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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2017-01016-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2017-01016-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandada y en favor de la sociedad NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $ 1.423.500 (equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente), la cual 37 “[…] Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52 Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01. Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandada. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-37-000-2017-01016-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01
Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE NO PODÍA
EFECTUAR LA CORRECCIÓN DE LA TASA DE VIGILANCIA Y ORDENAR
EL PAGO DE LA MISMA, PARA LAS VIGENCIAS DE LOS AÑOS 2012,
2013 Y 2014, A LA ACTORA, CON FUNDAMENTO EN QUE ERA UNO DE
LOS “ANTIGUOS VIGILADOS” O SUJETOS PASIVOS DE LA TASA
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27, NUMERAL 27.2, DE LA LEY 1ª DE
1991.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y

TRANSPORTE, contra la sentencia de 22 de abril de 2021,

proferida por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de

la demanda.

I.- ANTECEDENTES

2

Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

I.1. La sociedad NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., por

medio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138

del CPACA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y

condenas:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto
Administrativo, Resolución No. 066001, expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, el día 29 de
noviembre de 2016.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del Acto Ficto o
Presunto Silencio Administrativo Negativo, que nació a la
vida jurídica el 20 de febrero de 2017, luego de que la
entidad demandada dejara vencer los términos para
responder los recursos de reposición y apelación contra la
Resolución No. 066001.

TERCERA: Que se restablezca el derecho de la empresa
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., en el sentido declarar
que los pagos realizados por la empresa NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., por concepto de Tasa de Vigilancia, para
las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, se efectuaron
correctamente y conforme al inciso 2 del artículo 89 de la
Ley 1450 de 2011, que se encontraba vigente para la época
de los pagos y con fundamento en lo establecido por las
resoluciones No. 10225 del 23 de octubre de 2012, No.
5150 del 27 de noviembre de 2013 y No. 4188 del 16 de
diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de
Transporte, las cuales fijaron la tarifa por concepto de
Tasa de Vigilancia, resoluciones de las que se presume su
legalidad, hasta que un Juez de la República ordene lo
contrario.

CUARTA: Se ORDENE a la Superintendencia de Puertos y
Transporte el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido por el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA). […]”.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1º. La Ley 1ª de 10 de enero de 19911, en su artículo 27, numeral

27.2, estableció como función de la Superintendencia General de

Puertos, hoy Superintendencia de Puertos y Transporte, la de

cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios por

concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le

correspondía, según sus ingresos brutos, en los costos de

funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría

General de la República.

2º. El artículo 89 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 2 amplió el

cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1°, a la

totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la

Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y

gastos que ocasione su funcionamiento y/o inversión.

Adicionalmente, dicha norma estableció que aquellos sujetos a los

cuales se les amplió el cobro de la tasa, pagarían por ese concepto

una tasa por la parte proporcional que le correspondiera según sus

1
“Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la

inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no

podría ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

3º. Indicó que, con fundamento en la citada normatividad y los

actos administrativos expedidos por el Ministerio de Transporte y la

Superintendencia de Puertos y Transporte, que fijan la tarifa,

vigencia y la forma de pago de la tasa de vigilancia, la actora

realizó los respectivos pagos para las vigencias de 2012, 2013 y

2014, por la suma de $42.194.565, $40.227.221 y $32.542.373,

respectivamente, con base en las resoluciones núms. 10225 de 23

de octubre de 2012, 5150 de 27 de noviembre de 2013 y 4188 de

16 de diciembre de 2014.

4º. Que el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional profirió la

sentencia C-218 de 2015, mediante la cual se declaró la

inexequibilidad de la expresión “[…] y/o inversión […]” del inciso

primero del artículo 89 de la Ley 1450 y del inciso segundo de esa

misma disposición, para lo cual indicó la necesidad de que el

legislador determinara una nueva metodología para calcular el valor

en que deben incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la

Superintendencia de Puertos y Transporte.

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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

5º. Que el 9 de junio de 2015, por medio del artículo 36 de la Ley

17533, se sustituyó la tasa de vigilancia, prevista en las leyes 1ª y

1450, por una “contribución especial de vigilancia para la

Superintendencia de Puertos y Transporte”, la cual se reguló en la

misma ley, unificando el valor a pagar para todos los vigilados de la

Superintendencia en mención.

6º. Señaló que la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió

la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016,

mediante la cual corrigió la liquidación de la tasa de vigilancia para

las vigencias 2012, 2013 y 2014 y ordenó el pago de las mismas

por la suma de $240.026.140, al considerar que la actora realizó

pagos incompletos para esas vigencias.

7º. Indicó que el 19 de diciembre de 2016 presentó recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm.

066001 de 29 de noviembre de 2016.

8º. La entidad demandada no resolvió los recursos interpuestos por

la actora.

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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la

violación de los artículos 2, 4, 6, 23, 29, 38 y 83 de la Constitución

Política; 1, 3, numerales 4, 5, 7 11 y 12, 5, numeral 4, 10, 80, 83 y

86 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114; y 45 de la Ley 270 de

7 de marzo de 19965.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

Alegó que los pagos realizados por la actora por concepto de tasa

de vigilancia, para las vigencias 2012, 2013 y 2014, fueron

realizados de acuerdo con la normatividad vigente para la época de

estos y con las tarifas fijadas por la entidad competente para ello,

por medio de unas resoluciones que hasta la fecha gozan de total

presunción de legalidad.

Señaló que “no se explica” cómo la entidad recaudadora de la

referida tasa pretende de forma arbitraria reliquidarla y cobrar unos

intereses en mora que no se han causado, ni tienen justificación

alguna, lo que conlleva afectar su patrimonio.

4
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.
5
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

Manifestó que la Superintendencia de Puertos y Transporte a pesar

de que no expuso el motivo de la corrección de la liquidación de los

pagos hechos por la actora, sí mencionó de “manera superficial” la

expedición de la sentencia C- 218 de 2015, la cual declaró la

inexequibilidad del segundo inciso del artículo 89 de la Ley 1450,

que determinaba el monto de la obligación tributaria para una parte

de los vigilados por la mencionada Superintendencia.

Explicó que la Corte Constitucional consideró, en la citada

sentencia, que al ser inconstitucional el monto de la tasa de

vigilancia, preceptuado en el segundo inciso del artículo 89 de la

Ley 1450, entonces, es el legislador el encargado de determinar el

nuevo monto a pagar por parte del resto de grupo de vigilados por

la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Adujo que no puede interpretarse por la Superintendencia de

Puertos y Transporte que, por el hecho de haber quedado sin

sustento jurídico el monto a pagar por concepto de tasa de

vigilancia del grupo de vigilados, que incluye el artículo 89 de la Ley

1450, ella pueda, a su arbitrio, aplicar fórmulas o montos que no

han sido determinados por el legislador o aplicar las fórmulas que

se utilizan para los vigiladas que están bajo el amparo de otra ley,

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como lo es la Ley 1ª, toda vez que el monto de esta ley solo es

para los sujetos descritos en la misma, esto es, para las sociedades

portuarias y operadores portuarios.

