Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2017-01016-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2017-01016-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-37-000-2017-01016-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE NO PODÍA
EFECTUAR LA CORRECCIÓN DE LA TASA DE VIGILANCIA Y ORDENAR
EL PAGO DE LA MISMA, PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2012,
2013 Y 2014, A LA ACTORA, CON FUNDAMENTO EN QUE ERA UNO DE
LOS “ANTIGUOS VIGILADOS” O SUJETOS PASIVOS DE LA TASA
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27, NUMERAL 27.2, DE LA LEY 1ª DE
1991.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE, contra la sentencia de 22 de abril de 2021,
proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de
la demanda.
I.- ANTECEDENTES
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
I.1. La sociedad NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., por
medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del CPACA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y
condenas:
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto
Administrativo, Resolución No. 066001, expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, el día 29 de
noviembre de 2016.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del Acto Ficto o
Presunto Silencio Administrativo Negativo, que nació a la
vida jurídica el 20 de febrero de 2017, luego de que la
entidad demandada dejara vencer los términos para
responder los recursos de reposición y apelación contra la
Resolución No. 066001.
TERCERA: Que se restablezca el derecho de la empresa
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., en el sentido declarar
que los pagos realizados por la empresa NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., por concepto de Tasa de Vigilancia, para
las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, se efectuaron
correctamente y conforme al inciso 2 del artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011, que se encontraba vigente para la época
de los pagos y con fundamento en lo establecido por las
resoluciones No. 10225 del 23 de octubre de 2012, No.
5150 del 27 de noviembre de 2013 y No. 4188 del 16 de
diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de
Transporte, las cuales fijaron la tarifa por concepto de
Tasa de Vigilancia, resoluciones de las que se presume su
legalidad, hasta que un Juez de la República ordene lo
contrario.
CUARTA: Se ORDENE a la Superintendencia de Puertos y
Transporte el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido por el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA). […]”.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1º. La Ley 1ª de 10 de enero de 19911, en su artículo 27, numeral
27.2, estableció como función de la Superintendencia General de
Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, la de
cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios por
concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le
correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de
funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría
General de la República.
2º. El artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 2 amplió el
cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1°, a la
totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y
gastos que ocasione su funcionamiento y/o inversión.
Adicionalmente, dicha norma estableció que aquellos sujetos a los
cuales se les amplió el cobro de la tasa, pagarían por ese concepto
una tasa por la parte proporcional que le correspondiera según sus
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“Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”.
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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no
podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.
3º. Indicó que, con fundamento en la citada normatividad y los
actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de Puertos y Transporte, que fijan la tarifa,
vigencia y la forma de pago de la tasa de vigilancia, la actora
realizó los respectivos pagos para las vigencias de 2012, 2013 y
2014, por la suma de $42.194.565, $40.227.221 y $32.542.373,
respectivamente, con base en las resoluciones núms. 10225 de 23
de octubre de 2012, 5150 de 27 de noviembre de 2013 y 4188 de
16 de diciembre de 2014.
4º. Que el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional profirió la
sentencia C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la
inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso
primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa
misma disposición, para lo cual indicó la necesidad de que el
legislador determinara una nueva metodología para calcular el valor
en que deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
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5º. Que el 9 de junio de 2015, por medio del artículo 36 de la Ley
17533, se sustituyó la tasa de vigilancia, prevista en las leyes 1ª y
1450, por una “contribución especial de vigilancia para la
Superintendencia de Puertos y Transporte”, la cual se reguló en la
misma ley, unificando el valor a pagar para todos los vigilados de la
Superintendencia en mención.
6º. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió
la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016,
mediante la cual corrigió la liquidación de la tasa de vigilancia para
las vigencias 2012, 2013 y 2014 y ordenó el pago de las mismas
por la suma de $240.026.140, al considerar que la actora realizó
pagos incompletos para esas vigencias.
7º. Indicó que el 19 de diciembre de 2016 presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.
066001 de 29 de noviembre de 2016.
8º. La entidad demandada no resolvió los recursos interpuestos por
la actora.
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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
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I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la
violación de los artículos 2, 4, 6, 23, 29, 38 y 83 de la Constitución
Política; 1, 3, numerales 4, 5, 7 11 y 12, 5, numeral 4, 10, 80, 83 y
86 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114; y 45 de la Ley 270 de
7 de marzo de 19965.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
Alegó que los pagos realizados por la actora por concepto de tasa
de vigilancia, para las vigencias 2012, 2013 y 2014, fueron
realizados de acuerdo con la normatividad vigente para la época de
estos y con las tarifas fijadas por la entidad competente para ello,
por medio de unas resoluciones que hasta la fecha gozan de total
presunción de legalidad.
Señaló que “no se explica” cómo la entidad recaudadora de la
referida tasa pretende de forma arbitraria reliquidarla y cobrar unos
intereses en mora que no se han causado, ni tienen justificación
alguna, lo que conlleva afectar su patrimonio.
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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Manifestó que la Superintendencia de Puertos y Transporte a pesar
de que no expuso el motivo de la corrección de la liquidación de los
pagos hechos por la actora, sí mencionó de “manera superficial” la
expedición de la sentencia C- 218 de 2015, la cual declaró la
inexequibilidad del segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450,
que determinaba el monto de la obligación tributaria para una parte
de los vigilados por la mencionada Superintendencia.
Explicó que la Corte Constitucional consideró, en la citada
sentencia, que al ser inconstitucional el monto de la tasa de
vigilancia, preceptuado en el segundo inciso del artículo 89 de la
Ley 1450, entonces, es el legislador el encargado de determinar el
nuevo monto a pagar por parte del resto de grupo de vigilados por
la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Adujo que no puede interpretarse por la Superintendencia de
Puertos y Transporte que, por el hecho de haber quedado sin
sustento jurídico el monto a pagar por concepto de tasa de
vigilancia del grupo de vigilados, que incluye el artículo 89 de la Ley
1450, ella pueda, a su arbitrio, aplicar fórmulas o montos que no
han sido determinados por el legislador o aplicar las fórmulas que
se utilizan para los vigiladas que están bajo el amparo de otra ley,
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como lo es la Ley 1ª, toda vez que el monto de esta ley solo es
para los sujetos descritos en la misma, esto es, para las sociedades
portuarias y operadores portuarios.
Expresó que al tener efectos solo hacia el futuro (ex nunc) la
sentencia C-218 de 2015 y al gozar de presunción de legalidad las
resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de 2012, 5150 de 27
de noviembre de 2013 y 4188 de 16 de diciembre de 2014,
expedidas por el Ministerio de Transporte, que fijaron la tarifa,
forma y fecha de pago de la tasa de vigilancia de 2012, 2013 y
2014, debe entenderse que los pagos realizados por la
demandante, para esas vigencias, se efectuaron bajo la plena
vigencia del artículo 89 de la Ley 1450.
