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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00593-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00593-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expresado en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-00593-02

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

13 de agosto de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00593-02 (30007)
Demandante: Gas Natural Andino SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-00593-02 (30007)
Demandante: Gas Natural Andino SA
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Temas: Cobro coactivo. Obligación no tributaria. Falta de ejecutoria del título
ejecutivo. Notificación en vigencia CCA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Industria
y Comercio (en adelante, SIC), contra la sentencia del 06 de febrero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que
resolvió1:

Primero. Negar las excepciones de mérito propuestas por el apoderado de la demandada
Superintendencia de Industria y Comercio, conforme la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución n.° 287 del 07 de enero de 2016, proferida por
la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante la cual declaró no probada la excepción de falta de ejecutoria propuesta
contra el mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución, y la Resolución n.°
8875 del 29 de febrero de 2016, proferida por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Cobro
Coactivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de
reposición, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho declarar probada la
excepción de falta de título ejecutivo [por falta de ejecutoria del título], que fue propuesta por la
sociedad Gas Natural S.A. en el procedimiento de cobro coactivo adelantado en su contra y,
por lo tanto, archivar el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Cuarto. Negar las pretensiones relativas al pago de daños y perjuicios, según lo considerado
en la presente sentencia.

Quinto. Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Con Resolución 62833 del 25 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y
Comercio (en adelante, SIC) sancionó a Gas Natural Andino SA por incumplir el
reglamento técnico de las estaciones de servicio -EDS- que suministran gas natural para
uso vehicular -GNCV-2. Los recursos contra ese acto se rechazaron por extemporáneos.

1
La demanda fue radicada el 12 de octubre de 2016 en la S3 del tribunal, remitida a la S1 y luego a la S4 de la misma corporación.
2
Previo a la expedición del acto sancionatorio, el 25 de junio de 2012, la SIC hizo visita de inspección en el establecimiento de
comercio EDS DUAL 2 - Gas Natural Andino, para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento Técnico para
el control del cumplimiento de los reglamentos para garantizar la seguridad y calidad en el ejercicio de actividades relacionadas con
el uso del gas natural comprimido para uso vehicular. Las partes y el tribunal coinciden y, por ende, no es discutido, que tal fecha es

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1

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00593-02 (30007)
Demandante: Gas Natural Andino SA

Posteriormente, mediante la Resolución 52642 del 27 de agosto de 2015, la SIC libró
mandamiento de pago3 en contra de Gas Natural Andino SA por la suma de
$763.710.000, más los intereses causados. Frente a dicha decisión, la ejecutada propuso
como única excepción la de falta de ejecutoria del título, al considerar que «la resolución
sanción no se encuentra en firme y en consecuencia no está ejecutoriada». Con la Resolución 287
del 07 de enero de 2016 -acto demandado-, la entidad declaró no probada la excepción,
porque en el expediente de cobro coactivo obra certificación expedida por el Grupo de
Trabajo de Notificaciones y Certificaciones, en la que consta que la resolución
sancionatoria había sido notificada por edicto desfijado el 19 de mayo de 2015 y quedó
ejecutoriada el día 26 del mismo mes y año. Contra ese acto se interpuso recurso de
reposición, resuelto por medio de la Resolución 8875 del 29 de febrero de 2016 -acto
demandado-, que confirmó la decisión con fundamento en la referida certificación de
ejecutoria.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones 4:
Primera pretensión principal: Solicito que se declare, que la Superintendencia de Industria y
Comercio está obligada a reparar a Gas Natural Andino S.A., los daños causados por la
operación administrativa que se deriva del hecho de que esta entidad haya emitido la
resolución 287 del 7 de enero de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del expediente 15-127564.

Primera pretensión subsidiaria a la primera principal: En caso de que se considere que no es
procedente la primera pretensión principal solicito que esa Superioridad declare la nulidad,
que se deriva del actuar de la Superintendencia de Industria y Comercio al haber emitido la
resolución 287 del 7 de enero de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del expediente 15-127564.

Segunda pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal: En caso de que se considere
que no es procedente la segunda pretensión principal solicito que esa Superioridad reconozca
el restablecimiento del derecho, que se deriva del actuar de la Superintendencia de Industria
y Comercio al haber emitido la resolución 287 del 7 de enero de 2016, proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 15-127564.

Tercera pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal: En caso de que se considere
que no es procedente la segunda pretensión principal solicito que esa Superioridad reconozca
la reparación del daño, que se deriva del actuar de la Superintendencia de Industria y
Comercio al haber emitido la resolución 287 del 7 de enero de 2016, proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 15-127564.

Segunda pretensión principal: Solicito que se declare, que la Superintendencia de Industria y
Comercio está obligada a reparar a Gas Natural Andino S.A., los daños causados por la
operación administrativa que se deriva del hecho de que esta entidad haya emitido la
resolución 8875 del 29 de febrero de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del expediente 15-127564.