Expresó que al tener efectos solo hacia el futuro (ex nunc) la

sentencia C-218 de 2015 y al gozar de presunción de legalidad las

resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de 2012, 5150 de 27

de noviembre de 2013 y 4188 de 16 de diciembre de 2014,

expedidas por el Ministerio de Transporte, que fijaron la tarifa,

forma y fecha de pago de la tasa de vigilancia de 2012, 2013 y

2014, debe entenderse que los pagos realizados por la

demandante, para esas vigencias, se efectuaron bajo la plena

vigencia del artículo 89 de la Ley 1450.

Que, por lo anterior, no es procedente que la actora pague una

suma diferente por esos conceptos, ni que se le cobren intereses

moratorios, conforme los solicitó la Superintendencia demandada,

pues sobre dichos pagos realizados “recaen” los principios de buena

fe y confianza legítima de la actora, quien de forma responsable

canceló la tasa correspondiente a la ley, que regía al momento.

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Indicó que la parte demandada actuó sin competencia, debido a

que, en un acto arbitrario, asumió la competencia que le

correspondía al Legislativo, fijando el monto de la tasa que debían

pagar los demás vigilados, que no se encontraban bajo el amparo

de la Ley 1ª.

I.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, mediante

apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de

las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Que teniendo en cuenta que la actora fue creada desde 1955 y que

ha ejercido actividades de operador portuario, corresponde a los

que se consideran como “antiguos vigilados”.

Alegó que al ser antiguo vigilado la entidad demandada debía dar

aplicación a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1ª y, por ende,

debía entrar a revisar los pagos efectuados por concepto de tasa

de vigilancia durante las vigencias 2012 a 2014.

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Que, al revisar dichos pagos, encontró que la demandante había

efectuado pagos por menor valor, por cuanto ésta consideró

erradamente que debía efectuar la autoliquidación conforme a los

“nuevos vigilados”, respecto de los cuales se amplió el cobro

mediante el artículo 89 de la Ley 1450, razón por la cual la

Superintendencia demandada, en uso de sus facultades, expidió la

Resolución núm. 066001 de 2016 acusada.

Anotó que, respecto de las decisiones de constitucionalidad o

inconstitucionalidad, la Corte Constitucional puede, en casos muy

concretos y puntuales, proferir sentencias interpretativas,

integradoras y de exequibilidad temporal diferida, realizando una

ponderación entre el principio de la supremacía de la Constitución

Política, el cual aconseja atribuir efectos retroactivos o ex nunc a la

decisión.

Que el artículo 45 de la Ley 270 dispone que, por regla general, las

decisiones proferidas en desarrollo del control judicial de

constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a menos que la

jurisdicción constitucional resuelva lo contrario, disposición que fue

declarada exequible mediante la sentencia C-444 de 2011.

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Expresó que el legislador no desbordó sus competencias al ampliar

el universo de vigilados que deben concurrir con el funcionamiento

de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida

obedece a un fin legítimo.

Señaló que la declaratoria de inexequibilidad jamás discutió la

realización del cobro, sino acerca del origen de la proporcionalidad

del mismo, es decir, a que los antiguos obligados solo pagaban por

el funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y

Transportes, mientras que los nuevos pagarían por el

funcionamiento e inversión de la mencionada entidad y que la frase

“y/o inversión” fue declarada inexequible. Por lo tanto, los nuevos

obligados deberían pagar para contribuir con el funcionamiento de

la entidad demandada, pero no sobre el monto de su inversión.

Aclaró que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente en su

plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial dispuesta

en la sentencia C-218, de lo cual se puede colegir que la Corte

Constitucional no declaró inexequible la ampliación de la tasa de

vigilancia que se efectuó a la totalidad de los sujetos vigilados por

la Superintendencia de Puertos y Transporte, razón por la cual

dicha obligación no desapareció del ordenamiento jurídico.

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Que, por el contrario, la Corte Constitucional decidió la

inexequibilidad respecto de los nuevos vigilados, los gastos de

inversión de la entidad; no obstante, consideró ajustada a la

Constitución Política la ampliación del cobro de la tasa a todos los

vigilados.

Sostuvo que si bien es cierto que los recursos interpuestos no

fueron resueltos dentro del término previsto en el artículo 86 del

CPACA, ello, por sí mismo, no constituye una violación al debido

proceso que vicie de nulidad el acto de corrección, toda vez que no

ha impedido que la actora acuda a la jurisdicción para promover el

presente medio de control. La consecuencia de transgredir dicho

término es el nacimiento de un acto ficto o presunto negativo.

Adujo que los actos acusados no adolecen de falsa motivación,

dado que se fundamentaron bajo criterios de legalidad, certeza de

hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; y que

en todo momento se respetó el principio de legalidad y las

garantías procesales previstas en la Constitución Política y en la

Ley 1437.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

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Mediante sentencia de 22 de abril de 2021, la Sección Cuarta,

Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró

la nulidad de la Resolución núm. 06601 de 29 de noviembre de

2016 y del acto ficto o presunto por el silencio administrativo

negativo, que nació a la vida jurídica el 20 de febrero de 2017; y

ordenó, a título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza

de las declaraciones presentadas por la NAVIERA FLUVIAL

COLOMBIANA S.A., respecto a la tasa de vigilancia por los períodos

2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la normatividad

legal dispuesta al momento de su presentación, con base en los

razonamientos que pueden resumirse así:

Sostuvo que comparte la interpretación realizada por la parte

demandante, en su escrito de demanda, en el sentido de que la

entidad demandada con la expedición de los actos acusados vulneró

la normatividad fiscal vigente, toda vez que la administración

estableció la corrección de sus declaraciones basada en una

normatividad no acorde a su caso en particular, esto es, en el

numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto la tarifa

establecida en esta normativa solo es aplicable para las sociedades

Portuarias y las Operadoras Portuarias, calidades estas que no

ostenta la sociedad actora, ya que la misma es una sociedad

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prestadora de servicios de transporte, con lo que le es ajustada la

tarifa de la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la Ley

1450 (0.1%).

Que al revisarse el objeto social de la NAVIERA FLUVIAL

COLOMBIANA S.A., se destaca que su actividad comercial se

relaciona con la industria del transporte acuático y marítimo, así

como la inversión de sus recursos en bienes muebles o inmuebles, lo

cual no se asemeja a lo que el Estatuto de Puertos Marítimos describe

como operadores portuarios o sociedades portuarios, ya que estas

últimas desarrollan actividades de prestación de servicios en los

puertos, directamente relacionados con la actividad portuaria, tales

como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque,

etc., así como la inversión en construcción y mantenimiento de

puertos y su administración.

Señaló que, de conformidad con lo anterior, es claro que la sociedad

actora no es una empresa operadora portuaria o sociedad portuaria;

es un sujeto de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia

de Puertos y Transporte, en la medida en que ejerce actividades de

transporte marítimo, por lo que en ella descansa el deber de declarar

y pagar la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la Ley

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1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, tal y como lo

hizo, por cuanto en dichas vigencias aún estaba vigente y tenía plena

imposición legal la normativa antes descrita, mas no estaba en la

obligación de declarar bajo los postulados del numeral 27.2 del

artículo 27 de la Ley 1ª, por cuanto esta norma solo era obligatoria

para las empresas Operadoras Portuarias o Sociedades Portuarias, lo

que no corresponde con la demandante, por ser una compañía que

prestación de servicios de transporte marítimo, como se probó

anteriormente.

