Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00560-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00560-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00560-02
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de junio de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00560-02 (27155)
Demandante: Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y otro.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2017-00560-02 (27155)
Demandante JORGE EDUARDO CHEMÁS JARAMILLO Y GUILLERMO
ANDRÉS ROLDÁN SARMIENTO
Demandado MUNICIPIO DE CAJICÁ
Temas Participación en el efecto plusvalía. Precedente horizontal del
Tribunal. Restablecimiento del derecho procedente.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Cajicá contra
la sentencia del 28 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del Decreto 077 de 30 de diciembre de 2015,
“Por medio del cual se liquida el efecto plusvalía en el Municipio de Cajicá, Cundinamarca”,
únicamente en lo que respecta a la liquidación asignada al inmueble identificado con el número
catastral 25126000000040244000 y matrícula inmobiliaria número 176-26851, de propiedad
de los señores Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y Guillermo Andrés Roldán Sarmiento, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que los demandantes no
están obligados al pago del efecto plusvalía a ellos determinados en su calidad de propietarios
del inmueble identificado con el número catastral 25126000000040244000 y matrícula
inmobiliaria número 176-26851, por valor de $236.840.666, en virtud de la anulación parcial
del ordinal anterior.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Por no haberse causado, no se condena en costas.
(…)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 6 de julio de 2004, Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y Guillermo Andrés Roldán
Sarmiento adquirieron la propiedad del inmueble identificado con el Número
Catastral 25126000000040244000 y el Folio de Matrícula Inmobiliaria Nro. 176-
26851, ubicado en la Vereda Calahorra del Municipio de Cajicá.
El Concejo Municipal de Cajicá profirió el Acuerdo Nro. 16 del 27 de diciembre de
2014, mediante el cual modificó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (en
adelante PBOT) y modificó la clasificación del uso del suelo de propiedad de los
demandantes.
El alcalde del Municipio de Cajicá profirió el Decreto Nro. 077 del 30 de diciembre
de 2015, mediante el cual liquidó el efecto plusvalía con fundamento en los cambios
del uso del suelo del Acuerdo Nro. 16 de 2014. En lo que interesa a este proceso,
1 SAMAI. Índice 2. Carpeta 43. PDF de la sentencia. Página 35.
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Demandante: Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y otro.
el acto referido indicó que el uso del suelo del inmueble de propiedad de los
demandantes cambió de rural agropecuario a suburbano residencial, por lo que
determinó que el valor del tributo a su cargo es de $236.840.666.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad del Decreto No. 077 del 30 de diciembre de 2015,
expedido por el Municipio de Cajicá, “Por medio del cual se liquida el efecto plusvalía en el
Municipio de Cajicá, Cundinamarca”.
SEGUNDA: Que a título de restablecimiento del derecho, se sustraiga el lote identificado con
el número catastral 25126000000040244000 y matrícula inmobiliaria número 176-26851, de
propiedad de Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y Guillermo Andrés Roldán Sarmiento, ubicado
en la parcelación Buena Suerte, vereda Calahorra, del Municipio de Cajicá, del efecto plusvalía
liquidado en el Decreto No. 077 del 30 de diciembre de 2015, así como de la contribución por
plusvalía impuesta en dicho decreto.
TERCERA: Que en caso de que durante el transcurso del proceso se hubiese tenido que
pagar por el lote identificado con el número catastral 25126000000040244000 y matrícula
inmobiliaria número 176-26851 la contribución por plusvalía impuesta en el Decreto No. 077
del 30 de diciembre de 2015, se ordene, a título de restablecimiento del derecho, el reembolso
de la integridad de las sumas pagadas, con adición de los intereses establecidos en materia
tributaria para la mora en el pago por parte de los contribuyentes o de los intereses que
determine el Honorable Magistrado.
SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA: Que en caso de que durante el transcurso
del proceso se hubiese tenido que pagar por el lote identificado con el número catastral
25126000000040244000 y matrícula inmobiliaria número 176-26851 la contribución por
plusvalía impuesta en el Decreto No. 077 del 30 de diciembre de 2015, se ordene a título de
restablecimiento del derecho, el reembolso de la integridad de las sumas pagadas,
debidamente actualizadas con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
CUARTA: Que se condene al Municipio de Cajicá al pago de la costas y agencias en
derecho».
