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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01176-01

Fecha
19 de julio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01176-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01176-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

19 de julio de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01176-01 (26063)
Demandante: Representaciones e Inversiones Élite Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D. C., diecinueve (19 ) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01176-01 (26063)
Demandante: Representaciones e Inversiones Élite Ltda.
Demandada: Secretaría de Hacienda de Bogotá

Temas: ICA. Bimestres 3.º a 6.º del año 2013 y 1.º a 6.º del año 2014. Servicios
integrales de aseo. Base gravable especial AIU.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación (índice 23 de Samai del tribunal) interpuesto por
la demandada contra la sentencia del 21 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, que resolvió (índice 10 de Samai):

Primero: Declarar la nulidad de la Resolución n.º 1399DDI007143 del dos (2) de marzo de 2016
por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial a las declaraciones del impuesto de industria y
comercio de los bimestres 3, 4, 5 y 6 del año gravable 2013 y todos los bimestres de 2014, y de la
Resolución n.º DDI026845 del treinta y uno (31) de marzo de 2017, por la cual se desató el recurso
de reconsideración, confirmando la anterior liquidación oficial de revisión, conforme a lo expuesto.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las declaraciones del
impuesto de industria y comercio presentadas por la sociedad Representaciones e Inversiones
Élite Ltda. para los períodos 3 al 6 del año gravable 2013 y todos los períodos de 2014; y en
consecuencia, que no debe suma alguna por los actos que se anulan.

Tercero: No se condena en costa a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 21399DDI007143, del 02 de marzo de
2016, la demandada modificó las declaraciones del ICA de los bimestres 3.° a 6.° del
año 2013 y todos los bimestres del año 2014, de la actora, desestimando la base
gravable especial del AIU (administración, imprevistos y utilidad) para el servicio integral
de aseo y cafetería prestado, y a cambio de ello, determinó el impuesto sobre la base
gravable general e impuso multa por inexactitud (índice 2 de Samai). Este acto fue
confirmado por la Resolución nro. DDI026845, del 31 de marzo de 2017, que resolvió
el recurso de reconsideración interpuesto (índice 2 de Samai).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01176-01 (26063)
Demandante: Representaciones e Inversiones Élite Ltda.

Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2 de Samai):
Primera. Que son nulas las resoluciones nros. 1399DDI007143 y/o Liquidación Oficial de Revisión
2016EE21979 de fecha 02 de marzo de 2016, y la nro. DDI026845 de 31 de marzo de 2017, por
haber sido expedidas con violación a las normas de superior jerarquía a las que hubieren tenido
que sujetarse.

Segunda. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la Sociedad Representaciones
e Inversiones Élite Ltda., no estaba obligada a corregir ni a pagar sanción del impuesto de industria
y comercio correspondiente a los bimestres 3 a 6 del año gravable 2013 y bimestres 1 a 6 del año
gravable 2014, bajo los parámetros establecidos por el Distrito Capital de Bogotá que omitió la
disposición legal de la base gravable especial contenida en la Ley 1607 de 2012, artículo 46.

Tercera. Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 1.º, 13, 29, 286, 287
numeral 3.º 313, 338 y 363 de la Constitución Política; artículos 27, 28 y 30 del CC
(Código Civil, Ley 84 de 1873); 462-1, 647, 683 y 745 del ET; artículo 205 del Decreto
Ley 1333 de 1986; artículos 2.º y 162 del Decreto Ley 1421 de 1993; 64 del Decreto
Distrital 807 de 1993; 3.º y 7.º del Decreto 352 de 2002, bajo el siguiente concepto de
violación (índice 2 de Samai):

La actora planteó que los actos demandados fueron expedidos con infracción de las
normas de carácter superior y que incurrieron en falsa de motivación, ello en vista de
que la demandada se abstuvo de aplicar el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, que
modificó el articulo 462-1 del Estatuto Tributario (ET), el cual creó una base gravable
especial para los servicios integrales de aseo, cafetería y vigilancia, aplicable a los
impuestos territoriales, dentro del ellos, al ICA administrado por el distrito, conforme con
el artículo 7.° del Decreto 352 de 20021.

