Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01208-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01208-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-01208-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
30 de junio de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2017-01208-01 (25461)
Demandante: Autopistas de Santander S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01208-01 (25461)
Demandante: Autopistas de Santander S.A.
Demandado: DIAN
Temas: Renta. 2010. Fiducia mercantil. Transparencia fiscal. Deducción
especial. Inversión en activos fijos reales productivos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 05 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección A, que resolvió (índice1 2):
Primero: Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 322412016000004 del 17 de marzo de
2016, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá de la DIAN le profirió a la demandante liquidación oficial de revisión por el
impuesto de renta del año gravable 2010; y de la Resolución No. 002.227 del 4 de abril de 2017, a
través de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN modificó la anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, modificase respecto de la sanción por rechazo o
disminución de pérdida fiscal, la liquidación oficial del impuesto sobre la renta del año 2010 de
Autopistas De Santander S.A. de acuerdo con la liquidación efectuada por esta Corporación y que
obra en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante liquidación oficial de revisión, la Administración modificó la declaración de
corrección voluntaria del impuesto sobre la renta del año gravable 2010 presentada por
la actora (índice 2), y al efecto rechazó la deducción por inversión en activos fijos reales
productivos a través de un patrimonio autónomo e impuso sanciones por inexactitud y
por disminución de pérdidas fiscales. Al resolver el recurso de reconsideración, la
autoridad tributaria confirmó la glosa en mención, pero redujo la cuantía de la multa por
inexactitud del artículo 647 del ET en aplicación del principio de favorabilidad (índice 2).
1 Del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI.
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01208-01 (25461)
Demandante: Autopistas de Santander S.A.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló como pretensiones las
siguientes (f. 1721 vto. a 1722):
Primera. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Renta 2010 No.
322412016000004 del 17 de marzo de 2016, notificada el día 22 de marzo de 2016, proferida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, por la cual
resuelven modificar con un valor a pagar por valor de $21.141.407.000 la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios año gravable 2010 No. 91000124887614 presentada el 28 de
noviembre de 2011 en el formulario No. 1101603043018 por Autopistas de Santander S.A. NIT.
900.124.681-3, en la cual se liquida un saldo a favor de $ 321.769.000.
Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 002227 del 04 de abril de 2017, notificada
el día 10 de abril del 2017, por la cual se resuelve un recurso de reconsideración modificando en la
suma de $20.860.544.000 el valor a pagar de la Liquidación Oficial de Revisión No.
322412016000004 del 17 de marzo de 2016, practicada por la División de Gestión de Liquidación de
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con la cual se modificó la declaración del impuesto
a la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2010 presentada por la sociedad
Autopistas de Santander S.A. NIT 900.124.681-3, proferida por el Subdirector de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica- Nivel Central- DIAN.
Tercera. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare
que la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios Renta 2010 No.
910000124887614 (Formulario No. 1101603043018) presentada el día 28 de noviembre de 2011
con un saldo a favor de $ 321.769.000, está en firme.
Cuarta. También a título de restablecimiento del derecho, se declare que Autopistas de Santander
S.A., tiene derecho a la deducción especial por la adquisición de activos reales productivos por valor
de $39.806.506.000 en la declaración de renta año gravable 2010, según declaración No.
91000124887614, (Formulario No. 1101603043018), presentada el día 28 de noviembre de 2011, a
la luz del artículo 158-3 del estatuto tributario, el Decreto 1766 de 2004 y sustentada la actuación en
cuanto a la deducción en contratos de fiducia y obras de infraestructura según el artículo 264 de la
Ley 223 de 1995 en los conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales números 014873 del 20 de febrero de 2009, el concepto Dian No. 061758 del
13 de agosto de 2007 que tratan el tema de activos fijos reales productivos adquiridos en un contrato
de Fiducia y el Concepto Dian No. 085073 del 03 de septiembre de 2008, que trata el tema de activos
fijos reales productivos en un contrato de concesión de obras de infraestructura vial.
