
Por ello, exigir adicionalmente la aportación del acto de nombramiento y del decreto de
delegación, pese a encontrarse acreditadas tales circunstancias, desconoce la relación
funcional entre nombramiento y posesión, al paso que configura un formalismo excesivo
que impidió el estudio de fondo del recurso interpuesto, razón por la cual prospera el
cargo de apelación, en lo que a este aspecto se refiere, al configurarse la vulneración del
debido proceso y el derecho de defensa.
En consecuencia, procede declarar la nulidad del artículo primero de la Resolución 3325
del 19 de marzo de 2013, mediante la cual se rechazó de plano el recurso de reposición
interpuesto por la Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito
de Cartagena, respecto de los créditos correspondientes a la Alcaldía Mayor de
39
En la p. 68 del acto se indicó que el recurso fue oportuno, por lo que se procedió a verificar el cumplimiento del requisito de
representación legal de la alcaldía.
40
Cfr. p. 71 del acto.
41
Se adjuntó con la reclamación de cuotas partes pensionales.
42
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben.
43
Como Patrimonio Autónomo, sin personería jurídica, administrado por el Distrito de Cartagena de Indias, a través de una unidad
ejecutora de presupuesto, dependiente del Despacho del Alcalde, cuyos recursos serán entregados en administración mediante
encargo fiduciario.
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Cartagena de Indias.
Y en ese entendido, también se impone revocar el ordinal segundo de la sentencia
apelada, en cuanto el tribunal se declaró inhibido para resolver de fondo la pretensión de
nulidad frente de los actos demandados en relación con los 78 pensionados de la alcaldía,
toda vez que partió de tener por no presentado el recurso de reposición, lo que condujo
a que la contabilización del término de caducidad del medio de control se efectuara
erradamente a partir de la notificación del acto inicial -Resolución 2266 de 2012-, cuando,
conforme a lo expuesto, debía computarse desde el día siguiente a la notificación del acto
que rechazó el recurso. Como dicho acto se notificó el 20 de marzo de 2013, y el 19 de
julio del mismo año se presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación, la cual fue declarada fallida en audiencia celebrada el 16 de octubre
de 201344, la demanda presentada el 17 de octubre de 2013 resulta oportuna, por lo que
se procede al estudio de fondo en relación con los citados pensionados.
3- Recobro de cuotas partes pensionales. Respecto de la legalidad de la Resolución 2266
del 14 de diciembre de 2012, modificada por la Resolución 3325 del 19 de marzo de 2013,
por la que el liquidador de Cajanal -hoy liquidada-, decidió, entre otras, las reclamaciones
que por concepto de recobro de cuotas partes pensionales presentó oportunamente la
Alcaldía Mayor de Cartagena, en la que se incluyeron las relacionadas con la extinta
Empresa de Servicios Públicos de Cartagena -17 pensionados- y con la Alcaldía -78
pensionados-, se procede a su estudio, en el marco del recurso de apelación interpuesto
por la UGPP.
En lo atinente a los 17 pensionados de la extinta Empresa de Servicios Públicos de
Cartagena -identificados en la demanda-, la Sala advierte -como antes se reseñó- que los
argumentos formulados por la UGPP en el recurso de apelación no desvirtúan la decisión
adoptada por el tribunal. En efecto, la controversia no giró en torno a la existencia de la
obligación ni a su eventual extemporaneidad en el marco del proceso liquidatorio, sino al
desconocimiento, por parte del liquidador de Cajanal, de un acuerdo previo de pago por
compensación o cruce de cuentas suscrito el 15 de agosto de 2008 -cuya existencia y validez
resultan ajenas al presente proceso-, el cual, conforme a lo acreditado en el expediente y lo
valorado por el tribunal -sin que en esta instancia se haya aducido ni menos acreditado algo distinto o
contrario-, se encuentra vigente, contiene una obligación clara, expresa y exigible, y fue
oportunamente allegado al trámite concursal, como lo evidencian los actos
administrativos demandados. En ese contexto, los planteamientos de la entidad apelante
no constituyen un reparo concreto frente a la ratio decidendi de la sentencia respecto de
este grupo de pensionados, pues no desvirtúan las premisas fácticas y jurídicas a partir
de las cuales el a quo concluyó la indebida desatención de dicho acuerdo en sede
administrativa.
