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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00404-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00404-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. En su lugar, se dispone: 1. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro. RDO 812 del 1º de octubre de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP contra la sociedad IGNACIO GÓMEZ IHM S.A.S. por mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2013, y se sanciona por inexactitud por la vigencia 2013; y de la Resolución nro. RDC 695 del 31 de octubre de 2016, por la que la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir el valor de los aportes y de la sanción. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que reliquide los aportes de los 22 trabajadores que se analizaron en esta providencia y en la medida que hayan devengado la bonificación BML durante los periodos fiscalizados (enero a diciembre de 2013), aplicando el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por tratarse de un pago salarial que las partes pactaron no integraría el IBC. 2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Jorge Otoniel Pabón Cely como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder visible en el índice 21 de SAMAI. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826] Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-00404-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

24 de marzo de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: IGNACIO GÓMEZ IHM S.A.S.
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Temas: Aportes al sistema de la protección social por los períodos de
enero a diciembre de 2013. Naturaleza tributaria de las
cotizaciones al sistema de seguridad social. Competencia de la
UGPP para determinar el IBC. Bonificaciones salariales y
aplicación del límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 1 contra
la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió2:

«PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda instaurada por la sociedad IGNACIO
GÓMEZ IHM SAS contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP.

SEGUNDO: Por no haberse causado no se condena en costas […]».

ANTECEDENTES

El 25 de febrero de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), profirió el
Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. 161 a la sociedad Ignacio Gómez IHM
S.A.S., por las conductas de mora e inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pago de los aportes al sistema de la protección social por los

1
Fl. 301 CD c.p. 2.
2
Fl. 300 CD c.p. 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

períodos de enero a diciembre de 2013. Acto administrativo que se notificó por correo
certificado entregado el 6 de marzo de 20153.

El 4 de junio de 2015, la citada sociedad respondió el requerimiento para declarar y/o
corregir.

El 1° de octubre de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió la Liquidación Oficial nro. RDO 812 «por mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección
Social, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2013 y se sanciona por
inexactitud por la vigencia 2013», por un monto de aportes de $65.166.700,
discriminados así: inexactitud: $55.444.800 y mora: $9.721.9004. También se impuso
sanción por inexactitud por $33.266.880. El acto administrativo se notificó por correo
certificado el 12 de noviembre de 20155.

Los días 8 y 12 de enero de 2016, el representante legal de la sociedad demandante
interpuso recurso de reconsideración contra el acto de liquidación.

Por medio de la Resolución nro. RDC 695 del 31 de octubre de 2016, expedida por
la Dirección de Parafiscales de la UGPP, se resolvió el recurso de reconsideración,
en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir el monto de los aportes a
$52.879.100, que comprenden los siguientes conceptos: inexactitud: $43.738.000 y
mora: $9.141.100. Y sanción por inexactitud: $26.242.800. Decisión que se notificó
personalmente el 18 de noviembre de 20166.

El 13 de diciembre de 2016, la sociedad pagó en el Banco Agrario de Colombia la
sanción por inexactitud determinada en cuantía de $26.242.8007; así como los
mayores valores correspondientes a las conductas de mora e inexactitud por medio
de las planillas integradas de liquidación de aportes PILA.

DEMANDA

La sociedad Ignacio Gómez IHM S.A.S., mediante apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones8:

«PRIMERA: Que son nulas la resolución No. RDO 812 del 1 de octubre de 2015 expedida por
el Subdirector de Determinación de Obligaciones – Dirección de Parafiscales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP junto con la resolución No. RDC 695 del 31 de octubre de 2016 que resolvió el
recurso de reconsideración.

3
Fl. 257 CD. Carpetas: «6522 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM SA 860001300» y «Requerimiento para declarar o corregir 161 Exp
6522». Archivos: «20150225- REQ DECL 161 EXP 6522» y «20150303- REQ DECL RD 20156200859391 GUIA
RN326677273CO EXP 6522».
4
Fls. 40 a 68 c.p. 1.
5
Fl. 257 CD. Carpetas: «6522 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM SA 860001300». Archivos: «Guia».
6
Fls. 31 a 38 c.p. 1.
7
Fl. 69 c.p. 1.
8
Fl. 3 c.p. 1.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

SEGUNDA: Que se ordene la devolución de la suma de cincuenta y dos millones ochocientos
setenta y nueve mil cien pesos ($52.879.100) que se cancelaron a través de las planillas PILA.

TERCERA: Que se ordene la devolución de la suma de veintiséis millones ochocientos
doscientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos (sic) ($26.242.800) que se cancelaron a través
del Banco Agrario de Colombia.

CUARTA: Que se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP al pago de los intereses corrientes
y/o moratorios causados desde el día del pago y la fecha en que se le reintegren a la sociedad
IGNACIO GÓMEZ IHM SAS los cincuenta y dos millones ochocientos setenta y nueve mil cien
pesos ($52.879.100) que se cancelaron a través de las planillas PILA y los veintiséis millones
ochocientos doscientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos (sic) ($26.242.800) que se
cancelaron a través del Banco Agrario de Colombia.

QUINTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes9:

• Artículos 2, 4, 6, 13, 15, 25, 29, 53, 58, 83, 230 y 243 de la Constitución Política
• Artículos 127, 128, 132, 133, 186 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículos 9 y 12 de la Ley 21 de 1982
• Artículo 204 de la Ley 100 de 1993
• Artículo 17 del Decreto 1295 de 1994
• Artículo 17 de la Ley 344 de 1996
• Artículo 5 de la Ley 797 de 2003
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículo 178 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 21 del Decreto 575 de 2013
• Decreto 1258 de 1959

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente10:

Las cotizaciones con destino al sistema general de seguridad social integral no
son contribuciones parafiscales. Infracción de las normas en que debían
fundarse los actos administrativos demandados

Manifestó que los actos acusados son nulos por infracción de las normas en que
debían fundarse, porque la UGPP aplicó una disposición que no viene al caso, como
es el artículo 29 del Decreto Ley 111 de 1996 (definición de contribuciones
parafiscales), y dejó de aplicar las que sí son pertinentes: (i) artículo 16 de la Ley 90
de 1946 (sobre los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en
dinero de los seguros obligatorios y gastos generales), (ii) artículos 9 y 12 de la Ley
21 de 1982 (sobre la distribución de aportes al subsidio familiar y al SENA), (iii)
artículos 13 literal d), 17 y 204 de la Ley 100 de 1993 (obligación de efectuar aportes
al sistema de pensiones, y monto y distribución de las cotizaciones al sistema de
salud) y (iv) artículo 6 de la Ley 1562 de 2012 (monto de las cotizaciones a la ARL).

9
Fl. 5 c.p. 1.
10
Fls. 5 a 20 c.p. 1.
3

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

Se refirió a la evolución normativa del reconocimiento de las prestaciones sociales
que en principio estaban a cargo del empleador y luego pasaron al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), previa afiliación y pago de las cotizaciones
(artículos 8 del Decreto 2350 de 1944, y 1, 2 y 16 de la Ley 90 de 1946). Al igual que
lo relacionado con que el ICSS actuaba como compañía de seguros, que la cotización
equivalía al pago de la prima del contrato de seguro y la subrogación del riesgo para
amparar las contingencias.