Primera pretensión subsidiaria a la segunda pretensión principal: En caso de que se considere
que no es procedente la primera pretensión principal solicito que esa Superioridad declare la
nulidad, que se deriva del actuar de la Superintendencia de Industria y Comercio al haber

la determinante para establecer que el trámite administrativo sancionatorio se rige por el Decreto 01 de 1984 (CCA), en virtud
del régimen de transición establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme al cual, los procedimientos y
actuaciones administrativas en curso a la vigencia de dicha ley -comenzó a regir el 02 de julio de 2012- seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. A diferencia del trámite judicial, que se rige por el CPACA, teniendo en
cuenta la fecha de radicación de la demanda, el 12 de octubre de 2016.
3
En los considerandos del mandamiento de pago consta «[q]ue el acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado y en
firme desde el 26 de mayo de 2015, tal y como se anota en la constancia de ejecutoria».
4
Samai CE, índice 2. Reforma a la demanda integrada.

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00593-02 (30007)
Demandante: Gas Natural Andino SA

emitido la resolución 8875 del 29 de febrero de 2016, proferida por la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del expediente 15-127564.

Segunda pretensión subsidiaria a la segunda pretensión principal: En caso de que se
considere que no es procedente la segunda pretensión principal solicito que esa Superioridad
reconozca el restablecimiento del derecho, que se deriva del actuar de la Superintendencia
de Industria y Comercio al haber emitido la resolución 8875 del 29 de febrero de 2016,
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 15-127564.

Tercera pretensión subsidiaria a la segunda pretensión principal: En caso de que se considere
que no es procedente la segunda pretensión principal solicito que esa Superioridad reconozca
la reparación del daño, que se deriva del actuar de la Superintendencia de Industria y
Comercio al haber emitido la resolución 8875 del 29 de febrero de 2016, proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 15-127564.

Tercera pretensión principal: Que se reconozca que lo que violó la Superintendencia de
Industria y Comercio, con su actuar, es de interés público, dado que se trata del derecho
defensa y que en consecuencia se condene en costas a la demandada.

Invocó como vulnerados los artículos 29 de la CP (Constitución Política); 44, 48 y
concordantes del CCA, y 308 del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación:

Sostuvo que la SIC vulneró el debido proceso al pretender hacer exigible, mediante cobro
coactivo, la obligación contenida en la Resolución 62833 del 25 de octubre de 2012, acto
sancionatorio que, a su juicio, no fue debidamente notificado y, por ende, carecía de
ejecutoria y fuerza ejecutiva.

Precisó que como la actuación administrativa sancionatoria inició el 25 de junio de 2012,
se rige por el Decreto 01 de 1984 (en adelante, CCA), en virtud del régimen de transición
previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA). Que, en la
Resolución 42354 del 09 de julio de 2012 la SIC emitió orden preventiva respecto del
establecimiento de comercio DUAL 2, y aludió a la dirección de Gas Natural Andino SA,
Avenida Calle 68 # 19-83 de Bogotá -no correspondería con su dirección-, por lo que el
representante legal de la sociedad asumió que la SIC le había asignado esa dirección
para efectos de notificación, lo que a su juicio constituiría una operación administrativa,
destacando que el membrete de los documentos radicados ante la SIC y el certificado de
Cámara de Comercio aportado con la actuación dan cuenta de que la dirección judicial
de la sociedad es la AC 68 # 19-84 de Bogotá. Indicó que, para notificar la Resolución
62833 del 25 de octubre de 2012 por la que se sancionó y es objeto de cobro coactivo,
se envió citación a la dirección asignada por la entidad -Avenida Calle 68 # 19-83-, devuelta
el 02 de noviembre del mismo año, con la anotación no existe dirección, lo que no consta
en el expediente, de hecho, entre el 26 de octubre de 2012 y el 24 de abril de 2015 no
hay trámite alguno. Es en esta última fecha en la que la SIC afirma haber enviado aviso
de citación por medios electrónicos, lo que no está probado, y no fue recibido por el
destinatario, máxime que no autorizó la notificación por ese medio, que no está regulado
en el CCA y, en todo caso, conforme a los propios términos y condiciones establecidos
por la SIC para dicho mecanismo, es indispensable acreditar el envío y el acuse de recibo
del mensaje, soportes que no obran en el expediente administrativo. Destacó que la
aludida citación fue enviada varios años después de expedida la resolución sancionatoria,
desconociendo los términos previstos en el artículo 44 y ss. del CCA, lo que no permite
tenerla por válidamente efectuada, al haber perdido la oportunidad para hacerlo -habían
transcurrido 730 días hábiles desde la expedición del acto sancionatorio-, por lo que, conforme al
artículo 48 ib., el acto sancionatorio no produjo efectos jurídicos. En cuanto a la
notificación del citado acto sancionatorio mediante edicto -19 de mayo de 2015-, indicó que
se presentó error en la identificación del representante legal, pues se señaló a Francisco
Gómez Sado cuando lo correcto es Francisco Gómez Sañudo. Finalmente, mencionó que
en el memorando 15-127564-18-2 de la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y

