Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-02097-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2016-02097-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2016-02097-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
31 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621)
Demandante DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Temas Recobro cuotas partes pensionales. Liquidación de CAJANAL.
Legitimación en la causa por pasiva. Prescripción. Consulta
y aceptación de las cuotas partes pensionales (código de
rechazo 1.3 y 1.4). Prueba de la obligación a cargo de
CAJANAL (código de rechazo 1.2, 1.6 y 2.2).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia del 9 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que dispuso lo siguiente1:
PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
y de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRESE no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, de acuerdo con la parte
motiva.
TERCERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución nro. 2266 del 14 de diciembre de
2012, y de la Resolución nro. 3352 del 19 de marzo de 2013, expedidas por el liquidador de
CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, conforme con las consideraciones expuestas.
CUARTO: DECLÁRESE que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
es la sucesora misional y procesal de la extinta CAJANAL EICE, por lo que debe cumplir las
órdenes de restablecimiento del derecho.
QUINTO: A título de restablecimiento, DECLÁRESE la prescripción del derecho al recobro de
cuotas partes que se hicieron exigibles en los periodos comprendidos entre el 3 de abril de
1961 y el 11 de junio de 1999, y entre el 27 de diciembre de 2002 y el 11 de junio de 2004.
SEXTO: A título de restablecimiento, SUPRÍMANSE del anexo nro. 191 las siguientes glosas:
• Código 1.3 y 1.4: Elimínase respecto de los pensionados Arciniego Benedicto Acosta
García, Diomedes Torres Cabezas, Jaime Edgar Valencia y Jorge Tovar Sánchez.
• Código 2.4: Elimínase respecto de las cuotas partes que se hicieron exigible entre el 12
de junio de 1999 y el 26 de diciembre de 2022 [sic], y entre el 12 de junio de 2004 y el 31
de julio de 2009.
• Código 2.11: Elimínase de todas las cuotas partes objeto de reclamo.
SÉPTIMO: A título de restablecimiento, DECLÁRESE que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES adeuda al DEPARTAMENTO DE NARIÑO las cuotas partes
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Samai del Tribunal. Índice 81. Páginas 40 a 41.
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Demandante: departamento de Nariño
pensionales relacionadas en el anexo nro. 191 de las cuales no subsistan glosas vigentes,
junto con los intereses DTF que se hayan causado desde la fecha que se hizo exigible hasta
el 12 de junio de 2009. El pago de estas cuotas partes deberá efectuarse con cargo a los
recursos del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL DE COLOMBIA.
OCTAVO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO: RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora EVELYN MARÍA MOLINA PADILLA, identificada con
cédula de ciudadanía (…) y Tarjeta Profesional (…) del Consejo Superior de la Judicatura,
para actuar como apoderada especial de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES.
DÉCIMO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente providencia así: (…)
[…]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. (CAJANAL) profirió la
resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012, en la que decidió sobre la aceptación
y rechazo de las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales
reclamadas por el departamento de Nariño, entre otros acreedores.
La entidad territorial referida presentó recurso de reposición contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto mediante la resolución 3352 del 19 de marzo de 2013,
reconociendo un mayor valor por el concepto reclamado, pero manteniendo el
rechazo frente a algunas obligaciones.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
PRETENSIONES DECLARATIVAS
Las pretensiones de la demanda original se mantienen en su totalidad y con la presente
reforma, pretendo modificar la pretensión SIETE de la demanda original, según el texto que a
continuación se señala:
1.- Que se declare LA NULIDAD PARCIAL, o sea en lo desfavorable al DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
de la Resolución 2266 del 14 de diciembre de 2012, expedida por el Liquidador de
CAJANAL EICE, hoy liquidada.
2.- Que se declare la NULIDAD PARCIAL, o sea en lo desfavorable al DEPARTAMENTO DE NARIÑO
de la Resolución 3352 del 19 de marzo de 2013 por la cual resolvió el Recurso de
Reposición interpuesto por mi representada, expedida por el Liquidador de CAJANAL EICE,
dentro del proceso liquidatorio de la extinta entidad.
3.- Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
declare que CAJANAL EICE LIQUIDADA, se encontraba obligada, antes de la finalización de
su proceso de liquidación, al reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales
reclamadas oportunamente por la demandante, durante el trámite del proceso de
liquidación de CAJANAL EICE y hasta la finalización del mismo.
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Samai. Índice 2. PDF reforma demanda. Páginas 2 a 3.
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4.- Que se declare que los demandados dentro del ámbito de sus competencias jurídicas de
cada uno, deben responder patrimonialmente por las obligaciones de pago de las cuotas
partes pensionales a cargo DE CAJANAL EICE hoy liquidada.
5.- Que como consecuencia de las nulidades parciales solicitadas, a título de
restablecimiento del derecho, se declare que los demandados están obligados a cancelar
a favor de la entidad demandante, por concepto de cuotas partes pensionales, la suma
de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA
PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($18.713.200.630,09), o el mayor valor que se pruebe
en el proceso, hasta el pago total de las obligaciones, de conformidad con la proporción
o totalidad que a cada uno de los demandados les competa jurídicamente asumir.
6.- Que como consecuencia de todo lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
declare que los demandados están obligados a reconocer y pagar los intereses legales
al 12% anual antes de la vigencia de la ley 1066 y desde el 29 de Julio de 2006 en
adelante con aplicación del interés DTF como lo estipula el artículo 4 de la ley 1066 de
2006 y/o moratorios correspondientes sobre las sumas indicadas en el numeral anterior,
de acuerdo a la tasa prevista en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, o aquella que resulte
aplicable desde que los créditos se hicieron exigibles, a favor de mi representada, y hasta
el pago total de sus obligaciones. Esto de conformidad con la proporción o totalidad que
a cada uno de los demandados les competa jurídicamente asumir.
7.- Que como consecuencia de la nulidad parcial solicitada, a título de restablecimiento del
derecho, se declare que la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o las
demás entidades demandadas, reconozcan y paguen, el valor del CÁLCULO ACTUARIAL,
correspondiente al valor de las cuotas partes pensionales que, ejerciendo el derecho de
recobro de las cuotas partes pensionales, se generen a futuro y le corresponden al
DEMANDANTE.
8.- Que como consecuencia de las nulidades parciales solicitadas, a título de
restablecimiento del derecho se declare que el DEPARTAMENTO DE NARIÑO puede continuar
ejerciendo el derecho de recobro de las cuotas partes pensionales que se encontraban a
cargo de CAJANAL EICE, en la medida que vaya surgiendo el derecho de recobro de las
mismas, en los términos del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, en contra de las entidades
demandadas a quienes jurídicamente le compete tal obligación.
PRETENSIONES DE CONDENAS
Con esta Reforma, pretendo modificar la tercera pretensión presentada en la demanda
original, de la siguiente forma:
PRIMERA: Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados en la proporción que les
corresponda, a cancelar a favor de mi representada, por concepto de las cuotas partes
causadas, la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE ($18.713.200.630,09), o el mayor valor que se
pruebe en el proceso, hasta el pago total de las obligaciones, de conformidad con la proporción
o totalidad que a cada uno de los demandados les competa jurídicamente asumir.
SEGUNDA: Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados, en la proporción que les
corresponda, a reconocer y pagar los intereses del 12% anual antes de la vigencia de la Ley
1066 de 2006 y desde el 29 de Julio de 2006 en adelante con aplicación del interés DTF como
lo estipula el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, y/o moratorios correspondientes sobre las
sumas indicadas en el numeral anterior, de acuerdo con la tasa prevista en el artículo 4 de la
Ley 1066 de 2006, o aquella que resulte aplicable, desde que las obligaciones se hicieron
exigibles, a favor del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, hasta el pago total de las obligaciones, de
conformidad con la proporción o totalidad que a cada uno de los demandados les corresponda
asumir.
