Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01314-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01314-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-01314-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
18 de abril de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2017-01314-01 [26047]
Demandante: Medimex SA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CNTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01314-01 [26047]
Demandante: MEDIMEX SA
Demandado: UAE - DIAN
Temas: Cobro coactivo. Impuesto al patrimonio. Pago por cuotas. Acto
que ordena seguir adelante la ejecución. Prescripción
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió1:
«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución 1762 del 5 de mayo de 2017 a
través de la cual, la DIAN ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la sociedad
MEDIMEX S.A., de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho DECLÁRESE prescrita la acción de cobro
respecto de la primera y segunda cuota en que se debía pagar el impuesto al patrimonio del
año gravable 2011. Respecto de las demás cuotas y obligaciones por concepto de renta de los
años gravables 2013 y 2014 debe continuar el proceso.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones».
ANTECEDENTES
El 14 de diciembre de 2016, la DIAN expidió el Mandamiento de Pago nro. 02482,
mediante el cual libró orden de pago en contra de la sociedad MEDIMEX SA (en
adelante, Medimex), por los siguientes conceptos y periodos, más los intereses y
actualizaciones:
Concepto Año Periodo Impuesto
Patrimonio 2011 1 1.003.289.000
Renta equidad 2013 1 41.481.000
Renta equidad 2014 1 36.647.000
Total 1.081.417.000
1
Índice 2 de SAMAI. 23_ED_CDFOLIO1_SETENCIA20171314P(.PDF) NroActua 2.
2
Fls. 13 y 14 c.p.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2017-01314-01 [26047]
Demandante: Medimex SA
El 5 de mayo de 2017, ante el no pago de las obligaciones ni la interposición de
excepciones contra el aludido mandamiento de pago, la entidad profirió la Resolución
nro. 1762 -acto demandado-, mediante la cual ordenó seguir adelante la ejecución por
los anteriores conceptos, más los intereses y actualizaciones causadas desde la
fecha en la que se hicieron exigibles hasta el momento en el que se cancelen3.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante,
CPACA), formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo 1762 del 5 de mayo de 2017,
mediante el cual se ordena seguir la ejecución en contra del contribuyente MEDIMEX S.A.,
identificado con número de NIT […] por la suma de MIL OCHENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($1.081.417.000) valor correspondiente a los
conceptos y periodos señalados a continuación:
Documento Fecha Concepto Año Periodo Impuesto Sanción
No.
4208600842965 26/05/2011 Patrimonio 2011 1 1.003.289.000
1401602093543 22/04/2014 Renta Cree 2013 1 41.481.000
1402602180951 23/04/2015 Renta Cree 2014 1 36.647.000
TOTAL 1.081.417.000
SEGUNDO: Que en consecuencia a la declaración de nulidad se restablezca el derecho,
decretando la pérdida de la ejecutoriedad del acto administrativo sujeto a la presente acción.
TERCERO: Que de conformidad a lo estipulado en el artículo 817 Numeral 1 del Estatuto
Tributario se declare la prescripción de la acción de Cobro Referente a la obligación consagrada
en el documento No. 4208600842965 del 26 de mayo de 2011, la cual equivale a la suma de mil
tres millones doscientos ochenta y nueve pesos.
CUARTO: Que en consecuencia a la Nulidad del Acto Administrativo 1762 del 5 de mayo de
2017, los actos administrativos proferidos con posterioridad al mencionado queden sin efectos
jurídicos».
Invocó como disposiciones violadas los artículos 29 y 209 de la Constitución Política
(CP), 91 numeral 3, 101 y 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), 817 numeral 1 y
826 del Estatuto Tributario (ET) y 422 del Código General del Proceso (CGP).
Como concepto de la violación, expuso:
Notificación del mandamiento de pago. El mandamiento de pago no fue notificado
conforme a lo previsto en el artículo 826 del ET, porque la citación para comparecer
en el término de 10 días no se surtió -hecho décimo de la demanda-.