Ahora bien, en lo que respecta a los demás pensionados -78 de la Alcaldía de Cartagena-
relacionados en los actos demandados, frente a los cuales el tribunal se inhibió de
conocer el fondo del asunto por caducidad del medio de control -decisión que se revocará en
esta providencia-, corresponde a la Sala abordar el estudio de fondo de los cargos de nulidad
formulados por la parte actora.
A diferencia de lo ocurrido con los 17 pensionados referidos, en estos casos -78
pensionados de la Alcaldía- no existe un acuerdo previo que definiera las obligaciones a cargo
de las entidades involucradas, por lo que resulta necesario analizar integralmente las
razones que sustentaron el rechazo de las reclamaciones en sede administrativa.
44
Con la solicitud de conciliación extrajudicial se suspendió el término de caducidad, el cual se reanudó con la declaración de ser
fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
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En ese contexto, se advierte que, conforme se evidencia en el anexo 142 de la Resolución
3325 de 2013 que decidió el recurso de reposición contra la Resolución 2266 de 2012, la
causal de rechazo común en todos los casos corresponde a la prescripción del derecho
al recobro de cuotas partes pensionales -de ahí que el rechazo haya sido total o parcial de la suma
reclamada en cada caso particular-, razón por la cual la Sala iniciará el análisis por dicho
aspecto, sin perjuicio de abordar posteriormente los demás cargos propuestos.
La parte actora afirmó que en este caso se aplicó de forma retroactiva la Ley 1066 de
2006, pues, a su juicio, antes de dicha norma no existía disposición legal que estableciera
la prescripción del derecho al recobro de cuotas partes pensionales.
Al respecto, se pone de presente que es criterio pacífico y reiterado de esta Sección, en
armonía con lo señalado en la sentencia C-895 de 200945 de la Corte Constitucional, que
la prescripción resulta aplicable al derecho de recobro de las cuotas partes pensionales
entre entidades concurrentes, en la medida en que se trata de obligaciones crediticias de
expiración periódica, que no afectan la existencia misma de derechos irrenunciables 46.
En tal sentido, para efectos del cómputo del término prescriptivo, debe atenderse al
momento en que cada cuota se hizo exigible, lo cual, por regla general, coincide con el
pago de la respectiva mesada pensional por la entidad obligada al reconocimiento, dado
que a partir de ese momento surge el derecho de recobro frente a las entidades
concurrentes.
Ahora bien, el término de prescripción depende del régimen normativo vigente al
momento de la exigibilidad de la obligación. Así, tratándose de cuotas partes pensionales
causadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, la prescripción se rige
por las normas generales del Código Civil relativas a la acción ejecutiva, esto es, el
artículo 2536, en su redacción original -término de 10 años- y la modificación introducida por
el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 -término de 5 años-, según el periodo correspondiente.
Por su parte, respecto de las cuotas partes pensionales causadas con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el artículo 4 de dicha normativa establece
un término de prescripción de 3 años para la acción de cobro, contado a partir de la
exigibilidad de la obligación, la cual se concreta con el pago de la mesada pensional.
En ese orden, se tiene que: (i) las cuotas partes exigibles hasta el 26 de diciembre de
2002 prescriben en 10 años; (ii) aquellas exigibles entre el 27 de diciembre de 2002 y el
28 de julio de 2006 prescriben en 5 años; y (iii) las causadas con posterioridad al 29 de
julio de 2006 prescriben en 3 años, contados a partir de su exigibilidad.
Frente a la interrupción de la prescripción, se precisa que esta no opera por cualquier
situación, sino únicamente en los eventos previstos en la ley. En ese sentido, resulta
aplicable lo dispuesto en el artículo 818 del ET, conforme al cual el término de
prescripción se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, o por el
otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud de concordato y
por la declaración oficial de la liquidación forzosa administrativa.
