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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00158-01

Contratos de arrendamiento: reglas para efectos del impuesto sobre la renta

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00158-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- MODIFICAR la sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, la cual queda así: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 312412015000122 del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, y de la Resolución 008139 del 24 de octubre de 2016, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, actos administrativos por medio de los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2013, presentada por DICERMEX SA, NIT. 800.200.237-9. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 presentada por DICERMEX SA, NIT. 800.200.237-9, en forma virtual el 24 de julio de 2014, con número de formulario 1104603817095 y número adhesivo 91000244825660. 2.- Sin condena en costas en ambas instancias. 3.- Reconocer personería al abogado Gustavo Adolfo Mosquera Abello, como apoderado de la entidad demandada, conforme con el poder que obra en el folio 28 del c.p. 3.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-00158-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

15 de julio de 2021

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO – Reglas para efectos del impuesto sobre la renta / CONTRATOS NOMINADOS COMO LEASING FINANCIERO - Tratamiento tributario / DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS – Regulación. Reiteración de jurisprudencia / UTILIDAD OBTENIDA POR LA CESIÓN DE DERECHO COMO UNA GANANCIA OCASIONAL – Procedencia

El numeral primero del artículo 127-1 ET dispuso el tratamiento conocido como «arrendamiento operativo» para los contratos de leasing financiero con opción de compra que tuvieran por objeto los siguientes bienes y se pactaran plazos que se indican a continuación: inmuebles (en la parte que no corresponda a terreno) con un plazo igual o superior a 60 meses; maquinaria, equipo, muebles y enseres con plazo igual o superior a 36 meses; vehículos de uso productivo y equipo de cómputo con plazo igual o superior a 24 meses. El referido tratamiento tributario y contable consistía la posibilidad de amortizar la inversión, vía deducción del canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato, sin registrar un activo en el patrimonio del locatario. Y el numeral segundo del artículo 127-1 del ET, dispuso un tratamiento fiscal y contable para los contratos de leasing financiero con opción de compra, con las siguientes particularidades: contratos de arrendamiento financiero de inmuebles exclusivamente en la parte correspondiente al terreno, independientemente del plazo del contrato; contratos de arrendamiento financiero de inmuebles con plazo inferior a 60 meses, de maquinaria, equipo, muebles y enseres con plazo inferior a 36 meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de computación con plazo inferior a 24 meses. Dicho tratamiento consistía en la obligación de activar el bien objeto del contrato, con el consecuente derecho a la depreciación, ordenando registrar como contrapartida un pasivo por el mismo valor del bien activado, sin posibilidad de llevar al gasto fiscal el canon de arrendamiento pagado, reconociendo en esencia una verdadera operación de financiación para la adquisición de activos de capital. Debe precisarse que el tratamiento fiscal como arrendamiento operativo previsto para los contratos de leasing financiero o leasing con opción de compra, estaba previsto exclusivamente para arrendatarios que tuvieran activos totales hasta el límite previsto para la mediana empresa definido en la Ley 905 de 2004, tratamiento que permaneció vigente desde la incorporación al ET de las reglas especiales adoptadas para el leasing por la Ley 223 de 1995, con las modificaciones realizadas por las leyes 1004 de 2005 y 1111 de 2006, que extendieron este beneficio en el tiempo, atendiendo, además, a la inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, declarada por la sentencia C-015 del 23 de enero de 2013, al no prever la reviviscencia de las normas que fijaban su límite temporal, por lo que la aplicación del beneficio ceso al entrar en vigencia la Ley 1819 de 2016.

Como corolario de lo anterior, la norma fiscal prevé una ficción jurídica según la cual, si los contratos de leasing con opción de compra o leasing financiero cumplen con los requisitos de plazo y tipo de activo previstos en la ley, recibirán el tratamiento fiscal de leasing operativo, esto es, no habrá reconocimiento del activo en cabeza del arrendatario; de lo contrario, desde el inicio del contrato los bienes harán parte integrante del patrimonio del arrendatario». (…) Es un hecho probado y no controvertido por las partes que, para la fecha de suscripción del referido contrato, esto es, para el año 2005, se encontraba vigente el tratamiento previsto en el artículo 127-1 del ET anteriormente explicado, según el cual, tratándose de contratos de arrendamiento financiero de inmuebles con un plazo superior a 60 meses, como el ahora analizado, los valores correspondientes a la construcción y al terreno debían desagregarse para efectos de su contabilización. (…) Se precisa que, aunque el 1 de febrero de 2013, día de finalización del contrato de leasing, la actora pagó por cuenta de los cesionarios la opción de compra ($423.692.130), este hecho no la convirtió en propietaria de los bienes objeto del contrato de leasing pues, como lo sostiene la demandante, para adquirir el dominio de bienes raíces se requiere una escritura pública inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos, conforme a lo previsto en los artículos 756 y 1857 del Código Civil. Así las cosas, conforme al artículo 127-1 [2.e] del ET, vigente para el periodo discutido, como el activo cedido o enajenado derivado del contrato de leasing financiero correspondió a un derecho que permaneció en el patrimonio de la sociedad desde el 1 de febrero de 2006, fecha de inicio del contrato, hasta el 31 de enero de 2013, fecha de enajenación del mismo, el ingreso y el costo asociado a la cesión del derecho a ejercer la opción de compra debieron ser declarados como ganancias ocasionales, en los términos del artículo 300 del ET, por tratarse de un activo que fue poseído por más de dos años. En consecuencia, la utilidad obtenida por la sociedad debió tratarse, como en efecto se hizo, como una ganancia ocasional. Ahora bien, en cuanto al precio o al valor comercial que se le debió asignar al derecho para efectos de determinar la utilidad, la recurrente ha sido insistente en afirmar que se debió tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 90 [inc. 6] del ET, toda vez que el precio establecido por las partes difirió en más de un 75% del avalúo catastral asociado al terreno. (…) En ese contexto, y teniendo en cuenta que el activo enajenado no correspondió a un bien inmueble sino a un derecho asociado al mismo, no era imperativo establecer su precio con base en el 100% del avalúo catastral, razón por la cual el precio de enajenación declarado por la sociedad ($3.841.110.000) no difirió notoriamente del valor comercial del activo en los términos del artículo 90 del ET, teniendo en cuenta que el mismo correspondió, como se dijo, a un derecho asociado a un terreno. Finalmente, se observa que la entidad demandada no cuestionó la realidad ni la trazabilidad de la operación que dio origen a los ingresos discutidos y reconoció que se trató de la cesión del derecho a ejercer la opción de compra, de suerte que la utilidad generada por la cesión de ese derecho, que hizo parte del patrimonio de la contribuyente por más de dos años (febrero de 2006 a enero de 2013), constituía ganancia ocasional conforme al artículo 300 del ET, y no renta ordinaria. Y adicionó ingresos no operacionales tomando como referente para determinar la utilidad gravada, el 100% del valor catastral de los bienes inmuebles que fue declarado en el año 2013, en aplicación del artículo 72 del ET, avalúo que incluye la edificación y el terreno.

En realidad, lo que según la Administración habría dejado de declarar la sociedad actora, serían los ingresos derivados de la cesión del derecho de la opción de compra sobre la edificación (bodega) y así justifica dicha adición, sin tener en cuenta lo previsto en el artículo 90 ib. En consecuencia, desvirtuada la legalidad de la actuación administrativa, resulta improcedente la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados. Por lo tanto, la Sala modificará la sentencia apelada para declarar la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de la declaración privada presentada por la actora respecto del impuesto sobre la renta del año gravable 2013.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 72 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 90 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 127-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 300 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 756 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1857 / LEY 1527 DE 2012 – ARTÍCUO 15 / LEY 905 DE 2004 / LEY 1004 DE 2005 / LEY 1111 DE 2006 / LEY 1819 DE 2016

CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de pruebas de su causación

Finalmente se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num.8) del CGP, no procede la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – C.G.P.) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2017-00158-01(24461)

Actor: DICERMEX SA

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412015000122 del 16 de diciembre de 2015, por medio de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2013, presentada por la sociedad Dicermex S.A.; y de la Resolución No. 008.139 del 24 de octubre de 2016, confirmatoria del acto anterior.

SEGUNDO: En aplicación del principio de favorabilidad de que trata el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, DECLARAR que la sociedad Dicermex S.A. está obligada a sufragar por concepto de sanción por inexactitud de que trata el artículo 647 del Estatuto Tributario, la suma equivalente a $1.072.029.000, más aquella que fue liquidada por la contribuyente.

TERCERO: En lo demás, NEGAR las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas. […]».

ANTECEDENTES

El 21 de diciembre de 2005, Dicermex SA y Leasing Colombia SA - Hoy, Leasing Bancolombia SA -, suscribieron el contrato de arrendamiento financiero leasing 50733, sobre una bodega integrada por varios predios, con un plazo de 84 meses, el cual inició el 1 de febrero de 2006 y finalizó el 1 de febrero de 2013. El valor de los bienes incluido el IVA y el de la opción de adquisición, se fijaron en las sumas de $4.236.921.300 y $423.692.130, respectivamente.
El 31 de enero de 2013, Dicermex SA, en calidad de cedente, y algunos de los accionistas de la sociedad, en calidad de cesionarios, suscribieron un contrato de cesión de la opción de compra sobre los bienes objeto del referido contrato de leasing financiero, en el que se acordó el precio de la opción de compra en la suma de $2.212.440.800, y se pactó que los cesionarios le reembolsarían al cedente, entre otros, el valor de la cuota para ejercer la opción de compra ($423.692.130).

