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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00503-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00503-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 26 de junio de 2020. 2. Sin condena en costas. 3. Reconocer a Jhonathan Arisbey Linares Beltrán como apoderado de la SSPD en los términos y para los fines contenidos en el poder que le fue conferido y que obra a índice 19 de SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-00503-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de junio de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00503-01 (25910)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2017-00503-01 (25910)
Demandante GAS NATURAL S.A. E.S.P.
Demandado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,
SSPD

Temas Contribución especial Ley 142 de 1994. Año gravable 2016.
Inclusión de las cuentas del grupo 75 en la base gravable.
Reiteración de jurisprudencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Vanti S.A. E.S.P. (antes Gas
Natural S.A. E.S.P.1) contra la sentencia del 26 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que
decidió:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Gas Natural
S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: En los términos del poder conferido visible en el folio 179 del expediente,
RECONOCER personería para actuar como apoderado de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, al abogado Marco Andrés Mendoza Barbosa, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 80.153.491 y portador de la Tarjeta Profesional No. 140.143, expedida por
el C. S. de la J.
TERCERO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas»2.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) profirió
la Resolución Nro. SSPD-20161300032675 del 22 de agosto de 2016, mediante la
cual determinó la tarifa y la base gravable de la contribución especial de que trata
el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para el año gravable 2016.

Con base en lo anterior, la misma entidad profirió la Liquidación Oficial Nro.
20165340026966 del 31 de agosto de 2016, determinando la contribución especial
a pagar por Gas Natural S.A. E.S.P. por valor de $3.767.745.000 para el año 2016.

La sociedad contribuyente interpuso recursos de reposición y de apelación contra
la anterior decisión.

1 Gas Natural S.A. E.S.P. modificó su nombre por el Vanti S.A. E.S.P. mediante la Escritura Pública Nro. 1439
del 7 de abril de 2020 suscrita ante la Notaría 21 de Bogotá. Cfr. SAMAI. Índice 2. PDF 27.
2 SAMAI. Índice 2. PDF 14.
1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00503-01 (25910)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

La SSPD negó los recursos con las Resoluciones Nro. SSPD-20165300060715 del
27 de octubre de 2016 y Nro. SSPD-20165000064245 del 29 de noviembre del
mismo año.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Gas Natural S.A. E.S.P. (hoy Vanti
S.A. E.S.P.) formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Solicitamos se anule los siguientes actos administrativos:

1.1. La Liquidación Oficial 2016 N° 20165340026966 del 31 de agosto de 2016 – Expediente
2016534260101106E – mediante la cual la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS determinó que la contribución especial a pagar por la
empresa GAS NATURAL S.A. E.S.P. para el año 2016 corresponde a la suma de TRES
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS M/C ($3.767.745.000.00).

1.2. La resolución SSPD No. 20165300060715 del 27 de octubre de 2016, mediante la cual
la Directora Financiera de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, CONFIRMÓ la liquidación oficial 2016 N° 20165340026966, y
ORDENÓ a la empresa GAS NATURAL S.A. ESP efectuar el pago correspondiente
dentro del mes siguiente a la fecha en que quede en firme la liquidación y CONCEDIÓ
el recurso de apelación ante el Secretario General de la Superintendencia.

1.3. La resolución SSPD No. 20165000064245 del 29 de noviembre de 2016, mediante la
cual la Secretaria General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, CONFIRMÓ la liquidación oficial 2016 N° 20165340026966 y
ORDENÓ a la empresa GAS NATURAL S.A. ESP efectuar el pago correspondiente
dentro del mes siguiente a la fecha en que quedara en firme la liquidación.

SEGUNDO: En consecuencia de la nulidad de los actos demandados, solicitamos ordenar
que la contribución especial del año 2016, se liquide nuevamente ajustándose a los criterios
que fijó la Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia y que se le devuelvan las sumas en exceso que
la demandante pagó injusta y arbitrariamente por razón de los actos acusados, más la
indexación de la suma devuelta desde la fecha del pago hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia»3.