TERCERA.- Que como consecuencia de las pretensiones declarativas, se condene a la NACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y/o demandados en la proporción que les
corresponda, a reconocer y pagar el valor del CÁLCULO ACTUARIAL correspondiente al valor que
a FUTURO le correspondió asumir a la extinguida CAJANAL EICE a título de cuotas partes
pensionales a favor de mi Representado.
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CUARTA Que se ordene a los demandados dar cumplimiento a la Sentencia Condenatoria en
los términos de los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso.
QUINTA.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, acorde con
el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 2, 13,
29, 83, 84, 85 y 230 de la Constitución Política; 5 de la Ley 153 de 1887; 19, 132 y
134 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 del Código de Comercio; 52, 137, 138 y
216 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
165, 178 y 189 del Código General del Proceso.
El concepto de la violación, expuesto en la demanda inicial y adicionado en la
reforma, se resume de forma conjunta, así:
Expuso que es improcedente la causal de rechazo 2.4 (prescripción). Con este fin,
manifestó que el término de 3 años del artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 no es
aplicable a las cuotas partes pensionales causadas antes de la entrada en vigencia
de esa norma.
Indicó que CAJANAL afirmó que la prescripción trienal era aplicable antes de ese
momento, en virtud de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto
1848 de 1969, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social. No obstante, esta interpretación no es admisible,
pues el derecho al recobro no estaba sometido al régimen de prescripción general
del Código Civil ni al de las normas laborales3, y las normas invocadas en los actos
acusados solo regulan los derechos de carácter prestacional de los servidores
públicos. En la reforma a la demanda, adicionó que la interpretación del liquidador
de CAJANAL fue rechazada por el Consejo de Estado4, al declarar la nulidad del
artículo 3 de la circular conjunta 000069 del 4 de noviembre de 2008 de los
Ministerios de Salud y Protección Social y de Hacienda y Crédito Público.
Agregó que el legislador autorizó, en el artículo 4 de la Ley 490 de 1998, que las
entidades públicas del orden nacional suprimieran contablemente las obligaciones
por este concepto de causadas hasta el 1 de abril de 1998, lo que implicaba el
reconocimiento tácito de que no contaban con algún término de prescripción.
Manifestó que, por lo anterior, el término de prescripción de 3 años para
obligaciones anteriores a la Ley 1066 de 2006 solo se puede contabilizar a partir del
inicio de su vigencia (29 de julio de ese año), y para las cuotas partes pensionales
causadas con posterioridad, el conteo inicia con el pago de la mesada pensional.
Por lo tanto, consideró que no se había configurado esta figura, dado que el inicio
de la liquidación, el 12 de junio de 2009, interrumpió la prescripción.
De otro lado, sostuvo que deben reconocerse a su favor los intereses de mora,
porque, por un lado, el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 prevé que las cuotas partes
pensionales son exigibles desde el pago de la mesada pensional, y por el otro, no
se configuró una situación de fuerza mayor (artículo 90 de la Ley 95 de 1890), pues
la situación de la demandada es atribuible a su negligencia, lo que dio lugar a la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional en la sentencia T-1234 de 2008.
3
Identificó el Concepto 1853 de 2007. Sala de Consulta y Servicio Civil.
4
En la cita realizada por la demandante se afirma que se extrae de la sentencia del 28 de junio de 2012 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, exp. 00584-2009, M. P. Gustavo Eduardo Gómez Arangüren.
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Aseguró que es procedente el recobro cuotas pensionales con posterioridad a la
liquidación de CAJANAL. De este modo, consideró incorrecta la aplicación del artículo
117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que regula las obligaciones a
plazo, dado que las cuotas partes pensionales son de tracto sucesivo.
Adujo que son improcedentes los códigos de rechazo 2.11 (falta de disponibilidad
presupuestal), 1.3 y 1.4 (falta de consulta y aceptación), pues la omisión en la
realización de la consulta no extingue la obligación a cargo de la entidad que
participa en el pago del derecho pensional5,y el hecho de que la entidad deudora
guarde silencio da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.
En el concepto de la violación, manifestó que no se encontraron los oficios de
consulta de las cuotas partes pensionales, por lo que la comunicación GCPP 717 del
28 de agosto de 2008 y los oficios 770 del 18 de diciembre de 2008 y 1039 del 10
de junio de 2009 solicitaron esa información a CAJANAL; pero, ante su silencio, debía
presumirse su aceptación. En el acápite de hechos, indicó que las «consultas, se
enviaron con oficio GCPP 1039 del 10 de junio de 2009 recibidas por CAJANAL EICE, según sello de
correo, radicado 0053 del 19 de junio de 2009, las cuales se consideran aceptadas por la
configuración del silencio administrativo, agotando con ello el procedimiento legal de consulta»6.
Con relación a la falta de disponibilidad presupuestal, en el concepto de la violación
de la demanda inicial y en los hechos de la reforma a la demanda, puso de presente
que el liquidador lo sustentó en que, si bien las obligaciones fueron incluidas en el
acuerdo de compensación del 14 de agosto de 2008, suscrito entre la demandante
y CAJANAL, no se adelantó el trámite correspondiente ante el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público-FOPEP para el pago. Empero, para la entidad territorial, esta es
una decisión arbitraria, pues no es una excusa legítima para abstenerse de efectuar
el pago de la obligación.
Señaló que la demandada violó el derecho al debido proceso, porque las cuotas
partes pensionales habían sido aceptadas expresa o tácitamente, de modo que
CAJANAL no podía desconocer sus propios actos sin adelantar el trámite de
revocatoria directa, obteniendo el consentimiento expreso y previo de la entidad
acreedora. Además, destacó que CAJANAL aceptó que se realizó el procedimiento de
consulta y aceptación ante ella en el oficio GG 1724 del 9 de julio de 2008, por lo que
en el acuerdo suscrito el 14 de agosto del mismo año se compensaron parcialmente
esas obligaciones.
También consideró que no se le garantizó el principio de doble instancia, pues los
artículos 7 del Decreto 2196 de 2009 y 7 del Decreto Ley 254 de 2000 dispusieron
que contra los actos del liquidador solo procedería el recurso de reposición. De igual
modo, estimó vulnerado el principio de juez natural e imparcial, pues e liquidador no
era el competente para decidir unilateralmente sobre la validez de sus propias
actuaciones.
En el acápite de hechos, indicó que el código 1.2 (falta de prorrateo) se desvirtuó
con los certificados laborales de los pensionados, donde consta el tiempo laborado
en cada entidad, por lo que el valor de la mesada se distribuyó de forma
proporcional. Destacó que estos documentos fueron aportados con la reclamación,
pero no fueron valorados por la entidad liquidada.
5
Al respecto citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 30 de noviembre de 2006, M. P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce (no suministra el radicado).
6
Ibidem, página 13.
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De igual forma, manifestó que el código de rechazo 1.6 (falta de comprobante de
pago de las mesadas pensionales) fue subsanado con el comprobante de pago
respectivo y el certificado de vigencia de la cédula de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Con relación al código 2.2 (CAJANAL no es sujeto pasivo), afirmó que el nacimiento
del derecho pensional de los jubilados se acreditó con los actos de reconocimiento
pensional, las consultas y aceptaciones, por lo que CAJANAL debía efectuar los pagos
correspondientes. Además, puso de presente que la obligación fue consultada a las
entidades afiliadas a la caja de previsión, como eran el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Justicia, la Registraduría Nacional del Estado Civil
y el Ministerio de Salud – Fondo Nacional Hospitalario.