Respecto del primero de los cargos, la demandante sostuvo que la autoridad
desconoció la naturaleza territorial del impuesto de industria y comercio (ICA), pues
conforme con los artículos 286 y 287 de la Constitución, en concordancia con el artículo
7.° del Decreto distrital 352 de 2002, el ICA es un impuesto territorial administrado por
el distrito, de manera que caprichosamente la autoridad creó un problema interpretativo
de la aplicabilidad del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, relativo a la base imponible
especial del AIU, al aducir que esta norma no hizo referencia directa al ICA, y que por
ello no había certeza tributaria, por lo que, debía el concejo distrital adoptar la base
especial y el sistema de retención en la fuente, todo esto pese a que, la referida ley al
prescribir la base gravable especial en IVA relativa al AIU para el tipo de servicio
prestado por la sociedad lo hizo extensible a los tributos territoriales, dentro de ellos, el
ICA.

Sobre ello, expuso que, al desatarse el recurso de reconsideración, la autoridad invocó
los conceptos distritales nros. 2013ER33381 de 2013 y 2013EE72237 de 2019, a fin de
sustentar que no bastaba que el Congreso o el cuerpo colegiado territorial expidiera
una norma fiscal para configurarse el principio de legalidad, sino que esta debía
contener con suficiencia los elementos de la obligación tributaria y por eso el órgano de
representación local debía incorporar la norma y fijar el tributo al que sería aplicable,
pero tal posición desatendía los límites de la autonomía normativa de los entes
territoriales del artículo 313.4 constitucional que debían enmarcarse dentro de la

1
En la respuesta al requerimiento especial, la actora especificó que el servicio prestado con el cual autoliquidó su impuesto a cargo
en los períodos discutidos fue el de aseo y cafetería y ello no fue objeto de discusión por el demandado (índice 2 de Samai).

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superioridad de la Constitución y la ley, por lo que es la norma local la que debe
adecuarse a la norma legal, en virtud del principio de República unitaria y, a partir de
ello, concluyó que el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 al regular una base imponible
vinculante para tributos nacionales también obligaba a los entes territoriales.

En línea con ello, sustentó la falsa motivación de los actos acusados, en que, la
demandada aseguró que no había certeza tributaria en la ley, frente a la aplicabilidad
del artículo 46 ídem, porque la disposición no señalaba a que tributos territoriales se
refería, por lo que entendió el distrito, que se requería armonizar la ley con la regulación
territorial mediante un acuerdo del concejo distrital. A su juicio, tal interpretación dotaba
de absoluta ineficacia un mandato de jerarquía superior establecido en la ley bajo una
equivocada autonomía territorial e independencia normativa del ente territorial que
desconocía el señalado principio de República unitaria y que ameritaba la coordinación
entre la normativa local y el régimen ordinario establecido por el poder central, en
garantía de la jerarquía normativa; de manera que, en todo aquello que no regulara la
norma especial distrital, debía aplicarse el régimen ordinario; esto es, lo dispuesto en
el artículo 462-1 del ET modificado por el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, para el
caso del ICA.

Aunado a ello, expuso que al tenor del artículo 205 del Decreto Ley 1333 de 1986, las
normas del ICA son aplicables al distrito demandado, por lo que se opuso a que el ente
acusado pudiera supeditar la aplicación de una ley (de superior jerarquía), a su
adopción por parte del concejo distrital, corporación de carácter eminentemente
ejecutivo y no legislativo; además de que la regulación especial del Distrito Capital,
Decreto Ley 1421 de 1993, no la eximía de someterse a la Constitución y a la ley, y el
hecho de que la parte demandada se refugiara en el carácter especial de su regulación
atentaba contra la seguridad jurídica.

Señaló que no era cierto que el artículo 46 de la Ley 1607 aplicaba para efectos de
retención en la fuente, como erradamente lo sostenía el demandado -que entre otras
cosas esta parte de la norma estaba referida al impuesto de renta-, pues el texto de la
disposición señalaba que la base especial aplicaba para impuestos territoriales. Adujo
igualmente que el artículo 182 de Ley 1819 de 2016, que modificó al mentado artículo
46 de la Ley 1607 de 2012, solo clarificó que esa base gravable aplicaba al ICA, lo que
no significaba que antes de esta norma no aplicara esto.