Para estos efectos, invocaron como normas violadas los artículos 33, 34, 80 y 81
de la Ley 388 de 1997; 13, 21, 22 y 23 del Decreto 1420 de 1998; 6 de la Resolución
Nro. 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante
IGAC); y 119 y 122 del Acuerdo Nro. 16 de 2014 del Concejo Municipal de Cajicá.
Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Incumplimiento del término para solicitar el avalúo y para presentar la
documentación correspondiente.
Los demandantes indicaron que el artículo 80 de la Ley 388 de 1997 dispone que,
para calcular el efecto plusvalía, el alcalde tiene un plazo de 5 días, contados a partir
de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, en el que debe solicitar la
estimación del mayor valor por metro cuadrado al IGAC o a un perito privado inscrito
en la Lonja de Propiedad Raíz.
Con base en lo anterior, destacaron que el Acuerdo Nro. 16, que adoptó la revisión
del PBOT, fue expedido y publicado en la página web de la entidad territorial el 27
2 SAMAI. Índice 2. PDF 15. Páginas 3 a 4. Reforma de la demanda
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de diciembre de 2014. Sin embargo, el alcalde no presentó la petición de avalúo del
efecto plusvalía ante CIDETER dentro del plazo perentorio previsto en la ley.
Que el incumplimiento de dicho término se reconoce en el Oficio Nro. AMC-OSP-
1081-2017 del 7 de junio de 2017, el cual informa que para el municipio no era
necesario solicitar por escrito al CIDETER la realización del avalúo, en tanto el
mismo hacía parte del objeto del contrato de Consultoría Nro. 006 de 2012,
celebrado con dicha compañía.
Manifestaron que, además de incumplir con el plazo legal, el alcalde omitió entregar
al CIDETER los documentos que establece el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998.
Sobre este punto, indicaron que, en el citado Oficio, el municipio informó que la
documentación referida en el decreto reglamentario fue elaborada por CIDETER
con el fin de realizar la revisión al PBOT aprobado por el Acuerdo Nro. 16 de 2014.
Empero, según los actores, la información relacionada en el artículo 13 del Decreto
1420 de 1998 no es la misma a la prevista para la revisión del PBOT, sino que está
relacionada de forma directa con los inmuebles para efectos de realizar el avalúo.
Sostuvieron que, aunque se tratara de la misma información, debe tenerse en
cuenta que está desactualizada porque el contrato de consultoría se suscribió en el
año 2012, es decir, 3 años antes de la determinación del mayor valor por metro
cuadrado y, en consecuencia, no se ajusta a la realidad del inmueble.
2. Incumplimiento del término para entregar el avalúo
Los demandantes sostuvieron que el artículo 80 de la Ley 388 de 1997 establece
que el IGAC o el perito privado tendrán un plazo inmodificable de 60 días hábiles
para efectuar el avalúo. Sin embargo, en la portada del documento (que según el
Oficio Nro. AMC-OSP-1081-2017 contiene el avalúo) consta la fecha “septiembre
2015”, y si se contabiliza el plazo de 60 días hábiles a partir del quinto día siguiente
a la expedición y publicación del Acuerdo Nro. 16 de 2014, el avalúo debió ser
entregado para finales del mes de marzo o inicios del mes de abril. En
consecuencia, concluyen que está probada la infracción del término para que
CIDETER entregara el avalúo.
3. Incumplimiento del término para expedir el Decreto Nro. 077 de 2015
Aseguraron que el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 dispone que, una vez efectuada
la liquidación correspondiente a todos los inmuebles beneficiados de la acción
urbanística, el municipio correspondiente cuenta con 30 días hábiles para expedir
el acto administrativo que determina el efecto plusvalía. Con base en lo anterior,
afirmaron que el Decreto Nro. 077 fue expedido el 30 de diciembre de 2015,
momento para el cual había finalizado el plazo legal porque CIDETER entregó el
avalúo en septiembre de 2015.
4. Incumplimiento del término para notificar el Decreto Nro. 077 de 2015
Según los demandantes, el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 dispone que en el
mismo plazo de 30 días hábiles para expedir el acto que determina el efecto
plusvalía, también se debe surtir su notificación, pese a lo cual el municipio solo
surtió la notificación por edicto más de un año después, el 20 de diciembre de 2016.
