República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-37-000-2017-01115-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
26 de octubre de 2017
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 10 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde se rechazó por improcedente la acción constitucional presentada por la [accionante], debe ser confirmada, revocada o modificada, de acuerdo a los argumentos expuestos en la impugnación por parte de la accionante. (…) Solicita la [actora], la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos y funciones públicas, a la igualdad y a la confianza legítima, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa- Unidad de Administración de Carrera Judicial, debido a un supuesto error aritmético en la experiencia adicional y docencia, al otorgarle el máximo puntaje al señor [G.A.], en el cargo de profesional Universitario Grado 17, código 230202, de la convocatoria Nº. 23 regulada por el Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013. (…) [L]a presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad por cuanto la [accionante] tiene la posibilidad de presentar los medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativo; así mismo, no se encuentra irregularidad alguna en la decisión adoptada en primera instancia, en tanto los argumentos de la accionante no fueron suficientes para acreditar su calidad de sujeto de especial protección constitucional, ni la existencia de una situación especialísima que amerite la adopción de medidas urgentes e impostergables.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-37-000-2017-01115-01(AC)
Actor: FRANCY RUIZ VILLALBA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA ADMINISTRATIVA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Decide la Sala la impugnación formulada por la señora Francy Ruiz Villalba contra la sentencia del 10 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.
1. La acción de tutela
La señora Francy Ruiz Villalba, en nombre propio, promueve acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa - Unidad de Carrera Judicial por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos y funciones públicas, a la igualdad y a la confianza legítima.
Pretensiones
La accionante solicitó lo siguiente:
En primer lugar que se imparta una orden como medida provisional para que se suspenda la publicación de las listas hasta tanto se considere necesario proteger mis derechos Constitucionales que amenaza la estabilidad en el ejercicio de mi cargo por la decisión arbitraria de la Unidad de Carrera Judicial.
Que se verifique y corrija la calificación dada al señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales y (sic) revocando la resolución PCSJR17-17 y se expida un nuevo Acto Administrativo corrigiendo la realidad de los puntajes obtenidos por los participantes de la convocatoria.
Que ante la negativa de la Unidad de Carrera Judicial para verificar, revisar y corregir los puntajes otorgados a los participantes, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura para que a través de la Unidad de Auditoria se audite las calificaciones y puntajes en los cargos concursados para la Convocatoria 23 de 2013.
Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial de abstenerse en la publicación de lista de elegibles hasta tanto la Unidad de Auditoria realice la verificación y certifique la transparencia en las calificaciones dadas en la Convocatoria 23 de 2013.
Que de encontrarse más casos en los que se presenten este tipo de afectaciones a los concursantes, estos sean identificados, publicados y denunciados ante la Entidad Publica competente. Así mismo se estudie la posibilidad de ordenar sean revisadas las calificaciones de las demás convocatorias que lleve la Unidad de Carrera Judicial.
Que se compulsen copias a la presidencia del Consejo Superior para que no realice la publicación de registro de elegibles debido a la falta de garantías en la calificación y asignación de los puntajes.
Hechos de la solicitud
La accionante señala como hechos relevantes los siguientes:
El 7 de noviembre de 2013, por medio del Acuerdo Nº. PSAA13-10037, el Consejo Superior de la Judicatura, reglamentó «la convocatoria a concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial».
De acuerdo a lo anterior, se inscribió en la convocatoria Nº. 23 regulada por el acuerdo ya mencionado.
Por medio de la Resolución Nº. PCSJSR17-17 de febrero del 2017, se realizó la práctica de pruebas para el cargo con Código Nº. 230202, donde la Unidad de Carrera Judicial dio la calificación, resultado en el cual, quedó en segundo lugar, así:
OrdenCédulaPrueba de conocimientosPrueba psicotécnicaExperiencia adicional y docenciaCapacitación adicionalPublicacionesTotal180116303352.73146.00100200618.73221061856336.68150.0099.17200605.6605.85
En virtud de lo consagrado en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 2º. del Acuerdo PSAA13-10003 del 7 de noviembre de 2013, «la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por tanto es de obligatoria observancia y cumplimiento tanto para los aspirantes como para la administración».
Adujo que la persona que quedó en primer lugar, para el cargo de Profesional Universitario Grado 17, código 230202, es el señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales, a quien le determinaron el máximo de 100 puntos en la experiencia adicional y docencia.
De conformidad con el Acuerdo, encontró los siguientes requisitos para la convocatoria:
DENOMINACIÓN DEL CARGO
GRADO
REQUISITO ACADÉMICO
EXPERIENCIA
Profesional Universitario
17
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas
Un (1) año y seis (6) meses de experiencia profesional en el manejo, desarrollo, implementación o mantenimiento de sistemas de información.
