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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00312-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00312-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia del 13 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar: 28 El día 4 del mes de octubre del año 2015, corresponde a un día inhábil (domingo). 29 Esta fecha corresponde a la de presentación y reparto del proceso en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Fls. 511 y 522 a 523 c.p. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878] Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de caducidad respecto de la demanda presentada por la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la liquidación del crédito realizada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP- en el proceso de cobro coactivo expediente nro. CP-233/12. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-00312-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

23 de junio de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO - CUNDINAMARCA
Demandado: FONDO DE PREVISIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y
PENSIONES -FONCEP-

Temas: Cobro coactivo. Notificación y objeción de la liquidación del crédito

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 13 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que resolvió1:

«PRIMERO. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. No se condena en costas a la parte vencida, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 5° del Acuerdo No. PCSJA20-11549
del 7 de mayo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, NOTIFÍQUESE electrónicamente
la presente providencia así: […].

CUARTO. En firme, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes
administrativos a la oficina de origen y del excedente de gastos del proceso, teniendo en
consideración lo previsto en la Resolución No. 4179 del 22 de mayo de 2019 de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Déjense las
constancias del caso».

ANTECEDENTES

El 20 de mayo de 2015, la Responsable del Área de Jurisdicción Coactiva del Fondo
de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP- expidió la

1
Índice 2 de Samai. _ED_CDFOLIO6_SENTENCIANR2017 0(.pdf) NroActua 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

Resolución nro. CC 027, mediante la cual se practicó liquidación del crédito fijándolo
en la suma de $258.162.402, que la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen
adeuda a favor del FONCEP por concepto de cuotas partes pensionales, más los
intereses que se llegaren a causar hasta la fecha en la que se haga efectivo el pago.
Además, se dispuso que a los anteriores valores se agregarán los intereses y las
actualizaciones calculados de acuerdo con las normas legales (arts. 1 a 3 del acto).
Se ordenó correr traslado de la liquidación al deudor por el término de tres (3) días
para que formulara las objeciones que considerara pertinentes (art. 110 CGP) (art. 4
del acto) y se indicó que contra dicha resolución no procede recurso alguno (art. 5 del
acto). Resolución notificada el 3 de junio de 2015 a la «ESE Hospital Nuestra Señora del
Carmen. ATT. Dr. Francisco Javier Londoño Caballero Apoderado Judicial a la Avenida
Medina No. 6-06 El Colegio Cundinamarca»2.

El 22 y 23 de junio de 2015, el apoderado del Hospital Nuestra Señora del Carmen
formuló objeciones a la liquidación del crédito, porque: i) se incluyeron obligaciones
futuras de cuotas partes causadas con posterioridad al mandamiento de pago, esto
es 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, ii) se incluyeron obligaciones respecto
de las cuales ya operó el fenómeno jurídico de la prescripción y iii) se liquidaron
intereses sin tener en cuenta lo ordenado en el artículo 4 de la Ley 1066 de 20063.

El 25 de junio de 2015, la Responsable del Área de Jurisdicción Coactiva del
FONCEP expidió la Resolución nro. CC 019, por medio de la cual se resolvió: (i)
rechazar por extemporánea la solicitud de objeción a la liquidación del crédito (art. 1)
y (ii) aprobar la liquidación del crédito efectuada mediante la Resolución nro. CC 027
del 20 de mayo de 2015 (art. 2). Decisión frente a la cual se informó que no procede
recurso alguno (art. 4).

DEMANDA

La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio –
Cundinamarca, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones4:

«PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo Resolución No. CC 027 del
20 de mayo de 2015 “por medio de la cual se practica la liquidación del crédito” y
consecuentemente se otorgue el restablecimiento automático del derecho de la ESE Hospital
Nuestra Señora del Carmen de El Colegio, extinguiendo la calidad de deudor del FONCEP.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo Resolución No. CC 019 del
25 de junio de 2015 “por la cual se rechaza la objeción a la liquidación del crédito y se ordena
su aprobación dentro del proceso de cobro coactivo No. CP–233 de 2012”, y consecuentemente
se otorgue el restablecimiento automático del derecho de la ESE Hospital Nuestra Señora del
Carmen de El Colegio, extinguiendo la calidad de deudor del FONCEP.