Así, no le asiste razón a la actora, que otros eventos ajenos a los previstos en la ley,
como las actas de cruce de cuentas o la presentación de cuentas de cobro, tengan la
virtud de interrumpir la prescripción. Sobre el particular, la Sala ha precisado que dichas
actuaciones no pueden asimilarse a un mandamiento de pago ni constituyen causales
45
MP: Jorge Iván Palacio Palacio.
46
Sentencia del 15 de marzo de 2024 (exp. 28076, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), reiterada en la sentencia del 12 de junio de
2025 (exp. 29050, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
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legales de interrupción. En la sentencia del 31 de octubre de 202547, se indicó que «esta
norma -se refiere al artículo 818 del ET- no contempla la posibilidad de interrumpir el término de prescripción
con base en la celebración de un acuerdo compensatorio, en el cual hay un reconocimiento mutuo de
obligaciones y su extinción por compensación, ni por la presentación de cuentas de cobro, en cuanto que
no pueden considerarse mandamientos de pago». Aunado a lo anterior, se advierte que el
proceso de cobro coactivo adelantado contra Cajanal se circunscribió a las cuotas partes
pensionales correspondientes a los 17 pensionados de la extinta ESP Distritales de
Cartagena, mediante mandamiento de pago contenido en la Resolución 0638 del 22 de
abril de 2009, por lo que no tiene incidencia en la interrupción del término de prescripción
respecto de las cuotas partes correspondientes a los 78 pensionados de la Alcaldía.
En el presente caso, el análisis de la prescripción debe efectuarse tomando como punto
de referencia el 12 de junio de 2009, fecha en la que se dispuso la liquidación forzosa
administrativa de Cajanal mediante el Decreto 2196 de 2009, actuación que produjo la
interrupción de la prescripción, a fin de determinar cuáles obligaciones conservaban
exigibilidad para ese momento, conforme al término aplicable en cada periodo y contando
desde la exigibilidad de cada cuota parte. En ese marco, aunque las reclamaciones
comprenden valores causados entre los años 1966 y 2009, se advierte que la propia
actora, en la reforma a la demanda -cuadro pp. 47-56- y respecto de los pensionados frente
a los cuales se indicó como causal de rechazo la prescripción, manifestó que «El cobro
realizado mediante oficios radicados de Cajanal No. 5210, 22729, 22785 y 24009 de 2009 -se precisa
corresponden a reclamaciones presentadas al liquidador de Cajanal que dieron lugar a los actos acusados-
interrumpió la prescripción conforme la Ley 1066 de 2006 tal y como consta en el último cobro realizado
mediante Oficio No. AMC-OFI-0051558-2012 de 04 de septiembre de 2012, por lo cual procede el pago del
periodo 01-06-06». De dicha afirmación se desprende que el Distrito de Cartagena reconoció
expresamente que respecto de los periodos anteriores al 01 de junio de 2006 había
operado la prescripción, razón por la cual el análisis debe circunscribirse a establecer si
las acreencias causadas con posterioridad a dicha fecha conservan exigibilidad para el
12 de junio de 2009, conforme al régimen prescriptivo aplicable a cada caso.
Sobre el particular, en el anexo 142 de la Resolución 3325 de 2013, que modificó la
Resolución 2266 de 2012 -relación del resultado de calificación-, se observa que el liquidador
de Cajanal reconoció, frente a los pensionados objeto de reclamación, valores causados
desde el 01 de junio de 2006 y el 30 de mayo de 2009, así como los correspondientes al
periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2009, delimitación temporal que
coincide expresamente -en la primera fecha- con la señalada por la propia actora48. En
consecuencia, aunque la demandante formuló reparos frente a la prescripción aplicada
en los actos demandados, tales argumentos no desvirtúan su legalidad, pues Cajanal
reconoció las acreencias dentro del mismo marco temporal que aquella consideró
exigible. Por ello, el cargo de nulidad no prospera y se mantendrá lo decidido en los actos
administrativos respecto de los 38 pensionados frente a los cuales la única causal de
rechazo correspondió a la prescripción49.
Respecto a los 40 pensionados restantes, en los cuales, además de la causal de rechazo
por prescripción, se invocaron otros códigos de rechazo -1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 y 2.2-, se
procede a su análisis50.