Expresó que en el Acuerdo PSAA13-10036 de 2013, la experiencia profesional se tendría en cuenta desde la terminación de materias, en el ejercicio de su profesión.
En relación con los requisitos mínimos de los aspirantes para el cargo, las certificaciones laborales que sobrepasen el tiempo exigido se valoran de acuerdo a lo consagrado en el literal c), numeral 6.2.1., artículo 2º. del Acuerdo PSAA13-10037, que señala:
C. Experiencia Adicional y Docencia. Hasta 100 puntos.
En este factor se evalúa la experiencia laboral adicional al cumplimiento del requisito mínimo exigido para el cargo, así:
La experiencia laboral en cargos con funciones relacionadas, o en el ejercicio independiente con dedicación de tiempo completo en áreas relacionadas con el empleo de aspiración, dará derecho veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de éste.
La docencia en la catedra en áreas relacionadas con el cargo de aspiración dará derecho a diez (10) puntos, por cada semestre de ejercicio de tiempo completo.
En todo caso, la docencia y la experiencia adicional no podrán ser concurrentes en el tiempo total del factor no podrá exceder de 100 puntos.
Durante la convocatoria quien obtuvo el primer puesto, allegó su experiencia laboral, donde encontró que el total de días se cuenta posterior a la terminación de materias, esto es, desde el 10 de diciembre de 2011, contando con un total de 708 días.
1.2.10. En relación con el factor de experiencia adicional «solo pueden ser valorados los días que excedan al requisito mínimo de experiencia profesional que exige el cargo de aspiración, esto es de 540 días».
1.2.11. El señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales (primer puesto), acreditó 708 días como experiencia profesional, desde la fecha de su grado como Ingeniero de Sistemas (10 de diciembre de 2011, se anexa copia del diploma).
1.2.12. Con base en lo anterior, le quedarían 168 días para contabilizar la experiencia adicional, pues se le restarían los 540 días del cumplimiento al requisito de experiencia mínima exigida en la convocatoria, por lo que el resultado daría 9.2 puntos, diferente al valor otorgado, que fue el equivalente a 100 puntos en la Resolución PCSJRS17-17 de 2017, correspondiente a la «experiencia adicional docencia».
1.2.13. Por lo tanto, expresó que la calificación para el cargo Nº. 230202, debió quedar de la siguiente manera:
ORDENCÉDULAPRUEBA DE CONOCIMIENTOSPRUEBA PSICOTÉCNICAEXPERIENCIA ADICIONAL Y DOCENCIACAPACITACIÓN ADICIONALPUBLICACIONESTOTAL121061856336.68150.0099.17200605.85280116303352.73145.009.2200527.5
1.2.14. El 17 de mayo de 2017, presentó recurso de reposición objetando la calificación asignada, en el cual solicitó la respectiva revisión, verificación y corrección a los resultados de la convocatoria al cargo Nº. 230202, publicados por la Unidad de Carrera Judicial.
1.2.15. El 24 de julio del presente año, la Unidad de Carrera Judicial por medio de la Resolución Nº. CJR17-146, resolvió el recurso impetrado, manifestando que «[f]inalmente respecto a la petición de revisar los documentos de otros aspirantes al cargo, no es posible debido a que la recurrente adolece de legitimación por activa en lo que a ellos concierne».
1.2.16. El 25 de julio de 2017, se publicó la Resolución Nº. CJR17-146, proferida por la Unidad de Carrera Judicial, decisión que claramente presenta un interés particular al favorecer al señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales, violando su derecho al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos y funciones públicas, a la igualdad y a la confianza legítima.
1.2.17. Finalmente, aclara que el cargo que aspiró de manera provisional, es el mismo que ha venido desempeñado por un tiempo mayor a 5 años. Por lo que el proceso de selección no cumplió con la verificación de las garantías reguladas en el Acuerdo de la convocatoria, debido a que favorece a otro aspirante y le desconoce el derecho para adquirir el estatus de carrera que legítimamente le corresponde.
Fundamentos jurídicos del accionante
Argumenta que las actuaciones de la parte demandada vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos y funciones públicas, a la igualdad y a la confianza legítima.
Así mismo, cita como fundamento la jurisprudencia constitucional establecida en las sentencias T-776 de 2013, relacionada sobre los concursos de méritos; T-386 de 2016, frente a actos administrativos en materia de concurso de méritos; T-569 de 2011 respecto del sistema de carrera administrativa; T-775 de 2013 como mecanismo residual; T-463 de 2011 sobre del derecho de petición; C-588 de 2009 respecto al principio de igualdad; T-313 de 2006, relacionada con la confianza legítima; y T-682 de 2016 sobre el debido proceso y el acceso a cargos y funciones públicas.