Finalmente, en los hechos de la reforma de la demanda, sostuvo que se presentó
la reclamación oportuna ante CAJANAL con relación a algunos pensionados, pese a
lo cual no fueron incluidos en la calificación de la obligación. Por lo tanto, solicitó su
inclusión, asegurando que aportó los documentos requeridos para probar el derecho
al recobro.
Oposiciones a la demanda7
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que no debió ser vinculado al
proceso, porque no expidió los actos demandados. Explicó que, durante la
liquidación de CAJANAL, actuó como gestor de recursos presupuestales hasta el
cierre de ese trámite, el 11 de junio de 2013, por lo que no era responsable de las
decisiones que autónomamente adoptó el liquidador.
Afirmó que el cobro de cuotas partes pensionales estaba sujeto a la prescripción de
la Ley 1066 de 2006 y, antes de su expedición, a los artículos 41 del Decreto Ley
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. Puso de presente que las
obligaciones a cargo de CAJANAL se pagarían con recursos del FOPEP, y que no era
posible el reconocimiento de intereses, debido a que el inicio de la liquidación de la
entidad se dio una situación de fuerza mayor.
Propuso las excepciones de i) la indebida representación de la Nación, ii) caducidad
de la acción, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iv) prescripción, v)
inexistencia del título que preste mérito ejecutivo, vi) inexistencia del derecho a
percibir intereses, vii) inexistencia de la acción frente al Ministerio, viii) legalidad y
ix) aspectos presupuestales.
La UGPP señaló que las cuotas partes son obligaciones financieras, no una función
pensional propiamente dicha, de manera que los pasivos en esa materia hacen
parte del trámite de liquidación de CANAJAL y deberán ser asumidos por el ministerio
al cual estuvieren adscritos, conforme el artículo 1 del Decreto 1222 de 2013.
Puso de presente que no se mantiene la interpretación de la sentencia T-921 de
2011 sobre el recobro de cuotas partes pensionales como mecanismo de
financiación del sistema, dado que el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 suprimió el
reconocimiento de este concepto entre entidades del orden nacional, por ser un
asunto del Presupuesto General de la Nación. Agregó que era correcta la aplicación
7
En el auto del 8 de octubre de 2021, que decidió sobre excepciones, el tribunal precisó tener en cuenta las contestaciones
de las entidades aportadas con posterioridad al auto admisorio del 2 de febrero de 2017. Por esta razón en el acápite de
oposición de esta instancia se resumirán los pronunciamientos de las entidades posteriores a esa fecha.
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de la prescripción trienal, como lo hizo CAJANAL, reiterando los argumentos de los
actos acusados.
Propuso las excepciones de i) falta de competencia por indebida y/o falta de
agotamiento de la reclamación administrativa; ii) falta de legitimación en la causa
por pasiva, iii) inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales – cobro de
lo no debido, iv) prescripción, v) imposibilidad de condena en costas, dada la
ausencia de pruebas de su causación, y vi) la genérica.
El Ministerio de Salud y la Protección Social adujo que nunca fungió como
empleador o recaudador de los aportes a pensión de las personas por las cuales se
pretende el cobro, ni contaba con la competencia para reconocer o pagar mesadas
pensionales. De este modo, sostuvo que desconocía los hechos relevantes para el
proceso, por lo que su vinculación puede vulnerar su derecho al debido proceso.
Explicó que ese ministerio no podía ser considerado sucesor procesal de la extinta
entidad, sino el patrimonio autónomo constituido para el efecto. Tampoco podía
resolver administrativa o judicialmente cualquier decisión que hubiere tomado el
liquidador, quien ejerció las facultades del Decreto 1122 de 2013. Solicitó tener en
cuenta el Decreto 1222 de 2013, que asignó las competencias con relación al cobro
y al pago de las cuotas partes pensionales con anterioridad y posterioridad al cierre
de la liquidación. Destacó que esta norma únicamente faculta al ministerio para
continuar los procesos de jurisdicción coactiva, pero en ningún momento le encargó
el pago de cuotas partes pensionales.
Adujo que debía observarse el fenómeno de la prescripción, de conformidad con la
Ley 1066 de 2006 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Propuso como excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii)
inexistencia de daño antijurídico, iii) prescripción, iv) falta de agotamiento de vía
gubernativa, v) inexistencia de la obligación, vi) cobro de lo no debido, vii)
inexistencia de solidaridad entre las demandadas y viii) la innominada.
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (FIDUAGRARIA), en cuanto a
la prescripción, señaló que estaban sujetas al término de 3 años, incluso con
anterioridad a la expedición de la Ley 1066 de 2006, tal como lo confirmaban los
Decretos 3135 de 1968 y 33 de 1985. Aseguró que en los procesos concursales no
había lugar al pago de intereses moratorios después de que se hubiere proferido la
decisión de liquidar la entidad, por tratarse de una fuerza mayor; además, por la
imposibilidad de calcular la fecha hasta la cual se tendría que responder.
Alegó la falta de disponibilidad presupuestal, pues el acuerdo del 14 de agosto de
2008 no es un acto que obligue a la Nación al reconocimiento de las cuotas partes
pensionales reclamadas, pues no se cumplieron las formalidades preparatorias de
la decisión definitiva, de modo que se debía obtener el registro presupuestal
correspondiente. Además, manifestó que se garantizó el derecho al debido proceso
y de defensa de la demandante, pues se efectuó el emplazamiento a todos los
acreedores para que presentaran sus reclamaciones, y se abrió el procedimiento a
la práctica de pruebas correspondiente.
Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii)
incongruencia entre lo debatido en los actos y lo alegado en la demanda, iii)
desconocimiento de la norma, iv) que FIDUAGRARIA y el patrimonio autónomo no eran
responsables de la obligación y v) la genérica.
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Demandante: departamento de Nariño
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo que pasa a
exponerse:
En primer lugar, estudió la legitimación en la causa por pasiva. Con esta finalidad,
expuso que el artículo 1 del Decreto 1222 de 2013 estableció que las cuotas partes
a cargo de CAJANAL, derivadas de solicitudes y reconocimientos anteriores al 8 de
noviembre de 2011, estarían a cargo del patrimonio autónomo constituido para el
efecto, mientras que las que fueran presentadas de manera posterior serían
responsabilidad de la UGPP. Entonces, en principio, las obligaciones reclamadas en
este caso estarían a cargo de FIDUAGRARIA.
Sin embargo, el contrato de fiducia expiró el 15 de diciembre de 2018, por lo que
esas obligaciones quedaron a cargo de la UGPP, dado que el Decreto 2040 de 2011
le asignó a la entidad la responsabilidad de atender las reclamaciones que
estuvieran en trámite al momento del cierre concursal, siempre que tuvieran relación
con sus funciones misionales, y que el Decreto 575 de 2013 dispuso que la Unidad
tenía la función de administrar las cuotas partes pensionales de previsión que se
hubieren liquidado. En ese orden, era la UGPP la sucesora de las funciones
misionales de CAJANAL, por lo que el a quo desvinculó del proceso a los Ministerios
de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito Público, así como a FIDUAGRARIA,
toda vez que no contaban con legitimación en la causa por pasiva para atender las
pretensiones de la demandante.