47
Exp. 29621, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
48
Con todo, se anota que para el 01 de junio de 2006 aún no había entrado en vigor la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, por lo que
el término de prescripción aplicable a las obligaciones causadadas y exigibles para el 01 de junio de 2006, coforme se reseñó, era
de 5 años, lo cual, para el 12 de junio de 2009, aún no se había cumplido.
49
Anexo 142 recurso relación del resultado de calificación. Items: 1, 3, 4, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 32, 36, 38, 42, 44,
45, 47, 52, 53, 54, 57, 60, 64, 69, 70, 72, 73, 77, 86, 87, 91, 93, 94 y 95. Código de rechazo 2.4 (prescripción). En la mayoría de los
casos el rechazo fue parcial, por prescripción, excepto en los pensionados relacionados en los ítems 19 y 32, en los que el rechazo
fue total, frente a lo cual no se propuso reparo que amerite pronunciamiento adicional.
50
En el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2266 de 2012, el Distrito de Cartagena se acogió a las pruebas que se
encontraban en el expediente de cobro coactivo, las anexas a los radicados 5210, 22729, 22785 y 24004 de 2009, y a los documentos
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Como lo ha sostenido de forma pacífica y reiterada esta Sección, y contrario a lo afirmado
por la actora, el título ejecutivo para el cobro de cuotas partes pensionales es complejo,
pues está «conformado por el acto administrativo de reconocimiento pensional y el acto administrativo
que liquida las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas causadas y pagadas que no estén
prescritas»51. De igual forma, se ha precisado que la «exigibilidad de las cuotas partes pensionales
requiere dar cuenta del reconocimiento de la pensión, de la aceptación de la cuota parte por parte de la
entidad que concurre a su cobro, y de la constancia de pago de las mesadas que dan lugar a la cuota» 52,
sin que dicha exigencia desconozca la presunción de legalidad del acto de
reconocimiento pensional, como lo plantea la demandante, ni exceda la competencia del
liquidador de Cajanal, en tanto, en el marco del proceso liquidatorio, a este le
correspondía verificar la existencia, exigibilidad y soporte de la acreencia presentada -
claramente diferenciada de los 17 pensionados analizados con anterioridad frenta a los cuales había un
acuerdo previo que definía las obliaciones-, así como resolver sobre su reconocimiento o
rechazo, lo cual comprende la facultad de examinar la adecuada conformación del título
ejecutivo -mas no su validez-, en este caso, de naturaleza compleja, por lo que a su vez se
descarta la presunta falsa motivación del acto.
Otros son los documentos que surgen del cumplimiento del trámite previsto en el Decreto
2921 de 1948 -citado en los actos demandados- el cual reglamenta la forma en que deben
reconocerse, pagarse y distribuirse las pensiones de jubilación cuando en su financiación
concurren varias entidades públicas -sistema de cuotas partes pensionales-, tales como la
consulta, aceptación u objeción de la cuota parte, entre otros. Actuaciones que, como ha
expuesto la Sala con apoyo adicional del Decreto 2709 de 1994, son necesarios para la
conformación del acto administrativo de reconocimiento pensional, el cual integra el título
ejecutivo. En ese sentido, se reitera que la carga de demostrar la adecuada conformación
de dicho título corresponde a la entidad acreedora, para efectos de adelantar el cobro 53,
de ahí que no sean de recibo los argumentos en punto a la exigencia de documentos no
previstos en el ordenamiento e innecesarios.
En relación con las causales de rechazo 1.2 -no aportó copia del acto administrativo de
reconocimiento de la prestación económica debidamente notificado y ejecutoriado donde se determinó la
cuota parte pensional a cargo de Cajanal- , 1.3 - no se aportó copia del oficio de consulta de la cuota parte
con constancia de recibido por parte de Cajanal- y 1.5 -no aportó copia de la comunicación del acto
administrativo de reconocimiento de la prestación económica a Cajanal-, se advierte que en la
reforma a la demanda -integrada- la parte actora no cumplió con la carga argumentativa y
probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad del acto mediante el cual
el liquidador de Cajanal resolvió sobre las reclamaciones presentadas por los
pensionados de la Alcaldía de Cartagena, por concepto de cuotas partes pensionales.