Citó apartes de la sentencia C-307 de 2009 de la Corte Constitucional, en la que se
determinaron las características y elementos de las contribuciones parafiscales, para
señalar que las cotizaciones que los empleadores realizan al sistema de seguridad
social integral no pueden ser consideradas contribuciones parafiscales, por lo
siguiente:

1. No cumplen con el quinto elemento de las características que delimitó la referida
sentencia, consistente en: «(v) La contribución, por regla general, es progresiva, pues se
liquida de acuerdo con el rédito obtenido. Así, la jurisprudencia ha explicado que la
contribución parafiscal es un instrumento para la generación de ingresos públicos que afecta
a un determinado y único grupo social o económico (singularidad) y que dirige su beneficio al
propio grupo gravado (especificidad)»11.

2. No cumplen con el tercer elemento material que fijó la Corte Constitucional, que se
describió así: «3) Destinación sectorial o especificidad: ya que los recursos extraídos del
sector o sectores económicos o sociales determinados se revierten en beneficio exclusivo del
propio sector o sectores».

Agregó que el empleador no recibe beneficio por las cotizaciones que realiza con
destino a los subsistemas de salud, pensión, riesgos laborales y a las cajas de
compensación familiar, pues el único beneficiario es el trabajador porque solo él y su
grupo familiar tienen derecho a las prestaciones cuando se cumplen los requisitos o
condiciones para adquirir el derecho, como pueden ser por ejemplo, pensión de vejez
o invalidez, la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, según el caso.

Mencionó que las cotizaciones que los empleadores realizan al sistema general de
seguridad social integral equivalen a la prima de seguro para que las respectivas
instituciones asuman el pago de las contingencias amparadas, dado que se cumplen
las condiciones para la subrogación del riesgo dentro de la teoría de las obligaciones
del Código Civil.

Señaló que las cotizaciones que los empleadores realizan al sistema general de
seguridad social integral no se rigen por el Estatuto Tributario sino por las normas que
componen dicho sistema.

Falta de competencia de la UGPP para definir lo que es salario

Precisó que el legislador le asignó a la UGPP la competencia para adelantar las
acciones de determinación y cobro de los aportes a la seguridad social, pero no la
facultó para que definiera qué pagos de los que recibe el trabajador son o no salario.

11
Fl. 11 c.p. 1.
4

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

Adujo que el empleador por medio de las planillas PILA declara y paga los aportes al
sistema de cada uno de los trabajadores, y la actividad de la UGPP consiste en
comparar dichas planillas con las pruebas y registros entregados por el declarante
para demostrar que se presentó omisión o inexactitud.

Indicó que en el expediente administrativo no existen las pruebas que demuestren
que la sociedad incurrió en omisión o inexactitud, por lo que no fue desvirtuada la
veracidad de los datos suministrados en las planillas PILA.

Advirtió que la UGPP no puede, como lo hizo, «presumir (resaltado) que porque el
empleador no entregó los contratos de trabajo de todos sus trabajadores en el año 2013 las
cláusulas de exclusión salarial no existen o no producen efecto alguno»12.

Aclaró que con la demanda se anexa la totalidad de los contratos de trabajo que
estuvieron vigentes durante el año 2013, en los que se pactó la exclusión salarial de
la bonificación denominada «BML».

Señaló que los funcionarios de la jurisdicción ordinaria laboral son los competentes
para declarar si un pago es o no salario, y la entidad carece de esta facultad.

Ilegalidad de las resoluciones

Manifestó que los actos adolecen de falsa motivación y desviación de poder porque
se le imputó a la sociedad las conductas de omisión e inexactitud en la liquidación de
los aportes al sistema de la protección social, desconociendo que solo las
cotizaciones con destino al subsistema de pensiones producen derechos adquiridos,
en relación con cada uno de los trabajadores afiliados.

Precisó que durante el año 2013 los trabajadores de la compañía recibieron la
totalidad de las prestaciones económicas y en especie a cargo de la seguridad social
integral y de las cajas de compensación familiar, por lo que no se produjo deuda a
favor de los citados subsistemas. Además, la discusión en torno a si el pago de los
aportes fue completo o no, no produce efecto jurídico alguno porque los derechos de
los trabajadores no dependen del monto de la cotización, sino que se adquieren por
el hecho de la afiliación y pago que el aportante cree deber.

Anotó que, si un trabajador sufre una enfermedad común o un accidente laboral o es
beneficiario del subsidio familiar, sus derechos no se ven afectados por la inexactitud
en que pudo incurrir el empleador, y en el evento en que éste último presente mora,
la institución debe prestar el servicio o reconocer la prestación y luego repetir contra
aquél, pero en ningún caso se deben pagar las cotizaciones no realizadas.

OPOSICIÓN

12
Fl. 15 c.p. 1
5

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente13:

En cuanto a la invocada nulidad de los actos por infracción de las normas en que
debían fundarse, adujo que el artículo 29 del Decreto Ley 111 de 1996 define las
contribuciones parafiscales.

Respecto del argumento consistente en que se debió aplicar el artículo 16 de la Ley
90 de 1946, precisó que no se justificó tal necesidad; sin embargo, dicha norma lo
que sí dispone es la obligatoriedad que existe para los empleadores de afiliar a sus
trabajadores a los subsistemas de salud y pensiones, situación que no desconoce la
entidad.

En lo que se refiere a los artículos 9 y 12 de la Ley 21 de 1982 y 6 de la Ley 1562 de
2012, aclaró que fue precisamente en aplicación de las mismas que se determinaron
los aportes a las cajas de compensación familiar y al sistema de riesgos laborales.
Cuestionó el hecho que el demandante no haya explicado en el concepto de la
violación la razón por la cual supuestamente en los actos acusados, las mismas no
fueron tenidas en cuenta.

Sobre las normas de la Ley 100 de 1993 a las que hizo referencia el demandante,
sostuvo que con esa disposición se creó el sistema de seguridad social integral y es
una de las líneas con las que la entidad cumple sus funciones.

Frente a los argumentos consistentes en que las cotizaciones con destino al sistema
general de seguridad social no son contribuciones parafiscales, adujo que aquellas
son parte de los tributos y gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la
ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico, y se utilizan para
su beneficio. Además, los recursos que se generan con su recaudo no ingresan al
arca común del Estado dado que su destinación es sectorial y se revierte en beneficio
del sector. Hizo referencia a la sentencia C-430 de 2009 de la Corte Constitucional.

En relación con el cargo de falta de competencia de la UGPP para verificar qué pagos
constituyen o no salario, mencionó que la entidad goza de facultades de fiscalización
que le permiten revisar los elementos de la obligación tributaria, entre estas, constatar
qué pagos tienen naturaleza salarial con el fin de determinar si deben excluirse o no
de la base gravable y, por lo tanto, no se atribuyó competencias de los jueces
laborales.

En lo que tiene que ver con la falta de pruebas de la omisión e inexactitud, señaló que
con base en la información allegada por el aportante se estableció que incurrió en las
conductas de mora e inexactitud, lo que dio lugar a la expedición de los actos
demandados, y le correspondía a la sociedad probar los supuestos de hecho que
declaró en las planillas PILA, entregando los documentos que demostraran que
liquidó y pagó los aportes correctamente. Agregó que de conformidad con el artículo
742 del ET, las decisiones de la Administración Tributaria deben fundarse en los
hechos que aparezcan demostrados en el expediente.