En cuanto a la prescripción, precisó que el Consejo de Estado8 señaló que se deben
distinguir los siguientes escenarios: i) las obligaciones causadas hasta el 26 de
diciembre de 2002 prescriben en 10 años (artículo 2536 del Código Civil); ii) las
causadas entre el 27 de diciembre de 2002 y el 28 de julio de 2006, prescriben en
5 años (artículo 8 de la Ley 791 de 2002) y iii) las que se causaron a partir del 29 de
julio de 2007, en 3 años (artículo 4 de la Ley 1066 de 2006).
Sostuvo que la cuenta de cobro 031 determinó que CAJANAL adeudaba 153 cuotas
partes pensionales, pero incluyó algunas antiguas, como la del señor Florentino
Benavides Guerrero, a quien se le cancelaron mesadas desde el 3 de abril de 1961.
Por otra parte, el 14 de agosto de 2008, la demandante suscribió un acuerdo de
pago por compensación con CAJANAL, para lo cual compensaron obligaciones
recíprocas, incluidas aquellas relacionadas con la cuenta de cobro, pero quedó un
saldo a favor de la entidad territorial. Posteriormente, y como consecuencia de la
liquidación de la caja de previsión, la demandante presentó la reclamación en el
proceso concursal, que incluyó cuotas que se saldaron con ocasión del acuerdo de
compensación y 238 adicionales causadas hasta el 31 de julio de 2009.
De esta manera, señaló que solo el inicio de la liquidación forzosa administrativa
interrumpió el término de prescripción del derecho al recobro por cuotas partes
pensionales que le asistían al departamento (art. 818 del Estatuto Tributario). Lo
anterior, sin perjuicio de que, para el 12 de junio de 2009, fecha en la que
oficialmente se liquidó la entidad, hubiere operado la prescripción, teniendo en
cuenta que la reclamación comprendía cuotas pagadas entre el 3 de abril de 1961
y el 31 de julio de 2009.
8
Citó las sentencias del 12 de diciembre de 2018, exp 22913, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 30 de agosto de
2017 exp 21764, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 31 de octubre de 2017, exp 230201, M. P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
8
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Demandante: departamento de Nariño
De conformidad con lo expuesto, a la presentación de la reclamación 10758, habían
prescrito las obligaciones causadas del 3 de abril de 1961 al 11 de junio de 1999 (a
los cuales aplicó un término de 10 años) y del 27 de diciembre de 2002 al 11 de
junio de 2004 (5 años). Por el contrario, no prescribieron las obligaciones causadas
entre el 12 de junio de 1999 y el 26 de diciembre de 2002; y el 12 de junio de 2004
y el 31 de julio de 2009.
Frente a los intereses de mora, aseguró que el proceso de liquidación era una
situación de fuerza mayor que impedía su reconocimiento, de acuerdo con el
artículo 1616 del Código Civil. Sin embargo, los intereses respecto de cuotas partes
no son moratorios, el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 prevé el reconocimiento del
DTF. Por tanto, en el presente asunto había lugar al cobro del interés DTF respecto
de aquellas obligaciones que no estuvieran prescritas, y solo frente a los que se
causaron entre el momento que se pagó la mesada pensional y el 12 de junio de
2009, tal como quedó expresado en los actos demandados.
Sostuvo que era procedente el cobro posterior a la liquidación de CAJANAL, pues las
cuotas partes pensionales son obligaciones de tracto sucesivo. Precisó que, en este
caso, el cobro deberá adelantarse ante la UGPP, por ser la sucesora procesal de la
extinta entidad.
En cuanto al proceso de consulta de cuota parte (rechazo 1.3), encontró que la
demandante, mediante las comunicaciones del 1 de septiembre y del 3 de diciembre
de 2008, consultó a CAJANAL las cuotas partes respecto de 53 pensionados; es decir,
antes del inicio del proceso concursal. Además, el oficio GCPP 1039 del 19 de junio
de 2009 reiteró dicho trámite y adicionó 27 casos; esto es, con posterioridad al inició
al proceso concursal. Por lo tanto, la consulta de estas últimas cuotas no podía
incluirse como crédito en el proceso de liquidación.
El tribunal cruzó la información del anexo 191, que contiene los códigos de rechazo
y hace parte de los actos acusados, con los oficios de consulta de 2008 y de 2009.
A partir de esto, concluyó que era improcedente el rechazo por la causal 1.3 con
relación a 4 pensionados9, por estar acreditado que el departamento adelantó la
consulta en 2008, antes de iniciar el proceso concursal. Empero, respecto de los
demás pensionados, indicó que no existía prueba de la consulta realizada en 2008
o que se trataron de consultas posteriores a la declaratoria de liquidación de la
entidad, por lo que la causal de rechazo era procedente.
En cuanto a la aceptación u objeción de la cuota parte pensional (rechazo 1.4),
explicó que el departamento profirió las resoluciones 359, 360, 361 y 362 del 15 de
septiembre de 2009, en las que declaró el silencio administrativo positivo en el
procedimiento de consulta de cuotas partes de los 4 pensionados referidos, debido
a que CAJANAL dejó pasar el término de 15 días del artículo 2 de la Ley 33 de 1985
para presentar su objeción sobre la cuota parte. Luego, no era viable que la extinta
entidad exigiera los oficios de pronunciamiento sobre la materia, respecto de esos
pensionados, de modo que levantó esa causal de rechazo para estos casos.
Frente a la exigencia del registro presupuestal (rechazo 2.11), adujo que los únicos
requisitos para ejercer el derecho al recobro eran obtener el acto de reconocimiento
pensional y la prueba de pago de la mesada. Así, aunque el acuerdo conciliatorio
del 14 de agosto de 2008 reconoció un saldo a favor de la demandante, que sería
pagado conforme CAJANAL obtuviera la viabilidad presupuestal, no era procedente
9
Arciniego Benedicto Acosta García, Diomedes Torres Cabezas, Jaime Édgar Valencia y Jorge Tovar Sánchez.
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exigir esto en el proceso liquidatorio, dado que el derecho se causó con el pago de
la mesada pensional y no con la suscripción de dicho pacto.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas debido a que no se acreditó su
causación en el proceso.
Recursos de apelación
1. Parte demandante
La entidad territorial manifestó que el acuerdo conciliatorio suscrito el 14 de agosto
de 2008 determinó un saldo a favor de la entidad territorial que no ha sido pagado.
Señaló que esto demuestra que todas las obligaciones fueron consultadas y
aceptadas, por lo que el pacto constituye un título que presta mérito ejecutivo.
Además, destacó que con este acuerdo se aportaron las resoluciones de jubilación,
los oficios de consulta, los comunicados de aceptación, los certificados laborales,
las resoluciones de sustitución pensional y todos los documentos pertinentes.
Indicó que el oficio GG 1724 de 2018 de CAJANAL acepta las cuotas partes
pensionales objeto del acuerdo de conciliación, por lo que los códigos de rechazo
1.2 y 1.3 fueron desvirtuados en su totalidad. Esto, sumado a que el tribunal eliminó
el código de rechazo 2.11, permite reconocer el total de la obligación.
En cuanto al código de rechazo 1.3 (falta de consulta), reprochó que el tribunal
descartara las 27 cuotas partes pensionales consultadas en 2009, alegando que fue
posterior al inicio de la liquidación de CAJANAL. Al efecto, explicó que la comunicación
GCPEL-0014 del 4 de agosto de 2009 de la extinta caja informó que los oficios
radicados por la entidad territorial el 19 de junio de 2009 fueron encontrados en la
depuración física. Lo anterior, indicaba que el oficio de consulta radicado el 12 de
junio de 2009 se extravió, pero fue posteriormente encontrado.