Además, al tratarse de un título ejecutivo complejo, resultaba exigible que se acreditara
su debida e íntegra conformación, lo cual no ocurrió en el presente caso, pese a que la
actora afirma haberlos aportado en el trámite administrativo.
En ese sentido, se precisa que cuando la administración formula reparos respecto de
casos puntuales, no es suficiente afirmar de manera genérica que los documentos fueron
aportados de forma conjunta para todos los pensionados. Ello, por cuanto si se parte de
que tales pruebas ya fueron valoradas por la administración y no se tuvieron por
remitidos con el Oficio AMC-OFI-0028049-2011 del 18 de agosto de 2011 -dentro del proceso de liquidación-, y el cuadro con
respuesta a las causales de rechazo.
51
Sentencia del 12 de junio de 2025 (exp. 29050, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), que reiteró las sentencias del 16 de diciembre
de 2011 (exp. 18123, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), del 23 de noviembre de 2017 (exp. 21568, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez), del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23765, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), del 08 de octubre de 2020 (exp. 24191,
CP: Milton Chaves García), del 24 de junio de 2021 (exp. 25090, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), y del 27 de febrero de 2025
(exp. 28940, CP: Milton Chaves García)
52
Sentencia del 12 de junio de 2025 (exp. 29050, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), que reiteró las sentencias del 08 de octubre
de 2020 (exp. 24191, CP: Milton Chaves García) y del 24 de junio de 2021 (exp. 25090, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
53
Sentencia del 31 de octubre de 2025 (exp. 29621, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)
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acreditadas, correspondía a la parte actora desvirtuar, de manera concreta e
individualizada, los fundamentos del rechazo, identificando específicamente los casos
cuestionados e indicando con precisión la ubicación de los documentos en el expediente,
a fin de demostrar que efectivamente obraban en el trámite los soportes requeridos por
la administración o, de ser el caso, aportarlos en sede judicial dentro de las oportunidades
legales, lo que no ocurrió.
En cuanto a la causal 1.4 -no aportó copia del oficio o acto administrativo mediante el cual Cajanal
EICE objetó o aceptó la cuota parte pensional-, se observa que la parte demandante en sede
judicial concretó su reparo solo respecto de 5 pensionados54, quienes hacen parte del
otro grupo de 17 pensionados de la extinta ESP de Cartagena -frente a los cuales el tribunal
accedió a las pretensiones de la demanda-; por consiguiente, se mantiene la decisión de rechazo
en relación con dicha causal frente a los pensionados de la Alcaldía. Se reitera que, en
casos como el presente, quien pretende la nulidad del acto debe desvirtuar de manera
concreta e individualizada los fundamentos en que se sustenta, acreditando que la
omisión documental alegada por la administración no corresponde con la realidad. En
ese sentido, no basta con cuestionamientos genéricos, pues aun cuando las
reclamaciones puedan agruparse, ello no obsta para que, los reparos deban formularse
e identificarse de manera específica respecto de cada uno de los casos cuestionados,
demostrando que obraban en el trámite los soportes requeridos por la administración,
carga que le corresponde asumir a quien pretende el reconocimiento del derecho, de
conformidad con el artículo 167 del CGP.
Frente a la causal de rechazo 1.6 -no aportó comprobante de haber efectuado el pago de las
mesadas pensionales al beneficiario de las mismas-, la actora se limitó a remitirse a lo expuesto
en sede administrativa, en donde afirmó que «se aportó certificado conjunto de pago de mesadas
pensionales por todo el periodo objeto del cobro». No obstante, dicha remisión no resultaba
suficiente para desvirtuar la legalidad del acto definitivo, pues, ante el reparo concreto
formulado, esto es, la omisión de comprobante de pago, documento que, como se
explicó, es necesario para la exigibilidad de la cuota parte pensional, correspondía a la
solicitante acreditar de manera cierta y verificable su efectiva aportación respecto de cada
pensionado requerido. En efecto, se reitera que la simple manifestación de que tal
información obra en un certificado conjunto, sin identificar con precisión su ubicación en
el expediente, no satisface la carga probatoria exigida ni puede ser suplida por el juez.
