Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01295-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01295-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-01295-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
10 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2017-01295-01 (25810)
Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01295-01 (25810)
Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE HACIENDA
Temas: Impuesto de industria y comercio. Base gravable especial – AIU.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que en la parte resolutiva dispuso1:
«PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 1602DDI007543 del 07 de
marzo de 2016, mediante la cual se profiere Liquidación Oficial de Revisión respecto a
las declaraciones del impuesto de ICA presentadas por la sociedad actora por los
bimestres 1 al 6 del año 2013 y 1 al 6 del año 2014 presentada por la demandante, y de
la Resolución No. DDI027010 de fecha 03 de abril de 2017, mediante la cual se resuelve
el recurso de reconsideración interpuesto contra el antes mencionado acto liquidatorio,
proferidas por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C.
SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE en
firme las liquidaciones privadas del impuesto de ICA presentadas por SALVAGUARDAR
LTDA, por los períodos 1 al 6 del año 2013 y 1 al 6 del año 2014.
TERCERO. Sin condena en costas. […]»
ANTECEDENTES
La sociedad demandante presentó ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., las
declaraciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros,
correspondientes a los bimestres 1 a 6 de los años gravables 2013 y 20142, en las
cuales liquidó el tributo teniendo en cuenta como base gravable la parte
correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), de que trata el artículo
46 de la Ley 1607 de 2012, que modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, por
la actividad de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
1
Índice 2 Samai.
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Fl. 22 vto. c.p.1
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01295-01 (25810)
Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
El 16 de octubre de 2015, la Oficina de Fiscalización de la Subdirección de Impuestos
a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, profirió
el Requerimiento Especial 2015EE270098, por medio del cual propuso la modificación
de las liquidaciones privadas en el sentido de aplicar la base gravable establecida por
el artículo 42 del Decreto 352 de 2002, esto es, los ingresos netos obtenidos durante
el periodo, a lo cual se le restó «la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los
correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos,
las explotaciones y la venta de activos fijos», e imponer sanción por inexactitud por cada uno
de los periodos en discusión3.
Previa respuesta al requerimiento especial, el 7 de marzo de 2016, la Oficina de
Liquidación de Determinación de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, profirió
la Liquidación Oficial de Revisión 1602DDI0075434, por medio de la cual modificó las
declaraciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros,
correspondientes a los bimestres 1 a 6 de los años gravables 2013 y 2014.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto
el 3 de abril de 2017, por la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico
Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, a través de la Resolución
DDI027010, en el sentido de confirmar el acto recurrido5.
DEMANDA
Salvaguardar Ltda., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones6:
«1. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 1602DDI007543
del 7 de marzo de 2016, y la resolución DDI027010 del 3 de abril de 2017, por medio de
las cuales la Oficina de liquidación y la Oficina de Recursos Tributarios, respectivamente,
de la Secretaría de Hacienda Distrital, modifican las liquidaciones privadas de las
declaraciones de impuesto de industria y comercio por los periodos 1 al 6 de 2013 y 1 a
6 de 2014.
2. Que se restablezca el derecho a mi representada declarando en firme las liquidaciones
privadas del impuesto de industria y comercio por los periodos al 1 al 6 de 2013 y 1 a 6
de 2014.
3. Que se condene en costas a la entidad demandada».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:
• Artículos 29, 150-12, 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículo 46 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993
• Artículo 64 del Decreto Distrital 362 de 2002
• Artículo 65 del Decreto Distrital 401 de 1999
3
Fl. 48 c.p.
