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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01292-01

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01292-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2.- Sin condena en costas en esta instancia. 3.- Reconocer personería al abogado Abel Fernando Hernández Camacho, como apoderado del demandado, en los términos del poder conferido que obra en el índice 20 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01292-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

16 de junio de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01292-01 (25693)
Demandante: CONCESIONES CCFC SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01292-01 (25693)
Demandante: CONCESIONES CCFC SAS
Demandado: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Temas: Contribución parafiscal para la promoción del turismo. Notificación
de la liquidación oficial. Firmeza.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 20 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió1:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 1471 del 28
de julio de 2016, por medio de la cual se modificaron las liquidaciones privadas de la
contribución parafiscal para la promoción del turismo correspondientes a los trimestres 4°
de 2013, y 1°, 2°, 3° y 4° de 2014, a cargo de la sociedad Concesiones CCFC S.A.; y de la
Resolución No. 0655 del 07 de abril de 2017, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la primera.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título del restablecimiento del derecho
DECLARAR la firmeza de las liquidaciones privadas de la contribución parafiscal para la
promoción del turismo correspondientes a los trimestres 4° de 2013, y 1°, 2°, 3° y 4° de
2014, presentadas por la sociedad Concesiones CCFC S.A.

TERCERO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas.

[…]».

ANTECEDENTES

CONCESIONES CCFC SA – hoy, CONCESIONES CCFC SAS-2 y el INVIAS, celebraron
el contrato de concesión 0937 de 1995 para «los estudios y diseños definitivos, las obras
de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Santafé de
Bogotá (Fontibón)-Facatativá– Los Alpes, del tramo 08, de la ruta 50, en el departamento de
Cundinamarca»3.

1
Fl. 248 vto. c.p. 1
2
Tiene por objeto principal «la construcción de obras públicas por el sistema de concesión, así como el desarrollo total o parcial
de construcción de obras públicas y privadas bajo cualquier otro sistema alternativo distinto de la concesión». Fl. 48 c.p. 1
3
Fls. 248 a 259 c.a.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01292-01 (25693)
Demandante: CONCESIONES CCFC SAS

CONCESIONES CCFC SA liquidó y pagó la contribución parafiscal con destino al
turismo, de los trimestres 3 y 4 del año 2013, y 1 a 4 del año 2014, así:

AÑO TRIMESTRE BASE GRAVABLE LIQUIDACIÓN FECHA FL.
CALCULADA POR EL PRIVADA PRESENTACIÓN c.a.
APORTANTE
2013 3 $8.534.781.200 $21.336.953 21-10-2013 -
2013 4 0 $1.000 20-01-2014 243
2014 1 0 $1.000 15-04-2014 244
2014 2 0 $1.000 17-07-2014 245
2014 3 0 $1.000 20-10-2014 246
2014 4 0 $1.000 21-01-2015 247

El 29 de octubre de 2015, la Dirección de Contribución Parafiscal de Fontur profirió y
notificó4 el oficio DCP-6839-15, en el cual le propuso a la contribuyente modificar las
referidas liquidaciones privadas5. La sociedad dio respuesta a este acto6.

El 13 de julio de 2016, mediante el oficio DCP-2986-16, la referida Dirección de
Contribución Parafiscal, corrigió errores de transcripción del oficio DCP-6839-15 en la
modificación de las liquidaciones privadas 7.

El 28 de julio de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió la
Resolución 1471, “Por la cual se profiere una Liquidación de Revisión”, en la que determinó
y liquidó la contribución parafiscal para la promoción del turismo de los trimestres 4 del
año 2013, y 1 a 4 del año 2014, en la suma de $129.998.9468. Este acto se notificó por
aviso del 9 de agosto de 2016, recibido en la misma fecha, en el que se indicó «La
presente notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino»9.

Contra el anterior acto se interpuso recurso de reposición10, decidido por la Resolución
0655 del 7 de abril de 2017, proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en el sentido de modificar los artículos 1 y 2 de la Resolución 1471 de 28 de
julio de 2016, para determinar y liquidar la contribución parafiscal para la promoción del
turismo de los trimestres 4 del año 2013, y 1 a 4 del año 2014, en la suma de
$124.647.74611.

DEMANDA

CONCESIONES CCFC SAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, solicitó se efectúen
las siguientes declaraciones y condenas12:
«PRIMERA
Que son nulos los siguientes actos administrativos, por haber sido expedidos con
violación a las normas superiores a las que hubieren tenido que sujetarse:

4
Fl. 57 c.p. 1.
5
Fls. 183 a 188 c.a.
6
Fls. 191 a 202 c.a.
7
Fls. 209 a 211 c.a.
8
Fls. 78 a 89 c.p. 1
9
Fl. 220 c.a.
10
Fls. 224 a 239 c.a.
11
Fls. 91 a 98 c.a.
12
Fls. 2-3 c.p. 1.
2
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Demandante: CONCESIONES CCFC SAS

1. Resolución Número 1471 del 28 de julio de 2016 “por la cual se profirió una
Liquidación de Revisión” mediante la que se determinó y liquidó el valor de
la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo a cargo de
CONCESIONES CCFC SA por los trimestres 4° del año 2013 y 1°, 2°, 3° y
4° del año 2014”.

2. Resolución No. 0655 del 07 de abril de 2017 “Por la cual se resuelve un
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 1471 de 28 den
julio de 2016” proferidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

SEGUNDA
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaren en firme las declaraciones privadas
presentadas por CONCESIONES CCFC S.A. por los mismos periodos».

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículos 702, 703, 704, 705, 710, 711 y 730 del Estatuto Tributario
• Artículos 4 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
• Artículo 30 del Código Civil
• Artículos 981 y 1000 del Código de Comercio
• Artículos 10 y 11 de la Ley 336 de 1990
• Artículo 1 de la Ley 769 de 2002
• Artículo 3 [parágrafo 4] de la Ley 1101 de 2006

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación al debido proceso - notificación extemporánea de la liquidación oficial
de revisión

Los actos acusados son nulos por la notificación extemporánea de la liquidación oficial
de revisión, lo que derivó en la pérdida de competencia temporal del Ministerio para
proferirlos y modificar las liquidaciones privadas de la actora; en la vía administrativa,
Fontur y el Ministerio de Comercio, invocaron normas del procedimiento tributario pues,
como lo manifestaron, no existe un procedimiento legalmente determinado para el
cobro de la contribución parafiscal para la promoción al turismo, por lo que se remitieron
a los artículos 702 y siguientes del ET y consideraron procedente la integración
analógica, según lo señalado en el oficio DCP-6839-15 y en la Resolución 1471 de
2016.