Precisaron que, mediante la sentencia C-035 de 2014, la Corte Constitucional
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declaró la exequibilidad condicionada de esta norma en el sentido que de forma
preliminar se debe intentar realizar una notificación personal o por correo a los
propietarios o poseedores del inmueble. Sin embargo, esta garantía fue
desconocida por el municipio porque realizó la notificación por 3 avisos publicados
el 26 de junio, el 3 de julio y el 10 de julio de 2016 y, luego, por edicto, el 20 de
diciembre de 2016.
Afirmaron que, en fecha posterior al 20 de diciembre de 2016, un vecino les entregó
copia del Oficio Nro. AMC-OSP-3790-2016 del 13 de diciembre de 2016, “momento a
partir del cual la parte demandante vino a tener conocimiento del Decreto No. 077 del 30 de diciembre
de 2015”. Que dicho oficio, indicaba que notificaba por correo el citado decreto ante
la falta de comparecencia para la notificación personal, lo que es contrario a la
verdad, en tanto los actores nunca recibieron una citación por parte del municipio.
5. El avalúo no cumple con los requisitos de la Resolución Nro. 620 de 2008
proferida por el IGAC.
Señalaron que el artículo 6 de la Resolución Nro. 620 de 2008 del IGAC establece
las etapas para la elaboración de los avalúos, las cuales fueron omitidas por
CIDETER porque: i) el municipio no suministró a la empresa los documentos
referidos en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998; ii) no se identificó a la persona
que elaboró el avalúo, lo que impide verificar que fue la misma que efectuó el
reconocimiento de la zona o subzona del inmueble afectado por el tributo; y iii) el
avalúo no contiene fotografías que permitan identificar las características más
importantes del bien, de la zona o de la subzona correspondiente.
6. El avalúo desconoce los parámetros y criterios del Decreto 1420 de 1998.
Los artículos 21 y 22 del Decreto 1420 establecen que los avalúos deben tener en
cuenta la destinación económica del inmueble y la estratificación socioeconómica,
entre otros. Empero, según los actores, CIDETER no tuvo en cuenta estos
parámetros frente al inmueble de su propiedad porque en realidad no existió un
cambio en la destinación económica ni en el uso del predio, ni existe prueba de ello
en el avalúo.
7. El Decreto Nro. 077 de 2015 liquidó el efecto plusvalía con base en una
reclasificación de uso del suelo que no es real.
Afirmaron que el predio siempre ha tenido uso residencial suburbano, pues contaba
con servicios públicos domiciliarios, como consta en la escritura pública de
adquisición. Que, por tanto, no es cierto que el Acuerdo Nro. 16 de 2014 y el Decreto
Nro. 077 de 2015 hubieren determinado un cambio real de su uso y, en
consecuencia, no se configuró el hecho generador del tributo.
8. Falsa motivación
Señalaron que el Decreto Nro. 077 de 2015 incurre en falsa motivación, porque el
uso del suelo de su inmueble no ha sido modificado. Y, además, se fundamenta en
un avalúo que no cumple con las exigencias previstas en la ley.
Oposición a la demanda
El Municipio de Cajicá controvirtió las pretensiones de la demanda con los
siguientes argumentos:
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En principio, propuso la excepción de caducidad, que fue negada por el a quo
mediante auto del 24 de septiembre de 20203.
Sobre el asunto de fondo, manifestó que los actores no tienen en cuenta que el POT
permite introducir cambios en los usos del suelo cuando lo posibilitan las
circunstancias socioeconómicas.
Señaló que está probado que el predio de los demandantes tuvo un cambio del uso
de suelo de rural agropecuario a suburbano residencial, lo que configuró el hecho
generador del efecto plusvalía. Además, indicó que el cambio del uso del suelo no
se limitó al predio de los actores, sino a todo el sector en el que se encuentra, sin
que sea relevante para este caso que la escritura pública de adquisición haya
dejado consignado que el inmueble no se destina a una actividad agrícola o que
contaba con dotación de servicios públicos, en tanto la clasificación del uso del suelo
es competencia del Concejo Municipal.
Adujo que la entidad territorial no puede excluir del tributo únicamente al predio de
los demandantes, quienes ni siquiera han manifestado en qué consiste el perjuicio
supuestamente ocasionado, pues el cambio del uso del suelo obedece a un proceso
socioeconómico dinámico y transversal que trajo un mayor aprovechamiento para
todo el sector.
