Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00731-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-00731-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-00731-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de julio de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2017-00731-01 (26217)
Demandante: Inversiones Guaitala S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2017-00731-01 (26217)
Demandante INVERSIONES GUAITALA S.A.
Demandado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Temas Cobro coactivo. Excepción de falta de título ejecutivo.
Excepción de falta ejecutoria del título ejecutivo. Notificación
del título ejecutivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de mérito propuestas por el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO – IDU, conforme lo expuesto.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: No se condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
CUARTO: RECONOCER personería jurídica como apoderado de la parte demandada a Julio
César Torrente Quintero, en los términos y para los efectos del poder obrante en el folio 252,
conforme lo previsto en los artículos 74 y siguientes del Código General del Proceso.
QUINTO: Conforme a los Acuerdos PCSJA2020-11567 de 5 de junio de 2020 y CSJBTA20-
60 de 16 de junio de 2020, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá́ , respectivamente, NOTIFICAR ELECTRÓNICAMENTE
la presente providencia (…)
SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, previa devolución del remanente
de lo consignado para gastos procesales al demandante y/o su apoderado, deberán cumplirse
los requisitos contemplados en la Resolución 4179 de 22 de mayo de 2019, de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Déjense las
constancias a que haya lugar»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU) inició un procedimiento de cobro
coactivo en contra de Inversiones Guaitala S.A. con la expedición del mandamiento
de pago del 31 de mayo de 2016, en el cual pretende obtener el pago de la suma
de $222.303.596 por concepto de la contribución de valorización por beneficio local
ordenada por el Acuerdo 523 de 2013 y reasignada mediante la Resolución Nro. VA
1 SAMAI. Índice 2. CD visible a folio 194. PDF de la sentencia. Páginas 17 a 18.
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Demandante: Inversiones Guaitala S.A.
38 de 2013 al predio ubicado en la dirección AC 134 54 11.
El 28 de octubre de 2016, la sociedad formuló las excepciones de falta de título
ejecutivo y de falta de ejecutoria del título ejecutivo por su indebida notificación, pero
fueron negadas mediante Resolución (sin número) del 10 de noviembre de 2016,
que ordenó seguir adelante con la ejecución.
Inversiones Guaitala S.A. presentó recurso de reposición contra la anterior decisión,
el cual fue resuelto por el IDU con la Resolución (sin número) del 21 de diciembre
de 2016, que confirmó el acto recurrido.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Inversiones Guaitala S.A. formuló
las siguientes pretensiones en la demanda, que fueron reiteradas en su reforma:
«(…) solicitamos que se declare la NULIDAD de la Resolución “Por medio de la cual se fallan
unas excepciones al mandamiento de pago” del 10 de noviembre de 2016 y de la Resolución
“Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición” del 21 de diciembre de 2016, proferidas
dentro del Proceso Ejecutivo de Cobro Coactivo No. 52900/15, Expediente No. 797563 –
Acuerdo Local 523/13, y a título de restablecimiento del derecho:
• Que sea notificada en debida forma la Resolución VA 38 del 27 de diciembre de 2013.
• Que se proceda con el archivo del proceso de cobro coactivo No. 52900/15 de manera
definitiva»2.
Para estos efectos, invocó en la reforma de la demanda como normas violadas los
artículos 29 y 83 de la Constitución Política; 565, 567, 568 y 683 del Estatuto
Tributario; 12,13 y 14 del Acuerdo 469 de 2011; y el Concepto Nro. 113793 de 2012
proferido por el IDU.
Los cargos de nulidad se resumen así:
La demandante sostuvo que el IDU, mediante el Concepto Nro. 113793 de 2012,
afirmó que los actos de asignación de la contribución de valorización deben ser
notificados según lo dispuesto en el Decreto Distrital 807 de 1993, que remite a los
artículos 565, 567 y 568 del Estatuto Tributario.