En punto a la causal de rechazo 2.2 -Cajanal EICE en liquidación no es el sujeto pasivo de la
obligación-, en la reforma a la demanda -integrada-, la parte demandante concretó su reparo
únicamente respecto de 4 pensionados55, quienes hacen parte del otro grupo de 17;
razón por la cual, se mantiene la decisión de rechazo del grupo de 40 analizado -que hace
parte del grupo de 78 pensionados de la Alcaldía-.
Restaría analizar la causal de rechazo 2.1 -el reclamante no acreditó ser la persona legitimada en
la causa para reclamar-; sin embargo, como respecto de dicho pensionado -ítem 85- se
invocaron otras causales de rechazo -1.6, 2.2 y 2.4-, las cuales, conforme a lo previamente
analizado, se mantienen incólumes, no se requiere ahondar en estudio, en la medida en
que la verificación de una de ellas es suficiente para mantener la legalidad del acto.
Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que el liquidador de Cajanal
carecía de competencia para negar el pago de intereses moratorios sobre las sumas
reclamadas, por estar garantizados por la ley, se advierte que dicho planteamiento no
54
Jaime Barrios Vergara, Marco Beleño Torres, Hugo Carmona Arango, Samuel García Reyes y Fabio Herrera Acuña. Cfr. p. 45
reforma demanda.
55
Jaime Barrios Vergara, Hugo Carmona Arango, Samuel García Reyes y Fabio Herrera Acuña, que en el anexo 142 están
relacionados en los ítems 10, 21, 34 y 39.
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controvierte las razones que fundamentaron la decisión administrativa de no
reconocerlos. En efecto, la negativa se sustentó en que, a partir del 12 de junio de 2009
-fecha en la que se expidió y publicó el Decreto 2196 de 2009, por medio del cual el Gobierno Nacional
ordenó la supresión y liquidación de Cajanal-, se configuró una circunstancia constitutiva de
fuerza mayor, derivada de una orden de autoridad, que impedía jurídicamente a la entidad
atender de manera inmediata las obligaciones. Sin embargo, la parte actora se limitó a
afirmar, en abstracto, la existencia de un derecho legal al reconocimiento de intereses
moratorios, sin cuestionar y menos aun desvirtuar los supuestos fácticos y jurídicos que
sustentaron la decisión acusada.
En suma, los cargos de nulidad formulados por la parte actora no están llamados a
prosperar frente a los 78 pensionados de la Alcaldía de Cartagena. En efecto, se
establece que el análisis de la prescripción debía efectuarse con referencia al 12 de junio
de 2009, fecha en la que se dispuso la liquidación forzosa administrativa de Cajanal,
actuación que interrumpió la prescripción. Así, como la propia actora reconoció que las
acreencias anteriores al 01 de junio de 2006 estaban prescritas, y se constató que en los
actos demandados el liquidador de Cajanal tuvo en cuenta ese límite temporal, se
concluye que los reparos formulados frente a la prescripción no desvirtúan la legalidad
de los actos enjuiciados. De otra parte, en lo que respecta a los demás motivos de
rechazo, se evidencia que la demandante -a quien le asistía la carga de la prueba- no acreditó
de manera concreta e individualizada la debida conformación del título ejecutivo
complejo, ni la efectiva aportación de los documentos requeridos respecto de cada
pensionado, que surgen del cumplimiento del trámite previsto para el efecto y necesarios
para la conformación del acto administrativo de reconocimiento pensional.
4- Los actos de compensación. En torno a la Resolución 3340 de 2013 -por la que el
liquidador de la entonces Cajanal EICE en liquidación declaró unilateralmente la compensación de
obligaciones recíprocas con el Distrito de Cartagena, confirmada en reposición por la Resolución 3867 de
2013-, se mantendrá lo decidido por el tribunal en cuanto a declarar su nulidad. Lo anterior,
en primer lugar, porque en el recurso de apelación la UGPP no formuló reparo concreto
dirigido a desvirtuar los fundamentos de dicha decisión y, en segundo lugar, porque el a
quo concluyó -sin que en esta instancia se haya acreditado lo contrario-, que tales actos
desconocieron la suma total aceptada por Cajanal en el acuerdo previo de compensación
suscrito el 15 de agosto de 2008, el cual es válido, contiene obligaciones, claras, expresas
y exigibles, y fue oportunamente allegado como soporte de la reclamación dentro del
proceso liquidatorio.
