Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00186-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00186-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00186-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de mayo de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante ALIANZA TEMPORALES S.A.S.
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Competencia de la UGPP. Liquidación de aportes. Pagos no
constitutivos de salario. Exoneración de aportes en Sena e ICBF.
Indebida valoración probatoria. Error de identificación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de fecha 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: NEGAR la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la sociedad
demandante respecto del Decreto 575 de 2013, conforme lo expuesto.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial n.º RDO 600 del
27 de julio de 2015 y la Resolución n.º RDC 478 del 22 de agosto de 2016, proferidas por la
Subdirección de Determinación de Obligaciones y la Dirección de Parafiscales de la UGPP,
respectivamente, que modificaron las declaraciones de aportes al Sistema de la Protección
Social de ALIANZA TEMPORALES S.A.S., por las conductas de mora e inexactitud en los
períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2013.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
realizar una nueva liquidación en la que:
3.1. Tome en cuenta el pago total efectuado respecto de los trabajadores y períodos
discriminados por la sociedad demandante en el Excel anexo de la demanda hoja
denominada “doble registro planilla”.
3.2. Excluya los ajustes efectuados por aportes al Fondo de Solidaridad Pensional de
CARLOS EDUARDO YEPES GALVAN (periodo 11), NELSON ANTONIO BALLEN
CALDERON (periodo 6) y ELIÉCER MANRIQUE MOJICA (periodo 12).
3.3. Elimine los ajustes por mora correspondientes a la trabajadora CELIS MARIA
CALDERON RAMOS, considerando que los aportes fueron efectivamente pagados en
las Planillas n.º 19862133 (Periodo 1 – Subsistemas: Salud, Pensión, Riesgos, CCF),
20783572 (Periodo 3 – Subsistemas: Salud, Pensión, Riesgos, CCF), 22626941 (Periodo
7 – Subsistemas: Salud, Pensión, Riesgos, CCF) y 22949136 (Periodo 8 – Subsistemas:
Salud, Pensión, Riesgos, CCF).
Conforme lo anterior, deberá efectuar los ajustes que corresponda en la sanción por
inexactitud impuesta.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: No se condena en costas por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
1 Fls.358 a 393
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
SEXTO: Conforme a los Acuerdos PCSJA2020-11567 de 5 de junio de 2020 y CSJBTA20-60
de 16 de junio de 2020, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, respectivamente, NOTIFICAR ELECTRÓNICAMENTE
la presente providencia (…)
SÉPTIMO: En firme esta providencia, archívese el expediente, previa devolución del
remanente de lo consignado para gastos procesales (…).”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. 992 del 24 de diciembre de
2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) profirió a la demandante la Liquidación
Oficial Nro. RDO 600 del 27 de julio de 2015 por las conductas de mora e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social
por los períodos de enero a diciembre de 2013 e impuso una sanción por
inexactitud.
Contra la anterior decisión la actora interpuso el recurso de reconsideración, el cual
fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 478 del 22 de agosto de 2016, en el sentido
de reducir los ajustes de mora e inexactitud en la suma de $176.998.530 y la sanción
a $101.681.598.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones (fls.4 a 5):
“PRETENSIONES PRINCIPALES:
Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, declare la
nulidad TOTAL de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO 600 del 27 de julio de 2015: “Por medio de la cual se profiere a la
sociedad ALIANZA TEMPORALES S.A.S. identificada con NIT. 809.012.157, Liquidación
Oficial por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema
de la Protección Social, por el período de enero a diciembre de 2013” por un valor de
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS M/CTE
($22.603.100) (sic) y se sanciona por inexactitud por valor de CIENTO VEINTIOCHO
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
($128.257.800).
2. Resolución No. RDC 478 del 22 de agosto de 2016: “Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración contra la Resolución No. RDO 600 del 27 de julio de 2015, a
través de la cual se profirió liquidación oficial a ALIANZA TEMPORALES S.A.S., con NIT
800.012.157, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la
Protección Social, por los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013, determinando la liquidación por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREITA (sic)
PESOS M/CTE ($176.998.530) y una sanción por valor de CIENTO UN MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($101.681.598).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
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Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidad de los actos atacados, se realice un análisis
detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y se realice la
reliquidación de la presunta deuda fijada por la UGPP, declarando la nulidad parcial de los
mismos:
1. Resolución No. RDO 600 del 27 de julio de 2015: “Por medio de la cual se profiere a la
sociedad ALIANZA TEMPORALES S.A.S. identificada con NIT. 809.012.157,
Liquidación Oficial por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes
al Sistema de la Protección Social, por el periodo de enero a diciembre de 2013” por un
valor de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIEN
PESOS M/CTE ($22.603.100) (sic) y se sanciona por inexactitud por valor de CIENTO
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
M/CTE ($128.527.800).
2. Resolución No. RDC 478 del 22 de agosto de 2016: “Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración contra la Resolución No. RDO 600 del 27 de julio de 2015, a
través de la cual se profirió liquidación oficial a ALIANZA TEMPORALES S.A.S., con NIT
809.012.157, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la
Protección Social, por los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013, determinando la liquidación por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREITA (sic)
PESOS M/CTE ($176.998.530) y una sanción por valor de CIENTO UN MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($101.681.598).
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial del acto administrativo, solicito
que se restablezca el derecho de la empresa demandante en la siguiente forma:
• POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE:
1. Que se realice la devolución de los pequeños pagos realizados por la empresa ALIANZA
TEMPORALES S.A.S., por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los períodos de enero a
diciembre de 2013, sumas que deberán ser indexadas junto con los intereses, de acuerdo
con la demostración de valores inexistentes por parte de la UGPP.
2. Que se reconozca el pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida por mi
poderdante durante el proceso administrativo objeto de los actos administrativos
atacados, por un valor de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.
3. Que se reconozca los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo durante
el período que duró la investigación administrativa, toda vez que mi poderdante apoyo la
defensa jurídica con el personal humano durante un año, por el valor de doce (12) salarios
mínimos legales vigentes.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 2, 4, 6,
13, 15, 29, 58 y 121 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo;
178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 730 del Estatuto Tributario; 69 y 72 de la Ley
1437 de 2011; 156 de la Ley 1151 de 2007, y 19 y 21 del Decreto 575 de 2013. Los
cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
La demandante planteó una objeción general al requerimiento afirmando que la
UGPP pretendía incluir conceptos que no tenían naturaleza salarial, además que no
era clara la forma en que se calcularon las inconsistencias. Sumado a esto, la
Administración no tuvo en cuenta la totalidad de las normas que regulan la materia
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y tampoco estableció la forma correcta de la presunta deuda al crear bases de
cotización indebidas.
1. Cargos procesales
1.1. La UGPP asumió competencias propias de los jueces laborales
Señaló que de conformidad con el artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral,
la competencia para determinar derechos laborales u obligaciones al sistema de
seguridad social radican exclusivamente en el juez laboral, sobre todo tratándose
de conceptos que la UGPP estableció como salariales, “siendo más precisos en el sub-
examine en personas que tienen cuentas de cobro con retenciones en la fuente y pagos de
impuestos (crearon relaciones laborales inexistentes)”, así como en los casos en los que de
manera unilateral mutó los conceptos de salario de los artículos 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Revisadas las funciones del artículo 21 del Decreto 575 de 2013, no se encontró
ninguna que señalara que los funcionarios de la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales podían establecer derechos emanados de relaciones
laborales, como ocurrió en la liquidación oficial, al considerar que podía modificar a
su libre albedrío los extremos laborales y establecer como factor salarial valores que
no hacen parte del IBC para los aportes, “referente a los Rentistas de Capital, pues no existe
una norma que lo regule”, todo ello sin competencia alguna.
1.2. La liquidación oficial no se emitió de forma completa. Imposibilidad de
conocer el monto real de la liquidación oficial
Una vez revisada la liquidación oficial, se evidenció que la UGPP no liquidó el valor
de los intereses de mora causados por conceptos de mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes. De igual forma, en el medio magnético
CD que acompaña el acto de liquidación tampoco se encontró dicho concepto. A su
juicio, faltaban elementos de motivación y contenido de la liquidación, dado que no
se liquidaron los intereses moratorios como lo ordenó el artículo 156 de la Ley 1151
de 2007, por ende, el acto carecía de validez y eficacia. Adicionalmente, vulneraba
los derechos de defensa y debido proceso, lo cual generaba su nulidad.
1.3. Falta de competencia de la UGPP para proferir los actos acusados
Sostuvo que, si bien el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó un sistema de
control, fiscalización y cobro de los aportes en cabeza de la UGPP, la norma no
señaló de manera precisa qué funcionarios debían desempeñar cada una de las
etapas del proceso de fiscalización o sancionatorio. Además, dicha norma tampoco
indicó la manera en que la entidad podía solicitar a los aportantes la información
para la determinación de las obligaciones, ni el funcionario que tenía esa facultad,
ni reguló la sanción por no entrega completa de información de períodos previos a
la creación de la Ley 1607 de 2012, que entró en vigencia en 2013.
En el desarrollo de los procesos de fiscalización los aportantes se ven obligados a
presentar documentos privados que están protegidos por mandato constitucional,
por tanto, solo el legislador, y no el reglamento, es quien puede establecer las
competencias y procedimientos para el control de las contribuciones.
Explicó que el Gobierno, en desarrollo de sus facultades extraordinarias, expidió el
Decreto 169 de 2008, pero no asignó funciones o competencias en cabeza de algún
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funcionario, ni desconcentró, ni transfirió las potestades para la toma de decisiones
en las oficinas de la entidad. Esto solo se dio con el Decreto 5021 de 2009, empero
éste no tenía fuerza de ley al haber sido expedido con fundamento en el numeral 16
del artículo 189 de la Constitución y por fuera del término que le otorgó el Congreso
al ejecutivo para ejercer la potestad legislativa extraordinaria, por ende, tampoco
debía tenerse en cuenta en este proceso.
Consideró que el Decreto 575 de 2013 otorgó a la Subdirección de Determinación
de Obligaciones Parafiscales facultades que afectaban el derecho a la intimidad de
los obligados, dado que permitía solicitar información y documentos privados. De
manera que este decreto, en el que se fundamentaron los actos demandados, no
podía ser aplicado por ser contrario a la Constitución.
1.4. Falta de competencia del funcionario que solicitó aclaración al
requerimiento de información
Sostuvo que los requerimientos de información solo podían ser proferidos por el
funcionario con las facultades conferidas para tal fin, esto era, el subdirector de
Determinación de Obligaciones, no obstante, como en este caso un funcionario con
el cargo de profesional especializado de esa dependencia fue quién expidió solicitud
de aclaración y/o documentación adicional al requerimiento de información, se
evidenciaba una vulneración al debido proceso por falta de competencia.
2. Cargos sustanciales
2.1. Presunción de días por parte de la UGPP. No tuvo en cuenta las
novedades de ingreso y retiro. Novedades de incapacidad y licencia no
remunerada no se toman para aportes a riesgos laborales ni parafiscales
Sostuvo que no era posible generar una presunción de días en la relación laboral
sin tener en cuenta que los trabajadores presentan novedades de ingreso y retiro,
las cuales establecen el deber legal de realizar los aportes al sistema por el dinero
devengado como factor salarial o, en su defecto, por los dineros que excedan el
límite de desalarización del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Señaló que la UGPP desconoció que, durante el período de incapacidad de un
empleado, se genera un descanso compensado para que pueda recuperar su salud,
que implica el reconocimiento de un pago denominado “SUBSIDIO DE INCAPACIDAD
TEMPORAL”, generando como efecto el no pago de aportes al sistema de riesgos
laborales, debido a que el trabajador no está expuesto a ningún riesgo ni el pago de
aportes parafiscales porque no existe reporte en nómina. Por tanto, no era posible
la existencia de una deuda como lo pretendía la entidad.
Sumado a lo anterior, la entidad también obligaba a la sociedad a cancelar aportes
al sistema de riesgos laborales y parafiscales en los casos de licencia o permiso
remunerado, cuando los trabajadores no prestan el servicio ni existía un pago
reportado en nómina. Estas situaciones se predican de 856 registros
2.2. La UGPP calcula erradamente la novedad de suspensión temporal
De conformidad con el artículo 71 del Decreto 806 de 1998 durante la suspensión
temporal se causaba la obligación de realizar aportes únicamente respecto del
empleador, y la base de cotización debía calcularse teniendo en cuenta el último
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IBC reportado con anterioridad a la novedad. Además, solo era obligatorio cotizar a
salud en los casos de suspensión temporal diferentes a la huelga, y en pensión el
aporte era voluntario, de tal suerte que por los días de dicha novedad era aplicable
la misma regla de las novedades de vacaciones disfrutadas en tiempo contenidas
en el artículo 70 del Decreto 806 de 1998. No obstante, la UGPP desconoció lo
anterior para 370 registros
2.3. La UGPP no tiene en cuenta el doble registro en las PILA por la novedad
de sanción licencia no remunerada por suspensión temporal del contrato
Afirmó que se presentó “un error involuntario al momento de diligenciar dos veces las planillas
de seguridad Social y Parafiscales y en la información de la empresa donde repose este registro,
generadas por la novedad SLN – Sanción Licencia No Remunerada”, por lo tanto, debía
reajustarse el valor del aporte pagado por la empresa Alianza Temporales S.A. Esta
novedad refleja una situación que le impide al trabajador prestar sus servicios de
manera personal, adicionalmente generaba una forma diferente de cotización al
sistema, pues según el artículo 71 del Decreto 806 de 1998, en los períodos de
suspensión no había lugar al pago de aportes a salud por parte del trabajador, pero
sí por parte del empleador, es decir, que la UGPP no tuvo en cuenta el porcentaje
de cotización del 8.5%. En esta situación se encuentran 358 registros.