Además, explicó que conforme con los artículos 12 y 14 del Acuerdo 469 de 2011
“por el cual se establecen medidas especiales de pago de tributos en el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones”, los actos proferidos por la Dirección Distrital de Impuestos de
Bogotá se notificarían por correo en la dirección informada por el contribuyente en
el Registro de Información Tributaria (en adelante RIT).
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la Resolución Nro. VA 38 del 27 de
diciembre de 2013, que asignó la contribución de valorización a su cargo y que
invoca el IDU como título ejecutivo, debió ser notificada en la dirección que la
sociedad contribuyente inscribió en el RIT.
Precisó que la dirección inscrita en el RIT desde el 4 de julio de 2014 es la AK 55
2 SAMAI. Índice 2. PDF 13-Reforma de la demanda. Página 2.
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Nro. 135-09 MN 3 Centro Comercial San Rafael. Sin embargo, el IDU envió el correo
de notificación de la Resolución Nro. VA 38 a la dirección AC 134 Nro. 54-11.
De esta forma, la demandante sostuvo que el título ejecutivo trató de ser notificado
mediante correo en una dirección errónea, por lo que, una vez devuelto el correo, la
entidad debió intentar una nueva notificación en la dirección correcta, según lo
dispone el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011 y el artículo 567 del Estatuto
Tributario.
La actora manifestó que, ante la devolución del correo, la entidad surtió la
notificación por aviso del acto administrativo. Empero, dicho tipo de notificación es
de carácter subsidiario y solo procede cuando el correo es enviado a la dirección
correcta, según lo indica el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011 y el artículo 568 del
Estatuto Tributario. Así las cosas, consideró que la notificación por aviso también es
inválida, lo que violó sus derechos al debido proceso y de defensa.
Sostuvo que, comoquiera que el título ejecutivo no fue notificado en debida forma,
no se encuentra ejecutoriado y, por lo tanto, no puede ser ejecutado. En otras
palabras, la resolución que se pretende cobrar no contiene una obligación expresa,
clara y exigible por no estar en firme y no ser oponible a la sociedad.
Afirmó que esta conclusión se refuerza en las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado del 25 de marzo de 2010, del 19 de abril de 2012 y del 8 de agosto de
20123.
Oposición a la demanda
El IDU se opuso a los cargos de nulidad propuestos en la reforma de la demanda.
Sus argumentos de defensa y las excepciones de mérito formuladas se resumen de
forma conjunta, así:
Señaló que el inmueble ubicado en la AC 134 Nro. 54-11 pertenece a los predios
beneficiados de la Zona de Influencia 1 del Grupo 2 de obras del sistema de
movilidad establecida en el Acuerdo 523 de 2013, tal como se estableció en la
Resolución Nro. VA 38 de 2013.
Indicó que, para la fecha de expedición y notificación de la anterior resolución, la
propietaria del inmueble referido era la sociedad Inversiones Guaitala S.A., por lo
que el 7 de octubre de 2014 se envió el correo de notificación a la dirección del
inmueble, obtenida en el censo predial reportada por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital (en adelante Catastro Distrital).
Destacó que el correo de notificación se envió a la dirección del inmueble en
cumplimiento del artículo 14 del Acuerdo 469 de 2011. No obstante, fue devuelto
con la anotación de fuerza mayor, de tal modo que se procedió con la notificación
por aviso en la página web del IDU el 1° de noviembre de 2014, según lo previsto
en el artículo 568 del Estatuto Tributario.
Indicó que, si bien la actora presentó excepciones contra el mandamiento de pago,
estas fueron negadas y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
Informó que el proceso de cobro coactivo fue terminado por pago de la obligación,
3 La actora no suministra más información que permita identificar las providencias.
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mediante acto del 8 de noviembre de 2017, en el que también se dispuso el
levantamiento de las medidas cautelares.