A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 102, 127, 135, 143, 158-3,
263, 271-1, 282, 647 del ET; 19 de la Ley 80 de 1993; 31 de la Ley 105 de 1993; 264 de
la Ley 223 de 1995; 3.º del Decreto 1766 de 2004; y 20 del Decreto 4048 de 2008, bajo
el siguiente concepto de violación (índice 2):
Alegó que, dada su calidad de constituyente en un contrato de fiducia mercantil de
garantía y administración de pagos, celebrado con ocasión del contrato de concesión que
suscribió, podía registrar en su declaración de renta la deducción especial por adquisición
de activos fijos reales productivos, correspondiente a las inversiones que en ese tipo de
bienes realizó el patrimonio autónomo formado como consecuencia del contrato de
fiducia mercantil mencionado. Argumentó que las obras de infraestructura ejecutadas en
desarrollo del contrato de concesión conferían derecho a la deducción especial en
atención a lo dispuesto en el artículo 3.º del Decreto 1766 de 2004; que tenían la calidad
de bienes inmovilizados en virtud del ordinal 2.° del artículo 271-1 del ET, y que fueron
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reconocidas contablemente mediante derechos fiduciarios, según los preceptos de la
norma ibidem. Expuso que los terrenos adquiridos por el patrimonio autónomo daban
lugar a un activo amortizable en virtud del inciso final del entonces vigente artículo 143
del ET, puesto que eran parte de la inversión en el marco de un contrato de concesión y
debía entregarlos al concedente a título gratuito al finalizar dicho contrato, de modo que
también cumplían con las condiciones para acceder al beneficio. Seguidamente, aseguró
que negar la amortización generaría una pérdida extraordinaria, porque los bienes serían
entregados gratuitamente al concedente, según la sentencia C-250 de 1996 y el
Concepto nro. 085073, del 03 de septiembre de 2008, expedido por la DIAN.
Argumentó que la demandada vulneró el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 al
desconocer la doctrina oficial contenida en los Conceptos nros. 061758, del 13 de agosto
de 2007; 085073, del 03 de septiembre de 2008; y 014873, del 20 de febrero de 2009,
que avalaban la deducción disputada en el marco de contratos de fiducia y concesión.
Se opuso a la sanción por inexactitud, y precisó que, en cualquier caso, fue resultado de
un error sobre el derecho aplicable.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2), para lo cual aseguró
que la deducción cuestionada era improcedente. Al respecto, sostuvo que la base para
el cálculo de la deducción correspondía a los recursos del patrimonio autónomo, la cual
no coincidía con el valor que contabilizó la contribuyente por concepto de derechos
fiduciarios, los cuales, además, tenían la calidad de intangibles. Señaló que los activos
fijos no eran de propiedad de la demandante, de conformidad con los certificados de
libertad y tradición de los predios; y que la actora omitió declarar el valor patrimonial de
los derechos fiduciarios y los activos por los cuales solicitó la deducción estudiada, por lo
que tales activos no hicieron parte de su patrimonio, lo que hacía improcedente el
beneficio reclamado. Planteó que los conceptos invocados por la contribuyente eran
inaplicables dado que no acreditó el cumplimiento de los requisitos necesarios para la
procedencia de la deducción. Finalmente, defendió las sanciones impuestas y advirtió
que no existió error sobre el derecho aplicable.
Sentencia apelada
El tribunal anuló parcialmente los actos acusados y no condenó en costas (índice 2).
Precisó que la demandante transfirió la titularidad de todos los bienes que hacían parte
del proyecto de concesión al patrimonio autónomo que constituyó; que no era la única
beneficiaria del contrato de fiducia mercantil; y que no tenía la titularidad absoluta de los
bienes referidos, pese a que gozaba de su usufructo temporal. Indicó que la actora no
adquirió los activos fijos que dieron lugar a la deducción solicitada, pues no los registró
en su contabilidad, ni los incluyó en la declaración revisada, a pesar de que fueron
contabilizados por el fideicomiso. Agregó que la demandante solo contabilizó derechos
fiduciarios, que tenían la calidad de bienes intangibles, de ahí que el beneficio en disputa
fuera improcedente. Juzgó que, aunque la doctrina oficial citada por la actora permitía la
deducción respecto de inversiones realizadas en el marco de proyectos de infraestructura
en contratos de concesión, la demandante incumplió con los requisitos de procedibilidad
del beneficio. Por último, redujo la sanción por disminución de pérdidas fiscales del
artículo 647-1 del ET, en aplicación del principio de favorabilidad.
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Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2). Para ello, insistió en que era la
beneficiaria del patrimonio autónomo que constituyó y que los activos fijos reales
productivos del fideicomiso hacían parte de su activo, comoquiera que el artículo 271-1
del ET ordenaba el registro del «patrimonio líquido» del fideicomiso en la contabilidad del
constituyente, y no exigía la contabilización de los activos y pasivos separadamente.