Agregó que, al tenor de la jurisprudencia constitucional, no había falta de certeza
tributaria, como lo afirmaba la demandada, pues esta solo se predica cuando no es
determinable alguno de los elementos del tributo, siendo insuperable la indeterminación
de la norma, en cambio en el sub lite era admisible acudir a la base imponible especial
de la Ley 1607 de 2012 a partir de una interpretación sistemática del ordenamiento.
Agregó que con base en los criterios de interpretación de los artículos 27, 28 y 30 del
C Civil se podía establecer el contenido y alcance de la base gravable especial de la
ley, como aplicable al ICA, sin necesidad de que el distrito acogiera la ley, pues su
claridad no generaba duda acerca de su proyección en los tributos territoriales.

Sin perjuicio de lo anterior, expuso que teniendo en cuenta que la demandada consideró
que el artículo 46 ibidem era inaplicable antes de la entrada en vigor de la Ley 1819 de
2016, i.e. 29 de diciembre de 2016, se violaba el principio de favorabilidad en materia
tributaria que según la jurisprudencia constitucional2 conllevaría a la aplicación

2
A esos efectos, citó las siguientes sentencias: Corte Constitucional: C-527 de 1996;C-185 de 1997; C-006 de 1998 y C-686 de
2010.

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inmediata de la norma tributaria favorable a los intereses del respectivo contribuyente.
Además, señaló que el señalamiento de la autoridad tributaria en torno a que, la
vigencia de la base gravable especial aplicaba solo a partir de la Ley 1819 de 2016,
violaba el principio de equidad tributaria y el derecho a la igualdad, al dar un tratamiento
diferenciado, carente de justificación.

Respecto de la sanción por inexactitud formuló cargos tendentes a desestimar el hecho
infractor, porque sus declaraciones fueron presentadas correctamente y,
seguidamente, adujo como causal de exculpación de la multa, la discrepancia de
criterios con la demandada, en relación con el derecho aplicable.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2 de Samai). Luego de
referenciar el artículo 167 del CGP relativo a la carga probatoria, y las disposiciones
que regulan el ICA a nivel local, entre ellas el Decreto 352 de 2002, expuso que, en
virtud del artículo 41 transitorio y el 322 de la Constitución, así como el Decreto Ley
1421 de 1993, artículo 154, el Distrito Capital cuenta con un régimen especial en
materia fiscal con características diferentes al régimen ordinario y con autonomía para
regularlo.

Señaló que acorde con ese régimen especial, el artículo 42 del Decreto 352 del 2002
reguló lo atinente a la base imponible del ICA, que parte de la totalidad de los ingresos
netos obtenidos por el contribuyente durante cada período. En ese mismo orden,
aseveró que con el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 existiría una base especial para
el sistema de retención en la fuente de los impuestos territoriales para los servicios
integrales de aseo, cafetería y vigilancia. Sin embargo adujo que, la distinción respecto
de si esa era su finalidad o si se trataba de una base gravable especial en los impuestos
distritales no le competía Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá como intérprete de
la norma, puesto que la Ley 1607 de 2012 no había definido a qué impuestos aplicaba
la base especial o la retención.

Destacó que inclusive, las actividades reguladas en el artículo 46 de la precitada ley,
no se subsumían en los hechos generadores de los diferentes tributos administrados
por el distrito, como los impuestos de vehículos y automotores, delineación urbana,
predial; entre otros; de ahí que reafirmara la falta de certeza sobre el tributo al cual
aplique.

Por ello, consideró que la autoridad en sede administrativa no podía solventar la falta
de identificación de uno de los elementos del tributo, que dejó el Congreso incompleto,
sino que correspondía al concejo distrital fijar la aplicación del artículo 46 de la Ley 1607
de 2012, pues conforme ha señalado la Corte Constitucional, la competencia es
exclusiva de los cuerpos colegiados, en armonía con la ley. El Congreso establece los
elementos generales y las asambleas y consejos los particularizan acorde con su
estructura tributaria. Al hilo de esto, anotó que la Administración ha venido trabajando
de manera conjunta con el concejo distrital para darle certeza al artículo 46 de la Ley
1607 de 2012, pero enfatizó que el distrito ha fijado su posición respecto de que se
requiere la expedición de un acuerdo y que, en el interregno, la base se rige por el
Decreto 352 de 2002.