Que, por lo anterior, no es procedente que la actora pague una
suma diferente por esos conceptos, ni que se le cobren intereses
moratorios, conforme los solicitó la Superintendencia demandada,
pues sobre dichos pagos realizados “recaen” los principios de buena
fe y confianza legítima de la actora, quien de forma responsable
canceló la tasa correspondiente a la ley, que regía al momento.
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Indicó que la parte demandada actuó sin competencia, debido a
que, en un acto arbitrario, asumió la competencia que le
correspondía al Legislativo, fijando el monto de la tasa que debían
pagar los demás vigilados, que no se encontraban bajo el amparo
de la Ley 1ª.
I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, mediante
apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de
las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:
Que teniendo en cuenta que la actora fue creada desde 1955 y que
ha ejercido actividades de operador portuario, corresponde a los
que se consideran como “antiguos vigilados”.
Alegó que al ser antiguo vigilado la entidad demandada debía dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1ª y, por ende,
debía entrar a revisar los pagos efectuados por concepto de tasa
de vigilancia durante las vigencias 2012 a 2014.
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Que, al revisar dichos pagos, encontró que la demandante había
efectuado pagos por menor valor, por cuanto ésta consideró
erradamente que debía efectuar la autoliquidación conforme a los
“nuevos vigilados”, respecto de los cuales se amplió el cobro
mediante el artículo 89 de la Ley 1450, razón por la cual la
Superintendencia demandada, en uso de sus facultades, expidió la
Resolución núm. 066001 de 2016 acusada.
Anotó que, respecto de las decisiones de constitucionalidad o
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede, en casos muy
concretos y puntuales, proferir sentencias interpretativas,
integradoras y de exequibilidad temporal diferida, realizando una
ponderación entre el principio de la supremacía de la Constitución
Política, el cual aconseja atribuir efectos retroactivos o ex nunc a la
decisión.
Que el artículo 45 de la Ley 270 dispone que, por regla general, las
decisiones proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la
jurisdicción constitucional resuelva lo contrario, disposición que fue
declarada exequible mediante la sentencia C-444 de 2011.
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Expresó que el legislador no desbordó sus competencias al ampliar
el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento
de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida
obedece a un fin legítimo.
Señaló que la declaratoria de inexequibilidad jamás discutió la
realización del cobro, sino acerca del origen de la proporcionalidad
del mismo, es decir, a que los antiguos obligados solo pagaban por
el funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y
Transportes, mientras que los nuevos pagarían por el
funcionamiento e inversión de la mencionada entidad y que la frase
“y/o inversión” fue declarada inexequible. Por lo tanto, los nuevos
obligados deberían pagar para contribuir con el funcionamiento de
la entidad demandada, pero no sobre el monto de su inversión.
Aclaró que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente en su
plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial dispuesta
en la sentencia C-218, de lo cual se puede colegir que la Corte
Constitucional no declaró inexequible la ampliación de la tasa de
vigilancia que se efectuó a la totalidad de los sujetos vigilados por
la Superintendencia de Puertos y Transporte, razón por la cual
dicha obligación no desapareció del ordenamiento jurídico.
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Que, por el contrario, la Corte Constitucional decidió la
inexequibilidad respecto de los nuevos vigilados, los gastos de
inversión de la entidad; no obstante, consideró ajustada a la
Constitución Política la ampliación del cobro de la tasa a todos los
vigilados.
Sostuvo que si bien es cierto que los recursos interpuestos no
fueron resueltos dentro del término previsto en el artículo 86 del
CPACA, ello, por sí mismo, no constituye una violación al debido
proceso que vicie de nulidad el acto de corrección, toda vez que no
ha impedido que la actora acuda a la jurisdicción para promover el
presente medio de control. La consecuencia de transgredir dicho
término es el nacimiento de un acto ficto o presunto negativo.
Adujo que los actos acusados no adolecen de falsa motivación,
dado que se fundamentaron bajo criterios de legalidad, certeza de
hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; y que
en todo momento se respetó el principio de legalidad y las
garantías procesales previstas en la Constitución Política y en la
Ley 1437.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
Mediante sentencia de 22 de abril de 2021, la Sección Cuarta,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró
la nulidad de la Resolución núm. 06601 de 29 de noviembre de
2016 y del acto ficto o presunto por el silencio administrativo
negativo, que nació a la vida jurídica el 20 de febrero de 2017; y
ordenó, a título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza
de las declaraciones presentadas por la NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., respecto a la tasa de vigilancia por los períodos
2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la normatividad
legal dispuesta al momento de su presentación, con base en los
razonamientos que pueden resumirse así:
Sostuvo que comparte la interpretación realizada por la parte
demandante, en su escrito de demanda, en el sentido de que la
entidad demandada con la expedición de los actos acusados vulneró
la normatividad fiscal vigente, toda vez que la administración
estableció la corrección de sus declaraciones basada en una
normatividad no acorde a su caso en particular, esto es, en el
numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto la tarifa
establecida en esta normativa solo es aplicable para las sociedades
Portuarias y las Operadoras Portuarias, calidades estas que no
ostenta la sociedad actora, ya que la misma es una sociedad
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prestadora de servicios de transporte, con lo que le es ajustada la
tarifa de la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la Ley
1450 (0.1%).
Que al revisarse el objeto social de la NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., se destaca que su actividad comercial se
relaciona con la industria del transporte acuático y marítimo, así
como la inversión de sus recursos en bienes muebles o inmuebles, lo
cual no se asemeja a lo que el Estatuto de Puertos Marítimos describe
como operadores portuarios o sociedades portuarios, ya que estas
últimas desarrollan actividades de prestación de servicios en los
puertos, directamente relacionados con la actividad portuaria, tales
como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque,
etc., así como la inversión en construcción y mantenimiento de
puertos y su administración.
Señaló que, de conformidad con lo anterior, es claro que la sociedad
actora no es una empresa operadora portuaria o sociedad portuaria;
es un sujeto de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, en la medida en que ejerce actividades de
transporte marítimo, por lo que en ella descansa el deber de declarar
y pagar la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la Ley
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1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, tal y como lo
hizo, por cuanto en dichas vigencias aún estaba vigente y tenía plena
imposición legal la normativa antes descrita, mas no estaba en la
obligación de declarar bajo los postulados del numeral 27.2 del
artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto esta norma solo era obligatoria
para las empresas Operadoras Portuarias o Sociedades Portuarias, lo
que no corresponde con la demandante, por ser una compañía que
prestación de servicios de transporte marítimo, como se probó
anteriormente.