Precisó que no podía existir el contrato de concesión de obra sin el negocio jurídico de
fiducia mercantil, por lo que indicó que este último contrato no «desnaturaliza» los efectos
fiscales de las inversiones en los activos fijos reales productivos realizadas. Manifestó
que en el contrato de concesión que celebró, pactó el usufructo de los bienes objeto del
negocio, junto con una cláusula de reversión, la cual solo se justificaba si el valor de los
bienes estaba totalmente amortizado, por lo que aseguró que todos los activos, incluidos
los terrenos, eran «amortizables o depreciables». Censuró que el a quo hubiese
rechazado la deducción debatida por el hecho de que únicamente contabilizó derechos
fiduciarios, pues, en virtud del ordinal 2.º del artículo 271-1 del ET, los bienes del
patrimonio autónomo conservan las mismas calidades para el beneficiario. Manifestó que
el tribunal omitió explicar las razones por las cuales descartó la aplicación de los
conceptos invocados en la demanda, por lo que solicitó la aplicación de la doctrina
anotada al sub examine. Finalmente, insistió en que se había configurado la causal
exculpatoria del error sobre el derecho aplicable respecto de las multas impuestas.
Alegatos de conclusión
La actora aseguró que no podía ser sancionada por el mismo hecho con la imposición de
las multas por inexactitud y por disminución de pérdidas, en virtud del principio non bis in
idem y que existió error sobre el derecho aplicable (índice 20). La demandada reiteró los
argumentos que expuso en la instancia anterior (índice 21). El ministerio público sostuvo
que la demandante no adquirió los bienes para sí misma, sino para destinarlos a la obra
vial objeto del contrato de concesión y añadió que no se configuró la causal exculpatoria
de error sobre el derecho aplicable (índice 12).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, conforme a los cargos de apelación
formulados por la demandante que pesan sobre la sentencia de primera instancia, la cual
fue favorable parcialmente a las súplicas de la demanda y no condenó en costas. Así,
corresponde establecer si la demandante tiene derecho a la deducción especial respecto
de las inversiones en activos fijos reales productivos que realizó el patrimonio autónomo
constituido con ocasión de un contrato de concesión. En caso de que la decisión sobre
esa cuestión resulte adversa a los intereses de la demandante, deberá analizarse si la
actora amparó su actuación en la doctrina oficial. Finalmente se decidirá sobre las
sanciones por inexactitud y por disminución de pérdidas fiscales.
Con todo, la Sala tiene vedado estudiar el nuevo cargo de nulidad que planteó la
recurrente en los alegatos de conclusión de segunda instancia, relacionados con la
imposición concurrente de las sanciones de inexactitud y de reducción de pérdidas, por
cuanto no fue planteado en la demanda, ni en la impugnación; lo anterior, debido a que,
como la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los aspectos apelados
(artículo 328 del CGP), no puede ocuparse de los nuevos reproches que se planteen en
las alegaciones finales contra lo resuelto en la sentencia de primera instancia, aún más
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si se tiene en cuenta que si lo hiciera transgrediría la lealtad procesal (sentencia del 07
de mayo de 2020, exp. 23572, CP: Julio Roberto Piza).
2- La demandante plantea que cumplió con todos los requisitos exigidos por el artículo
158-3 del ET y el Decreto 1766 de 2004, a efectos de obtener la deducción especial
prevista en las normas en mención, por cuanto, de conformidad con el ordinal 3.º del
artículo 102 del ET, era la única beneficiaria del fideicomiso; razón por la cual tenía
derecho a realizar la deducción especial respecto de las inversiones en activos fijos reales
productivos efectuadas por el patrimonio autónomo. Al hilo de lo anterior, expone que los
terrenos sobre los que ejecutó las obras eran amortizables en virtud del inciso final del
entonces vigente artículo 143 del ET, puesto que eran parte de la inversión en el marco
de un contrato de concesión y debía entregarlos al concedente a título gratuito al finalizar
dicho contrato. En el otro extremo, la autoridad fiscal afirma que los activos fijos
adquiridos no eran de propiedad de la demandante, quien no obtuvo activos reales, sino
intangibles ―derechos fiduciarios―, de modo que el beneficio era improcedente; a lo que
añade que la base de cálculo de la deducción especial correspondía a los recursos del
patrimonio autónomo, lo cual no coincide con el valor que registró la contribuyente por
concepto de los derechos fiduciarios; y que, en cualquier caso, la actora omitió declarar
el valor patrimonial de los derechos fiduciarios y los activos por los cuales solicitó la
deducción debatida.