4
Fls. 48 a 64 vto. c.p
5
Fls. 40 a 49 c.p
6
Fl. 26 c.p
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01295-01 (25810)
Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
Para desarrollar el concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Los actos acusados vulneraron el principio de legalidad, porque la normativa aplicable
al impuesto de industria y comercio era el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012,
modificatorio del artículo 462-1 del Estatuto Tributario, que estableció una base
gravable especial (AIU) para liquidar el ICA respecto de las empresas que presten
servicios de vigilancia y seguridad privada y, conforme con el artículo 338 de la
Constitución Política, no podía ser desconocida por las entidades territoriales. Debe
levantarse la sanción por inexactitud impuesta, o subsidiariamente aplicarse el
principio de favorabilidad.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Bogotá Distrito Capital - Secretaría de Hacienda se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación 7:
Los actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad y que el
artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 no es aplicable al impuesto de industria y comercio,
en razón a que dicha norma sólo hace referencia al impuesto sobre las ventas y a las
retenciones en la fuente y, por tal razón, se expidió la Ley 1819 de 2016, para aplicar
la base gravable especial al impuesto de industria y comercio.
Según la jurisprudencia8 se requiere que el Concejo Distrital la adopte y reglamente
en virtud de su autonomía territorial y, la forma de liquidar y declarar el impuesto de
industria y comercio es la establecida en el artículo 42 del Decreto 352 de 2002, con
lo cual, la modificación efectuada a las declaraciones discutidas era procedente.
AUDIENCIA INICIAL
En audiencia inicial celebrada el 1 de octubre de 20199, no se presentaron excepciones
ni se advirtieron irregularidades o nulidades en lo actuado, se allegaron las pruebas
aportadas por las partes en la demanda y su contestación, y el litigio se fijó en
determinar la legalidad de los actos administrativos demandados.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y no condenó en costas, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
La base gravable señalada en el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 es aplicable a los
impuestos territoriales, dentro de los que se encuentra el impuesto de industria y
comercio, sin que se requiera su adopción por parte del Concejo Distrital y; no existió
7
Fls. 100 a 110 c.p
8
Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se confirmó la legalidad de los conceptos proferidos por la Secretaría
de Hacienda en los que se precisó que para la procedencia del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, se requería su adopción por
parte del Concejo Distrital de Bogotá.
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Fls. 149 a 156 c.p.
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Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales, en la medida en
que la ley solo delimitó uno de los elementos del tributo -base gravable-.
Por tratarse de una empresa que presta servicios de vigilancia, la norma aplicable para
determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio es el artículo 46 de
la Ley 1607 de 2012, contrario a lo afirmado por la entidad demandada. Negó la
condena en costas por no encontrarse probadas en el expediente.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada, interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo
siguiente10:
El fallo de primera instancia vulneró el principio de certeza tributaria y seguridad
jurídica, puesto que el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 no era aplicable al impuesto
de industria y comercio en la jurisdicción de Bogotá, y por tal razón se necesitó la
intervención del legislador con la expedición de la Ley 1819 de 2016, para extender la
base gravable especial al impuesto discutido.
Insistió en que a la demandante le era exigible declarar, liquidar y pagar el impuesto
de industria y comercio, correspondiente a los bimestres discutidos, de acuerdo con la
base gravable establecida por el artículo 42 del Decreto 352 de 2002, pues, el artículo
46 de la Ley 1607 de 2012, sólo resultaba aplicable a las retenciones en la fuente.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La sociedad demandante solicitó confirmar la sentencia apelada para lo cual reiteró
los argumentos expuestos en la demanda11.
La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y el recurso de apelación12.
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la
Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá modificó las
declaraciones presentadas por Salvaguardar Ltda., correspondientes al impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros de los bimestres 1 a 6 de los años gravables
2013 y 2014.
En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si procede i) la aplicación
de la base gravable especial establecida por el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012,
que modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario Nacional, en las liquidaciones del
10 Fls. 177 a 179 vto. c.p.1
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Índice 20 Samai.
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Índice 21 Samai.
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Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
impuesto industria y comercio por los periodos en discusión, sin que haya sido
incorporada por el Distrito Capital a la normativa que regula el tributo en su jurisdicción;
y ii) la sanción por inexactitud.
La Sala advierte que los aspectos bajo análisis ya fueron objeto de pronunciamiento
de la Sección, frente a idénticos fundamentos fácticos y jurídicos, de modo que, en lo
pertinente, se reiterará el criterio allí expuesto13.
Facultad impositiva de las entidades territoriales14.