Fontur le atribuyó al oficio DCP-6839-15 el carácter de “requerimiento especial”, en
cuanto se remitió al artículo 707 del ET para que la actora, en el término de tres meses,
respondiera dicho oficio, lo cual ocurrió el 27 de enero de 2016; como la propuesta de
modificación a las liquidaciones privadas fue enviada por correo electrónico el 29 de
octubre de 2015, los tres meses para responder vencían el 29 de enero de 2016, y el
término de seis meses con el que contaba la Administración para proferir y notificar la
liquidación de revisión vencía el 29 de julio de 2016, según el artículo 710 ib.

Aunque la liquidación de revisión se expidió el 28 de julio de 2016, su notificación se
surtió por aviso, la cual se consideró surtida el 10 de agosto de 2016, siendo violatoria
de los términos legales y del debido proceso, pues como lo establece la ley y lo ha
reconocido el Consejo de Estado, la liquidación de revisión se debe proferir y notificar
3
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en el término legal. Dado que se configuró una notificación extemporánea, las
declaraciones adquirieron firmeza, de conformidad con el artículo 714 del ET, en cuanto
el Ministerio perdió competencia por el factor temporal para modificar las liquidaciones
privadas, configurándose la nulidad conforme a los artículos 137 y 138 del CPACA.

Contrario a lo afirmado en la resolución que resolvió el recurso de reposición, la
notificación extemporánea de la liquidación de revisión no se puede considerar saneada
con la interposición del referido recurso, puesto que se trató de un acto administrativo
proferido por una entidad que perdió competencia para hacerlo el 29 de julio de 2016,
sin que ninguna actuación de la sociedad pueda devolverle la competencia al Ministerio,
por lo que pretender darle validez a dicho acto vulnera los derechos al debido proceso
y de defensa y contradicción de la actora; aún si se quisiera entender que con la
interposición del recurso se daba una notificación por conducta concluyente, para esa
fecha ya había caducado la facultad liquidadora.

Se precisa que el oficio por el cual se citó al representante legal de la actora para que
compareciera a notificarse personalmente de la liquidación de revisión, no constituye
un acto de notificación, como lo ha dicho la sección cuarta del Consejo de Estado, y
tampoco puede entenderse surtida la notificación en la fecha de introducción al correo
del mismo aviso en los términos del artículo 568 del ET, toda vez que el supuesto de
hecho de la norma es la devolución por cualquier razón de los actos administrativos
enviados por correo, situación que no ocurrió, y con el aviso de citación no se remitió
copia de la resolución acusada.

Y el oficio por el cual se corrigieron errores de transcripción en la modificación de las
liquidaciones privadas, notificado el 15 de julio de 2016, no suspendió el término de seis
meses para proferir la liquidación oficial, toda vez que solo la ampliación al
requerimiento especial o la práctica de la inspección tributaria son los que suspenden
el mismo, como lo prevé el artículo 710 del ET.

Violación al debido proceso - falta de competencia

Los actos acusados son nulos porque se fundamentaron en un acto administrativo
proferido por una entidad sin competencia como Fontur -patrimonio autónomo
administrado por Fiducoldex en virtud del contrato de fiducia mercantil 137 de 2013, que
administra los recursos provenientes de la contribución según los artículos 40 y 41 de la Ley
1450 de 2011- la cual carece de facultades legales para modificar las liquidaciones
privadas, por cuanto la entidad titular del gravamen y con facultades de fiscalización y
determinación es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme al artículo 2
del Decreto 1036 de 2007, y a lo afirmado por el Consejo de Estado. Si bien la citada
norma reglamentaria habilita al Ministerio para delegar la función de recaudo, ello no
implica que pueda delegar la facultad fiscalizadora, con lo cual la liquidación de revisión
se expidió en abierta transgresión del procedimiento tributario.

Violación al debido proceso - falta de requerimiento

Aunque la Administración consideró que aplicó el procedimiento tributario en cuanto le
atribuyó al oficio DCP-6839-15 expedido por Fontur el carácter de requerimiento
especial, ante la falta de competencia de dicha entidad para modificar las declaraciones
presentadas por la actora en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 1036 de 2007,
reglamentario de la Ley 1101 de 2006, no puede considerarse que se expidió realmente
un requerimiento especial, como requisito previo a la liquidación oficial de revisión.
4
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Si se asumiera que el referido oficio fungió como requerimiento especial, se incurrió en
vulneración al debido proceso toda vez que, después de que se le diera respuesta al
mismo, se emitió el oficio DCP-2986-16 en el cual, pese a que se afirmó que se
corrigieron errores de transcripción, las correcciones efectuadas fueron de carácter
sustancial en cuanto modificaron algunas de las bases gravables determinadas por la
sociedad, con lo cual desbordaron la finalidad de los artículos 45 de la Ley 1437 de
2011 y 866 del ET, los cuales solo autorizan la modificación en cualquier tiempo de
actos administrativos ante la existencia de errores formales.

Para modificar las bases gravables liquidadas por la sociedad, Fontur tenía que revocar
su supuesto acto administrativo, y emitir uno nuevo con las bases gravables que
consideraba adecuadas, o realizar una ampliación al mismo en los términos del artículo
708 del ET, de manera que la actora tuviera la posibilidad de ejercer adecuadamente
su derecho de defensa y contradicción.

Se incurrió en una falta de correspondencia entre el aparente requerimiento especial y
la liquidación de revisión, en transgresión del artículo 711 del ET, toda vez que la
Resolución 1471 de 2016 debió contraerse a los datos incluidos en las liquidaciones
privadas, y a lo esgrimido en el oficio DCP-6835-15 que hizo las veces de requerimiento
especial, y no fundamentarse en los nuevos valores determinados en el oficio DCP-
2986-16, para concluir que las liquidaciones presentadas por la actora eran inexactas.

La resolución que resolvió el recurso de reposición omitió la referida transgresión al
señalar que la corrección efectuada obedeció a errores de trascripción, y se limitó a
liquidar de manera definitiva la contribución, restándole el valor de la categoría especial
con destino al Fondo de Seguridad Vial, lo cual se traduce en una abierta vulneración
al debido proceso y al derecho de defensa de la actora.