1.4 Trámite en primera instancia
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 28 de junio de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el que se ordenó notificar a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como demandados, para que dentro del término de dos (2) días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.4.1. Trámite en Segunda instancia
Mediante auto del 4 de octubre de 2017, se vinculó al presente proceso al señor Miguel Antonio Goyeneche, como tercero interesado, para que dentro del término de dos (2) días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, rindió informe mediante oficio presentado el 4 de agosto de 2017, donde solicitó negar la prosperidad de la acción de tutela y/o en su defecto declararla improcedente por «la ausencia de la acreditación de la existencia de un perjuicio irremediable». Como fundamento citó las sentencias T-449 de 1998 y T-090 de 2013 de la Corte Constitucional.
Asimismo, adujo la «existencia de otro mecanismo de defensa judicial», pues, la naturaleza del acto de registro de elegibles es la de un acto administrativo de carácter particular y concreto, transcribiendo apartes de la sentencia del 21 de octubre de 2015, proferida por el Consejo de Estado con Radicado Nº. 25000-23-36-00-2015-01663-01, que trata sobre la naturaleza jurídica del registro de elegibles y su notificación.
Por otra parte, señaló los criterios de escogencia y la valoración de los factores de experiencia adicional y docencia en la etapa clasificatoria y explicó que por medio de la Resolución PCSJRS17-17 del 28 de febrero de 2017, se otorgaron los puntajes para el cargo de Profesional Universitario Grado 17, código 230202 de la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, así:
APELLIDOSNOMBRESCÉDULAPRUEBA DE CONOCIMIENTOSPRUEBA PSICOTÉCNICAEXPERIENCIA ADICIONAL Y DOCENCIACAPACITACIÓN ADICIONALPUBLICACIONESTOTALGOYENECHE ARENALESMIGUEL ANTONIO21061856336.68150.0099.17200605.85RUIZ VILLALBAFRANCY YANIRA80116303352.73145.009.2200527.5
Expresó, que mediante el Acuerdo PSAA13-10036 de 2013, el factor de experiencia adicional y docencia, «se evalúa la experiencia laboral adicional al cumplimiento del requisito mínimo exigido para el cargo», de la siguiente manera:
La experiencia laboral en cargos con funciones relacionadas, o en el ejercicio independiente con dedicación de tiempo completo en aéreas relacionadas con el empleo de aspiración, dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de éste.
La docencia en la cátedra en áreas relacionadas con el cargo de aspiración dará derecho a diez (10) puntos, por cada semestre de ejercicio de tiempo completo.
En todo caso, la docencia y la experiencia adicional no podrán ser concurrentes en el tiempo y el total del factor no podrá exceder de 100 puntos.
En relación con la experiencia profesional, ésta se cuenta desde el momento de la terminación y aprobación de todas las materias, teniendo como fecha de grado el 10 de diciembre de 2011, por lo que el señor Goyeneche Arenales, al momento de la inscripción para la convocatoria allegó los documentos para acreditar su experiencia.
Finalmente, señaló que hasta el momento han garantizado en las etapas del concurso de méritos los derechos fundamentales de todos los concursantes, en virtud de lo consagrado en el Acuerdo Nº. PSAA13-10037 del 7 de noviembre del 2013. También se le ha resuelto a la accionante el recurso de reposición. Por lo que pide declarar improcedente la presenta acción de tutela.
Por otra parte, el señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales, como tercero interesado en el proceso, presentó informe mediante oficio el día 12 de octubre de 2017, manifestando que efectivamente mediante el Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013, se realizó la convocatoria al cargo de profesional universitario grado 17, el cual exigía los siguientes requisitos «Título Profesional en Ingeniería de Sistemas y un (1) año y seis (6) meses de experiencia profesional en el manejo, desarrollo, implementación o mantenimiento de sistemas de información».
Expresó que el día 16 de marzo de 2015, por medio de la Resolución CJRES15-81, publicaron los resultados de la prueba escrita en la convocatoria, obteniendo el puntaje mayor, así:
Nombre
Prueba de Aptitudes
Prueba de Conocimiento General
Prueba de Conocimiento Especifico
Miguel Antonio Goyeneche Arenales
811,06
868,29
826,1
Francy Ruiz Villalba
800,74
822,29
850,32
Posteriormente, después de la etapa clasificatoria, se expidió la Resolución PCSJRS17-17 del 28 de febrero de 2017, con los siguientes resultados:
NombrePrueba de Conocimientos Prueba PsicotécnicaExperiencia Adicional - DocenciaCapacitación AdicionalPublicacionesTotalMiguel Antonio Goyeneche Arenales352, 73
146100
200618,73Francy Ruiz Villalba336, 6815099,17200605,85
De acuerdo a lo anterior, la actora presentó el recurso de reposición con el objetivo de que revisaran nuevamente el puntaje asignado en el «factor experiencia adicional», decisión que confirmó el acto administrativo. Afirma que aunque se le asigne a la accionante el puntaje en un 100% en la experiencia adicional, no lograría el primer puesto, pues el resultado sería de 606.68.