Puso de presente que los demás propietarios de inmuebles ubicados en el mismo
sector pagaron el tributo, por lo que solo los demandantes en este proceso se niegan
a realizar el pago del efecto plusvalía.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad parcial del acto demandado, con base en las
siguientes consideraciones:
En cuanto a los cargos por vicios de carácter procedimental, aclaró que no toda
desatención de una formalidad procesal conlleva a la declaratoria de nulidad del
acto acusado, sino que el defecto procesal debe ser de carácter sustancial, según
lo indicó la jurisprudencia del Consejo de Estado4.
Consideró que los términos previstos para que el alcalde solicite la realización del
avalúo, el CIDETER entregue el resultado de su estudio y, se expida y notifique el
acto que determina la plusvalía (Decreto Nro. 077 de 2015), son perentorios y no
preclusivos, porque el legislador no dispuso que su incumplimiento de lugar a la
pérdida de competencia del alcalde o del perito. Que, por tanto, el vicio
procedimental alegado por los actores respecto de estos términos no tiene una
repercusión sustancial en el trámite de determinación del efecto plusvalía, tal como
lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 25 de enero de 20215.
Sobre los cargos relativos al vicio de falsa motivación, sostuvo que el cambio
del uso del suelo hace parte de la acción urbanística realizada por el Estado, de tal
manera que son las autoridades las que lo definen mediante los POT. Explicó que,
3 SAMAI del Tribunal. Índice 33.
4 Al respecto citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-2011-00089-01 (19611). Sentencia del 16 de octubre de 2014. CP: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-33-000-
2016-00081-01 (24281). Sentencia del 25 de febrero de 2021. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
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cuando el municipio definió que la zona en la que se encuentra el predio de los
actores tenía una destinación agropecuaria, limitó el desarrollo de otro tipo de
actividades en el sector. Y, aunque el predio contara con dotación de vivienda o uso
residencial, fue el cambio del uso del suelo del Acuerdo Nro. 16 de 2014 que le
otorgó un potencial uso y desarrollo que repercute en el valor por metro cuadrado.
Destacó que las partes no discuten que antes del Acuerdo Nro. 16 de 2014 se
clasificó el sector en el que se ubica el inmueble como agropecuario, por lo que, con
la expedición de dicho acto, se modificó a suelo suburbano de uso residencial, y se
configuró el hecho generador de la plusvalía.
En cuanto a los cargos por el vicio de infracción de las normas superiores en
que debía fundarse el acto administrativo, señaló que están llamados a
prosperar, porque, en efecto, los documentos soporte del estudio de CIDETER no
dan ningún grado de detalle ni contienen información cierta sobre el inmueble de los
demandantes.
Que además, en las pruebas que fueron aportadas no se incluyó el contrato suscrito
entre el municipio y CIDETER, no hay constancia de que la entidad territorial
entregara los documentos exigidos por la ley para elaborar el avalúo, los soportes
del avalúo no explican las variables consideradas para calcular el efecto plusvalía,
en los soportes fotográficos solo aparecen algunos de los predios de la zona en la
que no está el inmueble de los propietarios, no hay constancia de haberse
recaudado información económica de una zona asimilable a la ubicación del
inmuebles de los demandantes y no existe soporte del estudio de mercado que dé
cuenta del valor económico por metro cuadrado del área en que se ubica el predio.
Dijo que “con lo cual queda demostrado que no se contó con sustento fáctico válido para liquidar
el efecto plusvalía, dada la precariedad del avalúo presentado que impide tenerlo como estudio que
justifique la asignación del plusvalor a cargo de los demandantes, aspecto que conlleva a tener por
demostrado el cargo de desconocimiento de las normas superiores en que debía fundarse el acto
administrativo”.
Con base en lo anterior, concluyó que el avalúo realizado por CIDETER y que
sustentó el cálculo del tributo no cumplió los requisitos legales. Y, señaló que el
Tribunal, en sentencia del 4 de febrero de 20216, llegó a esta misma conclusión, en
un caso idéntico, en el que intervinieron las mismas partes.
Que, de acuerdo con los razonamientos expuestos y el precedente horizontal,
declaró la nulidad parcial del Decreto Nro. 077 de 2015 y a título de restablecimiento
del derecho, ordenó que los demandantes no están obligados al pago del efecto
plusvalía.