TERCERA: Que se condene en costas a la demandada».

2
Fls. 426 a 427 c.a.
3
Fls. 429 a 438 c.a.
4
Fls. 487 a 506 c.p. 2.
2

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Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

La actora invocó como normas violadas, las siguientes:

• Artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001
• Artículo 78 de la Ley 1438 de 2011
• Artículos 4 y 5 de la Ley 1066 de 2006
• Artículo 565 del ET

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Precisó que los obligados al pago del pasivo pensional respecto de los beneficiarios
de que tratan los artículos 33 de la Ley 60 de 1993, 242 de la Ley 100 de 1993, 61,
62 y 63 de la Ley 715 de 2001, y 3 del Decreto Reglamentario 306 de 2004 del
Ministerio de Hacienda y Crédito (antes y después de decretarse la nulidad de la
expresión las instituciones hospitalarias concurrentes), son la Nación en cabeza del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales, que para el presente
caso es la Gobernación de Cundinamarca.

Afirmó que el Hospital Nuestra Señora del Carmen no tenía vida jurídica para el
momento en el que los pensionados prestaron sus servicios en esa institución, porque
era una dependencia del extinto Servicio Seccional de Salud de Cundinamarca,
financiada con aportes provenientes de la Nación y del departamento, razón por la
cual, las deudas cobradas no son su responsabilidad.

Enfatizó en que el hospital no es la entidad obligada legalmente a concurrir al pago de
la deuda decretada por concepto de cuotas partes con anterioridad al vencimiento de
la vigencia 1993, de conformidad con los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001
y 78 de la Ley 1438 de 2011, motivo por el cual, la liquidación certificada de deuda
que soporta la acción de cobro coactivo no reúne los requisitos de título ejecutivo en
su contra. Además, no era el empleador, tampoco tenía autonomía administrativa,
financiera, ni presupuesto propio, dado que dependía del Servicio Seccional de Salud
de Cundinamarca.

Por lo expuesto, aseguró que el mandamiento de pago, la resolución que resolvió las
excepciones propuestas y los actos demandados se profirieron con infracción de las
normas en las que debían fundarse.

Advirtió que el término de prescripción del recobro de las cuotas partes pensionales
es el consagrado en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, esto es, de tres (3) años
siguientes al pago de la mesada pensional, no obstante, en el mandamiento de pago
y en la liquidación del crédito se incluyeron cuotas que se causaron desde 1968, lo
que evidencia el desconocimiento de dicha norma.

Puso de presente que el hospital durante el proceso coactivo actúo a través de
apoderado judicial (Ciro Alfonso Quiroga Quiroga), reconociéndosele la respectiva
personería, por lo que en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 565 del ET se le
debía notificar la Resolución nro. CC 027 del 20 de mayo de 2015 (liquidación del
crédito).
3

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

Pese a lo anterior, para notificar dicha resolución, el Área de Jurisdicción Coactiva del
FONCEP le envió un oficio al Dr. Francisco Javier Londoño Caballero, a la dirección
de la institución (Avenida Medina 6-06 El Colegio – Cundinamarca), recibido el 5 de
junio de 2015, remitente y dirección que no corresponden con el apoderado en el
proceso de cobro coactivo.

Indicó que el 22 de junio de 2015, el apoderado del hospital compareció a las oficinas
del FONCEP a notificarse personalmente del acto que liquidó el crédito, actuación
que no se surtió, pues solo se dejó constancia de su asistencia.

Manifestó que, en la citada fecha, se presentaron las objeciones a la liquidación del
crédito, argumentando que las cuotas partes cobradas y las obligaciones nuevas
incluidas, están prescritas. Memorial que se rechazó por extemporáneo, vulnerando el
derecho a la defensa.

OPOSICIÓN

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP se opuso a
las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5:

Propuso las excepciones de: i) cumplimiento de los requisitos formales para la
expedición de los actos demandados, ii) presunción de legalidad de los mismos y iii)
la genérica.

Expuso que FONCEP realizó los pagos de las mesadas que le fueron reconocidas a
los pensionados Oiden Francisco Pimienta Castro, Lilia Rosa Barrios de Rocha y
Fabio Francisco Ramírez Villa.