2.4. Pagos no salariales. Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del
Trabajo
Adujo que la UGPP tomó los conceptos originados por los costos de producción y
denominados como “otras bonificaciones” como constitutivos de salario, incluyéndolos
de manera errada en el IBC, pese a que estos correspondían a los costos de
producción de la empresa y no ingresaban al patrimonio de sus empleados, por
tanto, no podían ser considerados como salariales en los términos de los artículos
127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
Explicó que el “Bono renovación moto” fue catalogada como “medios de transporte –
rodamiento”, y que su pago no ingresaba al patrimonio del trabajador, sino que se
utilizaba para el desempeño de sus funciones, además, no se entregaba como
contraprestación del servicio y su pago era por mera liberalidad. Lo anterior
implicaba que no pudiera enmarcarse dentro de los conceptos constitutivos de
salario ni puede aplicarse el límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Precisó que era errado que la entidad tomara valores catalogados como costos de
producción de una de las empresas usuarias de la sociedad para gravarlos con el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, en especial cuando no era la
actora quien asumía estos pagos. Por este concepto se presentaron 876 registros.
2.5. Aporte correcto de conformidad con el IBC calculado sobre los ingresos
de cada trabajador
Manifestó que realizó los aportes tomando como IBC los pagos salariales según la
Ley 100 de 1993 y demás normas que regulan la materia. Por el contrario, fue la
UGPP la que desconocía las definiciones legales sobre los aspectos que hacen
parte del IBC, determinando con ello deudas con cifras inexistentes para 1797
registros.
2.6. Aplicación del CREE según la Ley 1607 de 2012. Competencia de la DIAN
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Precisó que al ser la sociedad beneficiaria de la exoneración otorgada en el artículo
25 de la Ley 1607 de 2012, no era posible que por aquellos trabajadores que tenían
un IBC inferior a los 10 SMMLV, la UGPP pretendiera cobrar el pago de los aportes
al Sena e ICBF.
Expuso que de existir algún problema derivado del pago del impuesto CREE era
competencia de la DIAN, según el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012, por tanto, no
podía la UGPP establecer deuda alguna por este impuesto y pretender su pago
mediante las PILA. Agregó que la exoneración en el pago de aportes como
consecuencia del impuesto CREE aplicaba igualmente para el subsistema de salud.
Por esta condición reporta 20 registros.
2.7. Pensionados no están obligados a realizar aportes a pensiones
Refirió que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, era errado que
la entidad pretendiera cobrar aportes al subsistema de pensión respecto de aquellos
trabajadores que ostentaban la calidad de pensionados.
Sostuvo que la UGPP tenía el deber legal de solicitar a las entidades públicas la
información respecto de aquellos trabajadores pensionados, por lo que no podía
determinar la existencia de una deuda sin antes haber tachado de falsa la planilla
de liquidación de aportes que reposaban dentro del expediente administrativo. La
omisión de la Administración se presentó para 12 registros.
2.8. No se debe realizar pagos de aportes al Sistema de Solidaridad Pensional
Expuso que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 569 de 2004, aquellos
trabajadores que no tuvieran un IBC igual o superior a 4 SMMLV no tenían la
obligación de cotizar al fondo de solidaridad pensional, por lo que era erróneo que
la entidad persiguiera el pago de aportes a dicho subsistema frente a trabajadores
con un IBC inferior. Hizo mención a 3 registros.
2.9. Tarifa de riesgos laborales debe ser la señalada por la empresa. La UGPP
no tiene competencia para reclasificar el riesgo
Según los artículos 2 y 3 del Decreto 1530 de 1996, la administradora de riesgos
laborales era la única entidad competente para efectuar la reclasificación del riesgo
en los centros de trabajado, por lo que era improcedente que la UGPP, sin
fundamento técnico ni jurídico, realizara cambios en esta clasificación, generando
con ello un desconocimiento de las normas que regulan la materia y, por ende,
deben eliminarse los ajustes para 34 registros.
2.10. Error de digitación en documento de identidad al momento de realizar el
pago de aportes. Se realiza corrección de documento
Indicó que se produjo un error en la digitación de los documentos de identidad de
varios trabajadores en la PILA, por lo que al realizar el cruce de fuentes entre nómina
y las planillas de pago no se encontraba el número de documento del trabajador
respectivo y el pago del aporte realizado. No obstante, la Administración no podía
ser implacable y señalar la existencia de deuda por concepto de mora u omisión,
por el contrario, debió explicarle a la aportante el mecanismo para generar el pago
correcto.
La equivocación del documento se presentó en 16 registros.
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2.11. El hecho gravable es el inicio de la relación laboral. Pago de cotización
en el mes correcto
Expresó que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la obligación
de realizar pagos de aportes tenía origen en el inicio de la relación laboral, por lo
que era improcedente que la UGPP estableciera deudas en el mes previo a la
vinculación laboral, situación que no encontraba fundamento en ninguna norma ni
en la jurisprudencia y que se evidenciaba para 5 registros.
Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos (fls.214 a 263):
Se opuso a las pretensiones de nulidad, así como a la solicitud de restablecimiento
del derecho por daño emergente, porque el cumplimiento de las obligaciones con el
sistema no genera perjuicio alguno.
Propuso como excepción previa la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales por indebido agotamiento de la vía administrativa, al plantear hechos
nuevos no discutidos ante la administración2.
Adujo que no era cierto que la UGPP ejerciera competencias propias de los
jueces laborales, dado que la ley le había otorgado a la entidad unas facultades
específicas con las cuales gozaba de autonomía e independencia frente a la
jurisdicción laboral, para interpretar las cláusulas contractuales a fin de determinar
sí determinados pagos son o no salariales, de cara a la adecuada, completa y
oportuna liquidación de los aportes al sistema.
En esa medida, las afirmaciones que la actora hizo no tenían asidero probatorio
alguno y no merecían un análisis profundo sobre las normas y competencia de la
jurisdicción laboral, más cuando la Administración analizó todas las pruebas
allegadas por la sociedad, las cuales dieron lugar a las conductas de mora e
inexactitud. También precisó que la resolución señalada por la sociedad en este
cargo no correspondía a la resolución demandada.
Frente al cargo según el cual la liquidación oficial no se emitió de forma
completa, señaló que en los actos demandados se indicó que los ajustes daban
lugar a la causación de intereses de mora desde la fecha del vencimiento del plazo
para presentar la autoliquidación de aportes hasta la fecha en que se cancelara la
obligación. Los intereses no hacen parte de los aportes y que, tratándose de una
obligación de tracto sucesivo, se liquidan en la fecha en que se hace efectivo el
pago mediante las planillas, por lo que no era dable hacerlo en el acto de
determinación, ya que tendría que actualizarse una vez el aportante hiciera el pago
o cuando se efectuara el cobro coactivo.
Sobre la presunta falta de competencia, manifestó que, de acuerdo con la Ley
1151 de 2007 y el Decreto 169 de 2008, la unidad tenía asignadas las tareas de
seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna
liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, por lo
que podía adelantar las investigaciones que estimara pertinentes para establecer la
existencia de hechos que generaran obligaciones en materia de contribuciones
parafiscales y expedir las liquidaciones oficiales.
2 El Tribunal negó esta excepción en audiencia inicial celebrada el 3 de mayo de 2018.
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De igual manera, el Decreto 5021 de 2009, derogado por el Decreto 575 de 2013,
estableció que era la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales la competente para proferir los requerimientos, las
liquidaciones oficiales y los demás actos de determinación de las obligaciones, y
por su parte, le correspondía a la Dirección de Parafiscales la resolución de los
recursos de reconsideración.
Sobre la falta de competencia del funcionario para realizar solicitudes
adicionales al requerimiento de información, explicó que esta solicitud se envió
a la sociedad con el fin de complementar la información necesaria para liquidar los
ajustes por parte de la entidad. Sostuvo que se trataba de un acto de trámite y no
definitivo, por lo que su único objeto era promover el proceso de fiscalización, sin
que ello implicara la vulneración al debido proceso. Agregó que el profesional
especializado estaba facultado para ello y fue comisionado para ejercer las
funciones de solicitar información adicional.
Frente a los cargos relacionados con la presunción de días por parte de la UGPP,
y las novedades de ingreso, retiro, incapacidad, licencia no remunerada y
suspensión temporal, realizó un recuento de las normas que regulan la materia.
Manifestó que existió inconsistencia entre la información reportada en la nómina de
la empresa frente a lo reportado en la PILA, de manera que tuvo en cuenta la
información remitida por la actora (nómina) sin que se aportaran nuevas pruebas
que las desvirtuaran.
Para la novedad de suspensiones destacó que muchos ajustes desaparecieron y
otros disminuyeron al evidenciarse el doble registro en las PILA, no obstante, los
que persistieron se ocasionaron porque la sociedad no realizó el cálculo de forma
correcta. El pago realizado por los aportes al sistema mediante las planillas podía
ser susceptible de errores, razón por la cual las novedades reportadas allí no era
prueba idónea y suficiente del hecho generador, por lo que la unidad se abstenía de
tomar la información allí contenida como cierta.
Sobre el desconocimiento por parte de la UGPP del doble registro en la PILA
generado por suspensión temporal del contrato señaló que sí tuvo en cuenta estas
objeciones e hizo las correcciones pertinentes, sin embargo, los ajustes que
persistieron fueron para los empleados sobre los cuales la parte actora realizó
incorrectamente el cálculo de lBC.
En lo que respecta a los pagos para el desempeño de funciones que no eran parte
del IBC por no ser constitutivos de salario precisó que, aunque los conceptos
denominados “medios de transporte” y “bono renovación moto” no constituían salario,
estaban sujetos al límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
De manera que los ajustes consistieron en tomar el excedente para incluirlo en el
IBC, tal como lo ordenaba la norma mencionada.
Frente a la correcta determinación del IBC sobre los ingresos de cada
trabajador, sostuvo que los ajustes propuestos por la entidad tuvieron origen en las
diferencias encontradas entre la información reportada en la PILA y la nómina de la
empresa, destacando que en varios casos no coincidió, lo que obligó a la entidad a
tomar como base la información de la nómina para determinar el IBC de los ajustes.
De conformidad con el artículo 742 del estatuto Tributario, las decisiones de la
administración debían fundarse en los hechos debidamente probados, y que era
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carga de la interesada probar sus afirmaciones, más aún cuando los actos se
fundamentaron en la información aportada por la demandante.
En relación con la exoneración de aportes a los subsistemas de Sena e ICBF,
afirmó que los trabajadores referidos por la sociedad en este cargo percibieron un
salario igual o superior a los 10 SMLMV, por lo que no les aplicaba el beneficio.
Sumado a esto, la exoneración en salud entró en vigencia a partir del 1 de enero de
2014 y, en este caso, el período fiscalizado correspondía al año 2013, por lo que no
prospera el cargo.
Sobre los aportes de pensionados, sostuvo que no era competencia de la UGPP
verificar la calidad de pensionada de la trabajadora alegada por la sociedad, sino el
cumplimiento de los pagos al sistema, hechos que no fueron demostrados por la
actora, quien tenía la carga de comprobar la realidad de sus afirmaciones, pues en
el trámite administrativo ni en el judicial se aportaron los documentos que
demostraran que dicha empleada estuviere percibiendo su mesada pensional, de
manera que no se produjo vulneración alguna por parte de la entidad
En lo atinente a los cargos relacionados con los aportes al sistema de solidaridad
pensional (FSP) y la reclasificación en la tarifa del riesgo, afirmó que los ajustes
propuestos tuvieron origen en la información reportada por la sociedad en su
nómina, de la cual pudo advertir varias inconsistencias frente a tres trabajadores,
por lo que contrario a la afirmado por la actora, la entidad no cambió la tarifa del
riesgo de los aportes al sistema ARL, sino que al no cumplir la aportante con la
carga de reportar la tarifa adecuada en su nómina, la entidad se vio en la obligación
de validarla directamente en la pila. Respecto a los aportes al fondo de solidaridad
pensional citó las normas que regulan la materia y destacó que es el empleador el
responsable de su pago.
Frente al error de digitación de la identificación de los trabajadores, sostuvo
que dicha falencia debía ser asumida por la sociedad, quien además debió advertirlo
dentro del proceso de fiscalización, sin que ello pueda entenderse como una causal
de nulidad de los actos demandados, al tratarse de una falta de cuidado y
negligencia de la actora y no de la UGPP. Agregó que la aportante no demostró la
corrección del error.
Respecto a la relación laboral como hecho generador del pago de los aportes
precisó que no era cierto que la entidad hubiera determinado ajustes en períodos
anteriores al inicio de la relación laboral. Sobre el trabajador identificado por la
actora destacó que en la PILA se reportó el ingresó el 1 de mayo de 2013 y no en
el período de abril como realmente ocurrió según la nómina. Así, era
responsabilidad del empleador reportar los errores u omisiones en la planilla que
afectaran el cubrimiento y operatividad del sistema, de manera que ante la falta
probatoria de la interesada el cargo no debía prosperar.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad parcial de los actos acusados, con fundamento en lo siguiente3:
Señaló que los actos fueron proferidos por el Subdirector de Determinación de
3 Fls.358 a 393
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Obligaciones y el director de Parafiscales, los cuales sí eran competentes de
conformidad con las facultades y competencias fijadas desde la expedición de la
Ley 1151 de 2007 y las normas expedidas con posterioridad, entre ellas el Decreto
169 de 2008, Decreto 5021 de 2009 y la Ley 1607 de 20124.
De otra parte, no afectaba la legalidad de la actuación que el profesional
especializado adscrito a la Subdirección de Determinación solicitara aclarar y
adicionar la información, toda vez que estaba facultado para requerir la
información que fuera necesaria para la liquidación de los aportes. Se trata de un
acto de trámite que no afectaba la validez de las decisiones demandadas.
Consideró que el Decreto 575 de 2013 no era contrario a la constitución pues fue
expedido en ejercicio de la facultad de reglamentación del gobierno. Tampoco
vulneraba el derecho a la intimidad de los administrados, dado que la misma Carta
advertía que la exhibición de documentos privados podía ser requerida para efectos
fiscales y tributarios, en el presente caso, para la verificación de la correcta
determinación de los aportes al sistema.