Agregó, que la falta de certeza en la aplicación de la norma era evidente, y, por tanto,
fue necesario aclarar de manera taxativa la base gravable especial para liquidar el ICA
en las actividades de vigilancia a través de la Ley 1819 de 2016. Ello significaba que

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solo a partir de la entrada en vigencia de dicha ley era posible determinar el impuesto
utilizando dicha base. Para los períodos anteriores, únicamente se podía calcular el
impuesto utilizando la base gravable general establecida en el artículo 42 del Decreto
352 de 2002.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad de los actos demandados (índice 10 de Samai del tribunal).
Concluyó que los actos fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que
debían fundarse y fueron falsamente motivados, porque desde el vigor de la Ley 1607
de 2012 el ICA en el distrito tuvo una base imponible del AIU para las actividades de
aseo, cafetería y vigilancia.

Consideró que, al Congreso le correspondía crear los tributos, de manera que los
concejos y asambleas podían decretarlos con sujeción a la ley. En ese orden, advirtió
que si la ley determinaba un elemento de tributo, el ente territorial estaba obligado a
aplicarlo y no se requería de su adopción. A esos efectos, invocó la sentencia del 21 de
febrero de 2019 de esta corporación (exp. 22628, CP: Milton Chaves García) para
señalar que la facultad normativa de los concejos distritales está sometida a la ley, dada
su jerarquía normativa.

Igualmente precisó que a la luz de los precedentes de esta corporación (sentencias del
19 de marzo de 2019, exp. 21896, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto y del 04 de junio
de 2020, exp. 24391, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), la Sección Cuarta ya había
indicado que la base gravable especial del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 aplicaba
al ICA, toda vez que gravaba la prestación de los servicios integrales señalados por el
legislador, independientemente de que la autoridad territorial no haya adoptado en
norma local el mandato legislativo, pues las entidades territoriales tienen límites en la
potestad normativa que le impide apartarse de la ley y de normas superiores. Por ello,
no se incurrió en los hechos infractores de la sanción impuesta.

Adicionado a ello, el tribunal desestimó la argumentación en torno a que la ley no
hubiera indicado a qué impuesto territorial aplicaba, dada la similitud del IVA con el ICA.
Como sustento de ello, citó la sentencia del 07 de marzo de 2019 del mismo tribunal
(exp. 2017-01290. MP: Gloria Isabel Cáceres Martínez), en la cual se indicó que la
motivación para excluir de la base gravable los costos que ese tipo de actividades
comporta, sería idéntica para el IVA como para el ICA. Por ello, concluyó que la
intención del legislador fue que la disposición se aplicara para ambos impuestos en
esas actividades.

Apoyándose en un precedente del mismo tribunal, aclaró que artículo 294 de la
Constitución prevé la imposibilidad de que el legislador cree exenciones o tratamientos
preferenciales que afecten la autonomía fiscal de las entidades territoriales; sin
embargo, ello no ocurre cuando el legislador delimita la base gravable, pues ello no
afecta el núcleo esencial de la autonomía fiscal de los entes territoriales, de manera
que el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, que modificó el articulo 462-1 del ET, es una
delimitación de la base gravable aplicable a los prestadores de servicios integrales de
servicios de aseo, cafetería y vigilancia, que no constituye una vulneración al principio
de la autonomía administrativa de las entidades territoriales, en la medida en que el
Congreso de la República solo modificó uno de los elementos integrales del impuesto,
sin despojar de la potestad a la autoridad distrital.

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Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del tribunal (índice 38 de Samai). Aseguró que la
sentencia recurrida desconoció la falta de claridad y certeza del artículo 46 de la Ley
1607 de 2012, el cual modificó el artículo 462-1 del ET, y, en consecuencia, la sentencia
violó el principio de legalidad, puesto que la base gravable especial creada por dicha
norma para el IVA no era extensible al ICA por la similitud entre dichos impuestos.