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 13, 95, 338 y 363 de
la Constitución, así como los artículos 3, 85 y 87 de la Ley 142 de 1994. Los cargos
de nulidad se resumen así4:

1. Los actos acusados incluyeron indebidamente y sin motivación
adecuada las cuentas del grupo 75 como gastos operativos en la base
gravable del tributo

La demandante inició la exposición del cargo afirmando que el parágrafo 2 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que los gastos operativos podrán ser
adicionados a la base gravable de la contribución especial en la proporción que sea
necesaria para cubrir faltantes presupuestales de la SSPD. Empero, sostuvo que
en este caso la entidad demandada adicionó las cuentas del grupo 75 en la base
gravable de la contribución especial sin exponer el fundamento legal, contable o

3 SAMAI. Índice 2. PDF 10. Páginas 1 a 2.
4 SAMAI. Índice 2. PDF 10. Páginas 4 a 11.
2

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

reglamentario de su decisión.

A continuación, la sociedad actora afirmó que la adición de las cuentas 753005 (uso
de líneas, redes y ductos), 753006 (costo de distribución y/o comercialización de
gas natural) y 753702 (gas combustible) causan un perjuicio a las empresas
distribuidoras y comercializadoras de gas natural porque adicionan a la base
gravable del tributo los costos directos de la actividad desarrollada en cumplimiento
de su objeto social.

Para sustentar la anterior afirmación, indicó que el Consejo de Estado5 consideró
que el legislador circunscribió la base gravable de esta contribución a los gastos de
funcionamiento (cuenta 51), para lo cual se deben tener en cuenta los estados
financieros a disposición de la SSPD que reflejan la realidad económica de los
sujetos pasivos. Así las cosas, la actora sostuvo que la adición de las cuentas del
grupo 75 desconoció este precedente, en la medida que la entidad acusada no se
limitó a los gastos, sino que incluyó los costos directos en la determinación del
tributo por el año 2016.

Insistió en que la jurisprudencia consideró que la adición de las cuentas del grupo
75 está relacionada con los costos de producción, los cuales no pueden equipararse
a los gastos de funcionamiento porque la Ley 142 de 1994 no lo previó así. Así las
cosas, para la demandante, al aplicar este criterio, tampoco se puede asimilar el
concepto de gasto de operación al de costo directo, pues el legislador no lo previó
de esa manera.

Con base en lo anterior, la demandante afirmó que no solo fue desconocido el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sino también el artículo 3, en la medida que los
actos acusados no fueron debidamente motivados.

Además, destacó que la aplicación de lo dispuesto en la Resolución Nro. SSPD-
20161300032675 (acto administrativo de carácter general que fijó la tarifa de la
contribución para 2016) violó el artículo 338 de la Constitución porque va en sentido
contrario a lo dispuesto por el legislador.

Indicó que en los actos que decidieron los recursos de reposición y apelación se
sostuvo que procede la adición de las cuentas del grupo 75 porque constituyen
gastos operativos similares a los contemplados por el artículo 85 de la Ley 142 de
1994 para las empresas del sector eléctrico. Sin embargo, para la demandante, esta
afirmación es contradictoria porque la jurisprudencia consideró que no puede
equipararse el concepto de gasto al de costo, que fue lo que hizo la entidad
demandada con la inclusión de las cuentas 75 en la base gravable del tributo.

Para finalizar la exposición de este cargo, la actora sostuvo que los actos acusados
se fundamentaron en la realización de una interpretación del efecto útil de la norma,
pero esto no justifica el desconocimiento del precedente y vulnera el artículo 338 de
la Constitución.

2. La adición de las cuentas del grupo 75 viola los principios de igualdad,
justicia y equidad

Reiteró que la adición de las cuentas del grupo 75 equivale a la inclusión de costos

5 La actora identificó la providencia solo con la siguiente información: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente: 25000-23-38-000-2012-00060-01 (20449).
3

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en la base gravable del tributo, no de gastos de funcionamiento ni de gastos
operativos.

Aunque la SSPD justificó la inclusión de las cuentas 75 en la liquidación oficial del
tributo en la Ley 142 de 1994 y el acto general que fijo la tarifa, la Resolución Nro.
SSPD-20161300032675 de 2016, lo cierto es que los actos de carácter particular
desconocieron los artículos 13, 95 y 363 de la Constitución que regulan los
principios de igualdad, equidad y justicia tributaria.

Luego, la actora transcribió el contenido de los artículos antes mencionados e
insistió que la adición de los costos directos a los que se refiere la cuenta 75 le
impone una carga tributaria superior a la de otras empresas que prestan servicios
públicos domiciliarios y son vigiladas por la SSPS.