Precisó que la UGPP no asumió competencias propias de los jueces laborales,
ya que sus facultades no estaban limitadas por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001,
por el contrario, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, los Decretos 169 de 2008 y
5021 de 2009 (derogado por el Decreto 573 de 2013), le otorgaron a la entidad la
potestad para adelantar las diligencias tendientes a fiscalizar la correcta liquidación
de los aportes, por lo que puede determinar cuáles pagos deben tomarse como
factores salariales, por lo que no prosperó este argumento de nulidad.
Sobre la presunta expedición incompleta de la liquidación oficial sostuvo que la
entidad desarrolló los antecedentes, el marco legal, el análisis y las conclusiones a
las que llegó en el caso concreto. Así mismo, en el archivo Excel anexo a los actos,
se clasificaron los registros y ajustes propuestos respecto de cada trabajador y por
cada subsistema, también se identificaban los períodos fiscalizados, los datos del
aportante y las conductas en que incurrió, de manera que, el acto contaba con todos
los requisitos previstos en el artículo 712 del Estatuto Tributario. Precisó que la
referencia del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 a los intereses moratorios no
implicaba que en el acto debiera realizarse su cuantificación, toda vez que, por ser
una obligación de tracto sucesivo, solo podían liquidarse al momento en que se
efectuara el pago efectivo de la obligación.
Luego de mencionar las normas que regulan los aportes al sistema durante períodos
de incapacidad y licencias no remuneradas, procedió a revisar los casos de los
trabajadores señalados en la demanda, encontrando que frente a los 862 registros
la UGPP tomó la información reportada en la nómina que fue aportada por la
sociedad, específicamente los días laborados, de incapacidad, de vacaciones y
licencias no remuneradas, de manera que no existió la presunción de días a que
hizo referencia la actora.
Advirtió que los pagos por incapacidades y los días de licencia no remuneradas
no se tuvieron en cuenta por la UGPP para determinar el IBC de los aportes al
sistema de riesgos laborales y parafiscales, por lo que tampoco estaba probada esa
infracción que alegó la sociedad en la demanda. Así mismo, el Tribunal verificó que,
frente a 138 registros de los señalados por la actora, en la PILA no se liquidó y pagó
4 Al respecto citó la sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 22994, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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los aportes causados por las licencias dadas en el subsistema de salud, lo que
justificaba el ajuste liquidado por la entidad. Además, en algunos de los casos
cuestionados por la actora no se presentó la novedad de licencia no remunerada y
en otros eventos no era cierto que la UGPP tomó una tarifa diferente.
Agregó que la sociedad no explicó la infracción cometida por la administración, de
manera que se relevaba de hacer algún pronunciamiento al respecto. Si bien la
sociedad aducía que para la novedad de licencia no remunerada el IBC debía ser
determinado con el IBC del mes anterior y que el aporte únicamente debía hacerse
en la parte que corresponde al empleador, no explicó de que forma la UGPP
desconoció esas reglas, lo que impidió que pudiera hacerse un pronunciamiento
con relación a tales registros.
Respecto al ajuste relacionado con el ingreso del trabajador Alexander Caicedo
Gómez por el período de abril de 2013, sostuvo que, verificado el contrato de trabajo
y la nómina, este empezó a laborar el 29 de abril de ese año, razón por la cual la
sociedad estaba obligada a realizar aportes por los días de ese período, tal como
fue determinado en los actos acusados.
En relación con el doble registro de un trabajador en la PILA resaltó que una vez
revisada la hoja denominada “doble registro planilla”, las PILA de los períodos discutidos
y el archivo SQL anexo a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
se pudo determinar que, tal como lo alegaba la actora, en las planillas se había
efectuado un doble registro respecto del mismo trabajador, el cual no fue tenido en
cuenta por la UGPP, lo que conllevo a que determinaran ajustes a cargo de la
demandante sin tomar la totalidad del pago efectuado.
En ese sentido prosperó el cargo de nulidad, en consecuencia, ordenó a la entidad
realizar una nueva liquidación en la que se tome en cuenta el pago total efectuado
respecto de los trabajadores y períodos discriminados por la sociedad en el Excel
anexo a la demanda, efectuando los ajustes correspondientes en la sanción.
Respecto al cargo relacionado con la inclusión en el IBC de los pagos por concepto
de “bono de renovación” y “medios de transporte de rodamiento”, sostuvo que era válido que
la UGPP los tomara como no salariales, resaltando que estaban sujetos al límite
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por lo que los ajustes efectuados por la
entidad atendían a la correcta aplicación de la norma y la jurisprudencia del Consejo
de Estado5. No prosperó el cargo.
Respecto al cargo de la correcta determinación del IBC sobre los valores pagados
como salario a cada trabajador, el Tribunal precisó que la demandante no especificó
el error cometido por la entidad al momento de determinar los ajustes, de manera
que escapaba del ámbito de decisión del juez la revisión de los 1.797 registros
señalados en la demanda. Sin embargo, de manera general revisó algunos
registros, destacando que la entidad tomó en cuenta los valores reportados por la
empresa en la nómina.
Además, la autodeclaración (PILA) estaba revestida de presunción de veracidad
confirme al artículo 746 del Estatuto Tributario, aplicable por disposición expresa del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, salvo que se solicite una comprobación
especial o ésta sea exigida por la ley. En ese sentido, con la información de la
5 Al respecto citó la sentencia del 21 de agosto de 2019, exp.24259, C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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nómina, la UGPP logró desvirtuar la veracidad de los hechos consignados en la
PILA, de manera que, si la sociedad consideraba la existencia de un error en el
cálculo, era su deber exponerlo de forma clara y allegar las pruebas pertinentes, lo
que no ocurrió en este caso.
Frente a la exoneración de efectuar pagos a Sena e ICBF precisó que de
conformidad con los artículos 25 de la Ley 1607 de 2012 y 10 del Decreto 862 de
2013, estaban exonerados de efectuar los referidos aportes los empleadores que
tuvieran contratados trabajadores, individualmente considerados, que recibieran
hasta 10 SMMLV, para esos efectos debía verificarse la totalidad de los pagos
efectuados al trabajador en dinero o en especial como contraprestación directa del
servicio, cualquiera que fuera la forma o denominación que se adoptara.
Verificó el caso de los trabajadores Oscar Peña Rodríguez y Purificación Guerrero
Hernández, al respecto advirtió que por el período 12 del año fiscalizado 2013 no
era posible aplicar la exoneración de aportes a salud, comoquiera que el beneficio
solo entró a regir en enero del 2014. Además, verificado el SQL anexo a la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la sociedad liquidó y pagó los
aportes a salud correspondientes al período 12 por los trabajadores mencionados,
generándose un ajuste por inexactitud que estuvo motivado en otras razones.
Respecto a los aportes a Sena e ICBF encontró que los ingresos percibidos por los
trabajadores superaron los 10 SMMLV previstos en la norma para acceder a la
exoneración. De esta manera el cargo no prosperó.
Se refirió al caso de la señora María del Rosario Verdugo Vega señalando que no
le corresponde a la UGPP requerir a Colpensiones prueba del estatus de
pensionada de esta empleada, puesto que al establecer que ello no estaba
acreditado le trasladó la carga de la prueba a la demandante, la cual no cumplió,
por lo que el cargo no estaba llamado a prosperar.
Sobre los aportes al fondo de solidaridad pensional, precisó que según el artículo
27 de la Ley 100 de 1993 los obligados son los afiliados al sistema de pensiones
cuya base de cotización sea igual o superior a 4 SMMLV. Una vez verificados los
registros referidos en la demanda, concluyó la sociedad no estaba obligada a
realizar aportes al fondo por los trabajadores Carlos Eduardo Yepes Galván
(período 11), Nelson Antonio Ballen Calderón (período 6) y Eliecer Manrique Mojica
(período 12), en tanto que el IBC no excedía el tope de los 4 salarios. Por tanto,
prosperó el cargo de nulidad, y ordenó excluir los ajustes por este concepto.
Frente a la determinación de la tarifa de riesgos laborales, resaltó que con la
demanda solo fueron allegadas dos certificaciones de la ARL Sura, la primera de
ellas referida a la trabajadora Ana Catalina Gómez Salazar quien tenía reportada
una tarifa de riesgo del 4,35%, monto que coincidía con el tomado por la UGPP. La
segunda era de la trabajadora Nancy Pinzón Gama, no obstante, el período de la
misma no coincidía con el cuestionado por la Administración.
Respecto de los demás trabajadores no se allegó prueba alguna, el Tribunal no
pudo verificar los ajustes realizados por la Administración, precisando que las
planillas no eran prueba idónea de la tarifa de los aportes, y que era a la sociedad
a quien le asistía la carga de demostrar sus afirmaciones.
Sobre el error de digitación en los documentos de identidad de varios
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trabajadores, afirmó que en el caso de la trabajadora María Calderón Ramos la
actora realizó los aportes reportando un número de cédula erróneo, sin embargo,
esa irregularidad no impedía que pudiera verificarse el pago efectivo de los aportes
por esa trabajadora, toda vez que en la PILA aparecía su nombre. En ese sentido,
ordenó a la entidad eliminar los ajustes por mora correspondientes a dicha
trabajadora.
El Tribunal no accedió a la pretensión de indemnización de perjuicios ni a la condena
en costas porque no se comprobó su causación.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia por lo que pasa a exponerse:
1. Falta de competencia para proferir los actos demandados
Expuso que no debían aplicarse los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, porque
fueron expedidos por fuera del término de los 6 meses concedidos por el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007 para reglamentar dicha ley. Especialmente el Decreto
5021 de 2009 era abiertamente inconstitucional debido a que el presidente
extralimitó las facultades que le fueron otorgadas por el Congreso para ejercer su
potestad reglamentaria, por tanto, los jueces debían apartarse de ella. En esa
medida, los actos habían sido emitidos por funcionarios sin facultades establecidas
en la ley.
Explicó que el Decreto Ley 169 de 2008 no contempló el régimen de los empleados
de la UGPP de manera detallada por dependencia, por tanto, este cargo no podía
ser analizado a la luz de dicha normativa. Finalmente, dijo que, así como lo había
solicitado en la demanda debía inaplicarse por vía de excepción de
inconstitucionalidad el Decreto 575 de 2013, por cuanto este tenía su origen en el
Decreto 5021 de 2009 proferido extemporáneamente.
2. Los pagos por medios de transporte no están sujetos al artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010.
Manifestó que no compartía la decisión del Tribunal de someter al límite del 40%,
dado que este aplica para los pagos no constitutivos de salario pactados entre las
partes, no obstante, dicho concepto obedecía a una necesidad de los trabajadores
para desempeñar sus funciones, y de ninguna manera era un concepto que las
partes acordaran como no salarial para defraudar el sistema.
Puso de presente los Conceptos Nros. 101294 del 12 de abril de 2011 y 1147921
del 25 de julio de 2013 expedidos por los Ministerios de la Protección Social y el del
Trabajo, así como la sentencia del 31 de octubre de 2019 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que hacen referencia al tema. Por tanto, solicitó dejar sin efectos
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se revisaran los registros señalados
en la demanda, así como la información de los otros conceptos, teniendo en cuenta
que incluir esos valores aumentaba el IBC para el cálculo de las vacaciones.
3. Exoneración del pago de aportes
Adujo que, si bien la sentencia apelada definió la diferencia entre IBC y salario
efectivamente percibido por el trabajador, lo cierto era que para la exoneración se
debía tomar el IBC del subsistema de salud y en los casos que no superara los 10
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SMMLV el empleador no tenía que realizar aportes a Sena e ICBF.
Señaló que el Tribunal también se equivocó al considerar que el IBC de salud de un
salario integral era de 10 SMMLV, debido a que al momento de hacer el cálculo
matemático este queda en 9.7 SMMLV, debido a que es el 70% como se establecía
en la norma y lo aceptaba la jurisprudencia, por tanto, en los casos en que no se
superaron los 10 salarios, no estaba en la obligación de cotizar al estar amparados
por la exoneración del CREE, en concordancia con lo establecido en la Resolución
5304 de 2015 (compilada en la Resolución 2388).
Agregó que el legislador no determinó la base del impuesto CREE, por tanto, su
pago no era exigible por la demandada.
4. Indebida valoración probatoria. Defecto fáctico6
Frente al cargo relacionado con la suspensión temporal del contrato o licencia
no remunerada, sostuvo que en la sentencia de primera instancia no fueron
valoradas todas las pruebas obrantes en el expediente, especialmente las
decretadas en audiencia inicial y que no fueron objeto de ningún recurso por las
partes, dichas pruebas consistieron en los comprobantes de pago necesarios para
desvirtuar el IBC definido por la UGPP en los actos; los contratos que marcaban el
extremo laboral de los ingresos, los pactos de desalarización y las liquidaciones.
Reprochó que el Tribunal únicamente hubiera valorado el formato de nómina, pues
el mismo era diligenciado a mano y por ende podían presentarse errores en la
información. También era necesario que la UGPP definiera una posición clara sobre
si se tenían en cuenta o no los soportes de la empresa, puesto que ellos reflejaban
la realidad laboral de sus empleados. Además, que la sociedad incurría en gastos
para verificar cada glosa establecida por la Administración en los actos
administrativos, allegando el resultado del análisis con más de 200 registros y 250
soportes documentales, siendo desconocidos en la sentencia de primera instancia.
Por lo expuesto solicitó dejar sin efectos la decisión apelada, al no existir una
valoración de la prueba y una relación de la misma con el cargo y las solicitudes
realizadas, como por ejemplo lo concerniente a las novedades de ingreso, retiro y
vacaciones reportadas al sistema general de seguridad social.
Sobre el cargo de presunción de días, insistió en la indebida valoración por parte
del Tribunal de las pruebas aportadas al expediente, para este caso puntual destacó
la inobservancia de las novedades de ingreso y retiro, puesto que no fueron
analizados todos los casos referidos en la demanda. Expuso el caso del trabajador
Alejandro Navas Restrepo, quien por el mes de diciembre de 2013 la UGPP le
reportó 9 días trabajados cuando en realidad fueron 4 como lo prueba la liquidación.