Prescripción. La obligación contenida en la declaración del impuesto al patrimonio
(2011), presentada por la sociedad de forma extemporánea el 24 de mayo de 2011,
prescribió el 24 de mayo de 2016, de conformidad con el numeral 1 del artículo 817
del ET. A pesar de que el título ya no era exigible y había perdido fuerza ejecutoria,
la DIAN expidió el Mandamiento de Pago nro. 0248 el 14 de diciembre de 2016.
3
Fls. 15, 16 y 34 c.p.
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Violación al debido proceso y derecho de defensa. La Administración profirió el
citado mandamiento de pago sin tener en cuenta que las facultades jurisdiccionales
para el cobro de las obligaciones habían cesado de acuerdo con lo establecido en el
numeral 3 del artículo 91 del CPACA, esto es, al haber perdido obligatoriedad dado
que transcurrieron cinco años de estar en firme, sin que la autoridad realizara actos
para ejecutarlo.
Falsa motivación. Para cuando se emitió el mandamiento de pago -14 de diciembre de
2016-, el título 42086000842965 del 26 de mayo de 2011 había perdido fuerza
ejecutoria, por lo tanto, al iniciarse el proceso de cobro coactivo sin cumplir lo
establecido en el artículo 422 del CGP -obligación clara, expresa y exigible- y sin tener una
motivación jurídica real, es claro que el acto que ordena seguir adelante la ejecución
carece de validez.
Concluyó que el mandamiento de pago, la resolución que ordena seguir adelante la
ejecución y las demás actuaciones surtidas en el proceso de cobro coactivo se
expidieron de manera irregular, en tanto que el funcionario carecía de facultades
para continuar con dicho trámite.
OPOSICIÓN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN se opuso a las
pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación4:
El artículo 298 del ET se refiere al impuesto al patrimonio, el cual dispone dos
momentos diferenciados en materia tributaria: i) la oportunidad para cumplir el deber
formal de presentar la declaración y ii) el relacionado con la obligación sustancial de
pagar los tributos a la Nación.
Frente al pago del impuesto la norma establece dos eventos: (i) si se señala un único
pago este deberá hacerse en forma concomitante a la fecha de vencimiento prevista
por el gobierno nacional para la presentación de la declaración y (ii) en caso de que
la norma fiscal prevea que es mediante abonos o cuotas , este se deberá realizar en
las fechas que se fijen.
En cuanto a la obligación sustancial del impuesto al patrimonio del año 2011, el
gobierno fijó mediante decreto la oportunidad de su pago en ocho (8) cuotas desde el
2011 al 2014, de ahí que su exigibilidad coercitiva no dependa de la fecha de
presentación de la declaración tributaria que, en este, como lo alega la parte actora,
fue extemporánea -24 de mayo de 2011-.
La exigibilidad por medio coercitivo se condiciona al incumplimiento de cada uno de
los pagos, es decir, cualquiera de las cuotas entre el 2011 hasta el 2014. Por lo que
es desacertado el planteamiento de la demandante al afirmar que para cuando se
expidió el mandamiento de pago -14 de diciembre de 2016- la entidad había perdido
competencia por haber operado la prescripción.
4
Fls. 58 a 82 c.p.
3
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La obligación en discusión no está prescrita, toda vez que es el vencimiento de las
cuotas lo que constituye la condición suspensiva dispuesta por el gobierno para el
cumplimiento sustancial. De modo que, en este caso, su exigibilidad tenía como
plazo máximo el 17 de septiembre de 2014, fecha en la que se cumplió la última
cuota, sin pago.
Agregó que el numeral 1 del artículo 828 del ET señala que constituyen título
ejecutivo las liquidaciones privadas sin pago, las que son cobrables a partir del
vencimiento del término dispuesto para su exigibilidad.
Respecto a la falsa motivación alegada por la actora, manifestó que no está
fundamentada en forma coherente y conforme a lo previsto en el artículo 138 del
CPACA.