Con base en lo anterior, señaló que la omisión de una objeción frente al oficio del
10 y radicado el 12 de junio de 2009 daba lugar a la configuración del silencio
administrativo positivo, conforme los artículos 2 y 3 del Decreto 2921 de 1948.
Destacó que esta obligación no se extingue con el extravío de la correspondencia
en las oficinas de la deudora. Y solicitó el reconocimiento y pago de 20 cuotas partes
pensionales, precisando que las otras 7 corresponden a personas ya fallecidas.
Frente a otros códigos de rechazo, alegó el desconocimiento de las pruebas
aportadas con el recurso de reposición presentado en sede administrativa.
Respecto al código de rechazo 1.2 (falta de prorrateo), afirmó que la glosa fue
desvirtuada con la acreditación de las certificaciones laborales aportadas con la
reclamación del 2009 y los actos administrativos correspondientes, en donde se
identifican los tiempos laborados y la distribución de la cuota parte pensional
conforme ellos, como lo exige la Ley 33 de 1985 y el Decreto Ley 1848 de 1969.
Para el código de rechazo 1.6 (falta de comprobante de pago de las mesadas
pensionales), adujo que esto se subsanó al entregarse los documentos
correspondientes, que fueron adjuntados al recurso de reposición del mes de enero
de 2013.
En cuanto al código 2.2 (CAJANAL no es sujeto pasivo), aseguró que la consulta se
realizó ante las entidades afiliadas a CAJANAL para las cuales trabajaron o cotizaron
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los pensionados, tales como Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia,
Registraduría Nacional del Estado Civil y Ministerio de Salud – Fondo Nacional
Hospitalario. Además, indicó que la entidad liquidada no precisó los eventos por los
que rechazó las cuotas partes pensionales frente a algunos pensionados, pese a
que los documentos aportados demuestran que CAJANAL era la obligada a pagar las
cuotas partes pensionales objeto de reclamación.
De otro lado, manifestó que no era procedente la prescripción de los periodos
indicados por el tribunal, pues el término se interrumpió por la aceptación expresa
del deudor en el acuerdo conciliatorio de 2008 y la reclamación del acreedor
mediante cuentas de cobro.
2. Parte demandada
La UGPP planteó, con fundamento en el artículo 2 del Decreto 1222 de 2013, que
solo era responsable por el pago de las cuotas partes pensionales derivadas de
solicitudes radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011. Y, en este caso, las
obligaciones reclamadas se consolidaron e hicieron exigibles con anterioridad a esa
fecha, por lo que debieron incluirse en el proceso de liquidación de CAJANAL, como
lo establecía la Resolución 2266 de 2012. Además, distinguió la facultad de cobro
de la obligación de pago e indicó que la competente para continuar con los procesos
de jurisdicción coactiva al cierre del proceso de liquidación era el Ministerio de Salud
y Protección Social, por asumir la posición del fideicomitente dentro del patrimonio
autónomo, pero en todo caso el pago era responsabilidad del FOPEP. Por lo anterior,
solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y la declaratoria de la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Oposición a la apelación
Las partes guardaron silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público tampoco se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección resolver los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones 2266 del 14 de diciembre de 2012 y 3352 del 19 de marzo de 2013,
expedidas por CAJANAL, mediante las cuales decidió sobre el reconocimiento de
cuotas partes pensionales en favor del departamento de Nariño.
Análisis del caso concreto
1. Legitimación en la causa por pasiva
La UGPP afirmó que está probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque solo era responsable por el pago de cuotas partes pensionales
solicitadas después del 8 de noviembre de 2011, pero las discutidas en este caso
son anteriores a esta fecha, de modo que debieron incluirse en el proceso de
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liquidación de CAJANAL y pagarse con cargo al FOPEP. Además, puso de presente
que la competente para continuar con el proceso de jurisdicción coactiva al cierre
del proceso de liquidación era el Ministerio de Salud y Protección Social.
Para decidir este punto, la sala acogerá en lo pertinente el criterio expuesto en la
sentencia del 27 de febrero de 202510, reiterada en el fallo del 12 de junio de 202511.
En dichas providencias, se puso de presente que el artículo 1 del Decreto 2196 de
2009 ordenó la supresión y liquidación de CAJANAL, y que el artículo 22 determinó
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sería la entidad encargada de los
procesos judiciales y administrativos que estaban en curso al momento de la
liquidación. Sin embargo, esta última disposición fue modificada por el artículo 2 del
Decreto 2040 de 2011, para establecer que las obligaciones de tipo misional serían
asignadas a la UGPP y las de tipo administrativo al Ministerio de Salud.
Por su parte, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 6 del Decreto 575
de 2013 establecen que el reconocimiento de los derechos pensionales de las
entidades del orden nacional que están en proceso de liquidación se encuentra a
cargo UGPP. Y, el artículo 1 del Decreto 4269 de 2011 dispone que CAJANAL será
responsable de las solicitudes radicadas antes del 8 de noviembre de 2011,
mientras que la UGPP asumirá aquellas presentadas con posterioridad a dicha fecha.
Ahora bien, el artículo 1 del Decreto 1222 de 2013 ordenó la creación de un
patrimonio autónomo para la administración de cuotas partes pensionales derivadas
de solicitudes anteriores al 8 de noviembre de 2011. Por consiguiente, CAJANAL y
FIDUAGRARIA suscribieron el contrato de fiducia mercantil 20, por el cual se
encargaba la administración del patrimonio autónomo destinado al reconocimiento
de cuotas partes pensionales y la responsabilidad de representación judicial.
Con base en lo anterior, la providencia reiterada precisó que «Fiduagraria S.A. tenía una
responsabilidad temporal, limitada a lo establecido en el contrato de fiducia y mientras el contrato
esté vigente. Por otro lado, la UGPP tiene una responsabilidad permanente, basada en las
funciones encomendadas en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y la regla general de
competencia del Decreto 2196 de 2009» [negrilla del original].
La anterior conclusión fue reforzada con el concepto 2417 del 12 de noviembre de
2019 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado12, que puso de
presente lo siguiente:
Respecto de los demás procesos misionales relacionados con las cuotas partes pensionales
a cargo de CAJANAL, que tuvieren origen en solicitudes radicadas antes del 8 de noviembre
de 2011, la Sala observa que el citado artículo no le asignó dicha responsabilidad al Ministerio
de Salud y Protección Social. En consecuencia, se debe tener en cuenta el criterio general de
distribución de funciones previsto para este proceso liquidatorio, contenido en el artículo 22
del Decreto 2196 de 2009, que asigna a la UGPP la labor de encargarse de las obligaciones
de carácter misional. En razón de lo anterior, corresponde a dicha entidad asumir la
representación judicial en estos procesos.
[…]
Con arreglo a las razones expuestas en este concepto, las obligaciones de carácter misional
derivadas de solicitudes radicadas antes del 8 de noviembre de 2011 deben ser asumidas por
la UGPP. Por consiguiente, la entidad tiene el deber de asumir los procesos de cobro y la
10
Exp 28940 M.P. Milton Chaves García. En él se invocaron como antecedentes relevantes los fallos del 4 de mayo de
2023, exp 27123, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 26 de junio de 2024, exp 27817, M.P. Milton Chaves García.
11
Exp. 29050, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
Exp 2019-00065-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
12
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representación judicial de los procesos que se tramiten en contra de CAJANAL en su calidad
de administradora de pensiones [subraya la Sala].