En ese contexto, la Sala debe determinar si la demandante tiene derecho a la deducción
especial respecto de las inversiones en activos fijos reales productivos que realizó el
patrimonio autónomo constituido con ocasión de un contrato de concesión, para lo cual
habrá que definir si la actora adquirió bienes de esa naturaleza tributaria a través del
fideicomiso y, también, si los terrenos sobre los que ejecutó las obras dan lugar al
beneficio.
3- Para resolver la contienda, sea lo primero precisar que, de conformidad con el artículo
158-3 del ET, vigente para la época de los hechos sub examine, los contribuyentes del
impuesto sobre la renta podían deducir el 30% del valor de las inversiones realizadas en
activos fijos reales productivos. El Decreto 1766 de 2004 reglamentó la disposición en
cita, fijando, entre otros aspectos, la definición de activo fijo real productivo. Así,
determinó que se trataba de bienes tangibles que se depreciaban o amortizaban
fiscalmente, y que eran adquiridos para formar parte del patrimonio y participar de manera
directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente.
La Sala advierte que, sobre la procedibilidad del beneficio en el marco de contratos de
fiducia mercantil y concesión, la Sección tiene fijado un criterio de decisión judicial2, el
cual además sirvió como fundamento para resolver un litigio seguido entre las mismas
partes que aquí concurren, solo que en esa ocasión debatían el periodo gravable 20093.
En consecuencia, en el presente caso la Sala dictará sentencia siguiendo los
fundamentos jurídicos planteados en los mencionados precedentes. Según el criterio que
se reitera, la deducción por inversión en activos fijos reales productivos procede respecto
de las inversiones relacionadas con el contrato de concesión durante el término de su
ejecución, en la medida en que tienen la calidad de activos, para propósitos contables y
fiscales, que pertenecen al patrimonio del concesionario durante la vigencia del negocio
jurídico mencionado y que pueden amortizarse en el transcurso de la ejecución del
contrato, pues al término de la concesión se revierten por parte del concesionario al
Estado, en virtud de los artículos 60, 142 y 143 del ET.
2 Sentencias del 23 de septiembre de 2021 (exps. 23869 y 24559, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
3 Sentencia del 15 de octubre de 2021 (exp. 24619, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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3.1- En línea con el precedente reiterado, destaca la Sala que, según el artículo 143 del
ET, en los contratos de concesión donde la contribuyente aporta o adquiere bienes,
obras, instalaciones u otros activos que deba transferir durante el convenio o al final de
este, el valor de tales inversiones debe amortizarse durante el término del respectivo
negocio jurídico, hasta el momento de la transferencia. Por ello, el valor de los terrenos
adquiridos en desarrollo de la concesión por la concesionaria debe amortizarse,
comoquiera que hace parte de la inversión que, en virtud de la cláusula de reversión, será
transferida a favor de la concedente a título gratuito al momento de la terminación de la
relación jurídica contractual.
3.2- Aunado a lo anterior, de conformidad con las providencias en cita, bajo el esquema
de neutralidad fiscal adoptado desde la reforma de la Ley 223 de 1995, el ordinal 1.° del
artículo 102 del ET dispuso que los ingresos originados en los contratos de fiducia
mercantil se realizan fiscalmente en el momento en que se produce un incremento en el
patrimonio del fideicomiso o un incremento en el patrimonio del fideicomitente cedente
de los derechos fiduciarios. Reitera tal neutralidad el ordinal 4.° ibidem cuando dispone
que «se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del
constituyente, siempre que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o los
derechos sobre el mismo se transfieran a personas o entidades diferentes del
constituyente». Los referidos preceptos suponen una transparencia fiscal en la
realización del hecho gravado por el impuesto a través de operaciones efectuada por
medio de patrimonios autónomos. Dicho régimen confiere un tratamiento tributario neutro
a la realización de operaciones directamente por parte del contribuyente o,
indirectamente, a través del patrimonio autónomo interpuesto. Siguiendo el mismo
criterio, el ordinal 2.° del artículo 102 del ET (según la redacción dada por el artículo 81
de la Ley 223 de 1995) preceptúa que los fideicomitentes o beneficiarios deben incluir en
su declaración del impuesto sobre la renta las utilidades conservando el carácter de
gravables o no gravables, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si
fueren percibidas directamente por ellos mismos (sentencia del 14 de noviembre de 2019,
exp. 22093, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
Ahora bien, el artículo 271-1 del ET también establece un enfoque de transparencia fiscal
respecto de la explotación económica realizada por el patrimonio autónomo en favor del
fideicomitente y/o beneficiario que tiene la calidad de contribuyente, sujeto que es el
poseedor a efectos tributarios de los bienes y derechos apreciables en dinero de los que
es titular directo el fideicomiso. Igualmente, el ordinal 2.° de la disposición ibidem
establece dos reglas que materializan efectos del régimen de transparencia fiscal. La
primera indica que el valor patrimonial de los derechos fiduciarios, para los titulares de
los mismos, es el que les corresponda de acuerdo con la participación que representen
en el patrimonio líquido del fideicomiso al final del ejercicio o en la fecha de la declaración,
según corresponda; con lo cual el valor del patrimonio líquido del patrimonio autónomo
se transparenta hacia los titulares de los derechos fiduciarios (i.e. los fideicomitentes y/o
beneficiarios), habida cuenta de que el valor de los derechos fiduciarios será el que
corresponda según el porcentaje de participación en el patrimonio del fideicomiso. La
segunda regla establece que los bienes o derechos de los que sea titular directo el
patrimonio autónomo «conservarán para los beneficiarios la condición de movilizados o
inmovilizados, monetarios o no monetarios que tengan en el patrimonio autónomo». Con
ello, el ordenamiento hizo explícito que ciertas características y condiciones tributarias de
los bienes del patrimonio autónomo se trasladan por efecto del régimen de transparencia
al derecho fiduciario y, en últimas, se reflejan en el impuesto sobre la renta y
complementarios del contribuyente titular de tal derecho fiduciario.