Precisó que mediante actos administrativos se asignó al Servicio Seccional de Salud
de Cundinamarca la cuota parte pensional, prevista en la ley vigente para la época
del reconocimiento, previa consulta y aceptación a dicho ente territorial, hoy
remplazada por la ESE demandante.

Advirtió que los actos administrativos de reconocimiento se encuentran en firme, son
legales y no han sido revocados, suspendidos o anulados, por lo que tienen el
carácter y la fuerza vinculante que obliga al FONCEP a pagar mes a mes desde la
fecha del reconocimiento de la prestación económica y, exige conforme a la ley a
concurrir de manera oportuna al pago de la mesada pensional.

Agregó que no es posible que FONCEP se sustraiga del pago de sus obligaciones
pensionales y de exigir el recobro de las cuotas partes que le fueron asignadas a la
demandante, objeto de cobro.

5
Fls. 554 a 565 c.p. 2.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

Sostuvo que no se puede predicar la prescripción de saldos insolutos reconocidos
oportunamente y no pagados en el momento del cobro.

Indicó que a la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio se le
respetaron los derechos constitucionales al debido proceso, fue notificada
oportunamente y prueba de ello son los actos demandados.

Concluyó que el mandamiento de pago se encuentra en firme, porque contra el acto
que negó las excepciones no se presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, motivo por el cual, se debe mantener incólume el cobro coactivo.

AUDIENCIA INICIAL

El 15 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 20116. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron
irregularidades procesales, tampoco nulidades.

En relación con las excepciones propuestas por FONCEP, el Tribunal sostuvo que
son de mérito porque lo planteado se dirige a controvertir los cargos de violación
formulados en la demanda, lo que será objeto de estudio en la sentencia.

El litigio se concretó en determinar: i) si el acto que liquidó el crédito fue notificado en
debida forma y ii) si se incurrió en infracción de las normas en que debería fundarse
al liquidarse el crédito e impartirse aprobación al mismo.

Finalmente, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera su concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” negó
las pretensiones de la demanda y no condenó en costas7.

Expuso que en el trámite del proceso de cobro coactivo la parte demandante actuó a
través del apoderado judicial Dr. Ciro Alfonso Quiroga, quien para efectos de
notificaciones informó, tanto en el escrito de excepciones, como en el recurso de
reposición y en los requerimientos, las siguientes direcciones: Avenida Medina No. 6-
06 de El Colegio Cundinamarca correspondiente al hospital y la AK 86 No. 83-80 INT
4 de la ciudad de Bogotá.

Aseguró que la Resolución nro. CC 027 del 20 de mayo de 2015 (liquidó el crédito)
se notificó en debida forma (art. 565 del ET), porque el FONCEP la envió por correo

6
Fls. 590 a 596 c.p. 2.
7
Índice 2 de Samai. _ED_CDFOLIO6_SENTENCIANR2017 0(.pdf) NroActua 2.
5

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Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

certificado, mediante el Oficio nro. EE-00427-201507910 del 27 de mayo de 2015, a
la dirección Avenida Medina No. 6-06 de El Colegio Cundinamarca, que corresponde
a una de las informadas por el apoderado de la demandante. Indicó que dicha
notificación fue recibida el 3 de junio de 2015 y que, si bien se cometió un error
respecto al nombre del abogado de la entidad demandada (Francisco Javier Londoño
Caballero), esa circunstancia no genera per se la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados.

Advirtió que la Administración no tenía que dar aplicación al parágrafo 2 del artículo
565 del ET, como lo pretende la parte demandante, esto es, notificar la resolución a
la última dirección registrada por el apoderado en el RUT, toda vez que aquél le
informó a FONCEP dos direcciones, lo que facultaba a la entidad demandada para
surtir la notificación en alguna de ellas, como en efecto se hizo.

Sostuvo que el procedimiento de cobro coactivo se encuentra en la fase procesal de
la liquidación del crédito, en la que solo se puede controvertir el estado de cuenta de
la deuda y los parámetros y/u operaciones aritméticas sobre las cuales se realizó la
liquidación, por consiguiente, el hospital no podía debatir la inexistencia del título
ejecutivo, cuando ello fue decidido por la Administración en la etapa de excepciones
contra el mandamiento de pago, sin que se haya demandado su legalidad.