Indicó que teniendo en cuenta que las declaraciones efectuadas por

la sociedad actora, respecto a la tasa de vigilancia por los años 2012,

2013 y 2014, se encontraban ajustadas a derecho, por lo que la

corrección a éstas, llevada a cabo por la entidad demandada, a

través de la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de

2016 acusada se entiende ilegal, por cuanto las declaraciones

iniciales se encuentran acordes con la normativa dispuesta para la

referida contribución, en relación con la tarifa declarada por la

demandante (0.1%).

Que de lo anterior se colige que los actos demandados carecen de la

suficiente sustentación y base probatoria, encontrándose los mismos

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sustentados con razonamientos propios de la administración, lo que

lleva a establecer que los mismos no fueron fundamentados de

manera legal.

Concluyó:

“[…] Dado lo anterior, la Sala de decisión declarará la nulidad
de los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, declarará la firmeza de las
declaraciones presentadas por la compañía NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., respecto a la Tasa de Vigilancia por los
períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas
a la normatividad legal dispuesta al momento de su
presentación. [...]”.

Por último, no ordenó condenar en costas a la parte vencida en el

proceso debido a que la parte interesada no demostró sumariamente

la causación de éstas.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada fincó su inconformidad, en esencia, así:

Insistió en que la empresa actora NAVIERA FLUVIAL

COLOMBIANA S.A. es de los “antiguos vigilados” de la

Superintendencia de Puertos y Transporte.

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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

Que la demandante es una empresa que fue constituida mediante

escritura núm. 900 de 29 de abril de 1955, expedida por la Notaría

Segunda del Círculo de Medellín, tal y como consta en el certificado

de existencia y representación legal aportado por ella, por lo que,

con la creación de la Superintendencia en mención, mediante la Ley

1ª y de cara a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1450, se debe

considerar como un “antiguo vigilado”.

Resaltó que los efectos de la sentencia C-218 de 2015 eran hacia el

futuro, por lo cual no se podían afectar las situaciones jurídicas

consolidadas, pues los actos administrativos acusados corresponden

a revisiones o reliquidaciones que efectuó para las vigencias fiscales

2012, 2013 y 2014, en las cuales encontró que se habían efectuado

pagos ostensiblemente menores a los que correspondía.

Expresó que la Resolución núm. 66001 de 29 de noviembre de

2016 no fijó la tarifa de la tasa de vigilancia para las vigencias

2012, 2013 y 2014. Por el contrario, es el producto de la revisión

que la entidad demandada efectuó respecto de los pagos que, por

concepto de tasa de vigilancia, hizo la demandante de las vigencias

2012, 2013 y 2014, encontrando que habían pagado menores

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valores y desde luego dispuso que se pagara la diferencia lo que se

constituyó como un saldo pendiente de pago.

Señaló que es claro que la Corte Constitucional no moduló el

sentido de la decisión adoptada de la sentencia C-218 de 2015, por

lo cual es evidente que los efectos se aplicarán a futuro y no desde

siempre. Es por ello, que al ser la Resolución núm. 66001 de 29

de noviembre de 2016 un acto de revisión y cobro de saldos no

pagados por las vigencias 2012, 2013 y 2014, tendría sustento en

actos administrativos expedidos antes de la citada providencia

judicial, esto es, las resoluciones núms. 10225 de 23 de octubre de

2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de 16 de

diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte.

Sostuvo que se presentó una situación consolidada, en razón a que

los actos administrativos antes indicados y por los cuales el

Ministerio de Transporte fijó el porcentaje de la tasa de vigilancia

para las vigencias 2012, 2013 y 2014, al ser expedidos con

anterioridad al 22 de abril de 2015, tienen plena aplicación y vida

en el mundo jurídico, por lo cual no se pueden eliminar ni modificar,

retrotrayendo los efectos de la sentencia C-218 de 2015. Es así

como se hace claro que el artículo 89 de la Ley 1450 estuvo vigente

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en su plenitud hasta la declaratoria de inexequibilidad parcial

dispuesta en la sentencia C-218, es decir, hasta el 22 de abril de

2015, por lo que sus efectos son hacia futuro y no como

erradamente lo consideró el a quo, al declarar la nulidad, pues le

otorgó efectos desde siempre.

Indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-218 de 2015,

declaró la inexequibilidad de la inclusión dentro de la liquidación de

la tarifa de la tasa de vigilancia, respecto de los nuevos vigilados,

de los gastos de inversión de la entidad, pero tal declaratoria no se

extendió a la ampliación de la tasa de vigilancia a la totalidad de los

sujetos vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte,

razón por la que la tasa de vigilancia no desapareció del

ordenamiento jurídico.

Manifestó que con la sentencia C-218 de 2015 no se afectan las

situaciones jurídicas consolidadas, pues los actos administrativos

acusados tenían como objeto la revisión de pagos por menores

valores, pagados por la demandante respecto de las vigencias

fiscales 2012, 2013 y 2014, considerando que lo contrario

implicaría el desconocimiento de la seguridad jurídica, en tanto que

la administración aplicó con rigor el artículo 89 de la Ley 1450 y las

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fórmulas de liquidación establecidas por el Ministerio de Transporte,

bajo la norma legal vigente.

Alegó que los actos administrativos demandados no perdieron

fuerza ejecutoria, toda vez que la obligación establecida en la Ley

1ª y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 no perdió vigencia

con el fallo de constitucionalidad, ya que esta decisión solamente

deslegitimó la desigualdad entre los nuevos y antiguos vigilados.

Anotó que los actos administrativos demandados no fijaron el

porcentaje de tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014;

que dicho porcentaje fue determinado por el Ministerio de

Transporte, a través de las resoluciones núms. 10225 de 23 de

octubre de 2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de

16 de diciembre de 2014, las cuales no han sido retiradas del

ordenamiento jurídico y gozan de plena legalidad.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta etapa procesal6, las partes demandante y demandada y el

Ministerio Público guardaron silencio.

6
Durante el término a que se refiere el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo pronunciamiento alguno.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Actos demandados

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016, “Por

la cual se corrige la liquidación de la Tasa de Vigilancia y se ordena

el pago de la misma para las vigencias 2012, 2013 y 2014 a la

empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA identificada con NIT:

890101092-0”, expedida por la Secretaria General de la

Superintendencia de Puertos y Transporte; y del acto ficto o

presunto por el silencio administrativo negativo, que nació a

la vida jurídica el 20 de febrero de 2017, mediante los cuales se

corrigió la liquidación de la tasa de vigilancia para las vigencias

2012, 2013 y 2014 y se ordenó el pago de las mismas por la suma

de $240.026.140, más los intereses de mora causados hasta la

fecha efectiva del pago, al considerar que la sociedad demandante

realizó pagos incompletos para esas vigencias y que tiene saldos

pendientes a pagar, de la siguiente manera:

“[…] Que, en cumplimiento de lo anterior, resulta conforme
a los postulados constitucionales, legales y
jurisprudenciales, el cobro de la tasa de vigilancia a todos
los sujetos de inspección, así como exigir el pago de los

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valores adeudados por concepto de la tasa de
vigilancia a quienes de forma incompleta realizaron el
pago.