En síntesis, se concluye que: (i) procede declarar probada de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de los ministerios de Salud, Hacienda y del
Trabajo, así como de Fiduagraria SA; (ii) la UGPP está legitimada en la causa por pasiva,
en su condición de sucesora procesal de la extinta Cajanal; (iii) no era procedente
rechazar el recurso de reposición contra la Resolución 2266 de 2012, interpuesto por la
Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena para
los créditos correspondientes a la Alcaldía de Cartagena -78 pensionados-, por lo que se
revocará la decisión inhibitoria del tribunal -ordinal segundo- y, se declarará la nulidad del
artículo primero de la Resolución 3325 de 2013 -que rechazó de plano el recurso de reposición-;
(iv) no proceden los cargos de nulidad formulados frente a los 78 pensionados de la
Alcaldía de Cartagena, en tanto no se desvirtuó la aplicación de la prescripción ni los
demás motivos de rechazo; y (v) en relación con los 17 pensionados de la extinta ESP
de Cartagena, se mantiene lo resuelto por el a quo, dado que el recurso de apelación de
la UGPP no contiene reparo concreto sobre lo concluido por el tribunal frente al acuerdo
de compensación de 2008; igualmente se mantiene la declaratoria de nulidad de la
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Resolución 3340 de 2013 y su confirmatoria. Acorde con lo expuesto, se modificará la
sentencia apelada.
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, se establece que la UGPP está legitimada en la causa
por pasiva, en su condición de sucesora procesal de la extinta Cajanal. No era procedente
el rechazo de plano del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2266 de
2012, en tanto se fundó en una exigencia formal que desconoció la acreditación de la
representación de la funcionaria que lo presentó, lo que condujo a la indebida
contabilización del término de caducidad del medio de control y a la decisión inhibitoria
que se revocará. No se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados
respecto de los 78 pensionados de la Alcaldía de Cartagena, en torno a la prescripción
del derecho al recobro de cuotas partes pensionales ni a los demás motivos de rechazo,
carga que le correspondía asumir a la actora de manera concreta e individualizada.
Costas
6- Ante la confirmación de la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda, la
Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, conforme con el artículo
365.5 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar la sentencia apelada, acorde con lo expuesto, la cual queda así:
Primero: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de los ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público y del
Trabajo, así como de la Sociedad Fiduciaria Fiduagraria SA. En consecuencia, quedan
desvinculados del presente proceso.
Segundo: Declarar que la UGPP está legitimada en la causa por pasiva, en su condición
de sucesora procesal de la extinta Cajanal.
Tercero: Declarar la nulidad del artículo primero de la Resolución 3325 del 19 de marzo
de 2013, por el que el liquidador de Cajanal EICE -hoy extinta-, rechazó de plano el recurso
de reposición contra la Resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012, presentado por la
Directora Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena para
los créditos correspondientes a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
Cuarto: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 2266 del 14 de diciembre de 2012
y 3325 del 19 de marzo de 2013 en lo que atañe al crédito frente a los 17 pensionados
reconocido a la extinta Empresa de Servicios Públicos de Cartagena de Indias (Alcaldía
Distrital de Cartagena de Indias Anexo 142) y la nulidad total de las Resoluciones 3340
del 19 de marzo de 2013 y 3867 del 17 de abril de 2013, emitidas por el liquidador de
Cajanal EICE en Liquidación.
Quinto: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP emitir un nuevo acto
administrativo en el que se determine el valor adeudado a la Alcaldía Distrital de
Cartagena de Indias debidamente actualizado, partiendo de la base de la existencia del
saldo a favor reconocido en el Acuerdo de Pago por Compensación o Cruce de Cuentas
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suscrito el 15 de agosto de 2008 por las extintas Cajanal y Empresa de Servicios Públicos
de Cartagena de Indias por valor de novecientos siete millones doscientos cuarenta y
nueve mil ochenta pesos ($907.249.080). El pago de la suma determinada en la anterior
liquidación se efectuará a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
Fopep.
Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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