A continuación, la entidad demandada propuso 4 excepciones de mérito. La
primera, la denominó «NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LA
NORMATIVA APLICABLE». En esta manifestó que la notificación por correo de la
Resolución Nro. VA 38 de 2013 debía hacerse en la dirección del inmueble por el
carácter real de la contribución de valorización, y en tanto así lo autoriza el artículo
14 del Acuerdo 469 de 2011, razón por la cual, no son aplicables las normas
invocadas por la demandante. Además, destacó que procedía la notificación por
aviso porque el correo no fue enviado a una dirección errónea.
La segunda excepción propuesta fue titulada «EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN VA 38
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013», según la cual el título ejecutivo fue debidamente
notificado y, por lo tanto, adquirió firmeza en los términos del artículo 87 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo,
indicó que la actora tuvo la oportunidad de interponer el recurso de reconsideración
contra el título ejecutivo, pero no lo hizo, por lo que consideró que trata de reabrir el
debate que debió plantear en el trámite de formación del título, lo que está prohibido
por el artículo 829-1 del Estatuto Tributario.
La tercera excepción fue nombrada «LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y
ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS», en la que el IDU reiteró que su actuación
se ajustó a lo dispuesto en las normas aplicables, por lo que no se configuraron las
causales de nulidad invocadas por la sociedad actora.
Y, finalmente, propuso la excepción que llamó «FALTA DE ELEMENTOS QUE
DESVIRTÚEN LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
ATACADOS», en la que consideró que la demandada no tiene los fundamentos
fácticos ni probatorios para que prosperen las pretensiones, en la medida que se
encuentra demostrado que en el trámite administrativo de la contribución de
valorización y del proceso de cobro coactivo no existió irregularidad alguna.
Oposición a las excepciones de mérito
Inversiones Guaitala S.A. se opuso a las excepciones propuestas por el IDU
reiterando lo expuesto en la demanda y, además, señaló que no procedía la
notificación por correo en la dirección del inmueble porque el artículo 14 del Acuerdo
469 de 2011 solo lo autoriza para los impuestos de facturación, presupuesto que no
se cumple en este caso porque la Resolución Nro. VA 38 no es una factura.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la
demandada, y negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes
consideraciones:
Afirmó que el artículo 15 del Acuerdo 180 de 2005 establece que la notificación,
discusión, cobro y recaudo de la contribución de valorización se rige por el Decreto
Distrital 807 de 1993 y las normas que lo modifiquen, como lo hizo el Acuerdo 469
de 2011. Luego, señaló que el artículo 12 de la última disposición señala que los
actos administrativos proferidos por la administración de impuestos deben
notificarse por correo, entregando copia del acto en la dirección de notificación del
contribuyente. Norma que, indicó, es concordante con lo dispuesto en el artículo
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565 del Estatuto Tributario.
Manifestó que, según el artículo 7 del Decreto Distrital 807 de 1993, adicionado por
el Decreto Distrital 401 de 1999, la notificación deberá efectuarse en la dirección
informada por el contribuyente en la última declaración del respectivo impuesto y, si
el contribuyente no estaba obligado a declarar, la notificación se efectuaría en la
dirección que estableciera la administración mediante verificación directa u otros
medios.
Sostuvo que la anterior regla fue modificada por el artículo 14 del Acuerdo 469 de
2011, según el cual, la facturación del predial o contribución de valorización puede
ser notificada en la dirección del inmueble, pero precisó que esta modificación solo
regiría conforme la reglamentación que sea proferida al respecto.
Así, destacó que la notificación en la dirección del predio fue reglamentada por la
Secretaría Distrital de Hacienda mediante la Resolución Nro. SDH-000219 del 30
de octubre de 2017, que empezó a regir el 2 de noviembre de 2017. Por ser una
norma de procedimiento, consideró que tiene aplicación inmediata en las
condiciones previstas por el artículo 624 del Código General del Proceso. Entonces,
concluyó que la notificación de facturación de contribución de valorización en la
dirección del predio solo puede surtirse válidamente a partir del 2 de noviembre de
2017.