Que, de conformidad con los ingresos brutos reportados por
la empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.,
identificada con NIT 890101092-0, obtenidos entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2011, de 2012, y de 2013,
por valor de $42.194.564.654, $40.227.220.747 y
$34.619.545.861, respectivamente, se verificó en los
sistemas de información de la Superintendencia de Puertos
y Transporte y se evidenció que la empresa NAVIERA
FLUVIAL COLOMBIANA S.A. pagó una parte de lo
adeudado por concepto de tasa de vigilancia, como se
relaciona a continuación:

Que, por lo anterior, se observa que es obligación de
esta Secretaría liquidar el valor de los saldos
pendientes a pagar a cargo de la empresa NAVIERA
FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Corregir la liquidación de la Tasa de Vigilancia,
de las vigencias 2012, 2013 y 2014, a la empresa
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. identificada con
NIT 890101092-0, así:

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Artículo 2. Ordenar a la empresa NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S.A., identificada con NIT 890101092-0,
efectuar el pago por la suma de $240.026.140
relacionados en el artículo anterior más los intereses
de mora causados hasta la fecha efectiva de pago,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
ejecutoria de esta resolución.

Parágrafo 1: Los intereses moratorios seguirán siendo
causados hasta la fecha efectiva del pago de esta obligación
según lo establece el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad de la Resolución

núm. 06601 de 29 de noviembre de 2016 y del acto ficto o

presunto por el silencio administrativo negativo; y ordenó, a

título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las

declaraciones presentadas por la NAVIERA FLUVIAL

COLOMBIANA S.A., respecto de la tasa de vigilancia por los

períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas ajustadas a la

normatividad legal dispuesta al momento de su presentación.

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Para el efecto, el a quo sostuvo que la sociedad actora tenía el deber

de declarar y pagar la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89

de la Ley 1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, tal y

como lo hizo, por cuanto para esas vigencias aún estaba en vigor

dicha norma, pero no estaba obligada a declarar y pagar lo ordenado

en la Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016

acusada, mediante la cual se corrigió la liquidación de la tasa de

vigilancia para los citados años, ya que no estaba en la obligación de

declarar de conformidad con lo previsto en el numeral 27.2 del

artículo 27 de la Ley 1ª, en tanto que esta norma solo era aplicable

para las empresas Operadoras Portuarias o Sociedades Portuarias, lo

cual no corresponde con la demandante, por ser una compañía de

prestación de servicios de transporte marítimo, por lo que le es

ajustada la tarifa de la tasa de vigilancia establecida en el citado

artículo 89 (0.1%), que pagó.

Por su parte, el apelante alegó que sí era procedente la corrección

de la liquidación de la tasa de vigilancia para los años 2012, 2013 y

2014, realizada a través de los acusados, toda vez que la actora, al

corresponder a los “antiguos vigilados” de la Superintendencia de

Puertos y Transporte, debía dar aplicación a lo dispuesto en el

artículo 27 de la Ley 1ª, es decir, una tarifa superior al 0.1%

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declarado por ella, por cuanto la entidad demandada encontró que

había efectuado pagos menores a los que le correspondía.

De conformidad con lo alegado por las partes, es del caso poner de

presente lo siguiente:

El artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª dispuso que la

Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia de

Puertos y Transporte, ejercerá la función de:

“[…] Cobrar a las sociedades portuarias y a los
operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una
tasa por la parte proporcional que le corresponda, según
sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República. […]” (Destacado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 89 de la Ley 1450 amplió el cobro de la

tasa, previsto en el citado artículo 27, numeral 27.2, de la Ley 1ª,

de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa
establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª
de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos
que ocasionen su funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la

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Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados.

PARÁGRAFO. Facúltase a la Superintendencia de Puertos y
Transporte para que en un plazo de 15 meses expida la
reglamentación de las características técnicas de los
sistemas de seguridad documental que deberán
implementar cada uno de los vigilados, para que se
garantice la legitimidad de esos certificados y se proteja al
usuario de la falsificación. […]” (Destacado fuera de texto).

Conforme con lo anterior, es evidente que el legislador, a través del

artículo 89 de la Ley 1450, amplió los sujetos pasivos del cobro

de la tasa de vigilancia, establecida en el artículo 27 de la Ley

1ª, - las sociedades portuarias y los operadores portuarios-, para

incluir como sujetos pasivos de dicha tasa a la totalidad de los

sujetos que son objeto de vigilancia, inspección y control por

parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Asimismo, la citada norma incluyó dentro de la tarifa para los

nuevos sujetos pasivos la obligación de cubrir los gastos de

inversión de la entidad, para lo cual limitó el monto de cobro de la

tasa a un máximo el 0.1% de los ingresos brutos de los vigilados.

En virtud de la modificación anteriormente expuesta, el Ministerio

de Transporte expidió las resoluciones núms. 10225 de 23 de

octubre de 2012, 05150 de 27 de noviembre de 2013 y 04188 de

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18 de diciembre del 2014, mediante las cuales fijó la tarifa de la

tasa de vigilancia para los años 2012 a 2014, respectivamente; y a

través de las resoluciones núms. 7376 de 1o. de noviembre de

2012, 015372 de 6 de diciembre de 2013 y 30527 de 18 de

diciembre de 2014, la Superintendencia de Puertos y Transporte fijó

el plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia para esas

vigencias, conforme se señala en la parte considerativa de la

Resolución núm. 066001 de 2006 acusada.

-En la Resolución núm. 10225 de 23 de octubre de 2012, expedida

por el Ministerio de Transporte, se fijó, para la vigencia fiscal 2012,

la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que debían pagar a la

Superintendencia de Puertos y Transporte, los vigilados señalados

en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª y a aquellos a quienes

fue ampliado el cobro de la tasa por el artículo 89 de la Ley 1450,

así:

“[…] en el 0.3099% para los primeros y en el 0,1% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2011. […]”.

-En la Resolución núm. 7376 de 1o. de noviembre de 2012,

emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se fijó el

plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia que le

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correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia

fiscal 2012, “fijando como último plazo hasta el 28 de diciembre de

2012”.

-En la Resolución núm. 05150 de 27 de noviembre de 2013,

expedida por el Ministerio de Transporte, se fijó, para la vigencia

fiscal 2013, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que

debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los

vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª y

a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa por el artículo

89 de la Ley 1450, así:

“[…] en el 0.2605% para los primeros y en el 0,1% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2012. […]”.

-En la Resolución núm. 015372 de 6 de diciembre de 2013,

emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se fijó el

plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia que le

correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia

fiscal 2013, así:

“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2012 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 05150 del 27 de noviembre de 2013. […]”.

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-En la Resolución núm. 04188 de 16 de diciembre de 2014,

expedida por el Ministerio de Transporte, se fijó, para la vigencia

fiscal 2014, la tarifa por concepto de la tasa de vigilancia que

debían pagar a la Superintendencia de Puertos y Transporte los

vigilados señalados en el artículo 27, numeral 27.2., de la Ley 1ª y

a aquellos a quienes fue ampliado el cobro de la tasa en el artículo

89 de la Ley 1450, así:

“[…] en el 0,345% para los primeros y en el 0,094% para
los segundos, de los ingresos brutos de cada vigilado
correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2013. […]”.

-En la Resolución núm. 30527 de 18 de diciembre de 2014,

emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se fijó el

plazo y la forma de pago de la tasa de vigilancia que le

correspondía pagar a los sujetos de supervisión para la vigencia

fiscal 2014, así:

“[…] para proceder al pago de la Tasa de Vigilancia, los
sujetos deben tomar como base el total de los ingresos
brutos obtenidos en el año 2013 y aplicarles los porcentajes
establecidos por el Ministerio de Transporte según
Resolución No. 4188 del 16 de diciembre de 2014 […]”.