También expuso el caso de la trabajadora Ana Catalina Gómez Salazar, respecto
de quien la UGPP por el período de febrero de 2013 le reportó 8 días de trabajo
cuando en realidad fueron 4, lo que se demuestra con la liquidación del contrato.
5. Devolución de aportes y pago mediante planilla tipo J
Manifestó que como en la sentencia de primera instancia se habían anulado
6 Por aspectos metodológicos, la Sala expone dos cargos de apelación de manera conjunta, comoquiera que
están relacionados con la presunta indebida valoración probatoria por parte del Tribunal
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parcialmente los actos acusados y la sociedad había aportado las PILA por medio
de las cuales realizó el pago de la deuda establecida por la UGPP, debía ordenarse
la devolución de los aportes realizados en el término previsto en el artículo 311 de
la Ley 1819 de 2016. En caso de existir deuda alguna de los aportes, este pago
debía ser “condenado”7 por medio de la planilla de aportes tipo “J: PLANILLA PARA PAGO
SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL”, en virtud de las
Resoluciones 1747 de 2008 (integrada en la Resolución 2388 de 2016) y 610 de
2012.
La demandada también apeló la decisión de primera instancia por lo siguiente:
Sostuvo que era errado que el Tribunal avalara los pagos a los aportes por la
trabajadora Celis María Calderón Ramos porque la sociedad registró un número de
cédula equivocado en la PILA. Al efecto, adujo que al consultarse el Excel anexo a
la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, el número de cédula
correcto era el 39178383, mientras que en la PILA se reportó el número 39178333,
razón por la cual no se pudieron aplicar los pagos mencionados en la sentencia con
las planillas enunciadas. Además, que la actora no presentó discusión alguna sobre
el asunto en sede administrativa.
Puso de presente que de conformidad con la Ley 39 de 1961, la cédula de
ciudadanía era el documento de identificación por excelencia, sumado a que en el
Sistema de la Protección Social era una prioridad la identificación correcta de los
afiliados, de ahí que si las cotizaciones se realizan con números de identificación
errados, el trabajador no podrá acceder de manera efectiva a los beneficios del
sistema, siendo responsabilidad del empleador efectuar las autoliquidaciones y
pagos de manera correcta.
De manera que, era válido concluir que, ante la existencia de algún error en la
digitación del número de identificación de la trabajadora, ello era responsabilidad de
la demandante, quien además debió advertirlo dentro del proceso de fiscalización,
y en ningún momento su argumento podía servir como fundamento de la nulidad de
los actos acusados.
Precisó que el artículo 742 del Estatuto Tributario impone a la administración la
obligación de proferir sus decisiones en los hechos que aparezcan demostrados en
el expediente, no obstante, la empresa no logró desvirtuar la corrección del número
de cédula de la trabajadora Andrea Patricia Romero (sic). Agregó que de
conformidad con el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999, era un deber de los
empleadores informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la
que estuvieren afiliados, dado que dicha omisión acarreaba la imposición de
sanciones al aportante incumplido.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para que en su
lugar se confirme la legalidad de los actos acusados. En caso de no accederse a
ello, pidió que la entidad no fuera condenada en costas, comoquiera que el asunto
debatido era de interés público.
Oposición a la apelación
Las partes no se pronunciaron dentro de la oportunidad prevista en el numeral 4 del
7 Entiende la Sala que la parte actora se refería a que fuera “compensado”
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artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación presentados por ambas
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
Liquidación Oficial Nro. RDO 600 del 27 de julio de 2015 y la Resolución Nro. RDC
478 del 22 de agosto de 2016, por medio de las cuales la UGPP liquidó ajustes por
las conductas de mora e inexactitud a cargo de la sociedad por los períodos de
enero a diciembre de 2013.
Como cuestión previa se advierte que mediante escrito del 4 de mayo de 20238, el
consejero Milton Chaves García manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo
141 del Código General del Proceso9, porque su esposa tiene interés directo en las
resultas del proceso, toda vez que actualmente se encuentra en curso ante esta
Corporación una demanda presentada por ella contra los artículos 21 del Decreto
575 de 2013 y 20 del Decreto 5021 de 2009, expedidos por el Gobierno Nacional.
Lo anterior encuentra sustento en que dentro del proceso de la referencia la
sociedad actora propuso la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 575 de
2013, que tiene su origen en el Decreto 5021 de 2009, al considerar que fue un
decreto expedido por fuera del término otorgado por la ley para “expedir normas con
fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema específico de carrera para los empleados de
la entidad” y, además porque mediante de esos decretos no se podían asignar
competencias y funciones al interior del a UGPP, por carecer de fuerza de ley.
La Sala considera que los hechos alegados configuran la causal de impedimento
invocada por el consejero, por tener su cónyuge interés directo en el proceso, toda
vez que tanto en la demanda como en el recurso de apelación se discute la
competencia para proferir los actos demandados por la UGPP mencionando entre
otras normas los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013. En consecuencia, se
declara fundado el impedimento y se le separa del conocimiento del presente
asunto.
Decantado lo anterior, procede la Sala a analizar los cargos de apelación que fueron
formulados por los dos extremos del litigio. Por parte de la actora corresponde
analizar i) la falta de competencia de la UGPP para expedir los actos acusados; ii)
la naturaleza salarial y su inclusión en el IBC de los conceptos denominados “medios
de transporte”; iii) la exoneración de aportes de conformidad con la Ley 1607 de 2012,
iv) la indebida valoración probatoria en la sentencia apelada y v) la procedencia de
la devolución de aportes.
8 Índice 13 de Samai.
9 Código General del Proceso. “Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación
las siguientes: (…) 1. Tener el juez, su conyugue, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso
(…)”
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Por su parte, la UGPP discutió la improcedencia de aceptar el pago de aportes
respecto de la trabajadora que presentó error en la digitación del número de cédula
en la PILA.
1. De la falta de competencia de los funcionarios de la UGPP para proferir
los actos administrativos demandados
Reprochó la actora que el Tribunal reconociera la competencia de los funcionarios
de la UGPP para expedir los actos demandados manifestando que el Decreto 5021
de 2009 fue expedido por fuera del plazo de los seis (6) meses determinados por el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 para su reglamentación y que el Decreto 575
de 2013 tiene origen en un acto extemporáneo. Indicó que el Gobierno no tenía la
competencia para expedir los actos en cuestión, por lo que solicitó su inaplicación
por ser inconstitucionales.
Agregó que, si bien se expidió el Decreto 169 de 2008, éste no contempló el régimen
de funciones de los empleados de la UGPP detalladamente y por dependencia.
Para dilucidar este aspecto, la Sala reiterará en lo pertinente, el análisis efectuado
en la sentencia del 15 de octubre de 2021, exp.23623, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto10, con ocasión de la excepción de inconstitucionalidad propuesta en
contra de los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013; en la que se expuso:
“(…) debe señalarse que fue a través de los Decretos 168 11 y 16912 de 2008 que el Gobierno
estableció el sistema específico de carrera de la UGPP y reglamentó el ejercicio de las
funciones de la entidad, respectivamente, los cuales fueron proferidos y publicados el 23 de
enero de 200813, es decir, dentro del plazo de seis (6) meses siguientes a la publicación de la
Ley 1151 de 2007, que tuvo lugar el 25 de julio de ese año 14.
En el Decreto 5021 de 2009, el Gobierno Nacional estableció «la estructura y organización de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP- y las funciones de sus dependencias», el cual fue derogado por el
artículo 33 del Decreto 575 de 2013, expedido por la misma autoridad, y por medio del cual se
«modifica la estructura» de la entidad y se determinan las funciones de sus dependencias.
Se precisa que los Decretos 5021 de 2009 (derogado) y 575 de 2013, fueron dictados por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 16 del
artículo 189 de la Constitución Política 15, en consonancia con el artículo 54 de la Ley 489 de
199816 que prevé los principios y reglas generales que debe observar el Gobierno para
10 Reiterada en sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 24670 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y en
sentencias del 30 de junio y del 18 y 25 de agosto, exp. 24815, 25486 y 26284, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
11 «Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la UAE de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP».
12 «Por el cual se establecen las funciones de la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones
parafiscales de la protección social».
13 Diario Oficial No. 46.880 de 23 de enero de 2008.
14
Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007.
15 «Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa: […].
16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos
administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley».
16 «Artículo 54. Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar
la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos administrativos del
orden nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura
de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos
nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República conforme a las
previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los siguientes
principios y reglas: (…)».
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modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y los demás
organismos administrativos del orden nacional. Así se desprende de la primera parte del
contenido de los citados decretos al aludir a las mismas como fundamento de competencia
para su expedición».”
Pone de presente lo anterior que la facultad prevista en la Ley 1151 de 2007, artículo
156, fue desarrollada mediante los Decretos 168 y 169 de 2008, los que claramente
la invocan como su fundamento, mismos que fueron expedidos dentro de los 6
meses siguientes a la vigencia de la ley, como correspondía, y adicionalmente que,
los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, fueron proferidos en desarrollo de la
facultad consagrada en el artículo 189 numeral 16 de la Constitución Política para
“modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u
organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina
la ley”.
La facultad otorgada en la Ley 1151 fue para expedir normas con fuerza de Ley, lo
que se cumple respecto de los dos primeros preceptos, como quiera que ambos
tienen fuerza de ley (Decretos Leyes), que no los Decretos 5021 de 2009 y 575 de
2013. Lo que resulta suficiente para desestimar los argumentos de la demandante
relacionados con la falta de competencia del Gobierno Nacional en razón de la
expedición extemporánea del Decreto 5021 de 2009, de cara al artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007. Por lo tanto, no procede la excepción de inconstitucionalidad
propuesta por la recurrente.
Ahora, los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 (que derogó el Decreto 5021 de
2009), fijaron en la UGPP la competencia de fiscalización y determinación de las
contribuciones al sistema de la protección social, para lo cual, la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de dicha entidad profiere las liquidaciones oficiales
y la Dirección de Parafiscales resuelve los recursos de reconsideración interpuestos
contra aquellas. Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.
2. De la naturaleza salarial y su inclusión en el IBC de los conceptos
denominados "medios de transporte”
Sobre este punto el Tribunal decidió que, si bien la entidad había tomado los pagos
de “medios de transporte” y “bono renovación de moto” como no salarial, estos se
encontraban sometidos al límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010, por ende, eran procedentes los ajustes determinados en los actos de
liquidación.
La sociedad en el recurso de apelación se refiere únicamente a los pagos por
medios de transporte, frente al cuales aduce que no están sujetos a ningún límite
porque su naturaleza era no salarial por disposición legal, además, lo dispuesto en
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 solo era aplicable frente aquellos conceptos
que las partes de la relación laboral pactaran como no salariales, y no para aquellos
que se entregan para el ejercicio de las funciones.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que desde el requerimiento para
Declarar y/o Corregir Nro. 992 del 24 de diciembre de 2014, la entidad demandada
reclama como parte del IBC de los aportes a seguridad social por exceder el 40%
del total de la remuneración los conceptos catalogados como medios de
transporte17.
17 Esta situación fue reiterada en la liquidación oficial.
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Para resolver este asunto, la Sala se remitirá a la sentencia de unificación del 9 de
diciembre de 2021 proferida por esta Sección dentro del expediente 25185, C.P.
Milton Chaves García, sobre los aportes al sistema de seguridad social, así como el
alcance y aplicación de la limitación contenida en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010, al respecto se fijaron las siguientes reglas.
“1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en
los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y
trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes
al Sistema de Seguridad Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes
se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente
de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del servicio) y, además,
los factores que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el
monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios
de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de
aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o
aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de
los medios probatorios pertinentes.”
En el presente caso, no es objeto de discusión entre las partes que el concepto
denominado “medios de transporte” tiene naturaleza no salarial, no obstante, la entidad
decidió aplicar el límite del 40% del total de la remuneración de que trata el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, al respecto en la liquidación oficial expuso lo siguiente:
“Pues bien, de acuerdo con los anteriores parámetros, en el caso bajo examen, se pudo
establecer que la sociedad ALIANZA TEMPORALES S.A.S. durante el período enero a
diciembre de 2013 reconoció a sus empleados los siguientes pagos no constitutivos de salario:
(…)
• Medios de transporte
Esta Subdirección encontró que en el período fiscalizado algunos de los pagos no salariales
realizados por ALIANZA TEMPORALES S.A.S., excedieron el 40% del total de la
remuneración, sin que la investigada tuviere en cuenta el exceso para la conformación del
IBC. Por lo anterior, en la liquidación de los aportes en referencia, este Despacho integró el
IBC de acuerdo a la orden expresa del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, conforme se detalla
en el CD anexo a la presente resolución.”
En ese contexto, es necesario precisar que a la luz del artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, que consagra la naturaleza de los conceptos no salariales,
los pagos por medios de transporte hacen parte de aquellos no constitutivos de
salario que reciben los trabajadores, no para su beneficio sino para desempeñar sus
funciones, por lo que no enriquecen su patrimonio.
Por ende, al ser un pago no salarial por su naturaleza, no podía hacer parte de los
conceptos sujetos al límite del 40% establecido en la Ley 1393 de 2010, pues lo
contrario implicaría desconocer la primera regla de unificación que se reitera en esta
instancia, según la cual “El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de
pensión, salud y riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario,
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en los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran
el trabajo o servicio prestado al empleador.”
En esa medida, la entidad deberá reliquidar los ajustes excluyendo de la base de
cotización los pagos efectuados por medios de transporte.