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3

Radicado: 25000-23-37-000-2017-00593-02 (30007)
Demandante: Gas Natural Andino SA

Certificaciones se incurrió en error al indicar el año de expedición de la resolución sanción
-se indicó 2015, siendo lo correcto 2012-. Las irregularidades en la notificación del acto
sancionatorio conducen a que se declare probada la excepción de falta de ejecutoria del
título ejecutivo, en la medida en que en su calidad de ejecutado solo tuvo conocimiento
del acto por conducta concluyente -01 de octubre de 2015 al interponer los recursos- y con
posterioridad a la expedición del mandamiento de pago. Esa circunstancia le impidió
ejercer el derecho de defensa y contradicción, dado que los recursos interpuestos contra
el título fueron rechazados por extemporáneos.

Contestación de la demandada

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda -subsanada-5. Propuso
la excepción de caducidad del medio de control e incumplimiento de lo previsto en el
artículo 162.4 del CPACA, relativa a explicar el concepto de violación 6. Se opuso a las
pretensiones y al efecto dijo que el primer acto del procedimiento administrativo
sancionatorio fue la visita de inspección practicada al establecimiento de comercio el 25
de junio de 2012 -hecho no discutido-. Que con comunicaciones del 13 y 17 de julio, y del 09
de agosto de 2012, el representante legal de la demandante señaló como dirección de
notificación la Av. Calle 68 # 19-83 de Bogotá. Así, para efectos de notificar
personalmente la resolución sancionatoria, el 26 de octubre de 2012 se remitió la citación
prevista en el artículo 44 del CCA7 a la dirección física suministrada por el administrado.
Ante la devolución del envío, el 24 de abril de 2015 se remitió nuevamente citación al
correo electrónico registrado ante la Cámara de Comercio, la cual fue entregada al
destinatario, según acuse de recibo certificado - Certimail de esa misma fecha. Como el
citado no compareció, se procedió a notificar el acto por edicto, de conformidad con el
artículo 45 del CCA. En consecuencia, la resolución sancionatoria quedó notificada el 19
de mayo de 2015 por edicto, según la certificación expedida por la Coordinadora del
Grupo de Notificaciones y Certificaciones de la SIC, por lo que descartó la violación al
debido proceso. Reconoció que en el edicto se incurrió en un error en el apellido del
representante legal, pero afirmó que la notificación se surtió válidamente respecto de Gas
Natural Andino SA, quien no interpuso los recursos procedentes dentro del término legal,
por lo que la resolución sancionatoria quedó en firme conforme al artículo 51 del CCA, de
ahí que no proceda la excepción de falta de ejecutoria del título. Finalmente, sostuvo que
el presente proceso no es el escenario para controvertir la legalidad de dicho acto 8.

Sentencia apelada

El tribunal negó las excepciones de mérito propuestas por la SIC, anuló los actos
administrativos demandados, declaró probada la excepción de falta de ejecutoria del
título, ordenó archivar el proceso de cobro coactivo adelantado contra la actora y negó
las pretensiones de la demanda relativas al pago de daños y perjuicios, sin condenar en
costas9. Sostuvo que, con el mandamiento de pago del 27 de agosto de 2015, la SIC
pretendió hacer exigible la obligación contenida en la Resolución 62833 del 25 de octubre
de 2012, por la cual se sancionó a Gas Natural Andino SA. Destacó que, al tratarse de
5
Samai CE, índice 2.
6
Samai CE, índice 2. El 08 de octubre de 2019, el tribunal continuó la audiencia inicial celebrada el 07 de mayo de 2019. En relación
con la excepción de caducidad, concluyó que no estaba llamada a prosperar, decisión confirmada por el CE con auto del 06 de febrero
de 2020. En cuanto a la excepción de inepta demanda, el tribunal tampoco la declaró probada, por considerar que en el escrito de
demanda se exponen razones dirigidas a obtener la nulidad de los actos susceptibles de control judicial y que será en la sentencia
donde se determine si tales argumentos son suficientes para acceder a las pretensiones.
7
Aunque en la página 6 se aludió al artículo 44 del CPACA, que regula las decisiones discrecionales, de la transcripción de la
disposición y acorde con el argumento de defensa, es evidente que la norma en cita corresponde al artículo 44 del CCA, lo que se
corrobora con el resto del escrito, referido al régimen de notificación previsto en el CCA.
8
Aludió que el control de la resolución sanción se surte ante la S1 del tribunal, exp. 2500023360002016-02111-02, en el que, según
consta en Samai, el proceso está en trámite. Última actuación, al despacho para fallo el 10 de febrero de 2020. Se advierte que el
proceso contra la resolución sanción no incide en el trámite del proceso coactivo por tratarse de un asunto no tributario regido por el
CPACA (no prevé excepción de interposición de demanda) y, por tanto, el acto sancionador en firme y ejecutoriado es ejecutable.
9
Samai tribunal, índice 78.