Aclarado lo expuesto, le surge la inquietud de cómo la accionante obtuvo los diplomas y las certificaciones anexadas en la convocatoria sin su autorización «máxime, cuando se entiende que la entidad accionada debe preservar tales documentos que han sido dejados en custodia por parte de todos los concursantes para su protección y buen uso de la información»; tal vez, la accionante al prevalerse de su cargo los obtuvo sin cumplir protocolo alguno, actuación que debería ser investigada, pues siente violados sus derechos.
Precisó que concursó por sus méritos, que sacó el puntaje mayor en la prueba de conocimientos, lo que conllevó a ocupar el primer lugar cumpliendo con todos los requisitos para el cargo. Sin embargo, no entiende por qué la accionante por vía de tutela quiera despojarlo del cargo que por derecho le corresponde.
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia en la presente acción, debido a que no existe vulneración alguna a los derechos de la accionante y mucho menos se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.
1.6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, debido a que contra el acto administrativo definitivo, proceden otros medios de defensa judicial, como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde podrá solicitar la suspensión provisional consagrada en el artículo 230 del CPACA. Al mismo tiempo, no se demostró la afectación al debido proceso y tampoco algún perjuicio irremediable por parte de la accionante.
1.7. Impugnación
La señora Francy Ruiz Villalba sostiene que se incurrió en un error aritmético por parte de la Entidad, al otorgarle el máximo puntaje al señor Goyeneche Arenales, cuando no cumplía con los requisitos en la experiencia adicional y docencia para su puntaje. Sin embargo, revisadas las pruebas documentales aportadas encontró que la persona que quedó en primer lugar, término materias en el segundo periodo del 2011, que la convocatoria para el concurso fue en el año 2013, por lo que «solo podría demostrar un año de experiencia que equivale a 20 puntos, y no como erradamente quedó en su puntuación con el máximo de 100 puntos por Experiencia Adicional y Docencia».
Por otra parte, en lo que respecta al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital como derechos fundamentales, encuentra su violación y la no existencia de las garantías en la convocatoria; por lo tanto, le ocasionó un perjuicio enorme, debido a que por error quedó en segundo lugar cuando por méritos debió quedar en el primer lugar.
Finalmente, solicita la suspensión provisional del acto administrativo (nombramiento de la lista de elegibles convocatoria 23, para el cargo de Profesional Universitario Grado 17, código 230202, de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia) y se revoque la sentencia de primera instancia del 10 de agosto de 2017, ordenando la suspensión «hasta tanto no se corrijan los puntajes otorgados a los aspirantes y se expida el respectivo listado en orden cronológico para los respectivos nombramientos».
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, según el cual «presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 10 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde se rechazó por improcedente la acción constitucional presentada por la señora Francy Ruiz Villalba, debe ser confirmada, revocada o modificada, de acuerdo a los argumentos expuestos en la impugnación por parte de la accionante.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico ha establecido diversas acciones ordinarias encaminadas igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no tener en cuenta estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaria el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.
2.3.1. La procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos por concurso de méritos. Principio de subsidiariedad.
La Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha establecido que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario debido a que su objeto no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los ciudadanos. Por lo anterior, ha señalado que ante la existencia de otros medios de defensa judicial la acción constitucional por regla general no es procedente, en virtud del artículo 86 de nuestra Constitución Política y el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, se ha determinado que la acción de tutela no constituye un mecanismo o una instancia para definir aquellos conflictos que la ley ha creado como competencias de otras jurisdicciones, debido a que para cada uno de los conflictos que presentan los ciudadanos ante la administración de justicia, estos corresponden a una especialidad, entendiéndose que los derechos fundamentales tienen un carácter primordial de acuerdo a lo consagrado en los artículos 4º. y 230 Superior.
La procedencia de la acción de tutela se encuentra mediante el agotamiento de todas las instancias y recursos con los que cuentan las personas para el amparo de sus derechos, por lo que se hace importante valorar en cada caso particular su viabilidad o no, pues, no basta con que exista el medio ordinario de defensa judicial, si no que se tendrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo la afectación de los derechos fundamentales de las personas.