Indicó que teniendo en cuenta que las declaraciones efectuadas por
la sociedad actora, respecto a la tasa de vigilancia por los años 2012,
2013 y 2014, se encontraban ajustadas a derecho, por lo que la
corrección a éstas, llevada a cabo por la entidad demandada, a
través de la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de
2016 acusada se entiende ilegal, por cuanto las declaraciones
iniciales se encuentran acordes con la normativa dispuesta para la
referida contribución, en relación con la tarifa declarada por la
demandante (0.1%).
Que de lo anterior se colige que los actos demandados carecen de la
suficiente sustentación y base probatoria, encontrándose los mismos
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sustentados con razonamientos propios de la administración, lo que
lleva a establecer que los mismos no fueron fundamentados de
manera legal.
Concluyó:
“[…] Dado lo anterior, la Sala de decisión declarará la nulidad
de los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, declarará la firmeza de las
declaraciones presentadas por la compañía NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., respecto a la Tasa de Vigilancia por los
períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas
a la normatividad legal dispuesta al momento de su
presentación. [...]”.
Por último, no ordenó condenar en costas a la parte vencida en el
proceso debido a que la parte interesada no demostró sumariamente
la causación de éstas.
II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada fincó su inconformidad, en esencia, así:
Insistió en que la empresa actora NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A. es de los “antiguos vigilados” de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
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Que la demandante es una empresa que fue constituida mediante
escritura núm. 900 de 29 de abril de 1955, expedida por la Notaría
Segunda del Círculo de Medellín, tal y como consta en el certificado
de existencia y representación legal aportado por ella, por lo que,
con la creación de la Superintendencia en mención, mediante la Ley
1ª y de cara a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1450, se debe
considerar como un “antiguo vigilado”.
Resaltó que los efectos de la sentencia C-218 de 2015 eran hacia el
futuro, por lo cual no se podían afectar las situaciones jurídicas
consolidadas, pues los actos administrativos acusados corresponden
a revisiones o reliquidaciones que efectuó para las vigencias fiscales
2012, 2013 y 2014, en las cuales encontró que se habían efectuado
pagos ostensiblemente menores a los que correspondía.
Expresó que la Resolución núm. 66001 de 29 de noviembre de
2016 no fijó la tarifa de la tasa de vigilancia para las vigencias
2012, 2013 y 2014. Por el contrario, es el producto de la revisión
que la entidad demandada efectuó respecto de los pagos que, por
concepto de tasa de vigilancia, hizo la demandante de las vigencias
2012, 2013 y 2014, encontrando que habían pagado menores
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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
valores y desde luego dispuso que se pagara la diferencia lo que se
constituyó como un saldo pendiente de pago.
Señaló que es claro que la Corte Constitucional no moduló el
sentido de la decisión adoptada de la sentencia C-218 de 2015, por
lo cual es evidente que los efectos se aplicarán a futuro y no desde
siempre. Es por ello, que al ser la Resolución núm. 66001 de 29
de noviembre de 2016 un acto de revisión y cobro de saldos no
pagados por las vigencias 2012, 2013 y 2014, tendría sustento en
actos administrativos expedidos antes de la citada providencia
judicial, esto es, las resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de
2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de
diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte.
Sostuvo que se presentó una situación consolidada, en razón a que
los actos administrativos antes indicados y por los cuales el
Ministerio de Transporte fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia
para las vigencias 2012, 2013 y 2014, al ser expedidos con
anterioridad al 22 de abril de 2015, tienen plena aplicación y vida
en el mundo jurídico, por lo cual no se pueden eliminar ni modificar,
retrotrayendo los efectos de la sentencia C-218 de 2015. Es así
como se hace claro que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente
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en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial
dispuesta en la sentencia C-218, es decir, hasta el 22 de abril de
2015, por lo que sus efectos son hacia futuro y no como
erradamente lo consideró el a quo, al declarar la nulidad, pues le
otorgó efectos desde siempre.
Indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015,
declaró la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de
la tarifa de la tasa de vigilancia, respecto de los nuevos vigilados,
de los gastos de inversión de la entidad, pero tal declaratoria no se
extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la totalidad de los
sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte,
razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del
ordenamiento jurídico.
Manifestó que con la sentencia C-218 de 2015 no se afectan las
situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos
acusados tenían como objeto la revisión de pagos por menores
valores, pagados por la demandante respecto de las vigencias
fiscales 2012, 2013 y 2014, considerando que lo contrario
implicaría el desconocimiento de la seguridad jurídica, en tanto que
la administración aplicó con rigor el artículo 89 de la Ley 1450 y las
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fórmulas de liquidación establecidas por el Ministerio de Transporte,
bajo la norma legal vigente.
Alegó que los actos administrativos demandados no perdieron
fuerza ejecutoria, toda vez que la obligación establecida en la Ley
1ª y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 no perdió vigencia
con el fallo de constitucionalidad, ya que esta decisión solamente
deslegitimó la desigualdad entre los nuevos y antiguos vigilados.
Anotó que los actos administrativos demandados no fijaron el
porcentaje de tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014;
que dicho porcentaje fue determinado por el Ministerio de
Transporte, a través de las resoluciones núms. 10225 de 23 de
octubre de 2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de
16 de diciembre de 2014, las cuales no han sido retiradas del
ordenamiento jurídico y gozan de plena legalidad.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En esta etapa procesal6, las partes demandante y demandada y el
Ministerio Público guardaron silencio.
6
Durante el término a que se refiere el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo pronunciamiento alguno.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la
Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016, “Por
la cual se corrige la liquidación de la Tasa de Vigilancia y se ordena
el pago de la misma para las vigencias 2012, 2013 y 2014 a la
empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA identificada con NIT:
890101092-0”, expedida por la Secretaria General de la
Superintendencia de Puertos y Transporte; y del acto ficto o
presunto por el silencio administrativo negativo, que nació a
la vida jurídica el 20 de febrero de 2017, mediante los cuales se
corrigió la liquidación de la tasa de vigilancia para las vigencias
2012, 2013 y 2014 y se ordenó el pago de las mismas por la suma
de $240.026.140, más los intereses de mora causados hasta la
fecha efectiva del pago, al considerar que la sociedad demandante
realizó pagos incompletos para esas vigencias y que tiene saldos
pendientes a pagar, de la siguiente manera:
“[…] Que, en cumplimiento de lo anterior, resulta conforme
a los postulados constitucionales, legales y
jurisprudenciales, el cobro de la tasa de vigilancia a todos
los sujetos de inspección, así como exigir el pago de los
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valores adeudados por concepto de la tasa de
vigilancia a quienes de forma incompleta realizaron el
pago.