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En consecuencia, el contrato de fiducia no modifica la naturaleza tributaria de los
negocios realizados a través del mismo, por lo que la inversión que se transfiere al
patrimonio autónomo, y que realiza la concesionaria para la operación y explotación de
la concesión, continúa otorgándole los efectos tributarios que tenía en virtud del contrato
anotado (i.e. la titularidad de las inversiones, la percepción de las rentas y los beneficios
fiscales que de la misma se deriven), pues los recursos entregados al patrimonio
autónomo corresponden a recursos o bienes adquiridos por el contratista, que explota
económicamente para ejecutar la concesión. Así, los derechos fiduciarios declarados por
la contribuyente tienen la misma condición tributaria de los recursos y bienes aportados
al patrimonio autónomo, esto es, la de una inversión amortizable del concesionario. Y,
conforme a los fallos referidos, la calidad de beneficiario del Instituto Nacional de
Concesiones, que se establece en el contrato de fiducia, persigue garantizar el
cumplimiento de las obligaciones a favor de la entidad estatal; sin embargo, ello no
desconoce que la concesionaria es titular de derechos fiduciarios y tiene la calidad de
beneficiaria sobre sus propios recursos aportados al fideicomiso durante el contrato de
fiducia y antes de la reversión.
En conclusión, para la Sala el tratamiento de transparencia fiscal previsto en el artículo
102 del ET, desde la versión dada por la Ley 223 de 1995, conlleva que los beneficios
tributarios previstos en la ley por la realización de inversiones, u otro acto, proceden
cuando la misma se realiza directamente o a través de un patrimonio autónomo, en cuyo
caso el fideicomitente y/o beneficiario titular de los derechos fiduciarios tiene derecho a
realizar el respectivo beneficio tributario. De esta manera, la concesionaria puede solicitar
la deducción por la inversión amortizable sobre activos fijos reales productivos, que
realiza en un contrato de concesión desarrollado a través de un patrimonio autónomo del
que es fideicomitente y benificiaria.
4- Precisado el derecho aplicable, pasa la Sala a estudiar el caso concreto para definir si
la demandante podía deducir el valor de las inversiones en activos fijos reales productivos
que realizó el patrimonio autónomo constituido con ocasión del contrato de concesión. Al
respecto, los medios probatorios reunidos en el expediente dan cuenta de lo siguiente:
(i) El 29 de diciembre de 2006, la demandante suscribió un contrato de concesión con las
siguientes estipulaciones (ff. 424 a 466 caa):
(a) Tenía por objeto «el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de
conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la
Ley 105 del mismo año, realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños
definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación,
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de
concesión Vial "Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB» (ff. 431 y 432 caa).
(b) Según la cláusula 25, con el fin de administrar los recursos de la concesión
«[d]entro de los quince (15) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de
Ejecución, el Concesionario deberá constituir un patrimonio autónomo (Fideicomiso)
mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil irrevocable» (f. 445 caa).
(c) De conformidad con la cláusula 34 «[l]as labores de adquisición de los predios y/o
mejoras requeridas para la ejecución de las Obras…serán adelantadas por el
Concesionario, incluidos los predios y/o mejoras necesarios para la ejecución del
alcance progresivo del proyecto…La adquisición de predios para las Obras…se
realizará a favor del INCO…34.1 El concesionario deberá depositar en la Subcuenta
de Predios, de acuerdo al cronograma que se describe en la tabla siguiente, los
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recursos necesarios para la adquisición de los predios requeridos» (ff. 454 y 455 caa).