13
Fls. 217 a 237 c.p. 2.
6

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Frente a los pagos salariales y no salariales para efectos de la integración del IBC,
manifestó que el aportante aseguró que los pagos denominados bonificaciones BML
carecían de naturaleza salarial en virtud de los acuerdos celebrados con los
trabajadores, pero en sede administrativa no entregó prueba de ello, por lo que no se
puede afirmar que se desconocieron los acuerdos de exclusión salarial.

Agregó que en la información de nómina el aportante reportó como pagos no
constitutivos de salario los siguientes: (i) rodamiento, (ii) bonificación mera liberalidad,
(iii) Sodexo, (iv) subsidio de transporte, (v) BML, (vi) auxilio seguro vehículo y (vii)
auxilio movilización.

Precisó que la entidad consideró como pago salarial la bonificación BML teniendo en
cuenta que la información de nómina – anexo descripción de pagos que no hacen
parte del IBC, se detalló que obedecía a un «pago que se liquida quincenalmente y se
desprende de un acuerdo de voluntades entre las partes ligado al manejo del tiempo de
trabajo y la efectividad del mismo», por lo tanto, no resultaba ajeno a la actividad laboral,
sino que correspondía a la contraprestación directa del servicio y, en consecuencia,
debía integrar en su totalidad el IBC. Además, no se encontraron pactos de
desalarización o documento equivalente que permitiera darles un tratamiento
diferente. Refirió como ejemplo de la anterior situación la forma en la que se calculó
el IBC en el caso del trabajador «FRANCO AMAYA EDGAR ARMANDO».

Por último, en cuanto a los argumentos de que la mora e inexactitud presentadas en
las declaraciones no generan deuda, adujo que esta afirmación va en contravía de
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad previstos en el artículo 48 de
la Constitución Política; además, la comprobación de la existencia de las citadas
conductas incide en la falta de prestación oportuna y eficiente de los servicios en
salud y los que ofrecen las cajas de compensación familiar.

Indicó que si bien, puede que no se hayan utilizado los servicios antes mencionados
en los periodos fiscalizados (enero a diciembre de 2013), esto no exime al aportante
de la obligación de corregir y pagar los aportes en debida forma, puesto que con estos
se apoya el sostenimiento del sistema, en aplicación del principio de solidaridad.

AUDIENCIA INICIAL Y DE PRUEBAS

El 26 de agosto de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 201114. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades
procesales, nulidades, medidas cautelares o excepciones que debieran ser
declaradas.

El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos demandados. En
particular: (i) si con su expedición se desconocieron normas de rango superior en
materia de seguridad social, (ii) si las cotizaciones y/o aportes que los empleadores
realizan con destino al Sistema General de Seguridad Social Integral y las Cajas de

14
Fls. 271 a 283 c.p. 2.
7

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Compensación Familiar son o no contribuciones parafiscales, (iii) si las cotizaciones
y/o aportes que los empleadores realizan con destino al sistema general de seguridad
social integral pueden ser entendidos como la cancelación de una prima de seguro,
(iv) si la UGPP tiene competencia para declarar si un pago efectuado por el empleador
a su trabajador (para el caso concreto una bonificación) es constitutivo o no de salario,
o si tal atribución corresponde únicamente a la jurisdicción ordinaria laboral y (v) si
los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación y desviación de las
atribuciones propias de la UGPP al constreñir a la sociedad demandante a efectuar
un pago ilegal en favor de Empresas Promotoras de Salud, el Fondo de Solidaridad
Pensional, Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar
basándose en una deuda inexistente.

Por otra parte, se tuvieron como pruebas las aportadas con la demanda y la
contestación, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera su concepto.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en
sentencia del 10 de septiembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas, con fundamento en las siguientes consideraciones15:

Afirmó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 y del Consejo de Estado17 le
atribuyó a las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social el carácter de
contribuciones parafiscales, que son definidas como gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la ley para un determinado sector, en que tales recursos se
utilizan para su beneficio; además, son un instrumento de intervención del Estado en
la economía destinado a extraer recursos de un sector económico para ser invertido
en el mismo, al margen del presupuesto nacional.

Señaló que dentro de los elementos de la parafiscalidad sobre los aportes al sistema
de la protección social se tienen los siguientes: (i) las cotizaciones son obligatorias
para empleadores y empleados, y el Estado tiene poder coercitivo para garantizar su
cumplimiento, (ii) los aportes afectan, en cuanto sujetos pasivos a empleadores y
empleados, quienes conforman un específico grupo socio-económico y (iii) los
aportes se destinan en beneficio exclusivo del sector integrado por empleadores y
empleados.

Precisó que no le asiste razón a la parte demandante al señalar que los aportes al
sistema de seguridad social no son una contribución parafiscal porque no percibe un
beneficio real de tales cotizaciones, y que en su lugar, son una prima que cancela a
un tercero para que asuma las contingencias de los empleados, pues como quedó
señalado, el beneficio del aporte no es propio o exclusivo del empleador, sino de un
grupo socio-económico en el que están incluidos los trabajadores y demás miembros
del sistema.

15
Fl. 300 CD c.p. 2.
16
Sentencias C-577 de 1995, C-711 de 2001 y C-895 de 2009.
17
Sentencia del 3 de julio de 2003, Exp. 13263, C.P. Ligia López Díaz.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00404-01 [25826]
Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

Manifestó que la UGPP tiene la facultad para determinar la naturaleza salarial o no
de los pagos que recibe el trabajador, y ello no implica subrogar la competencia del
juez laboral, pues lo hace para determinar la existencia de hechos que generen
obligaciones en materia de contribuciones parafiscales y la correcta integración del
IBC.

En cuanto a la naturaleza salarial o no de las bonificaciones BML, afirmó que el
beneficio que recibe el trabajador de su empleador de manera habitual o no, no
constituye factor salarial siempre que las partes así lo hayan acordado.

El Tribunal analizó el caso del trabajador «LUIS OCTAVIO SAENZ VARGAS», respecto
de quien la demandante aportó el contrato de trabajo, y evidenció que las partes
acordaron que el pago del salario sería de $411.000 y se pagaría una bonificación
que no constituye salario, la que estaría liquidada en un cuadro adjunto, sin embargo,
este último no fue allegado con la demanda, por lo que se desconoce el valor que fue
pactado como bonificación no constitutiva de salario.

Además, el otrosí al contrato en el que se reconoció un auxilio de movilización, fue
suscrito con efectos a partir del 1 de mayo de 2016, es decir, que no tenía incidencia
en los periodos fiscalizados por la UGPP (enero a diciembre de 2013).

Advirtió que lo mismo ocurrió con los otros 25 trabajadores de quienes se aportó el
contrato de trabajo y otrosíes como prueba en vía judicial, pues la cláusula pactada
es la misma y en ningún caso se allegó soporte sobre las bonificaciones no salariales
pagadas en el año 2013. Por lo anterior, negó el cargo de nulidad relacionado con la
inclusión de la bonificación BML en el IBC.

En lo que se refiere a la ilegalidad de las resoluciones demandadas por falsa
motivación y desviación de poder, cuyos argumentos se fundaron en que los
trabajadores recibieron la totalidad de las prestaciones económicas, y que por lo tanto
la discusión sobre si el pago de las cotizaciones fue correcto o no, el a quo precisó
que una cosa son los pagos laborales de los trabajadores como contraprestación de
los servicios desde un punto de vista laboral, y otra cosa es la obligación que le asiste
al empleador de pagar los aportes al sistema de seguridad social, en los porcentajes
previstos en la Ley 100 de 1993.