Finalmente, sostuvo que la solicitud de prescripción es extemporánea, comoquiera
que no se hizo uso del medio exceptivo en la oportunidad prevista en los artículos
830 y 831 del ET, situación que, a la luz del debido proceso, derecho de defensa y
garantía de la controversia probatoria que le asiste a la DIAN, torna improcedente su
reconocimiento en sede judicial.
AUDIENCIA INICIAL
El 2 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 20115. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron
irregularidades procesales, nulidades, ni medidas cautelares. Se indicó que la parte
demandada no propuso excepciones. El litigio se concretó en determinar la legalidad
del acto administrativo demandado.
En la misma diligencia se ordenó tener como pruebas las aportadas con la demanda
y la contestación, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección “B” en la
sentencia apelada: (i) anuló parcialmente el acto administrativo demandado, (ii) a
título de restablecimiento del derecho declaró prescrita la acción de cobro respecto
de la primera y segunda cuota que la actora debía pagar por concepto del impuesto
al patrimonio del año gravable 2011, y en relación con las demás cuotas y
obligaciones por concepto de renta de los años gravables 2013 y 2014 dispuso que
se debía continuar el proceso de cobro coactivo, y (iii) negó las demás pretensiones,
sin pronunciarse sobre las costas6.
Expuso que, conforme a los hechos probados, el 16 de diciembre de 2016 la DIAN
envió citación para surtir la notificación personal del mandamiento de pago,
comunicación que según la constancia emitida por la empresa de mensajería se
surtió de manera exitosa. Vencido el plazo de 10 días y ante la no comparecencia del
5
Fls. 110 a 128 c.p.
6
Índice 2 de Samai.
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deudor, el 29 de diciembre de 2016 se remitió notificación por correo, sin embargo,
esta fue devuelta en dos oportunidades -31 de diciembre de 2016 y 3 enero de 2017- por lo
que atendiendo a lo previsto en el artículo 568 del ET, dicho acto se notificó por aviso
el 8 de febrero de 2017 en el portal Web de la entidad, siguiendo el procedimiento
establecido para tal fin.
Respecto a la solicitud de prescripción, aclaró que esta se puede presentar como
excepción al mandamiento de pago, pero también procede a petición de parte o de
oficio (art. 817 ET).
Indicó que el título ejecutivo objeto de cobro es una declaración debidamente
presentada por la sociedad, con saldo a cargo sin cancelar, por lo que conforme al
artículo 828 del ET será exigible desde el vencimiento de la fecha establecida por la
ley para el pago de la obligación declarada.
En ese contexto, debe tenerse en cuenta que la obligación condicionada a un plazo
no influye en la existencia de la misma sino retarda su cumplimiento, por lo tanto, no
presta mérito ejecutorio y no es exigible antes de su vencimiento, tal como lo ha
precisado el Consejo de Estado7.
En el presente caso, si bien es cierto la obligación tributaria se causó el 1º de enero
de 2011 y se cumplió con la presentación de la declaración, también lo es que la
obligación sustancial se entiende satisfecha cuando se cancela el tributo, el cual se
supeditó al pago de 8 cuotas iguales debidamente señaladas por el Gobierno, de
manera que la acción de cobro solo es posible ejercerla a partir del momento de la
exigibilidad del título, entendiendo esto como la facultad de la Administración para
exigir su satisfacción una vez vencido el plazo para el pago.
Afirmó que no se desconoce que la acción de cobro debe ser ejercida dentro de los
cinco años siguientes a los supuestos señalados en el artículo 817 del ET, so pena
de operar la prescripción, y con fundamento en esta la demandante pretende que el
término se cuente a partir de la fecha de presentación de la declaración -24 de mayo de
2011-. No obstante, «debe hacerse una interpretación armónica del procedimiento de cobro, pues
las circunstancias referidas en el artículo 817 ib. no tienen en cuenta la exigibilidad de la obligación
cuando la misma se encuentra sometida a un plazo, requisito sine qua non, ni siquiera existiría título
que prestara mérito ejecutivo (artículo 828 del ET). Luego, el término de prescripción del artículo 817
ejusdem resulta aplicable a las obligaciones puras y simples, en las cuales el cumplimiento formal y
sustancial se da en un solo momento, y es a partir del mismo, que sin lugar a dudas se puede dar
inicio al conteo de un término para extinguir la acción de cobro».