Frente a la liquidación del crédito realizado por FONCEP y el cuestionamiento sobre
la inclusión de cuotas partes pensionales de mesadas causadas con anterioridad y
posterioridad al mandamiento de pago, afirmó que, si bien, en la Resolución nro. CC
027 del 20 de mayo de 2015 (liquidó el crédito), hubo variación del capital cobrado, lo
que generó aumento de las obligaciones pendientes a cargo del hospital, ello
obedeció a que en el mandamiento se facultó a la Administración para incluir las
sumas causadas con posterioridad a dicho acto y los intereses que se llegaren a
generar por las anteriores sumas periódicas, hasta el pago efectivo, circunstancia
que aumentó la deuda. Además, se debe tener en cuenta que las cuotas partes
pensionales son obligaciones de tracto sucesivo.

Finalmente, de conformidad con los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP y 306
del CPACA no condenó en costas, por no existir elementos de prueba que
demuestren o justifiquen su erogación.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso
recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente8:

Nulidad por indebida notificación

Señaló que FONCEP omitió notificar al apoderado del Hospital Nuestra Señora del
Carmen de la resolución mediante la cual se liquidó el crédito, a pesar de conocer su

8
Índice 2 de Samai. 54_ED_CDFOLIO6_13RECURSOAPELACIONSE(.pdf) NroActua 2.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
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dirección y de comparecer ante la entidad, lo que deriva en la violación al debido
proceso y el derecho de defensa, que da lugar a la nulidad de los actos demandados.

Liquidación del crédito. Pago de lo no debido

Expuso que de conformidad con lo establecido en los artículos 33 de la Ley 60 de
1993, 242 de la Ley 100 de 1993 y, 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, la
responsabilidad de hacer los pagos de cuotas partes pensionales recaía en la Nación
y en la Gobernación de Cundinamarca, quien asumía la prestación de los servicios de
Salud.

Precisó que al ser la ley la que establece en cabeza de quién recae la
responsabilidad de realizar los pagos de los pasivos pensionales de las ESE, es claro
que el origen de los actos demandados está viciado de nulidad, por cuanto se fijó en
el hospital la responsabilidad de realizar los pagos de los pasivos pensionales que
están ligados a una entidad diferente.

Afirmó que desconoce la razón por la que FONCEP no vinculó a la Nación y a la
Gobernación de Cundinamarca dentro del proceso de cobro coactivo, existiendo una
falta de conformación del litisconsorcio necesario.

Violación al debido proceso

Indicó que en la liquidación del crédito se incluyeron sumas que no estaban
contenidas en el mandamiento de pago, razón por la cual, no fueron conocidas con
anterioridad a la expedición de los actos demandados, y tampoco objeto de
controversia, situación que demuestra las irregularidades en el proceso de cobro
coactivo.

Sostuvo que en la sentencia apelada se concluyó que FONCEP tenía la facultad de
cobrar sumas que se causaran después del mandamiento de pago, sin embargo, se
advierte que los valores relacionados en la liquidación del crédito no se dieron con
posterioridad al citado acto, pues corresponden a obligaciones previas (años 2009 al
2015), que se pretenden incorporar en la decisión final, vulnerándose el debido
proceso y el derecho de defensa.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante9 reiteró lo expuesto en la demanda y en el recurso de apelación.

La entidad demandada10 insistió en los argumentos planteados en la contestación de
la demanda.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

9
Índice 18 de Samai.
10
Índice 19 de Samai.
7

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CONSIDERACIONES

La Sala decide sobre la legalidad de la Resolución nro. CC 027 del 20 de mayo de
2015, por medio de la cual la Responsable del Área de Jurisdicción Coactiva del
FONCEP practicó la liquidación del crédito a cargo de la ESE Hospital Nuestra
Señora del Carmen y, de la Resolución nro. CC 019 del 25 de junio de 2015, por la
que la citada funcionaria rechazó por extemporáneas las objeciones formuladas a la
liquidación del crédito.

En los términos del recurso de apelación le corresponde a la Sala analizar: i) si se
omitió notificar al apoderado del Hospital Nuestra Señora del Carmen la liquidación
del crédito, ii) si en la liquidación del crédito, a la parte actora se le están cobrando
obligaciones que corresponden a otras entidades y iii) si las objeciones presentadas
por el hospital son procedentes.