Al respecto, la Corte Constitucional, se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos dentro de un concurso de méritos, mediante sentencia T-386 de 2016, así:
De manera que, para determinar la concurrencia de estas dos características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse entre otros aspectos: los hechos de cada caso; si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente ofrece la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; el tiempo de decisión de la controversia ante la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el trámite; la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales; las circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario que exige una particular consideración de su situación.
Lo anterior, al no existir una protección efectiva, cierta, y real por otra acción, o al encontrar la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable que deba ser producto de una actuación irrazonable y desproporcionada por parte de la administración. Por lo anterior, se entrará a verificar si el caso sub-lite cumple o no, con el requisito de subsidiariedad respecto del medio judicial eficaz e idóneo como lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.4. Hechos probados
Al proceso se allegaron las siguientes pruebas:
2.4.1. Copia del diploma y el acta de grado Nº. 2188 como Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas del señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales, con fecha del 14 de octubre de 2005, expedido por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (folio 11).
2.4.2. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyechene Arenales con fecha del 21 de marzo de 2007, expedida por el Colegio Santa Rosa de Lima donde laboró en la Institución de marzo 2006 a febrero de 2007 (folio 14).
2.4.3. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales con fecha del 6 de octubre de 2007, expedida por CompuSertec en el cual se señala que desde el 4 de junio hasta el 5 de octubre de 2007, desempeñó el cargo de Soporte Técnico On Site, en el Subcontrato de Atos Origin – Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y su contrato fue a término indefinido (folio 14 vuelto).
2.4.4. Copia del diploma y del acta de grado Nº. 2684 como Tecnólogo en Sistemas del señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales, con fecha del 4 de noviembre de 2010, expedido por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (folio 10 y vuelto).
2.4.5. Copia del diploma y acta de grado Nº. 7602-11 como Ingeniero de Sistemas del señor Miguel Antonio Goyeneche Arenales, con fecha del 10 de diciembre de 2011, otorgado por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (folio 9 y vuelto).
2.4.6. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyechene Arenales con fecha del 12 de abril de 2012, expedida por ComWare donde laboró en la Institución desde el día 16 de octubre de 2007, en el cargo de Tecnólogo de Soporte Posventa (folio 16).
2.4.7. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyechene Arenales con fecha del 5 de septiembre de 2012, expedida por ComWare donde laboró en la Institución desde el día 16 de octubre de 2007, en el cargo de Coordinador Técnico (folio 17).
2.4.8. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyechene Arenales con fecha del 6 de septiembre de 2013, expedida por ComWare en el cual laboró desde el 16 de octubre de 2007 hasta el 26 de mayo de 2013, donde su último cargo fue de Coordinador Técnico (folio 15).
2.4.9. Acuerdo Nº. PSAA13-10036 del 7 de noviembre de 2013, «por el cual se modifican los Acuerdos 22 y 97 de 1994, 025 de 1997, 250 y 346 de 1998, respecto de los requisitos mínimos y niveles ocupacionales de los cargos de las Unidades y Oficinas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura» (folio 20 al 25).
2.4.10. Acuerdo Nº. PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013, «por medio del cual se reglamenta la convocatoria a concurso de méritos para la conformación de Registro de Elegibles para la provisión de cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial» (folio 26 al 38).
2.4.11. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyechene Arenales con fecha del 25 de noviembre de 2014, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá-Cundinamarca, donde laboró desde el 22 de mayo de 2013, en el cargo de Técnico Sistemas Grado 11 (folio 18).
2.4.12. Copia de la certificación laboral del señor Miguel Antonio Goyechene Arenales con fecha del 13 de noviembre de 2013, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá-Cundinamarca, donde laboró desde el 22 de mayo de 2013, en el cargo de Técnico Sistemas Grado 11 (folio 19).
2.4.13. Recurso de reposición con fecha del 17 de marzo de 2017, presentado por la señora Francy Ruiz Villalba ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, solicitando la revisión, verificación y corrección del puntaje de experiencia otorgado a los participantes en la lista de elegibles para el cargo de Profesional Universitario Grado 17 (folio 8).
2.4.14. Resolución Nº. CJR17-142, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración de Carrera Judicial, la cual resolvió el recurso de reposición contra la Resolución Nº. PCSJRS17-17 del 28 de febrero de 2017, presentado por la señora Francy Ruiz Villalba (folios 6 y 7), que decidió:
Artículo: CONFIRMAR la Resolución Nº.PCSJR17-17 del 28 de febrero de 2017 mediante la cual fueron expedidos los registros de elegibles para los cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades de la otrora Sala Administrativa, hoy, Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respecto del puntaje asignado a la concursante FRANCY RUIZ VILLALBA, identificada con la ceédula de ciudadanía Nº. 21.061.856, en el factor experiencia adicional y docencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
Artículo 2º: Contra La (sic) presente Resolución no procede ningún recurso en vía administrativa.