Sin embargo, expuso que en este proceso ordenó un restablecimiento del derecho
diferente al de la sentencia del 4 de febrero de 2021 porque no solo acaeció un error
de cálculo del tributo, sino que no existe soporte alguno para efectuarlo, de tal modo
que lo procedente es declarar que los actores no están obligados a realizar pago
alguno por concepto del efecto plusvalía.
Finalmente, señaló que no impone condena en costas a la parte demandada porque
no hay prueba de su causación.
6 En este punto invocó la siguiente providencia: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta.
Subsección B. Proceso: 25000-23-37-000-2017-00561-00. Sentencia del 4 de febrero de 2021. MP: Carmen
Amparo Ponce Delgado.
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Recurso de apelación
El Municipio de Cajicá presentó el recurso de apelación contra la anterior decisión
con base en lo siguiente:
Solicitó que se deje constancia que, en primera instancia, la parte demandada sí
presentó alegatos de conclusión. “Lo anterior con el fin de que sea aclarado dicho aspecto en
la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia”.
De otro lado, discutió que el Tribunal declarara que los demandantes no están
obligados al pago del efecto plusvalía, porque al haberse reconocido en la sentencia
la configuración del hecho generador del tributo, esto daba lugar a la realización de
un estudio económico, para determinar el aspecto cuantitativo del tributo, lo que
tiene correlación con la declaratoria de nulidad parcial del acto acusado.
Advirtió que el Tribunal se apartó del precedente horizontal contenido en la
sentencia del 4 de febrero de 2021, en el que ordenó realizar un nuevo avalúo y una
nueva liquidación del tributo, lo que desconoce los principios de buena fe, seguridad
jurídica e igualdad, además de causar un detrimento patrimonial a la entidad
territorial.
Señaló que, si bien es cierto que los jueces pueden apartarse del precedente, la
Sentencia C-836 de 2001 limitó esta posibilidad cuando existan elementos para
distinguir ambos casos, o un contexto normativo, valorativo o social diferente.
Así, manifestó que la sentencia impugnada no cumple con estas circunstancias
porque la modificación del restablecimiento del derecho concedido no contó con una
argumentación adecuada, sino que el Tribunal se limitó a señalar que los
demandantes no están obligados a pagar el tributo debido a que el acto acusado es
parcialmente nulo. Insistió que este hecho no es diferenciador de la sentencia del 4
de febrero de 2021, pues en ese caso también se declaró la nulidad parcial del
Decreto Nro. 077 de 2015.
Concluyó que lo expuesto demuestra que existió una violación del precedente, así
como de los principios de buena fe, seguridad jurídica, confianza legítima e
igualdad. Además, indicó que «en dichos términos se interpone el presente recurso de
apelación en contra de la sentencia proferida el 28 de julio de 2022 y notificada electrónicamente el
día 10 de agosto de 2022, respecto del numeral segundo, con el propósito de que el superior
jerárquico analice lo expuesto, y se proceda a modificar la decisión y en consecuencia al hallarse
configurado el hecho generador del efecto plusvalía, no se exima a los demandantes del pago de
dicha contribución»7.
Finalmente, aseguró que «en lo atinente a la liquidación del efecto de la plusvalía propiamente
dicho se expresa que la liquidación se realiza por zonas homogéneas generadoras de plusvalía, y
no se efectúa predio a predio, ello de conformidad con el artículo 76, 77 y 78 de la ley 388 de 1997» 8.
Oposición al recurso de apelación
Los demandantes afirmaron que no debe prosperar el recurso de apelación por los
siguientes motivos:
Señalaron que la providencia apelada cumplió los requisitos jurisprudenciales para
apartarse de la sentencia del 4 de febrero de 2021 porque, la invocó expresamente
y expuso las razones para llegar a una conclusión diferente.
7 SAMAI. Índice 2. Carpeta 43. PDF de la apelación. Página 5.
8 Ibidem.
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Manifestaron que, la sentencia del 4 de febrero de 2021 fue objeto del recurso de
apelación que está en trámite ante el Consejo de Estado, de tal modo que no es
una providencia ejecutoriada. Que, en todo caso, el precedente no es inmodificable
porque, de lo contrario, se sacrificarían los principios de imparcialidad y autonomía
de los jueces.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Cuestión previa
De forma preliminar, la Sala advierte que el Municipio de Cajicá aseguró que,
contrario a lo dicho por el a quo, sí presentó alegatos de conclusión en primera
instancia, circunstancia que solicitó fuera aclarada.