Señaló que la UGPP dispone de la potestad de cobro, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del empleador y trabajador en materia de aportes,
en ejercicio de la facultad legal asignada para determinar el pago correcto, completo
y oportuno de las cotizaciones.

Expuso que la motivación de los actos que profiere la UGPP está contenida en la
liquidación y en el CD anexo, los que deben ser analizados de manera armónica y en
conjunto.

Por último, no condenó en costas por no aparecer probadas.

9

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Demandante: Ignacio Gómez IHM S.A.S.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante inconforme con la decisión de primera instancia interpuso
recurso de apelación, con el fin de que se revoque y, en su lugar, se declare la nulidad
de los actos demandados. Lo sustentó en los siguientes términos18:

Adujo que según los artículos 48 de la Constitución Política y 1 de la Ley 100 de 1993,
la seguridad social es un servicio público a cargo del Estado y de carácter
irrenunciable, y así es reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C-408
de 1994.

Precisó que el Tribunal desconoció el sentido literal de los mencionados artículos para
consultar el espíritu sociológico y reemplazar las normas con jurisprudencia, y con
ello, ignoró que los derechos y garantías que la Constitución y la Ley le otorgan a los
habitantes cuando se produce una contingencia, se traducen en la prestación de un
servicio público previamente pagado.

Explicó que los aportes con destino a la seguridad social que realizan los
empleadores y trabajadores vinculados con contrato de trabajo no son otra cosa que
el pago del servicio público de seguridad social integral a cargo del Estado y de
carácter irrenunciable.

Señaló que el Congreso de la República no ha tramitado ley alguna para convertir en
«impuesto parafiscal» las cotizaciones con destino a la seguridad social que realizan
los afiliados en el régimen contributivo, ni ha determinado los sujetos activo y pasivo,
el hecho generador, la base gravable y la tarifa de las denominadas contribuciones
parafiscales de la protección social.

Sostuvo que los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 178 y 179 de la Ley 1607 de
2012 y 50 de la Ley 1739 de 2014, no establecieron los elementos de las
contribuciones parafiscales, pues lo que hicieron fue crear la UGPP y fijarle la
competencia.

Reiteró in extenso los argumentos de la demanda, en torno a la evolución normativa
del reconocimiento de las prestaciones sociales, de lo relacionado con que el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales actuaba como compañía de seguros, que la
cotización equivalía al pago de la prima del contrato de seguro y a la subrogación del
riesgo para amparar las contingencias. Así como al objeto del sistema de seguridad
social integral, los principios, el monto y distribución de las cotizaciones a los
subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales.

Insistió en los argumentos relacionados con que las cotizaciones no son
contribuciones parafiscales porque no cumplen con las características y elementos
materiales que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-307 de 2009, y porque el
empleador no recibe beneficio por los aportes que destina a los subsistemas de salud,
pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar.

18
Fl. 301 CD c.p. 2.
10

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Así mismo, se pronunció sobre la falta de competencia de la UGPP para determinar
qué es o no salario, pues a su juicio, en aplicación del artículo 2 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, la jurisdicción ordinaria laboral conoce de «1.
Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo».

Manifestó que el Tribunal se apartó de la literalidad del artículo 128 del CST al exigirle
a la sociedad la prueba del acuerdo de desalarización, cuando la norma no contiene
dicha condición. Agregó que las controversias relacionadas con esa cláusula le
corresponde dirimirlas a la jurisdicción ordinaria laboral, y no a la UGPP ni a la
jurisdicción contencioso administrativa, pues son conflictos jurídicos que dependen
del contrato de trabajo.

Aseguró que a la sociedad le incumbe probar la existencia de la cláusula de exclusión
salarial pero no el contenido material de esta en el sentido de entrar a probar que los
pagos hechos sí se incluyen dentro de su tenor literal.

Por último, indicó que la aplicación del Estatuto Tributario y no de la Ley 100 de 1993,
a los omisos e inexactos en sus obligaciones de cotizar al sistema de seguridad social
trae como consecuencia la ilegalidad de los actos por infracción de las normas en que
deberían fundarse, por haber sido expedidos en forma irregular mediante falsa
motivación y con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La entidad demandada19 hizo alusión a la competencia de la entidad para determinar
los factores que integran el IBC para liquidar los aportes al sistema de la protección
social, a la naturaleza de contribuciones parafiscales de los mencionados aportes y a
la falta de actividad probatoria de la parte demandante para demostrar que liquidó y
pagó de forma correcta las cotizaciones.

La parte demandante20 se refirió a la naturaleza jurídica y a la finalidad del sistema
de seguridad social desde su consagración constitucional y legal, a la forma en que
se financia dicho sistema, a la inexistencia de contribuciones parafiscales de la
protección social por falta de ley que delimite los elementos del tributo, y a la
aplicación de la Ley 100 de 1993 y del CPACA y no del Estatuto Tributario para
efectos de la determinación de los aportes y de la sanción.

Por último, se pronunció sobre la declaratoria de nulidad por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado21 de los numerales 2 y 3 de la Sección II del Acuerdo
1035 de 2015 de la UGPP que trataban sobre la aplicación del artículo 30 de la Ley
1393 de 2010.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

19
Índice 19 de SAMAI. Archivo: «24_ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_UGPP_UGPP25826(.pdf) NroActua
19»
20
Índice 20 de SAMAI. Archivo: «25_ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_IGNACIOGO_IGNACIOGOME
ZIHM25(.pdf) NroActua 20».
21
Sentencia del 17 de septiembre de 2020, Exp. 3235-2016.

11

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CONSIDERACIONES

Decide la Sala sobre la legalidad de la Liquidación Oficial nro. RDO 812 del 1º de
octubre de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de Obligaciones de
la UGPP contra la sociedad demandante por mora e inexactitud en la presentación
de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social, por
los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2013, y se sanciona por
inexactitud por la misma vigencia; y de la Resolución nro. RDC 695 del 31 de octubre
de 2016, por la que la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de
reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir el valor de
los aportes y de la sanción.

En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandante, la Sala
deberá determinar: (i) si las cotizaciones con destino a los subsistemas de salud,
pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar son contribuciones
parafiscales, (ii) si la UGPP tiene competencia para determinar qué factores
constituyen o no salario para establecer el IBC y (iii) si las bonificaciones
denominadas BML tienen o no naturaleza salarial, y en ese contexto, si deben integrar
o no el ingreso base de cotización para liquidar los aportes al sistema de seguridad
social integral.

En el expediente están probados los siguientes hechos:

El 25 de febrero de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP profirió el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir nro. 161, por las conductas de mora e inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pago de los aportes al sistema de la protección social por los
períodos de enero a diciembre de 2013. Acto administrativo que se notificó por correo
certificado entregado el 6 de marzo de 201522.

El 4 de junio de 2015, la sociedad aportante respondió el requerimiento para declarar
y/o corregir.

El 1° de octubre de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP expidió la Liquidación Oficial nro. RDO 812 «por mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección
Social, por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2013 y se sanciona por
inexactitud por la vigencia 2013», por un monto de aportes de $65.166.700,
discriminados así: inexactitud: $55.444.800 y mora: $9.721.90023. Además, se impuso
sanción por inexactitud por $33.266.880.

El acto administrativo se notificó por correo certificado el 12 de noviembre de 201524.