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una obligación no tributaria, la notificación de dicho acto debía surtirse conforme al
artículo 44 del CCA -vigente para la época de los hechos-.

Que inicialmente se remitió, por correo certificado, la citación para notificación personal
a la dirección informada por la sociedad sancionada en comunicación del 13 de julio de
2012 -Calle 68 # 19-83-; no obstante, fue devuelta por dirección inexistente. Posteriormente,
la citación se envió al correo electrónico registrado en el certificado de existencia y
representación legal, que se acompaña del radicado de salida; sin embargo, advirtió que
«no permite constatar la entrega efectiva del título ejecutivo a la sociedad sancionada» ni puede
presumirse su recepción en los términos del artículo 21 de la Ley 527 de 1999, esto es,
cuando el iniciador recepcione acuse de recibo del destinatario, por ello, concluyó que, a
su modo de ver, no se agotó el trámite de notificación personal. Así, al no acreditarse el
envío de la citación, consideró improcedente la notificación por edicto, subsidiaria de la
notificación personal -art. 45 CCA-. En consecuencia, al no haberse notificado en debida
forma el título ejecutivo, declaró probada la excepción de falta de ejecutoria del título y
ordenó la terminación del proceso de cobro coactivo. No compartió el concepto del
ministerio público de que el acto sancionatorio cobró firmeza el «30 de diciembre de 2015»,
pues como se analizó, su notificación no se surtió en debida forma. Expresó que no
analizaría los argumentos relacionados con la notificación por conducta concluyente ni
con la procedencia de recursos contra el acto sancionatorio, por estar dirigidos a
cuestionar la legalidad del título ejecutivo, asunto que, a su juicio, es ajeno al debate.
Finalmente, negó la pretensión indemnizatoria por falta de prueba de los perjuicios
alegados y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, ante la ausencia de
prueba de su causación.

Recurso de apelación

La SIC apeló la decisión del tribunal10. Sostuvo que no se incurrió en indebida notificación
del acto sancionatorio que sirvió de título, pues la actuación administrativa iniciada el 25
de junio de 2012 -con visita de inspección al establecimiento de comercio- se adelantó conforme a
los artículos 44 y 45 del CCA -aplicables por régimen de transición previsto en el artículo 308 del
CPACA-, enviando primero aviso de citación por correo certificado -26 de octubre de 2012-
para efectos de surtir la notificación personal, a la dirección informada en la actuación
administrativa11, que al ser devuelta por dirección inexistente, el 24 de abril de 2015 fue
remitida al correo electrónico de notificación judicial del registro mercantil, por considerar
que correspondía al medio más expedito para cumplir con la publicidad. Que, ante la
inasistencia de la investigada para notificarse personalmente, procedió a la notificación
por edicto desfijado el 19 de mayo de 2015, adquiriendo firmeza el 26 de mayo siguiente,
porque los recursos de reposición y apelación fueron rechazados por extemporáneos,
decisión confirmada al desatarse el recurso de queja. Frente a la consideración del a quo
sobre la ausencia de constancia de entrega del correo electrónico, se incorporó al escrito
captura de pantalla de los soportes del sistema Certimail y del Centro de Servicios
Integrados de TI-CSIT Oficina de Tecnología e Informática de la SIC que acreditarían el
envío de la citación electrónica el 24 de abril de 2015 12. Con fundamento en esa
circunstancia sostuvo que la notificación del título se surtió conforme a derecho, que no
existió vicio de nulidad ni vulneración del debido proceso y que, por tanto, las actuaciones
posteriores, incluidas las que rechazaron los recursos por extemporáneos, se ajustaron
al ordenamiento jurídico. Asimismo, señaló que, por remisión del artículo 267 del CCA al

10
Samai tribunal, índice 81. Aclaró que contrario a lo afirmado por el tribunal, en primera instancia sí presentó alegatos de conclusión.
11
Informada el 17 de julio de 2012, con la solicitud de levantamiento de la medida preventiva en el trámite sancionatorio.
12
Samai CE, índice 4. Con auto del 16 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la SIC contra la sentencia
de primera instancia, se negó la prueba documental solicitada por la demandada y se decretó como prueba de oficio la documental
de los soportes que certifican la citación de la notificación de la resolución sanción. Según informe secretarial del 11 de noviembre de
2025, de la prueba de oficio se corrió traslado a las partes, quienes no emitieron pronunciamiento. Samai CE, índice 13.

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CPC -citó el art. 315, numeral 1, inciso 3, relativo a la notificación de providencias judiciales-, era válido
efectuar la citación a la dirección registrada en la Cámara de Comercio.

Pronunciamientos finales

La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, a partir de los cargos formulados por
la SIC contra la sentencia de primera instancia que anuló dichos actos y, como
restablecimiento del derecho, declaró probada la excepción de falta de ejecutoria del
título y ordenó el archivo del proceso de cobro coactivo.