De acuerdo con los artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Constitución Política, las
entidades territoriales gozan de autonomía para gestionar sus intereses, dentro de los
límites de la Constitución y la ley y, en virtud de esa autonomía, tanto las asambleas
departamentales como los concejos municipales pueden decretar tributos y gastos
locales.
El artículo 287 de la Carta, establece que «las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley». De conformidad con esta
norma, no hay discusión en cuanto a que la autonomía fiscal no es absoluta, sino que
está limitada por la Constitución y la ley.
Conforme con los referidos principios, la Constitución también hizo referencia a las
competencias de los municipios en materia tributaria, para señalar en el artículo 313-4
que corresponde a los Concejos «votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los
gastos locales».
El artículo 338 de la Constitución Política dispone:
«ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones
fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino
a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
ordenanza o acuerdo.» (Subraya la Sala)
El Constituyente quiso que las entidades territoriales, en este caso los municipios y
Distritos, gozaran de autonomía en materia tributaria al interior de su jurisdicción. Para
13
Sentencia del 26 de febrero de 2020, Exp. 24690, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Reiterada, entre otras, en las sentencias
del 17 de septiembre de 2020, Exp. 24389, del 1 de julio de 2021, Exp. 25471, y del 2 de diciembre de 2021, Exp. 25686, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
Ver entre otras, sentencias de 9 de julio de 2009, Exp. 16544, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, de 24 de noviembre
de 2016 Exp. 21120 y de 17 de julio de 2017, Exp. 20302, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, de 22 de marzo de 2012,
Exp.18842, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, de 29 de octubre de 2014, Exp. 19514, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
de 12 de diciembre de 2014. Exp. 19037, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y del 19 de marzo de 2019, Exp. 21896, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
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ello, se resalta que el propósito estaba encaminado a otorgarles la facultad para
decretar impuestos, claro está, que previamente hayan sido creados o autorizados por
el legislador, en tiempos de paz, el Congreso de la República.
Respecto al contenido y alcance del artículo 338 Constitucional, la Corte Constitucional
ha dicho que15:
«Esta norma establece dos mandatos centrales. De un lado, ella consagra lo que la
doctrina ha denominado el principio de representación popular en materia tributaria, según
el cual no puede haber impuesto sin representación. Por ello la Constitución autoriza
únicamente a las corporaciones de representación pluralista -como el Congreso, las
asambleas y los concejos- a imponer las contribuciones fiscales y parafiscales. De otro
lado, este artículo consagra el principio de la predeterminación de los tributos, ya que
fija los elementos mínimos que debe contener el acto jurídico que impone la
contribución para poder ser válido, puesto que ordena que tal acto debe señalar los
sujetos activo y pasivo de la obligación tributaria, así como los hechos, las bases
gravables y las tarifas.
La predeterminación de los tributos y el principio de representación popular en esta materia
tienen un objetivo democrático esencial, ya que fortalecen la seguridad jurídica y evitan
los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la
contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus
elementos esenciales para ser válido.
Ahora bien, esta norma constitucional debe ser interpretada en consonancia con los
artículos 287, 300 ord 4º y 313 ord 4º, que autorizan a las entidades territoriales a
establecer tributos y contribuciones, de conformidad con la Constitución y la ley. Esto
muestra entonces que la Constitución autoriza a las entidades territoriales, dentro de su
autonomía, a establecer contribuciones pero siempre y cuando respeten los marcos
establecidos por la ley, puesto que Colombia es un país unitario. Esto no significa, sin
embargo, que el legislador tenga una absoluta discrecionalidad en la materia ya que, como
ya lo ha establecido esta Corte, la autonomía territorial posee un contenido esencial que
en todo caso debe ser respetado».
La Constitución consagra la autonomía fiscal de las entidades territoriales, pero en
criterio de la Sala esta autonomía no es ilimitada, pues deriva de la Constitución y la
Ley. Ello implica que, si el congreso ha fijado los elementos del tributo, las asambleas
y concejos no pueden apartarse de lo dispuesto por la Ley16.