Previa cuenta de cobro emitida por Leasing Bancolombia SA, el 1 de febrero de 2013, la sociedad pagó, por transferencia electrónica, la suma de $493.948.444, la cual comprendía la opción de compra ($423.692.130).

El 7 de marzo de 2013, los cesionarios y Alianza Fiduciaria SA suscribieron un contrato de fiducia mercantil de administración por el cual se constituyó el patrimonio autónomo FIDEICOMISO INDUSTRIAL CALLE 17, el cual tenía como parte de su objeto, incorporar la titularidad jurídica de los inmuebles que se adquirieran de Leasing Bancolombia SA.

El 13 de marzo de 2013, Dicermex SA le solicitó a Leasing Bancolombia SA que la escritura de transferencia de los bienes objeto del contrato de leasing se realizara a favor de Alianza Fiduciaria SA, como vocera del patrimonio autónomo FIDEICOMISO INDUSTRIAL CALLE 17, toda vez que en virtud del acuerdo de cesión celebrado el 31 de enero de 2013, los cesionarios ostentaban el derecho a adquirir los referidos bienes.

Mediante las actas 37 y 38 del 15 y 18 de marzo de 2013, respectivamente, la asamblea de accionistas de Dicermex SA decretó dividendos por $2.212.440.800, suma con la cual le pagaron a la sociedad la opción de compra.

El 8 de mayo de 2013, mediante la escritura pública 5401 de la notaría 29 de Bogotá, Leasing Bancolombia SA transfirió el dominio, a título de leasing habitacional de vivienda no familiar, de los inmuebles objeto del contrato de leasing, a Alianza Fiduciaria SA.

El 21 de abril de 2014, Dicermex SA, presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013, corregida el 24 de julio del mismo año, en la cual liquidó una ganancia ocasional de $1.628.669.000 y un saldo a favor de $1.172.762.000 solicitado en devolución el 31 de julio de 2014.

El 18 de diciembre de 2014, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, profirió el auto de apertura 312382014001525, por el programa “INVESTIG PREVIA A DEVOLUCIÓN” en relación con la referida declaración.
El 19 de marzo de 2015, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes expidió el Requerimiento Especial 312382015000041, en el que propuso adicionar ingresos no operacionales y por ganancias ocasionales en las sumas de $3.854.761.000 y $1.083.390.000, respectivamente, disminuir el costo por ganancias ocasionales en $185.335.000, para liquidar un impuesto a cargo de $1.565.562.000 e imponer sanción por inexactitud de $1.746.814.000, para un saldo a pagar de $1.662.702.000. La contribuyente dio respuesta a este acto.

El 16 de diciembre de 2015, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, expidió la Liquidación Oficial de Revisión 312412015000122, en la que confirmó la adición de ingresos y aceptó el costo declarado por ganancias ocasionales, para liquidar un impuesto a cargo de $1.547.028.000 e imponer sanción por inexactitud de $1.715.246.000, para un saldo a pagar de $1.614.513.000. Contra este acto la sociedad interpuso recurso de reconsideración.

El 24 de octubre de 2016, mediante la Resolución 008139, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central de la DIAN, confirmó el acto liquidatorio.

DEMANDA

DICERMEX SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló la siguiente:

«PETICIÓN

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho que me he permitido exponer y con base en las pruebas aportadas, respetuosamente solicito declarar:

La nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412015000122 del 16 de diciembre de 2015, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, y de la Resolución N° 008139 del 24 de octubre de 2016, expedida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que la confirmó.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho se declare que DICERMEX S.A. NIT. 800.200.237-9 no está obligada a pagar el mayor impuesto sobre la renta, ni sanción por inexactitud de que trata el artículo 647 del Estatuto Tributario, y se declare la firmeza de la declaración privada de renta del año gravable 2013 presentada por la sociedad el 24 de julio de 2014, con formulario N° 1104603817095».

Invocó como disposiciones violadas, los siguientes artículos:

Artículo 29 de la Constitución Política
Artículos 71, 90, 179, 300 y 647 del Estatuto Tributario
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Consideró que la actuación acusada vulneró los artículos 71, 90 y 179 del ET por aplicación indebida, y el artículo 300 ib. por falta de aplicación. Dijo que el contrato de leasing financiero suscrito el 21 de diciembre de 2005 fue uno solo, por lo que la enajenación de la opción de compra pactada dentro del mismo debe entenderse como un todo, sin que se puedan separar los ingresos provenientes de esta operación.

Precisó que la sociedad registró contablemente los activos y cánones pagados conforme a lo previsto en el artículo 127-1 del ET, y que así lo reconoció la DIAN en el requerimiento especial y en los actos acusados cuando indicó que la parte de la construcción se trató como un leasing operativo donde el valor total de la cuota se llevó al gasto, y la parte correspondiente al terreno, se trató como un leasing financiero, es decir, se registró al inicio del contrato un activo por el valor total contra un pasivo por el mismo valor.

Señaló que, en el contrato de cesión de la opción de compra, suscrito entre la sociedad y algunos de sus accionistas en virtud del principio de libertad contractual y antes de que finalizara el contrato de leasing y se pagara la última cuota del canon de arrendamiento, no se hizo distinción alguna a si la cesión correspondía al terreno o a la construcción, en cuanto se trataba de un solo contrato de leasing y de la cesión de la opción de compra de este. Que la sociedad le informó a la entidad financiera la referida cesión, quien la aceptó cuando le traspasó los inmuebles a la fiduciaria.

Explicó que, aunque en cumplimiento del contrato de cesión la sociedad pagó por cuenta de los cesionarios la opción de compra, registró erradamente la activación de los bienes objeto del contrato de leasing en la cuenta 158805 (maquinaria y equipo), y que reclasificó este asiento en el mismo mes a la cuenta 138020 (cuenta por cobrar de terceros).

Aclaró que los cesionarios le pagaron a la sociedad el valor de la opción de compra ($2.212.440.800) con los dividendos decretados a su favor, como consta en las actas de la asamblea de marzo de 2013, y en la nota de contabilidad 100-NCO-002627 del 31 de mayo de 2013, en la que consta que se cancela la subcuenta 162535 “Intangibles – bienes dados en arrendamiento” por $2.212.440.800, contra la subcuenta 236005 “Dividendos por pagar”.

Advirtió que la sociedad no enajenó los inmuebles objeto del contrato de leasing porque nunca ostentó la titularidad de los mismos; que ello se prueba con los certificados de tradición y libertad de los predios donde no hay ninguna anotación a su nombre como propietaria, y en los que sí figura la escritura de transferencia de dominio a título de leasing habitacional de vivienda no familiar suscrita entre Leasing Bancolombia y Alianza Fiduciaria, hecho aceptado por la DIAN.

Explicó que, a partir del contrato de leasing, la Administración desagregó los bienes objeto del mismo y tomó, por un lado, la parte correspondiente a la construcción y, por otro, la parte correspondiente al terreno, para determinar una mayor renta líquida y una mayor ganancia ocasional proveniente de la enajenación de la cesión de la opción de compra, como si se tratara de la enajenación de bienes sujetos a dos contratos diferentes.

Estimó que aunque en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se reconoció que el derecho de la opción de compra cedido comprendía la totalidad de los bienes objeto del contrato de leasing, es decir, el terreno y la construcción, erró al modificar la declaración de renta para adicionar ingresos brutos no operacionales a título de renta líquida y aumentar la ganancia ocasional, como si se tratara de dos contratos de leasing distintos, por lo que hizo más gravosa la situación de la sociedad quien declaró la utilidad obtenida por la enajenación de la opción de compra como ganancia ocasional.

Precisó que el bien que enajenó la sociedad fue la opción de compra del contrato de leasing, la cual poseía hacía más de dos años para la fecha de su enajenación; que aunque así lo aceptó la DIAN, aplicó de manera errada el artículo 90 [inc. 4] del ET, cuando partió del 100% del avalúo catastral para determinar la renta como si se tratara de la venta de bienes raíces, cuando debió tener en cuenta el inciso sexto del mismo artículo, por referirse a la venta de un derecho de crédito (opción de compra), cuyo precio asignado por las partes difirió en más del 75% del valor comercial del activo, por lo que la utilidad debió determinarse con base en este porcentaje.

Consideró que, pese a que se reconoció que no se trató de la enajenación independiente de inmuebles, se debieron tener en cuenta los ingresos, costos y gastos atribuibles a la venta de la opción de compra del contrato leasing, para determinar el ingreso gravado de la operación el cual ostenta la naturaleza fiscal de ganancia ocasional conforme a los artículos 300 y 90 [inc. 6] del ET.

Sostuvo que se vulneró el artículo 179 del ET por aplicación indebida, ya que se demostró que el contrato de leasing fue uno solo y se suscribió el 21 de diciembre de 2005, con lo cual se cumplió el requisito para ser considerado como un activo fijo, sin que sea procedente la adición de ingresos no operacionales por la parte correspondiente a la construcción, ni por concepto de ganancias ocasionales, porque la sociedad declaró y tributó sobre la respectiva utilidad a título de ganancia ocasional.