Atendiendo lo anterior, la Sección ratifica que, a diferencia de la responsabilidad
temporal asignada a FIDUAGRARIA, la UGPP asume una responsabilidad de carácter
permanente, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y el
artículo 22 del Decreto 2196 de 2009. En consecuencia, tiene legitimación en la
causa por pasiva en el recobro de las cuotas partes pensionales que fueron
reconocidas por CAJANAL antes del 8 de noviembre de 2011. En consecuencia, no
prospera la apelación de la demandada.
2. Sobre la prescripción de la obligación
La demandante aseguró que el tribunal no tuvo en cuenta que la prescripción de la
obligación fue interrumpida antes del inicio del proceso concursal, con la aceptación
de la obligación, en el acuerdo del 14 de agosto de 2008, y con la presentación de
las cuentas de cobro ante CAJANAL.
Sobre este punto, es necesario tener presente que, al momento de la celebración
del acuerdo (14 de agosto de 2008) y la presentación de las cuentas de cobro por
parte de la entidad territorial (años 2008, 200913), estaba vigente la Ley 1066 de
2006, por lo que el cobro de este tipo de obligaciones se adelantaría con base en lo
dispuesto en el Estatuto Tributario.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso es aplicable el artículo 818 del Estatuto
Tributario, que establece que el término de prescripción de la acción de cobro se
interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de
facilidades de pago, por la admisión de la solicitud de concordato o por la terminación
de la liquidación forzosa administrativa.
Como se observa, contrario a lo dicho por la demandante, esta norma no contempla la
posibilidad de interrumpir el término de prescripción con base en la celebración de un
acuerdo compensatorio, en el cual hay un reconocimiento mutuo de obligaciones y su
extinción por compensación, ni por la presentación de cuentas de cobro, en cuanto que
no pueden considerarse mandamientos de pago.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación de la demandante no prospera. Sin
embargo, la sala considera necesario corregir el ordinal sexto de la parte resolutiva de
la sentencia apelada porque señaló que el primer periodo en que no operó la
prescripción corrió entre el «12 de junio de 1999 y el 26 de diciembre de 2022»14, cuando en
su parte considerativa precisó que era hasta el año 2002, por lo que la corrección
anunciada es necesaria para que la decisión judicial guarde coherencia, elemento
esencial de la legitimidad de la administración de justicia.
3. Causales de rechazo 1.3 (falta de consulta) y 1.4 (falta de aceptación)
La demandante sostuvo, con relación a las consultas realizadas en el año 2008, que
el acuerdo conciliatorio es un documento que presta mérito ejecutivo, que a él fueron
adjuntados los documentos pertinentes y que el oficio GG 1724 del 9 de julio de 2008
13
Entre otras, en el expediente se encuentran las cuentas de cobro 031 del 31 de julio de 2008 (cfr. samai, índice 2, carpeta
que contiene la reclamación, PDF denominado RECLAMACION 10758 CARPETA 1, página 34); la 035 fue proferida el 22
de septiembre de 2008 (cfr. ibidem, página 134), la 063 del 31 de agosto de 2009 (cfr. ibidem, página 54), la 064 del 15
de septiembre de 2009 (cfr. ibidem, página 14), la 065 de la misma fecha (cfr. ibidem, página 149), y la 041 de 2011 (cfr.
samai, índice 2, carpeta que contiene la reclamación, PDF denominado RECLAMACION 10758 CARPETA 6, página 6).
14
Samai del Tribunal. Índice 81. Páginas 40 a 41.
13
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de CAJANAL reconoció expresamente que fueron aceptadas las cuotas partes
pensionales. De igual modo, con relación a las consultas de 2009, sostuvo que el
oficio GCPEL-0014 del 4 de agosto de 2009 de CAJANAL reconoció que los oficios de
radicados el 19 de junio de 2009 fueron encontrados, de modo que la entidad no se
exoneró del pago que le correspondía, por lo que debía revocarse el código de
rechazo frente a 20 pensionados, pues los otros 7 han fallecido. Y, finalmente,
destacó que la omisión de la entidad de pronunciarse sobre las consultas realizadas
daba lugar a su aceptación mediante un silencio administrativo positivo.
La sala precisa que, si bien la demandante no solicitó de forma expresa levantar la
causal de rechazo 1.4 (falta de aceptación de la cuota parte pensional), se evidencia
que controvierte las conclusiones del Tribunal al respecto, al señalar que el solo
silencio de CAJANAL acredita su aceptación tácita (silencio administrativo positivo), y
se refiere al cumplimiento de la consulta y de la aceptación de forma indistinta.
Al respecto, la Sección señaló que el título ejecutivo para el cobro de cuotas partes
pensionales está conformado por el acto administrativo de reconocimiento
pensional y el acto administrativo que liquida las cuotas partes pensionales,
respecto de las mesadas causadas y pagadas que no estén prescritas15.
Para conformar el primero de los actos que integran el título ejecutivo, se previó un
procedimiento especial en el Decreto 2921 de 1948 y en el Decreto 2709 de 1994.
Según estas normas, la entidad que recibe la petición de reconocimiento pensional
debe remitir copia del proyecto de resolución a las demás autoridades obligadas a
concurrir en su pago, la cual tendrá un término de quince días para objetar o aceptar
expresamente la cuota parte asignada. Pero, si durante ese plazo la entidad
consultada guarda silencio, se entenderá aceptada tácitamente.
Además, la sala consideró que la carga de probar la adecuada conformación del
título ejecutivo es de la entidad acreedora, para efectos de adelantar el cobro.
Precisado lo anterior, se evidencia que, con la demanda, fue aportado el oficio GG
1724 del 9 de julio de 2008, suscrito por el gerente general de CAJANAL, en el que
consta lo siguiente:
2. Que el DEPARTAMENTO DE NARIÑO consultó a CAJANAL “EICE”, como entidad concurrente,
las cuotas partes pensionales que más adelante se detallan, enviándole en su oportunidad, el
proyecto de resolución de reconocimiento de pensión, a efectos que manifestara su aceptación
u objeción al mismo, de conformidad al procedimiento legal de cobro, señalado en el Decreto
2921 de 1948, Ley 33 de 1985, demás normas pertenecientes y que CAJANAL “EICE”, en unos
casos, aceptó las cuotas partes pensionales, en otras, dejó transcurrir el término de quince
(15) días señalados en la ley, sin manifestación alguna, operado la aceptación [sic], por la
aplicación del silencio administrativo. En otros, objetó los proyectos, siendo absueltas sus
objeciones16.
Luego, el documento relaciona una lista de pensionados, que se corresponden a los
que son objeto de reclamación. Además, se pone de presente que esta misma
manifestación consta en el acuerdo conciliatorio del 14 de agosto de 200817.
15
En este sentido ver las sentencias del 16 de diciembre de 2011, exp. 18123, M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas;
del 23 de noviembre de 2017, exp. 21568, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 6 de noviembre de 2019, exp. 23765,
M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 8 de octubre de 2020, exp. 24191, M. P. Milton Chaves García; del 24 de junio
de 2021, exp. 25090, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 27 de febrero de 2025, exp. 28940, M. P. Milton Chaves
García.
16
Samai, índice 2, PDF de los anexos de la demanda, página 32.
17
Samai, índice 2, carpeta 85_EXPEDIENTEDIGI_1CDFOLIO_1CDFL686CUAD3rar_0_20241204142551445, PDF
RECLAMACION 10758 CARPETA 1, páginas 57 y siguientes.