Que, de conformidad con los ingresos brutos reportados por
la empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.,
identificada con NIT 890101092-0, obtenidos entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2011, de 2012, y de 2013,
por valor de $42.194.564.654, $40.227.220.747 y
$34.619.545.861, respectivamente, se verificó en los
sistemas de información de la Superintendencia de Puertos
y Transporte y se evidenció que la empresa NAVIERA
FLUVIAL COLOMBIANA S.A. pagó una parte de lo
adeudado por concepto de tasa de vigilancia, como se
relaciona a continuación:
Que, por lo anterior, se observa que es obligación de
esta Secretaría liquidar el valor de los saldos
pendientes a pagar a cargo de la empresa NAVIERA
FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Corregir la liquidación de la Tasa de Vigilancia,
de las vigencias 2012, 2013 y 2014, a la empresa
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. identificada con
NIT 890101092-0, así:
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Artículo 2. Ordenar a la empresa NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., identificada con NIT 890101092-0,
efectuar el pago por la suma de $240.026.140
relacionados en el artículo anterior más los intereses
de mora causados hasta la fecha efectiva de pago,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
ejecutoria de esta resolución.
Parágrafo 1: Los intereses moratorios seguirán siendo
causados hasta la fecha efectiva del pago de esta obligación
según lo establece el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Al respecto, la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de la Resolución
núm. 06601 de 29 de noviembre de 2016 y del acto ficto o
presunto por el silencio administrativo negativo; y ordenó, a
título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las
declaraciones presentadas por la NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., respecto de la tasa de vigilancia por los
períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la
normatividad legal dispuesta al momento de su presentación.
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Para el efecto, el a quo sostuvo que la sociedad actora tenía el deber
de declarar y pagar la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89
de la Ley 1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, tal y
como lo hizo, por cuanto para esas vigencias aún estaba en vigor
dicha norma, pero no estaba obligada a declarar y pagar lo ordenado
en la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016
acusada, mediante la cual se corrigió la liquidación de la tasa de
vigilancia para los citados años, ya que no estaba en la obligación de
declarar de conformidad con lo previsto en el numeral 27.2 del
artículo 27 de la Ley 1ª, en tanto que esta norma solo era aplicable
para las empresas Operadoras Portuarias o Sociedades Portuarias, lo
cual no corresponde con la demandante, por ser una compañía de
prestación de servicios de transporte marítimo, por lo que le es
ajustada la tarifa de la tasa de vigilancia establecida en el citado
artículo 89 (0.1%), que pagó.
Por su parte, el apelante alegó que sí era procedente la corrección
de la liquidación de la tasa de vigilancia para los años 2012, 2013 y
2014, realizada a través de los acusados, toda vez que la actora, al
corresponder a los “antiguos vigilados” de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, debía dar aplicación a lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 1ª, es decir, una tarifa superior al 0.1%
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declarado por ella, por cuanto la entidad demandada encontró que
había efectuado pagos menores a los que le correspondía.
De conformidad con lo alegado por las partes, es del caso poner de
presente lo siguiente:
El artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª dispuso que la
Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de
Puertos y Transporte, ejercerá la función de:
“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los
operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una
tasa por la parte proporcional que le corresponda, según
sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República. […]” (Destacado fuera de texto).
Por su parte, el artículo 89 de la Ley 1450 amplió el cobro de la
tasa, previsto en el citado artículo 27, numeral 27.2, de la Ley 1ª,
de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa
establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª
de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos
que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
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Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.
PARÁGRAFO. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y
Transporte para que en un plazo de 15 meses expida la
reglamentación de las características técnicas de los
sistemas de seguridad documental que deberán
implementar cada uno de los vigilados, para que se
garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al
usuario de la falsificación. […]” (Destacado fuera de texto).
Conforme con lo anterior, es evidente que el legislador, a través del
artículo 89 de la Ley 1450, amplió los sujetos pasivos del cobro
de la tasa de vigilancia, establecida en el artículo 27 de la Ley
1ª, - las sociedades portuarias y los operadores portuarios-, para
incluir como sujetos pasivos de dicha tasa a la totalidad de los
sujetos que son objeto de vigilancia, inspección y control por
parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Asimismo, la citada norma incluyó dentro de la tarifa para los
nuevos sujetos pasivos la obligación de cubrir los gastos de
inversión de la entidad, para lo cual limitó el monto de cobro de la
tasa a un máximo el 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados.
En virtud de la modificación anteriormente expuesta, el Ministerio
de Transporte expidió las resoluciones núms. 10225 de 23 de
octubre de 2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de
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18 de diciembre del 2014, mediante las cuales fijó la tarifa de la
tasa de vigilancia para los años 2012 a 2014, respectivamente; y a
través de las resoluciones núms. 7376 de 1o. de noviembre de
2012, 015372 de 6 de diciembre de 2013 y 30527 de 18 de
diciembre de 2014, la Superintendencia de Puertos y Transporte fijó
el plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia para esas
vigencias, conforme se señala en la parte considerativa de la
Resolución núm. 066001 de 2006 acusada.
-En la Resolución núm. 10225 de 23 de octubre de 2012, expedida
por el Ministerio de Transporte, se fijó, para la vigencia fiscal 2012,
la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la
Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados señalados
en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª y a aquellos a quienes
fue ampliado el cobro de la tasa por el artículo 89 de la Ley 1450,
así:
“[…] en el 0.3099% para los primeros y en el 0,1% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2011. […]”.
-En la Resolución núm. 7376 de 1o. de noviembre de 2012,
emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se fijó el
plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia que le
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correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia
fiscal 2012, “fijando como último plazo hasta el 28 de diciembre de
2012”.
-En la Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013,
expedida por el Ministerio de Transporte, se fijó, para la vigencia
fiscal 2013, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que
debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los
vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª y
a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa por el artículo
89 de la Ley 1450, así:
“[…] en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2012. […]”.
-En la Resolución núm. 015372 de 6 de diciembre de 2013,
emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se fijó el
plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia que le
correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia
fiscal 2013, así:
“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013. […]”.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
-En la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014,
expedida por el Ministerio de Transporte, se fijó, para la vigencia
fiscal 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que
debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte los
vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª y
a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el artículo
89 de la Ley 1450, así:
“[…] en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2013. […]”.