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En cumplimiento de las anteriores resoluciones y con fundamento

en el artículo 89 de la Ley 14507, en el caso particular, la

demandante declaró y pagó la tasa de vigilancia para las vigencias

2012, 2013 y 2014, con una tarifa no superior al 0.1% de sus

ingresos brutos, de la siguiente manera:

-Vigencia fiscal año 2012:

Declaró y pagó el valor de $42.194.565, con fundamento en la

Resolución núm. 10225 de 23 de octubre de 2012, expedida por el

Ministerio de Transporte, en la cual se fijó la tarifa por concepto de

tasa de vigilancia de la vigencia fiscal 2012, para los sujetos

incluidos por el artículo 89 de la ley 1450, en el 0.1% de los

ingresos brutos de cada vigilado, en el período comprendido entre

el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 20118.

-Vigencia fiscal año 2013: Declaró y pagó el valor de

$40.227.221, con fundamento en la Resolución núm. 5150 de 27

7
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2
de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su
funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los vigilados. […]” (Destacado fuera de texto).

8
Folio 5 del C. Principal .

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de noviembre de 2013, expedida por el Ministerio de Transporte,

mediante la cual se fijó la tarifa por concepto de tasa de Vigilancia

de la vigencia fiscal 2013, para los sujetos incluidos por el artículo

89 de la ley 1450, en el 0.1% de los ingresos brutos de cada

vigilado, en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de

diciembre de 20129.

-Vigencia fiscal año 2014: Declaró y pagó el valor de

$32.542.373, con fundamento en la Resolución núm. 4188 de 16

de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte, por

la cual se fijó la tarifa por concepto de tasa de Vigilancia de la

vigencia fiscal 2014, para los sujetos incluidos por el artículo 89 de

la ley 1450, en el 0.094% de los ingresos brutos de cada vigilado,

en el período comprendido entre el 1o. de enero y 31 de diciembre

de 201310.

Lo anterior se encuentra corroborado con lo indicado en la

Resolución núm. 066001 de 29 de noviembre de 2016

acusada, en la que se señaló:

“[…] de conformidadd con los ingresos brutos por la
empresa NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

9
Folio 5 del C. Principal .
10
Folios 5 a 6 del C. Principal .

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identificada con NIT 890101092-0, obtenidos entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2011, de 2012 y de 2013,
por valor de $42.194.564,654, $40.227.220,747, y
$34.619.545,861 pesos m/cte, respectivamente se verificó
en los sistemas de información de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, y se evidenció que la empresa
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. pagó una parte
de lo adeudado por concepto de tasa de vigilancia,
como se relaciona a continuación:

Vigencias […] Valor Pagado
2012 $42.194.565
2013 $40.227.221
2014 $32.542.373 […]”11.

Ahora, se tiene que mediante la sentencia C-218 de 22 de abril de

201512, la Corte Constitucional decidió sobre la constitucionalidad

del citado artículo 89 de la Ley 1450, así:

“[…] PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados en la presente sentencia, el inciso primero
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014”, salvo la
expresión “y/o inversión”, que se declara INEXEQUIBLE

SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE, el inciso segundo
del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, el cual estipula
“Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro
de la tasa a la cual hace referencia el presente artículo,
pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los
costos anuales de funcionamiento y la inversión de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá
ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los
vigilados.”.[…]” (Destacado fuera de texto).

11
Folio 29 del C. Principal.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. (E) María Victoria Sáchica Méndez, Expediente D-10445.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

Para adoptar dicha decisión, la Corte Constitucional sostuvo lo

siguiente:

“[…] A partir de ello, la justificación para ampliar el cobro
de la tasa de vigilancia corresponde a la necesidad de
fortalecer técnica, institucional y financieramente a esa
entidad. Desde ese punto de vista y con el propósito de
brindar un mejor servicio, la Corte encuentra que hay una
justificación válida para ampliar el cobro de la tasa a
aquellos sujetos que no fueron obligados a ello en virtud del
artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues resultaría
inequitativo que algunos de los vigilados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte concurrieran con
los gastos que requiere su funcionamiento y otros, a pesar
de recibir sus servicios, no lo hicieren.

En ese sentido, la ampliación del cobro de la referida tasa
es una manifestación de la potestad que tiene el legislador
para establecer tributos, cuando ello tiene una razón lógica
y un fin plausible, en este caso el mejoramiento del
servicio, bajo un criterio de equidad. Ciertamente, exigir
que todos los vigilados concurran al sostenimiento de la
entidad, también es una manifestación del principio de
igualdad que no vulnera garantía ius fundamental alguna.

No obstante, la Sala advierte que ni la Ley 1450 de
2011 ni sus antecedentes, permiten justificar de
modo alguno, la necesidad de implementar dos
regímenes de liquidación de la tasa de vigilancia, esto
es, (i) la de los antiguos vigilados que se determina
con base en los gastos de funcionamiento de la
entidad; y (ii) la de los nuevos vigilados que se
establece teniendo en cuenta los gastos de
funcionamiento, pero también los de inversión de la
entidad.

En ese sentido, no hubo ni existe explicación alguna,
que permita comprender porque se estableció una
metodología diferencial para el cobro y el tope de la
tasa referida. Este trato diferencial tiene efectos
reales máxime si los gastos de inversión y aquellos de
funcionamiento son de naturaleza diferente como pasa a
precisarse:

[…]

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A partir de ello, se concluye que aunque el artículo 89
de la Ley 1450 de 2011, señale que amplía la tasa de
vigilancia a la totalidad de sujetos, en la realidad
establece un nuevo tributo diferente al establecido en
el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, pues los nuevos
vigilados, deben concurrir a financiar los gastos de
inversión y funcionamiento, mientras que los
antiguos solamente lo están realizando sobre estos
últimos. De esta manera, si la intención del legislador
hubiese sido la de gravar a todos los vigilados con mismo
tributo, tenía a su disposición dos mecanismos para ello,
como bien lo exponen los demandantes:

“(i) ampliar el cobro de la tasa de vigilancia exigiendo a
todos los contribuyentes liquidar su tributo tomando como
referente únicamente los gastos de funcionamiento de la
entidad, tal como se estructuró originalmente en la Ley 1ª
de 1991, o

(ii) ampliar el cobro del tributo y actualizar el mismo,
incluyendo además de los gastos de funcionamiento, los
gastos de inversión, en la base gravable tanto de los
nuevos como de los antiguos vigilados, sin generar
diferencias entre unos y otros.”13.

En ese sentido, la Sala reitera que no puede entenderse que
el legislador no pueda ampliar la base de un tributo, sino
que al hacerlo se debe ajustar a los principios de igualdad y
equidad. Así las cosas, y dada la diferencia entre los gastos
de funcionamiento y las de inversión, se concluye que las
inclusión (sic) de los gastos de inversión dentro de la
base gravable de los nuevos vigilados genera una
sobrecarga adicional para estos frente a los antiguos,
al asociar el tributo no sólo a la recuperación de los
gastos en los cuales incurre la Superintendencia de
Puertos y Transporte en la prestación del servicio,
sino a la productividad y desarrollo de la entidad
(gastos de inversión). Este trato diferencial que no
tiene sustento alguno en la ley que consagra el
tributo ni en los antecedentes de la misma, vulnera el
principio de igualdad.