(d) La cláusula 1.86 definió la «Subcuenta de Predios» como la «que deberá constituir
el Concesionario en el Fideicomiso, en la cual el Concesionario depositará los montos
que de conformidad la CLÁUSULA 34 deba realizar el Concesionario a esta subcuenta
para la adquisición de los predios necesarios para las Obras» (f. 431 caa).
(e) En virtud de la cláusula 50 «[s]in perjuicio del derecho que tiene el Concesionario -
en los términos de este Contrato de usar y explotar económicamente los bienes y
servicios que hacen parte del Proyecto, se entenderá que el INCO se hará propietario
de las obras que conforman el Proyecto, al momento de su ejecución, y de los equipos
que conforman el Proyecto al Momento de su instalación y suministro. El
Concesionario tendrá estos bienes hasta su reversión al INCO en calidad de
usufructo…A la terminación del Contrato por cualquier causa, todos los bienes o
equipos directamente afectados a la concesión que no sean de propiedad del INCO,
serán transferidos a título traslaticio de dominio al INCO libres de todo gravamen, sin
costo alguno para el INCO» (f. 461 caa).
(ii) En desarrollo del contrato de concesión, el 02 de mayo de 2007, la actora celebró en
calidad de constituyente un «contrato de fiducia mercantil irrevocable de garantía,
administración y pagos», cuyo objeto era «administrar los recursos del Proyecto…y
garantizar que a los mismos se les de la destinación prevista en el Contrato de
Concesión…2.1. Transferir al patrimonio autónomo los aportes de capital a cargo del
Concesionario…2.2. Transferir al patrimonio autónomo los derechos económicos
derivados del Contrato de Concesión. 2.3. Administrar todos los recursos del
Proyecto…2.7. Servir de garantía de pago de los créditos o emisiones de títulos valores
que adquiera o estructure el fideicomitente para la ejecución del Proyecto». Además,
establece las siguientes cláusulas relevantes (ff. 717 y 718 caa):
(a) De conformidad con la cláusula cuarta, los beneficiarios del negocio jurídico
analizado eran «(i) El INCO…(ii) Los acreedores a favor de los cuales el Fideicomiso
garantice el pago de los créditos otorgados por los mismos para la ejecución del
Proyecto Vial Zona Metropolitana de Bucaramanga…(iii) El FIDEICOMITENTE» (f. 720
caa).
(b) En virtud de la cláusula sexta, la fiduciaria debía «6.3. Constituir en el Fideicomiso
las siguientes subcuentas especiales para la administración de los recursos
depositados en el patrimonio autónomo y manejarlas en forma separada, de
conformidad con lo establecido en este contrato de fiducia mercantil y en el Contrato
de Concesión:…Subcuenta de Predios: Es la subcuenta que deberá constituir el
Concesionario en el Fideicomiso, en la cual el Concesionario depositará los recursos
que él mismo debe prever para la compra de predios necesarios para las Obras» (f.
723 caa).
(iii) La demandante aportó la relación de activos fijos reales productivos del patrimonio
autónomo, correspondiente al año 2010, respecto de los cuales solicitó la deducción. De
conformidad con el documento referido, el valor de tales bienes era de $132.688.352.285
(f. 342 caa).
(iv) La actora allegó un listado de los predios adquiridos por el patrimonio autónomo en
el año 2010, expedido por la fiduciaria, cuyo valor total correspondía al señalado en la
relación expuesta previamente (ff. 580 a 604 caa).
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(v) El 07 de marzo de 2011, la fiduciaria certificó que a la actora le correspondían
derechos fiduciarios de $13.716.569.807 que correspondían al 100% de los derechos
fiduciarios del patrimonio autónomo. Esta certificación fue presentada junto con el
balance general a 31 de diciembre de 2010 y el estado de resultados del patrimonio
autónomo del mismo año, que daban cuenta del valor certificado (ff. 573 a 575 caa).
(vi) El 28 de noviembre de 2011, el extremo activo presentó declaración de corrección del
impuesto sobre la renta del año revisado, en donde registró otros activos por valor de
$15.256.787.000 y el beneficio debatido por el monto de $39.806.506.000 (índice 2).