22
Fl. 257 CD. Carpetas: «6522 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM SA 860001300» y «Requerimiento para declarar o corregir 161
Exp 6522». Archivos: «20150225- REQ DECL 161 EXP 6522» y «20150303- REQ DECL RD 20156200859391 GUIA
RN326677273CO EXP 6522».
23
Fls. 40 a 68 c.p. 1.
24
Fl. 257 CD. Carpetas: «6522 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM SA 860001300». Archivos: «Guia».
12

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Los días 8 y 12 de enero de 2016, el representante legal de la sociedad demandante
interpuso recurso de reconsideración contra el acto de liquidación.

El 31 de octubre de 2016, la Dirección de Parafiscales de la UGPP profirió la
Resolución nro. RDC 695, por medio de la cual resolvió el recurso de reconsideración,
en el sentido de disminuir el monto de los aportes a $52.879.100, que comprenden
los siguientes conceptos: inexactitud: $43.738.000 y mora: $9.141.100. Se mantuvo
la sanción por inexactitud, pero por la suma de $26.242.800. Decisión que se notificó
personalmente el 18 de noviembre de 201625.

El 13 de diciembre de 2016, la sociedad pagó en el Banco Agrario de Colombia la
sanción por inexactitud determinada en cuantía de $26.242.80026; así como los
mayores valores fijados por las conductas de mora e inexactitud por medio de las
planillas integradas de liquidación de aportes PILA.

La parte demandante aportó con la demanda 25 contratos de trabajo a término
indefinido, así como algunos otrosíes y adendas.

Naturaleza jurídica de los aportes y/o cotizaciones al sistema de seguridad
social integral. Connotación tributaria. Reiteración jurisprudencial

La parte apelante considera que las cotizaciones al sistema general de seguridad
social carecen de naturaleza tributaria, por los siguientes motivos: (i) porque
obedecen a la prima para que las entidades aseguradoras del sector social asuman
el pago de las contingencias amparadas, y con ellas se cubre la prestación del
servicio público de seguridad social a cargo del Estado, (ii) porque no existe ley que
determine los elementos del tributo (hecho generador, sujetos activo y pasivo, base
gravable y tarifa) y (iii) porque no cumplen con la característica y elemento material
de que lo que se recaude se destine al sector específico, dado que quien se beneficia
de las prerrogativas del sistema es el trabajador y no el empleador propiamente.

La Corte Constitucional ha mantenido una postura pacífica y consistente en cuanto a
la naturaleza tributaria de la cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al
sistema de seguridad social integral, que es catalogada como una contribución
parafiscal, y no como un impuesto o una tasa. En ese sentido por ejemplo, en la
sentencia C-040 de 199327, se consideró lo siguiente:

«De las anteriores exposiciones quedan varias cosas claras. En primer lugar que el término
"contribución parafiscal" hace relación a un gravamen especial, distinto a los impuestos y tasas.
En segundo lugar, que dicho gravamen es fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra
de manera obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos intereses o necesidades se
satisfacen con los recursos recaudados. En tercer lugar, que se puede imponer a favor de entes
públicos, semipúblicos o privados que ejerzan actividades de interés general. En cuarto lugar
que los recursos parafiscales no entran a engrosar las arcas del presupuesto Nacional. Y por
último, que los recursos recaudados pueden ser verificados y administrados tanto por entes
públicos como por personas de derecho privado».

25
Fls. 31 vto. a 38 y 31.
26
Fl. 69 c.p. 1.
27
M.P. Ciro Angarita Barón.
13

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La anterior posición se reafirmó en la sentencia C-577 de 199528, al manifestarse que:

«Los ingresos parafiscales, denominados en la Carta "contribuciones parafiscales" (art. 150-
12), se distinguen de otras especies tributarias en que se trata de recursos exigidos de manera
obligatoria y a título definitivo, a un grupo determinado de personas, que se destinan a la
financiación de un servicio o un bien específico, dirigido al grupo de personas gravadas. El pago
de la contribución otorga al contribuyente el derecho a percibir los beneficios provenientes del
servicio, pero la tarifa del ingreso parafiscal no se fija como una contraprestación equivalente
al servicio que se presta o al beneficio que se otorga. Los ingresos parafiscales tienen una
específica destinación y, por lo tanto, no entran a engrosar el monto global del presupuesto
Nacional».

La Corte Constitucional también se ha referido a la forma en que puede determinarse
la contraprestación que recibe quien paga la contribución, a partir de la comparación
con los impuestos y las tasas. Al respecto ha señalado29:

«Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte los tributos parafiscales no se identifican
con las tasas. En primer lugar, este tipo de gravamen no genera una contraprestación directa y
equivalente por parte del Estado y por ello su tarifa se fija con criterios distintos a los que se
utilizan para determinar el monto de las tasas: mientras esta última se fija como una
contraprestación equivalente al beneficio que el Estado otorga al contribuyente, la de aquellas
pueden determinarse con fundamento en principios distributivos, de solidaridad, eficiencia, etc.,
con independencia del valor o precio del servicio que el Estado presta como contraprestación
por el pago.

[…]

Al mismo tiempo los tributos parafiscales se diferencian de los impuestos dado que se destinan
de manera específica a financiar la prestación de un servicio divisible como una
contraprestación, aunque no directa ni equivalente, mientras que los impuestos ingresan al
presupuesto Nacional y no implican contraprestación alguna».

La jurisprudencia constitucional sintetizó los elementos materiales de los recursos
parafiscales en los siguientes términos30:

«1) Obligatoriedad: el recurso parafiscal es de observancia obligatoria por quienes se hallen
dentro de los supuestos de la norma creadora del mencionado recurso, por tanto el Estado
tiene el poder coercitivo para garantizar su cumplimiento.

2) Singularidad: en oposición al impuesto, el recurso parafiscal tiene la característica de afectar
un determinado y único grupo social o económico.

3) Destinación Sectorial: los recursos extraídos del sector o sectores económicos o sociales
determinados se revierten en beneficio exclusivo del propio sector o sectores».

En la sentencia C-711 de 200131, a la luz de los anteriores elementos, la Corte
Constitucional analizó los aportes a salud y pensión. Concluyó que estos tienen
naturaleza parafiscal, tras considerar lo siguiente:

«Poniendo en un extremo los elementos que anuncian la parafiscalidad, y en el otro los aportes
para salud y pensiones, se tiene: 1) los mencionados aportes son de observancia obligatoria
para empleadores y empleados, teniendo al efecto el Estado poder coercitivo para garantizar

28
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
29
Sentencia C-577 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30
Ibídem.
31
M.P. Jaime Araujo Rentería.
14

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su cumplimiento; 2) dichos aportes afectan, en cuanto sujetos pasivos, a empleados y
empleadores, que a su turno conforman un específico grupo socio-económico; 3) el monto de
los citados aportes se revierte en beneficio exclusivo del sector integrado por empleadores y
empleados. Consecuentemente ha de reconocerse que los aportes a salud y pensiones son de
naturaleza parafiscal».