Para fundamentar la anterior afirmación, destacó que las cuentas incluidas en
liquidación (753005, 753006 y 753702), constituyen costos directos en que incurre
las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, pero no para aquellas
dedicadas al transporte de gas natural. En consecuencia, a su juicio, la inclusión de
las cuentas referidas beneficia a estas últimas porque les reduce la tarifa aplicable
en la medida que no distribuyen, comercializan, usan redes o compran gas natural,
lo que pone a la sociedad actora en una situación de desigualdad frente a otras
empresas de servicios públicos domiciliarios.

3. La adición de las cuentas del grupo 75 supuso un incremento
desproporcionado del valor a pagar por concepto de contribución
especial

Para contextualizar este cargo de nulidad, la actora afirmó que el modelo tarifario
diseñado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG) no
reconoce incrementos significativos que se pueden presentar en las liquidaciones
de la contribución especial por parte de la SSPD. Así las cosas, afirmó que el pago
del tributo por el año 2016 afecta la suficiencia financiera de la empresa.

Para fundamentar lo anterior, sostuvo que el numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley
142 de 1994 establece el principio de suficiencia financiera del régimen tarifario. Sin
embargo, consideró que la inclusión de las cuentas 753005, 753006 y 753702
supone la inclusión de los costos directos en la determinación del tributo, por lo que
se trata de una erogación que no se puede recuperar cada año mediante las tarifas
definidas por la CREG. Así las cosas, los actos acusados proferidos por la SSPD
vulneran dicho principio y se pone en peligro la recuperación de los costos prevista
en la legislación.

La actora afirmó que en los actos que decidieron los recursos de reposición y de
apelación no se desvirtuó la violación del principio de suficiencia financiera porque,
si bien es cierto que la metodología tarifaria aprobada por la CREG tiene en cuenta
la contribución especial, dicho método no permite incorporar los incrementos del
tributo de forma inmediata, por lo que la recuperación se pospone en el tiempo al
siguiente periodo tarifario. Tan es así que, sostiene la demandante, que al momento
de la presentación de la demanda aún se aplica el método tarifario aprobado por la
CREG en la Resolución Nro. 011 de 2003 que, si bien prevé factores de
actualización, en ningún caso permite incorporar los valores exorbitantes cobrados
por la SSPD, por lo que la empresa está obligada a apalancarse para el
cumplimiento de sus obligaciones.
4

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

Oposición a la demanda

La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos6:

La entidad accionada destacó que el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de
1994 establece que la base gravable de la contribución especial no incluirá los
gastos operativos, excepto cuando sean indispensables para cubrir faltantes
presupuestales de la entidad.

Así, destacó que para el año 2016 fueron adicionadas las cuentas del grupo 75, que
corresponden a gastos operativos, porque se identificó un faltante presupuestal con
la aprobación de la Ley de Presupuesto 1769 del 24 de noviembre de 2015 y el
Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación 2550 del 30 de
diciembre del mismo año, pues la inclusión de los gastos funcionamiento solo
permitiría cubrir el 33.95% del presupuesto aprobado a la entidad para la vigencia
2016.

En hilo con lo anterior, señaló que las cuentas relacionadas con el servicio de gas
natural son las (i) uso de líneas, redes y ductos, (ii) costo de distribución y/o
comercialización de gas natural y (iii) gas combustible. Así mismo, sostuvo que tomó
la información suministrada por los prestadores de servicios públicos a través del
Sistema Único de Información (SUI) para el año 2015 y el valor de las tasas, multas
y contribuciones para la vigencia 2016, como lo dispone la Ley 142 de 1994.

Con base en lo anterior, la entidad afirmó que actuó dentro de sus competencias
legales, de tal modo que no desconoció el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 ni los
artículos 150, 338 y 370 de la Constitución.

De otro lado, manifestó que, si se aplica una interpretación gramatical del artículo
85 de la Ley 142 de 1994, como se hizo en la sentencia del 15 de junio de 20177,
se debe concluir que el objetivo de la contribución especial es recuperar los costos
por la prestación del servicio de vigilancia y control, de tal modo que ante la ausencia
de un faltante presupuestal procede la adición de los gastos operativos.

En todo caso, destacó que la interpretación gramatical no puede desestimar el
criterio de la interpretación contextual, según lo señala el artículo 30 del Código Civil,
lo que reafirmaría que el objetivo de la contribución especial es garantizar la
recuperación del costo del servicio de vigilancia y control en que incurre la SSPD.