Debido a lo anterior, el a quo estableció que en el caso bajo examen no era aplicable
el artículo 14 del Acuerdo 469 de 2011, pues la Resolución Nro. VA 38 fue proferida
el 27 de diciembre de 2013. Pero tampoco era posible utilizar la dirección
suministrada en el RIT porque, como se indicó por el Consejo de Estado en
sentencia del 25 de septiembre de 20194, este registro solo entró en vigencia el 30
de octubre de 2017.
Debido a lo expuesto, en este caso era aplicable la versión original del artículo 7 del
Decreto Distrital 807 de 1993. Entonces, comoquiera que la contribución de
valorización no debe ser declarada por los contribuyentes, el IDU debía determinar
la dirección de notificación mediante verificación directa o mediante la utilización de
guías telefónicas, directorios, información oficial, etc.
A continuación, el Tribunal sostuvo que la entidad demandada tomó como dirección
de notificación la del predio objeto de contribución, que obtuvo de la información
oficial del censo predial reportado por Catastro Distrital. Por lo anterior, adujo que la
Resolución Nro. VA 38 de 2013 fue enviada por correo a la dirección correcta y,
ante la devolución por una causal diferente a dirección errada, procedía de forma
válida la notificación por aviso en la página web de la entidad.
Por lo anterior, el a quo señaló que el título ejecutivo que sirvió de fundamento al
mandamiento de pago se encontraba debidamente ejecutoriado. Al no haberse
desvirtuado la legalidad de los actos acusados, negó las pretensiones de la
demanda y declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la
demandada.
Finalmente, indicó que no impondría condena en costas porque no fue demostrada
su causación.
4 El Tribunal invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 23631. CP: Milton Chaves García.
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Recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con base en lo siguiente:
Manifestó que el Tribunal interpretó de forma errónea el artículo 7 del Decreto
Distrital 807 de 1993 porque da relevancia al censo predial reportado por Catastro
Distrital, pero no a la verdadera dirección de notificación que figuraba en el Registro
Único Tributario (en adelante RUT), al cual debió acudir por rechazar el uso del RIT.
Así, señaló que en el RUT obraba como dirección de notificación la AK 55 135 09
MN 3 Centro Comercial San Rafael. Por lo anterior, consideró equivocado que el
Tribunal señalara que el correo fue enviado a la dirección correcta.
Afirmó que la sentencia de primera instancia reconoció que era posible utilizar la
dirección del RUT al hacer mención del artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional.
De otro lado, indicó que el a quo cometió un error al considerar que las normas que
rigen este caso permiten realizar la notificación por correo a través de la red oficial,
cuando en realidad se trata de una obligación, por lo que se debió acudir a la
dirección de notificación del RUT.
Con base en lo anterior, afirmó que el IDU no corrigió su error enviando la
Resolución Nro. VA 38 de 2013 a la dirección inscrita en el RUT, y en tal sentido, la
notificación por aviso tampoco es válida.
Finalmente, señaló que el Consejo de Estado, en sentencia del 15 de julio de 20215,
analizó un caso idéntico al de la referencia, en el que concluyó que la Resolución
Nro. VA 38 de 2013 fue indebidamente notificada porque el IDU no desplegó
ninguna actividad para determinar la correcta dirección de notificación del
contribuyente, sino que se limitó a enviar el correo a la dirección del predio. En
consecuencia, declaró la nulidad de los actos que negaron las excepciones
propuestas en ese caso.
Oposición al recurso de apelación
La entidad demandada no se pronunció en relación con el recurso en la oportunidad
prevista por el numeral 4 el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las Resoluciones (sin número)
del 10 de noviembre y del 21 de diciembre de 2016, proferidas por el IDU, mediante
las cuales se rechazó las excepciones de falta de título y de falta de ejecutoria del
5 La apelante citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2018-00006-01 (25324). CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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título ejecutivo propuestas por Inversiones Guaitala S.A. en el procedimiento de
cobro coactivo de la contribución de valorización por beneficio local, y se confirmó
dicha decisión, respectivamente.