Notificación procesal. Liquidación del crédito

En la sentencia apelada, el Tribunal concluyó que la notificación de la liquidación del
crédito se surtió en debida forma porque se dio cumplimiento a lo previsto en el
artículo 565 del ET, al enviar el correo a una de las direcciones informadas por el
apoderado del hospital. Precisó que, si bien se cometió un error respecto al nombre
del abogado al que se dirigió el correo, esa circunstancia no generaba per se la
nulidad de los actos administrativos enjuiciados.

Descartó la aplicación al parágrafo 2 del artículo 565 del ET, porque a FONCEP se le
informaron dos direcciones de notificación, lo que la facultaba para surtir la diligencia
en alguna de ellas, como en efecto se hizo.

En el recurso de apelación, el hospital insistió en que se omitió notificar a su
apoderado de la resolución mediante la cual se liquidó el crédito, a pesar de conocer
su dirección y de comparecer ante la entidad.

Para resolver, se advierte que el artículo 565 del ET dispone que las actuaciones
administrativas se notifican «de manera electrónica, personalmente o a través de la red
oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente
autorizada por la autoridad competente […] Parágrafo 2. Cuando durante los procesos que
se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última
dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único Tributario, RUT».

Por su parte, el artículo 564 íbídem establece que «[s]i durante el proceso de
determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos
correspondientes, la administración deberá hacerlo a dicha dirección».

La Sala ha precisado que, en «los procesos de discusión y determinación del tributo, el
artículo 564 ejusdem prevé que el contribuyente o declarante puede señalar expresamente
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

una dirección de notificación, en cuyo caso los actos administrativos se notificarán a esa
dirección procesal, que comporta carácter excluyente». Y que el parágrafo 2 del artículo
565 ET opera «sin perjuicio de la dirección procesal informada a que alude el artículo
564»11.

En el caso particular, se observa que el Hospital Nuestra Señora de El Carmen le
otorgó poder al abogado Ciro Alfonso Quiroga Quiroga para que en su nombre y
representación propusiera excepciones contra el mandamiento de pago proferido por
FONCEP dentro del proceso coactivo nro. CP-233/12 y, continuará con el trámite del
mismo, facultándolo para transigir, recibir, desistir, sustituir y, en general, para
realizar todas las gestiones encaminadas al cumplimiento del mandato 12, siendo del
caso mencionar que conforme con el inciso tercero del artículo 77 del CGP, el poder
otorgado a un apoderado lo habilita para recibir notificaciones13.

El mencionado apoderado, en los memoriales radicados el 20 de noviembre de 2012
(recurso de reposición en contra de la resolución que resolvió las excepciones) y del
11 de febrero de 2013 (respuesta al Auto CC nro. 087 de 2012)14, informó dos (2)
direcciones de notificación, así15:

«NOTIFICACIONES

E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, en la Avenida Medina No. 6-06 del Colegio
Cundinamarca.

El suscrito en la AK 86 No. 83-80 INT 4 de la ciudad de Bogotá».

El 20 de mayo de 2015, la Responsable del Área de Jurisdicción Coactiva del
FONCEP expidió la Resolución nro. CC 027 mediante la cual se practicó la
liquidación del crédito. En el artículo quinto se ordenó: «NOTIFICAR la presente
Resolución de conformidad con el Art. 565 del Estatuto Tributario […]»16.

Para la notificación del anterior acto, la mencionada funcionaria envió por correo
certificado el Oficio nro. EE-00427-201507910 del 27 de mayo de 201517, así:
«Señores
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
ATT. Dr. FRANCISCO JAVIER LONDOÑO CABALLERO
Apoderado Judicial
Avenida Medina No. 6-06
El Colegio Cundinamarca».

En el citado oficio consta sello con fecha «03 JUN 2015»18.