Falta de motivación específica

La actuación acusada es nula por la omisión del deber de explicar las modificaciones
efectuadas a las declaraciones privadas; ni la motivación hecha por Fontur, ni la
realizada por el Ministerio, fueron suficientes para cumplir con el presupuesto legal de
la debida motivación, toda vez que no detallaron el origen de los peajes y asumieron
que todos los ingresos correspondientes a las categorías I y II eran base gravable de la
contribución, al dar por cierto que todos los vehículos transportaban pasajeros; no se
sustentó la cifra que se tomó como base gravable, y cómo se llegó al monto
correspondiente al transporte de pasajeros, por lo que se presentó la vulneración de los
artículos 730 [4] del E.T., 42 del CPACA y 29 de la Constitución Política.

Violación de la Ley 1101 de 2006 y del Decreto 1036 de 2007 por indebida
aplicación de conceptos ajenos al transporte de pasajeros

La Ley 1101 de 2006 dispuso que la base gravable de la contribución parafiscal a cargo
de los concesionarios de carreteras y aeropuertos sería la vinculada al transporte de
pasajeros, sin que contemplara la expresión «peajes por vehículos privados y públicos»,
toda vez que los mismos no se recaudan por pasajeros transportados, sino por vehículo
y por categorías; la actuación acusada se basa en la totalidad de ingresos recaudados
por el pago de peajes de vehículos de las categorías I y II, salvo la categoría especial,
lo cual desborda lo dispuesto por la ley, que no prevé como hecho generador el pago
de peajes, sino que lo limita al transporte de pasajeros.

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Los ingresos operacionales contenidos en los actos acusados no corresponden a los
originados en el transporte de pasajeros, como se reconoce en estos, ya que los que
potencialmente se pueden gravar son los obtenidos por el pago de los peajes de la
categoría II, buses y busetas, pertenecientes a empresas públicas de transporte
autorizadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, puesto que en
la categoría I, automóviles, camperos y camionetas, no se discrimina cuáles están
habilitados para prestar dicho servicio y, por lo general, no llevan más ocupantes que
el mismo conductor.

OPOSICIÓN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo propuso las excepciones de
«presunción de legalidad de los actos administrativos demandados», «ausencia de causal de
nulidad de los actos administrativos» y «errónea fundamentación de los cargos de violación»,
y solicitó reconocer las que se encuentren probadas en el proceso13.

Las resoluciones demandadas gozan de presunción de legalidad y no están incursas
en causales de nulidad en cuanto están basadas en hechos y pruebas reales, conforme
a las leyes pertinentes y vigentes; no es suficiente citar una serie de normas alegadas
como vulneradas e interpretarlas al acomodo de la demandante, y hacer reflexiones
subjetivas respecto al trámite surtido en sede administrativa, toda vez que los hechos y
fundamentos jurídicos de la demanda deben ser concretos y reales para demostrar la
supuesta transgresión de las normas invocadas.

Los cargos de violación expuestos en la demanda son erróneos, toda vez que para la
fundamentación de los mismos la actora expuso situaciones y criterios jurídicos
errados. Contrario a lo afirmado por esta, el debido proceso se respetó en su integridad
en sede administrativa, sin que los demás cargos sean ciertos como se demuestra a
continuación:

No se puede afirmar que la comunicación DCP-6839-15 se notificó el 29 de octubre de
2015, pues, aunque en esa fecha se remitió un correo electrónico, este solo fue
informativo y no pretendió notificar ningún acto, toda vez que, como se dijo en el mismo,
la referida comunicación sería enviada en físico a las instalaciones de la concesión, lo
cual ocurrió el 30 del mismo mes y año; además, de conformidad con el artículo 56 del
CPACA, para que las autoridades puedan notificar sus actos por medios electrónicos
debe existir una aceptación expresa del administrado, lo cual no sucedió; así, los tres
meses a los que hace referencia el artículo 707 del ET vencieron el 30 de enero de
2016, con lo cual el plazo para notificar la liquidación de revisión feneció el 30 de julio
de 2016.

Si bien los artículos 710 y 714 del ET establecen que la liquidación de revisión debe
notificarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para dar
respuesta al requerimiento especial, y que vencido el término sin practicar dicha
notificación, la declaración adquiere firmeza, también lo es que el artículo 72 del
CPACA, disposición legal y específica para la notificación de los actos administrativos,
establece que la interposición de recursos sanea las irregularidades de las
notificaciones, y hace producir efectos legales a las respectivas decisiones.

13
Fls. 167 a 177 c.p. 1
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Así, con la interposición del recurso de reposición contra la Resolución 1471 del 28 de
julio de 2016, la actora saneó la irregularidad de su notificación y, por ende, produjo
efectos legales, por lo que el Ministerio no perdió competencia para modificar las
liquidaciones privadas y no se vulneró el debido proceso.

En virtud del contrato de fiducia mercantil 137 de 2013, Fiducoldex, entidad vocera del
patrimonio autónomo Fontur, es quien realiza la función de administración y recaudo de
la contribución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1036 de 2007,
con lo cual se encuentra facultada para requerir a los sujetos pasivos del gravamen
para que corrijan las liquidaciones que presenten errores en su monto; en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 2 [inc. 3] del CPACA, la entidad actuó con competencia
cuando aplicó el procedimiento especial previsto en el Estatuto Tributario, y profirió el
comunicado DCP-6839-15, que reunió todos los requisitos legales.

De conformidad con los artículos 702 y siguientes del ET, el comunicado DCP-6839-
15, notificado en debida forma el 30 de octubre de 2015, constituyó el acto previo a la
liquidación de revisión, sin que se violara el debido proceso, por cuanto la entidad
recaudadora expidió y notificó el correspondiente requerimiento especial antes de
proferir la liquidación de revisión.

En el comunicado DCP-2986-16, la entidad recaudadora corrigió errores de
transcripción cometidos en la propuesta de modificación a las liquidaciones privadas,
de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 1437 de 2011 y 866 del ET; en la liquidación
privada del primer trimestre del año 2014, se informó un valor diferente pues, al aplicar
la tarifa del 2.5 por mil, el resultado corresponde a $25.117.866, y no a $24.731.578, y
en la parte explicativa, la entidad se equivocó al transcribir las cifras, sin que dichas
correcciones correspondan a la determinación de nuevas bases gravables, por lo cual
no es cierto que haya falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la
liquidación de revisión, y sin que corresponda a la ampliación del requerimiento
especial, en cuanto solo se refirió a correcciones de forma.