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Ahora, al contrastar el listado de los pensionados de estos documentos con el anexo
191 de los actos acusados, que contiene los códigos de rechazo, se observa que
frente a algunos de ellos no fue reconocida la obligación, alegando las causales 1.3
y 1.4. Por ejemplo, Carlos Alberto Arciniegas18 y Miguel Francisco Moncayo
Moncayo19 hacen parte de la lista de pensionados frente a los cuales CAJANAL
reconoció que le fue adelantada la consulta y que aceptó, expresa o tácitamente, o
que fueron absueltas sus objeciones. Pese a ello, figura el rechazo por los códigos
indicados20.
Entonces, aunque en el expediente no se encuentren todos los documentos que
acreditan la consulta y aceptación de las cuotas partes pensionales (como lo
manifestó el tribunal para el trámite adelantado en agosto de 200821), lo fundamental
es que CAJANAL (entidad deudora) reconoció expresamente que sí se cumplió con
estos requisitos. Esta admisión es de vital importancia porque proviene de la entidad
deudora; en consecuencia, ella no puede contradecir su propio acto de
reconocimiento de la adecuada conformación del título ejecutivo. Por lo tanto, es
inaceptable que las decisiones administrativas posteriores (acusadas en este
proceso) rechazaran la obligación de pago de CAJANAL, argumentando la omisión de
un procedimiento que la propia entidad ya había confirmado haber realizado.
Ahora, respecto de los 27 pensionados que fueron objeto de consulta de forma
posterior, mediante escrito radicado ante CAJANAL el 19 de junio de 200922, la sala
evidencia que el tribunal negó este cargo de nulidad manifestando que «es diáfano
que la consulta de cuotas partes elevada después del 12 de junio de 2009 no pueden incluirse como
crédito en el proceso concursal, toda vez que, como se explicó anteriormente, únicamente procede
el cobro de cuotas partes que ya se hubieran hecho exigibles, situación que no se puede predicar
de obligaciones que apenas estaban en sede de consulta»23. Sin embargo, la demandante no
propuso algún argumento en su recurso tendiente a desvirtuar esta conclusión, sino
que se limitó a enunciar que el oficio radicado fue extraviado y luego encontrado.
De este modo, no señaló si la verdadera fecha de radicación fue anterior al 12 de
junio de 2009, ni manifestó si el hecho de que haya iniciado el trámite liquidatorio
era irrelevante para efectos de la reclamación. Por lo tanto, este aspecto no será
analizado, en virtud del principio de congruencia de los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación prospera parcialmente, únicamente con
relación a las cuotas partes pensionales consultadas en el 2008 y que, según el
tribunal, no había prueba del agotamiento de este trámite.
4. Código de rechazo 1.2 (falta de prorrateo)
El departamento afirmó que la supuesta omisión en el prorrateo de la obligación
pensional quedó desvirtuada con las certificaciones laborales que fueron aportadas
con la reclamación y con los actos administrativos de los pensionados, documentos
que demuestran el tiempo acumulado para la pensión y el monto de las mesadas, y
que se distribuyó en proporción al tiempo servido en cada entidad.
18
Samai, índice 2, PDF de los anexos de la demanda, página 33.
19
Ibidem, página 38.
20
Samai, índice 2, carpeta 85_EXPEDIENTEDIGI_1CDFOLIO_1CDFL686CUAD3rar_0_20241204142551445, PDF
RECLAMACION 10758 CARPETA 7, páginas 33 y 35
21
En efecto, los pensionados referidos como ejemplo hacen parte de la lista en que el tribunal indicó que se practicó la
consulta en agosto de 2008, pero que no se allegó prueba de ello. Cfr. Samai del tribunal, índice 81, páginas 34 a 35.
22
Samai, índice 2, PDF de los anexos de la demanda, página 72.
23
Samai del tribunal, índice 81, páginas 33 a 34.
15
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Demandante: departamento de Nariño
Sobre este punto, en la resolución que decidió la reposición, CAJANAL afirmó que la
parte interesada aportó una serie de documentos y resoluciones, pero que los actos
administrativos de cada uno de los pensionados en discusión «fueron expedidos sin
establecerse el prorrateo, elemento que le permite a la entidad cuota partista conocer el valor
asignado proporcional al tiempo laborado a una entidad adscrita a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL o en la propia entidad; si está obligada a la cuota parte asignada y si esta se ajusta a las
disposiciones legales, consecuentemente que la claridad en la obligación, permite el acto
administrativo autónomo e independiente, tenga el carácter de ejecutable, en la medida que cumpla
los requisitos de que conforma el título ejecutivo»24.
Como fue expuesto en el acápite anterior, el acto de reconocimiento pensional es el
primer documento que conforma el título ejecutivo que se pretende hacer efectivo.
Así las cosas, el actor es el primer llamado a aportarlo al expediente, en
cumplimiento de su carga de la prueba.
En este caso, revisados los documentos obrantes en el expediente, si bien existen
cuentas de cobro, constancias de pago y resoluciones de declaratoria de silencio
administrativo positivo, no se encuentran los actos de reconocimiento pensional
expedidos por la entidad encargada de su pago, en los cuales se pudiera identificar
la cuota parte pensional a cargo de CAJANAL, y que fueron echados de menos en
sede administrativa en la resolución que resolvió el recurso de reposición. Se
destaca que, a diferencia de lo ocurrido con los códigos 1.3 (falta de consulta) y 1.4
(falta de aceptación), en este caso no existe manifestación de la entidad deudora
que admita que conoció con precisión el porcentaje de la mesada pensional a su
cargo frente a los pensionados frente a los cuales se formuló esta glosa.
Además, se evidencia que algunos documentos allegados indican la proporción de
la cuota parte pensional a cargo de CAJANAL, pero no ofrecen certeza del porcentaje
determinado en el acto de reconocimiento pensional. Por ejemplo, con relación al
pensionado Carlos Ramiro Montenegro Orbes, al cual se le aplicó el código de
rechazo 1.2 (falta de prorrateo) en el anexo 19125, se allegó una liquidación de las
cuotas partes pensionales elaborada por la entidad territorial, en la que consta que
la participación de la entidad liquidad era del 36,71%26. Sin embargo, este
documento no es suficiente para tener probado que ese es el porcentaje asignado
en el acto de jubilación.
En consecuencia, no prospera este cargo de la apelación.
5. Código de rechazo 1.6 (falta de constancia de pago de las mesadas
pensionales)
La entidad territorial aseguró que fueron aportados los comprobantes de pagos de
mesadas pensionales con relación a los siguientes pensionados: Italia María
Bastidas, Flavio Lucio Castillo, Manuel Antonio Delgado Torres, Isabel Huertas, Elio
Marino Mejía, Pablo Gonzalo Mejía, María Ofelia Ortiz de Urbano, Florentino
Rodríguez Yaqueno y Rosa Amalia Vergara de Quiñonez27.
Sobre el asunto se encuentra que en la resolución que resolvió el recurso de
reposición señaló que, en efecto, fueron aportados los comprobantes de pago de
24
Samai, índice 2, PDF de anexos de la demanda, página 174.
25
Samai, índice 2, carpeta 85_EXPEDIENTEDIGI_1CDFOLIO_1CDFL686CUAD3rar_0_20241204142551445, PDF
RECLAMACION 10758 CARPETA 7, página 36.
26
Samai, índice 2, carpeta 85_EXPEDIENTEDIGI_1CDFOLIO_1CDFL686CUAD3rar_0_20241204142551445, PDF
RECLAMACION 10758 CARPETA 3, página 1.