Luego, la entidad accionada afirmó que los actos de carácter particular objeto de
controversia son legales porque liquidaron las cuentas 753005 (uso de líneas, redes
y ductos) y 753006 (costo de distribución y/o comercialización de gas natural)8 en
$0. Además, señaló que fueron debidamente motivados en el cumplimiento de las
condiciones legales para adicionar los gastos operativos en la determinación del

6 SAMAI. Índice 2. PDF 1. Páginas 173 y siguientes
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2016-00065-00 (22873). Sentencia del 15 de junio de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Si bien en la oposición se señala que esta cuenta la dejó en $0, revisada la liquidación oficial se observa
que debió hacerse referencia a la cuenta 753702 (Gas combustible)
5

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tributo, acorde con la jurisprudencia vigente para ese momento9.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó
las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones10:

Al analizar el caso concreto, el Tribunal indicó que está probado que la Liquidación
Oficial Nro. 20165340026966 del 31 de agosto de 2016 determinó que el tributo a
cargo de la demandante por el año 2016 es de $1.860’509.00011, para lo cual tuvo
en cuenta los conceptos de gastos de administración y costos de distribución y/o
comercialización de gas natural o combustible por redes. Además, destacó que este
acto de carácter particular se fundamentó en la Resolución Nro. SSPD-
20165340027536 (sic) del 22 de agosto de 2016, acto de carácter general que
dispuso la tarifa aplicable para la contribución especial por el año 2016 y que permite
adicionar el concepto de costo de distribución y/o comercialización de gas natural o
combustible por redes ante un faltante presupuestal de la SSPD.

Destacó que la demandante fundamenta su concepto de la violación en que la base
gravable solo puede estar conformada por los gastos de funcionamiento porque no
se demostró la existencia de un faltante presupuestal.

Al respecto, el a quo afirmó que el Consejo de Estado resolvió un caso idéntico al
de la referencia en sentencia del 10 de mayo de 201812, en la que se indicó que la
Resolución Nro. 201651300032675 del 22 de agosto de 2016 (acto administrativo
de carácter general) sustentó suficientemente la adición ordenada de gastos
operativos para cubrir el faltante presupuestal.

Comoquiera que los actos de carácter particular objeto de controversia se
fundamentaron en la Resolución Nro. 201651300032675 del 22 de agosto de 2016,
no fue demostrada la violación del principio de legalidad ni se desconoció el
precedente que distingue los gastos de funcionamiento de los gastos operativos,

Concluyó que resultaba legal que las erogaciones por concepto de costos de
distribución y/o comercialización de gas fueran incluidas en la base de liquidación
de la contribución, con el fin de resolver el déficit presupuestal de 2016, por lo que
no era válido el argumento presentado por la demandante sobre la violación al
principio de suficiencia presupuestal.

Finalmente, señaló que no impondría condena en costas porque no se demostró su
causación.

Recurso de apelación

Vanti S.A. E.S.P. presentó recurso de apelación contra la anterior decisión para que

9 Al respecto, la entidad demandada invocó las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-2016-00065-00 (22873). Sentencia
del 15 de junio de 2017. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 21254. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 SAMAI. Índice 2. PDF 14
11 Total a pagar, luego de restar el valor de pago anticipo
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2017-00012-00 (22972). Sentencia del 10 de mayo de 2018. CP: Milton Chaves García
6

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se acceda a sus pretensiones, con base en lo siguiente13:

Inició precisando que no discute su obligación de pagar la contribución especial de
que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sino el alcance y la interpretación que
le dio la SSPD a dicha norma porque, a su juicio, afecta negativamente a las
empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural, así como de energía
eléctrica.

A continuación, transcribió el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y
sostuvo que dicha norma prevé que ante un déficit presupuestal de la SSPD se
puede incluir en la base gravable del tributo las compras de electricidad, las compras
de combustibles y los peajes, siempre y cuando estos rubros sean determinados
contablemente como gasto y no como costo. Destacó que esta precisión fue
realizada por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 201014.

La actora insistió en que la jurisprudencia señaló que no puede equipararse el
concepto de costo al de gasto porque el legislador no lo hizo en la Ley 142 de 1994,
ni puede asimilarse el gasto operacional al costo directo.