3. De la exención de los pagos de aportes a los subsistemas de Sena e ICBF
A juicio de la sociedad recurrente para determinar la exoneración de realizar aportes
al Sena e ICBF debía tomarse era el IBC del subsistema de salud de cada
trabajador, de manera que si este no superaba el límite de los 10 SMMLV el
empleador no estaba en la obligación de realizar los aportes. También señaló que
procedía la exoneración para el subsistema de salud y que debía tenerse en cuenta
que como se trataba de salario integral, el 70% con base en el cual se hacen los
aportes no superan los 10 salarios
Para resolver este asunto se pone de presente que desde la demanda únicamente
se plantearon inconformidades sobre este asunto por los trabajadores Oscar Peña
Rodríguez y Purificación Guerrero Hernández, sin embargo, el Tribunal negó el
cargo con fundamento en que a dichos trabajadores por los períodos 12 del año
2013 no era posible aplicar la exoneración de aportes a salud, comoquiera que la
norma que contempló dicho beneficio no estaba vigente, además que la sociedad
había efectuado los aportes a dicho subsistema generándose una inexactitud
motivada en otras razones. De igual manera precisó que no era posible aplicar la
exoneración a Sena e ICBF porque dichos empleados percibieron ingresos
superiores a los 10 SMMLV.
Se pone de presente que el artículo 31 de la Ley 1607 de 2012 dispuso que la
exoneración de la cotización al régimen contributivo de salud sería a partir del 1 de
enero de 2014, por lo que le asiste razón al tribunal en que el beneficio no operaba
pues los períodos cuestionados corresponden a los salarios pagados en el año
2013.
Ahora, para la exoneración de aportes a ICBF y Sena, debe tenerse en cuenta el
artículo 25 ibidem, vigente para la época de los hechos, que determinaba lo
siguiente:
“Artículo 25. A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de
retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE),
y en todo caso antes del 1º de julio de 2013, estarán exonerados del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedad y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos
legales vigentes.”
Por su parte el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, que reglamentó parcialmente
la Ley 1607 de 2012, estableció:
“Artículo 7º. EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES. Las sociedades y personas
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE, están
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
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(…)
Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la
totalidad de lo devengado por el trabajador” (énfasis propio).
Sobre el concepto “devengo” esta Sala ha entendido que debe referirse únicamente
a los pagos que reciba el trabajador por concepto de salario18, por lo que se ha
manifestado que tratándose de salario integral la parte prestacional no estaría
comprendida en este concepto.
Así, revisado el SQL anexo a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, se tiene que por el trabajador Oscar Peña Rodríguez la entidad
propuso ajustes por mora por los períodos 7, 9, 11 y 12 del año 2013, y respecto de
la trabajadora Purificación Guerrero Hernández, los ajustes también fueron por la
conducta de mora por los meses 7, 8, 9, 11 y 12. En ambos casos la entidad registró
salario integral por valor de $7.663.500, cifra que no fue cuestionada por la actora,
y como anotación indicó “Disminuye ajuste, por recálculo de cotización sobre el 70% del
ingreso.”
Bajo ese contexto y de conformidad con las normas señaladas, el cálculo para la
exoneración de aportes al Sena e ICBF debe efectuarse tomando el salario integral
recibido en cada mes y aplicándole la limitante del 70%, ejercicio que, en este
asunto, por tratarse en ambos casos y por todos los períodos del mismo monto de
IBC, sería el siguiente: $7.663.500 * 70% = $5.364.450.
Lo anterior deja en evidencia que lo devengado por salario por los trabajadores en
cuestión por los meses fiscalizados fue menor a los 10 SMMLV para el año 2013
($5.895.000). En esa medida, prospera el cargo de apelación de la demandante,
por lo que se ordenará a la UGPP excluir los ajustes en aportes parafiscales a Sena
e ICBF por la conducta de mora de los meses de 7, 9, 11 y 12 del trabajador Oscar
Peña Rodríguez y los meses 7, 8, 9, 11 y 12 de la empleada Purificación Guerrero
Hernández, ambos por el año 2013.
4. La indebida valoración probatoria en la sentencia apelada
La Sala analizará de manera conjunto los dos cargos expuestos en el recurso de
apelación de la actora en los que alegó una falta de valoración por parte del Tribunal
a las pruebas aportadas al proceso.
4.1 Licencia no remunerada o suspensión del contrato
La demandante alega que la sentencia de primera instancia incurrió en un defecto
fáctico respecto a las pruebas obrantes en el proceso. Sin embargo, la Sala
considera que lo indicado en el recurso de apelación no controvierte lo dicho por el
a quo.
Nótese que el Tribunal realizó el estudio de este cargo dividiendo a los trabajadores
enlistados por la actora en varios grupos para concluir lo siguiente: i) algunos de los
empleados no presentaron ajustes por la novedad de licencia no remunerada; ii)
para otros no se incluyó, en la determinación de los aportes a riesgos laborales y
pensión, suma alguna por concepto de licencia no remunerada; iii) en el caso de 3
cotizantes no se reportó tal novedad para la determinación de aportes parafiscales
(Sena, ICBF y CCF) y iv) en los ajustes de salud se evidenció que la demandante
18 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 25302 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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no liquidó ni pagó los aportes causados por esta licencia, lo que justificaba la
actuación de la Administración.
Como se dijo, la demandante se limita a señalar que no se valoraron todas las
pruebas ni se verificaron las glosas propuestas por la UGPP, afirmación que no es
cierta, puesto que en la providencia impugnada se identificaron los trabajadores, los
periodos y subsistemas cuestionados y cuál era la razón para negar el cargo.
Además, la sociedad apelante, de manera general, señaló una indebida valoración
probatoria, sin determinar a qué casos se refería, pues como se dijo, la decisión del
tribunal tuvo como fundamento varias situaciones, por lo que no se tiene certeza de
si el reparo planteado por la demandante es porque sí se presentó esta novedad y
no se tuvo en consideración para la determinación del IBC o porque reconocida la
licencia, el cálculo del aporte no corresponde a los parámetros legales.
Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 320 del Código General
del Proceso (aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) la apelación tiene por objeto la
revisión de los reparos concretos por el apelante, lo cual se echa de menos en este
caso, de ahí que la Sala considere que las sentencias de primera instancia deben
ser confirmadas cuando los motivos de inconformidad del recurso de apelación son
incongruentes con la decisión del Tribunal19
Así las cosas, no prospera el cargo sobre este asunto.
4.2 Presunción de días
La demandante plantea que en esta instancia deben ser analizadas las pruebas que
dan cuenta del incremento injustificado del IBC debido al desconocimiento de los
días laborados por varios trabajadores, pruebas que consistían en comprobantes
de pago, contratos y liquidaciones, esto por cuanto el tribunal solo analizó la
información de la nómina (formato solicitado por la UGPP), cuando los soportes
allegados con la demanda demostraban que se incurrió en error al llenar dicho
formato.
De conformidad con lo anterior, la Sala procedió a revisar cada uno de los casos
relacionados por la actora en el cd anexo de la demanda y se analizaron las pruebas
aportadas, los subsistemas frente a los cuales plantea el presunto desconocimiento
de la realidad laboral y el respectivo período. Se destaca que, en algunos casos,
analizado el archivo SQL anexo a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, se observaron ajustes frente a otros subsistemas que no fueron
cuestionados por la interesada, por lo que la Sala delimitará el presente asunto
únicamente respecto de los subsistemas debidamente indicados y se abstendrá de
estudiar aquellos que no fueron señalados por la actora.
En el siguiente cuadro se encuentran relacionados todos los casos frente a los
cuales prosperaron los reproches planteados por la actora, indicándole a su vez a
la UGPP los días probados y que deberá tener en cuenta al momento de liquidar los
ajustes, así mismo los subsistemas y el período. La sala accedió a la reliquidación
de estos aportes porque las pruebas allegadas dan cuenta del inicio o terminación
de la relación laboral, así como la existencia de novedades de incapacidad o licencia
remunerada que modifican los días que debía tomar la UGPP para la determinación
19 Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp.23542 C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
del IBC.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
Salud – pensión - 10
Javier Leonardo 2013-4 3 retiro el 3 de abril de
ICBF
Romero Rojas 2013
salud - pensión - 10
Diana Ocampo 2013-4 retiro 3 de abril de
ARL - CCF - Sena – 3
Avellaneda 2013
ICBF
29 retiro 8 de febrero de
2013 y nuevo
salud - pensión -
contrato con ingreso
Jaider Educardo ARL - CCF - Sena - 2013-2
26 el 13 de febrero de
Tafur Alfonso ICBF
2013, es decir que
trabajo 26 días en
ese mes
salud - pensión - 30: 27
Wilman Eduardo 2013-3 retiro 27 de marzo
ARL - CCF - Sena – trabajados y 3 27
Camargo Muñoz de 2013
ICBF incapacidad
José Yovany Díaz 15: 13 retiro 12 de octubre
salud - pensión - 2013-10
Casallas trabajados y 3 12 de 2013
ARL – CCF
incapacidad
Francisco Javier salud - pensión - 2013-10 27 ingreso 15 de
16
Cerón Hoyos ARL - CCF octubre de 2013
salud - pensión - 15: 13
Sergio Andrés 2013-4 retiro el 11 de abril
ARL -CCF - Sena – trabajados y 2 11
Torres Gutiérrez de 2013
ICBF incapacidad
Edwin Camilo salud - pensión - 2013-6 15 retiro el 14 de junio
14
Bohórquez Amaya ARL - CCF - de 2013
28: 26
David Alberto Peña salud - pensión - retiro el 27 de julio
2013-7 trabajados y 2 27
Rincón ARL – CCF de 2013
incapacidad
15
Yuli Carolina
incapacidad retiro el 14 de junio
Cerquera salud - pensión 2013-6 14
de 2013
Montealegre
27: 26 días
trabajados y 1
Eduardo Luis Ingreso el 25 de
Salud 2013-6 con novedad 6
González Ovalle junio de 2013
licencia no
remunerada
30: 27
Jesús Adelmo salud - pensión - retiro el 27 de junio
2013-6 trabajados y 3 27
Espinosa Molano ARL – CCF de 2013
incapacidad
30: 29
Yeferson Sánchez salud - pensión - retiro el 29 de junio
2013-6 trabajados y 1 29
Sedano ARL – CCF de 2013
incapacidad
29: 23
Diego Mauricio salud - pensión - retiro el 26 de
2013-9 trabajados y 6 26
Agudelo Deossa ARL – CCF septiembre de 2013
incapacidad
Wilson Hernán salud - pensión - 21
2013-7 ingreso el 25 de julio
Torres Ramos ARL -CCF 6
de 2013
20 liquidación de
Jorge José salud - pensión - contrato dice 13 días
2013-11 13
Quiñones Calle ARL – CCF trabajados en ese
mes
22: 20
trabajados y 2
Jorge Andrés salud - pensión – retiro el 20 de