El comunicado DCP-6839-15 y la Resolución 1471 se encuentran debidamente
motivados, en cuanto explicaron de manera clara y precisa el método y el procedimiento
utilizados para establecer la base gravable de la contribución, y la procedencia de la
información que fue objeto de análisis, sin que se le vulnerara el derecho de defensa a
la concesión; para determinar dicha base, la entidad se limitó a aplicar el recaudo de
peajes de las categorías I y II que, de conformidad con la cláusula quinta del contrato
de concesión 0937 de 1995 y la Resolución 008186 del 5 de octubre de 2001,
corresponden al transporte de pasajeros.

No tiene asidero jurídico la alegada vulneración de la Ley 1101 de 2006 y del Decreto
1036 de 2007, por cuanto el Ministerio no les dio un alcance diferente, ya que en virtud
de lo contemplado en el artículo 30 del Código Civil, se realizó una interpretación
sistemática de lo consagrado en los artículos 2 y 3 [parágrafo 4] de la ley, y lo expuesto
en la sentencia C-959 de 2007, para calcular la base gravable de la contribución que,
para los concesionarios de carreteras es el recaudo de peajes por concepto de
transporte de pasajeros. Contrario a lo afirmado por la demandante, la única
diferenciación que admite la Ley 1101 de 2006, en consonancia con lo expuesto en la
sentencia C-959 de 2007, es entre el transporte de pasajeros y de carga, según la
modalidad del peaje, y no entre el transporte público y privado de pasajeros.

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AUDIENCIA INICIAL

El 19 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 180 de la
Ley 1437 de 201114. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron
irregularidades procesales o nulidades, no se solicitaron medidas cautelares, frente a
las excepciones propuestas por el demandado se señaló que, por ser de mérito, se
resolverían en la sentencia, se tuvieron como pruebas las allegadas con la demanda y
la contestación, y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión.

El litigio se concretó en resolver los siguientes problemas jurídicos: «1. Si la liquidación
oficial de revisión fue notificada dentro de la oportunidad legal o si por el contrario fue expedida sin
competencia temporal por parte del Ministerio de COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. 2. Si los actos
administrativos demandados son nulos por fundamentarse en un acto proferido por FONTUR COLOMBIA
(Patrimonio Autónomo administrado por FIDUCOLDEX). 3. Si en este caso es necesaria la expedición
de requerimiento especial como acto previo a la liquidación oficial de revisión; y si la comunicación DCP-
6839-15 expedida por FIDUCOLDEX cumple los requisitos legales para ser considerado requerimiento
especial. 4. Si los actos son nulos por falta de motivación, para lo cual deberá determinarse, si se
explicaron las modificaciones efectuadas a la liquidación privada tanto en los aspectos de hecho como
de derecho. De superarse los anteriores problemas, se estudiará: 5. Si la base gravable de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo para concesiones de carreteras se puede establecer a partir del
recaudo de peajes por concepto de transporte de pasajeros según categoría de peajes I y II».

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, anuló los
actos acusados, y declaró la firmeza de las liquidaciones privadas de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo de los trimestres 4 de 2013, y 1 a 4 de 2014
presentadas por la actora, sin condenar en costas, con fundamento en las siguientes
consideraciones15:

Aunque las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006, que fijaron los elementos de la referida
contribución, no establecieron un procedimiento para determinar el monto de la misma
respecto de contribuyentes que cumplieran con el deber formar de liquidarla, ni hicieron
una remisión expresa al Estatuto Tributario, codificación especial para la determinación
de los tributos, sí contemplaron la obligación, a cargo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, de reglamentar las disposiciones legales creadoras de la
contribución, conforme al artículo 19 de la Ley 1101 de 2006.

Lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1036 de 2007, compilado en el Decreto 1074
de 2015, permite concluir que cualquier corrección oficiosa a las liquidaciones privadas,
debe estar precedida de un requerimiento o solicitud de información, sin que se
especifique el procedimiento a adelantar, o cuáles serían las consecuencias frente a la
desatención del contribuyente, por lo que, ante el vacío normativo de las leyes y sus
reglamentos, era procedente acudir al Estatuto Tributario, de acuerdo con el artículo 8
de la Ley 153 de 1887, y lo conceptuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil; así lo
indicó la entidad demandada en la resolución 1471 de 28 de julio de 2016, en la cual
acogió las normas de procedimiento del Estatuto Tributario para la determinación del
tributo, quedando sujeta a los lineamientos de ese cuerpo normativo.

14
Fls. 197 a 200 c.p. 1
15
Fls. 232 a 249 c.p. 1
8
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Demandante: CONCESIONES CCFC SAS

Se encuentra demostrado que con el oficio DCP-6839-15, notificado por correo
electrónico el 29 de octubre de 2015, Fiducoldex le propuso a la actora la modificación
de las liquidaciones privadas de los trimestres 4 de 2013, y 1 a 4 de 2014, entidad que,
en atención a lo establecido en los artículos 13 [parágrafo transitorio] de la Ley 1101 de
2006 y 8 del Decreto 1036 de 2007, estaba facultada para emprender acciones de
recaudo del tributo en virtud del contrato de fiducia 137 de 2013, por lo que no es cierto
que el mencionado oficio haya sido proferido por Fontur pues, quien rubricó el acto fue
la Directora de la Contribución Parafiscal de la referida fiduciaria.

El oficio DCP-6839-15 de 29 de octubre de 2015, corregido por el oficio DCP-2986-16
de 13 de julio de 2016 -el cual no modificó la parte sustancial del acto-, cumplió los
requisitos para ser considerado como un requerimiento especial, conforme a lo
dispuesto en el artículo 703 del ET. Este acto fue conocido por la actora el 29 de octubre
de 2015, hecho reconocido por las partes, por lo que el plazo para dar respuesta al
mismo vencía el 29 de enero de 2016; en esas condiciones, la entidad demandada
tenía hasta el 29 de julio de 2016 para notificar la liquidación oficial de revisión,
conforme al artículo 710 del ET.