-En la Resolución núm. 30527 de 18 de diciembre de 2014,
emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se fijó el
plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia que le
correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia
fiscal 2014, así:
“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2013 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014 […]”.
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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
En cumplimiento de las anteriores resoluciones y con fundamento
en el artículo 89 de la Ley 14507, en el caso particular, la
demandante declaró y pagó la tasa de vigilancia para las vigencias
2012, 2013 y 2014, con una tarifa no superior al 0.1% de sus
ingresos brutos, de la siguiente manera:
-Vigencia fiscal año 2012:
Declaró y pagó el valor de $42.194.565, con fundamento en la
Resolución núm. 10225 de 23 de octubre de 2012, expedida por el
Ministerio de Transporte, en la cual se fijó la tarifa por concepto de
tasa de vigilancia de la vigencia fiscal 2012, para los sujetos
incluidos por el artículo 89 de la ley 1450, en el 0.1% de los
ingresos brutos de cada vigilado, en el período comprendido entre
el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 20118.
-Vigencia fiscal año 2013: Declaró y pagó el valor de
$40.227.221, con fundamento en la Resolución núm. 5150 de 27
7
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2
de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su
funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los vigilados. […]” (Destacado fuera de texto).
8
Folio 5 del C. Principal .
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
de noviembre de 2013, expedida por el Ministerio de Transporte,
mediante la cual se fijó la tarifa por concepto de tasa de Vigilancia
de la vigencia fiscal 2013, para los sujetos incluidos por el artículo
89 de la ley 1450, en el 0.1% de los ingresos brutos de cada
vigilado, en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de
diciembre de 20129.
-Vigencia fiscal año 2014: Declaró y pagó el valor de
$32.542.373, con fundamento en la Resolución núm. 4188 de 16
de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, por
la cual se fijó la tarifa por concepto de tasa de Vigilancia de la
vigencia fiscal 2014, para los sujetos incluidos por el artículo 89 de
la ley 1450, en el 0.094% de los ingresos brutos de cada vigilado,
en el período comprendido entre el 1o. de enero y 31 de diciembre
de 201310.
Lo anterior se encuentra corroborado con lo indicado en la
Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016
acusada, en la que se señaló:
“[…] de conformidadd con los ingresos brutos por la
empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
9
Folio 5 del C. Principal .
10
Folios 5 a 6 del C. Principal .
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
identificada con NIT 890101092-0, obtenidos entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2011, de 2012 y de 2013,
por valor de $42.194.564,654, $40.227.220,747, y
$34.619.545,861 pesos m/cte, respectivamente se verificó
en los sistemas de información de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, y se evidenció que la empresa
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. pagó una parte
de lo adeudado por concepto de tasa de vigilancia,
como se relaciona a continuación:
Vigencias […] Valor Pagado
2012 $42.194.565
2013 $40.227.221
2014 $32.542.373 […]”11.
Ahora, se tiene que mediante la sentencia C-218 de 22 de abril de
201512, la Corte Constitucional decidió sobre la constitucionalidad
del citado artículo 89 de la Ley 1450, así:
“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados en la presente sentencia, el inciso primero
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la
expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE
SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual estipula
“Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.”.[…]” (Destacado fuera de texto).
11
Folio 29 del C. Principal.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. (E) María Victoria Sáchica Méndez, Expediente D-10445.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
Para adoptar dicha decisión, la Corte Constitucional sostuvo lo
siguiente:
“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro
de la tasa de vigilancia corresponde a la necesidad de
fortalecer técnica, institucional y financieramente a esa
entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de
brindar un mejor servicio, la Corte encuentra que hay una
justificación válida para ampliar el cobro de la tasa a
aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría
inequitativo que algunos de los vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con
los gastos que requiere su funcionamiento y otros, a pesar
de recibir sus servicios, no lo hicieren.
En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa
es una manifestación de la potestad que tiene el legislador
para establecer tributos, cuando ello tiene una razón lógica
y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del
servicio, bajo un criterio de equidad. Ciertamente, exigir
que todos los vigilados concurran al sostenimiento de la
entidad, también es una manifestación del principio de
igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.
No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de
2011 ni sus antecedentes, permiten justificar de
modo alguno, la necesidad de implementar dos
regímenes de liquidación de la tasa de vigilancia, esto
es, (i) la de los antiguos vigilados que se determina
con base en los gastos de funcionamiento de la
entidad; y (ii) la de los nuevos vigilados que se
establece teniendo en cuenta los gastos de
funcionamiento, pero también los de inversión de la
entidad.
En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna,
que permita comprender porque se estableció una
metodología diferencial para el cobro y el tope de la
tasa referida. Este trato diferencial tiene efectos
reales máxime si los gastos de inversión y aquellos de
funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa a
precisarse:
[…]
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A partir de ello, se concluye que aunque el artículo 89
de la Ley 1450 de 2011, señale que amplía la tasa de
vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad
establece un nuevo tributo diferente al establecido en
el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues los nuevos
vigilados, deben concurrir a financiar los gastos de
inversión y funcionamiento, mientras que los
antiguos solamente lo están realizando sobre estos
últimos. De esta manera, si la intención del legislador
hubiese sido la de gravar a todos los vigilados con mismo
tributo, tenía a su disposición dos mecanismos para ello,
como bien lo exponen los demandantes:
“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a
todos los contribuyentes liquidar su tributo tomando como
referente únicamente los gastos de funcionamiento de la
entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª
de 1991, o
(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo,
incluyendo además de los gastos de funcionamiento, los
gastos de inversión, en la base gravable tanto de los
nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar
diferencias entre unos y otros.”13.
En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que
el legislador no pueda ampliar la base de un tributo, sino
que al hacerlo se debe ajustar a los principios de igualdad y
equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos
de funcionamiento y las de inversión, se concluye que las
inclusión (sic) de los gastos de inversión dentro de la
base gravable de los nuevos vigilados genera una
sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos,
al asociar el tributo no sólo a la recuperación de los
gastos en los cuales incurre la Superintendencia de
Puertos y Transporte en la prestación del servicio,
sino a la productividad y desarrollo de la entidad
(gastos de inversión). Este trato diferencial que no
tiene sustento alguno en la ley que consagra el
tributo ni en los antecedentes de la misma, vulnera el
principio de igualdad.
Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en
razón a la capacidad contributiva de los destinatarios del
servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no es el caso del
asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011 no establece una diferencia fundada en el principio
13
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de equidad, pues las diferencias entre los sujetos gravables
no se abordan ni se mencionan en la ley.
Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala
considera que la justificación expuesta en la Ley 1450 de
2011 según la cual la ampliación de la tasas se hace con el
fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a
la Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del
cobro de una tasa de vigilancia a los agentes vigilados”
resulta contraria a la fórmula establecida para el cobro de la
tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento
de la Superintendencia bastaba, como se expuso con la
extensión de la exigencia del gravamen a todos los vigilados
y no sólo a un grupo de ellos, razón por la cual el propósito
de la norma no guarda una relación de coherencia con el fin
utilizado.
En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó
sus competencias al ampliar el universo de vigilados que
deben concurrir con el funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida
obedece a un fin legítimo. Así las cosas, la vulneración
del principio de igualdad radica en la inclusión de los
gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados
al momento de establecer el monto de la obligación
tributaria.
Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la
potestad que le otorga la Constitución Política determine
una nueva metodología para calcular el valor en que deben
incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la
financiación de los servicios que presta esa entidad. […]”
(Destacado fuera de texto).
Asimismo, cabe mencionar, en cuanto a los efectos de la sentencia
C-218 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, que debe
tenerse en cuenta lo señalado por el artículo 45 de la Ley 270, que
es del siguiente tenor:
“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del
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artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario. […]” (Destacado fuera de texto).
Frente al citado artículo 45 de la Ley 270, la Corte Constitucional,
en sentencia C-507 de 3 de diciembre de 202014, puntualizó lo
siguiente:
“[…] 46. El artículo 241 de la Carta Política le confía a la
Corte Constitucional la guarda de la integridad y la
supremacía de la Constitución. Para tales fines, prescribe
que la Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación”. A su
turno, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia señala que, por regla
general, las sentencias proferidas por la Corte tienen
efectos hacia el futuro, a menos que la Corporación
disponga lo contrario15. […]” (Destacado fuera de texto).
Y en sentencia C-560 de 20 de noviembre de 201916, la Corte se
pronunció sobre los efectos de las decisiones que toma, en ejercicio
del control abstracto de constitucionalidad, así:
“[…] El inciso segundo del artículo 243 de la Constitución
prohíbe a las autoridades reproducir el contenido material
de leyes declaradas inexequibles, siempre y cuando dicha
declaración se haya hecho por razones de fondo y, además,
subsistan en la Carta las normas que sirvieron para hacer el
juicio de constitucionalidad17. Conforme al primer inciso
14
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expediente D-13669.
15
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera
la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Expediente núm. D-13199.
17
Cfr. Sentencia C-228 de 2002 (fundamento jurídico 6.2.), en la cual se interpreta esta prohibición.
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de este artículo, en concordancia con los artículos 46
y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de
1991, se tiene que las decisiones que toma este
tribunal, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, son definitivas y obligatorias para
todos, dado su efecto erga omnes18. […]” (Destacado
fuera de texto).
Y por su parte, esta Sección19, en cuanto a la fecha en que
comienzan a producir sus efectos las sentencias que declaran la
inconstitucionalidad, cuando no señalan efectos diferentes a los ex
nunc implícitos en la decisión, precisó lo siguiente:
“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con
el artículo 4520 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, las sentencias que profiera el Tribunal
Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el
futuro, salvo que la Corte resuelva lo contrario o le
señale unos específicos o diferidos efectos.
Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex
nunc implícitos en la decisión, la sentencia que declara la
inconstitucionalidad empieza a producir efectos a partir
del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de
su ejecutoria. Esta determinación en razón a la clase de control
que cumple sobre el ordenamiento jurídico y en lo previsto en
el artículo 5621 de la Ley Estatutaria, en cuanto dispone que las
sentencias tendrán la fecha en la que se adopte,
independientemente de las vicisitudes que se presenten en la
publicación del texto del fallo y de los disensos por aclaraciones
18
Cfr., Sentencias C-220 de 2011, C-228 y 744 de 2015 y C-290 de 2019.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
octubre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación núm. 13001-23-31-000-
2003-00212-01.
20
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del
control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.” (negrilla y subrayado del texto)
21
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la
forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En
dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o
la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional
mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se
adopte.” (negrilla y subrayado del texto)
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o salvamentos que se registren en su aprobación. […]”
(Destacado fuera de texto).
Así las cosas, la Sala considera que habida cuenta que la sentencia
C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, no expresó
modulación alguna de su decisión, es aplicable la regla general
prevista en el artículo 45 de la Ley 270, esto es, que sus efectos
son hacia el futuro y empiezan a partir del día siguiente a la
fecha de la sentencia.
Por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 al ser proferida el 22 de
abril de 2015 por la Corte Constitucional, empezó a surtir sus
efectos a partir del día siguiente a su fecha, “[…] este día
corresponde al 23 de abril de 2015 […]”22, razón por la cual a la
fecha de expedición de los actos acusados sí eran aplicables los
efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia C-218 de
2015, que expulsaron del ordenamiento jurídico tanto la expresión
“y/o inversión” del inciso primero, así como el inciso segundo del
artículo 89 de la Ley 1450.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
Asimismo, ver sentencia de 5 de mayo de 2022 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. núm. único de radicación
25000233700020160146201).
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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 12
de diciembre de 202423, en la que la Sección Primera señaló:
“[…] 126. Para la Sala, si bien la Corte Constitucional se
encuentra jurídicamente habilitada para señalar los
efectos temporales de sus sentencias, al no haberlo
hecho frente a la sentencia C-218 de 2015, debe
entenderse que los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad contenida en la misma se producen ex
nunc, esto es, desde ahora y hacia futuro, y para el
momento en que se expidieron los actos acusados tanto la
expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el
inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 ya habían sido
expulsados del ordenamiento jurídico. […]” (Destacado
fuera de texto).
Precisado lo anterior y comoquiera que la Superintendencia de
Puertos y Transporte, en el recurso de apelación, insistió en que sí
era procedente la corrección de la liquidacion de la tasa de
vigilancia por las vigencias de 2012, 2013 y 2014, realizada a
través de los actos acusados, por cuanto, a su juicio, la empresa
actora NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. corresponde a los
“antiguos vigilados” de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, a los que se refiere el artículo 27 de la Ley 1ª, ya que
fue creada desde 1955 y ha ejercido actividades de operador
portuario, la Sala debe establecer si la demandante es una sociedad
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
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portuaria o un operador portuario, a fin de determinar si le era
aplicable lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1ª, es decir, una
tarifa superior al 0.1% declarado por ella y, en tal sentido, debía
pagar unos valores mayores.