La apelante sostuvo que la Resolución Nro. VA 38 de 2013, que sirve de título
ejecutivo en el caso bajo examen, fue indebidamente notificada porque i) no se
envió el correo de notificación a la dirección inscrita en el RUT, ii) no se practicó un
nuevo intento de notificación por correo luego de su devolución y iii) la autoridad
debió adelantar gestiones para determinar la dirección de notificación de la
contribuyente, según se expuso en la sentencia del Consejo de Estado del 15 de
julio de 2021.
Para resolver este litigio, la Sala observa que la sentencia del 15 de julio de 20216,
invocada por la sociedad actora, se analizó un caso con identidad fáctica y jurídica.
En efecto, en esta se declaró la nulidad de los actos proferidos por el IDU que
negaron las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoria del título
ejecutivo porque concluyó que la Resolución Nro. VA 38 de 2013 fue indebidamente
notificada. Así las cosas, la Sala reiterará, en lo pertinente, las consideraciones
expuestas en dicho fallo y las contrastará con los hechos probados en este
expediente.
En la providencia reiterada, esta Sección sostuvo que el Acuerdo 180 de 2005
autorizó el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la
construcción de un plan de obras en la ciudad de Bogotá, que fue modificado
parcialmente por el Acuerdo 523 de 2013.
Luego, señaló que el artículo 15 del Acuerdo 180 de 2005 estableció que, en lo que
compete a la notificación, discusión, cobro y recaudo del acto de asignación de la
contribución de valorización se aplicará lo establecido en el Decreto Distrital 807 de
1993 y las normas que lo adicionen, modifiquen o aclaren.
También sostuvo que, en concordancia, el artículo 2° de la Resolución Nro. VA 38
del 27 de diciembre de 2013 dispuso que la notificación de dicho acto se surtiría con
base en las normas del Decreto Distrital 807 de 1993. Además, en el parágrafo
señaló que la notificación se entendería surtida en la fecha de recibo del correo que
cumpla lo dispuesto por el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, aplicable
por remisión expresa del artículo 6 del Decreto Distrital 807 ibidem.
A continuación, la sentencia del 15 de julio de 2021 destacó que el artículo 6 del
Decreto Distrital 807 fue derogado por el artículo 27 del Acuerdo 469 de 2011. Y
puso de presente que los artículos 12 a 14 de dicho acuerdo indicaron que los actos
proferidos por la Dirección Distrital de Impuestos serían notificados por correo.
Con base en las anteriores normas, el fallo que se reitera concluyó que: «i) las
notificaciones de los requerimientos y demás actos administrativos proferidos por la Dirección
Distrital, deben notificarse por correo en la dirección de notificación del contribuyente, a través de la
red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada
por la autoridad competente, o personalmente o de manera electrónica, ii) cuando los actos se envíen
a dirección distinta a la legalmente procedente se deberá corregir el error en la forma prevista en el
artículo 567 del ET, esto es, enviándola a la dirección correcta, iii) en el evento que los actos
administrativos hayan sido devueltos por correo, por causal diferente a dirección errada, la
notificación se realizará mediante publicación en el Registro Distrital y simultáneamente mediante
publicación en la página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda y iv) la notificación de las
6 Ibidem
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actuaciones de la administración tributaria distrital deberá efectuarse en la dirección informada por
el contribuyente o declarante en el Registro de Información Tributaria – RIT-, aplicable una vez se
implemente».
Continuó señalando que, en otras ocasiones7, la Sala precisó que el artículo 14 del
Acuerdo 469 de 2011 solo es aplicable a partir de la vigencia de la Resolución Nro.
219 del 30 de octubre de 2017, mediante la cual la Secretaría Distrital de Hacienda
estableció los lineamientos, términos, condiciones y plazos para la operatividad e
implementación del RIT.