El 1 de agosto de 2016, la demandada remitió por correo certificado un aviso a la actora
para que compareciera a notificarse personalmente, dentro de los 5 días hábiles
siguientes, del acto liquidatorio expedido el 28 de julio de 2016, so pena de proceder a
la notificación mediante aviso, sin que el envío del mismo se entienda como una
notificación por correo, como lo ha señalado el Consejo de Estado. Transcurrido el
término de 5 días sin que la actora hubiera comparecido ante la entidad demandada, la
liquidación oficial fue remitida por aviso del 9 de agosto de 2016, recibido en la misma
fecha, por lo que se concluye que la notificación de la liquidación de revisión se surtió
cuando el plazo de 6 meses ya había fenecido. Este hecho no puede entenderse
subsanado con la interposición del recurso de reposición pues, en materia tributaria, la
acción de fiscalización por parte de la Administración está sujeta a la firmeza de las
declaraciones presentadas por los contribuyentes

Así las cosas, en atención a la interpretación de los artículos 710 y 714 del ET, ante el
vencimiento del plazo de seis meses para surtir la notificación de la liquidación oficial,
se entiende que en el caso concreto operó la firmeza de las liquidaciones privadas y la
pérdida de la competencia temporal del demandado para modificar los denuncios
privados de la contribución, por efecto de la notificación extemporánea de la liquidación
oficial, como una garantía de los principios de seguridad jurídica y debido proceso.

Lo anterior conduce a la anulación de los actos demandados en virtud de lo dispuesto
en el artículo 730 [3] del ET, vigente para la época de los hechos, por lo que, ante la
prosperidad de este cargo procedimental, se releva del estudio del cargo sustancial.

RECURSO DE APELACIÓN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuso recurso de apelación en el
cual solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, mantener la legalidad de la
actuación acusada, por lo siguiente:16

16
Fls. 259-260 c.p. 1
9
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1. Rigurosidad en la aplicación del procedimiento para la notificación de ciertos actos
administrativos, que no están reglados por una ley y, por lo tanto, la Administración tenía la
facultad de interpretar en cuanto a términos y formas de notificación. Establecer de manera
rigurosa a la Administración, a través de la interpretación analógica, normas en materia
tributaria, resulta violatorio del principio de legalidad pues, a pesar de lo que interpreta
el a quo, al ser de carácter procesal, afecta la aplicabilidad de la norma sustancial la
cual contiene los elementos del tributo, por lo que erró el juez al considerar que goza
de facultades interpretativas, creadoras de medidas para determinar la norma
procedimental en materia tributaria, con lo que desconoce que la facultad para regular
tributos está consagrada en el legislador.

2. Indebida interpretación sobre términos para contar la firmeza de un acto administrativo. No
se comparte el argumento de la sentencia de primera instancia según el cual el término
para notificar el acto oficial es el consagrado en los artículos 702 a 711 del ET, porque,
al no existir un procedimiento especial, la Administración podía optar por el término más
amplio, como eran los seis meses posteriores a los que tenía la actora para presentar
objeciones al requerimiento; no se dan los presupuestos para la aplicación de las
referidas normas, ya que lo que se presenta es una mera enunciación de aplicación del
principio de analogía, sin que se expliquen las razones que llevaron a ello.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con fundamento
en lo siguiente:17

El recurso de apelación interpuesto por el demandado no debería prosperar pues, más
allá de la falta de coherencia argumentativa, de la transgresión al principio de
congruencia, y de la sujeción a derecho de lo fallado por el Tribunal, es inadmisible que
en un Estado de derecho, donde los regulados y la Administración están sometidos al
imperio de la ley, esta sostenga que puede aplicar a su arbitrio los términos que desee
para ejercer el acto de notificación dentro de un procedimiento tributario de revisión
oficial. La actividad de la administración pública está condicionada por las regulaciones
de un procedimiento administrativo preestablecido, que funge como garantía del
principio fundamental al debido proceso, en especial, cuando fue la propia
Administración quien le indicó al contribuyente que las normas del Estatuto Tributario
regirían en el proceso en vía administrativa. Avalar la posición del apelante, quien
pretende sustraerse de la aplicación de las normas del Estatuto Tributario que él mismo
fijó, conllevaría a aceptar que existe una discrecionalidad absoluta de la Administración.

Contrario a lo afirmado por el apelante, no existió por parte del a quo una indebida
interpretación de los términos para contar la firmeza del acto administrativo porque las
reglas aplicables, tanto en la vía administrativa como en la judicial, reconocidas por el
fallador de primera instancia, corresponden a las previstas en el Estatuto Tributario,
toda vez que, como lo expuso el Ministerio en sus escritos administrativos, y lo reiteró
el Tribunal, el uso de la analogía consagrada en la Ley 153 de 1887, como integradora
del derecho, se encuentra permitida en los aspectos de carácter formal (procedimiento),
y en este caso, el aspecto de la litis resuelto fue de naturaleza formal-procesal, y no del
fondo del tributo.

17
Índice 19 en Samai
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Como el plazo para responder la modificación propuesta por Fontur vencía el 29 de
enero de 2016, la Administración tenía hasta el 29 de julio para proferir y notificar la
liquidación de revisión, conforme al artículo 710 del ET; no obstante, dicho término se
inobservó por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque, pese a que
expidió la liquidación el 28 de julio de 2016, no fue sino hasta el 10 de agosto de 2016
que se surtió la notificación por aviso conforme a lo indicado en este, configurándose
en extemporánea, violatoria de los términos legales y del debido proceso que le asistía
a la sociedad. Como la notificación se produjo en agosto, con posterioridad al 29 de
julio, es aplicable el artículo 714 del ET que prevé los eventos en los cuales las
declaraciones tributarias adquieren firmeza.

El apelante pretende introducir un nuevo argumento de defensa, contrario a su dicho,
cuando señala que, al no existir un procedimiento especial, la Administración podía
optar discrecionalmente por un término más amplio para ejercer el acto de notificación,
lo cual vulnera el principio de congruencia. Durante todo el proceso y hasta el recurso
de apelación, el Ministerio había aceptado la aplicabilidad del Estatuto Tributario, por lo
que no es admisible que en esta segunda instancia critique la decisión del a quo,
esgrimiendo un argumento ex novo, opuesto a lo que sostuvo en todo el proceso.