Luego, destacó en que cuando la ley permitió la adición excepcional de las compras
de electricidad, las compras de combustibles y los peajes en la base gravable del
tributo cuando existen faltantes presupuestales, lo hace de forma general sin
distinguir si estos rubros constituyen gastos o costos.

La apelante señaló que una interpretación diferente desconocería los principios de
equidad y progresividad del tributo porque, a manera de ejemplo, cuando las
empresas comercializadoras compran electricidad o gas natural para su reventa,
estarían sufragando en mayor cuantía un faltante presupuestal, el cual debería ser
cubierto por todas las empresas de servicios públicos domiciliarios por igual, ya que
dichas compras hacen parte de sus costos directos debido a que son costos propios
de la actividad que desarrolla como en el caso de la demandante la distribución y
comercialización de gas natural.

Afirmó que cuando el sentido gramatical de las palabras es claro conforme al sentido
técnico, en este caso contable, no es dado recurrir a otro tipo de interpretaciones y
menos afirmar que el criterio finalista es que para superar el faltante presupuestal
de la SSPD pueden equipararse los conceptos de costos de distribución y/o
comercialización con los de gastos operativos.

Alegatos de conclusión

La parte demandada15 solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia,
reiterando que la contribución liquidada a la actora obedecía aún faltante
presupuestal, por lo que se dio aplicación al parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley
142 de 1994. Se refirió a la Resolución Nro. SSPD-20161300032675 del 22 de
agosto de 2016 por medio de la cual se fijó la tarifa del tributo para el año 2016,
especialmente, a los cálculos realizados que demostraban el déficit presupuestal.

13 SAMAI. Índice 2. PDF 25
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 16874. Sentencia del
23 de septiembre de 2010. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.
15 SAMAI. Índice 20}
7

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00503-01 (25910)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

La parte demandante guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por los
siguientes motivos16: En la sentencia del 29 de abril de 202017 el Consejo de Estado
declaró legal la adición de las cuentas del grupo 75 a la base gravable de la
contribución especial por el año 2016, incluyendo las cuentas de (i) uso de líneas,
redes y ductos, (ii) costo de distribución y/o comercialización de gas natural (iii) gas
combustible. Debido a lo anterior, consideró que no proceden los argumentos del
recurso de apelación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial Nro.
20165340026966 del 31 de agosto, de la Resolución Nro. SSPD-20165300060715
del 27 de octubre y de la Resolución Nro. SSPD-20165000064245 del 29 de
noviembre de 2016, actos proferidos por la SSPD para determinar el valor de la
contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 a cargo de
Gas Natural S.A. E.S.P. (hoy Vanti S.A. E.S.P.) por el año gravable 2016.

La actora discute la inclusión de las cuentas 753005 (uso de líneas, redes y ductos),
753006 (costo de distribución y/o comercialización de gas natural o combustible por
redes) y 753702 (gas combustible) en la base gravable aplicada en la liquidación
oficial de la contribución especial por el año 2016 porque: (i) la SSPD no motivó
adecuadamente la inclusión de las cuentas del grupo 75; (ii) el legislador no autorizó
la inclusión de los costos directos, sino de los gastos de funcionamiento y,
excepcionalmente, de los gastos operativos; y (iii) la adición de las cuentas del
grupo 75 desconoce los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria.

Ahora, la Sala observa que la demanda que inició el proceso de la referencia fue
presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que se pretende solo la nulidad de los actos administrativos de
carácter particular que liquidaron oficialmente el valor del tributo a cargo de la actora
por la vigencia 2016.

La anterior precisión es relevante porque la adición de dichas cuentas para el
cálculo del tributo no fue dispuesta por los actos acusados, sino por la Resolución
Nro. SSPD-20161300032675 de 22 de agosto de 2016, acto de carácter general
que determinó la tarifa y la base gravable de la contribución especial para el año
gravable 2016. Así las cosas, los cargos de nulidad propuestos por la actora en la
demanda y en la apelación en realidad no controvierten la legalidad de los actos
acusados de carácter particular, sino del acto administrativo de carácter general
cuya nulidad no se pretende.