27
Samai del tribunal, índice 85, PDF de la apelación, página 15.
16
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los siguientes pensionados: Italia María Bastidas, Flavio Lucio Castillo y Elio Marino
Mejía. En consecuencia, no se aplicó este código de rechazo a ellos.
De otro lado, si bien se observa que se aportaron otros comprobantes de pago,
ninguno de ellos corresponde a los pensionados referidos en la apelación. Por
ejemplo, se encuentran los pagos efectuados a Vicente Guerrero Cárdenas28 y
Conrado García Conrado29. Así mismo ocurre con otros documentos aportados30.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación no prospera.
6. Código de rechazo 2.2 (CAJANAL no es sujeto pasivo)
El departamento de Nariño afirmó que realizó la consulta de las cuotas partes
pensionales frente a las entidades afiliadas a CAJANAL para las cuales trabajaron y/o
cotizaron, tales como Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Registraduría
Nacional del Estado Civil, Ministerio de Salud – Fondo Nacional Hospitalario. Esas
cuotas partes cumplieron con los requisitos legales como base de la reclamación,
de manera que esa glosa quedó desvirtuada y debía eliminarse del anexo 191.
Al respecto, la sala evidencia que en el expediente no obra prueba alguna de estas
consultas. Además, la resolución que decidió el recurso de reposición31 señaló que
«la consulta de proyecto de resolución que pretendía reconocer la mesada pensional, debía
desarrollarse de manera directa entre la entidad jubilante y las entidades o Cajas de Previsión que
se ven obligadas a concurrir en el pago de la mesada inicial a prorrata por los tiempos cotizados o
laborados por el solicitante»32.
En ese sentido era improcedente «la intención de atribuirle la responsabilidad a CAJANAL EICE
HOY EN LIQUIDACIÓN sobre la concurrencia del Silencio Administrativo Positivo por la inoperancia
administrativa de la entidad a la cual se remitió la comunicación, toda vez que Cajanal no se
encontraba en la posibilidad material de conocer la documentación remitida por la entidad
jubilante»33. Sin embargo, la apelante no propone argumento tendiente a desvirtuar la
presunción de legalidad de esta conclusión.
De otro lado, la apelante también afirmó que CAJANAL no precisó los motivos por los
que aplicó esta causal de rechazo, pese a que los documentos aportados acreditan
la obligación a su cargo. Sobre este asunto, la resolución que decidió el recurso de
reposición explicó que el código de rechazo 2.2. (la entidad liquidada no es
deudora)34
(…) se impone para aquellos casos en los cuales pueden concurrir un variado número de
circunstancias de las que se deduce que CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, no debe concurrir al
pago de la cuota parte que se le cobra; entre las más comunes se encuentran: que la entidad
que reclama no fue quien reconoció la prestación ni efectúa el pago; que los tiempos cargados
a CAJANAL como cuota parte no se encuentran dentro de los convenios a cargo de esta entidad;
que la entidad por la cual se cobra a CAJANAL no corresponde a aquellas partes por las cuales
esta entidad recibió aportes: no es posible comprobar que los tiempos cargados sean
correctos o que el pensionado haya efectivamente realizado aportes a CAJANAL; que el acto
administrativo de reconocimiento no vincula a Cajanal como entidad cuotapartista, etc. Se
puede entonces mostrar el nexo entre estos ejemplos, los cuales llevan a construir criterio de
exclusión de las cuotas partes cobradas que caen dentro de estos defectos; de lo cual
28
Samai, índice 2, carpeta 85_EXPEDIENTEDIGI_1CDFOLIO_1CDFL686CUAD3rar_0_20241204142551445, PDF
RECLAMACION 10758 CARPETA 5, página 132.
29
Ibidem.
30
Samai, índice 2, carpeta 85_EXPEDIENTEDIGI_1CDFOLIO_1CDFL686CUAD3rar_0_20241204142551445, PDF
RECLAMACION 10758 CARPETA 6.
31
Páginas 33 y siguientes.
32
Samai, índice 2, PDF de anexos de la demanda, página 181.
33
Ibidem.
34
Ibidem, página 185.
17
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claramente se desprende que mal haría el Liquidador en reconocer recobros por cuotas partes
de las cuales persista el velo de duda por la carencia de alguno de los documentos que debe
comprobar la obligación de pago de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN.
Posteriormente, enlistó un grupo de trabajadores, los cuales coinciden con los
referenciados en el recurso de apelación35, y precisó que «esta causal de rechazo, se
aplicó a los pensionados arriba relacionados, toda vez que como que no se vinculó a CAJANAL E.I.C.E.
en el Acto administrativo como entidad cuotapartista»36.
De conformidad con lo expuesto, y contrario a lo señalado por la parte apelante, se
estima que la entidad explicó la razón por la cual aplicó a ese grupo de pensionados
la glosa 2.2 (la entidad liquidada no es deudora), además que se reitera que los
documentos que obran en el expediente no dan cuenta de que CAJANAL estuviera
obligada a pagar las cuotas partes pensionales relacionadas con ellos. Por lo tanto,
este cargo de la apelación tampoco prospera.
7. Conclusión
No prosperó la apelación de la demandada. En cambio, la apelación de la
demandante prosperó parcialmente, únicamente con relación al levantamiento de
los códigos de rechazo 1.3 y 1.4 frente a las cuotas partes pensionales consultadas
en el 2008 y que, según el tribunal, no había prueba del agotamiento de este trámite.
Por lo anterior, la sala confirmará la decisión de negar la excepción propuesta por
la UGPP y de declarar la nulidad parcial de los actos acusados, pero modificará el
numeral sexto de su parte resolutiva para que los códigos referidos sean eliminados
de todos los pensionados relacionados en el oficio GG 1724 del 9 de julio de 2008
de CAJANAL y el acuerdo liquidatorio suscrito el 14 de agosto de 2008. Se precisa
que no será modificado ningún otro aspecto del restablecimiento del derecho ni
sobre las pretensiones negadas, dado que no fueron objeto del recurso de
apelación. Además, se realizará la corrección anunciada respecto al primer periodo
no prescrito dispuesto por el tribunal, conforme se explicó al estudiar la prescripción
de la obligación.
Costas
No será analizada la decisión de no imponer condena por este concepto en primera
instancia porque no fue objeto de las apelaciones. Además, debido a que las
pretensiones solo prosperaron parcialmente, no se impondrá condena en segunda
instancia, conforme el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal sexto de la sentencia proferida el 9 de agosto de 2024,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, el cual quedará así:
35
Samai del tribunal, índice 81, PDF de la apelación, páginas 15 a 16.
36
Samai, índice 2, PDF de anexos de la demanda, página 186.
18
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Radicado: 25000-23-37-000-2016-02097-01 (29621)
Demandante: departamento de Nariño
SEXTO: A título de restablecimiento, suprimir del anexo 191 las siguientes glosas:
• Código 1.3 (falta de consulta) y 1.4 (falta de aceptación): respecto de todos los
pensionados relacionados en el oficio GG 1724 del 9 de julio de 2008 de CAJANAL y el
acuerdo liquidatorio suscrito el 14 de agosto de 2008.
• Código 2.4 (prescripción): respecto de las cuotas partes que se hicieron exigible entre el
12 de junio de 1999 y el 26 de diciembre de 2002, y entre el 12 de junio de 2004 y el 31
de julio de 2009.
• Código 2.11 (falta de disponibilidad presupuestal): de todas las cuotas partes objeto de
reclamo.
2. Confirmar en lo demás la providencia apelada.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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