A ese respecto, se encuentra que le asiste razón a la demandada cuando sostiene
que presentó alegatos de conclusión en primera instancia9 y que, pese a esto, en la
sentencia de primera instancia se sostuvo en sus antecedentes «La parte demandada
no presentó alegaciones»10.
Sin embargo, la Sala precisa que esa inconsistencia no tiene la virtualidad de
revocar la sentencia apelada ni de afectar el trámite del proceso, puesto que los
alegatos de conclusión reiteran los argumentos de defensa expuestos en la
oposición a la demanda y a la reforma de la demanda, los cuales fueron analizados
en la sentencia impugnada. Así las cosas, el acto procesal cumplió su finalidad y no
se violó el derecho de defensa, según lo prevé el numeral 4 del artículo 136 del
Código General del Proceso.
En consecuencia, se procede con el estudio del argumento de fondo del recurso de
apelación.
2. Determinación del problema jurídico
La Sala destaca que el recurso de apelación no cuestiona la nulidad parcial del
Decreto Nro. 077 de 2015 que fue declarada por la sentencia de primera instancia.
En realidad, expresamente señaló que los motivos de inconformidad planteados
solo se relacionan con el ordinal segundo de su parte resolutiva, que dispuso el
restablecimiento del derecho que el Tribunal consideró procedente.
Debido a lo anterior, en aplicación de los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso, corresponde a la Sala decidir si el restablecimiento del derecho ordenado
en primera instancia es el procedente para este caso, según los motivos expuestos
en la apelación.
3. Sobre el desconocimiento del precedente horizontal
Según el Municipio de Cajicá, el Tribunal cometió un error al declarar que, a título
de restablecimiento del derecho, los demandantes no tienen la obligación de pagar
9 SAMAI del Tribunal. Índice 43.
10 SAMAI. Índice 2. Carpeta 43. PDF de la sentencia. Página 7.
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Demandante: Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y otro.
suma alguna por concepto de la participación en el efecto plusvalía. Lo anterior,
porque desconoció el precedente horizontal de la sentencia del 4 de febrero de
2021, en la que se decidió un caso idéntico y entre las mismas partes, donde
dispuso que el restablecimiento del derecho procedente es la realización de un
nuevo avalúo y la reliquidación del tributo.
En la oposición a la apelación, los demandantes afirmaron que la sentencia del 4 de
febrero de 2021 no constituye un precedente vinculante porque fue objeto del
recurso de apelación que se está tramitando ante el Consejo de Estado y que, en
todo caso, el Tribunal sustentó en debida forma su apartamiento del precedente en
ejercicio de su autonomía judicial.
Para decidir este punto del recurso, se pone de presente que la Corte Constitucional
expuso que la correcta aplicación del precedente judicial implica que: «un caso
pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso
pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación»11.
También ha dicho que el precedente tiene dos categorías: horizontal y vertical. El
primero hace referencia a las decisiones judiciales adoptadas por autoridades
judiciales de un mismo nivel jerárquico o por el mismo funcionario judicial, caso en
que su fuerza vinculante atiende a los principios de buena fe, seguridad jurídica y
confianza legítima. El segundo corresponde a las decisiones del superior jerárquico
o del órgano de cierre de la jurisdicción, caso en que la vinculatoriedad del
precedente atiende al principio de igualdad y, por lo tanto, limita el principio de
autonomía de los jueces12.
Esta Sala en trámites de tutela, ha sostenido que la observancia del precedente
horizontal no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues
en virtud del principio de autonomía judicial, los jueces de una misma jerarquía
pueden tener criterios de interpretación y de decisión distintos13.
En este asunto, se advierte que el Tribunal hizo alusión a su sentencia del 4 de
febrero de 2021, señalando que «esta Sala de decisión en oportunidad anterior, estudió un
caso similar en el que se controvirtió el efecto plusvalía determinado por el municipio de Cajicá en el
Decreto 077 de 2015, por otro predio de titularidad de uno de los demandantes y se arrimó a la
misma conclusión que en esta providencia (…)» 14. Y, consideró que en este caso no era
posible aplicar el mismo restablecimiento del derecho «toda vez que el análisis realizado
en esta sentencia fue más allá de evidenciar un error en el cálculo del monto del plusvalor asignado
al predio (aspecto cuantitativo), estudiado en el antecedente antes citado, al haberse adentrado esta
vez a la revisión del cargo del desconocimiento de las normas superiores en que debía fundarse el
acto administrativo desde una óptica más generalizada para la zona en dónde se encuentra el predio
de los demandantes, por la carencia de documentación soporte que dé validez jurídica y técnica del
avalúo realizado por la contratista del municipio de Cajicá, lo cual invalida plenamente las
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1026 de 2010. MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-165 de 2022. MP: José Fernando Reyes Cuartas.