En ese sentido, reconociendo expresamente el marco de autonomía tributaria que la
Constitución les concede a los Concejos Municipales y Distritales y a las Asambleas
Departamentales, sus atribuciones deben ejercerse de acuerdo con la Carta Política y
la ley, por lo que sus disposiciones -Acuerdos y Ordenanzas- no pueden desconocer
o incumplir dichas normas, por ser jerárquicamente superiores17.
El impuesto de industria y comercio es un tributo municipal, que grava la realización
de actividades comerciales, industriales y de servicios.
Sobre la forma de calcular este tributo (base gravable) y la tarifa sobre la cual se
liquida, el artículo 33 de la Ley 14 de 198318, dispuso:
15
Sentencia C-220 de 1996, reiterada en las sentencias C- 540 de 2001, C-873 y C-538 de 2002, C-690 y C-776 de 2003.
16
Sentencia del 21 de febrero de 2019, Exp. 22628, C.P. Milton Chaves García.
17
Corte Constitucional, Sentencia C-037 del 26 de enero de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18
Norma incorporada por el artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986.
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«ARTÍCULO 33.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio
mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda
nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo
anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y
de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado
por el Estado y percepción de subsidios.
Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los
Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y de
servicios.
Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos brutos o
ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la promulgación de esta Ley
hayan establecido por encima de los límites consagrados en el presente artículo 19 […].»
Por su parte, el artículo 154 [numeral 5] del Decreto Ley 1421 de 1993 -Régimen
especial en el cual se organiza a Bogotá como Distrito Capital y otorga autonomía para la
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley- y el artículo 42 del
Decreto Distrital 352 de 2002 -Estatuto Tributario de Bogotá D.C.-20, disponen sobre la
base gravable del tributo, lo siguiente:
«Dec.1421/93.
Artículo 154.
[..]
5. Su base gravable estará conformada por los ingresos netos del contribuyente obtenidos
durante el período gravable. Para determinarlos, se restará de la totalidad de los ingresos
ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas. Así
como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.
Hacen parte de la base gravable los ingresos obtenidos por rendimientos financieros,
comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en esta
disposición. Con base en estudios y factores objetivos, el concejo podrá establecer
presunciones de ingresos mensuales netos para determinadas actividades. La base
gravable para el sector financiero continuará rigiéndose por las normas vigentes para él.
Dec. 352/02.
Artículo 42. Base gravable.
El impuesto de industria y comercio correspondiente a cada bimestre, se liquidará con
base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período. Para
determinarlos, se restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los
correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas
y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos.
Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros,
comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo.
Parágrafo primero. Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se
aplicarán los ajustes integrales por inflación.
Parágrafo segundo. Los contribuyentes que desarrollen actividades parcialmente
exentas o no sujetas, deducirán de la base gravable de sus declaraciones, el monto de
sus ingresos correspondiente con la parte exenta o no sujeta».
Tanto la Ley 14 de 1983, como el Decreto 1421 de 1993 -decreto especial con fuerza
de ley-, establecieron unas bases gravables especiales para el impuesto de industria
19
Artículo modificado por el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, la cual adicionó al parágrafo segundo que: «[…]Seguirá vigente
la base gravable especial definida para los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, del artículo 67 de la
Ley 383 de 1997, así como las demás disposiciones legales que establezcan bases gravables especiales y tarifas para el impuesto
de industria y comercio, entendiendo que los ingresos de dicha base corresponden al total de ingresos gravables en el respectivo
periodo gravable. Así mismo seguirán vigentes las disposiciones especiales para el Distrito Capital establecidas en el Decreto-ley
1421 de 1993». (Subraya la Sala)
20
Normativa vigente al momento de los hechos.
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01295-01 (25810)
Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
y comercio respecto de: i) las agencias de publicidad21, ii) las administradoras y
corredoras de bienes raíces, iii) para los distribuidores de derivados del petróleo 22 y,
iv) para las entidades del sector financiero23, todas estas adoptadas por el Concejo
Distrital de Bogotá en el Decreto 352 de 2002. Así mismo, las leyes 383 de 1997 y 56
de 1981 determinaron bases gravables especiales para las entidades que prestan
servicios públicos domiciliarios24, y por la generación eléctrica25, respectivamente; las
cuales fueron adoptadas de igual forma por el Distrito Capital.