(…)
2.5. Análisis de la Sala
Solicita la señora Francy Ruiz Villalba, la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos y funciones públicas, a la igualdad y a la confianza legítima, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa- Unidad de Administración de Carrera Judicial, debido a un supuesto error aritmético en la experiencia adicional y docencia, al otorgarle el máximo puntaje al señor Goyeneche Arenales, en el cargo de profesional Universitario Grado 17, código 230202, de la convocatoria Nº. 23 regulada por el Acuerdo PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, en tanto no se agotaron los medios ordinarios de defensa de sus derechos, debido a que la accionante tiene a su disposición los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde podrá solicitar la suspensión provisional consagrada en el artículo 230 del CPACA. Asimismo, explicó que la señora Ruiz Villalba no demostró la afectación al debido proceso y tampoco algún perjuicio irremediable.
Para analizar el caso, la Sala observa que la accionante inconforme con la decisión del a-quo, presentó la impugnación manifestando que como protección a sus derechos, solicita se revoque la sentencia de primera instancia del 10 de agosto de 2017, ordenando la suspensión provisional del acto administrativo «hasta tanto no se corrijan los puntajes otorgados a los aspirantes y se expida el respectivo listado en orden cronológico para los respectivos nombramientos». Por otra parte, expresó que encuentra su violación en la no existencia de las garantías en la convocatoria; por lo tanto, se le ocasionó un perjuicio enorme, debido a que por error quedó en segundo lugar cuando por méritos debió quedar en el primero.
Aunando lo anterior, se encontró en la presente acción de tutela, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vinculó al señor Goyeneche Arenales, como tercero interesado en las resultas del proceso. Por consiguiente, mediante auto del 4 de octubre de 2017, se realizó su vinculación y se recibió el informe el 12 de octubre de 2017 mediante correo electrónico, donde señaló:
Sin embargo, contrario a lo entendido por la accionante, toda la experiencia laboral adicional a la anterior, es decir, la obtenida antes y con posterioridad al grado de ingeniero de sistemas, debe ser contabilizada como su nombre lo indica, como experiencia adicional, y es por ello que no podían dejar de computarse dentro de dicho ítem los 1974 días de experiencia relacionada junto con los restantes 162 días de experiencia profesional (que se obtienen de restar al total de los laborados profesionalmente los 540 días referidos en el párrafo anterior), ya que las certificaciones laborales que excedan dicho tiempo deben ser valoradas en virtud del literal c) del numeral 6.2.1. del artículo 2º, del Acuerdo de convocatoria, por lo que existe un total de 2136 días que corresponden a 5 años, 11 meses y 6 días de experiencia adicional , que a razón de 20 puntos por año de servicio y proporcional por fracción de año, resulta un total de 118.66 puntos, sin embargo, dicho puntaje no podía exceder de los 100 puntos en los términos indicados en el acuerdo de convocatoria, por lo que fue este el asignado por la entidad accionada en la etapa de clasificación.
Ahora bien, la Corte Constitucional y esta corporación han establecido que el concurso de méritos comprende dos etapas: en primer lugar, la selección; y en segundo lugar, la clasificación, que tienen por objeto i) escoger a cada aspirante para el correspondiente registro en la lista de elegibles, y ii) definir el orden, el mérito, la asignación del cargo y la especialidad de cada concursante, relacionada con el lugar ocupado de acuerdo a los resultados de las pruebas.
Con respecto a lo previsto en el Acuerdo número PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013 «por medio del cual se reglamenta la convocatoria a concurso de méritos para la conformación de Registro de Elegibles para la provisión de cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de infraestructura física de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial», se encontraron los siguientes requisitos mínimos establecidos para el cargo objeto del debate de la presente acción de tutela, así:
Profesional Universitario 17 Título Profesional en Ingeniería de Sistemas. Un (1) año y seis (6) meses de experiencia profesional en el manejo, desarrollo, implementación o mantenimiento de sistemas de información.
Dentro de la documentación requerida, se encontró en el numeral 4.4. del Acuerdo mencionado, lo siguiente:
4.4. Documentación
Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo, diseñado para el efecto, en archivo de formato PDF, copia de los documento y/o certificaciones en la diferentes opciones relacionadas, con datos de identificación, experiencia y capacitación, tanto para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo de
aspiración, como para acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan puntaje adicional (Negrillas fuera del texto).
Dentro de las etapas del concurso están:
-Etapa de Selección
Tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y para este concurso está conformada, con efecto eliminatorio, por las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades según el cargo de aspiración.