Indicó que la sanción por inexactitud es improcedente por ausencia del hecho sancionado; que se está frente a la interpretación errada de los artículos 179 y 300 del ET, y a la aplicación indebida del artículo 71 ib. como lo aceptó la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, lo que conlleva a que no se den los presupuestos legales para la imposición de la referida sanción.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Manifestó que como la Administración reconoció y aceptó la cesión de derechos que realizó la sociedad a sus accionistas sobre los bienes objeto del contrato de leasing, la discusión se centra en la correcta determinación del precio de la enajenación de la misma.

Dijo que el 1 de febrero de 2013, fecha de vencimiento del contrato, la sociedad pagó con la cuenta de cobro 84 el valor asignado a la opción de compra ($423.692.130), con lo cual las partes contratantes entendieron que se iba a hacer uso de dicha opción, sin que existiera una comunicación escrita que demostrara lo contrario.

Expresó que la cesión de la opción de compra suscrita el 31 de enero de 2013, un día antes del vencimiento del contrato de leasing, le fue notificada a la entidad financiera con posterioridad al vencimiento del mismo, como se refleja en la escritura pública de 8 de mayo de 2013, mediante la cual se legalizó la transferencia del dominio a favor de Alianza Fiduciaria.

Afirmó que Leasing Bancolombia le reconoció un derecho a la sociedad como propietaria de los bienes inmuebles en cuanto fue quien ejerció la opción de compra, razón por la cual atendió sus instrucciones para que las escrituras salieran a nombre de un tercero, esto es, de Alianza Fiduciaria, por lo que el hecho de no figurar en ningún documento como propietaria, no significa que no hubiera ostentado dicha calidad pues fue quien pagó la opción de compra.

Sostuvo que, independientemente del nombre, la transacción comercial realizada por la sociedad con sus socios consistió en una cesión que involucró bienes inmuebles; que el contrato de fiducia suscrito entre los cesionarios y Alianza Fiduciaria tenía como finalidad incorporar la titularidad jurídica de los bienes inmuebles adquiridos de Leasing Bancolombia.

Advirtió que como se trató de una cesión de derechos sobre bienes inmuebles, su valor debió ser declarado conforme a lo dispuesto en los artículos 127-1 y 90 del ET; que el contrato de leasing recayó sobre un inmueble como un todo sin desagregar terreno y edificación, por lo que la enajenación no podía ser inferior al avalúo catastral de los inmuebles conforme al artículo 72 del ET.

Anotó que al comparar el valor registrado en la declaración como ganancia ocasional con el valor de los inmuebles, se evidenció que no se dio estricto cumplimiento al artículo 90 del ET en cuanto no correspondió a la totalidad del inmueble, el cual fue fraccionado por la sociedad, en contravía de lo dispuesto en el artículo 71 ib.

Estimó que se trató de una figura que tuvo como finalidad una disminución de impuestos ya que la sociedad, ejerció la opción de compra sobre los bienes inmuebles a nombre de los terceros con los cuales celebró un contrato de cesión de los mismos y, en virtud de esa propiedad, le ordenó a Leasing Bancolombia traspasarla a Alianza Fiduciaria, con lo cual evitó un trámite de escrituración y un pago por el valor de bienes inmuebles como si los hubiera vendido de forma independiente, y no bajo la figura de cesión.

Señaló que se configuró inexactitud sancionable porque se demostró que el valor que declaró en virtud de la cesión o enajenación de los derechos sobre los bienes inmuebles, objeto del contrato de leasing, no corresponde con lo establecido en la normativa, siendo procedente la adición de ingresos no operacionales y por ganancia ocasional.

AUDIENCIA INICIAL

El 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales o nulidades, no se solicitaron medidas cautelares, no se propusieron excepciones previas, se tuvieron como pruebas las allegadas con la demanda y la contestación, y se dio traslado para alegar de conclusión.

El litigio se concretó en establecer la legalidad de los actos acusados, para lo cual se plantearon los siguientes problemas jurídicos: «Si a la cesión de derechos de la opción de compra le es aplicable el artículo 90 del ET que fija un margen mínimo de utilidad en la enajenación de activos fijos y, en consecuencia, si es procedente o no la adición de ingresos brutos no operacionales y de ganancias ocasionales. Si como consecuencia de ello es aplicable o no la sanción por inexactitud».

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, anuló parcialmente los actos acusados solo para dar aplicación al principio de favorabilidad en la tasación de la sanción por inexactitud, sin condenar en costas, con fundamento en lo siguiente:

Explicó que, de acuerdo con la cláusula de la opción de adquisición establecida en el contrato de leasing, la actora debió poner en conocimiento de la entidad financiera, mínimo 30 días antes de la fecha del vencimiento del contrato, cualquier novedad respecto de la opción de compra, so pena de entenderse que aquella aceptaba ejercer tal derecho.

Precisó que el tratamiento contable realizado por la sociedad fue el establecido en el artículo 127-1 del ET, toda vez que se evidenció que la parte correspondiente al terreno se trató como un leasing financiero en cuanto se registró un activo en la cuenta 162535 “Intangibles – derechos en bienes dados en arrendamiento” por $2.267.241.300, y un pasivo en la cuenta 2115 “Obligaciones financieras” por $2.103.747.469, correspondiente al valor inicial del terreno menos el pago de 10 cuotas por $163.493.831; y que la construcción se trató como un leasing operativo en cuanto el valor de la cuota se contabilizó como un gasto.

Anotó que se encuentra probado que el día del vencimiento del contrato, la sociedad pagó la opción de compra ($423.692.130), la cual se registró con un debito en la cuenta 158805 “Activos en tránsito”.

Señaló que el escrito del 13 de marzo de 2013, dirigido a Leasing Bancolombia, en el cual se le solicitó transferir el bien objeto del contrato a Alianza Fiduciaria por cuenta de los terceros a los que se les cedió el derecho de la opción de adquisición, no es prueba suficiente para predicar que la opción fue ejercida por dichos terceros, toda vez que se radicó con posterioridad al pago realizado por la actora, y la cesión no fue aprobada por la entidad financiera, con lo cual se concluye que los efectos de la cesión no se surtieron.
Aseveró que la operación efectuada por la actora se realizó respecto de la totalidad del inmueble y no solo sobre el terreno pues, en atención a las cláusulas del contrato de cesión de derechos de la opción de compra, la adquisición del mismo sucedió a nivel global, esto es, por la construcción y por el terreno.

Expresó que, aunque contablemente la actora registró el contrato de leasing conforme al artículo 127-1 del ET, este procedimiento es independiente al establecido para determinar la utilidad gravable a título de ingresos no operacionales o a título de ganancias ocasionales conforme al artículo 300 del ET, norma que no diferencia un término especial para la construcción o para el terreno.

Precisó que la actora ejerció la opción de compra sobre la totalidad del inmueble y adquirió su titularidad a partir de la fecha del pago de la última cuota efectuado el 1 de febrero de 2013 y, por ello, le solicitó a la entidad financiera escriturar el bien a favor de Alianza Fiduciaria, lo cual ocurrió el 8 de mayo de 2013.

Estimó que se entrevé que el inmueble perteneció a la contribuyente desde el 1 de febrero hasta el 7 de mayo de 2013, por lo que la utilidad percibida por la enajenación del bien a favor de los terceros constituyó un ingreso no operacional, y no una ganancia ocasional, toda vez que el bien fue poseído por menos de dos años.

Señaló que no le asistió razón a la demandante cuando sostuvo que solo debía declarar como ganancia ocasional la utilidad percibida por la cesión de derechos de la opción de compra o enajenación de terreno, así como tampoco a la Administración cuando dijo que la utilidad relacionada con la construcción constituyó un ingreso no operacional y la obtenida por el terreno una ganancia ocasional, pues el inmueble fue objeto de la operación en su integridad y la titularidad sobre el mismo no fue superior a dos años, por lo que la utilidad corresponde a un ingreso no operacional.

Advirtió que, aunque la anterior conclusión conduciría a anular los actos acusados para retirar del renglón de ganancias ocasionales la utilidad equivalente al terreno y trasladarla al de ingresos no operacionales, dicha modificación incrementaría el impuesto a cargo determinado en los actos acusados en tanto la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales es inferior a la de la renta ordinaria, con lo cual se le impondría un mayor gravamen a la sociedad.

Consideró que la sanción por inexactitud es procedente porque la demandante omitió registrar ingresos y ganancias ocasionales en su denuncio privado.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó modificarla para que se acceda a la totalidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Dijo que, aunque el a quo le dio la razón a la actora en que la operación debe analizarse de manera integral porque el contrato de leasing financiero 50733 del 21 de diciembre de 2005 fue uno solo, erró al afirmar que ejerció la opción de compra el 1 de febrero de 2013 y que el inmueble le perteneció desde dicha fecha hasta el 7 de mayo de 2013, y concluir que, al poseerlo por menos de dos años, la utilidad generada constituyó un ingreso no operacional, y no una ganancia ocasional.