Al efecto, debe precisarse que la tasa de vigilancia, prevista en la
Ley 1ª, tiene como hecho generador la circunstancia de estar
sometido a la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
Se hallan en esa situación las sociedades portuarias y los
operadores de puertos, según el artículo 27, numeral 27.2, de la
Ley 1ª que es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 27. Funciones de la Superintendencia
General de Puertos. El Superintendente General de
Puertos ejercerá las siguientes funciones:
“[…] 27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los
operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una
tasa por la parte proporcional que le corresponda, según
sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República. […]” (Destacado fuera de texto).
De manera que, según lo preceptuado en el citado artículo 27.2 de
la Ley 1ª, los sujetos pasivos de este tributo son las sociedades
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portuarias y los operadores portuarios y, por ende, sometidos
a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de
Puertos y Transporte.
Ahora, la Ley 1ª, en su artículo 5º, señaló que para la correcta
interpretación y aplicación de la misma deben tenerse en cuenta las
siguientes definiciones:
“[…] ARTÍCULO 5º. Definiciones. Para la correcta
interpretación y aplicación de esta Ley se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones:
5.1. Actividad portuaria. Se consideran actividades
portuarias la construcción, operación y administración de
puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y
obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas
que se efectúan en los puertos y terminales
portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones
que existan sobre las playas y zonas de bajamar, y en las
orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias.
[…]
5.9. Operador portuario. Es la empresa que presta
servicios en los puertos, directamente relacionados con la
entidad portuaria, tales como cargue y descargue,
almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba,
manejo terrestre o porteo de la carga, dragado,
clasificación, reconocimiento y useria.
[…]
5.20. Sociedad portuaria. Son sociedades anónimas,
constituidas con capital privado, público, o mixto, cuyo
objeto social será la inversión en construcción y
mantenimiento de puertos, y su administración. Las
sociedades portuarias podrán también prestar servicios de
cargue y descargue, de almacenamiento en puertos, y otros
servicios directamente relacionados con la actividad
portuaria. […]” (Destacado fuera de texto).
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La lectura conjunta de las definiciones legales de actividad
portuaria, sociedad portuaria y operador portuario hace notar que
el objeto social principal de estas sociedades y operadores es el de
prestar servicios en los puertos e invertir recursos en la
administración de los puertos y en su construcción y
mantenimiento, así como otros servicios directamente relacionados
con la actividad portuaria.
En el caso sub examine, se observa que de conformidad con el
certificado de existencia y representación legal o de inscripción de
documentos de la NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.,
expedido el 5 de junio de 2017 por la Cámara de Comercio, fue
constituida como sociedad anónima por escritura pública núm. 900
de 29 de abril de 1955 y su objeto social es:
“[…] OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto
principal, el desarrollo de las siguientes actividades: 1.- La
explotación comercial de la industria del transporte
acuático, mediante la conducción de mercancías,
combustibles, semovientes, correos y en general, cualquier
clase de bien mueble, así como de pasajeros; a través de
ríos canales y lagos navegables, con particular énfasis en el
rio magdalena y susafluentes. 2.- El transporte marítimo,
aéreo y terrestre, dentro de cualquier parte del territorio
colombiano o fuera de el, o con destino o lugar de
embarque en Colombia de pasajeros, bienes muebles, carga
a granel, carga liquida, contenedores y carga homogénea y
en general de cualquier clase de carga; así como la
actividad de fleteamiento, cabotaje, dragado, la prestación
de servicios especializados en soporte de muelle e
instalaciones marítimas o fluviales; así como, en general,
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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
cualquier otra actividad comercial o marítima o fluvial
inherente, complementaría y accesoria a las anteriores. 3.-
La inversión de sus recursos en cualquier clase de
bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, así
como en cualquier negocio jurídico o en la constitución o
participación de personas jurídicas que tengan por objeto
uno similar, complementario o conexo al suyo. En desarrollo
de su objeto social la sociedad podrá: a.- Adquirir o
enajenar, a cualquier título, naves, barcos, remolcadores,
planchones, vehículos, aeronaves, equipos, herramientas,
repuestos, aparejos, tituallas, combustibles, etc. b.-
Adquirir, enajenar, construir y explotar astilleros para la
construcción o reparación de naves y talleres relacionados
con la construcción, reformas, adecuación, reparación o
mantenimiento de vehículos o naves. c.-Participar e
intervenir en la organización y promoción de cualquier clase
de empresas ya sea como fundadora o constituyente, o
mediante suscripción o compra de acciones, cuotas,
participaciones, bonos, cédulas y otros títulos o documentos
de crédito o títulos valores. d.- Comprar, vender y en
general, enajenar a cualquier título, toda clase de bienes
inmuebles o muebles, gravar en cualquier forma sus
bienesmuebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e
hipotecar los segundos y. realizar cualquier acto de
administración sobre los bienes que conforman su
patrimonio. e.- Girar, emitir, endosar, adquirir, aceptar,
cobrar, pagar, protestar, descontar, cancelar, así como
cualquier otra operación sobre títulos valores. f.- Dar o
tomar dinero en mutuo con o sin intereses. g.- Celebrar
toda clase de operaciones comerciales, actos y negocios
jurídicos con personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, instituciones financieras,
compañías aseguradoras, entre otras. h.- Obtener y
explotar los derechos que se deriven de marcas, nombres
comerciales, enseñanzas, dibujos industriales, patentes de
inversión; derechos de autor, conexos y en general
cualquier bien de propiedad intelectual. i.- Transigir, desistir
y someter a decisiones arbitrales las cuestiones en que
tenga interés frente a terceros. j.- Invertir sus excedentes
de tesorería y k.-Realizar todos los actos relacionados con
el objeto social, así como cualquier otro necesario,
conveniente o complementario que tenga por finalidad
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal y
convencionalmente derivadas de la existencia yactividad de
la sociedad. […]” 24(Destacado fuera de texto).
24
Folios 23 a 26 del C. Principal.
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Lo anterior, permite colegir que el objeto de la sociedad actora se
relaciona con el desarrollo de actividades que comprenden la
explotación comercial de la industria del transporte acuático,
marítimo, aéreo y terrestre, dentro de cualquier parte del territorio
colombiano o fuera de él, así como la inversión de sus recursos en
cualquier clase de bienes muebles e inmuebles, tangibles o
intangibles, así como en cualquier negocio jurídico o en la
constitución o participación de personas jurídicas que tengan por
objeto uno similar, complementario o conexo al suyo.
Y, por tanto, que su objeto social no encuadra dentro de las
definiciones de operadores portuarios y sociedades portuarias,
señaladas en la Ley 1ª, -Estatuto de Puertos-, toda vez que los
referidos operadores y sociedades, se reitera, prestan servicios en
los puertos y realizan actividades de inversión recursos en la
administración de los puertos y en su construcción y
mantenimiento, así como otros servicios directamente
relacionados con la actividad portuaria.