Debido a lo anterior, el fallo reiterado destacó que, al momento en que se expidió y
se trató de notificar la Resolución Nro. VA 38 de 2013, no estaba vigente la
Resolución Nro. 219 de 2017, por lo que no era aplicable el artículo 14 del Acuerdo
469 de 2011. Además, la Sala señaló que era «oportuno mencionar que, contrario a lo
sostenido por el a quo, el acto objeto de estudio corresponde al de reasignación de la contribución
de valoración, que difiere del acto de facturación del tributo».
La sentencia del 15 de julio de 2021 afirmó que la Resolución Nro. VA 38 debía ser
notificada según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 807 de 1993, norma
vigente para el momento de su expedición. Así, destacó que, conforme con esta
norma, se debía utilizar como dirección de notificación la informada por el
contribuyente en la última declaración del respectivo impuesto o mediante formato
oficial de cambio de dirección. Pero, cuando no exista declaración, formato oficial
de cambio, o el contribuyente no estuviere obligado a declarar, o el acto a notificar
no se refiera a un impuesto determinado, la notificación se realizaría en la dirección
establecida por la administración mediante verificación directa o mediante la
utilización de guías telefónicas, directorios o en general información oficial,
comercial o bancaria.
De esta forma, la Sección indicó que, comoquiera que no existe declaración de la
contribución de valorización, el acto de reasignación (Resolución Nro. VA 38 de
2013) debió ser notificado en una dirección establecida por el IDU mediante la
verificación directa o la utilización de guía telefónicas y en general de información
oficial, comercial o bancaria, las cuales se predican del contribuyente, por lo que no
procedía la notificación en la dirección del predio sobre el cual se reasignaba el
tributo.
Luego, la sentencia del 15 de julio de 2021 expuso las pruebas que obraban en el
expediente, con base en lo cual concluyó que el IDU no realizó gestiones para
establecer la dirección de notificación de la sociedad demandante en ese proceso.
Incluso, consideró que, como «(…) lo reconoce la propia entidad, es que la notificación del
acto administrativo de reasignación del tributo se remitió a la dirección del predio, lo que ciertamente
no consulta lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 807 de 1993».
En este orden, la providencia que se reitera concluyó que «la notificación por correo de
la Resolución VA 38 del 27 de diciembre de 2013 se envió a una dirección que no corresponde a la
legalmente procedente para efectos de notificación al contribuyente, razón por la cual, y en los
7 Al respecto citó las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 23324. Sentencia del 2 de octubre de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 23864. Sentencia
del 16 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 24409. Sentencia del 16 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto.
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términos del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se debía corregir el error en la forma y con los
efectos del artículo 567 del Estatuto Tributario Nacional, esto es, enviándola a la dirección correcta».
Así mismo, se afirmó que no procedía la notificación por aviso, prevista en el artículo
13 del Acuerdo 469 de 2011 porque, aunque el correo fue devuelto por una causal
diferente a dirección errónea, «no se puede obviar que la propia administración reconoció que
esa dirección corresponde al predio, mas no a la dirección de notificación del contribuyente, de modo
que el caso concreto no encuadra en el supuesto previsto en el aparte transcrito».
Por lo expuesto, indicó que «Esa indebida notificación de la Resolución VA 38 de 2013, impide
tener por ejecutoriado el título ejecutivo que sustenta el mandamiento de pago, razón por la cual,
procede la nulidad de los actos administrativos demandados, con el consecuente restablecimiento
del derecho que, para el caso, corresponde declarar probada la excepción de falta de ejecutoria del
título y la terminación del proceso de cobro coactivo, sin que sea necesario, a título de
restablecimiento, disponer la notificación “en debida forma la Resolución VA 38 del 27 de diciembre
de 2013”, como lo solicita la parte actora».