Observó que el Tribunal pasó por alto que lo que enajenó la sociedad no fue un inmueble sino la opción de compra del contrato de leasing 50733 suscrito el 21 de diciembre de 2005, la cual poseía hacía más de dos años para la fecha de su enajenación, por lo que el tratamiento que se le debió dar era el de ganancia ocasional; que para determinar la utilidad en la enajenación del activo se debió atender a lo dispuesto en el artículo 300 del ET, que no hace distinción entre el terreno y la construcción.

Reiteró que obra prueba en el expediente que la sociedad pagó por cuenta de los cesionarios el valor de la opción de compra y que estos le pagaron el valor total del contrato de cesión, sin hacer diferenciación alguna a si lo que estaban pagando correspondía al terreno o a la construcción; que el hecho de que el contrato de cesión se haya suscrito el 31 de enero de 2013, no desnaturaliza que la opción de compra haya sido ejercida por los cesionarios, y no por la sociedad.

Destacó que saltan a la vista los yerros en los que incurrieron la DIAN y el Tribunal, toda vez que la actora cedió la opción de compra y no enajenó el derecho de dominio de los inmuebles objeto del contrato de leasing, ni a los cesionarios, ni a Alianza Fiduciaria, por cuanto nunca fue propietaria de los mismos, ya que no cuenta con el título, la tradición y la solemnidad que exigen los artículos 740, 749, 756, 1500 y 1857 del Código Civil, para ser propietaria de un inmueble, por lo que no podía enajenar bienes que no le pertenecían; que con los certificados de tradición y libertad allegados al expediente se demuestra que la sociedad nunca adquirió la propiedad de dichos inmuebles.

Dijo que no es de recibo el argumento del a quo según el cual el hecho de haber contabilizado en la cuenta 158805 la activación del bien por el ejercicio de la opción de compra lo convirtió en propietario pues, para la transferencia jurídica de inmuebles a cualquier título, se requiere una escritura pública inscrita en la oficina de registro e instrumentos públicos; que una vez se advirtió el error en la contabilización, se reversó el débito efectuado contra la subcuenta -otras cuentas por cobrar-, conforme a los artículos 57 del Código de Comercio y 106 del Decreto 2649 de 1993, que permiten corregir errores en la misma vigencia, sin que tenga incidencia en la determinación del impuesto.

Afirmó que estando probado que la operación no se trató de la enajenación de inmuebles, la Administración aplicó indebidamente el artículo 90 [inc. 4] del ET al partir del 100% del avalúo catastral, cuando debió tener en cuenta el inciso sexto de la misma disposición ya que el valor asignado por las partes por la enajenación de un derecho de crédito (opción de compra) difirió en más de un 75% del valor comercial del activo, por lo que la utilidad debe determinarse con base en este porcentaje.

Insistió en la vulneración del artículo 179 del ET por aplicación indebida pues se probó que el contrato de leasing se suscribió el 21 de diciembre de 2005, con lo cual se cumplió el requisito del artículo 300 ib., para ser considerado como un activo fijo, siendo improcedente la adición de ingresos no operacionales respecto de la construcción, y el mayor ingreso determinado por ganancia ocasional frente al terreno.
Consideró que el Tribunal violó el derecho de defensa de la sociedad pues, a pesar de que encontró que los actos acusados no se ajustaron a derecho, mantuvo la liquidación practicada por la DIAN, al considerar que como todo debió tratarse como un ingreso no operacional, se generaría un mayor impuesto para la sociedad en la medida en que la tarifa del impuesto de renta es mayor a la establecida para la ganancia ocasional.

Aunque compartió la decisión del a quo en cuanto aplicó de manera subsidiaria el principio de favorabilidad previsto en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, dijo que la sentencia es incongruente porque, pese a que sostuvo que el ingreso obtenido por la enajenación en discusión no debió tratarse como ganancia ocasional, confirmó la sanción por inexactitud por una supuesta omisión de ganancias ocasionales.

Reiteró que es improcedente la sanción por inexactitud porque se demostró que los hechos y cifras declarados fueron reales, sin que existiera omisión de ingresos; que se está frente a la interpretación errada de los artículos 179 y 300 del ET, y a la aplicación indebida del artículo 71 ib., hecho reconocido por la DIAN.

Que la diferencia de criterios se evidencia en que (i) mientras la DIAN consideró que el locatario de bienes inmuebles en un contrato de leasing se convierte en propietario del
derecho real de dominio cuando paga la opción de compra, la sociedad interpreta que la transferencia de bienes inmuebles requiere de la solemnidad de la escritura pública y de la tradición consistente en el registro de la misma en la oficina correspondiente, de acuerdo con los artículos 740, 756, 1500 y 1857 del CC, y en que (ii) mientras la DIAN consideró que la utilidad se debió liquidar conforme a los artículos 71 y 90 [inc. 4] del ET referentes a la enajenación de inmuebles, la actora determinó la utilidad por la enajenación de la opción de compra con base en los artículos 90 [inc. 1 y 3] y 300 del ET.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante insistió en los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.

La demandada solicitó confirmar la sentencia apelada para lo cual reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

Consideró acertada la apreciación de la actora según la cual no era propietaria de los bienes objeto de leasing, y que el hecho de pagar la opción de compra por cuenta de los cesionarios no la convirtió en titular del derecho de dominio; que la compañía de leasing aceptó la cesión cuando le escrituró los inmuebles a una persona diferente a la arrendataria.

Dijo que la venta hecha por la sociedad fue de un derecho y no de unos bienes inmuebles, que no poseyó por más de dos años toda vez que el 31 de enero de 2013 cedió la opción de compra la cual solo podía ejercerse después de la fecha de la cesión, esto es, el 1 de febrero de 2013, razón por la cual el tratamiento que debió darle la sociedad a la ganancia obtenida por la cesión de su derecho fue el de un ingreso no operacional.

Precisó que como el valor por el cual la actora cedió la opción de compra ($2.212.440.800) estuvo por debajo del 75% del valor comercial de los inmuebles ($9.202.953.000), la Administración debió ajustar el mismo como lo hizo en los actos acusados.

Indicó que no es cierto que el ajuste deba hacerse al 75% del valor comercial del bien enajenado, porque el artículo 90 [inc. 3] del ET precisa que el precio de enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie, y que lo establecido en el inciso sexto, solo es una forma de saber en qué casos el valor asignado por las partes difiere del comercial, por lo que atender al autoevalúo de los bienes fue la forma más acertada de obtener el valor comercial del derecho sobre los predios.

Concluyó que la sanción por inexactitud es procedente porque la actora liquidó el impuesto sobre una base que no correspondía por una mala aplicación de la norma, y no por una diferencia de criterio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN determinó el impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013, a cargo de DICERMEX SA.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala debe establecer si la utilidad generada por la cesión o enajenación de la opción de compra del contrato de leasing 50733 del 21 de diciembre de 2005, constituyó o no una ganancia ocasional, y si es procedente la sanción por inexactitud.

La discusión planteada en la actuación demandada se concreta en que, para la Administración, cuando la sociedad pagó la opción de compra pactada en el referido contrato de leasing financiero, adquirió la propiedad de los bienes inmuebles objeto del mismo por lo que la cesión o venta que efectuó a sus accionistas se refirió a dichos bienes, razón por la cual tomó como precio de enajenación el 100% del avalúo catastral de los inmuebles objeto del contrato de leasing, para adicionar ingresos no operacionales en la suma de $3.854.761.000, derivados de la parte correspondiente a la construcción, y aumentar los ingresos por ganancias ocasionales en la suma de $1.083.390.000 por la parte correspondiente al terreno, con la consecuente imposición de la sanción por inexactitud.

La recurrente afirma que la DIAN y el a quo pasaron por alto que lo que enajenó la sociedad no fue un inmueble sino la opción de compra del contrato de leasing 50733 suscrito el 21 de diciembre de 2005, la cual poseía hacía más de dos años para la fecha de su enajenación, por lo que el tratamiento que se le debió dar era el de ganancia ocasional; que para determinar la utilidad en la enajenación del activo se debió atender a lo dispuesto en el artículo 300 del ET, que no hace distinción entre el terreno y la construcción.
Esta Sección, en la sentencia del 24 de octubre de 2018, proferida dentro del expediente 21516, se pronunció sobre el tratamiento tributario de los contratos nominados como leasing financiero, en los siguientes términos:

«El artículo 127-1 del ET, vigente para el periodo discutido, no definía el contrato de leasing financiero, pues se limitaba a utilizar la expresión «arrendamiento financiero con opción de compra», para regular sus efectos en materia estrictamente fiscal y contable.

De esa forma, para determinar los efectos tributarios del «arrendamiento financiero con opción de compra», la citada norma partía de la existencia desde el punto de vista jurídico y contractual de un negocio jurídico que correspondiera al leasing financiero. Al respecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 913 de 1993, compilado por el artículo 2.2.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010, dicho contrato es aquel que tiene por objeto la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para financiar su uso y goce, a cambio del pago de cánones que se recibirán durante un plazo determinado, pactándose a favor del arrendatario la facultad de ejercer al final del contrato una opción de compra. De acuerdo con el mismo artículo del Decreto 913 de 1993, el bien debe ser de propiedad de la compañía arrendadora, la cual amortizará su costo durante el término de duración del contrato vía el cobro periódico del canon de arrendamiento, generando además, su respectiva utilidad.