Las pruebas evaluarán, según el cargo, conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
Estas pruebas se calificarán en una escala de 0 a 1000 y para aprobarlas se requiere obtener un puntaje mínimo de 800 puntos. Solo quienes obtengan un puntaje igual o superior, en cada una de las pruebas, podrán continuar en el proceso de selección.
• Pruebas de Conocimientos, Competencias, Aptitudes y/o Habilidades y Psicotécnica.
Los concursantes admitidos al concurso serán citados en la forma indicada en el numeral 7 del presente Acuerdo. Se aplicará una prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y otra psicotécnica. La primera tiene carácter eliminatorio y la segunda clasificatorio.
La prueba psicotécnica se le aplicará sólo a los aspirantes que hayan aprobado la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades. En el proceso de calificación de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades, se construirán escalas estándar de 1 a 1000. Para aprobar las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades requerirá obtener un mínimo de 800 puntos.
Sólo los aspirantes que obtengan dicho puntaje en cada una de las pruebas podrán continuar en el concurso. Posteriormente, los concursantes que obtengan 800 puntos o más en la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades se les aplicará una nueva escala de calificación entre 300 y 600 puntos; de tal suerte que quien(es) obtenga(n) la máxima nota en la prueba se le(s) asignarán 600 puntos y a quien(es) registren la(s) nota(s) más baja(s) se le asignarán 300 puntos, distribuyendo proporcionalmente los puntajes obtenidos por los demás aspirantes.
El diseño, administración y aplicación de las pruebas, será determinado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, bajo la coordinación de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
Con respecto a los puntajes otorgados a cada una de las pruebas para la escogencia de los aspirantes que pasaron a la etapa clasificatoria, se encuentran: i) las pruebas de conocimientos y competencias, aptitudes y/o habilidades (Hasta 600 puntos; ii) prueba psicotécnica (Hasta 200 puntos) (Clasificatoria); iii) experiencia adicional y docencia. (Hasta 100 puntos).
Posteriormente, se publican los resultados de los puntajes obtenidos por cada aspirante mediante resolución expedida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la cual será notificada en la Secretaría de la entidad y en la página web www.ramajudicial.gov.co Asimismo, «se notificarán todos los actos de carácter particular y concreto que se expidan en desarrollo del proceso de selección, entre otros, los que resuelven los recursos».
Respecto de los recursos, se encuentra que contra los siguientes actos, procede el recurso de reposición:
1. Eliminatorio de Prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades.
2. Contra el Registro de Elegibles.
Los citados recursos deberán presentarlos por escrito los aspirantes, ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los diez (10) días siguientes a la desfijación de la respectiva resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
No procederá recurso contra los puntajes que de conformidad con este reglamento, ya hayan sido objeto de un recurso anterior.
Ahora bien, de acuerdo a los puntajes asignados una vez concluida la etapa clasificatoria, el Consejo Superior de la Judicatura profirió la Resolución PCSJSR del 28 de febrero de 2017, con los siguientes resultados:
NombrePrueba de Conocimientos Prueba PsicotécnicaExperiencia Adicional - DocenciaCapacitación AdicionalPublicacionesTotalMiguel Antonio Goyeneche Arenales352, 73
146100
200618,73Francy Ruiz Villalba336, 6815099,17200605,85
De acuerdo a las consideraciones anteriores, es importante resaltar que la accionante frente al resultado de la lista de elegibles (Resolución PCSJRS17-17) de la convocatoria Nº. 23 de 2013, expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, presentó recurso de impugnación, solicitando la verificación y revisión de los puntajes asignados a los participantes al cargo de acuerdo a la «experiencia adicional y docencia».
No obstante, la accionada mediante la Resolución CJR17-145 de 24 de junio de 2017, resolvió el recurso de reposición interpuesto (visible a folios 6 y 7) por la señora Francy Ruiz Villalba, correspondiente al registro de elegibles, donde le manifestaron que en relación a la certificación de experiencia laboral para el puntaje final, se le tuvo en cuenta la siguiente experiencia laboral:
Experiencia profesional acreditada
Fecha inicial
Fecha final
Total de días
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia
30/05/2007
15/11/2013
2325
Suma total de días
2325
Explican que de la suma de total de los días 2325 (resultado final) se le restan los 540 días que son el requisito mínimo, quedando con un total de 1785 días, equivalentes a 99.17 puntos, «que corresponde al puntaje publicado en la Resolución PCSJRS17 de 2017 en cuanto al factor de “experiencia adicional y docencia».
Por otra parte, en la parte resolutiva de la Resolución CJR17-145 de 24 de junio de 2017, se dispuso:
ARTÍCULO 1º: CONFIRMAR la Resolución No. PCSJRS17-17 del 28 de febrero de 2017 mediante la cual fueron expedidos los Registros de Elegibles para los cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades de la otrora Sala Administrativa, hoy, Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respecto del puntaje asignado a la concursante FRANCY YANIRA RUÍZ VILLALBA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.061.856, en el factor experiencia adicional y docencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
ARTÍCULO 2º: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso en vía administrativa.