11
Sentencia del 13 de mayo de 2021, Exp. 23924, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Fl. 318 c.a.
13
Cfr. la sentencia del 30 de julio de 2020, Exp. 24213, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
Fls. 347 y 358 a 359 c.a.
15
Esta Sección ha expuesto que «quien indica una dirección de notificación, debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar que en ese lugar se reciba la correspondencia dirigida a su nombre». Sentencia del 22 de abril de 2021, Exp. 25119.
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Fl. 402 c.a.
17
Fl. 426 c.a.
18
Fl. 427 c.a.
9

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00312-01 [25878]
Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

Teniendo en cuenta que en el proceso de cobro coactivo el apoderado de la parte
demandante informó dos (2) direcciones para efectos de notificación, incluida la del
hospital, se concuerda con el Tribunal en que la notificación de la liquidación del
crédito se podía surtir en cualquiera de ellas, por corresponder a la dirección
procesal.

Es cierto, como lo advirtió el a quo, que la notificación del acto de liquidación del
crédito se dirigió a la dirección correcta (Avenida Medina No. 6-06 del Colegio
Cundinamarca), pero, se incurrió en la imprecisión al indicar al apoderado, pese a lo
cual, como se afirmó en la sentencia apelada, el correo fue recibido en la dirección
procesal el 3 de junio de 2015, hecho que no fue cuestionado en la apelación.

Esa equivocación en el nombre del apoderado, para la Sala, no conduce a la nulidad
de la actuación administrativa demandada, porque la falta de notificación o la
notificación irregular de los actos administrativos no es causal de nulidad de los
mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad19.

En este caso está probado que mediante los escritos radicados los días 22 y 23 de
junio de 2015, el apoderado del Hospital Nuestra Señora del Carmen formuló
objeciones a la liquidación del crédito, de manera que, aunque se presentó la
irregularidad aludida, esta no condujo a la violación al debido proceso y el derecho a
la defensa, en tanto que, el correo se recibió en la dirección correcta el 3 de junio de
2015 (no discutido) y, si bien, la objeción a la liquidación del crédito se rechazó por
extemporánea, en el expediente no se da cuenta de que ese hecho haya obedecido a
causas imputables al FONCEP.

Teniendo en cuenta lo expuesto y que la Resolución nro. CC 027 del 20 de mayo de
2015, por la que se practicó la liquidación del crédito se notificó por correo el 3 de
junio de 2015, es claro que la objeción al crédito presentada el 22 de junio de 2015
por el apoderado de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen resulta
extemporánea, en los términos del numeral 2 del artículo 446 del CGP20, asistiéndole
razón al FONCEP al proceder a su rechazo.

Se advierte que en la Resolución nro. CC 019 del 25 de junio de 2015, el FONCEP,
además de rechazar por extemporánea la objeción al crédito presentada por el
apoderado del hospital (art. 1), decidió aprobar la liquidación del crédito efectuada
mediante la Resolución nro. CC 027 del 20 de mayo de 2015 (art. 2).

En consideración a lo anterior, se torna necesario analizar si el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se ejerció dentro del término legal, porque ante
la presentación extemporánea de la objeción a la liquidación del crédito, al
FONCEP no le quedaba otra opción que rechazarla y aprobar la citada liquidación,
mediante un acto administrativo que, en este caso, no constituye una decisión de
fondo y, por ende, no es objeto de control de legalidad en los términos del artículo

19
Sentencias del 6 de marzo de 2008, Exp. 15586 y del 26 de noviembre de 2009, Exp. 17295, C.P. Héctor J. Romero Díaz, del
12 de mayo de 2010, Exp. 16534, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 8 de junio de 2017, Exp. 20254, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
20
Esa norma señala que de la liquidación del crédito se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110 del
CGP, por el término de tres (3) días.
10

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Demandante: ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio

101 del CPACA21. De ahí que el plazo de caducidad frente a la liquidación del crédito,
en este asunto en particular, no se pueda contabilizar desde la notificación de la
Resolución nro. CC 019 del 25 de junio de 2015.

Situación diferente ocurre cuando la liquidación del crédito es objetada dentro del
término legal22 y la Administración resuelve esa objeción o altera de oficio la cuenta
respectiva, evento en el cual, lo resuelto frente a la objeción o alteración de la
liquidación del crédito constituye la decisión de fondo23, siendo esta la actuación
susceptible de control de legalidad, junto con el acto que resuelva el recurso de
apelación (num. 3 del art. 446 CGP)24, circunstancia que se debe verificar en cada
caso concreto.