2- En concreto, para decidir la apelación se debe establecer si, para la fecha en que se
libró el mandamiento de pago, la resolución sancionatoria había adquirido firmeza y
fuerza ejecutoria. Ello exige determinar si dicho acto fue notificado conforme al
procedimiento previsto en los artículos 44 y 45 del CCA -que rige la actuación-.

Para resolver se precisa que la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo exige
verificar si el acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo fue notificado
conforme al régimen jurídico que regulaba el procedimiento en el que se expidió. Ese
examen corresponde a la administración al resolver la excepción y al juez al ejercer el
control de legalidad sobre esa decisión, pues la notificación no constituye una mera
formalidad, en tanto, mientras el acto no se notifique en la forma prevista por la ley, no
produce los efectos jurídicos que le permiten adquirir firmeza y servir de fundamento para
exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación.

Esta Sección ha sostenido de manera pacífica y reiterada que, al proponerse la excepción
de falta de ejecutoria, el ejecutado puede cuestionar la notificación del acto que sirve de
fundamento al cobro coactivo. Ello obedece a que la ejecutoria y exigibilidad del título
dependen de que dicho acto haya producido efectos jurídicos, lo que ocurre cuando se
pone en conocimiento del interesado mediante las formas de notificación previstas en la
ley o, en los casos legalmente establecidos, por conducta concluyente. Solo a partir de
ese momento el administrado puede ejercer efectivamente los derechos de defensa y
contradicción mediante la interposición de los recursos procedentes o del medio de
control judicial dirigido a controvertir la legalidad del acto 13. Ese examen, sin embargo,
tiene un alcance preciso, pues no está dirigido a revisar la legalidad material del acto
administrativo, sino únicamente a establecer si adquirió firmeza y fuerza ejecutoria y, por
esa razón, podía servir de fundamento al cobro coactivo. En ese mismo sentido, se ha
precisado que, si bien la indebida notificación puede debatirse en el proceso judicial
promovido contra el acto administrativo, ese aspecto también puede examinarse dentro
del procedimiento de cobro coactivo, «pero solo a efectos de establecer una eventual falta de
ejecutoria del título ejecutivo».14

Precisado el alcance de ese control, corresponde establecer si, para la fecha de
expedición del mandamiento de pago -acto con el que inicia el procedimiento de cobro coactivo- la

13
Sentencias del 12 de diciembre de 2018 (exp. 23288, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 29 de abril de 2020 (exp. 24036,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); del 28 de septiembre de 2023 y del 28 de noviembre de 2024 (exps. 27401 y 29139, CP: Wilson
Ramos Girón)
14
Sentencia del 29 de abril de 2020 (exp. 24036, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez)

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-00593-02 (30007)
Demandante: Gas Natural Andino SA

resolución sancionatoria -en el caso, acto administrativo no tributario proferido por la SIC- había
adquirido firmeza y fuerza ejecutoria.

Esa verificación debe realizarse conforme al régimen de notificación previsto en los
artículos 44 y 45 del CCA, aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio que dio
origen al título ejecutivo, de conformidad con el régimen de transición previsto en el
artículo 308 del CPACA15, por haberse iniciado dicho procedimiento el 25 de junio de
2012, antes de la entrada en vigencia de ese estatuto -02 de julio de 2012-, aspecto que no
fue discutido por las partes y que el tribunal también tuvo por acreditado.

Para establecer si la resolución sancionatoria adquirió firmeza y fuerza ejecutoria,
corresponde examinar las actuaciones relevantes, adelantadas por la SIC para efectos
de su notificación. En ese sentido, se encuentra acreditado que, con Resolución 62833
del 25 de octubre de 2012 -título ejecutivo objeto de cobro, acto no tributario-, expedida dentro
del trámite administrativo 12-105558, la SIC impuso sanción a Gas Natural Andino SA,
propietaria del establecimiento de comercio EDS DUAL 2 – Gas Natural Andino SA, por
incumplir el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio -EDS- que
suministran gas natural comprimido para uso vehicular -GNCV-. En dicho acto se ordenó
su notificación personal y se indicó que contra el mismo procedían los recursos de
reposición y apelación16. Con ese propósito, se remitió aviso de citación por correo a la
Avenida Calle 68 # 19-83 de Bogotá -dirección que se indicó en el acto y que coincide con la
informada por la hoy demandante en el trámite sancionatorio-, devuelto el 02 de noviembre de 2012
por la causal no existe número. Posteriormente, el 24 de abril de 2015 se remitió por
correo electrónico el aviso de citación17, y finalmente, el 05 de mayo de 2015, se fijó edicto
por el término de 10 días, desfijado el 19 de mayo de 201518.