Las anteriores previsiones no son ajenas tratándose del sistema de riesgos laborales,
que de entrada sea del caso precisar, hace parte del sistema de seguridad social
integral32, y cuyos aportes también son considerados de naturaleza parafiscal, como
lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-460 de 201333, al señalar que:

«Las Administradoras de Riesgos Laborales tienen como fuentes de financiación las
cotizaciones que realizan los empleadores y las transferencias del Sistema General de
Participaciones. Aunque, también resulta una importante fuente de capitalización los
rendimientos financieros producto de la administración de estos recursos. En general, éstos
tienen naturaleza parafiscal, es decir pública, luego su destinación es específica y no pueden
dejar de invertirse en la satisfacción de obligaciones que la ley haya dispuesto».

Ahora, atendiendo a la definición de las contribuciones parafiscales contenida en el
artículo 29 del Decreto Ley 111 de 1996, que prevé que son «los gravámenes
establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo
social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector», la Corte Constitucional
se ocupó de establecer cómo debía entenderse la noción de «grupo socio-económico»,
como aquellos a quienes se les impone la carga tributaria y al mismo tiempo se
benefician de ella. Sobre el particular estableció34:

«El concepto de grupo socio-económico, que supera la noción de sector, debe entenderse
en un sentido amplio, toda vez que el beneficio que reporta la contribución no sólo es
susceptible de cobijar a quienes directa o exclusivamente la han pagado, sino también a
aquellos que por razón de los vínculos jurídicos, económicos o sociales que los ligan para con
el respectivo grupo pueden válidamente hacer uso y aprovechar los bienes y servicios
suministrados por las entidades responsables de la administración y ejecución de tales
contribuciones. Así por ejemplo, considerando que los empleadores y trabajadores constituyen
un grupo socio-económico específico, resulta indudable que estos últimos tienen derecho
a beneficiarse de la utilización de las contribuciones parafiscales percibidas en virtud de los
pagos hechos por los primeros, tal como puede constatarse en torno a los aportes que los
empleadores deben hacer, con exclusividad, al SENA, al ICBF y a las CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR. En el mismo sentido puede predicarse el beneficio que reportan
unos empleadores respecto de otros en lo que hace a la capacitación y cualificación que pueden
alcanzar sus trabajadores a través de los correspondientes programas curriculares, sin que
para nada importe la mayor o menor cuantía que cada empresa liquide y pague con base en
su nómina. Pues, sencillamente, se beneficia el grupo.

Estos perfiles de la parafiscalidad no acusan excepciones en los dominios de la seguridad
social, antes bien, de la realidad económico-social resultante de los aportes realizados a salud
y pensiones por parte de trabajadores y empleadores, dimanan inferencias como las
siguientes: 1) hay trabajadores que a pesar de estar cotizando para salud, nunca o en
contadas ocasiones apenas si hacen uso de los servicios que correlativamente les ofrece la
EPS, en razón de su pertenencia a la esfera de la medicina prepagada. En tales eventos los
recursos arbitrados por la EPS devienen en beneficio efectivo de quienes sí utilizan los servicios
de salud; 2) los aportes que hacen los trabajadores a pensiones no los benefician, ni mucho
menos, inmediatamente. Por el contrario, entre tanto cumplen con los requisitos para acceder
a la condición de pensionados, el monto de sus cotizaciones ingresa y fluye como parte integral

32
Cfr. el artículo 8 de la Ley 100 de 1993.
33
M.P. Alberto Rojas Ríos.
34
Sentencia C-711 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
15

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de la masa monetaria necesaria al cumplimiento de las mesadas pensionales de otras personas
distintas que otrora hicieron también sus aportes sin beneficio inmediato».

Del recuento jurisprudencial se concluye que las cotizaciones obligatorias al sistema
de seguridad social integral, así como a las cajas de compensación familiar: (i) son
de naturaleza tributaria, (ii) pertenecen a la categoría tributaria de las contribuciones
parafiscales, (iii) se exigen obligatoriamente a un grupo determinado de personas,
gremio o colectividad, (iv) los recursos se destinan a la financiación de un servicio o
bien específico, dirigido al grupo de personas gravadas, (v) los empleadores y
trabajadores conforman un especifico grupo socio-económico, (vi) los recursos tienen
destinación específica y no ingresan al presupuesto nacional y (vii) la
contraprestación se determina con fundamento, entre otros principios, en los de
solidaridad y eficiencia, y no depende del valor o precio del servicio que el Estado
presta como retribución del pago.

En ese contexto, contrario a lo afirmado por el apelante, las cotizaciones al sistema
de seguridad social integral sí son de naturaleza tributaria, se enmarcan dentro de la
categorización de tributos (como género) y se clasifican dentro de las denominadas
contribuciones parafiscales (como especie), y su pago no obedece a la prestación
específica de alguno de los servicios públicos que comprende el sistema, sino a la
contribución para que aquel goce de financiamiento, pues como lo dijo la Corte
Constitucional, el aporte se causa independiente de que se utilice o no alguno de los
servicios que ofrece.

Además, no es cierto que los aportes carezcan de singularidad y especificidad, pues
como quedó expuesto, las cotizaciones afectan a un determinado grupo social y se
dirigen para su propio beneficio, entendido el grupo, como el conformado por el
empleador y trabajador, así como por aquellos que por razón de los vínculos jurídicos,
económicos o sociales se encuentran ligados con el respectivo grupo.

Ahora, en cuanto a la falta de ley que determine los elementos del tributo, debe
señalarse lo siguiente: la base gravable de los aportes a salud y pensión está
consagrada en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993 y se determina en función
del salario mensual al tenor del artículo 127 del CST, para el sistema de riesgos
laborales según el artículo 17 del Decreto 1295 de 1994, es la misma que para el
sistema de pensiones (salario).

En cuanto a las tarifas, tratándose del sistema de pensiones están previstas en el
artículo 7 de la Ley 797 de 2003, para salud en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993
y para riesgos laborales en el artículo 18 del Decreto 1295 de 1994.

Los sujetos pasivos son aquellos que los artículos 15, 17, 157 (literal a.) prevén como
sujetos obligados a la afiliación y pago de las cotizaciones al sistema de pensiones y
de salud, entendiéndose en todo caso, que el pago es compartido pero la
responsabilidad de cumplir con el deber formal es exclusiva del empleador. En el caso
del sistema de riesgos laborales es el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994, el que
señala quiénes serán los afiliados en forma obligatoria y voluntaria al sistema.

Por los motivos expuestos, no prospera el cargo de apelación.

16

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Competencia de la UGPP para determinar el IBC para los aportes con destino al
sistema de la protección social

La parte apelante considera que la UGPP carece de competencia para determinar
qué pagos constituyen o no salario, pues este asunto está reservado a la jurisdicción
ordinaria laboral.

Al respecto, debe señalarse que del estudio armónico de las normas (Ley 1151 de
2007 (art. 156), Decretos 169 de 2008 (art. 1), 5021 de 2009 (arts. 7, 18 y 20) y 575
de 2013 (arts. 19 y 21), derogatorio del Decreto 5021 de 2009), se desprende que la
UGPP tiene asignada la competencia de fiscalización y determinación de las
contribuciones al sistema de la protección social35, para lo cual, la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de dicha entidad podrá́ proferir las liquidaciones
oficiales y la Dirección de Parafiscales resolver los recursos de reconsideración
interpuestos contra aquella.

De igual forma, la entidad tiene competencia para adelantar las acciones e
investigaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones con el
sistema de la protección social, comprobar la exactitud de las declaraciones de
autoliquidación y determinar la completa y oportuna liquidación de aportes, lo que
comprende la aplicación de las normas laborales para efectos de establecer el IBC.