Comoquiera que la norma tributaria no regula el momento desde el cual se debe
contar el término de prescripción de la acción de cobro cuando las obligaciones se
encuentran sujetas a plazo, se debe acudir al artículo 2535 del CC, por lo que este se
contabiliza a partir de que la obligación se ha hecho exigible.
Como la acción de cobro solamente se puede ejercer a partir del momento en que el
título presta mérito ejecutivo y comoquiera que el Gobierno Nacional determinó que
la obligación del impuesto al patrimonio se cumplía con el pago de ocho alícuotas,
concluyó que, al ser cada cuota exigible en una fecha específica, el término de
prescripción frente a cada una es independiente.
7
Citó el auto del 30 de mayo de 2013, exp. 18057, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Teniendo en cuenta que el mandamiento de pago nro. 0248 del 14 de diciembre de
2016 se notificó el 8 de febrero de 2017, la primera (19 de mayo de 2011) y segunda
cuota (19 de septiembre de 2011) debían ser cobradas hasta el 20 de mayo y el 20
de septiembre de 2016, respectivamente, por lo que están prescritas.
Respecto a la pérdida de ejecutoria de la Resolución nro. 1762 del 5 de mayo de
2017, por la que se ordenó seguir adelante la ejecución, manifestó que de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 818 del ET,
interrumpida la prescripción con la notificación del mandamiento de pago, esta se
reanuda a partir del día siguiente, esto es, desde el 9 de febrero de 2017 hasta el 9
de febrero de 2022, y comoquiera que para el momento en el que se profirió el acto
demandado la Administración estaba dentro del término de prescripción, no le asiste
razón a la demandante en su argumento.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque, con fundamento en lo siguiente8:
Inaplicabilidad de la norma tributaria y la regulación interna de la DIAN. El
tribunal bajo criterios subjetivos interpretó el artículo 817 del ET, aduciendo que la
acción de cobro solamente es posible ejercerla a partir de que el título preste mérito
ejecutivo y, por lo tanto, los 5 años se deben contabilizar desde que se hizo exigible la
obligación, supuesto que no está previsto en la citada norma.
Dicha disposición es clara y no ofrece dificultad interpretativa, además es de orden
público y por ende de obligatorio cumplimiento, de ahí que sea imperativo aplicar los
presupuestos fácticos y jurídicos establecidos en la misma.
En el presente caso es evidente que la acción de cobro prescribió el 26 de mayo de
2016, atendiendo lo previsto en el numeral 2 del artículo 817 del ET –la declaración se
presentó en forma extemporánea el 26 de mayo de 2011-, pese a lo cual, los funcionarios de
cobranzas de la entidad no declararon de oficio dicho fenómeno, desconociendo los
preceptos legales y los lineamientos institucionales. Citó al respecto el concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil 1904 de 2008 para indicar que a partir de la vigencia
de la Ley 1066 de 2006, los representantes de las entidades públicas están facultados
para decretar de oficio la prescripción de un derecho que no está contenido en un
acto administrativo, así como, para declarar la extinción del cobro coactivo cuando
opere la figura de la remisión de obligaciones o cuando adviertan que los actos
administrativos que se pretenden hacer efectivos perdieron su fuerza ejecutoria.
Interpretación extensiva de la norma. La sentencia apelada efectuó una
interpretación extensiva del artículo 817 del ET, pese a estar prohibido,
desconociendo el debido proceso, el derecho de defensa, legalidad, igualdad, falta de
motivación y desviación de tema y atribuciones. Al respecto citó pronunciamientos de
la Corte Constitucional9 y del Consejo de Estado10 sobre la interpretación de las
normas jurídicas.
8
Índice 21 de SAMAI. ED_EXPEDIENTE_001NYR1800319C1(.pdf) NroActua 2. Págs. 536 a 544.