Caducidad. Reiteración25

Respecto de la caducidad, es oportuno mencionar que «es una institución jurídico
procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa,
limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de
obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico
jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el
contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la
acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso»26.

Es por lo anterior, que el «examen de la caducidad de la demanda contencioso
administrativa puede identificarse como de tipo objetivo, en la medida en que el juez constata
el término y el cumplimiento de la carga, pero no puede modificar o soslayar el plazo previsto
bajo un análisis subjetivo de la conducta de las partes. La objetividad y rigidez del examen
están justificados por los intereses a los que responde la caducidad y, por ello, su declaratoria
también puede ser oficiosa»27. Además, respecto de la misma, no se admite renuncia.

De manera que, si la caducidad es una figura de orden público que corresponde a la
sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho que le asiste a
toda persona de accionar para someter su litigio ante la jurisdicción, con el fin de

21
«ARTÍCULO 101. CONTROL JURISDICCIONAL. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a
favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.
[…]» [Se destaca].
22
El artículo 446 del CGP en su numeral 3 dispone:
«ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las
siguientes reglas:
1. […]
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una
objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate
de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación».
23
Según la doctrina, «[...] con relación al auto que “resuelva una objeción”, si el juez aprueba la liquidación presentada está
resolviendo y admite el recurso de apelación, pues resolver conlleva las posibilidades de mantener la presentada y objetada o
modificarla». «En otros términos no es lo mismo aprobar cuando no hay objeción, caso en el cual no existe recurso de apelación,
que aprobar resolviendo de manera negativa la objeción, es decir manteniendo la suma estimada, evento en el que si existe
recurso de apelación». López Blanco (2017), Código General del Proceso Parte Especial. Dupre Editores. P. 612.
24
Mediante sentencia de tutela proferida el 22 de abril de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00521-00, C.P. Milton Chaves
García, la Sección concluyó que «el procedimiento de los procesos ejecutivos no fue regulado por el CPACA y que, en ese
entendido, era necesario remitirse al Código General del Proceso, norma que regula, de manera especial el recurso de apelación
para esa clase de procesos».
25
Sentencia del 22 de abril de 2021, Exp. 25119, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
26
Corte Constitucional C-832/01, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27
Corte Constitucional, SU-282/19, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11

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satisfacer sus pretensiones, en casos como el presente, resulta imperioso establecer
con certeza en qué momento se presentó la notificación del acto administrativo que
se ataca en nulidad y restablecimiento del derecho, hecho que, por ser objeto de Litis,
se definió en esta providencia.

En este orden de ideas y partiendo del hecho probado, que la notificación de la
Resolución nro. CC 027 del 20 de mayo de 2015, que liquidó el crédito, se surtió
mediante correo recibido el 3 de junio de 2015, se concluye que el término de cuatro
(4) meses previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, para la
interposición de la demanda vencía el 5 de octubre de 201528, y como esta se
presentó el 6 de noviembre de 201529, es decir, en forma extemporánea, está
probada la caducidad del medio de control.

Acorde con lo anterior y comoquiera que la declaratoria de la caducidad procede de
oficio cuando se advierta su ocurrencia, como en el presente caso, lo apropiado es
declararla probada, relevándose la Sala del estudio de los demás cargos de
apelación, porque al configurarse dicha figura, no es posible abordar el examen de
legalidad propuesto por la demandante, dado que el acto administrativo –liquidación
del crédito- adquirió firmeza.

En este orden de ideas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
probada de oficio la excepción de caducidad respecto de la demanda presentada por
la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la liquidación del crédito
realizada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP- en el proceso de cobro coactivo expediente nro. CP-233/12.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia (agencias en
derecho y gastos del proceso), comoquiera que no se encuentran probadas en el
proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 13 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar:

28
El día 4 del mes de octubre del año 2015, corresponde a un día inhábil (domingo).
29
Esta fecha corresponde a la de presentación y reparto del proceso en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá. Fls. 511 y 522 a 523 c.p.
12

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DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de caducidad respecto de la
demanda presentada por la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El
Colegio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesto contra la liquidación del crédito realizada por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP- en el proceso de cobro coactivo
expediente nro. CP-233/12.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y
cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara el voto

13

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