2013-2 con novedad 20
Castañeda López ARL febrero
de licencia no
remunerada
30: 29
trabajados y 1 29: 28
Sandra Marcela salud - pensión – día con trabajados y 1 retiro el 29 de
2013-11
Hernández Amaya CCF novedad de licencia no noviembre de 2013
licencia no remunerada
remunerada
Rut Angélica salud - pensión - 9 retiro el 2 de enero
2013-1
Suarez Cantor CCF - Sena -ICBF 2 de 2013
30: 24
Carlos Staycy Roa retiro el 26 de
salud - pensión 2013-2 trabajados y 6 26
Mancilla febrero de 2013
incapacidad
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
30: 29
28: 27
Edwin Remicio salud - pensión - trabajados y 1
2013-12 trabajados y 1 retiro el 28 de
Tique ARL - CCF con novedad
licencia no diciembre de 2013
licencia no
remunerada
remunerada
Yoan Sebastián salud - pensión - 2013-7 30 retiro el 28 de julio
28
Caicedo Urazan ARL – CCF de 2013
6 liquidación de
Wber Hernando
salud - pensión 2013-10 contrato dice 5 días
Flórez García 5
trabajados en ese
mes
Carlos Enrique salud - pensión - 23
2013-2 ingreso el 25 de
Galeano Tabio ARL - CCF - Sena – 6
febrero de 2013
ICBF
Leidy Jennifer salud - pensión - 2013-11 28 retiro el 22 de
22
Caviedes Penagos ARL – CCF noviembre de 2013
30: 29
Diana Marcela Ruíz salud - pensión - retiro el 29 de mayo
2013-5 trabajados y 1 29
Torres ARL – CCF de 2013
incapacidad
Christian Camilo salud - pensión - 2013-11 27 ingreso el 19 de
12
Morales Romero ARL - CCF noviembre de 2013
30: 4
Diego Javier salud - pensión - fsp trabajados y retiro el 4 de febrero
2013-2 4
Espinosa Baracaldo - CCF – ICBF 26 de 2013
incapacidad
salud - pensión - 15
Harold Eduardo
ARL - CCF - Sena - 2013-1 ingreso el 21 de
Rincón Pulido 10
ICBF enero de 2013
22: 18 días
José William Núñez salud - pensión - retiro el 18 de mayo
2013-5 trabajados y 4 18
Soriano ARL – CCF de 2013
incapacidad
Víctor Ernesto salud - pensión - 2013-6 15 retiro el 14 de junio
14
Velandia Suárez ARL - CCF de 2013
Rafael Esteban salud - pensión - 2013-1 14 retiro el 4 de enero
4
Torres Pupo CCF – ICBF de 2013
Edgar Hernán salud - pensión - 2013-11 30 retiro el 1 de
1
Barbosa Mesa ARL - CCF noviembre de 2013
30: 27 días
trabajados, 2
días
Franklin Alexis 29: 26 trabajados
salud - CCF 2013-12 incapacidad, 1 retiro el 29 de
Morales Osorio y 3 de licencia no
día con diciembre de 2013
remunerada
novedad de
licencia no
remunerada
Roy Alberto Gómez salud - pensión - 15
2013-1 retiro el 14 de enero
Barrios ARL - CCF - Sena – 14
de 2013
ICBF
30; 29
Francisco Giovanny trabajados y 1 29: 28 trabajados y
salud - pensión - retiro el 29 de
Castañeda 2013-12 día novedad 1 licencia no
ARL – CCF diciembre de 2013
Pedreros de licencia no remunerada
remunerada
salud - pensión - 28: 26
Gabriel José Meza ingreso el 5 de
ARL - CCF -Sena – 2013-2 trabajados y 2 26
Zúñiga febrero de 2013
ICBF incapacidad
21: 20
Edwin Darío trabajados y 1 20: 19 trabajados y
salud - pensión – ingreso el 11 de
Bustamante 2013-5 con novedad 1 licencia no
CCF mayo de 2013
Posada de licencia no remunerada
remunerada
Juan Fabian salud - pensión - 2013-6 28 retiro el 27 de junio
27
Gómez Aldana ARL - CCF de 2013
salud -pensión - 17
Blademir García 2013-1 retiro el 11 de enero
ARL - CCF - Sena – 11
Bohórquez de 2013
ICBF
Mirla Paola Arango salud - pensión - 2013-2 26 ingreso el 15 de
16
Diaz ARL - Sena - ICBF febrero de 2013
salud - pensión - 15: 13
Raúl Fernando retiro el 13 de enero
ARL - CCF -Sena – 2013-1 trabajados y 2 13
Castro Agudelo de 2013
ICBF incapacidad
Hernán Rico 30: 7 días retiro el 7 de
salud 2013-9 7
Gómez trabajados y septiembre de 2013
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
23 suspensión
con anotación
de licencia no
remunerada
21 retiro el 9 de
Marisol Beltrán noviembre de 2013,
salud - pensión - 2013-11
Bonilla 12 ingreso nuevamente
ARL – CCF
el 28 de noviembre
de 2013
30: 27 días
trabajados, 2
días
28: 27 trabajados y
Carlos Octavio salud - pensión - incapacidad, 1 retiro el 28 de
2013-12 1 licencia no
Rojas Cuesta ARL – CCF día con diciembre de 2013
remunerada
novedad de
licencia no
remunerada
30: 27
trabajados y 3
Carlos Staycy Roa salud - pensión - retiro el 27 de
2013-12 con novedad 27
Mancilla ARL – CCF diciembre de 2013
de licencia no
remunerada
salud - pensión - 10 retiro el 6 de abril de
Fredy Esneyder 2013-4
ARL - CCF - Sena – 6 2013
Cárdenas González
ICBF
salud - pensión - 28
Erley Alberto 2013-9 ingreso el 18 de
ARL - CCF 13
Chávez Hernández septiembre de 2013
Cristian Camilo salud - pensión - 15 retiro el 10 de enero
2013-1
Lombana Buitrago ARL - CCF - Sena – 10 de 2013
ICBF
Joan Sebastián 30: 27
salud - pensión 2013-2 ingreso el 4 de
Henao Pérez trabajados y 3 27
febrero de 2013
incapacidad
25: 19
Cristiam Rodrigo salud - pensión - retiro el 21 de
2013-11 trabajados y 6 21
Forero ARL – CCF noviembre de 2013
incapacidad
19: 11
Danny Stiven retiro el 16 de
salud - pensión 2013-9 trabajados y 8 16
Ceballos Botero septiembre de 2013
incapacidad
27: 20
Roger Smith salud - pensión – trabajados y 7 retiro el 20 de junio
2013-6 20
Vargas Montaño ARL días de 2013
incapacidad
Claudia Mercedes salud - pensión - 29
2013-5 ingreso el 17 de
Fajardo ARL - CCF 14
mayo de 2013
30: 13
Johana Cano ingreso el 19 de
salud - pensión 2013-3 trabajados y
Chancy 12 marzo de 2013
17
incapacidad
salud - pensión - 15: 14
Danny Alexander
ARL - CCF - Sena - 2013-4 trabajados y 1 retiro el 3 de abril de
León Carantón 3
ICBF incapacidad 2013
salud - pensión - 15: 14 días
German Alfonso retiro el 13 de enero
ARL - CCF - Sena – 2013-1 trabajados y 1 13
Paniagua Ramírez de 2013
ICBF incapacidad
salud - pensión - 8
Ana Catalina
ARL - CCF - Sena - 2013-2 retiro el 4 de febrero
Gómez Salazar 4
ICBF de 2013
24: 19
Anderson Darío salud - pensión - retiro el 19 de mayo
2013-5 trabajados y 5 19
Ibarra Molina ARL – CCF de 2013
incapacidad
28: 25 días
William Andrés salud - pensión - retiro el 25 de junio
2013-6 trabajados y 3 25
Acosta Arenas ARL – CCF de 2013
incapacidad
24: 23
Carlos Enrique salud - pensión - retiro el 23 de marzo
2013-3 trabajados y 1 23
Galvis Gelvez CCF - Sena - ICBF de 2013
incapacidad
Leidy Yoana salud - pensión - 25
2013-3 retiro el 15 de marzo
Jaramillo Gómez ARL - CCF - Sena – 15
de 2013
ICBF
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
26 ingreso el 4 de
Milthon David Ibarra salud - pensión -
2013-12 diciembre de 2013 y
Ramírez ARL - CCF 24
retiro el 27 de
diciembre de 2013
30: 27
trabajados y 3
Víctor Andrés
salud 2013-5 días con ingreso el 7 de mayo
Lastre Mosquera 24
novedad de 2013
licencia no
remunerada
Jorge Enrique salud - pensión - 9 retiro el 2 de enero
2013-1
Triana Sánchez CCF - Sena - ICBF 2 de 2013
16 liquidación de
Miguel Antonio salud - pensión -
2013-6 contrato dice 12 días
Acuña Guzmán ARL - CCF 12
trabajados en ese
mes
Fabian Andrés salud - pensión - 2013-11 23 ingreso 29 de
2
Muñoz Gallego ARL - CCF noviembre de 2013
15: 5
salud - pensión -
Jovan Darío Roldan trabajados y retiro el 8 de abril de
ARL - CCF - Sena – 2013-4 8
Correa 10 2013
ICBF
incapacidad
Miguel Ángel 30 días retiro el 27 de mayo
salud - pensión 2013-5 27 incapacitados
Estrada García incapacidad de 2013
30: 29
trabajados y 1 29: 28 trabajados
Cristian Camilo retiro 29 de
Salud 2013-12 con novedad y 1 licencia no
Moreno Contreras diciembre de 2013
de licencia no remunerada
remunerada
Alejandro Navas salud - pensión - 2013-12 9 retiro el 4 de
4
Restrepo ARL - CCF diciembre de 2013
30: 29
trabajados y 1
Rodrigo Pinzón con novedad 29: 28 trabajados y retiro el 29 de
Salud 2013-12 de licencia no 1 licencia no
Márquez diciembre de 2013
remunerada remunerada
Camilo Eduardo salud - pensión - 2013-6 29 ingreso el 17 de
14
Cuervo Caicedo ARL - CCF junio de 2013
21: 18
Ervin Estif Barriga salud - pensión - retiro el 18 de mayo
2013-5 trabajados y 3 18
Ramírez ARL – CCF de 2013
incapacidad
23: 21
trabajados y 2
retiro el 21 de junio
Luis Uriel González salud – ARL 2013-6 con novedad 21
de 2013
de licencia no
remunerada
Oswaldo Rubio salud - pensión - 2013-11 26 retiro el 5 de
5
Gómez ARL – CCF noviembre de 2013
salud - pensión - 26
Fernando Santiago 2013-11 ingreso el 26 de
ARL - CCF 5
Gallego Carvajal noviembre de 2013
30: 18
salud - pensión -
Cristian Andrey 2013-2 trabajados y retiro el 5 de febrero
ARL - CCF - Sena – 5
Pacazuca Rojas 12 de 2013
ICBF
incapacidad
Juan David salud - pensión - 2013-9 30 ingreso el 16 de
15
Vanegas Sánchez ARL – CCF septiembre de 2013
28: 25
Yon Fredy Ramon salud - pensión - retiro el 27 de
2013-12 trabajados y 3 27
Triana ARL – CCF diciembre de 2013
incapacidad
17: 11
trabajados, 2
13: 9 laborados y 4
Johy Javier Lagos incapacidad y retiro el 13 de
salud - pensión 2013-12 licencia no
Meléndez 4 con novedad diciembre de 2013
remunerada
licencia no
remunerada
Diana Edith Peñata salud - pensión - 25: 24
2013-11 ingreso el 25 de
Hoyos ARL - CCF trabajados y 1 6
noviembre de 2013
incapacidad
salud - pensión - 20: 16 20:18 trabajados y
Arnaldo Antonio retiro el 20 de abril
ARL - CCF - Sena - 2013-4 trabajados y 4 2 licencia no
Amador Arango de 2013
ICBF con novedad remunerada
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
de licencia no
remunerada
9: 1 trabajado
Nilson Norbey Neira salud - pensión - retiro el 1 de febrero
2013-2 y8 1
Peña ARL - CCF -ICBF de 2013
incapacidad
salud - pensión - 24: 19
Iván Fernando Pico retiro el 19 de marzo
ARL - CCF - Sena – 2013-3 trabajados y 5 19
Castro de 2013
ICBF incapacidad
Niray Cómbita salud - pensión - 2013-6 15 retiro el 14 de junio
14
Aguilar ARL – CCF de 2013
30: 29
trabajados y 1
Ángel Ovidio Patiño salud - pensión – ingreso el 2 de
2013-10 con novedad 29
Londoño ARL octubre de 2013
de licencia no
remunerada
28: 26
Yeisson Alejandro 7: 5 trabajados y 2 ingreso el 22 de
Salud 2013-5 trabajados y 2
Cardona Sánchez incapacidad mayo de 2013
incapacidad
27: 25
Fredy Alexander salud - pensión - retiro el 25 de mayo
2013-5 trabajados y 2 25
Gómez Rojas ARL – CCF de 2013
incapacidad
Cristian Aníbal salud - pensión – 2013-5 30 ingreso el 20 de
11
Ortegón Ballen ARL mayo de 2013
24: 22
Andrea Patricia trabajados y 2 retiro el 22 de junio
salud - pensión 2013-6 22
Muñoz Muñoz de de 2013
incapacidad
30: 27
trabajados y 3
Hipólito Garzón ingreso el 4 de
Salud 2013-3 con novedad 27
Rodríguez marzo de 2013
de licencia no
remunerada
Leonardo Matoma salud - pensión - 2013-6 15 retiro el 12 de junio
12
López ARL - CCF de 2013
Juan José García salud - pensión - 2013-12 25 retiro el 24 de
24
Muñoz ARL - CCF diciembre de 2013
23: 15
Gloria Inés Cantor salud -pensión - retiro el 15 de marzo
2013-3 trabajados y 8 15
Alope CCF – ICBF de 2013
incapacidad
Edgar David salud - pensión - 2013-12 12 retiro el 7 de
7
Moncada Ángel ARL - CCF diciembre de 2013
salud - pensión - 23
Vivian Mayorly 2013-3 retiro el 15 de marzo
ARL - CCF - Sena – 15
Bermúdez Niño de 2013
ICBF
28: trabajados
y 2 con 9: 7 trabajados y
Víctor Chicacausa salud - pensión - ingreso el 22 de
2013-5 novedad de 2 licencia no
Osma ARL – CCF mayo de 2013
licencia no remunerada
remunerada
20: 16
Wilfried Herminsul salud - pensión – retiro el 16 de mayo
2013-5 trabajados y 4 16
Mejía Sissa CCF de 2013
incapacidad
David Steven salud - pensión - 2013-6 30 retiro el 24 de junio
24
Flórez Mejía ARL - CCF de 2013