En ejercicio de la anterior atribución, la entidad puede analizar todos los medios
probatorios que estén a su alcance, incluidos los contratos laborales, todo, con el
objeto de verificar qué pagos de los que recibe el trabajador deben integrar la base
gravable, competencia que es independiente de la asignada a los jueces para dirimir
los conflictos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, pues
en estos últimos casos, el análisis se realiza a partir de la relación trabajador –
empleador, y no Autoridad Tributaria – aportante como ocurre en la labor de
fiscalización que adelanta la UGPP.

Por lo anterior, se concluye que la entidad sí tenía competencia para constatar qué
pagos de los que reciben los trabajadores vinculados a la sociedad demandante
constituyen o no salario para efectos de determinar el ingreso base de cotización.

En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

De la inclusión de las bonificaciones BML en el IBC

El Tribunal reconoció que los beneficios que recibe el trabajador de su empleador de
manera habitual o no, no constituyen factor salarial siempre y cuando las partes así
lo hayan acordado, y después de analizar el caso del trabajador «LUIS OCTAVIO
SAENZ VARGAS», dispuso que la bonificación BML debía integrar el IBC porque si
bien en el contrato se pactó que se pagaría una bonificación que no constituye salario,
no se aportó el cuadro adjunto al contrato en el que se liquidaba la misma. El a quo

35
En ese sentido Cfr. las sentencias del 2 de octubre de 2019, Exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 15 de
octubre de 2021, Exp. 23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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señaló que igual situación se presentó en relación con los otros 25 trabajadores de
quienes se aportó el contrato de trabajo y otrosíes como prueba en vía judicial.

La parte apelante considera que a la sociedad le incumbe probar la existencia de la
cláusula de exclusión salarial pero no el contenido material de esta en el sentido de
entrar a probar que los pagos hechos sí se incluyen dentro de su tenor literal.

Para resolver, se precisa que en la Liquidación Oficial nro. RDO 812 del 1° de octubre
de 2015, los ajustes determinados por inexactitud obedecieron a los siguientes
conceptos:

«(i) Registró pago de aportes por valores inferiores a los que legalmente estaba obligado en los
periodos enero a diciembre de 2013, de acuerdo con la liquidación efectuada por la UGPP a
partir de las pruebas recopiladas durante la investigación y los pagos reportados en la PILA.

(ii) Conceptos de pago reportados por el aportante como no constitutivos de salario, pero
determinados por la Unidad como constitutivos de salario en el Requerimiento para Declarar
y/o Corregir.

(iii) Conceptos de pago NO constitutivos de salario.

(iv) Otros pagos laborales».

De todos estos, en sede judicial el único que se cuestiona es el relacionado con los
conceptos que el aportante reportó como no constitutivos de salario, pero que la
UGPP calificó de forma contraria, es decir, como salariales, y dentro de los cuales se
encuentra la bonificación BML.

La UGPP consideró que dicha bonificación era salarial porque es un «pago que se
liquida quincenalmente y se desprende de un acuerdo de voluntades entre las partes ligado
al manejo del tiempo de trabajo y la efectividad del mismo», por lo tanto, correspondía a la
contraprestación directa del servicio y, en consecuencia, debía integrar en su totalidad
el IBC. Además, no se encontraron pactos de desalarización o documento equivalente
que permitiera darles un tratamiento diferente.

Revisado el CD de antecedentes administrativos, en particular los formatos en los
que la sociedad demandante reportó la información de nómina a la UGPP36 (Anexo
descripción de pagos), se tiene lo siguiente respecto de la bonificación BML:

Nombre concepto o Forma de Periodicidad del
Descripción del pago Beneficiarios del pago
beneficio liquidación pago

Pago que se liquida
quincenalmente y se
I.B.C. (BONIFICACIÓN desprende de un acuerdo de Algunos Operarios de
DE MERA voluntades entre las partes Quincenal. Quincenal. Planta tales como
LIBERALIDAD) ligado al manejo del tiempo ensambladores y torneros.
de trabajo y efectividad en el
mismo.

36
Fl. 257 CD. Carpetas: «6522 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM SA 860001300»; «6522 Respuestas Digitales.7z»; «Radicados de
Entrada»; «7. Rad. 20147362229672 01 AGO Rta Requerimiento»; «IHM». Archivo:
«1406755531413_3.0_Nominas_Mensuales_2011_2012_y_2013.xls».
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Según la descripción del aportante, la bonificación que aquí se discute tiene como
propósito retribuir el tiempo de trabajo y la efectividad en el mismo, por lo que no cabe
duda de que tiene naturaleza salarial, pues remunera el servicio que el empleado
presta al empleador.

En ese contexto, conforme con la regla de unificación número 1 prevista en la
sentencia del 9 de diciembre de 202137, «[e]l IBC de aportes al Sistema de Seguridad
Social (subsistemas de pensión, salud y riesgos profesionales) únicamente lo componen los
factores constitutivos de salario, en los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que
por su esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador», lo que
en principio, llevaría a la Sala a inferir que la bonificación BML por retribuir el trabajo
y ser considerada salarial debería integrar en su totalidad el IBC.

No obstante, en la misma sentencia de unificación en la regla número 2 se estableció
que, «[e]n virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores
y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al
Sistema de Seguridad Social».

Sobre la carga de la prueba en materia de aportes al sistema de la protección social
y la connotación salarial o no de los pagos, en la aludida sentencia de unificación se
estableció la regla número 5 según la cual, «[l]os conceptos salariales y no salariales
declarados por el aportante en las planillas de aportes al sistema de la seguridad social o
PILA se presumen veraces. Si el ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario
para incluirlos en el IBC de aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde
al empleador o aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a
través de los medios probatorios pertinentes».

En el caso in examine la parte demandante no justificó la naturaleza no salarial del
pago, pero sí aportó como prueba en vía judicial 25 contratos de trabajo con los que
pretende demostrar que se desalarizó la bonificación para que no se incluyera en el
IBC.

Contratos que son susceptibles de ser valorados en esta instancia así no se hayan
allegado en sede administrativa, en virtud del principio de libertad probatoria y el
consecuente derecho que le asiste a las partes de aportar los medios de prueba
necesarios para acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que persiguen38.

Los contratos a los que hace referencia la Sala son los siguientes:

Nro. Nombre trabajador Cláusula de Vigente Fls.
(Como consta en el contrato) exclusión c.p.1

1. Jhon Jairo Lozada Díaz Si Si 70 a 72
2. Cristian David Valenzuela Prieto Si Si 74 a 77
3. Luis Octavio Sáenz Vargas Si Si 80 a 82