De otra parte, la normatividad financiera autoriza a las compañías de financiamiento la celebración de contratos de arrendamiento sin opción de compra o arrendamiento operativo, manifestando expresamente que estas «se sujetarán a las disposiciones comunes sobre el particular». Para efectos de diferenciar, desde el punto de vista jurídico ―que no tributario― el contrato de arrendamiento operativo del leasing financiero, debe tenerse en cuenta que, en general, aquel se utiliza para bienes cuyo arrendamiento tiene una gran demanda o sobre los cuales no se pretende su compra, lo que permite arrendarlos fácilmente en cualquier momento. Adicionalmente, de manera excepcional, el contrato de arrendamiento operativo puede incluir la opción de compra, pero siempre pactada por el valor comercial del bien.

De lo anterior, se concluye que las diferencias esenciales entre el leasing financiero y el arrendamiento operativo, radican en que: (i) en el primero siempre se pacta la opción de compra por parte del arrendatario al finalizar el contrato por un valor equivalente al residual del activo, mientras que en el segundo se pacta de manera excepcional y al valor comercial del bien; y (ii) el leasing financiero constituye un mecanismo de financiamiento para la adquisición de activos, mientras que el otro corresponde a un arrendamiento con sus características propias.

Lo anterior, al margen de las modificaciones introducidas por el artículo 76 de la Ley 1819 de 2016, el cual sí definió el contrato de «arrendamiento financiero o leasing financiero» como aquel cuyo objeto contractual corresponde a «la adquisición financiada de un activo», y que puede reunir una o varias de las siguientes características: la transferencia de la propiedad del activo al final del contrato; la opción de compra del activo al final del contrato por un precio suficientemente inferior que permita prever la certeza de que la opción será ejercida; el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo; al inicio del contrato el valor presente de los pagos por arrendamiento es equivalente al valor comercial del activo; los activos son de naturaleza especializada de manera que el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.

Como consecuencia de la modificación al artículo 127-1 del ET, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819, la definición fiscal del contrato de arrendamiento financiero o leasing financiero se aparta de las definiciones y requisitos previstos en la normativa financiera.

Ahora bien, debe reiterarse que la legislación fiscal, vigente para el año gravable 2007 [para el caso que ahora se analiza 2013], hizo alusión expresa a los «contratos de arriendo financiero o leasing con opción de compra». Así, el tratamiento fiscal a que se refería el artículo 127-1 del ET, antes de su modificación por el artículo 76 de la Ley 1819 de 2016, estaba referido exclusivamente a los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, prescribiendo el siguiente manejo fiscal y contable, que variaba según el tipo de activo objeto de negociación y del plazo del contrato, según se pasa a exponer.

El numeral primero del artículo 127-1 ET dispuso el tratamiento conocido como «arrendamiento operativo» para los contratos de leasing financiero con opción de compra que tuvieran por objeto los siguientes bienes y se pactaran plazos que se indican a continuación: inmuebles (en la parte que no corresponda a terreno) con un plazo igual o superior a 60 meses; maquinaria, equipo, muebles y enseres con plazo igual o superior a 36 meses; vehículos de uso productivo y equipo de cómputo con plazo igual o superior a 24 meses. El referido tratamiento tributario y contable consistía la posibilidad de amortizar la inversión, vía deducción del canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato, sin registrar un activo en el patrimonio del locatario.

Y el numeral segundo del artículo 127-1 del ET, dispuso un tratamiento fiscal y contable para los contratos de leasing financiero con opción de compra, con las siguientes particularidades: contratos de arrendamiento financiero de inmuebles exclusivamente en la parte correspondiente al terreno, independientemente del plazo del contrato; contratos de arrendamiento financiero de inmuebles con plazo inferior a 60 meses, de maquinaria, equipo, muebles y enseres con plazo inferior a 36 meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de computación con plazo inferior a 24 meses. Dicho tratamiento consistía en la obligación de activar el bien objeto del contrato, con el consecuente derecho a la depreciación, ordenando registrar como contrapartida un pasivo por el mismo valor del bien activado, sin posibilidad de llevar al gasto fiscal el canon de arrendamiento pagado, reconociendo en esencia una verdadera operación de financiación para la adquisición de activos de capital.

Debe precisarse que el tratamiento fiscal como arrendamiento operativo previsto para los contratos de leasing financiero o leasing con opción de compra, estaba previsto exclusivamente para arrendatarios que tuvieran activos totales hasta el límite previsto para la mediana empresa definido en la Ley 905 de 2004, tratamiento que permaneció vigente desde la incorporación al ET de las reglas especiales adoptadas para el leasing por la Ley 223 de 1995, con las modificaciones realizadas por las leyes 1004 de 2005 y 1111 de 2006, que extendieron este beneficio en el tiempo, atendiendo, además, a la inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, declarada por la sentencia C-015 del 23 de enero de 2013, al no prever la reviviscencia de las normas que fijaban su límite temporal, por lo que la aplicación del beneficio ceso al entrar en vigencia la Ley 1819 de 2016.

Como corolario de lo anterior, la norma fiscal prevé una ficción jurídica según la cual, si los contratos de leasing con opción de compra o leasing financiero cumplen con los requisitos de plazo y tipo de activo previstos en la ley, recibirán el tratamiento fiscal de leasing operativo, esto es, no habrá reconocimiento del activo en cabeza del arrendatario; de lo contrario, desde el inicio del contrato los bienes harán parte integrante del patrimonio del arrendatario».

En el sub examine se encuentran probados los siguientes hechos:

El 21 de diciembre de 2005, Dicermex SA y Leasing Colombia SA - hoy, Leasing Bancolombia SA -, suscribieron el contrato de arrendamiento financiero leasing 50733, sobre una bodega integrada por varios predios en el que se pactó un plazo de 84 meses, el cual inició el 1 de febrero de 2006 y finalizó el 1 de febrero de 2013.

El valor de los bienes incluido el IVA y el de la opción de adquisición -correspondiente al 10%-, se fijaron en las sumas de $4.236.921.300 y $423.692.130, respectivamente, con base en la siguiente información:

Es un hecho probado y no controvertido por las partes que, para la fecha de suscripción del referido contrato, esto es, para el año 2005, se encontraba vigente el tratamiento previsto en el artículo 127-1 del ET anteriormente explicado, según el cual, tratándose de contratos de arrendamiento financiero de inmuebles con un plazo superior a 60 meses, como el ahora analizado, los valores correspondientes a la construcción y al terreno debían desagregarse para efectos de su contabilización.

Obra prueba en el expediente que la actora, en su calidad de arrendataria o locataria, trató el valor asignado a la construcción como un arrendamiento operativo, en cuanto registró como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado durante la vigencia del contrato, sin contabilizar nada en el activo ni en el pasivo. Y el valor asociado al terreno, lo contabilizó al inicio del contrato en el activo y en el pasivo, el cual se fue amortizando en la medida en que se fue ejecutando el contrato, así:

1 ACTIVO
16 INTANGIBLES
16 25 DERECHOS
16 25 35 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 2.267.241.300.oo

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21 15 CORPORACIONES FINANCIERAS
21 15 20 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN 2.103.747.469.oo

Como puede observarse, el activo que hizo parte del patrimonio de la actora desde la fecha de inicio del contrato (1 de febrero de 2006) correspondía a un derecho, es decir, a un intangible, dado que el bien inmueble pertenecía a la compañía de leasing y la locataria sólo tenía el derecho para ejercer la opción de compra del bien.

Y fue este derecho a ejercer la opción de compra el que la actora cedió o enajenó a algunos de los accionistas de la sociedad en virtud del contrato celebrado el 31 de enero de 2013, en el cual se acordó:

«CESIÓN DE LA OPCIÓN DE COMPRA SOBRE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DE LEASING FINANCIERO NO. 50733 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2005.
[…].
Objeto.

El Cedente mediante la suscripción del presente Contrato, cede irrevocablemente a título de compraventa a favor de los cesionarios, en la proporción que se señala en numeral 1.2. siguiente, la opción de compra que tiene sobre los Inmuebles, de conformidad con el Contrato de Leasing (la “Opción de Compra”).

Valor de la opción de compra

Las Partes acuerdan que el precio de la Opción de Compra es la suma de dos mil doscientos cuarenta mil ochocientos pesos ($2.212.440.800), suma que los Cesionarios pagarán al Cedente a más tardar al vencimiento de un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la firma del presente Acuerdo.

Adicionalmente, dentro de los doce (12) meses siguientes a la firma del presente Acuerdo, los Cesionarios reembolsarán al Cedente, en proporción a la participación que se establece en el numeral 1.2 del presente Acuerdo, el valor de la cuota para ejercer la opción de compra de cuatrocientos veintitrés millones seiscientos noventa y dos mil ciento treinta pesos ($423.692.130) que el Cedente pagará a Leasing Bancolombia por cuenta de los Cesionarios el 1° de febrero de 2013 […]». (Se resalta)

Se precisa que, aunque el 1 de febrero de 2013, día de finalización del contrato de leasing, la actora pagó por cuenta de los cesionarios la opción de compra ($423.692.130), este hecho no la convirtió en propietaria de los bienes objeto del contrato de leasing pues, como lo sostiene la demandante, para adquirir el dominio de bienes raíces se requiere una escritura pública inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos, conforme a lo previsto en los artículos 756 y 1857 del Código Civil.