9
T-1039/06, C-015/20 y C-054/16.
10
Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00037-00 (50219).
6
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En el fallo objeto de apelación se obvió la importancia de la interpretación restrictiva
de las normas, pues el citado artículo 817 del ET señala que el término de
prescripción de las obligaciones tributarias se debe contar a partir de la fecha de
presentación de la declaración extemporánea, en este caso, desde el 26 de mayo de
2011 hasta el 26 de mayo de 2016, por lo que no es dable aplicar el artículo 828
ibidem.
Inexistencia de título ejecutivo. La inexistencia del hecho generador que dio origen
formal a la obligación perdió la fuerza ejecutoria debido a su prescripción, lo que hace
inaplicable el artículo 828 del ET, que citó el tribunal.
Cuando una obligación está prescrita ya no es posible exigir su cumplimiento, como
en el presente caso del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, el que
prescribió desde el 24 de mayo de 2016, por lo que no había título para librar el
mandamiento de pago.
Señaló que en el Oficio nro. 028842 del 22 de noviembre de 2018, emitido por la
Oficina de Normativa y Doctrina de la DIAN, la entidad se pronunció frente a la
prescripción de la acción de cobro de todas las obligaciones tributarias, incluido el
impuesto al patrimonio, e indicó que conforme al artículo 817 del ET esta prescribe
desde la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno
Nacional.
Ante la inexistencia de la declaración que dio origen al título ejecutivo por la pérdida
de ejecutoria (art. 91 CPACA), la funcionaria que libró el mandamiento de pago debió
haber llevado a cabo el proceso de archivo y saneamiento contable previsto en la Ley
716 de 2001.
Transgresión de los artículos 2, 6, 29 y 209 de la Constitución Política. Se
desconocieron dichas normas al: (i) incumplirse la obligación de garantizar los
principios, derechos y deberes previstos en la Constitución, (ii) al omitirse las
orientaciones y directrices de la entidad que son de obligatorio cumplimiento, (iii) al
vulnerarse el debido proceso y (iv) no acatarse los múltiples pronunciamientos de la
DIAN decretando prescripciones en aplicación del artículo 817 del ET. Citó al respecto
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado11.
Falsa motivación. En la sentencia de primera instancia se relacionaron normas que
no aplican al caso (no se especifican) y se motivó la decisión sin un sustento objetivo,
en tanto se aceptó un cobro coactivo que no acató las normas aplicables,
fundamentado en hechos que no son reales.
Primacía de la norma especial sobre la general. El fallo se amparó en lo dispuesto
en el artículo 2535 del CC, sin tener en cuenta que la jurisdicción tributaria tiene
norma especial (art. 817 del ET), la cual debe ser considerada para resolver el
presente asunto.
Indicó que el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 establece que cuando haya
incompatibilidad entre una disposición relativa a un asunto especial, se preferirá a la
11
T-747/13 y 00447 de 2011.
7
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que tenga carácter general. Citó la sentencia C-005/96 y el concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 00051 de 2017.
Título ejecutivo simple y título ejecutivo complejo. En el mandamiento de pago se
hizo referencia únicamente al periodo 1 de la declaración nro. 4208600842965,
presentada y exigible para su cobro el 26 de mayo de 2011, entendiendo y
reconociendo la Administración un único título objeto de cobro, por todo su valor,
razón por la cual, para efectos de prescripción no se puede contar a partir de la fecha
de vencimiento de cada una de las cuotas.
Si de acuerdo al entender del a quo, presta mérito ejecutivo cada una de las cuotas
una vez se haya vencido el término señalado para su pago, el mandamiento debía
contener un título ejecutivo complejo, lo cual no se denota en la descripción que en
dicho acto se hace, pues como se indicó, en este se reconoció como un solo título la
declaración presentada. Al respecto, citó las sentencias de la Corte Constitucional T-
747/13, del Consejo de Estado, Sección Segunda del 17 de marzo de 2014, Rad.