La Administración desconoce que la fijación de la litis opera como un límite que
determina los extremos del debate jurídico, lo que le impide al juez pronunciarse sobre
aquellos aspectos que no fueron expresamente estipulados en aquella, pues de
hacerlo, vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa de las partes;
establecidos los límites de la controversia en la audiencia inicial, no es dable que en el
transcurso de la segunda instancia se pretendan incluir argumentos diferentes a los que
las partes acordaron en la primera instancia, particularmente, cuando los argumentos
no versan sobre pruebas sobrevinientes o situaciones de hecho acaecidas durante el
trascurso de la primera instancia.

No es cierto, como se afirma en el escrito de apelación, que erró el fallador de primera
instancia “al considerar que goza de facultades interpretativas, creadoras de medidas para
determinar la norma procedimental en materia tributaria ”, pues la decisión del a quo se
fundamentó en los propios actos de la Administración, en la motivación provista por
esta en los actos administrativos y, en los hechos y argumentos formulados por las
partes en la demanda y en la contestación.

El cuestionamiento relacionado con la inaplicabilidad de las normas tributarias en el
proceso de determinación de la contribución, constituye un nuevo argumento de
defensa, no considerado por el Tribunal, dado que no hizo parte de los motivos de
oposición, ni del contradictorio de la vía administrativa y, en consecuencia, debe ser
ajeno al estudio de la segunda instancia ya que, de abordarse su análisis, se
inobservaría la restricción técnica de contenido que sujeta el recurso de apelación, es
decir, la congruencia, la plena unidad temática y consecuente que debe existir entre lo
pedido en la demanda, las razones fácticas y jurídicas que lo fundamentan, los
argumentos de oposición a las mismas, la sentencia que examinó y resolvió sobre los
mismos, y los cuestionamientos de apelación.

Por último, reiteró los argumentos expuestos en la demanda frente a cada uno de los
cargos que no prosperaron en primera instancia.

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La entidad demandada presentó su alegato final vencido el término concedido para el
efecto18.

El Ministerio Púbico no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, apelante único, contra la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, sin condenar en costas. En los términos del recurso de
apelación, se debe establecer si se vulneró o no el principio de legalidad en cuanto a
juicio de la referida entidad, el juez erró al aplicar de manera rigurosa, a partir de una
interpretación analógica, las normas del procedimiento tributario para la notificación del
acto definitivo, e incurrió en una indebida interpretación de los términos para contar la
firmeza del referido acto.

El fallador de primera instancia anuló las resoluciones por medio de las cuales se
determinó y liquidó la contribución parafiscal para la promoción del turismo de los
trimestres 4 del año 2013, y 1 a 4 del año 2014 a cargo de la actora, en cuanto encontró
probadas la vulneración al debido proceso y la pérdida de competencia temporal del
demandado para modificar las declaraciones privadas por la notificación extemporánea
de la liquidación oficial, lo que condujo a la firmeza de las liquidaciones privadas, en
atención a la interpretación de los artículos 710 y 714 del ET, como una garantía de los
principios de seguridad jurídica y debido proceso.

Para la entidad recurrente, establecer de manera rigurosa a la Administración, a través
de la interpretación analógica, normas en materia tributaria, resulta violatorio del
principio de legalidad pues, a pesar de lo que interpreta el a quo, al ser de carácter
procesal, afectan la aplicabilidad de la norma sustancial la cual contiene los elementos
del tributo, por lo que erró el juez al considerar que goza de facultades interpretativas
para determinar la norma procedimental, y desconoce que la facultad para regular
tributos está asignada al legislador.

Además, no comparte el argumento de la sentencia de primera instancia según el cual
el término para notificar el acto oficial es el consagrado en los artículos 702 a 711 del
ET, porque, al no existir un procedimiento especial, la Administración podía optar por el
término más amplio, como eran los seis meses posteriores a los que tenía la actora
para presentar objeciones al requerimiento; no se dan los presupuestos para la
aplicación de las referidas normas, ya que lo que se presenta es una mera enunciación
de aplicación del principio de analogía, sin que se expliquen las razones que llevaron a
ello.

Como lo ha puesto de presente la Sección19, el derecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, «es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y
está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación
administrativa o judicial. Según el mandato constitucional, el debido proceso comprende
fundamentalmente tres grandes elementos: (i) el derecho al juez natural o funcionario

18
Índice 20 en Samai
19
Sentencias del 18 de julio de 2011, Exp. 16191, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 22 de septiembre de 2016, Exp.
21691, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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competente, (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial
o administrativa, y (iii) las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

La expedición irregular de los actos administrativos atañe, precisamente, al derecho a ser
juzgado según las formas propias de cada procedimiento, esto es, conforme con las
normas procesales dictadas para impulsar la actuación administrativa.

No obstante, no toda irregularidad constituye causal de invalidez de los actos administrativos.
Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la
irregularidad sea grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades
que pueden sanearse por la propia administración o entenderse saneadas, si no fueron
alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa». Se resalta

En ese sentido, en la sentencia del 16 de octubre de 2014 20, la Sala precisó que «[…].
No todo desacato de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico para la
expedición de los actos administrativos puede catalogarse como una afectación al
debido proceso, de la misma manera que se ha sostenido, que no cualquier irregularidad
apareja la nulidad de la decisión. Debe tratarse del desconocimiento de formalidades de
índole sustancial que afecten el núcleo esencial del debido proceso y, en especial, el del
derecho de defensa. Cuando las formalidades son consagradas por el ordenamiento en interés
de la organización administrativa, su quebranto, en principio, no vulnera el debido proceso y
tampoco conduce a la anulación del acto, pero, si las formalidades se prevén en beneficio
del administrado o para la salvaguardia de claros principios constitucionales o legales
(llámense también sustanciales), su pretermisión implica violación al debido proceso e
ilegalidad de la decisión […]». Se resalta

Ahora bien, en relación con el procedimiento para el recaudo y cobro de la
contribución parafiscal para la promoción del turismo de que trata la Ley 1101 de
200621, la Sala, en la sentencia del 25 de julio de 201922 precisó que el Decreto 1036
de 2007 es la normativa que contiene las disposiciones que gobiernan la actuación de
la autoridad encaminada a determinar la prestación exigible a los sujetos pasivos de la
misma.