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala destaca que, en el caso de la referencia,
está probado lo siguiente:
• El IDU profirió el mandamiento de pago del 31 de mayo de 2016, en el que
ordenó a la sociedad actora pagar $222’303.596 por concepto de la
contribución de valorización por beneficio local por el predio ubicado en la
dirección alfanumérica «AC 134 54 11»8
• Inversiones Guaitala S.A. formuló las excepciones de falta de título y de falta
de ejecutoria del título contra el anterior mandamiento de pago. Como prueba,
aportó copia del certificado de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de agosto de 2016, en el que consta
que su dirección comercial y de notificaciones judiciales es «AK 55 No. 135 09 MN
3 CC SAN RAFAEL»9.
• Al escrito de excepciones también anexó copia del RUT, en el que consta que
su dirección principal es «AK 55 135 09 MN 3 CENTRO COMERCIAL SAN RAFAEL»10.
• La Resolución (sin número) del 10 de noviembre de 2016, acto inicial que
rechazó las excepciones propuestas por la sociedad, señaló lo siguiente:
«La contribución de valorización autorizada por el Acuerdo 523 de 2013, fue liquidada
y asignada al predio objeto del presente cobro coactivo, mediante la Resolución VA 38
de 27 de diciembre de 2013; acto administrativo que fue debidamente notificado por
aviso el día 01 de noviembre de 2014, en la página web del IDU portal valorización,
consulta actos administrativos. Dicha notificación se realizó de acuerdo con lo
estipulado en el decreto 0019 del 2012 en su artículo 58, el cual modificó el artículo
568 del Estatuto Tributario Nacional el cual indica que “Los actos administrativos
enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificados
por aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en el
portal web”»11 (negrilla del original).
• La sociedad presentó recurso de reposición contra la anterior decisión y, como
prueba, aportó el certificado expedido por Servicios Postales Nacionales S.A.,
8 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 18.
9 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 27.
10 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 30.
11 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 33.
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en el que consta que la notificación por correo de la Resolución Nro. VA 38 de
2013 trató de surtirse en la dirección «AC 134 54 11», pero fue devuelta por la
anotación «FM» del 7 de octubre de 201412.
• La Resolución (sin número) del 21 de diciembre de 2016, que negó el recurso
de reposición contra el acto inicial, puso de presente lo siguiente:
«Así las cosas, el proceso de notificación de la Resolución de Asignación se llevó a
cabo de conformidad con la normativa vigente, enviando la misma por correo a la
dirección del Inmueble AC 134 54 11 (obtenida del censo predial reportada por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), como consta en la guía de entrega
No. MD115630840CO de fecha 07 de octubre de 2014. Al ser devuelta y con base en
el artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 que modificó el 568 del Estatuto Tributario, ya
citado, se notificó por aviso, en el portal de la página web del IDU el día 01 de noviembre
de 2014»13.
Según los hechos probados, al igual que ocurrió en la sentencia del 15 de julio de
2021, el IDU trató de notificar por correo la Resolución Nro. VA 38 de 2013 en la
dirección del inmueble sobre el cual recae la contribución de valorización, pero no
existe prueba de que haya intentado identificar la dirección de notificación del
contribuyente, tal como lo ordenaba para ese entonces el Decreto Distrital 807 de
1993. En consecuencia, ante la devolución del acto de notificación, el IDU debió
corregir su error en la forma y con los efectos previstos en el artículo 567 del Estatuto
Tributario, enviando una notificación por correo a la dirección correcta.
Así las cosas, en este caso también está probado que la Resolución Nro. VA 38 de
2013 fue indebidamente notificada, lo que impide tener por ejecutoriado el título
ejecutivo que sustentó el mandamiento de pago y, por lo tanto, están probadas las
excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoria del título ejecutivo.
De otro lado, la Sala observa que el IDU, en la oposición de la demanda, planteó
que no procede analizar si hubo una indebida notificación del título ejecutivo dentro
del procedimiento de cobro coactivo, pues el artículo 829-1 del Estatuto Tributario
prohíbe debatir cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía
gubernativa. Comoquiera, la sentencia de primera instancia no examinó este punto,
la Sala procederá a analizarlo.