11001032500020140014700 (0545-14), y el concepto del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar 126 de 2016.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación se admitió mediante auto del 18 de enero de 202212. El 29 de
abril de 2022 se negó la práctica de la prueba solicitada por la parte actora con el
recurso de apelación13. Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de
reposición y súplica, los cuales fueron resueltos el 24 de mayo de 2023 14 y el 21 de
septiembre del mismo año15, respectivamente, ambos confirmando la decisión
recurrida. Por auto del 22 de noviembre de 2023 se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que alegaran de conclusión y emitiera concepto,
respectivamente16.
La parte demandante alegó de conclusión e insistió en los argumentos expuestos
en el recurso de apelación17.
La parte demandada presentó alegatos de conclusión y reiteró lo planteado en la
contestación de la demanda. Agregó que la obligación por el impuesto al patrimonio
por el año gravable 2011 no se encuentra prescrita porque como lo señaló el a quo la
acción de cobro solamente es posible ejercerla a partir del momento en el que el
título presta mérito ejecutivo, por lo tanto, el término de prescripción debe
contabilizarse dentro de los 5 años siguientes a que se hizo exigible la obligación,
que para el caso concreto corresponde al vencimiento del pago de cada cuota
establecido por el Gobierno Nacional, por lo que se genera un término de
prescripción independiente18.
El Ministerio Público conceptúo y solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia, porque el término de prescripción de la acción de cobro debe contarse de
12
Índice 4 de Samai.
13
Índice 12 de Samai.
14
Índice 25 de Samai.
15
Índice 33 de Samai.
16
Índice 40 de Samai.
17
Índice 48 de Samai.
18
Índice 46 de Samai.
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manera individual, pues a su juicio no es lógico que se corra el mismo término frente
a las ocho cuotas, teniendo en cuenta que los momentos de exigibilidad frente a
cada una son distintos, como lo sostuvo el tribunal con fundamento en el artículo
2535 del CC, de manera que el término de 5 años se contabiliza a partir del día en el
que el pago de cada cuota se hizo exigible19.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad del acto administrativo mediante el cual la DIAN ordenó seguir
adelante la ejecución contra la sociedad MEDIMEX SAS por la suma de
$1.081.417.000, más los intereses y actualizaciones causadas desde la fecha en la
que se hicieron exigibles las obligaciones objeto de cobro, hasta el momento en que
se paguen.
Se advierte que el argumento sobre la inexistencia del título ejecutivo, porque en el
mandamiento de pago solo se mencionó el primer periodo de la declaración del
impuesto al patrimonio de 2011, no fue planteado en la demanda, por lo que la
entidad no pudo controvertirlo y el tribunal no lo analizó.
Por consiguiente, la Sala se abstendrá de abordar su estudio, en tanto que, si bien
conforme al artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por el apelante, no se puede obviar que estos
deben ser consonantes con lo planteado en la demanda, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y se desatendería
el objeto del recurso de apelación, que no es otro que se examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión tomada por el a quo (art.
320 CGP)20.
En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandante le
corresponde a la Sala examinar la forma como se debe contabilizar el término de
prescripción respecto de las obligaciones surgidas por concepto del impuesto al
patrimonio de 2011, para cuyo pago se establecieron plazos. En concreto, se debe
determinar si es a partir de la presentación -extemporánea- de la declaración como lo
alega la sociedad actora –num. 2 art. 817 ET- o desde el vencimiento del término de
cada una de las cuotas sin pago, como lo dispuso el tribunal.
Aplicación del término de prescripción en la acción de cobro del impuesto al
patrimonio cuyo pago está sometido a plazos
Para la parte apelante, en el presente asunto se debe aplicar el numeral 2 del artículo
817 del ET, por ser norma especial, conforme con el cual el término de prescripción
de la acción de cobro se debe contabilizar a partir de la fecha de presentación de la
declaración extemporánea, sin que sea posible acudir al artículo 828 ibidem y 2535
del CC, como lo hizo el tribunal.
19
Índice 49 de Samai.