Siendo ello así, la Sala estima que la sociedad demandante
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. no ejerce actividades de
operador portuario, ni como sociedad portuaria, razón por la cual
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no corresponde a los “antiguos vigilados” de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, a que hace alusión el artículo 27, numeral
27.2, de la Ley 1ª (norma vigente para la fecha de las resoluciones
demandadas), y, por consiguiente, no estaba obligada a declarar y
pagar la tasa de vigilancia prevista en la citado disposición, como lo
hacían los “antiguos vigilados”, por ser esta disposición aplicable
solo a las sociedades portuarias y los operadores de puertos.
Por el contrario, la sociedad actora sí debía declarar y pagar la tasa
de vigilancia conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley
1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, como lo hizo,
por cuanto para dichos períodos aún estaba vigente dicha norma,
en tanto que la sentencia C-218 de 22 de abril de 2015, proferida
por la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de los
apartes del artículo 89 de la Ley 1450, empezó a surtir sus efectos
con posterioridad al pago de esas vigencias, -23 de abril de 2015-.
Y en tal sentido, se encuentran ajustadas las declaraciones y pagos
efectuados por la demandante de la tasa de vigilancia para las
vigencias 2012, 2013 y 2014, con fundamento en el artículo 89 de
la Ley 145025, en relación con una tarifa no superior al 0.1% de sus
25
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2
de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la
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ingresos brutos, por lo que no era procedente que la entidad
demandada, a través de la Resolución núm. 066001 de 29 de
noviembre de 2016 acusada, corrigiera la liquidación de la tasa
de vigilancia de las referidas vigencias y ordenara el pago de saldos
pendientes, con base en una tarifa superior.
Ahora, en cuanto al argumento de que se presenta una situación
jurídica consolidada con respecto a los actos acusados, es del caso
traer a colación la sentencia de 5 de mayo de 202226, en la que
esta Sección señaló, sobre las situaciones jurídicas consolidadas y
no consolidadas, lo siguiente:
“[…] una situación jurídica no consolidada es aquella
susceptible de ser discutida en la instancia administrativa o
ante la jurisdicción contenciosa, es decir, mantiene su
condición de ser materia de debate o controversia en
alguna de las sedes indicadas.
134. En el asunto sub lite se trata de una situación jurídica
no consolidada, cuando es la propia Administración la que
procede a expedir el acto administrativo de carácter
particular y concreto de liquidación oficial de revisión del
pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su
funcionamiento y/o inversión.
Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los vigilados. […]” (Destacado fuera de texto).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160146201.
Criterio reiterado en la citada sentencia de 12 de diciembre de 2024.
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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
a cargo de la parte demandante, el cual se encuentra en
discusión ante esta Sala y que previamente fue objeto de
impugnación a través de los recursos de reposición y
apelación ante las dependencias administrativas
competentes.
135. Así las cosas, las situaciones jurídicas
consolidadas son aquellas situaciones subjetivas y
particulares que no fueron recurridas o demandadas
por la parte interesada dentro de la oportunidad legal
y que, por tanto, han quedado en firme o han sido
objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a
cosa juzgada. […]” (Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, en el caso bajo examen, la Sala
estima, contrario a lo alegado por el apelante, que no existe una
situación jurídica consolidada, en razón a que los actos
administrativos acusados, mediante los cuales se corrigió la
liquidación de la tasa de vigilancia y se ordenó el pago de la misma
para las vigencias 2012, 2013 y 2014, a la actora, fueron
recurridos; están siendo objeto de conocimiento por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de
determinar la legalidad de éstos; no han quedado en firme y no han
sido objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa
juzgada.27
En este orden de ideas, la Sala concluye que la Superintendencia
demandada no podía, a través de la Resolución núm. 066001 de
27
En el mismo sentido, ver las citadas sentencias de 5 de mayo de 2022 y de 12 de diciembre de
2024.
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29 de noviembre de 2016 demandada, corregir la liquidación
de la tasa de vigilancia y cobrar el pago de unos saldos pendientes
para las vigencias de los años 2012 a 2014, con fundamento en que
la sociedad actora era uno de los “antiguos vigilados” o sujeto
pasivo de la tasa prevista en el artículo 27, numeral 27.2, de la Ley
1ª, como lo adujo la entidad demandada en el recurso de apelación.
Por lo tanto, le asistió razón a la sentencia de primera instancia
cuando concluyó:
“[…] En ese orden y ya que las declaraciones efectuadas por
la sociedad demandante respecto a la Tasa de Vigilancia por
los años 2012, 2013 y 2014 se encontraban ajustadas a
derecho, la corrección a estas llevada a cabo por la entidad
demandada a través de la Resolución No. 066001 del 29 de
noviembre de 2016 se entiende ilegal, por cuanto las
declaraciones iniciales se encuentran acordes con la
normativa dispuesta para la referida contribución, en
relación a la tarifa declarada por la demandante (0.1%); lo
anterior deja ver que los actos demandados carecen de la
suficiente sustentación y base probatoria, encontrándose los
mismos sustentados con razonamientos propios de la
administración, lo que conlleva a establecer que los mismos
no fueron fundamentados de manera legal.
Dado lo anterior, la Sala de decisión declarará la nulidad de
los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, declarará la firmeza de las
declaraciones presentadas por la compañía NAVIERA
FLUVIAL COLOMBIANA S.A., respecto a la Tasa de Vigilancia
por los períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas
ajustadas a la normatividad legal dispuesta al momento de
su presentación. […]”.
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En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18828 del CPACA en armonía con el
numeral 8 del artículo 365 del CGP291, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo30, la Sala condenará a la
SUPERINTENDENCIA DE DE PUERTOS Y TRANSPORTE, entidad
apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 36531 ibidem, al
pago de las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
28
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
29
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
30
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
31
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
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proceso32 y por las agencias en derecho33”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte actora a través de apoderado judicial.
Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se
sujetará a la liquidación34 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP35, se fijan como agencias en derecho, la suma
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la
sociedad NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., cifra que
equivale a $1.423.50036. Lo anterior, de conformidad con las tarifas
32
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
33
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
34
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
35
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
36
Por medio del Decreto 1572 de 24 de diciembre de 2024 se fijó el salario mínimo mensual legal
vigente para el año 2025.
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establecidas en el numeral 1 del artículo 5º37 del Acuerdo núm.
PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte
demandada y en favor de la sociedad NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $ 1.423.500
(equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente), la cual
37
“[…] Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
[…]
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”.
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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte
demandada.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con excusa
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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