Con escrito radicado el 01 de octubre de 2015 -posterior al mandamiento de pago-, el
representante legal de Gas Natural Andino SA manifestó notificarse por conducta
concluyente de la resolución sancionatoria e interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. En ese escrito sostuvo que asumió que la SIC le habría asignado
como dirección de notificación la Calle 68 # 19-83, que es errada, pues la correcta es la
Av. Calle 68 # 19-84 de Bogotá. Los recursos interpuestos fueron rechazados por
extemporáneos con la Resolución 93940 del 30 de noviembre de 201519 en consideración
a que el acto sancionatorio se notificó por edicto desfijado el 19 de mayo de 2015 como
consta en la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y
Certificaciones de la SIC. El recurso de queja interpuesto el 05 de enero de 2016 20 fue
resuelto con la Resolución 002121 del 29 de enero de 2016, en la que se estimó bien
denegado el recurso de apelación.

Del recuento realizado se desprende que la entidad -SIC- remitió inicialmente la citación
para la notificación personal a la dirección física informada expresamente por el
representante legal de la sociedad al intervenir dentro del trámite administrativo
sancionatorio21, actuación que se ajustó a lo previsto en el artículo 44 del CCA, según el
15
Esa norma dispone: El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigor. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
16
Las partes y el tribunal coinciden en que el trámite administrativo sancionatorio se rige por el CCA.
17
En este se anunció que si no se surtía la notificación personal se realizaría por edicto, conforme al artículo 45 del CCA.
18
En sitio de atención al público y en la página Web de la entidad.
19
Acto que resuelve el recurso, notificado por aviso del 29 de diciembre de 2015, previo envío de citación por correo electrónico, para
surtirse la notificación personal.
20
En esa oportunidad se alegó que el aviso electrónico no fue recibido; no hay constancias de su entrega; no se cumplió con los
requisitos de la notificación por medios electrónicos de la SIC; el procedimiento de notificación del título ejecutivo se regía por el CCA,
que no tenía prevista la notificación de los actos por correo electrónico; y en los términos del artículo 44 del CCA, el envío del aviso
de citación se debía surtir dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto, por lo que para el 24 de abril de 2015 -730 días
después-, ya había perdido la oportunidad.
21
Se constató que, en escrito radicado por el representante legal de la demandante ante la SIC el 13 de julio de 2012, dentro del
trámite administrativo 12-105558, manifestó que se daba por notificado por conducta concluyente de un acto administrativo -no lo

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cual «[s]i no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le
enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera
vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La
constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto».

Ahora bien, una vez devuelta la citación remitida a la dirección física suministrada -por
causal de devolución no atribuible a la SIC-, la administración quedó habilitada para acudir al
mecanismo subsidiario de notificación por edicto previsto en el artículo 45 del CCA,
conforme al cual, «[s]i no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío
de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días,
con inserción de la parte resolutiva de la providencia». Nótese que el régimen de notificaciones
establecido en el CCA no le imponía a la administración la obligación de desplegar
actuaciones adicionales de búsqueda o localización del interesado cuando la notificación
personal no podía surtirse por circunstancias ajenas a su actuación. Por el contrario,
agotada la actuación prevista en el artículo 44 del CCA, el procedimiento debía continuar
con el mecanismo subsidiario señalado en el artículo 45 ibidem -edicto-, pues esa
regulación fue diseñada por el legislador como una secuencia procedimental continua:
fracasada la notificación personal, se debía acudir a la notificación por edicto, como
mecanismo subsidiario.

Tampoco resulta de recibo el argumento de la apelante según el cual, por remisión del
artículo 267 del CCA al artículo 315.1 del CPC, la administración estaba facultada para
efectuar una nueva citación a la dirección electrónica registrada por la sociedad en la
Cámara de Comercio. En efecto, la remisión prevista en el artículo 267 del CCA al CPC
tenía carácter supletorio y, por ende, únicamente procedía respecto de aspectos no
regulados por ese estatuto. Comoquiera que, en materia de notificación personal de los
actos administrativos de carácter particular, el CCA establecía un régimen especial,
completo y suficiente, no había lugar a acudir a las disposiciones del CPC -referidas a la
notificación de providencias- para complementar o sustituir el procedimiento especial de
notificaciones -de actuaciones administrativas- previsto en los artículos 44 y 45 del CCA.

En consecuencia, el hecho de que la administración hubiera quedado habilitada para
acudir a la notificación por edicto no significaba que conservara una potestad discrecional
para incorporar o acudir a vías distintas antes de hacer uso de ese mecanismo
subsidiario. En efecto, tratándose de un procedimiento iniciado bajo la vigencia del CCA,
el artículo 308 del CPACA imponía aplicar integralmente el régimen de notificación
previsto en ese estatuto -CCA-. Por ello, una vez agotada la actuación establecida en el
artículo 44 del CCA, el procedimiento debía continuar con el mecanismo expresamente
previsto en el artículo 45 ibidem., sin que se advierta disposición normativa que habilitara
a la administración para introducir una actuación intermedia distinta a las expresamente
señaladas por el legislador.