En dicha providencia se consideró que «los aspectos procedimentales que no hayan sido
regulados en la ley o en el decreto reglamentario, se regirán por lo previsto en el CCA (o
en el CPACA, actualmente) en la medida en que el ámbito de aplicación de la parte primera de
ese código se extiende a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder
público en todos los órdenes e incluso entidades privadas cuando unos y otras cumplan
funciones administrativas (art. 1 ibídem)».

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se debe establecer si, en el caso
concreto, en atención al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, se debió o no aplicar el procedimiento contenido
en el Estatuto Tributario Nacional. Para hacer dicho análisis, en el sub examine se
encuentran probados los siguientes hechos:

20
Exp. 19611, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21
Que modificó la Ley 300 de 1996 -ley general de turismo-.
22
Exp. 21770, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterada en la sentencia del 19 de noviembre de 2020, Exp. 22307, CP. Milton
Chaves García.
13
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• CONCESIONES CCFC SA liquidó y pagó la contribución parafiscal con destino al
turismo, de los trimestres 3 y 4 del año 2013, y 1 a 4 del año 2014, así:

AÑO TRIMESTRE BASE GRAVABLE LIQUIDACIÓN FECHA FL.
CALCULADA POR EL PRIVADA PRESENTACIÓN c.p. 1
APORTANTE
2013 3 $8.534.781.200 $21.336.953 21-10-2013 -
2013 4 0 $1.000 20-01-2014 141
2014 1 0 $1.000 15-04-2014 142
2014 2 0 $1.000 17-07-2014 143
2014 3 0 $1.000 20-10-2014 144
2014 4 0 $1.000 21-01-2015 145

• El 29 de octubre de 2015, la Dirección de Contribución Parafiscal de Fontur profirió y
notificó23 el oficio DCP-6839-15, en el que, «con base en las facultades contempladas
en el artículo 8 del Decreto 1036 de 2007 compilado por el Decreto 1074 de 2015 en el
artículo 2.2.4.2.2.1 y de acuerdo a lo señalado en los artículos 702 y 703 del Estatuto
Tributario (…)», propuso la modificación de las referidas liquidaciones privadas. En
este acto se señaló24:
«[…].

EXPLICACIÓN PROPUESTA CORRECCIÓN LIQUIDACION PRIVADA
FACULTADES LEGALES

[…]. Ahora bien, el Decreto 1036 de 2007 (…) en su artículo 8 (…), establece que la entidad
recaudadora, podrá solicitar información y requerir a los sujetos pasivos con el objeto de que se
corrijan las liquidaciones privadas (…), sin embargo, no establece el procedimiento para hacerlo.

En ese orden de ideas, y para efectos de garantizar el debido proceso y derecho de defensa
de los aportantes de la Contribución (…) se requiere establecer el procedimiento que le
resulta aplicable.

En efecto, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 establece que cuando no hay ley exactamente
aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes.

Ahora bien, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un asunto de carácter tributario y que
existe un mandato constitucional de reserva legal frente a la creación de tributos, debemos
establecer si se puede dar aplicación a la figura de la analogía para los casos en los cuales se
presente un vacío legal en cuanto al procedimiento tributario.

Frente al tema, la doctrina (…) ha señalado (…). Por lo tanto, en materia tributaria, el uso de la
analogía como integradora de derecho se encuentra prohibido en lo concerniente al aspecto
material (nacimiento de la obligación tributaria), pero en los aspectos de carácter formal
(procedimiento) su aplicación está permitida.

En ese orden de ideas, y dado que en el presente caso se puede ver afectado el derecho al
debido proceso de los aportantes es admisible la aplicación de la analogía consagrada en
el artículo 8 de la Ley 153 de 1887.

Así las cosas, en virtud del principio de analogía resulta aplicable el procedimiento
contemplado en los artículos 702 a 711 del Estatuto Tributario en los aspectos que sean
compatibles con la Contribución (…) con excepción de las sanciones señaladas en los artículos
en mención»

OPORTUNIDAD LEGAL

De conformidad con el artículo 705 del Estatuto Tributario el requerimiento de que trata el
artículo 703 deberá notificarse dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para
declarar si la declaración se presentó dentro de dicho plazo (…). Como se puede observar, las
liquidaciones privadas de la Contribución (…) fueron presentadas y pagadas por CONCESIONES
CCFF SA dentro del término contemplado para su presentación, (…). En consecuencia, este
requerimiento se profiere dentro de la oportunidad legal contemplada para ello.

DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL (…)

23
Fl. 57 c.p. 1
24
Fls. 183 a 188 c.a.
14
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[…]. De conformidad con el artículo 707 del Estatuto Tributario, dentro de los tres meses
siguientes al recibo de este requerimiento deberá formular por escrito sus objeciones,
solicitar pruebas y subsanar las omisiones que permita la ley […]». Se resalta

• El 27 de enero de 2016, la sociedad dio respuesta a este acto25 en el cual indicó, en el
acápite de presupuestos procesales, que daba respuesta al oficio de la referencia «en
concordancia con la remisión que hace al artículo 707 del Estatuto Tributario».

• El 13 de julio de 2016, mediante el oficio DCP-2986-16, la referida Dirección de
Contribución Parafiscal, con base en los artículos 45 de la Ley 1437 de 2011 y 866 del
ET, corrigió errores de transcripción del oficio DCP-6839-1526.

• El 28 de julio de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió la
Resolución 1471, “por la cual se profiere una Liquidación de Revisión”, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 210 de 2003, la Ley
300 de 1996, Ley 1101 de 2006, y el Decreto 1074 de 2015. En los considerandos de la
referida resolución se indicó:

«[…]. Que con el fin de garantizar el debido proceso y derecho de defensa de los
aportantes de la Contribución (…), en virtud de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo
2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA,
la entidad recaudadora aplicó el procedimiento contemplado en los artículos 702 al
711 del Estatuto Tributario (…)»

Que el 27 de enero de 2016, encontrándose dentro del término de los tres meses señalado
en el artículo 707 del Estatuto Tributario, CONCESIONES CCFF SA (…), objetó las
modificaciones de las liquidaciones privadas (…).
(…).
2. Frente al argumento de la firmeza de la declaración de la Contribución Parafiscal
(…) correspondiente al tercer trimestre del año 2013, tal y como lo manifiesta
Concesiones CCFC S.A. se observa que la comunicación DCP 6839 de 2015, mediante la
cual se propone la modificación del periodo en mención, efectivamente fue notificada por
fuera del término señalado en el artículo 705 del Estatuto Tributario, es decir, cuando
la liquidación privada en mención había adquirido firmeza.