Julián Andrés salud - pensión – 2013-9 9 ingreso el 23 de
8
García Castro CCF septiembre de 2013,
21: 18
Henry Motta salud -pensión – retiro el 18 de julio
2013-7 trabajados y 3 18
Contreras CCF de 2013
incapacidad
Wilson Iguavita salud - pensión - 2013-7 15 retiro el 13 de julio
13
Hernández ARL – CCF de 2013
Viviana María salud - pensión – 2013-12 15 retiro el 12 de
12
Torres Velásquez CCF diciembre de 2013
18 ingreso el 10 de
John Sebastián salud - pensión -
2013-12 diciembre de 2013,
Castillo Sánchez ARL - CCF 2
retiro el 11 de
diciembre de 2013
30: 29
trabajados y 1 29: 28 trabajados y
Edwin Neira Edwin Neira retiro el 29 de
2013-12 con novedad 1 licencia no
Barbosa Barbosa diciembre de 2013
de licencia no remunerada
remunerada
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
Carlos Andrés 30
salud - pensión - 2013-6 retiro el 28 de junio
González 28
ARL – CCF de 2013
Rodríguez
23 ingreso el 2 de
Jhonatan Jhonson salud - pensión 2013-10 octubre de 2013 y
22
Rojas Baquero retiro el 23 de
octubre de 2013
Tony del Cristo salud -pensión - 2013-12 28 retiro el 27 de
27
Martínez Meza ARL – CCF diciembre de 2013
15: 7
José Mario salud - pensión - retiro el 7 de agosto
2013-8 trabajados y 8 7
Contreras Vega ARL – CCF de 2013
incapacidad
15: 13
Ramiro León trabajados y 2 ingreso el 18 de
salud - pensión 2013-2 13
Rincón días febrero de 2013
incapacidad
28: 27
trabajados y 1
Andrés Felipe ingreso el 20 de
salud – CCF 2013-5 con novedad 11
Sánchez Castaño mayo de 2013
de licencia no
remunerada
28: 26
Yuly Marcela Jola salud -pensión - ingreso el 4 de
2013-3 trabajados y 2 27
Torres CCF - Sena - ICBF marzo de 2013
incapacidad
19 ingreso el 12 de
Oscar Adrián salud - pensión - 2013-6 junio de 2013, retiro
15
Sastoque Garzón ARL – CCF el 26 de junio de
2013
30: 25
Luis Enrique salud - pensión – retiro el 27 de junio
2013-6 trabajados y 5 27
Buitrago Casas ARL de 2013
incapacidad
30: 29
trabajados y 1 28 trabajados y 1
Fabio Herney retiro el 29 de
Salud 2013-12 con novedad licencia no
Capera Tapiero diciembre de 2013
de licencia no remunerada
remunerada
Johana Katherine salud - pensión - 28 ingreso el 18 de
2013-12 13
Romero Pineda ARL – CCF diciembre de 2013
21: 17 días
trabajados, 1
20: 17 trabajados,
Angelino Garay salud - pensión - incapacidad y retiro el 20 de
2013-12 y 3 licencia no
González ARL – CCF 3 con novedad diciembre de 2013
remunerada
de licencia no
remunerada
salud - pensión - 17
José Leonardo 2013-12 retiro el 12 de
ARL - CCF - 12
Álvarez Casarrubia diciembre de 2013
José Miguel Deaza salud - pensión – 2013-3 30 retiro el 23 de marzo
23
Mora ARL de 2013
24: 22 días
Guillermo Alfonso salud - pensión - retiro el 22 de mayo
2013-5 trabajados y 2 22
Betancourt García CCF de 2013
incapacidad
23 ingreso el 2 de
Samuel Eduardo salud – pensión - octubre de 2013,
2013-10 22
Torres Ávila ARL retiro el 23 de
octubre de 2013
30: 29
trabajados y 1 29: 28 trabajados
Daniel Ricardo retiro el 29 de
Salud 2013-12 con novedad y 1 licencia no
Tejedor diciembre de 2013
de licencia no remunerada
remunerada
Juan Carlos salud - pensión - 2013-6 26 retiro el 17 de junio
17
Cárdenas Sierra ARL - CCF de 2013
27: 24
Adriana María Ruiz salud -pensión - ingreso el 24 de
2013-9 trabajados y 3 7
Acosta ARL – CCF septiembre de 2013
incapacidad
Pedro Antonio salud - pensión - 12
2013-1 ingreso el 21 de
Chacón CCF - Sena - ICBF 10
enero de 2013
Leguizamón
Milton Gabriel salud - pensión - 25
2013-2 retiro el 5 de febrero
Rodríguez ARL - Sena - ICBF 5
de 2013
Bocanegra
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
Milton Ricardo salud -pensión - 10
2013-4 retiro el 3 de abril de
López Sastoque ARL - CCF - Sena – 3
2013
ICBF
28: 26
Darwin ARLey ingreso el 5 de
salud - pensión 2013-2 trabajados y 2 26
Ramírez Roldan febrero de 2013
incapacidad
27: 25
trabajado y 2 23 trabajados y 2
Lina María Urdinola retiro el 25 de abril
Salud 2013-4 con novedad licencia no
Ochoa de 2013
de licencia no remunerada
remunerada
Carlos Arturo salud - pensión - 15
2013-1 retiro el 7 de enero
Sánchez Bernal ARL - CCF - Sena – 7
de 2013
ICBF
salud - pensión - 9
Juan Gabriel retiro el 1 de marzo
ARL - CCF - Sena – 2013-3 1
Arenas Guzmán de 2013
ICBF
30: 28
trabajados y 2
José Gregorio de ingreso el 3 de mayo
Salud 2013-5 con novedad 28
Moya Quintero de 2013
de licencia no
remunerada
30: 3
trabajados y
José Franklin 27 con retiro el 3 de
Salud 2013-9 3
Velásquez Ortega novedad de septiembre de 2013
licencia no
remunerada
27 ingreso el 4 de
Gustavo Guzmán salud - pensión -
2013-3 marzo de 2013 y
Álvarez ARL - CCF - Sena – 20
retiro el 23 de marzo
ICBF
de 2013
Jhon Alexander salud - pensión - 2013-6 30 retiro el 25 de junio
25
Ochoa ARL - CCF de 2013
30: 29
trabajados y 1
ingreso el 2 de mayo
Adalides Camargo Salud 2013-5 con novedad 29
de 201
de licencia no
remunerada
26: 24
Michael Alejandro salud - pensión – retiro el 24 de mayo
2013-5 trabajados y 2 24
Castillo Pérez CCF de 2013
incapacidad
17: 15 días
Andrés Felipe Vega salud - pensión – 16: 14 trabajados y retiro el 16 de
2013-8 trabajados y 2
Padua ARL 2 incapacidad agosto de 2013
incapacidad
salud - pensión - 26
Jorge Luis Moreno 2013-11 retiro el 5 de
ARL -CCF 5
Avendaño noviembre de 2013
Martha Janeth 28 retiro el 27 de
salud - pensión 2013-8 27 incapacitados
Hernández Perez incapacidad agosto de 2013
3 ingreso el 10 de
Manuel Fernando diciembre de 2013 y
Pensión 2013-12 2
Vargas Abella retiro el 11 de
diciembre de 2013
19 ingreso el 5 de
diciembre de 2013 y
pensión – ARL –
Andrea Carolina 2013-12 18: 12 trabajados y retiro el 22 de
CCF
Mayorga Patiño 6 incapacidad diciembre de 2013 e
incapacidad de 6
días
Douglas Gabriel 2013-2 10 retiro el 2 de febrero
ARL 2
Alvis Soto de 2013
Cesar Augusto 22 incapacidad de 4
ARL 2013-3 18
Alarcón días
Mario Alberto 17 incapacidad de 2
ARL 2013-3 15
Villamil Sánchez días
30 licencia no
Geovany Alexander 2013-3
ARL 27 remunerada de 3
Pérez Sierra
días
30 licencia no
Gustavo Adolfo 2013-3
ARL 28 remunerada de 2
Chaverra Patiño
días
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
30 licencia no
Claudia Andrea ARL 2013-3
27 remunerada de 3
Cadena Pérez
días
Diego Fernando ARL 2013-3 8
7 incapacidad de 1 día
Campos Torres
Laura Catalina ARL 2013-3 30 licencia no
29
Botero Hernández remunerada de 1 día
30 licencia no
Lady Johana ARL 2013-3
28 remunerada de 2
Vargas Carrillo
días
Cesar Augusto 30
ARL 2013-3 incapacidad de 2
Bustamante 28
días
Ordoñez
30 30: 28 trabajados y licencia no
Cesar Augusto ARL - CCF - Sena 2013-3
2 licencia no remunerada de 2
Zapata Marín
remunerada días
30 licencia no
Jairo Andrés Avella ARL 2013-3
27 remunerada de 3
Ramírez
días
Miguel Ángel ARL 2013-3 30 incapacidad de 12
18
Estrada García días
Gabriel Girardo ARL 2013-4 23 incapacidad de 2
21
Quiroa Gualteros días
Yon Alexander 16 retiro el 1 de abril de
ARL 2013-4 1
Luna Melo 2013
Diego Mauricio 2013-4 27 incapacidad de 3
ARL 24
Meneses Castro días
Luis Fernando 2013-2 9
ARL 8 incapacidad de 1 día
Guevara Rodríguez
26 ingreso el 15 de
Fabio Andrés Mora
ARL 2013-5 15 mayo de 2013 e
Sánchez
incapacidad de 1 día
Norida Marcela ARL 2013-3 27
25 incapacidad 2 días
Medina Quiroga
Erick Douglas 19
ARL 2013-3 18 incapacidad de 1 día
Rodríguez
20 Licencia no
Manuel Alejandro
ARL -CCF 2013-6 18 remunerada de 4
Barbosa Pinzón
días
Víctor Manuel ARL 2013-3 30 incapacidad de 2
28
Munar Rodríguez días
Elkin Arnulfo ARL 2013-8 26
25 incapacidad de 1 día
Martínez Cuesta
Diego Armando ARL 2013-8 12 incapacidad de un
11
Romero Buitrago día
Jairo Andrés Avella ARL 2013-4 21 incapacidad de 3
18
Ramírez días
Jeferson Andrés ARL 2013-8 17 incapacidad de 2
15
Medina Téllez días
José del Carmen ARL - CCF 2013-9 6 incapacidad de 3
3
Salazar Neme días
30: 25 30: 24
trabajados y 5 trabajados, 1
Edwin Yovany ARL -CCF 2013-9 licencia no
incapacidad licencia no
Rojas Pérez remunerada de 1 día
remunerada y 5
incapacidad
29 28: 28 licencia no
Nelson Andrés ARL -CCF 2013-9 trabajados y 1 remunerada de 1 día
Torres Ahumada licencia no en la segunda
remunerada quincena
Roger Smith ARL -CCF 2013-11 18 incapacidad de 2
16
Vargas Montaño días
Fredy Berrio ARL 2013-10 18 incapacidad de 2
16
Valencia días
Deiby Antonio 29 29: 16
ARL -CCF 2013-11 incapacidad por 13
Moreno Porras trabajados y 13
días
incapacidad
William Vera 18 18:16 trabajados licencia no
ARL - CCF 2013-12
Ramírez y 2 licencia no remunerada de 2
remunerada días
Cristian Yecid 30: 17 30: 12
ARL - CCF 2013-12 incapacidad de 18
Aristizábal Quiceno trabajados y trabajados y 18
días
incapacitados
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Subsistema
Trabajador controvertido por Período Días UGPP Días probados Observaciones
la demandante
13
incapacidad
27: 20 Retiro 27 de febrero
Angelica Giovanna ARL 2013-2
trabajados y 7 26 y licencia no
Alarcón Tapiero
incapacidad remunerada de 1 día
15 licencia de
Yely Johanna
ARL 2013-3 maternidad del 4 de
Capera Moreno 0
enero al 11 de abril
de 2013
30 30: 18
Darío de Jesús Incapacidad de 12
ARL – CCF 2013-10 trabajados y 12
Marulanda Largo días
incapacidad
Sergio Andrés 11: 7
ARL 2013-3 incapacidad de 5
Suaza Franco trabajados y 4 6
días
incapacidad
María Graciliana CCF - Sena - ICBF 2013-1 10 retiro el 2 de enero
2
Hurtado Abril de 2013
Linda Otalora CCF - Sena - ICBF 2013-1 10 retiro el 2 de enero
2
López de 2013
César Stiven Arias 13 ingreso el 20 de
CCF 2013-5 11
Pérez mayo de 2013
Fabian Andrés CCF 2013-6 30 retiro el 27 de junio
27
Clavijo Castillo de 2013
14 14: 12
Nury Yasmin Dizu CCF 2013-11 incapacidad de 2
trabajados y 2
Yotengo días
incapacidad
Jessica Paola CCF 2013-11 26 retiro el 21 de
21
Rincón Moyano noviembre de 2013,
21 retiro el 21 de mayo
Fredy William de 2013 e
ARL 2013-5 18
Salinas Ramirez incapacidad de 3
días
Ahora bien, se destaca que frente a varios de los trabajadores indicados por la
actora no proceden los ajustes, comoquiera que analizadas las pruebas y el SQL
de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración en algunos casos la
entidad tomó los días correspondientes, algunas pruebas no correspondieron al
período reclamado o eran ilegibles y en otros no se aportó soporte alguno al
respecto. Así mismo, no se accedió a lo solicitado por la actora, dando aplicación al
principio de no reforma en peor, comoquiera que los datos tomados por la
Administración eran más favorables para el aportante que lo probado en el proceso.
A modo de ejemplo se pone el caso de la trabajadora Diana Marlen Patiño Torres
frente al que la actora discutió que por el período de junio de 2013 y en los
subsistemas de salud, pensión y CCF, la entidad debió tomar 26 días laborados y
no 27 debido a que la UGPP no tuvo en cuenta novedades marcadas en la Pila, al
efecto, la Sala valoró el comprobante de liquidación de contrato (única prueba
aportada para esta trabajadora) la cual era ilegible, por lo que no se demostró la
novedad alegada por la demandante. También se observa que para la empleada
Yury Alexandra Andrade Álvarez en la demanda se alegan solo 5 días trabajados
en diciembre del mismo año y que la UGPP, para los aportes a salud, pensión, ARL
y CCF, tomó 30, alegando novedad de retiro, sin embargo, en las pruebas aportadas
no se encontró documento alguno relacionado con esta señora.