Si bien las tasas pueden incluir aspectos diferenciadores en
razón a la capacidad contributiva de los destinatarios del
servicio, o la frecuencia de uso del mismo, no es el caso del
asunto objeto de estudio, pues el artículo 89 de la Ley 1450
de 2011 no establece una diferencia fundada en el principio
13
Folio 13.

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de equidad, pues las diferencias entre los sujetos gravables
no se abordan ni se mencionan en la ley.

Ahora bien, respecto a la eficacia de la medida la Sala
considera que la justificación expuesta en la Ley 1450 de
2011 según la cual la ampliación de la tasas se hace con el
fin de “fortalecer técnica, institucional y financieramente a
la Superintendencia de Puertos y Transporte… a través del
cobro de una tasa de vigilancia a los agentes vigilados”
resulta contraria a la fórmula establecida para el cobro de la
tasa, puesto que para lograr un verdadero fortalecimiento
de la Superintendencia bastaba, como se expuso con la
extensión de la exigencia del gravamen a todos los vigilados
y no sólo a un grupo de ellos, razón por la cual el propósito
de la norma no guarda una relación de coherencia con el fin
utilizado.

En ese sentido, la Sala reitera que el legislador no desbordó
sus competencias al ampliar el universo de vigilados que
deben concurrir con el funcionamiento de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, pues tal medida
obedece a un fin legítimo. Así las cosas, la vulneración
del principio de igualdad radica en la inclusión de los
gastos de inversión, sólo para un grupo de vigilados
al momento de establecer el monto de la obligación
tributaria.

Por ello, es necesario que el legislador en ejercicio de la
potestad que le otorga la Constitución Política determine
una nueva metodología para calcular el valor en que deben
incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, para la
financiación de los servicios que presta esa entidad. […]”
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, cabe mencionar, en cuanto a los efectos de la sentencia

C-218 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, que debe

tenerse en cuenta lo señalado por el artículo 45 de la Ley 270, que

es del siguiente tenor:

“[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del

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artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario. […]” (Destacado fuera de texto).

Frente al citado artículo 45 de la Ley 270, la Corte Constitucional,

en sentencia C-507 de 3 de diciembre de 202014, puntualizó lo

siguiente:

“[…] 46. El artículo 241 de la Carta Política le confía a la
Corte Constitucional la guarda de la integridad y la
supremacía de la Constitución. Para tales fines, prescribe
que la Corte, entre otros asuntos, debe “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación”. A su
turno, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia señala que, por regla
general, las sentencias proferidas por la Corte tienen
efectos hacia el futuro, a menos que la Corporación
disponga lo contrario15. […]” (Destacado fuera de texto).

Y en sentencia C-560 de 20 de noviembre de 201916, la Corte se

pronunció sobre los efectos de las decisiones que toma, en ejercicio

del control abstracto de constitucionalidad, así:

“[…] El inciso segundo del artículo 243 de la Constitución
prohíbe a las autoridades reproducir el contenido material
de leyes declaradas inexequibles, siempre y cuando dicha
declaración se haya hecho por razones de fondo y, además,
subsistan en la Carta las normas que sirvieron para hacer el
juicio de constitucionalidad17. Conforme al primer inciso

14
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expediente D-13669.
15
En efecto, el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prescribe lo siguiente: “Las sentencias que profiera
la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Expediente núm. D-13199.
17
Cfr. Sentencia C-228 de 2002 (fundamento jurídico 6.2.), en la cual se interpreta esta prohibición.

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de este artículo, en concordancia con los artículos 46
y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de
1991, se tiene que las decisiones que toma este
tribunal, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, son definitivas y obligatorias para
todos, dado su efecto erga omnes18. […]” (Destacado
fuera de texto).

Y por su parte, esta Sección19, en cuanto a la fecha en que

comienzan a producir sus efectos las sentencias que declaran la

inconstitucionalidad, cuando no señalan efectos diferentes a los ex

nunc implícitos en la decisión, precisó lo siguiente:

“[…] Sobre este punto, la Sala destaca que de acuerdo con
el artículo 4520 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, las sentencias que profiera el Tribunal
Constitucional, por regla general, tienen efectos hacia el
futuro, salvo que la Corte resuelva lo contrario o le
señale unos específicos o diferidos efectos.

Entonces, cuando no señala efectos diferentes a los ex
nunc implícitos en la decisión, la sentencia que declara la
inconstitucionalidad empieza a producir efectos a partir
del día siguiente a la fecha de la sentencia, no a partir de
su ejecutoria. Esta determinación en razón a la clase de control
que cumple sobre el ordenamiento jurídico y en lo previsto en
el artículo 5621 de la Ley Estatutaria, en cuanto dispone que las
sentencias tendrán la fecha en la que se adopte,
independientemente de las vicisitudes que se presenten en la
publicación del texto del fallo y de los disensos por aclaraciones

18
Cfr., Sentencias C-220 de 2011, C-228 y 744 de 2015 y C-290 de 2019.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
octubre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación núm. 13001-23-31-000-
2003-00212-01.
20
“Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del
control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.” (negrilla y subrayado del texto)
21
“ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El reglamento interno de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la
forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En
dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o
la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional
mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se
adopte.” (negrilla y subrayado del texto)

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

o salvamentos que se registren en su aprobación. […]”
(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala considera que habida cuenta que la sentencia

C-218 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, no expresó

modulación alguna de su decisión, es aplicable la regla general

prevista en el artículo 45 de la Ley 270, esto es, que sus efectos

son hacia el futuro y empiezan a partir del día siguiente a la

fecha de la sentencia.

Por lo tanto, la sentencia C-218 de 2015 al ser proferida el 22 de

abril de 2015 por la Corte Constitucional, empezó a surtir sus

efectos a partir del día siguiente a su fecha, “[…] este día

corresponde al 23 de abril de 2015 […]”22, razón por la cual a la

fecha de expedición de los actos acusados sí eran aplicables los

efectos de la inexequibilidad declarada en la sentencia C-218 de

2015, que expulsaron del ordenamiento jurídico tanto la expresión

“y/o inversión” del inciso primero, así como el inciso segundo del

artículo 89 de la Ley 1450.

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.
Asimismo, ver sentencia de 5 de mayo de 2022 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. núm. único de radicación
25000233700020160146201).

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 12

de diciembre de 202423, en la que la Sección Primera señaló:

“[…] 126. Para la Sala, si bien la Corte Constitucional se
encuentra jurídicamente habilitada para señalar los
efectos temporales de sus sentencias, al no haberlo
hecho frente a la sentencia C-218 de 2015, debe
entenderse que los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad contenida en la misma se producen ex
nunc, esto es, desde ahora y hacia futuro, y para el
momento en que se expidieron los actos acusados tanto la
expresión “y/o inversión” del inciso primero, así como el
inciso segundo del artículo 89 de la Ley 1450 ya habían sido
expulsados del ordenamiento jurídico. […]” (Destacado
fuera de texto).