En efecto, los dos años vencían el 29 de octubre de 2015, y la misma fue notificada el 30
de octubre. En consecuencia, la entidad recaudadora deberá archivar el proceso de revisión
y determinación de la obligación correspondiente a la contribución del tercer trimestre del
año 2013 (…).
Que el artículo 710 del Estatuto tributario establece que “dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento
especial o a su ampliación, según el caso, la Administración deberá notificar la
liquidación de revisión si hay mérito para ello”

Que el término para dar respuesta al requerimiento especial venció el 30 de enero de
2016 y, en consecuencia, la presente liquidación de revisión se prefiere dentro de la
oportunidad legal para ello (…).». Se resalta.

Como se desprende de los considerandos plasmados en los actos previo y liquidatorio
emitidos por las entidades facultadas para expedirlos, tanto en la etapa de fiscalización
como en la de liquidación del tributo, se aplicó el procedimiento tributario consagrado
en el Estatuto Tributario Nacional, no solo con fundamento en el artículo 29 de la CP a
fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario, como lo
puso de presente la misma entidad, sino también en virtud de lo dispuesto por el artículo
2 [inc. 3] del CPACA según el cual «Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los
procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos
regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones
de este Código».

25
Fls. 191 a 202 c.a.
26
Fls. 209 a 211 c.a.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: CONCESIONES CCFC SAS

Así las cosas, se evidencia que desde la expedición del acto previo la entidad
recurrente determinó el procedimiento que regiría la actuación administrativa, por lo
que la misma debió adelantarse, hasta su culminación, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la misma, sin que le asista razón en que fue el
juez de primera instancia quien decidió dar aplicación al procedimiento tributario a partir
de una interpretación analógica, pues fue la misma entidad demandada quien, desde
el inicio de su actuación, fijó las pautas a seguir en la misma, se repite, en aras de
garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la actora.

Por lo tanto, en virtud del procedimiento fijado por la misma Administración, lo
procedente era, como lo hizo el a quo, analizar si se vulneraba o no el debido proceso
por la notificación extemporánea de la liquidación oficial conforme al artículo 710 del
ET, fundamento legal para su expedición, sin que sea cierto que la entidad contara con
facultades para interpretar los términos y formas de notificación, así como la ocurrencia
o no de la firmeza del acto administrativo. Prueba de ello es que en la Resolución 1471
de 2016 “por la cual se profiere una Liquidación de Revisión”, reconoció la configuración de
la firmeza de la liquidación privada de la contribución del tercer trimestre del año 2013
por haber sido notificada por fuera del término señalado en el artículo 705 del ET, con
lo cual no le era dable desconocer la misma frente a los demás periodos cuestionados,
máxime cuando reconoció en la resolución que resolvió el recurso de reposición 27 y en
la contestación de la demanda28, la notificación extemporánea de la liquidación oficial
a la luz del artículo 710 ib.

Así, como el oficio DCP-6839-15 -acto previo que, para el procedimiento adelantado en este
caso, adquirió la connotación de requerimiento especial-, se notificó el 29 de octubre de
201529, el término de tres meses con que contaba la actora para responder dicho acto
vencía el 29 enero de 2016, fecha a partir de la cual se empezaron a contar los seis
meses previstos por el artículo 710 del ET, para expedir y notificar la liquidación oficial
de revisión, cuyo vencimiento ocurrió el 29 de julio de 2016.

Aunque la Resolución 1421, contentiva de la liquidación de revisión, se expidió el 28 de
julio de 2016, solo fue notificada por aviso del 9 de agosto de 2016, que se consideró
surtida el 10 de agosto de 201630 -aspecto no discutido-, con lo cual resultó
extemporánea. Así pues, como se notificó por fuera del plazo legalmente establecido,
en los términos del artículo 714 del ET, las liquidaciones privadas adquirieron firmeza,
por lo que, como lo concluyó el a quo, se configuró la violación al debido proceso, con
lo cual los actos acusados adolecen de nulidad, conforme al artículo 730 [3] del ET,
vigente para la época de los hechos. No prospera el cargo de apelación.

27
«[…]. Si bien los artículos 710 y 714 del Estatuto Tributario establecen que la liquidación de revisión debe notificarse dentro del
término de seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento especial, y que vencido
dicho término sin haberse efectuado la enunciada notificación, adquiere firmeza la declaración tributaria, el artículo 72 del CPACA
(...), disposición legal especial y específica sobre la validez de las notificaciones de los actos administrativos, establece que la
interposición de los recursos legales sanea las irregularidades de las notificaciones y hace producir efectos legales a las respectivas
decisiones». Fl. 96 c.p. 1
28
«[…] AL DÉCIMO QUINTO. Es cierto que la Resolución Nº 1471 del 28 de julio de 2016 fue notificada el 10 de agosto de 2016.
No obstante es importante aclarar al despacho, que si bien es cierto los artículos 710 y 714 del Estatuto Tributario establecen que
la liquidación de revisión debe notificarse dentro del término de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para
dar respuesta al requerimiento especial, y que vencido dicho termino sin haberse efectuado la enunciada notificación, adquiere
firmeza la declaración tributaria, el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…),
disposición legal especial y específica sobre la validez de las notificaciones de los actos administrativos, establece que la
interposición de los recursos legales sanea las irregularidades de las notificaciones y hace producir efectos legales a las respectivas
decisiones». Fl. 169 vto. c.p. 1
29
Fl. 57 c.p. 1
30
Fl. 220 c.a. En el aviso del 9 de agosto de 2016, recibido en la misma fecha, se indicó «La presente notificación se considera
surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino».
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01292-01 (25693)
Demandante: CONCESIONES CCFC SAS

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada que declaró
la nulidad de los actos demandados y declaró la firmeza de las liquidaciones privadas
presentadas por la actora.

Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 [8] del CGP, no procede la
condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del proceso),
porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1.- CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2.- Sin condena en costas en esta instancia.

3.- Reconocer personería al abogado Abel Fernando Hernández Camacho, como
apoderado del demandado, en los términos del poder conferido que obra en el índice
20 de Samai.

Notifíquese. Comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior
providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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