En ese contexto, aun cuando la administración hubiera acudido al correo electrónico,
según afirmó, con el propósito de procurar el conocimiento de la decisión, ese mecanismo
carecía de aptitud jurídica para alterar la secuencia procedimental prevista en los artículos
44 y 45 del CCA. En esas condiciones, la notificación por edicto practicada en el año
2015 dejó de ser la consecuencia jurídica de la citación remitida en 2012, pues entre una
y otra actuación la administración incorporó una diligencia no prevista en el régimen
identificó-. En dicho escrito indicó expresamente que «[p]ara efectos de notificaciones mi dirección es Av. Calle 68 # 19-83 de la
ciudad de Bogotá». Si bien esa dirección difiere de la impresa en el membrete de Gas Natural Andino SA -Av. Calle 68 # 19-84-, como
lo indica la actora, la primera corresponde a la dirección informada por el representante legal de la sociedad para efectos de la
notificación dentro de la actuación administrativa, que corresponde a la dirección física, que prima sobre cualquier otra. El acto que
antecede a dicha actuación corresponde a la Resolución 42354 del 09 de julio de 2012, dentro del citado trámite administrativo, por
la cual se da una orden preventiva de suspensión de comercialización, que es anterior a la expedición del acto sancionatorio
Resolución 62833 del 25 de octubre de 2012. Esa comunicación fue tenida en cuenta por el tribunal en el fallo apelado, lo que no fue
objeto de reparo.

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especial de notificaciones del CCA. De hecho, la propia actuación administrativa
evidencia que la entidad desconoció los efectos jurídicos que el legislador atribuía a la
primera citación válidamente remitida, pues, en lugar de darle continuidad al
procedimiento mediante el edicto previsto en el artículo 45 del CCA, optó por iniciar una
nueva actuación de citación ajena al procedimiento legal. En consecuencia, se quebró la
continuidad procedimental señalada por el legislador, de suerte que el edicto fijado en
2015 no podía entenderse válidamente precedido por la citación prevista en el artículo 44
del CCA.

La anterior conclusión, además, encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional22, que ha precisado que la notificación dentro de las actuaciones
administrativas cumple un doble propósito: de una parte, garantizar el debido proceso
mediante el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción; y de otra, asegurar los
principios de celeridad, eficacia y publicidad de la función administrativa al determinar
objetivamente el momento a partir del cual el acto resulta oponible al administrado y
comienzan a correr los términos para controvertir la decisión.

Asimismo, ha señalado que una regulación o aplicación de las reglas de notificación que
genere incertidumbre acerca del momento en que esta queda válidamente surtida impide
que los actos administrativos adquieran firmeza y, por ende, compromete la eficacia de
la actuación administrativa23. En esa misma línea, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado24 precisó que la expresión «al cabo de cinco (5) días del envío de la citación»
determina el momento a partir del cual la administración queda habilitada para acudir al
mecanismo subsidiario de notificación por edicto, conforme a la secuencia procedimental
prevista por el legislador.

Tampoco se desvirtúa lo anterior con las pruebas invocadas por la SIC para demostrar
que la citación fue remitida al correo electrónico de la sociedad y recibida conforme al
registro de Certimail. Aun si se admitiera que esa comunicación fue enviada y recibida en
los términos alegados por la entidad, ello no modificaría la conclusión expuesta. En
efecto, dadas las particularidades de este caso, la controversia no radica en establecer
si esa comunicación electrónica fue efectivamente enviada o recibida, sino en determinar
si el ordenamiento jurídico le atribuía la aptitud para producir los efectos propios de la
citación regulada en el artículo 44 del CCA. En ese contexto, el envío de una nueva
citación por correo electrónico no podía sustituir ni complementar el procedimiento
legalmente establecido, ni producir los efectos jurídicos que el legislador atribuyó
únicamente a la citación regulada en el artículo 44 del CCA, de ahí que la actuación con
la que la SIC cuestiona la sentencia apelada carecía de aptitud para reemplazar la