Al respecto, reiteró la falta de certeza tributaria del parágrafo del artículo en cuestión,
en tanto, que con el artículo 46 de la mencionada ley, existiría una base especial para
el sistema de retención en la fuente de los impuestos territoriales para los servicios
integrales de aseo, cafetería y vigilancia, empero, la distinción respecto de si esa era
su finalidad o si se trataba de una base gravable especial en los impuestos distritales
no le competía Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, puesto que el legislador no
definió a qué impuestos territoriales aplicaba la base especial o la retención.

Indicó que la falta de certeza y seguridad jurídica, era de tal entidad que se hizo
necesaria la intervención del legislador con el artículo 182 de la Ley 1819 de 2016, cuya
exposición de motivos, señalaba que proponía extender la aplicación del artículo 46 de
la Ley 1607 de 2012 al ICA, por lo cual se debe entender que, antes de su entrada en
vigencia, la base AIU al ICA no era aplicable.

Igualmente manifestó que mediante acción de cumplimiento tramitada ante el mismo
tribunal (Sección Tercera, Subsección A, exp. 2015-00680) se concluyó que el mandato
contenido en el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 no era absoluto e inobjetable y que
la regulación debía hacerla el concejo distrital. También aludió a la aclaración de voto
de la consejera de estado Stella Jeannette Carvajal Basto, en la sentencia del 26 de
febrero de 2020 (exp. 24690, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), en la cual indicó
que la referida disposición no ofrecía certeza suficiente para determinar que su
aplicación se extendía al ICA, tras lo cual insistió la recurrente que desde la entrada en
vigencia de la Ley 1819 de 2016 era aplicable la base especial al ICA y no antes.

Igualmente, afirmó que el poder central no podía tener injerencia en gestiones y
decisiones locales, de conformidad con la autonomía de las entidades territoriales para
establecer el régimen fiscal especial y de la interacción armónica de esa autonomía con
la unidad nacional.

Alegatos de conclusión

La demandante en memorial que nominó de oposición a la apelación, estimó que el
recurso interpuesto fue extemporáneo [para ello su cómputo del término para recurrir lo
inició desde el mismo día de la notificación de la providencia] y que por ello no debía
atenderse, asimismo adujo que su contraparte omitió «notificar» el memorial del
recurso, de conformidad con el artículo 3° del Decreto 806 de 2020. Al descorrer los
alegatos de conclusión reiteró lo anteriormente indicado y, además, solicitó confirmar
la decisión de primera instancia a partir de los mismos argumentos de la demanda
(índice 19 de Samai).

El demandado reiteró los argumentos expuestos en la apelación (índice 35 de Samai),
mientras que el ministerio público guardó silencio.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo los términos de la
apelación de la parte demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que declaró la nulidad de los actos enjuiciados. En concreto,
corresponde definir si el fallo impugnado desconoció la falta de claridad y de certeza
tributaria de la Ley 1607 de 2012, y, a su vez, la autonomía del Distrito Capital, al
concluir que la base gravable aplicable a las declaraciones presentadas por la
contribuyente por concepto del ICA era la prevista en el artículo 46 de la Ley 1607 de
2012, que modificó el artículo 462-1 del ET (AIU).

Previamente a decidir la controversia, la Sala advierte que la demandante en memorial
nominado oposición al recurso de apelación y en su escrito de alegatos solicitó que se
abstuviera de pronunciarse sobre el recurso de apelación, por cuanto este fue
extemporáneo, y porque la parte demandada omitió el deber de «notificar» el memorial
de impugnación a su dirección de correo electrónica como lo demandaba el artículo 3.°
del Decreto 806 de 2020, disposición que pasó a ser permanente con la Ley 2213 de
2022. Sobre ese particular se advierte que la actora no recurrió la providencia admisoria
de la apelación que fue notificada por estado el 05 de agosto de 2022 (índice 17 de
Samai).

En todo caso, se observó el cumplimiento de la oportunidad para recurrir toda vez que
la providencia fue notificada de forma electrónica el 24 de agosto de 2020 (índice 10 de
Samai), luego, el término para recurrir eran los diez días siguientes a la notificación que
culminó el 07 de septiembre de 2020, fecha en que fue interpuesto el recurso de forma
tempestiva (índice 38 de Samai del tribunal). Por lo demás, el deber que incorporó el
artículo 3.° del entonces Decreto 806 de 2020 (actualmente artículo 3.° de la Ley 2213
de 2022) no enerva el cumplimiento de los presupuestos para interponerse el recurso
de apelación, dado que la ley no fijó una consecuencia adversa como el entenderse
desierta la impugnación. Habiendo concluido la oportunidad procesal para formular los
reparos a los que alude el escrito de alegatos de conclusión, la Sala se remite a lo
dispuesto en el auto admisorio del recurso.