Precisado lo anterior y comoquiera que la Superintendencia de

Puertos y Transporte, en el recurso de apelación, insistió en que sí

era procedente la corrección de la liquidacion de la tasa de

vigilancia por las vigencias de 2012, 2013 y 2014, realizada a

través de los actos acusados, por cuanto, a su juicio, la empresa

actora NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. corresponde a los

“antiguos vigilados” de la Superintendencia de Puertos y

Transporte, a los que se refiere el artículo 27 de la Ley 1ª, ya que

fue creada desde 1955 y ha ejercido actividades de operador

portuario, la Sala debe establecer si la demandante es una sociedad

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160148001.

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portuaria o un operador portuario, a fin de determinar si le era

aplicable lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1ª, es decir, una

tarifa superior al 0.1% declarado por ella y, en tal sentido, debía

pagar unos valores mayores.

Al efecto, debe precisarse que la tasa de vigilancia, prevista en la

Ley 1ª, tiene como hecho generador la circunstancia de estar

sometido a la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y

Transporte.

Se hallan en esa situación las sociedades portuarias y los

operadores de puertos, según el artículo 27, numeral 27.2, de la

Ley 1ª que es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 27. Funciones de la Superintendencia
General de Puertos. El Superintendente General de
Puertos ejercerá las siguientes funciones:

“[…] 27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los
operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una
tasa por la parte proporcional que le corresponda, según
sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la
República. […]” (Destacado fuera de texto).

De manera que, según lo preceptuado en el citado artículo 27.2 de

la Ley 1ª, los sujetos pasivos de este tributo son las sociedades

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portuarias y los operadores portuarios y, por ende, sometidos

a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de

Puertos y Transporte.

Ahora, la Ley 1ª, en su artículo 5º, señaló que para la correcta

interpretación y aplicación de la misma deben tenerse en cuenta las

siguientes definiciones:

“[…] ARTÍCULO 5º. Definiciones. Para la correcta
interpretación y aplicación de esta Ley se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones:

5.1. Actividad portuaria. Se consideran actividades
portuarias la construcción, operación y administración de
puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y
obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas
que se efectúan en los puertos y terminales
portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones
que existan sobre las playas y zonas de bajamar, y en las
orillas de los ríos donde existan instalaciones portuarias.
[…]

5.9. Operador portuario. Es la empresa que presta
servicios en los puertos, directamente relacionados con la
entidad portuaria, tales como cargue y descargue,
almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba,
manejo terrestre o porteo de la carga, dragado,
clasificación, reconocimiento y useria.
[…]

5.20. Sociedad portuaria. Son sociedades anónimas,
constituidas con capital privado, público, o mixto, cuyo
objeto social será la inversión en construcción y
mantenimiento de puertos, y su administración. Las
sociedades portuarias podrán también prestar servicios de
cargue y descargue, de almacenamiento en puertos, y otros
servicios directamente relacionados con la actividad
portuaria. […]” (Destacado fuera de texto).

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La lectura conjunta de las definiciones legales de actividad

portuaria, sociedad portuaria y operador portuario hace notar que

el objeto social principal de estas sociedades y operadores es el de

prestar servicios en los puertos e invertir recursos en la

administración de los puertos y en su construcción y

mantenimiento, así como otros servicios directamente relacionados

con la actividad portuaria.

En el caso sub examine, se observa que de conformidad con el

certificado de existencia y representación legal o de inscripción de

documentos de la NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.,

expedido el 5 de junio de 2017 por la Cámara de Comercio, fue

constituida como sociedad anónima por escritura pública núm. 900

de 29 de abril de 1955 y su objeto social es:

“[…] OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto
principal, el desarrollo de las siguientes actividades: 1.- La
explotación comercial de la industria del transporte
acuático, mediante la conducción de mercancías,
combustibles, semovientes, correos y en general, cualquier
clase de bien mueble, así como de pasajeros; a través de
ríos canales y lagos navegables, con particular énfasis en el
rio magdalena y susafluentes. 2.- El transporte marítimo,
aéreo y terrestre, dentro de cualquier parte del territorio
colombiano o fuera de el, o con destino o lugar de
embarque en Colombia de pasajeros, bienes muebles, carga
a granel, carga liquida, contenedores y carga homogénea y
en general de cualquier clase de carga; así como la
actividad de fleteamiento, cabotaje, dragado, la prestación
de servicios especializados en soporte de muelle e
instalaciones marítimas o fluviales; así como, en general,

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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

cualquier otra actividad comercial o marítima o fluvial
inherente, complementaría y accesoria a las anteriores. 3.-
La inversión de sus recursos en cualquier clase de
bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, así
como en cualquier negocio jurídico o en la constitución o
participación de personas jurídicas que tengan por objeto
uno similar, complementario o conexo al suyo. En desarrollo
de su objeto social la sociedad podrá: a.- Adquirir o
enajenar, a cualquier título, naves, barcos, remolcadores,
planchones, vehículos, aeronaves, equipos, herramientas,
repuestos, aparejos, tituallas, combustibles, etc. b.-
Adquirir, enajenar, construir y explotar astilleros para la
construcción o reparación de naves y talleres relacionados
con la construcción, reformas, adecuación, reparación o
mantenimiento de vehículos o naves. c.-Participar e
intervenir en la organización y promoción de cualquier clase
de empresas ya sea como fundadora o constituyente, o
mediante suscripción o compra de acciones, cuotas,
participaciones, bonos, cédulas y otros títulos o documentos
de crédito o títulos valores. d.- Comprar, vender y en
general, enajenar a cualquier título, toda clase de bienes
inmuebles o muebles, gravar en cualquier forma sus
bienesmuebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e
hipotecar los segundos y. realizar cualquier acto de
administración sobre los bienes que conforman su
patrimonio. e.- Girar, emitir, endosar, adquirir, aceptar,
cobrar, pagar, protestar, descontar, cancelar, así como
cualquier otra operación sobre títulos valores. f.- Dar o
tomar dinero en mutuo con o sin intereses. g.- Celebrar
toda clase de operaciones comerciales, actos y negocios
jurídicos con personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, instituciones financieras,
compañías aseguradoras, entre otras. h.- Obtener y
explotar los derechos que se deriven de marcas, nombres
comerciales, enseñanzas, dibujos industriales, patentes de
inversión; derechos de autor, conexos y en general
cualquier bien de propiedad intelectual. i.- Transigir, desistir
y someter a decisiones arbitrales las cuestiones en que
tenga interés frente a terceros. j.- Invertir sus excedentes
de tesorería y k.-Realizar todos los actos relacionados con
el objeto social, así como cualquier otro necesario,
conveniente o complementario que tenga por finalidad
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal y
convencionalmente derivadas de la existencia yactividad de
la sociedad. […]” 24(Destacado fuera de texto).

24
Folios 23 a 26 del C. Principal.

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Lo anterior, permite colegir que el objeto de la sociedad actora se

relaciona con el desarrollo de actividades que comprenden la

explotación comercial de la industria del transporte acuático,

marítimo, aéreo y terrestre, dentro de cualquier parte del territorio

colombiano o fuera de él, así como la inversión de sus recursos en

cualquier clase de bienes muebles e inmuebles, tangibles o

intangibles, así como en cualquier negocio jurídico o en la

constitución o participación de personas jurídicas que tengan por

objeto uno similar, complementario o conexo al suyo.

Y, por tanto, que su objeto social no encuadra dentro de las

definiciones de operadores portuarios y sociedades portuarias,

señaladas en la Ley 1ª, -Estatuto de Puertos-, toda vez que los

referidos operadores y sociedades, se reitera, prestan servicios en

los puertos y realizan actividades de inversión recursos en la

administración de los puertos y en su construcción y

mantenimiento, así como otros servicios directamente

relacionados con la actividad portuaria.