20
En el mismo sentido, cfr. las sentencias del 9 de septiembre de 2021, exp. 22652, del 19 de mayo de 2022, exp. 24088, y del
29 de junio de 2023, exp. 26364, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Medimex SA
No es objeto de discusión que el impuesto al patrimonio del año gravable 2011 se
podía pagar en ocho (8) cuotas, en los términos previstos en los Decretos 4836 del
30 de diciembre de 2010 y 4907 del 26 de diciembre de 2011, coincidiendo la
primera cuota con la fecha de presentación de la declaración -19 de mayo de 2011-21.
En el expediente está probado lo siguiente:
El 24 de mayo de 2011, la sociedad Medimex presentó en forma extemporánea la
declaración del impuesto al patrimonio de 2011, en la que registró un saldo a pagar
de $1.003.289.000, y un valor pago impuesto de 022.
El 14 de diciembre de 2016, la DIAN expidió el Mandamiento de Pago nro. 024823,
mediante el cual libró orden de pago a la sociedad MEDIMEX SA, por los siguientes
conceptos y periodos, más los intereses y actualizaciones:
No. Concepto Año Periodo Impuesto Sanción
4208600842965 Patrimonio 2011 1 1.003.289.000 0
1401602093543 Renta equidad 2013 1 41.481.000 0
1402602180951 Renta equidad 2014 1 36.647.000 0
Total 1.081.417.000 0
Ante el no pago de las obligaciones ni la interposición de excepciones contra el
citado mandamiento de pago, la DIAN profirió la Resolución nro. 1762 del 5 de mayo
de 2017, mediante la cual ordenó seguir adelante la ejecución por los anteriores
conceptos, más los intereses y actualizaciones causadas desde la fecha en la que se
hicieron exigibles hasta el momento en el que se cancelen24.
Para resolver, se advierte que como lo puso de presente la parte actora, el artículo
817 del ET determina el plazo de prescripción de cinco (5) años de la acción de
cobro de las obligaciones tributarias dependiendo del título ejecutivo que la contenga,
así: (i) la fecha del vencimiento del término para declarar fijado por el Gobierno
Nacional para las declaraciones presentadas oportunamente, (ii) la fecha de
presentación de la declaración en el caso de las presentadas en forma
extemporánea, (iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección, en
relación con los mayores valores y (iv) la fecha de ejecutoria del respectivo acto
administrativo de determinación y discusión.
No se puede desconocer que el término de prescripción extintiva está expresamente
ligado al momento en el que la obligación se hace exigible, por lo que, tratándose
de obligaciones sometidas a plazo, como ocurre con el impuesto al patrimonio de
2011, es necesario interpretar de forma sistemática el artículo 817 del ET con el
artículo 2535 del CC, en tanto, para la Sala, la regulación de la prescripción en
dicho estatuto se agota con los artículos 817, 818 y 819 «lo que supone que deban
aplicarse las reglas dispuestas en el ordenamiento civil, considerando que el fenómeno prescriptivo
corresponde a una categoría jurídica propia de ese ordenamiento, en torno a la cual las normas
tributarias no tendrían que prever las vicisitudes que ya habían sido previstas en aquella normativa»25.
21
Medimex SA debía declarar y pagar la primera cuota del impuesto al patrimonio de 2011 -último digito del Nit. 8- el 19 de
mayo de 2011. Las demás cuotas en las siguientes fechas: 19 de septiembre de 2011, 18 de mayo de 2012, 19 de septiembre
de 2012, 21 de mayo de 2013, 18 de septiembre de 2013, 20 de mayo de 2014 y 17 de septiembre de 2014.
22
Fl. 18 c.p.
23
Fls. 13 a 14 c.p.
24
Fls. 15 a 16 c.p.
25
Sentencia del 31 de agosto de 2023, exp. 27504, C.P. Wilson Ramos Girón.
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Demandante: Medimex SA
En materia fiscal esta corporación ha precisado que existen dos tipos de
obligaciones: formales y sustanciales, la primera surge por la causación del impuesto
que se declare, y la segunda consiste en la entrega de una suma de dinero al sujeto
activo del gravamen. En algunos casos se dan las dos obligaciones al mismo tiempo
declarar y pagar y, en otros eventos en fechas diferentes26.