En particular, la apelante argumenta que el criterio del tribunal para establecer la
aplicabilidad de la base imponible especial del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 al
ICA no podía ser la similitud de este tributo con el del IVA -impuesto que a su juicio,
corresponde al regulado en el artículo 46 ídem-, dado que se transgredía la certeza
tributaria y el principio de legalidad, por cuanto no hubo claridad sobre si la señalada
norma extendía el tratamiento de la base imponible al ICA o si la regulación que se
extendía era lo atinente al sistema de retención en la fuente, lo que aseguró no le
competía a la Administración, como intérprete de la norma, sino que era preciso que
esto fuera regulado el concejo distrital, además de que, a la luz de la autonomía
territorial y de la interacción entre este principio con el de unidad nacional, al poder
central no le era dable injerir en gestiones y decisiones territoriales.

En línea con ello, expuso que solo hasta la vigencia de la Ley 1819 de 2016 (art. 182)
el legislador clarificó que la aplicación de la base gravable especial mencionada se
extendía al ICA, por lo que solo a partir de su vigencia, podían los contribuyentes aplicar
esa normativa, de manera que los períodos previos debían regirse por la base general
establecida por el artículo 42 del Decreto 352 de 2002.

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En el otro extremo, en lo pertinente, la parte demandante argumentó que el artículo 46
de la Ley 1607 de 2012 permitió a los contribuyentes determinar los impuestos
territoriales utilizando como base gravable el concepto de AIU, en los servicios de aseo
y cafetería. Adujo que como el ICA se clasificaba como un impuesto territorial, le
aplicaba la base gravable especial y que la autonomía fiscal territorial no era absoluta
e ilimitada, por el contrario, se encontraba sujeta a la ley, de manera que la
Administración no podía condicionar su aplicación a que el concejo distrital adoptara
por acuerdo la base gravable especial.

Así, también argumentó que mediante una interpretación sistemática del ordenamiento
y de acuerdo con los criterios de interpretación de los artículos 27, 28 y 30 del C Civil
se podía establecer que la base gravable especial de la ley era aplicable al ICA, pues
esta previó su aplicación a los tributos territoriales, no siendo correcto que la
demandada asumiera que tal base gravable aplicaría al ICA únicamente a partir de la
vigencia de la Ley 1819 de 2016 que clarificó que esta regulación era extensible al
referido impuesto.

La posición de la actora fue fundamentalmente acogida por el tribunal, al concluir que
el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 gobierna la base gravable especial del ICA para
el tipo de actividades que fija esa disposición.

2- Con miras a dimir el actual debate, advierte la Sala que el asunto sobre el que versa
la litis (i. e. la aplicación directa del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 en el ámbito
territorial) ya ha sido objeto de decisión por parte de esta judicatura, dado que la base
gravable especial para las actividades de aseo integral, cafetería y vigilancia fue
dispuesta por la misma norma y que su aplicación en el caso territorial -ICA- no se
supeditó al cumplimiento de requisitos adicionales, por lo cual, la Sala reiterará aquí,
en lo pertinente, las sentencias del 26 de febrero de 2020 (exp. 24690, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto), del 07 de mayo de 2020 (exp. 24675, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez), del 16 de julio de 2020 (exp. 24694, CP: Milton Chaves García), del 03 de
diciembre de 2020 (exp. 25088, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), del 11 de noviembre
de 2021 (exp. 25479, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), del 10 de marzo de 2022
(exp. 25810, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 24 de marzo de 2022 (exp.
25849, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), del 01 de septiembre de 2022 (exp. 25723,
CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 07 de diciembre de 2022 (exp. 26134, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello) que decidieron litigios análogos al presente.