En ese orden, las disposiciones señaladas constituyen un cuerpo normativo dictado
en ejercicio de las atribuciones legislativas del Congreso, que bajo las mismas
competencias expidió la Ley 1607 de 2012, en la cual, específicamente en el artículo
4626, modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario Nacional, para establecer una
nueva «base gravable especial» aplicable al impuesto sobre las ventas, entre otras, para
actividades de servicio de vigilancia y aseo, con una tarifa del 16% en la parte
correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser
inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El parágrafo, la hizo extensiva a
las mismas actividades para los impuestos territoriales, dentro de los cuales está el de
industria y comercio.
Conforme con lo anterior, así como las disposiciones legales en cuanto a la base
gravable general del ICA son de obligatoria aplicación por parte de los entes locales,
las bases gravables especiales autorizadas por la ley, también deben ser aplicadas
directamente por estos entes, como en este caso, en la determinación del ICA para las
empresas que prestan servicios de vigilancia, en lo que corresponde al AIU, sin que
ello desconozca el principio de predeterminación de los tributos que consagra el
artículo 338 de la Constitución Política.
En ese contexto, la Sección observa que en las declaraciones del impuesto de industria
y comercio, correspondientes a los bimestres 1 a 6 de los años gravables 2013 y 2014,
la sociedad demandante liquidó el tributo teniendo en cuenta la base gravable especial
de que trata el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, que corresponde al AIU y no a «los
ingresos netos del contribuyente obtenidos durante el período» , lo cual en criterio de la Sala no
constituye desconocimiento de las normas que rigen este tributo, con el fin de derivar
un menor impuesto a cargo, pues, se insiste, actuó amparada en la preexistencia de
una norma del orden nacional que así lo dispuso. Lo aducido también descarta la
alegada vulneración de los principios de certeza tributaria y seguridad jurídica.
21
Parágrafo 2 articulo 33 ley 14 de 1983
22
Parágrafo 3 artículo 33.
23
Artículo 41.
24
Artículo 51.
25
Artículo 7 Ley 56 de 1981.
26
«ARTÍCULO 46. Modifíquese el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 462-1. Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la
Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo
y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por
la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por
parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los
prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante
el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de
compensaciones si se trata de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical
y las atinentes a la seguridad social.
PARÁGRAFO. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la retención en la fuente del impuesto
sobre la renta, al igual que para los impuestos territoriales».
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8
Radicado: 25000-23-37-000-2017-01295-01 (25810)
Demandante: SALVAGUARDAR LTDA.
Así las cosas, si bien en el Distrito Capital está regulada una base gravable general,
no lo es menos que existe una base especial consagrada por el legislador, de manera
que, como lo ha expresado la Sala, «las normas de los entes territoriales que regulan los
elementos de la obligación tributaria no pueden ser contrarias a la Ley ni a la Constitución. Si un
departamento, municipio o distrito adopta un tributo podrá establecer aquellos elementos del mismo que
no hayan sido fijados por el Congreso de la República; pero si la Ley determinó los sujetos de la
obligación tributaria, el hecho generador, bases gravables o tarifas, las ordenanzas y acuerdos deberán
estar conformes con la norma superior»27.
Con base en lo expresado, se reitera que la base gravable especial contenida en el
artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, que modificó el artículo 462-1 del ET, es aplicable
en el ámbito territorial, como en este caso, frente al impuesto de industria y comercio.
Por tanto, no prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y
se confirmará la sentencia de primera instancia.
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso28, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1.- CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2.- Sin costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
27
Sentencias del 10 de julio de 2014, Exp. 18823, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y del 21 de febrero de 2019, Exp.
22628, C.P. Milton Chaves García.
28
C.G.P. <<Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación>>.
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