Siendo ello así, la Sala estima que la sociedad demandante

NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. no ejerce actividades de

operador portuario, ni como sociedad portuaria, razón por la cual

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no corresponde a los “antiguos vigilados” de la Superintendencia de

Puertos y Transporte, a que hace alusión el artículo 27, numeral

27.2, de la Ley 1ª (norma vigente para la fecha de las resoluciones

demandadas), y, por consiguiente, no estaba obligada a declarar y

pagar la tasa de vigilancia prevista en la citado disposición, como lo

hacían los “antiguos vigilados”, por ser esta disposición aplicable

solo a las sociedades portuarias y los operadores de puertos.

Por el contrario, la sociedad actora sí debía declarar y pagar la tasa

de vigilancia conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley

1450, en cuanto a las vigencias 2012, 2013 y 2014, como lo hizo,

por cuanto para dichos períodos aún estaba vigente dicha norma,

en tanto que la sentencia C-218 de 22 de abril de 2015, proferida

por la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de los

apartes del artículo 89 de la Ley 1450, empezó a surtir sus efectos

con posterioridad al pago de esas vigencias, -23 de abril de 2015-.

Y en tal sentido, se encuentran ajustadas las declaraciones y pagos

efectuados por la demandante de la tasa de vigilancia para las

vigencias 2012, 2013 y 2014, con fundamento en el artículo 89 de

la Ley 145025, en relación con una tarifa no superior al 0.1% de sus

25
“[…] ARTÍCULO 89. Amplíese el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2
de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de vigilancia, inspección y control de la

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Actora: NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.

ingresos brutos, por lo que no era procedente que la entidad

demandada, a través de la Resolución núm. 066001 de 29 de

noviembre de 2016 acusada, corrigiera la liquidación de la tasa

de vigilancia de las referidas vigencias y ordenara el pago de saldos

pendientes, con base en una tarifa superior.

Ahora, en cuanto al argumento de que se presenta una situación

jurídica consolidada con respecto a los actos acusados, es del caso

traer a colación la sentencia de 5 de mayo de 202226, en la que

esta Sección señaló, sobre las situaciones jurídicas consolidadas y

no consolidadas, lo siguiente:

“[…] una situación jurídica no consolidada es aquella
susceptible de ser discutida en la instancia administrativa o
ante la jurisdicción contenciosa, es decir, mantiene su
condición de ser materia de debate o controversia en
alguna de las sedes indicadas.

134. En el asunto sub lite se trata de una situación jurídica
no consolidada, cuando es la propia Administración la que
procede a expedir el acto administrativo de carácter
particular y concreto de liquidación oficial de revisión del
pago de la tasa de vigilancia para las vigencias 2012 a 2014

Superintendencia de Puertos y Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasionen su
funcionamiento y/o inversión.

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual hace
referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte proporcional
que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de funcionamiento y la
inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual no podrá ser superior al 0,1%
de los ingresos brutos de los vigilados. […]” (Destacado fuera de texto).

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de
mayo de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación
25000233700020160146201.
Criterio reiterado en la citada sentencia de 12 de diciembre de 2024.

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Número único de radicación: 25000-23-37-000-2017-01016-01.
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a cargo de la parte demandante, el cual se encuentra en
discusión ante esta Sala y que previamente fue objeto de
impugnación a través de los recursos de reposición y
apelación ante las dependencias administrativas
competentes.

135. Así las cosas, las situaciones jurídicas
consolidadas son aquellas situaciones subjetivas y
particulares que no fueron recurridas o demandadas
por la parte interesada dentro de la oportunidad legal
y que, por tanto, han quedado en firme o han sido
objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a
cosa juzgada. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, en el caso bajo examen, la Sala

estima, contrario a lo alegado por el apelante, que no existe una

situación jurídica consolidada, en razón a que los actos

administrativos acusados, mediante los cuales se corrigió la

liquidación de la tasa de vigilancia y se ordenó el pago de la misma

para las vigencias 2012, 2013 y 2014, a la actora, fueron

recurridos; están siendo objeto de conocimiento por parte de la

jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de

determinar la legalidad de éstos; no han quedado en firme y no han

sido objeto de decisión judicial que ha hecho tránsito a cosa

juzgada.27

En este orden de ideas, la Sala concluye que la Superintendencia

demandada no podía, a través de la Resolución núm. 066001 de

27
En el mismo sentido, ver las citadas sentencias de 5 de mayo de 2022 y de 12 de diciembre de
2024.

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29 de noviembre de 2016 demandada, corregir la liquidación

de la tasa de vigilancia y cobrar el pago de unos saldos pendientes

para las vigencias de los años 2012 a 2014, con fundamento en que

la sociedad actora era uno de los “antiguos vigilados” o sujeto

pasivo de la tasa prevista en el artículo 27, numeral 27.2, de la Ley

1ª, como lo adujo la entidad demandada en el recurso de apelación.

Por lo tanto, le asistió razón a la sentencia de primera instancia

cuando concluyó:

“[…] En ese orden y ya que las declaraciones efectuadas por
la sociedad demandante respecto a la Tasa de Vigilancia por
los años 2012, 2013 y 2014 se encontraban ajustadas a
derecho, la corrección a estas llevada a cabo por la entidad
demandada a través de la Resolución No. 066001 del 29 de
noviembre de 2016 se entiende ilegal, por cuanto las
declaraciones iniciales se encuentran acordes con la
normativa dispuesta para la referida contribución, en
relación a la tarifa declarada por la demandante (0.1%); lo
anterior deja ver que los actos demandados carecen de la
suficiente sustentación y base probatoria, encontrándose los
mismos sustentados con razonamientos propios de la
administración, lo que conlleva a establecer que los mismos
no fueron fundamentados de manera legal.

Dado lo anterior, la Sala de decisión declarará la nulidad de
los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, declarará la firmeza de las
declaraciones presentadas por la compañía NAVIERA
FLUVIAL COLOMBIANA S.A., respecto a la Tasa de Vigilancia
por los períodos 2012, 2013 y 2014, por estar las mismas
ajustadas a la normatividad legal dispuesta al momento de
su presentación. […]”.

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En consecuencia, debe confirmarse la sentencia apelada, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18828 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP291, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo30, la Sala condenará a la

SUPERINTENDENCIA DE DE PUERTOS Y TRANSPORTE, entidad

apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 36531 ibidem, al

pago de las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

28
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
29
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
30
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
31
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.

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proceso32 y por las agencias en derecho33”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte actora a través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

sujetará a la liquidación34 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP35, se fijan como agencias en derecho, la suma

de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la

sociedad NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A., cifra que

equivale a $1.423.50036. Lo anterior, de conformidad con las tarifas

32
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
33
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
34
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
35
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
36
Por medio del Decreto 1572 de 24 de diciembre de 2024 se fijó el salario mínimo mensual legal
vigente para el año 2025.

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establecidas en el numeral 1 del artículo 5º37 del Acuerdo núm.

PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo

Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandada y en favor de la sociedad NAVIERA FLUVIAL

COLOMBIANA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $ 1.423.500

(equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente), la cual

37
“[…] Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
[…]
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”.

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deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte

demandada.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con excusa

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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