Según lo hechos que han sido narrados, en este caso no se cumplen los supuestos
para aplicar la prohibición del artículo 829-1 del Estatuto Tributario porque no obra
prueba alguna de que Inversiones Guaitala S.A. haya podido debatir la legalidad de
la Resolución Nro. VA 38 de 2013 antes de que le fuera notificado el mandamiento
de pago pues: i) no se demostró que tuviera conocimiento de su contenido de forma
previa al inicio del procedimiento de cobro coactivo, ii) no interpuso ningún recurso
en contra del acto de asignación de la contribución de valorización ni solicitó la
declaratoria del silencio administrativo positivo y iii) no hay prueba de que haya sido
notificado por conducta concluyente.
En consecuencia, en el litigio bajo examen, tal como ocurrió en la sentencia del 15
de julio de 2021, no se está debatiendo un asunto que pudo ser objeto de discusión
en la vía gubernativa, pues la sociedad actora únicamente pudo alegar la indebida
notificación del título ejecutivo mediante la proposición de excepciones en contra
del mandamiento de pago y, por lo tanto, no opera la prohibición del artículo 829-1
12 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 51.
13 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 54.
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del Estatuto Tributario.
Con base en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, declarará la nulidad de los actos acusados y declarará no probadas las
excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.
La demandante solicitó que, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara la
debida notificación de la Resolución Nro. VA 38 de 2013 y se ordenara el archivo
del procedimiento de cobro coactivo. Al respecto, la sentencia reiterada del 15 de
julio de 2021 señaló que el restablecimiento del derecho procedente en estos casos
únicamente es declarar el fin del trámite de cobro, por lo que no procede la orden
de notificar de nuevo el título ejecutivo.
No obstante, se pone de presente que en este caso está probado que el IDU dio por
terminado el procedimiento de cobro coactivo mediante Resolución (sin número) del
8 de noviembre de 201714 porque la sociedad deudora pagó el total de la obligación
a su cargo. Entonces, para el asunto de la referencia carece de objeto ordenar el
archivo del trámite de cobro, tal como lo pretendió la demandante15.
Por lo anterior, la Sala limitará el restablecimiento del derecho únicamente a
declarar probadas las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoria
del título ejecutivo.
De otro lado, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
A modo de conclusión, al Sala i) revocará la sentencia apelada, ii) declarará no
probadas las excepciones de mérito propuestas por el IDU, iii) declarará la nulidad
de los actos administrativos acusados, iv) a título de restablecimiento, declarará
probadas las excepciones de falta de título y de falta de ejecutoria del título ejecutivo
en el procedimiento de cobro coactivo adelantado contra la demandante, v) negará
las demás pretensiones de la demanda, relacionadas con el restablecimiento del
derecho improcedente, y vi) no impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada.
2. Declarar no probadas las excepciones de mérito que fueron propuestas por el
IDU en la oposición a la demanda.
3. Declarar la nulidad de las Resoluciones (sin número) del 10 de noviembre y
del 21 de diciembre de 2016, proferidas por el IDU, que rechazaron las
14 Expediente físico. Cuaderno de antecedentes. Folio 86.
15 En sentido similar ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
85001-23-33-000-2018-00055-02 (25329). CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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excepciones propuestas por Inversiones Guaitala S.A. en el procedimiento de
cobro coactivo de la contribución de valorización por beneficio local asignado
en la Resolución Nro. VA 38 de 2013.
4. A título de restablecimiento del derecho, declarar probadas las excepciones
de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoria del título ejecutivo, que fueron
propuestas en el procedimiento de cobro coactivo adelantado en su contra, por
los motivos expuestos en esta providencia.
5. Negar las demás pretensiones de la demanda.
6. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo el voto
12
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