Aclarado lo anterior, se advierte que el artículo 2535 del CC señala que la
prescripción que extingue las acciones exige cierto lapso durante el cual no se hayan
ejercido y el tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible. Por lo
tanto, si la obligación es pura y simple, la prescripción comienza a partir de los
hechos constitutivos de su fuente; si es condicional, al cumplimiento de la condición y
hasta entonces paraliza su nacimiento; y si es a plazo, desde el vencimiento de este,
porque esta modalidad difiere hasta entonces el cumplimiento de la obligación.
Es criterio pacífico y reiterado de la Sección Cuarta que el inicio de un proceso
administrativo de cobro –con la expedición del mandamiento de pago- implica la
preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo, esto es, que contenga una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, por no estar pendiente de ningún
plazo o condición27. En lo que concierne a las declaraciones privadas y sus
correcciones, estas prestarán mérito ejecutivo desde el vencimiento de la fecha para
su cancelación (art. 828 num. 1 ET).
En ese orden, acorde con los artículos 817 y 828 numeral 1 del ET e inciso segundo
del artículo 2535 del CC, tratándose de obligaciones tributarias sujetas a plazo, el
término de prescripción de la acción de cobro debe contarse a partir de su
exigibilidad, esto es, para el caso, del vencimiento de cada cuota.
Así, teniendo en cuenta que en este asunto la obligación del pago del impuesto al
patrimonio de 2011 con cargo a la sociedad Medimex SA estaba sometido al plazo
señalado por el Gobierno Nacional -8 cuotas-, es desde el vencimiento de cada una de
ellas que se debe contabilizar el término de prescripción; por lo tanto, en
consideración a que los vencimientos de las cuotas tercera a octava corresponden al
18 de mayo de 2012, 19 de septiembre de 2012, 21 de mayo de 2013, 18 de
septiembre de 2013, 20 de mayo de 2014 y 17 de septiembre de 2014, y el
mandamiento de pago se notificó el 8 de febrero de 2017, le asiste razón al tribunal
al no declarar prescritas las obligaciones -cuotas 3ª a 8ª- relacionadas con el citado
tributo, en tanto no se superó el término de prescripción de 5 años.
En cuanto al argumento, según el cual en el Oficio nro. 028842 del 22 de noviembre
de 2018, emitido por la Oficina de Normativa y Doctrina de la DIAN, la entidad se
pronunció frente a la prescripción de la acción de cobro de todas las obligaciones
tributarias, incluido el impuesto al patrimonio, e indicó que conforme al artículo 817
del ET esta prescribe desde la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado
por el Gobierno Nacional, se precisa que tal concepto no resulta vinculante para el
juez, a quien le corresponde realizar el control de legalidad de los actos
administrativos demandados.
26
Cfr. la sentencia del 17 de julio de 2014, exp. 19053, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
27
Cfr. las sentencias del 11 de mayo de 2017, exp. 20337, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 12 de diciembre de 2018,
exp. 23288, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 21 de mayo de 2020, exp. 24228, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del
27 de octubre de 2022, exp. 26847 y del 2 de febrero de 2023, exp. 26754, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 28 de
septiembre de 2023, exp. 26562, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
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Demandante: Medimex SA
Por lo expuesto, y sin que sea necesario analizar el argumento relacionado con la
aplicación de la Ley 716 de 2001 -saneamiento contable-, en tanto está probado que no
operó la prescripción de las cuotas tercera a octava del impuesto al patrimonio de
2011, se concluye que ante la no prosperidad del recurso de apelación lo procedente
es confirmar la sentencia apelada.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8) del
Código General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y
agencias en derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. RECONOCER personería para actuar como apoderado de la parte demandante
al abogado Jesús María Carrillo Ballesteros, en los términos y para los efectos de la
sustitución del poder visible en el índice 47 de Samai.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva el voto
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