Así las cosas, conforme al artículo 127-1 [2.e] del ET, vigente para el periodo discutido, como el activo cedido o enajenado derivado del contrato de leasing financiero correspondió a un derecho que permaneció en el patrimonio de la sociedad desde el 1 de febrero de 2006, fecha de inicio del contrato, hasta el 31 de enero de 2013, fecha de enajenación del mismo, el ingreso y el costo asociado a la cesión del derecho a ejercer la opción de compra debieron ser declarados como ganancias ocasionales, en los términos del artículo 300 del ET, por tratarse de un activo que fue poseído por más de dos años. En consecuencia, la utilidad obtenida por la sociedad debió tratarse, como en efecto se hizo, como una ganancia ocasional.

Ahora bien, en cuanto al precio o al valor comercial que se le debió asignar al derecho para efectos de determinar la utilidad, la recurrente ha sido insistente en afirmar que se debió tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 90 [inc. 6] del ET, toda vez que el precio establecido por las partes difirió en más de un 75% del avalúo catastral asociado al terreno.

De acuerdo con la información contenida en las declaraciones del impuesto predial del año 2013, presentadas por Leasing Bancolombia, el valor de los bienes que conformaban la bodega objeto del contrato de leasing ascendía a la suma de $9.202.953.000, así:

Es decir que, para el año 2013, el valor del terreno y de la construcción correspondía a:

Aunque le asiste razón a la demandante cuando afirma que en el contrato de cesión las partes acordaron un precio por el derecho a ejercer la opción de compra que difirió en más de un 75% del valor comercial asociado al terreno ($2.212.440.800) -que corresponde al costo del activo aceptado por la Administración-, también es cierto que el ingreso declarado por la sociedad ascendió a la suma de $3.841.110.000, es decir, al 78% de $4.924.500.000, así:

En ese contexto, y teniendo en cuenta que el activo enajenado no correspondió a un bien inmueble sino a un derecho asociado al mismo, no era imperativo establecer su precio con base en el 100% del avalúo catastral, razón por la cual el precio de enajenación declarado por la sociedad ($3.841.110.000) no difirió notoriamente del valor comercial del activo en los términos del artículo 90 del ET, teniendo en cuenta que el mismo correspondió, como se dijo, a un derecho asociado a un terreno.

Finalmente, se observa que la entidad demandada no cuestionó la realidad ni la trazabilidad de la operación que dio origen a los ingresos discutidos y reconoció que se trató de la cesión del derecho a ejercer la opción de compra, de suerte que la utilidad generada por la cesión de ese derecho, que hizo parte del patrimonio de la contribuyente por más de dos años (febrero de 2006 a enero de 2013), constituía ganancia ocasional conforme al artículo 300 del ET, y no renta ordinaria. Y adicionó ingresos no operacionales tomando como referente para determinar la utilidad gravada, el 100% del valor catastral de los bienes inmuebles que fue declarado en el año 2013, en aplicación del artículo 72 del ET, avalúo que incluye la edificación y el terreno. En realidad, lo que según la Administración habría dejado de declarar la sociedad actora, serían los ingresos derivados de la cesión del derecho de la opción de compra sobre la edificación (bodega) y así justifica dicha adición, sin tener en cuenta lo previsto en el artículo 90 ib.

En consecuencia, desvirtuada la legalidad de la actuación administrativa, resulta improcedente la sanción por inexactitud impuesta en los actos acusados.

Por lo tanto, la Sala modificará la sentencia apelada para declarar la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de la declaración privada presentada por la actora respecto del impuesto sobre la renta del año gravable 2013.

Finalmente se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num.8) del CGP, no procede la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1.- MODIFICAR la sentencia del 6 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, la cual queda así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 312412015000122 del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, y de la Resolución 008139 del 24 de octubre de 2016, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, actos administrativos por medio de los cuales se modificó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2013, presentada por DICERMEX SA, NIT. 800.200.237-9.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2013 presentada por DICERMEX SA, NIT. 800.200.237-9, en forma virtual el 24 de julio de 2014, con número de formulario 1104603817095 y número adhesivo 91000244825660.

2.- Sin condena en costas en ambas instancias.

3.- Reconocer personería al abogado Gustavo Adolfo Mosquera Abello, como apoderado de la entidad demandada, conforme con el poder que obra en el folio 28 del c.p. 3.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Salva voto Salva voto

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH WHITTINGHAM GARCÍA
Conjuez

SALVAMENTO DE VOTO / CESIÓN DE DERECHOS DE OPCIÓN DE COMPRA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LEASING FINANCIERO – Procedencia / DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS – Regulación / UTILIDAD OBTENIDA POR LA CESIÓN DE DERECHO COMO UNA GANANCIA OCASIONAL – Procedencia

En el proceso de la referencia la Sala juzgó si la cesión de la opción de compra del contrato de leasing financiero, que tuvo por objeto bienes inmuebles, estaba gravada con el impuesto complementario a las ganancias ocasionales o, por el contrario, con el impuesto básico de renta; al hilo de lo cual, examinó si la mencionada cesión debió someterse al método de estimación de la base gravable previsto en el inciso 4.º del artículo 90 del ET para los inmuebles, en lugar de la regla general señalada para el efecto en el inciso final del mismo precepto, en la versión entonces vigente. Concluyó la Sala que la enajenación en cuestión se encontraba gravada como ganancia ocasional, por cuanto tuvo por objeto el derecho de opción de compra poseído por más de dos años, y no el bien inmueble que se adquirió con el ejercicio de aquella, circunstancia que, adicionalmente, sirvió de sustento para considerar que no era aplicable la regla especial del citado artículo 90 para determinar el precio comercial a efectos fiscales de los bienes inmuebles. Discrepo de la decisión porque observo que los análisis de la Sala parten del hecho de que el negocio jurídico de cesión de la opción de compra, entre el locatario cedente y los cesionarios, surtió efectos ante la compañía de leasing y terceros. Por vía del presente salvamento de voto me permito exponer los análisis que estimo correctos al respecto: 1- La notificación al deudor es requisito para que la cesión del derecho de crédito sea oponible, o surta efectos, ante el mismo deudor o terceros (artículo 1960 del Código Civil, CC). Por ello, en ausencia del presupuesto publicitario, el locatario permanece en la posición de acreedor de la opción de compra respecto de la entidad financiera y terceros; sin que ello quiera decir que el contrato de cesión se torne inexistente, pues se trata de una cuestión de oponibilidad y de efectos frente a terceros, no de existencia ni validez. 2- En el sub examine, no se evidencia la puesta en conocimiento a la compañía de leasing sobre la cesión del derecho de opción de compra, pese a que la demandante en calidad de locataria, según el contrato de leasing, se obligó a informar a aquella, y antes del vencimiento del contrato, cualquier novedad respecto de aquel derecho de opción. En contraste, observo que quien pagó el valor de la opción de compra fue la demandante – aunque «por cuenta» de los cesionarios según reza el contrato de cesión, pero sin que conste representación–. De igual modo, fue quien instruyó a la compañía de leasing para que transfiriera el derecho de dominio sobre los inmuebles a unos terceros (i.e. los pretendidos cesionarios). Así, frente al deudor, como también ante terceros, el titular del derecho de la opción de compra, y quien ejerció la misma, fue la demandante. 3- La cesión del derecho de la opción de compra es solo una de las vías con las que un tercero puede adquirir la calidad de parte del contrato de leasing financiero. Otra puede ser la cesión de posición contractual, que es distinta a la de enajenación del derecho de crédito, se encuentra disciplinada en el artículo 887 y siguientes del CCo (Código de Comercio) y requiere, por regla general, no solo la notificación sino también la aceptación Radicado: 25000-23-37-000-2017-00158-01(24461) Demandante: Dicermex SA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de la contraparte cedida cuando se trata de contratos intuitu personae. No obstante, descarto que esta figura negocial haya sido la celebrada en el sub lite, por cuanto, en primer lugar, no hubo aceptación del contratante cedido (i.e. la compañía de leasing) y, en segundo lugar, la cesión pretendida por la demandante tuvo por objeto un derecho de crédito (i.e. opción de compra) y no la posición contractual con las prestaciones correlativas que involucra (i.e. la de locatario).