22
Sentencia C-640 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. En particular, expuso: «(…) la notificación permite que la persona a quien
concierne el contenido de una determinación administrativa la conozca, y con base en ese conocimiento pueda utilizar los medios jurídicos a su alcance
para la defensa de sus intereses. Pero más allá de este propósito básico, la notificación también determina el momento exacto en el cual la persona
interesada ha conocido la decisión, y el correlativo inicio del término preclusivo dentro del cual puede interponer los recursos para oponerse a ella. De
esta manera, la notificación cumple dentro de cualquier actuación administrativa un doble propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo
la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de celeridad y eficacia de la función
pública al establecer el momento en que empiezan a correr los términos de los recursos y acciones que procedan en cada caso. También la notificación
da cumplimiento al principio de publicidad de la función pública».
23
En la citada providencia, la Corte expuso: «[u]na deficiente regulación al respecto, que impida que los administrados conozcan efectivamente el
contenido de las decisiones que les incumben, atenta directamente contra sus derechos fundamentales, concretamente contra los de defensa y
contradicción involucrados en la noción de debido proceso. Pero además, una deficiente regulación de la notificación, que arroje incertidumbre sobre
el momento en el cual queda surtida o sobre el real conocimiento del acto por parte de los posibles afectados por su contenido, impide que los actos
administrativos cobren firmeza, con lo cual la celeridad y eficacia de la función pública, amén de la publicidad de la misma, quedan comprometidas».
24
Concepto del 04 de abril de 2017 (radicado 11001-03-06-000-2016-00210-00 (2316), CP: Álvaro Namén Vargas). Esa Sala se refirió
a los artículos 44 y 45 del CCA y expuso que «es claro que la norma anterior estableció un término perentorio para que el interesado
fuera citado a fin de llevar a cabo la notificación personal; luego de transcurridos cinco (5) días del envío de la citación, sin que éste
hubiere comparecido, correspondía a la administración acudir a la forma subsidiaria de notificación, esto es a la fijación de un edicto
en un lugar público del respectivo despacho por el término de diez (10) días y con la inserción de la parte resolutiva de la providencia
a fin de dar a conocer al interesado el contenido de la decisión o acto administrativo para que hiciera efectivos sus derechos de
contradicción y defensa.
La norma señalaba expresamente “al cabo de” expresión que de acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española significa: “Después
de”. Entonces debe entenderse que transcurridos cinco (5) días del envío de la citación para que el interesado concurra para llevar a cabo la notificación
personal sin que se haya presentado, esto es llegado el día sexto contado a partir del primer día del envío de la citación, correspondía a la administración
fijar el edicto en los términos señalados en la norma con el fin de notificar la decisión mediante este mecanismo subsidiario y excepcional».

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citación prevista en el CCA o para constituirse en el presupuesto de la notificación por
edicto regulada en el artículo 45 del CCA.

Admitir lo contrario implicaría desconocer la secuencia procedimental diseñada por el
legislador para la notificación de los actos administrativos, pues supondría aceptar que,
una vez agotada la actuación prevista en el artículo 44 del CCA, la administración podía
prescindir del mecanismo subsidiario de notificación por edicto establecido en el artículo
45 ibidem e incorporar, en su lugar, vías no previstas en ese régimen, desconociendo la
aplicación integral del CCA impuesta por el artículo 308 del CPACA. Tal entendimiento
desnaturalizaría la finalidad del procedimiento de notificación, que no solo garantiza el
ejercicio de los derechos de defensa y contradicción del administrado, sino que también
fija de manera objetiva el momento en que el acto administrativo adquiere firmeza y fuerza
ejecutoria y, por esa vía, resulta oponible al destinatario.

Así, remitida la citación a la dirección física informada expresamente por el administrado
durante la actuación administrativa, conforme al artículo 44 del CCA, y devuelto el envío
el 02 de noviembre de 2012, la SIC quedó habilitada para acudir al mecanismo subsidiario
de notificación por edicto previsto en el artículo 45 ibidem. Sin embargo, en lugar de
continuar con esa secuencia procedimental, transcurrido un lapso considerable, remitió
una nueva citación a un correo electrónico de la sociedad antes de acudir a la notificación
por edicto, con ello, alteró la secuencia procedimental diseñada por el legislador e
introdujo una actuación que no constituía presupuesto jurídico de la notificación por edicto
prevista en el artículo 45 del CCA. En esas condiciones, la notificación por edicto
desfijado el 19 de mayo de 2015 no puede tenerse por válidamente practicada. Por
consiguiente, para la fecha en que se libró mandamiento de pago -27 de agosto de 2015-, la
resolución sancionatoria no había adquirido firmeza ni fuerza ejecutoria y, por ende, no
podía servir de fundamento al procedimiento de cobro coactivo. Por tanto, se coincide
con el tribunal en que procedía la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo.

Conclusión

3- Por lo razonado en precedencia, se establece que, tratándose del procedimiento
administrativo sometido al régimen de notificación previsto en los artículos 44 y 45 del
CCA, la administración no podía alterar la secuencia procedimental diseñada por el
legislador incorporando vías no previstas en ese estatuto antes de acudir al mecanismo
subsidiario de notificación por edicto, pues la firmeza y fuerza ejecutoria del acto
administrativo dependen de que la notificación se surta conforme al procedimiento
legalmente establecido. Como en este caso la SIC modificó esa secuencia procedimental,
la notificación del acto sancionatorio no produjo los efectos jurídicos previstos en el CCA.
Por ello, cuando se expidió el mandamiento de pago, la resolución sancionatoria aún no
había adquirido firmeza ni fuerza ejecutoria, de manera que no podía servir de título
ejecutivo dentro del procedimiento de cobro coactivo.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta
providencia.

Costas

4- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en
costas -agencias en derecho- en esta instancia a la demandada, en la medida en que se
confirma la providencia apelada y hubo una parte vencida en el proceso. Así, se fijarán
como agencias en derecho en esta instancia el equivalente a un smmlv al momento de
la ejecutoria de la providencia, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28
de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente

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de liquidación de la condena en costas, conforme con las reglas consagradas en el
artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al
tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expresado en la parte motiva
de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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