2.1- De acuerdo con lo señalados precedentes, la Constitución en su artículo 287 prevé
que las entidades territoriales gozan de autonomía para establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Del mismo modo, el artículo 322 de
la Carta Política establece el régimen especial del Distrito Capital, reafirmando su
autonomía fiscal. Con todo, si bien el artículo superior 338 determina que las entidades
territoriales cuentan con potestad normativa para regular sus tributos propios y ello
resulta con mayor especialidad en el régimen jurídico distrital, ese poder no está
desprovisto de límites, pues dicho mandato constitucional debe interpretarse de manera
concordante con lo prescrito en los artículos 287 y 300 ibidem, que circunscriben el
ejercicio de la autonomía territorial a «los límites de la Constitución y la ley». Bajo ese

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contexto y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, esta corporación
concluyó que las restricciones de la potestad tributaria de los entes territoriales les
impiden, además de crear tributos, apartarse de la configuración que efectúe el
legislador en relación con los elementos de los tributos locales, i. e. hechos gravados,
sujetos, bases gravables y tarifas4.

2.2- Aunque el Distrito Capital cuenta con el Decreto Ley 1421 de 1993, «Por el cual se
dicta el régimen especial para (…) Bogotá», a partir del cual se profirió el marco
normativo del distrito (artículos constitucionales 322 a 324) y, con base en ese
ordenamiento su estatuto de rentas (Decreto 352 de 2002, art. 42) previó la base
imponible general del ICA como los ingreso netos obtenidos durante el período
gravable, esto no impide que a nivel distrital tenga aplicabilidad la base gravable
especial (AIU), que el legislador introdujo en el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 al
modificar el artículo 462-1 del ET, aplicable a los servicios integrales de aseo y cafetería
y vigilancia relacionados con impuestos territoriales como es el caso del ICA.

Así, por mandato legal, cuando se trate de servicios integrales de aseo y cafetería, así
como de vigilancia, la base imponible del ICA debe establecerse a partir del valor del
AIU de la operación (y no de los ingresos obtenidos), sin que esa suma pueda ser
inferior al diez por ciento del valor del contrato. Por consiguiente, a la luz del precedente
que se reitera, la Sala estima que la base gravable especial creada por el artículo 46
de la Ley 1607 de 2012 es aplicable a efectos del ICA, con prescindencia de que el
concejo municipal o distrital no lo haya incorporado al ordenamiento local.

3- De conformidad con el derecho aplicable, la Sala advierte que no se transgreden los
principios de certeza tributaria y de legalidad que señala la parte demandada y, en
cambio, le era aplicable la base imponible especial del AIU desde el período siguiente
del ICA tras la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012. Además, se advierte que el
tribunal no aplicó el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 con el único criterio de la similitud
entre los impuestos de IVA y del ICA, aunque lo cierto es que el tributo territorial que se
acoplaba a la determinación del impuesto con la base gravable especial del AIU es por
antonomasia el ICA.

4- Como quiera que las declaraciones de ICA presentadas por la demandante se
hicieron con base en el AIU, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, no
prospera el cargo de la apelación, y en consecuencia se confirma la providencia del
tribunal.

5- No se impondrá condena en costas en esta instancia, toda vez que no se encuentran
acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.° del artículo 365 del CGP para su
procedencia.

3 Sentencias C-517 de 1992, C-521 de 1997, MP: José Gregorio Hernández Galindo; C-992 de 2004,

MP: Humberto Sierra Porto; C-035 de 2009, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; C-812 de 2009, MP:
Mauricio González Cuervo; y C-587 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
4 Sentencias del 26 de febrero de 2020, exp. 24690, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; 02 de mayo de

2019, exp. 23258, CP: Milton Chaves García; 14 de mayo de 2015 y 08 de octubre de 2015, exps. 19548
y 19552, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 05 de febrero de 2015 y 05 de junio de 2014, exps.
19945 y 20654, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; 24 de octubre de 2013, exp. 18808, CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez; 07 de febrero de 2013, exp. 18885, CP: William Giraldo Giraldo; 06 de
diciembre de 2012, exp. 19085, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; 05 de diciembre de 2011, exp.
18542, CP: William Giraldo Giraldo, 25 de marzo de 2010, exp. 16428, CP: Martha Teresa Briceño de
Valencia, entre otras.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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