4- Bajo tales condiciones, considero que la transferencia del derecho de dominio que realizó la leasing a los cesionarios no revelados, previa ejecución de la opción de compra por la demandante, constituyó meramente el cumplimiento de una prestación contractual a favor de un tercero por instrucción del acreedor (artículo 1643 del CC) 1 , este es, el demandante, quien ante la leasing era el único titular y acreedor del derecho de opción. Por consiguiente, entre la demandante (acreedor de la obligación de dar) y el adquirente ocurrió la enajenación del derecho real de dominio sobre los inmuebles que fueron objeto de leasing, lo cual, acorde con el precepto del entonces vigente inciso 4.º del artículo 90 del ET, debía tener como valor mínimo de transacción el costo fiscal, avalúo catastral o autoavalúo. 5- Cuando genuinamente ocurra una cesión de la opción de compra por parte del locatario hacia un tercero, quien en adelante se presenta como nuevo acreedor ante la compañía de leasing, en efecto se enajena un derecho de crédito (i.e. la opción de compra) cuyo valor mínimo de transacción no puede «diferir notoriamente del promedio» según el precepto del inciso final del artículo ibídem; lo anterior, valga precisar, incluso si el objeto de leasing es un bien inmueble. Sobre el mismo particular, estimo que ese derecho de crédito enajenado es susceptible de ser poseído (artículo 263 del ET), situación que principia con el momento del inicio del contrato de leasing (artículo 127-1, letra a. del ordinal 2.°, ejusdem), y es un hecho que sirve para determinar si la utilidad en la enajenación constituye renta líquida o ganancia ocasional (artículos 179 y 300 ibidem). 5- Por último, me aparto de la consideración adoptada por la Sala, cuando establece el valor comercial de la opción de compra tomando en consideración únicamente el valor del terreno y excluyendo el de las edificaciones. El hecho de que, a efectos estrictamente impositivos, el artículo 127-1 del ET, vigente en aquel entonces, calificaba que la parte correspondiente al terreno siempre tendría el tratamiento tributario del leasing financiero (ordinal 2.º del artículo ibidem) y que, por otro lado, la edificación sí podía seguir los efectos tributarios del arrendamiento operativo en función del plazo del contrato (ordinal 1.º del artículo ibidem), no altera que contractual y jurídicamente la opción de compra comprendía la adquisición de los inmuebles en la parte correspondiente a los terrenos y a las edificaciones. De manera que, en casos donde se ceda la opción de compra sobre bienes inmuebles, estimo que el valor mínimo de transacción del derecho de opción, a efectos del artículo 90 del ET, debe comprender el valor comercial del terreno junto con las edificaciones (inmuebles por naturaleza y por adhesión, artículo 656 del CC).

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 90 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 127-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 179 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 263 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 300 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 656 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 887 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1643 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1960

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

SALVAMENTO DE VOTO

Consejero: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2017-00158-01(24461)

Actor: DICERMEX SA

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

SALVAMENTO DE VOTO

En el proceso de la referencia la Sala juzgó si la cesión de la opción de compra del contrato de leasing financiero, que tuvo por objeto bienes inmuebles, estaba gravada con el impuesto complementario a las ganancias ocasionales o, por el contrario, con el impuesto básico de renta; al hilo de lo cual, examinó si la mencionada cesión debió someterse al método de estimación de la base gravable previsto en el inciso 4.º del artículo 90 del ET para los inmuebles, en lugar de la regla general señalada para el efecto en el inciso final del mismo precepto, en la versión entonces vigente.

Concluyó la Sala que la enajenación en cuestión se encontraba gravada como ganancia ocasional, por cuanto tuvo por objeto el derecho de opción de compra poseído por más de dos años, y no el bien inmueble que se adquirió con el ejercicio de aquella, circunstancia que, adicionalmente, sirvió de sustento para considerar que no era aplicable la regla especial del citado artículo 90 para determinar el precio comercial a efectos fiscales de los bienes inmuebles.

Discrepo de la decisión porque observo que los análisis de la Sala parten del hecho de que el negocio jurídico de cesión de la opción de compra, entre el locatario cedente y los cesionarios, surtió efectos ante la compañía de leasing y terceros.

Por vía del presente salvamento de voto me permito exponer los análisis que estimo correctos al respecto:

1- La notificación al deudor es requisito para que la cesión del derecho de crédito sea oponible, o surta efectos, ante el mismo deudor o terceros (artículo 1960 del Código Civil, CC).

Por ello, en ausencia del presupuesto publicitario, el locatario permanece en la posición de acreedor de la opción de compra respecto de la entidad financiera y terceros; sin que ello quiera decir que el contrato de cesión se torne inexistente, pues se trata de una cuestión de oponibilidad y de efectos frente a terceros, no de existencia ni validez.

2- En el sub examine, no se evidencia la puesta en conocimiento a la compañía de leasing sobre la cesión del derecho de opción de compra, pese a que la demandante en calidad de locataria, según el contrato de leasing, se obligó a informar a aquella, y antes del vencimiento del contrato, cualquier novedad respecto de aquel derecho de opción.

En contraste, observo que quien pagó el valor de la opción de compra fue la demandante – aunque «por cuenta» de los cesionarios según reza el contrato de cesión, pero sin que conste representación–.

De igual modo, fue quien instruyó a la compañía de leasing para que transfiriera el derecho de dominio sobre los inmuebles a unos terceros (i.e. los pretendidos cesionarios).

Así, frente al deudor, como también ante terceros, el titular del derecho de la opción de compra, y quien ejerció la misma, fue la demandante.

3- La cesión del derecho de la opción de compra es solo una de las vías con las que un tercero puede adquirir la calidad de parte del contrato de leasing financiero.

Otra puede ser la cesión de posición contractual, que es distinta a la de enajenación del derecho de crédito, se encuentra disciplinada en el artículo 887 y siguientes del CCo (Código de Comercio) y requiere, por regla general, no solo la notificación sino también la aceptación Radicado: 25000-23-37-000-2017-00158-01(24461) Demandante: Dicermex SA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de la contraparte cedida cuando se trata de contratos intuitu personae.

No obstante, descarto que esta figura negocial haya sido la celebrada en el sub lite, por cuanto, en primer lugar, no hubo aceptación del contratante cedido (i.e. la compañía de leasing) y, en segundo lugar, la cesión pretendida por la demandante tuvo por objeto un derecho de crédito (i.e. opción de compra) y no la posición contractual con las prestaciones correlativas que involucra (i.e. la de locatario).

4- Bajo tales condiciones, considero que la transferencia del derecho de dominio que realizó la leasing a los cesionarios no revelados, previa ejecución de la opción de compra por la demandante, constituyó meramente el cumplimiento de una prestación contractual a favor de un tercero por instrucción del acreedor (artículo 1643 del CC) este es, el demandante, quien ante el leasing era el único titular y acreedor del derecho de opción. Por consiguiente, entre la demandante (acreedor de la obligación de dar) y el adquirente ocurrió la enajenación del derecho real de dominio sobre los inmuebles que fueron objeto de leasing, lo cual, acorde con el precepto del entonces vigente inciso 4.º del artículo 90 del ET, debía tener como valor mínimo de transacción el costo fiscal, avalúo catastral o autoavalúo.

5- Cuando genuinamente ocurra una cesión de la opción de compra por parte del locatario hacia un tercero, quien en adelante se presenta como nuevo acreedor ante la compañía de leasing, en efecto se enajena un derecho de crédito (i.e. la opción de compra) cuyo valor mínimo de transacción no puede «diferir notoriamente del promedio» según el precepto del inciso final del artículo ibídem; lo anterior, valga precisar, incluso si el objeto de leasing es un bien inmueble. Sobre el mismo particular, estimo que ese derecho de crédito enajenado es susceptible de ser poseído (artículo 263 del ET), situación que principia con el momento del inicio del contrato de leasing (artículo 127-1, letra a. del ordinal 2., ejusdem), y es un hecho que sirve para determinar si la utilidad en la enajenación constituye renta líquida o ganancia ocasional (artículos 179 y 300 ibidem).

5- Por último, me aparto de la consideración adoptada por la Sala, cuando establece el valor comercial de la opción de compra tomando en consideración únicamente el valor del terreno y excluyendo el de las edificaciones.

El hecho de que, a efectos estrictamente impositivos, el artículo 127-1 del ET, vigente en aquel entonces, calificaba que la parte correspondiente al terreno siempre tendría el tratamiento tributario del leasing financiero (ordinal 2.º del artículo ibidem) y que, por otro lado, la edificación sí podía seguir los efectos tributarios del arrendamiento operativo en función del plazo del contrato (ordinal 1.º del artículo ibidem), no altera que contractual y jurídicamente la opción de compra comprendía la adquisición de los inmuebles en la parte correspondiente a los terrenos y a las edificaciones.

De manera que, en casos donde se ceda la opción de compra sobre bienes inmuebles, estimo que el valor mínimo de transacción del derecho de opción, a efectos del artículo 90 del ET, debe comprender el valor comercial del terreno junto con las edificaciones (inmuebles por naturaleza y por adhesión, artículo 656 del CC).