A continuación, se enlistan los trabajadores y periodos frente a los cuales no
prosperaron los reproches planteados por la interesada:
Trabajador Subsistemas Período Trabajador Subsistemas Período
Diana Marlen salud - pensión – 2013-6 Yury Alexandra salud - pensión - 2013-12
Patiño Torres CCF Andrade Álvarez ARL - CCF
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Trabajador Subsistemas Período Trabajador Subsistemas Período
Leidy Tatiana salud - pensión -
Leonor Teresa de salud - pensión - 2013-12 2013-4
Jiménez CCF - Sena -
Valencia Vecino ARL - CCF
Hernández ICBF
Leidy Tatiana ARL - CCF -
2013-3 Deisy Katherine salud -CCF 2013-7
Jiménez Sena
Pineda Escobar
Hernández
Yohan Mauricio salud - pensión - 2013-12 Walter Salgado salud - pensión - 2013-11
Giraldo Monsalve ARL - CCF Vargas ARL - CCF -
Nelson Roberto
salud - pensión - 2013-12 Jonothan Rincón salud - pensión - 2013-12
González
ARL - CCF Tano ARL - CCF
Arroyave
salud - ARL -
Camilo Stevenson 2013-12 Federico Galindo salud - pensión - 2013-11
CCF
Guerrero Pinilla Calderón ARL - CCF
Jonathan Fabián salud - pensión - 2013-12 Jonathan Fabián ARL 2013-3
Aldana Torres ARL – CCF Aldana Torres
Juan Carlos salud - pensión -
salud - pensión - 2013-10 Mariam Katerin 2013-6
Castelblanco CCF
ARL - CCF Forero Martínez
González
Héctor Andrés salud - pensión - 2013-12 Diana Mileidy salud - pensión - 2013-11
Rovira Ramírez ARL - CCF Beltrán Duque ARL - CCF
Brayan Yamid salud - pensión - 2013-12 Roger Smith salud - pensión - 2013-9
Hurtado Barrera ARL – CCF Vargas Montaño ARL - CCF
salud - pensión -
Pedro Andrés salud - pensión - 2013-6 Yolima Casallas 2013-1
ARL - CCF -
Moreno Céspedes ARL - CCF Rodríguez
Sena - ICBF
Clarena Clicet salud - pensión -
salud 2013-8 Giver Andrey 2013-3
Guzmán ARL - CCF -
Yepes Vanegas
Sotomayor Sena - ICBF
salud - pensión - salud - pensión -
Yeison Arbey 2013-1 Rubén Darío 2013-4
ARL ARL - CCF -
Torres Varela Gómez Segovia
Sena - ICBF
salud - pensión -
Sonia Katherine 2013-6 Walter Orlando salud - pensión -
CCF 2013-8
Ramírez Quevedo Montoya Hortua ARL - CCF
Mireya Hernández salud 2013-8 John Eduar salud - pensión 2013-5
Maldonado Gómez Arboleda
Geison Jair salud - pensión - 2013-5 Carlos Mario salud - pensión 2013-7
Bejarano Jiménez ARL - CCF López Sánchez
Daniel Yesid Peña
salud - pensión - 2013-12 Yeison Fabian salud - pensión - 2013-11
Calderón
ARL – CCF Jiménez Bernal ARL - CCF
Jenifer Tatiana salud - pensión -
2013-5 Beny Giovanni salud - pensión - 2013-6
Linares CCF
Arias Arias ARL - CCF
Salamanca
Roberto Eduardo salud - pensión -
Nelson Esteban salud 2013-9 2013-12
Simbaqueva ARL - CCF
Martínez Barón
Chavarro
Ricardo Alonso
Ana Francheska salud - pensión - 2013-12 salud - pensión - 2013-5
Montenegro
Beltrán Beltrán ARL – CCF ARL - CCF
Mendoza
Carlos Armando
salud - pensión - 2013-7 William Andrés salud - pensión - 2013-6
Durango
ARL - CCF - Cano Obando ARL - CCF
Sepúlveda
salud - pensión -
Luis Felipe Silva salud - pensión – 2013-11 Ángel de Jesús 2013-1
CCF - Sena -
Aponte CCF Martínez Garcés
ICBF
Tommy Jeyson
Darío de Jesús salud - pensión salud - pensión - 2013-11
2013-12 Enciso Giraldo
Marulanda Largo ARL – CCF
Oscar Alberto
Jesús Adelmo salud - pensión 2013-7 salud - pensión - 2013-12
Rueda López
Espinosa Molano ARL - CCF
Miguel Hernando salud - pensión - Guillermo Triana
2013-12
Camargo ARL - CCF - Pulido ARL 2013-1
Zambrano
Alfonso García Ferney Agatón
ARL 2013-1 ARL 2013-2
Lozano Roa
Ancizar Andrey
Luisa Fernanda
ARL 2013-2 Ramírez Pulido ARL 2013-2
Vélez Saldarriaga
Carlos Felipe
Julia Teresa
ARL 2013-3 López Méndez ARL 2013-3
Padilla Martínez
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Trabajador Subsistemas Período Trabajador Subsistemas Período
Hever Elías Cristian Fernando
ARL 2013-3 ARL 2013-3
Machado Vanegas
Monsalve Castellanos
David Steven
Ronal Alexander
ARL 2013-3 Camacho ARL
Rodríguez 2013-3
Martínez
Montañez
Luis Miguel Jonathan Andrés
ARL 2013-3 ARL 2013-3
Cortes Sandoval Campos Berrio
Cristian Darío Jefferson Duván ARL 2013-3
ARL 2013-3
Olea Alonso Vargas Arias
Nelcy Esperanza Lizeth Gisela
ARL ARL
Leguizamón 2013-3 Forero Gómez 2013-3
Farias
Albeiro Gómez ARL 2013-3 Oscar Eduardo ARL
2013-3
Ascencio Roca Cadena
Erika del Pilar ARL Briayan Dennis ARL
2013-3 2013-3
Pinto Estupiñán Pérez Patiño
Juan Carlos ARL Manuel Alejandro ARL
2013-3 2013-3
Gómez Bermúdez Alarcón Castaño
Mario Andrés ARL Juan Camilo ARL
2013-3 2013-3
Gómez Ávila Medina Lopera
Jorge Armando ARL Alexander Torres ARL
2013-4 2013-4
Vargas Sabogal
John Alexander ARL Andrés Felipe ARL
2013-1 2013-5
Zaque Diaz Muñoz Moreno
Juan Pablo
Alexander ARL-CCF ARL
2013-6 Rodríguez 2013-6
Cañizales Beltrán
Alvarado
Guillermo Alfonso
Andrés Felipe
ARL 2013-3 Betancourt ARL 2013-3
Paris Velandia
García
William Andrés Nelsy González ARL - CCF
ARL 2013-3 2013-7
Chala Acosta Guzmán
José Antonio
Andrés Felipe ARL - CCF 2013-7
Agudelo ARL 2013-4
Vega Padua
Castañeda
Yeison Sánchez ARL - CCF Nelsy González
2013-8 ARL 2013-8
Guerrero Guzmán
Jennifer Paola
Gabriel David
Sarmiento ARL 2013-8
Buitrago Vélez ARL -CCF 2013-8
Sánchez
Fredy Giovanni
Jhonatan Alberto 2013-8 ARL -CCF
ARL Hernández 2013-9
Holguín Giraldo
Yury Vanessa Gil ARL - CCF Javier Iván ARL
2013-10 2013-6
Sosa Gallego Miranda
Johnny ARLey
Javier Enrique ARL -CCF 2013-12 ARL 2013-7
Ossa Sánchez
Monsalvo Ortega
Andrés Felipe
John Edwin López ARL - CCF 2013-11 ARL - CCF 2013-11
García García
Valderrama
Jorge Alirio Nilson Leonardo ARL 2013-11
ARL -CCF 2013-12
Bautista Cruz Espitia Cruz
Jhon Anderson
Edwin Fabian ARL 2013-3 ARL
Aponte Torres 2013-2
González Barbosa
Wermer Efraín ARL 2013-2 Nelsy González ARL
2013-4
Vargas González Guzmán
Harold Stive
ARL 2013-3 Gerardo Valencia ARL
Jiménez Pérez 2013-3
Gómez
Ricardo Talero ARL Cristhian Triana ARL
2013-2 2013-2
Leguizamón Salinas
Cristian Johan
ARL Sergio Andrés ARL
Maldonado 2013-2 2013-3
Cadena Morales
Perdomo
Carlos Eduardo ARL Jeiby Yissel ARL - CCF
2013-3 2013-8
Contreras López Núñez
Gloria Stella Jorge Luis Pérez CCF 2013-9
ARL 2013-3
Rojas Oviedo Moreno
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
Trabajador Subsistemas Período Trabajador Subsistemas Período
Julie Milena Nieto
Johan Sebastián CCF CCF
2013-6 Amaya 2013-8
Duarte Arenas
Sonia Geraldine CCF Jailer Alfredo CCF
2013-7 2013-10
Zapata Rojas Tapiero Madrigal
Diana Marcela CCF Luz Amparo CCF
2013-12 2013-10
Garcés Ferreira Sánchez Torres
Paola Angélica
ARL 2013-5
González Moreno
Así las cosas, este cargo prospera parcialmente, por lo que la UGPP deberá
reliquidar los aportes para las personas identificadas en el primer cuadro, teniendo
en consideración los subsistemas demandados y los días probados, siempre y
cuando estos no resulten más desfavorables para la demandante.
5. Devolución de aportes
Dentro de los cargos del recurso de apelación, la actora propuso el denominado
“devolución de aportes y pagos mediante planillas tipo J”. asunto que resulta
consistente con la pretensión formulada en la demanda respecto de la devolución.
Sin embargo, el tribunal no se pronunció al respecto, razón por la cual esta Sala
abordará el tema.
Para resolver la solicitud debe acudirse al artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 que
establece que en los eventos en que se declare la nulidad total o parcial de los actos
administrativos y se ordene la devolución de aportes, la UGPP debe proferir un acto
mediante el cual ordene a las administradoras de los distintos subsistemas la
devolución de los montos determinados.
Como en este caso persiste la nulidad parcial de los actos, se ordenará a la UGPP
que, previa verificación de los pagos realizados por la sociedad aportante, realice la
devolución de los que resulten de la firmeza y el reajuste de aportes ordenado en la
sentencia de primera instancia, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
311 de Ley 1819 de 201620.
En relación con la planilla J, la Sala reitera que el uso de esta planilla dependerá de
la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la situación particular del
aportante y la causa que da origen al pago de las contribuciones, por lo que no
corresponde en esta oportunidad impartir directriz en ese sentido21.
6. Error en la digitación del número de cédula en la PILA.
La UGPP señala que contrario a lo expuesto en la sentencia apelada, no es
procedente aceptar los aportes realizados por la sociedad respecto de la trabajadora
Celis María Calderón Ramos por los meses de enero, marzo, julio y agosto de 2013,
en la medida que el número de cédula reportado en la PILA fue incorrecto. Por su
parte la demandante alegó que cumplió con su obligación de pagar los aportes por
dicha trabajadora al margen del error en su identificación.
De dichos planteamientos se extrae que las partes coinciden en que la actora
declaró y pagó los aportes por la empleada en cuestión, pero erró en el número de
identificación, razón por la cual la Sala deberá determinar únicamente si ese error
20 En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 25825 C.P. Milton Chaves
García.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto
35
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
configuró la omisión que determinó la UGPP en los actos acusados.
Frente a lo expuesto, el Tribunal verificó que, pese al error de digitación en el
documento de identidad, los aportes por los meses en cuestión por los subsistemas
en salud, pensión, ARL y CCF, sí fueron cancelados mediante las planillas Nro.
19862133 (2013-1), 20783572 (2013-3), 22626941 (2013-7) y 22949136 (2013-8).
Al respecto, la Sala no dará prosperidad al recurso de apelación de la UGPP y
aplicará la tesis sostenida anteriormente22, comoquiera que la conducta de mora por
la cual fiscalizó a la trabajadora Celis María Calderón por los períodos mencionados,
se configura por el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se
genera la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las contribuciones en
los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes, situación que no
ocurrió en el presente caso, pues quedó demostrado y, no se discutió entre las
partes, que la demandante realizó los aportes a esos subsistemas, al margen del
error en el número de identificación de la trabajadora, situación que no impedía
verificar el cumplimiento oportuno de la obligación tributaria.
7. Conclusión
Ante la prosperidad de los reparos propuestos en la apelación presentada por la
sociedad demandante, se impone a esta Sala modificar el ordinal tercero de la
sentencia de primera instancia con el fin de que en el restablecimiento del derecho
se agreguen los numerales 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 en los que: i) se incluya la orden de
reliquidar los ajustes propuestos excluyendo de la base de cotización los pagos
efectuados por concepto “medios de transporte”, ii) excluir los ajustes en aportes
parafiscales a Sena e ICBF por la conducta de mora por los meses de julio,
septiembre, noviembre y diciembre del trabajador Oscar Peña, y por los meses de
julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2013 por la empleada
Purificación Guerrero Hernández, iii) reliquidar los ajustes propuestos por los
trabajadores indicados en el numeral 4.2 de esta providencia, para lo cual la entidad
deberá tomar los días debidamente probados que allí fueron indicados, así como
los subsistemas y períodos que se señalaron, siempre y cuando no sean más
gravosos para la demandante y iv) ordenar la devolución de los pagos a los que
haya lugar de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los mismos.
Finalmente, no habrá condena en costas o expensas del proceso en esta instancia,
en razón a que en el proceso no se comprobó su causación como lo exige el artículo
365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Milton Chaves
García, en consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto.
22 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de junio de 2022, exp. 24963 C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez
36
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00186-02 (26612)
Demandante: Alianza Temporales S.A.S.
2. Modificar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
de fecha 13 de mayo de 2021, el cual quedará así:
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
realizar una nueva liquidación en la que:
3.1. Tome en cuenta el pago total efectuado respecto de los trabajadores y períodos
discriminados por la sociedad demandante en el Excel anexo de la demanda hoja
denominada “doble registro planilla”.
3.2. Excluya los ajustes efectuados por aportes al Fondo de Solidaridad Pensional de
CARLOS EDUARDO YEPES GALVAN (período 11), NELSON ANTONIO BALLEN
CALDERON (período 6) y ELIÉCER MANRIQUE MOJICA (periodo 12).
3.3. Elimine los ajustes por mora correspondientes a la trabajadora CELIS MARIA
CALDERON RAMOS, considerando que los aportes fueron efectivamente pagados en
las Planillas n.º 19862133 (Periodo 1 – Subsistemas: Salud, Pensión, Riesgos CCF),
20783572 (Periodo 3 – Subsistemas: Salud, Pensión Riesgos CCF), 22626941 (Periodo
7 – Subsistemas: Salud, Pensión, Riesgos, CCF) y 22949136 (Periodo 8 – Subsistemas:
Salud, Pensión, Riesgos, CCF).
3.4. Reliquide los ajustes excluyendo de la base de cotización los pagos efectuados por el
concepto “medios de transporte”.
3.5. Excluya los ajustes en aportes parafiscales a Sena e ICBF por la conducta de mora por
los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre del trabajador Oscar Peña y por
los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2013 por la empleada
Purificación Guerrero Hernández.
3.6. Reliquidar los ajustes propuestos por los trabajadores enlistados en el numeral 4.2 de
esta providencia, para lo cual la entidad deberá tomar los días debidamente probados
que allí se indicaron, así como los subsistemas y período que se señalaron, siempre y
cuando el ajuste no sea más gravoso para la demandante.
3.7 Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 y
previa verificación de los pagos realizados por la sociedad aportante por el subsistema
y periodos fiscalizados, proceda a la devolución a que haya lugar.
Conforme lo anterior, la entidad deberá efectuar los ajustes que corresponda en la sanción
por inexactitud impuesta.”
3. Confirma en lo demás la sentencia apelada
4. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
37
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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