(vii) La demandante aportó la conciliación entre cifras contables y fiscales de la
declaración modificada, según la cual el renglón de otros activos estaba compuesto, entre
otros, por «derechos» cuyo valor ascendía a $13.720.050.015 (f. 42 caa).
(viii) Mediante la liquidación oficial demandada, la autoridad fiscal rechazó la deducción
objeto de debate. Al respecto, sostuvo (índice 2):
el “Activo Fijo" del año gravable 2010 asciende solo a $61.429.000…cifra ésta que no se corresponde
con la supuesta inversión en activos fijos que alega el contribuyente investigado haber realizado en
cuantía de $132.688.352.285 y que da origen a la deducción solicitada en el renglón No 54 en cuantía
de $39.806.506.000. Por su parte los "Otros Activos", declarados en el renglón 38 ascienden a la suma
de $15.256.787.000 cifra ésta que corresponde a lo registrado y contabilizado en la cuenta PUC No 16
"INTANGIBLES" subcuenta No 162525 "FIDEICOMISOS EN ADMINISTRACIÓN”… siendo evidente
entonces que, si en gracia de discusión se aceptasen parcialmente los alegatos de la actora, se trataría
en todo caso de bienes intangibles cuyo derecho solo asciende a $15.256.787.000…es claro que el
titular de la inversión antes ilustrada en cuantía de $132.888.352.285 es del Patrimonio Autónomo
Autopistas de Santander…por lo que mal puede Autopistas de Santander…abrogarse la titularidad del
100% de la inversión y como consecuencia solicitar la deducción del 30% de ella según lo dispuesto
en el artículo 158-3 del E.T., máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente aquí investigado no es
el único beneficiario de la fiducia mercantil y que sus derechos dentro de esa fiducia solo ascienden a
$15.256.787.000…al analizar los estados financieros de los años 2009 y 2010 de la misma…se
evidencia que no contaba con los recursos…para soportar los $132.688.352.285 aplicados
por…sociedad fiduciaria…durante el año gravable 2010…las erogaciones por valor de
$132.688.352.2B5 realizadas por el Patrimonio Autónomo no tuvieron como fuente recursos aportados
por el Fideicomitente, por lo que éste no ostenta la calidad de propietario ni de inversionista, y que el
Contrato de Concesión…únicamente le concede y permite al concesionario y fideicomitente, Autopistas
de Santander S.A….el uso y el goce sobre el activo público construido, careciendo del derecho de
disponer del mismo…respecto de la propiedad de los activos adquiridos que ellos corresponden
únicamente a terrenos no susceptibles de depreciación ni amortización…es claro que el modo de
adquisición a la persona natural o jurídica es la compraventa y la propiedad de todos los bienes le
corresponde al Instituto Nacional de Concesiones…y que los bienes inmuebles adquiridos durante el
año gravable 2010…fueron demolidos correspondiendo por tanto la inversión a terrenos que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 y 142 del E.T., no pueden depreciarse…los derechos
fiduciarios contabilizados por la sociedad Autopistas Santander S.A. como activo dentro de su
patrimonio, ascendieron a la suma de $13.256.787.000…y la sociedad contribuyente solicita la
deducción por activos fijos reales productivos sobre una base de $132.688.352.285, determinando una
deducción llevada a su denuncio rentístico por la suma de $39.806.506.000, que supera inclusive, el
valor patrimonial de los derechos fiduciarios declarados a 31 de diciembre de 2010.
5- A partir del anterior recuento fáctico, la Sala observa que en 2006 la demandante
celebró, como concesionaria, un contrato de concesión que tenía por objeto llevar a cabo
los estudios, diseños, financiación, construcción, rehabilitación, operación y
mantenimiento de una obra vial. En virtud del contrato, la actora debía adquirir, a favor
del Instituto Nacional de Concesiones, los predios requeridos para la ejecución de las
obras. Además, al finalizar el negocio jurídico estaba obligada a transferir a título gratuito
a la misma entidad todos los bienes o equipos directamente afectados a la concesión.
También, en desarrollo del mismo contrato, la actora suscribió en 2007 un negocio de
fiducia mercantil de garantía y de administración y pagos. Dicho fideicomiso, constituyó
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una cuenta especial denominada «subcuenta de predios», en cumplimiento de las
estipulaciones del contrato de concesión. En esta subcuenta, la concesionaria debía
depositar los recursos que estaba en la obligación de aportar para la compra de los
predios necesarios para realizar las obras del proyecto. A raíz de esos negocios, el
patrimonio autónomo realizó inversiones en activos fijos reales productivos por el monto
de $132.688.352.285, dentro de los cuales estaban los predios adquiridos para la
ejecución del contrato de concesión. Por ello, la fiduciaria certificó que, para el año 2010,
la actora tenía derechos fiduciarios respecto de ese proyecto en cuantía de
13.716.569.807. Sobre esa base, la demandante autoliquidó una deducción especial por
inversión en activos fijos reales productivos equivalente a $39.806.506.000, que
corresponde al 30% de los bienes de ese tipo comprados por el patrimonio autónomo. En
ese sentido, advierte la Sala que los activos fijos reales productivos que compró el
patrimonio autónomo sí fueron adquiridos con recursos aportados por la actora.