Atentamente,

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATOS NOMINADOS COMO LEASING FINANCIERO - Tratamiento tributario / DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y VALOR COMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE BIENES Y SERVICIOS – Regulación / UTILIDAD OBTENIDA POR LA CESIÓN DE DERECHO COMO UNA GANANCIA OCASIONAL – Procedencia / CESIÓN DE DERECHOS DE OPCIÓN DE COMPRA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LEASING FINANCIERO – Procedencia

Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria, salvo el voto en la sentencia proferida dentro del proceso en referencia, en tanto aceptó que, al cederse, dentro de un contrato de leasing, el derecho a ejercer la opción de compra, solo se tuviera en cuenta uno de los activos para determinar el precio de venta, a pesar de que el derecho transferido, comprendía otros activos, cuya titularidad igualmente, resulta trasladada en virtud de la cesión. El contrato de leasing celebrado en el caso concreto, comprendía dos tipos de activos, terreno y edificaciones, bienes para los cuales, aplicaba un tratamiento contable y fiscal diferente, en virtud del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, disposición que se encontraba exclusivamente referida a los arrendamientos financieros o leasing, es decir a operaciones de financiamiento, que no a arrendamientos simples. Lo anterior fue expresamente determinado por el propio artículo 127-1 del E.T (texto anterior a la modificación de la Ley 1819 de 2016), disposición que al señalar el tratamiento contable y fiscal, especificó sobre que contratos recaía, (…) Pues bien, siguiendo los anteriores lineamientos para el caso analizado, se presentaron dos tratamientos diferentes sobre el mismo contrato de leasing dado que el terreno debía registrarse en el activo y reconocerse un pasivo por igual valor que se iría descargando con los cánones de arrendamiento en la parte correspondiente a abonos de capital (núm. 2), sin embargo no sucedía lo mismo respecto de las edificaciones, estas no debían registrarse en el activo ni reconocerse un pasivo espejo, en consecuencia el canon de arrendamiento podía registrarse en su totalidad como un gasto deducible (núm. 1). Se insiste que, no obstante la diferencia de los tratamientos establecidos en función del tipo de activo y la duración del contrato, el negocio jurídico subyacente era un arrendamiento financiero, una operación de financiamiento que cubría la edificación y el terreno. A partir de lo anterior, al enajenar el derecho, vía cesión de la opción de compra a los accionistas de la sociedad actora, era indispensable, a efectos de confrontar el valor de venta con el valor comercial (artículo 90 del E.T), tener en cuenta la totalidad de los activos comprendidos en el derecho transferido y no solo el activo registrado en el activo de la compañía, pues de lo contrario quedaría subestimado el valor comercial del mismo y en consecuencia, la base de imposición. Finalmente es importante observar, conforme lo advirtió la Administración en la liquidación oficial que, el artículo 36 del Decreto 836 de 1991 al regular el valor de enajenación de los bienes en los contratos de arrendamiento cuando se trate de bienes raíces considera el valor de la opción de compra sumado al valor de los cánones de arrendamiento causados con anterioridad a la enajenación siempre que supere el avalúo catastral, sin considerar el tratamiento fiscal dado por el arrendatario, esta norma ha debido servir como parámetro en el asunto debatido. Las anteriores razones son las que me llevan a apartarme de la decisión.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 90 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 127-1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 179 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 263 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 300 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 656 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 887 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1643 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1960

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

SALVAMENTO DE VOTO

Consejera: MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2017-00158-01(24461)

Actor: DICERMEX SA

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria, salvo el voto en la sentencia proferida dentro del proceso en referencia, en tanto aceptó que, al cederse, dentro de un contrato de leasing, el derecho a ejercer la opción de compra, solo se tuviera en cuenta uno de los activos para determinar el precio de venta, a pesar de que el derecho transferido, comprendía otros activos, cuya titularidad igualmente, resulta trasladada en virtud de la cesión.

El contrato de leasing celebrado en el caso concreto, comprendía dos tipos de activos, terreno y edificaciones, bienes para los cuales, aplicaba un tratamiento contable y fiscal diferente, en virtud del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, disposición que se encontraba exclusivamente referida a los arrendamientos financieros o leasing, es decir a operaciones de financiamiento, que no a arrendamientos simples.

Lo anterior fue expresamente determinado por el propio artículo 127-1 del E.T (texto anterior a la modificación de la Ley 1819 de 2016), disposición que al señalar el tratamiento contable y fiscal, especificó sobre que contratos recaía, así:

“ Contratos de Leasing. Los contratos de arrendamiento financiero o Leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 1 de enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas:”

Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo sea igual o superior a 60 meses; de maquinaria, (…) serán considerados como un arrendamiento operativo. Lo anterior significa que el arrendatario registrará como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado, sin que deba registrar en su activo o su pasivo suma alguna por concepto del bien objeto de arriendo.

Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que correspondan a terreno, cualquiera que sea su plazo; (….); tendrán para efectos contables y tributarios, el siguiente tratamiento:
"a) Al inicio del contrato, el arrendatario deberá registrar un activo y un pasivo por el valor total del bien objeto de arrendamiento.
Pues bien, siguiendo los anteriores lineamientos para el caso analizado, se presentaron dos tratamientos diferentes sobre el mismo contrato de leasing dado que el terreno debía registrarse en el activo y reconocerse un pasivo por igual valor que se iría descargando con los cánones de arrendamiento en la parte correspondiente a abonos de capital (núm. 2), sin embargo no sucedía lo mismo respecto de las edificaciones, estas no debían registrarse en el activo ni reconocerse un pasivo espejo, en consecuencia el canon de arrendamiento podía registrarse en su totalidad como un gasto deducible (núm. 1).

Se insiste que, no obstante la diferencia de los tratamientos establecidos en función del tipo de activo y la duración del contrato, el negocio jurídico subyacente era un arrendamiento financiero, una operación de financiamiento que cubría la edificación y el terreno.
A partir de lo anterior, al enajenar el derecho, vía cesión de la opción de compra a los accionistas de la sociedad actora, era indispensable, a efectos de confrontar el valor de venta con el valor comercial (artículo 90 del E.T), tener en cuenta la totalidad de los activos comprendidos en el derecho transferido y no solo el activo registrado en el activo de la compañía, pues de lo contrario quedaría subestimado el valor comercial del mismo y en consecuencia, la base de imposición.
Finalmente es importante observar, conforme lo advirtió la Administración en la liquidación oficial que, el artículo 36 del Decreto 836 de 1991 al regular el valor de enajenación de los bienes en los contratos de arrendamiento cuando se trate de bienes raíces considera el valor de la opción de compra sumado al valor de los cánones de arrendamiento causados con anterioridad a la enajenación siempre que supere el avalúo catastral, sin considerar el tratamiento fiscal dado por el arrendatario, esta norma ha debido servir como parámetro en el asunto debatido.
Las anteriores razones son las que me llevan a apartarme de la decisión.

Atentamente,

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Fls. 419 vto. y 420 c.p. 2
Ubicada en Bogotá e identificada con los folios de matrícula inmobiliaria 50C-0110275, 50C-0375876, 50C-0697828, 50C-0671164 y 50C-0377804. Fl. 54 c.a. 1
Fls. 52 a 57 c.a. 1
Inversiones Montaño Toro y Cía. S en C, Inversiones Montaño Domínguez y Cía. S en C, Sebastián Toro Infante y Rhina Toro Infante. Fl. 94 vto. c.a. 1
Fls. 94 vto. a 98 c.a. 1
Fl. 71 vto. c.a. 1
Fl. 72 c.a. 1
Fls. 267 a 283 c.a. 2
Fl. 88 c.a. 1
Fls. 76 a 81 c.a. 1
Fls. 206 a 214 c.a. 2
Su objeto social principal es la «importación y comercialización interna de toda clase de artículos, bienes y mercancías extranjeras para el consumo humano y afines». Fl. 36 vto. c.p. 1
Fl. 17 c.a. 1
Fl. 3 c.a. 1
Fl. 15 c.a. 1
Fl. 1 c.a. 1
Fls. 149 a 161 c.a. 1
Fls. 166 a 185 c.a. 1
Fls. 75 a 90 c.p. 1
Fls. 305 a 339 c.a. 2
Fls. 123 a 134 c.p. 1
Fls. 33-34 c.p. 1
Fls. 359 a 365 c.p. 2
Fls. 390 a 393 c.p. 2
Fls. 405 a 420 c.p. 2
Fls. 432 a 451 c.p. 2
Fls. 15 a 19 c.p. 3
Fls. 20 a 27 c.p. 3
Fls. 44 a 47 c.p. 3
CP. Julio Roberto Piza Rodríguez
Superintendencia Financiera. Concepto 2007049014-001 del 30 de octubre de 2007.
Superintendencia Financiera. Concepto 2007029151-001 del 29 de junio de 2007.
Expediente D-9182; MP: Mauricio González Cuervo
Ubicada en Bogotá e identificada con los folios de matrícula inmobiliaria 50C-0110275, 50C-0375876, 50C-0697828, 50C-0671164 y 50C-0377804. Fl. 54 c.a. 1
Fl. 58 vto. c.a. 1
Fls. 52 a 57 c.a. 1
Fls. 247 a 330 c.p. 2
Fl. 66 c.a. 1
Este valor, contabilizado a diciembre de 2006, corresponde al valor inicial del terreno, amortizado con el pago de 10 cuotas ($163.493.831). Fl. 66 c.a. 1
Fls. 94 vto. a 98 c.a. 1
Fl. 72 c.a. 1
Art. 127-1 ET. «CONTRATOS DE LEASING. […]. e) Los valores determinados de acuerdo con los literales anteriores, serán utilizados por el arrendatario para declarar el valor patrimonial del activo; realizar el cálculo de la depreciación, cuando ella sea procedente; aplicar los ajustes por inflación; determinar el saldo del pasivo y su amortización; y, calcular el monto de los costos financieros deducibles. […]» (Se resalta)
«NOTA 9 – INTANGIBLES
Los intangibles al 31 de diciembre comprendían a:
Bienes recibidos en arrendamiento financieros (1) 2013 2012
__ 2.212.440.800_

(1) Corresponde al valor del terreno por el derecho adquirido en el contrato de leasing con Leasing Bancolombia, el cual venció en febrero de 2013. Este activo se retiró en el año 2013 y fueron cedidos los derechos de opción de compra». Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012. Fls. 32-35 vto. c.a. 1

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00158-01 (24461)
Demandante: DICERMEX SA

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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