En todo caso, la Sala observa que en este caso no sería posible inaplicar la
Resolución Nro. SSPD-20161300032675 en virtud de la excepción de ilegalidad,
regulada en el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, porque los cargos propuestos por la demandante

16 SAMAI. Índice 21
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2017-00504-01 (24295). Sentencia del 29 de abril de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00503-01 (25910)
Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

fueron analizados por esta Sección en otras ocasiones, donde fueron negadas las
pretensiones de nulidad simple de dicho acto de carácter general.

En efecto, la primera sentencia que realizó un control abstracto de legalidad de la
Resolución Nro. SSPD-20161300032675 fue la sentencia del 10 de mayo de 201818,
en la que se indicó que la inclusión de las cuentas del grupo 75 en la base gravable
de la contribución especial fue debidamente motivada.

Para el asunto bajo examen, resulta de especial relevancia destacar que esta
providencia negó la nulidad por la inclusión de las cuentas 753005 (uso de líneas,
redes y ductos) y 753702 (gas combustible), las cuales fueron tenidas en cuenta en
los actos de carácter particular objeto de controversia en este proceso.

Para llegar a esta conclusión, la sentencia del 10 de mayo de 2018 analizó el
contenido del acto administrativo de carácter general y señaló lo siguiente:
«De lo anterior, la Sala advierte que en el acto se exponen las razones que sustentan la
decisión.

En efecto, informa que para determinar la tarifa y la base gravable de la contribución para el
año 2016, tuvo en cuenta la partida presupuestal aprobada para la SSPD, la información
financiera suministrada por los prestadores al SUI y los parámetros jurisprudenciales que
definen gastos de funcionamiento los que arrojan los siguientes resultados.

Partida presupuestal 2016 $104.530.664.817.00
Contribución especial
Base de liquidación $3.548.943.088.151.50 $35.489.430.881.52
Tarifa del 1%
Diferencia o faltante presupuestal Vigencia 2016 $69.041.233.935.49

Así, ante la existencia del faltante presupuestal para la vigencia 2016, la SSPD aplicó el
parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que faculta a la entidad para incluir en la
base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de servicios
públicos del sector eléctrico “los gastos operativos, las compras de electricidad, las compras
de combustibles y los peajes”, en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir
el faltante presupuestal de la Superintendencia.

Además, explicó que para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir
dicho faltante, sobre el total de los gastos operativos, que ascienden a $27.681.775.331.954. 00,
se calculó la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de liquidación
para cubrir el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 24.94% para los prestadores de
servicios públicos sujetos a contribución especial.

Contrario a lo sostenido por la actora, la resolución que fijó la tarifa de la contribución especial
para la vigencia 2016 contiene la motivación suficiente que permite a los interesados ejercer
el derecho de defensa y contradicción» (subraya fuera del texto).

Debido a lo anterior, no le asiste la razón a la demandante cuando afirma que las
cuentas del grupo 75 fueron adicionadas a la base gravable del tributo sin la
motivación suficiente.

La segunda providencia que realizó un control abstracto de legalidad de la
Resolución Nro. SSPD-20161300032675 fue la sentencia 10 de octubre de 201919,

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2017-00012-00 (22972). Sentencia del 10 de mayo de 2018. CP: Milton Chaves García.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2016-00016-01 (22394). Sentencia del 10 de octubre de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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donde se decidió la demanda de simple nulidad presentada por Gas Natural S.A.
E.S.P. que fue acumulada con otras demandas similares.

En esta providencia, y en lo que es relevante para este caso, la Sala declaró
probada la excepción de cosa juzgada parcial en cuanto que la sentencia del 10 de
mayo de 2018 negó la nulidad por la inclusión de las cuentas 753005 (uso de líneas,
redes y ductos) y 753702 (gas combustible).

Además, la sentencia del 10 de octubre de 2019 indicó que la providencia del 10 de
mayo de 2018 constituye un precedente vinculante, incluso para analizar la
legalidad de la cuenta 753006 (costo de distribución y/o comercialización de gas
natural). Así las cosas, afirmó que la SSPD también motivó suficientemente la
inclusión de esta cuenta en la base gravable del tributo al considerar que «en el
expediente constan los estudios técnico realizados por los años 2016 y 2017, que coinciden con la
motivación de los actos administrativos, y que no fueron desvirtuados por los demandantes».

De otro lado, la sentencia del 10 de octubre de 2019 estudió un nuevo cargo de
nulidad, según el cual
«la regla de excepción no permite la inclusión de todas las cuentas pertenecientes al grupo
75, sino únicamente a las relacionadas con la compra de electricidad, la compra de gasolina
y los peajes para el sector eléctrico, así como similares para los demás sectores».