5.1- Sea lo primero reiterar que el régimen de transparencia fiscal descrito en el
fundamento jurídico nro. 3.2 de esta sentencia implica que los bienes o derechos de los
que era titular directo el patrimonio autónomo «conservarán para los beneficiarios la
condición de movilizados o inmovilizados, monetarios o no monetarios que tengan en el
patrimonio autónomo». Por tanto, las características y condiciones tributarias de los
bienes del patrimonio autónomo se trasladan por efecto del régimen anotado al derecho
fiduciario del que es titular el fideicomitente y/o beneficiario. Por tanto, concluye la Sala
que, para efectos del impuesto sobre la renta, los derechos fiduciarios conservan las
mismas calidades tributarias de los activos subyacentes, esto es, la de los activos fijos
reales productivos poseídos por el fideicomiso.
En línea con lo anterior, tampoco es razón suficiente para negar la deducción el hecho
de que el monto de los derechos fiduciarios sea inferior a la base de cálculo del beneficio,
puesto que los primeros corresponden a la participación de los beneficiarios en el
«patrimonio líquido del fideicomiso al final del ejercicio o en la fecha de la declaración»
(ordinal 2.° del artículo 271-1 del ET, vigente para la época de los hechos); al paso que
los segundos son el monto efectivamente invertido por el patrimonio autónomo para
adquirir bienes de capital. Además, en virtud del parágrafo ibidem la actora declaró la
suma de los derechos fiduciarios que fue certificada por la fiduciaria atendiendo a su
participación en el patrimonio autónomo constituido.
En definitiva, por las razones expuestas, concluye la Sala que, comoquiera que el
patrimonio autónomo del que la actora era fideicomitente y/o beneficiario adquirió activos
fijos reales productivos, esta tenía derecho a registrar la deducción especial rechazada
por la Autoridad de impuestos.
5.2.- Ahora, con respecto al reproche relacionado con la existencia de varios beneficiarios
del patrimonio autónomo, cabe poner de presente que, de conformidad con el certificado
expedido por la fiduciaria, la demandante era la titular del 100% de los derechos
fiduciarios del patrimonio autónomo, de modo que podía registrar en su autoliquidación
el beneficio en disputa con base en la totalidad de la inversión efectuada por fideicomiso
para adquirir activos fijos reales productivos.
5.3- De otro lado, el material probatorio examinado da cuenta de que la actora estaba en
la obligación de adquirir, a favor del Instituto Nacional de Concesiones, los predios
necesarios para la realización de las obras contratadas, para lo cual debía trasferir los
recursos para el efecto a la subcuenta de predios del patrimonio autónomo. Ese sentido,
los predios adquiridos estaban afectos a la ejecución del contrato de concesión y
formaban parte del fideicomiso constituido por la demandante, como indica la relación de
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adquisición de predios allegado por la actora, de ahí que pudieran integrar la base de
cálculo de la deducción especial, incluso si al finalizar el contrato tuvieran que ser
transferidos al Instituto Nacional de Concesiones. Del mismo modo, juzga la Sala que el
artículo 143 del ET permitía amortizar el valor de las inversiones realizadas en el marco
de un contrato de concesión, durante el término del respectivo negocio jurídico, hasta el
momento de la transferencia al concedente. En ese sentido, el valor de los terrenos
adquiridos por el patrimonio autónomo con destino al contrato de concesión sí es
amortizable, puesto que hace parte de la inversión y debe transferirse a favor del Estado
a título gratuito al momento de la terminación de la relación jurídica contractual indicada.
6- Por las razones expuestas, juzga la Sala que es procedente la deducción por inversión
en activos fijos reales productivos declarada por la demandante. Prospera el cargo de
apelación de la actora. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declarará la nulidad de los actos demandados.
7- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme con lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar los ordinales primero y segundo de la sentencia apelada. En su lugar:
Primero. Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración de corrección
presentada por la actora el 28 de noviembre de 2011.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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