37
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.
38
Cfr. sentencia del 6 de agosto de 2015, Exp. 20130, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Criterio reiterado, entre otras, en
las sentencias del 14 de junio de 2018, Exp. 21061, del 4 de octubre de 2018, Exp. 19778, del 25 de julio de 2019, Exp. 21683
y del 17 de febrero de 2022, Exp. 25196, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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4. Richard Ramírez Ceballos Si Si 84 a 86
5. Eddie Alexander Prieto Otálora Si Si 89 a 91
6. Francisco Javier Porras Caicedo Si No39 93 a 95
7. Néstor Enrique Pimiento Rueda Si No40 97 a 100
8. Richar Alquiber Pérez López Si Si 101 a 104
9. Wilsson Albeiro Mora Riaño Si Si 105 a 109
10. Artidoro Martínez Sánchez Si Si 118
11. Rubiel Antonio Herrera Payagueje Si Si 121
12. Yecyd Norberto Hernández Sierra Si Si 122 a 124
13. Yamil Omar Herrera Soler Si Si 132
14. Daniel Felipe Gutiérrez Muñoz Si Si 133 a 135
15. Carlos Alfredo Gómez Sandoval Si Si 137 a 139
16. Alex Andrés Caleño Bocanegra Si Si 146
17. Álvaro Aponte Garzón Si Si 147 a 149
18. Edwin Fabián Corredor Laiton Si Si 152 a 154
19. Roger Leonardo Anturi León Si Si 159
20. Hugo Fabián Fresneda Alarcón Si Si 164
21. Jeison Leonardo Villalobos Quevedo Si Si 169
22. Oscar Eduardo Garzón Cifuentes No Si 170 a 175
23. Jesús Guarín Aguirre Si Si 176 a 178
24. Jimmy Jair Tovar Hurtado Si Si 182
25. Fernando Vargas Arévalo Si Si 187

Del análisis de los anteriores contratos, se tiene que:

a) En todos consta como parte contratante (empleador) la sociedad Ignacio Gómez
IHM S.A.S.

b) El contrato del trabajador Oscar Eduardo Garzón Cifuentes (nro. 22) no tiene
cláusula de exclusión salarial.

c) Las cláusulas de exclusión salarial de los siguientes trabajadores no gozan de
vigencia para los periodos fiscalizados:

Francisco Javier Porras Caicedo (nro. 6) y Néstor Enrique Pimiento Rueda (nro. 7)
celebraron los contratos de trabajo los días 1 de diciembre de 2009 y 3 de noviembre
de 2009, respectivamente, pero no se incluyó la cláusula de desalarización. En ambos
casos el 28 de abril de 2016 se firmaron otrosíes en los que sí se pactó que las
bonificaciones no tendrían naturaleza salarial, no obstante, son posteriores a los
periodos fiscalizados (enero a diciembre de 2013), por lo que carecen de vigencia.

d) Los demás contratos u otrosíes contienen una cláusula en la que se pacta que las
bonificaciones por mera liberalidad que obtenga el trabajador en el ejercicio de sus
funciones que se desprenden del contrato individual de trabajo y que a criterio de la

39
El contrato inicial fue celebrado el 1 de diciembre de 2009 y en él no se incluyó cláusula de desalarización. En el otrosí firmado
el 28 de abril de 2016 sí se pactó cláusula de desalarización. No obstante, es posterior a los periodos fiscalizados. Fl. 96 c.p. 1.
40
El contrato inicial fue celebrado el 3 de noviembre de 2009 y en él no se incluyó cláusula de desalarización. En el otrosí
firmado el 28 de abril de 2016 sí se pactó cláusula de desalarización. No obstante, es posterior a los periodos fiscalizados. Fl.
100 c.p. 1.
20

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empresa ameriten recibir un premio, regalo, bono o incentivo, para ningún efecto legal
constituyen salario.

En este caso particular, no se requiere, como lo afirmó el a quo, de la tabla o cuadro
adjunto al contrato de trabajo en el que se liquidara o cuantificara la bonificación que
no constituye salario, pues lo determinante es que se pruebe que no tendrá esa
naturaleza, independiente de que en el mismo contrato se señale el valor del pago,
pues aquel puede variar dadas las condiciones laborales para su reconocimiento.

Así las cosas, es pertinente traer a colación las reglas de unificación enunciadas en
los numerales 3 y 4 de la ya referida sentencia de unificación del 9 de diciembre de
2021, que consisten en lo siguiente: «3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el
límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la
remuneración. En estos eventos, los aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que
constituyen salario, independiente de la denominación que se les dé (art. 127 CST –
contraprestación del servicio) y, además, los que las partes de la relación laboral pacten que
no integrarán el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración»
y «4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los
medios de prueba pertinentes».

Las citadas reglas resultan aplicables al presente asunto, comoquiera que, con los
contratos se demostró la voluntad de las partes de la relación laboral de excluir del
IBC los pagos por concepto de bonificaciones, que como quedó expuesto, por retribuir
la labor prestada por el trabajador son verdaderos pagos laborales, y en esa medida,
no pueden exceder el 40% del total de la remuneración. En caso de que así sea, el
porcentaje que exceda se sumará a los demás pagos laborales no desalarizados y
en conjunto integrarán el IBC.

En conclusión, prospera parcialmente el cargo de apelación y, en consecuencia,
respecto de los 22 trabajadores que se demostró el pacto de exclusión salarial y la
vigencia del mismo, se le ordenará a la UGPP que reliquide los aportes en relación
con la bonificación BML durante los periodos fiscalizados (enero a diciembre de
2013), aplicando el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
por tratarse de un pago salarial que las partes pactaron no integraría el IBC.

Por último, no le asiste razón al apelante cuando señala que son las normas de la Ley
100 de 1993 y del CPACA las que deben aplicarse al proceso de determinación de
los aportes al sistema de la protección social y para la imposición de la sanción, pues
según el inciso 6 del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 (vigente), en lo no previsto
en dicha norma, aplican los procedimientos de liquidación oficial establecidos en el
Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. Además, con la expedición de la Ley
1607 de 2012 (artículos 178 y ss.) se reguló el proceso y etapas de la determinación
de los tributos a cargo de la UGPP.

Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad
parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO 812 del 1º de octubre de 2015 y de la
Resolución nro. RDC 695 del 31 de octubre de 2016, únicamente en lo que refiere a
la bonificación BML. Por ese motivo, se ordenará a la UGPP que, a título de
restablecimiento del derecho reliquide los aportes de los 22 trabajadores que se
analizaron en esta providencia y en la medida que hayan devengado la bonificación
BML durante los periodos fiscalizados (enero a diciembre de 2013), aplicando el límite
21

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del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por tratarse de un pago
salarial que las partes pactaron no integraría el IBC.

Respecto de las pretensiones de que se ordene la devolución de las sumas pagadas
por concepto de aportes y de sanción, junto con los intereses corrientes y/o
moratorios, la Sala advierte que los actos demandados están relacionados con la
determinación de los aportes, mas no con su devolución, por lo tanto, no es
procedente la solicitud.

En cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), se
observa que a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, esta no resulta
procedente, por cuanto prosperó parcialmente el recurso de apelación y en el
expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. En su lugar,
se dispone:

1. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro. RDO 812
del 1º de octubre de 2015, expedida por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP contra la sociedad IGNACIO GÓMEZ IHM S.A.S. por
mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al sistema de la protección social, por los periodos comprendidos entre
enero a diciembre de 2013, y se sanciona por inexactitud por la vigencia 2013; y
de la Resolución nro. RDC 695 del 31 de octubre de 2016, por la que la Dirección
de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de reconsideración en el sentido
de modificar el acto recurrido para disminuir el valor de los aportes y de la sanción.

A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP que reliquide los
aportes de los 22 trabajadores que se analizaron en esta providencia y en la
medida que hayan devengado la bonificación BML durante los periodos
fiscalizados (enero a diciembre de 2013), aplicando el límite del 40% previsto en
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, por tratarse de un pago salarial que las
partes pactaron no integraría el IBC.

2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Jorge Otoniel Pabón Cely
como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder
visible en el índice 21 de SAMAI.
22

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Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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