En relación con la petición de revisar los documentos de otros aspirantes, el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de Carrera Judicial, manifestó que «no es posible debido a que la recurrente adolece de legitimación por activa en lo que a ellos concierne».
Pues bien, para Sala el acto de registro de la lista de elegibles para los empleos de carrera administrativa, es un acto administrativo de carácter reglado y motivado, el cual, una vez queda en firme, se constituye en un acto definitivo y por tanto inmodificable, pues crea situaciones jurídicas particulares y concretas para las personas que se encuentran incluidas en las convocatorias, es decir, otorga el derecho al concursante de ser nombrado para el cargo al cual aspiró.
Con base en las consideraciones expuestas, se puede decir que la señora Francy Ruiz Villalba, podía dentro de un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho solicitar la suspensión o la inaplicación de la Resolución número PSSJR17-17 del 28 de febrero de 2017, para el caso sub-lite, como una «medida de urgencia» manifestando las mismas razones que expresó en la presente acción de tutela, pues como se evidencia es el medio más idóneo y eficaz para la protección de sus derechos.
Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-553 de 2015, estableció que por regla general la tutela resulta improcedente contra actos administrativos proferidos en un concurso de méritos. Sin embargo, esta regla tiene dos excepciones «(i) cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto, y por el otro, (ii) cuando a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado».
Finalmente, conforme a lo solicitado y de las pruebas allegadas a la presente acción de la referencia, esta Sala encuentra que la accionante manifestó que se le ocasionó un perjuicio enorme, sin embargo, no allegó prueba alguna que confirmara tal situación, por lo que ese argumento no es óbice para desconocer los requisitos mínimos de procedibilidad de la acción de tutela. Además, como se dijo anteriormente, la accionante tiene la posibilidad de utilizar los medios de control que ofrece el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), demandando el acto de registro de elegibles, con el objetivo de controvertir la puntuación dada en la experiencia adicional y docencia dentro de la convocatoria Nº. 23 a través de la Resolución PCSJRS17-17 del 28 de febrero de 2017, de la cual no comparte el resultado.
Así las cosas, encuentra la Sala acertada la decisión tomada por el tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B» y se procederá a confirmar la providencia impugnada, al no acreditarse la existencia de una situación que vulnere los intereses fundamentales de la accionante o la existencia de situaciones especiales que ameriten un amparo impostergable.
3. Conclusión
De esta manera, tal como concluyó El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad por cuanto la señora Francy Ruiz Villalba tiene la posibilidad de presentar los medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativo; así mismo, no se encuentra irregularidad alguna en la decisión adoptada en primera instancia, en tanto los argumentos de la accionante no fueron suficientes para acreditar su calidad de sujeto de especial protección constitucional, ni la existencia de una situación especialísima que amerite la adopción de medidas urgentes e impostergables.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
CONFÍRMAR la sentencia impugnada del 10 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección «B», de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Visible a folio 42.
Visible a folio 84.
Visible a folios 47 al 52.
Visible a folios 98 al 100.
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre muchas otras.
Sentencia T-386 de 2016.
Sentencias T-589 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-590 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Cita del texto transcrito. Ver sentencias T-414 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-384 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-822 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-068 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gi.
Cita del texto transcrito. Ver sentencias T-778 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-979 de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-864 de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-123 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Cita del texto transcrito. Ver sentencias T-966 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-843 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-436 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-809 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-816 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-417 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
Cita del texto transcrito. Ver, entre otras, las sentencias T-512 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-039 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Cita del texto transcrito. Ver, entre otras, las sentencias T-656 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-329 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-573 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía, T-654 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-289 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Cita proveniente del texto transcrito. Acuerdo PSAA13-10037, artículo 2º, numeral 6.2.1. literal c). “Experiencia Adicional y Docencia. Hasta 100 puntos.
En este factor se evalúa la experiencia laboral adicional al cumplimiento del requisito mínimo exigido para el cargo, así:
La experiencia laboral en cargos con funciones relacionadas, o en el ejercicio independiente con dedicación de tiempo completo en áreas relacionadas con el empleo de aspiración, dará derecho veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de éste.
La docencia en la catedra en áreas relacionadas con el cargo de aspiración dará derecho a diez (10) puntos, por cada semestre de ejercicio de tiempo completo.
En todo caso, la docencia y la experiencia adicional no podrán ser concurrentes en el tiempo total del factor no podrá exceder de 100 puntos.” – negrillas fuera del texto-.
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.