Para decidir este punto, la Sección examinó cada uno de los conceptos incluidos en
la Resolución Nro. SSPD-20161300032675 y decidió declarar la nulidad por la
inclusión de los conceptos de servicios personales, generales, arrendamientos,
costo de bienes y servicios públicos para la venta, licencia de operación del servicio,
consumo de insumos directos, órdenes y contratos de mantenimiento y
reparaciones, honorarios, materiales y otros costos de operación, costos de
pérdidas en la prestación del servicio de acueducto, seguros y, órdenes y contratos
por otros servicios porque, con ellos, la SSPD «desconoce los lineamientos
jurisprudenciales sobre el alcance de la expresión ‘gastos de funcionamiento’, que constituye la regla
general de determinación de la base gravable de la contribución analizada, siendo del caso reiterar
que las cuentas del Grupo 75 - costos de producción-, no hacen parte de la base gravable de la
contribución especial, salvo que, aplique la excepción del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142
de 1994, dentro de la que no encaja ninguna de las señaladas con anterioridad»

Esto significa que, en lo relevante para este caso, no fue declarada la nulidad por la
inclusión de las cuentas 753005 (uso de líneas, redes y ductos), 753006 (costo de
distribución y/o comercialización de gas natural) y 753702 (gas combustible) en
cuanto que ellas pueden hacer parte de la contribución especial atendiendo la regla
de excepción del parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con lo anterior, y en otras palabras, las cuentas tenidas en cuenta por
la SSPD en el acto administrativo de carácter general y en los actos de carácter
particular de determinación del tributo cumplen los lineamientos jurisprudenciales
de lo que se debe entender por gastos de funcionamiento y operativos, según lo
dispuesto por el legislador.

Así, debe tenerse en cuenta que, comoquiera que la inclusión de las cuentas
753005 (uso de líneas, redes y ductos), 753006 (costo de distribución y/o
comercialización de gas natural) y 753702 (gas combustible) atiende lo dispuesto
por la ley, no se puede concluir que su aplicación desconoce los principios de
igualdad, equidad y justicia tributaria.

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

En este orden de ideas, puesto que se mantiene indemne la presunción de legalidad
de la Resolución Nro. SSPD 20161300032675 (acto administrativo de carácter
general), no procede la nulidad de los actos administrativos de carácter particular
que fueron proferidos ajustándose a su contenido.

Se destaca que la postura expuesta en las sentencias del 10 de mayo de 2018 y del
10 de octubre de 2019 ha sido reiterada en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la
providencia del 29 de abril de 202020 (que fue invocada por el Ministerio Público) se
consideró lo siguiente:
«En efecto, en este caso, la SSPD aduce la existencia de un faltante presupuestal que
constituye el supuesto de hecho previsto en la ley como excepción a la regla general, que
permite aplicar la excepción contenida en la parte final del parágrafo 2° del artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, situación distinta a las analizadas en esas oportunidades

En este orden de ideas, la Sala observa que los actos administrativos de carácter particular
demandados incluyeron las cuentas “753005 Uso de líneas, redes y ductos”, “753006 Costo
de distribución y/o comercialización de GN” y “753702 Gas combustible”, sustentados en la
Constitución y la ley, de donde derivó la Resolución 20161300032675 del 22 de agosto de
2016 expedida por la SSPD, que respecto de esos rubros fue declarada ajustada a la legalidad
por esta Corporación, resolviendo todos los cargos planteados, que coinciden con los
aducidos en este caso.

En consecuencia, continúa vigente el fundamento que sustenta la Liquidación Oficial
20165340026146 del 30 de agosto de 2016, y las Resoluciones SSPD 20165300061065 del
31 de octubre de 2016 y SSPD-20165000064235 del 29 de noviembre de 2016, por lo que, no
hay lugar a declarar la nulidad pretendida».

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. Además, no
impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal como lo
exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 26 de junio
de 2020.

2. Sin condena en costas.

3. Reconocer a Jhonathan Arisbey Linares Beltrán como apoderado de la SSPD
en los términos y para los fines contenidos en el poder que le fue conferido y
que obra a índice 19 de SAMAI.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

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Demandante: Gas Natural S.A. E.S.P.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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