13 En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
1100103-15-000-2021-00164-00 (AC). Sentencia del 18 de marzo de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-
03-15-000-2021-02665-00 (AC). Sentencia del 1 de julio de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14 SAMAI. Índice 2. Carpeta 43. PDF de la sentencia. Página 33.
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conclusiones obtenidas y aplicadas al caso concreto, sin que haya lugar a ordenar una nueva
liquidación del plusvalor»15.
De acuerdo con lo anterior, se establece que el Tribunal determinó que el caso aquí
resuelto y el analizado en la sentencia del 4 de febrero de 2021, si bien versan sobre
el mismo acto administrativo, no tienen identidad jurídica y fáctica, lo que conlleva
a que el restablecimiento del derecho no necesariamente sea el mismo, pues ello
dependerá de lo discutido y probado en cada proceso.
Además, debe tenerse en cuenta que en sentencia del 7 de mayo de 2020, se
señaló que «el principio de precedente horizontal únicamente aplica para jueces de la misma
jerarquía, de manera que está Corporación en su calidad de órgano de cierre no está sujeta a dichas
decisiones, (…)»16.
De este modo, la Sección no está obligada a aplicar la sentencia del 4 de febrero
de 2021 invocada por la apelante como precedente horizontal, todo porque no está
sujeta a dicho fallo dada la condición de órgano de cierre del Consejo de Estado
como consecuencia de las atribuciones asignadas por la Constitución (art. 237
C.P.).
En consecuencia, este cargo de la apelación no prospera.
4. Sobre el restablecimiento del derecho aplicable a este caso
Como segundo cargo de la apelación, el Municipio de Cajicá indicó que la sentencia
de primera instancia reconoció que se configuró el hecho generador del tributo, de
tal modo que el restablecimiento del derecho debió consistir en reliquidar la
participación en el efecto plusvalía y no exonerar a los demandantes del pago.
A ese respecto, se pone de presente que el Tribunal declaró: «la nulidad parcial del
Decreto 077 de 30 de diciembre de 2015, (...) únicamente en lo que respecta a la liquidación asignada
al inmueble (...) de propiedad de los señores Jorge Eduardo Chemás Jaramillo y Guillermo Andrés
Roldán Sarmiento». Y como restablecimiento del derecho, ordenó: «que los demandantes
no están obligados al pago del efecto plusvalía a ellos determinados en su calidad de propietarios
del inmueble».
Sobre este punto, se reitera que el apelante no presentó reparo frente a la
declaratoria de nulidad parcial del acto demandado, decisión que se sustentó en lo
siguiente:
«En atención a lo anterior, es claro que no cualquier tipo de documento soporte sirve para
considerarse un estudio en las condiciones exigibles en las normas de valuación dictadas por
el IGAC para convalidar la liquidación del efecto plusvalía, luego, como lo sostiene el Consejo
de Estado, los avalúos deben ser detallados, completos, mostrar las particularidades
económicas, jurídicas y físicas del inmueble afectado con la acción urbanística, por lo cual
(sic), la carencia de la acreditación de todos los requisitos de formación del avalúo, fijados en
la Ley 388 de 1997, el Decreto Reglamentario 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de
2008.
Aspectos que en el presente asunto, no se encuentran satisfechos con los soportes allegados
por el municipio de Cajicá, con lo cual queda demostrado que no se contó con sustento fáctico
válido para liquidar el efecto plusvalía, dada la precariedad del avalúo presentado que impide
tenerlo como un estudio que justifique la asignación del plusvalor a cargo de los demandantes,
15 Ibidem. Página 34.
16 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-
23-37-000-2017-01660-01 (24493). Sentencia del 7 de mayo de 2020. CP: Milton Chaves García.
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aspecto que conlleva a tener por demostrado el cargo de desconocimiento de las normas
superiores en que debía fundarse el acto administrativo, en lo que respecta a las reglas
jurídicas fijadas en las normas prenotadas; además de la incursión en los vicios de falta y falsa
motivación, que pese a no ser así sustentados puntualmente por los demandantes, se avizoran
con la revisión de la actuación administrativa objeto del reproche 17»
Como se observa, la nulidad parcial del acto acusado fue declarada con fundamento
en que la liquidación del efecto plusvalía a cargo de los actores se realizó a partir
de un avalúo que no cumple con los requisitos legales, lo que configuró las causales
de nulidad por infracción en las normas superiores, falta y falsa motivación.
Ahora bien, en casos recientes en los que la Sección encontró probado que los
actos demandados no contienen una explicación suficiente de la liquidación del
efecto plusvalía debido a defectos en el avalúo e informes técnicos, se concluyó que
existe una violación del derecho al debido proceso porque se impide constatar la
realidad económica de los predios gravados. De esta forma, la Sala determinó que
el restablecimiento del derecho procedente para estos eventos consiste en declarar
que el demandante no tiene la obligación de pagar suma alguna de dinero por
concepto del tributo18.
Así se puede constatar, por ejemplo, en sentencia del 12 de noviembre de 2020,
donde esta Sección sostuvo que «como se acreditó que la entidad demandada no dio una
explicación suficiente de la liquidación del efecto de la plusvalía, el restablecimiento del derecho
procedente en el caso bajo examen consiste en declarará (sic) que la sociedad actora no tiene la
obligación de pagar la suma de dinero determinada en los actos acusados» 19.
Teniendo esto presente, la Sala advierte que, si bien es cierto que la sentencia de
primera instancia encontró probada la configuración del hecho generador de la
participación en plusvalía con la expedición del Acuerdo Nro. 16 de 2014, también
lo es que halló irregularidades en el avalúo que impiden tenerlo como estudio de la
asignación de la plusvalía, con lo cual se evidencia que la obligación tributaria no
fue debidamente determinada, es decir, el cálculo del gravamen no está sustentado
en la ley.
Ahora, el juez en virtud del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo cuenta con amplio margen de decisión para
disponer cómo debe restablecerse el derecho del demandante, sin dejar de lado
que se presenta como consecuencia directa de la nulidad del acto, se determina por
el contenido y alcance del mismo y que su fin es restaurar de manera íntegra el
derecho subjetivo lesionado por ese acto.
En este orden de ideas, contrario a lo señalado por el apelante, en el asunto
analizado, no hay lugar a ordenar una nueva liquidación del efecto plusvalía, porque
el Tribunal encontró que el acto adolece de nulidad por infracción en las normas
superiores, falta y falsa motivación, vicios que afectan su formación, que por lo
demás, no fueron desvirtuados por el apelante en esta instancia, por esto la forma
de restablecer integralmente el derecho vulnerado al actor y que fue la razón para
17 SAMAI. Índice 2. Carpeta 43. PDF de la sentencia. Página 32.
18 En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
25000-23-37-000-2015-00090-01 (23776). Sentencia del 18 de junio de 2020. CP: Milton Chaves García; ii)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2012-00632-01 (20846). Sentencia del 12 de noviembre de 2020. CP: Julio Roberto Piza (E); y iii) Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2013-01147-
01 (24361). Sentencia del 16 de junio de 2022. CP: Milton Chaves García.
19 Ibidem.
11
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acudir a la jurisdicción, consiste en declarar que no está obligado a realizar ningún
pago por concepto de participación en plusvalía derivado de ese acto.
Finalmente, sobre el argumento del apelante en el que sostiene que «en lo atinente a
la liquidación del efecto de la plusvalía propiamente dicho se expresa que la liquidación se realiza
por zonas homogéneas generadoras de plusvalía, y no se efectúa predio a predio, ello de
conformidad con el artículo 76, 77 y 78 de la ley 388 de 1997», la Sala precisa que en este
caso no hay lugar a ordenar una liquidación del tributo por lo que no se debe atender
a ese planteamiento. En todo caso, se aclara que la forma en que se liquidó el efecto
plusvalía no fue el motivo por el cual se declaró la nulidad parcial del acto
demandado, razón por la cual no procede un pronunciamiento al respecto.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación tampoco prospera.
5. Conclusiones.
Comoquiera que no prosperó el recurso de apelación, la Sala confirmará la
sentencia impugnada.
De otro lado, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 28 de julio
de 2022.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
12
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