Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2017-01479-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2017-01479-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-37-000-2017-01479-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D. C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000 23 37 000 2017 01479 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Procedimiento para reintegro de excedente de tasa de vigilancia
Decisión: Revoca y declara probada de oficio la excepción de acto no sujeto a
control judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 30 de julio de 2020, proferida por la Subsección “B” de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA DEMANDA
El 25 de septiembre de 2017, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (en adelante la parte
actora), presentó la demanda de la referencia contra de la Superintendencia de Puertos
y Transporte (en adelante la Superintendencia o SPT).
1.1. Pretensiones
1. Que se declare la nulidad de la actuación administrativa contenida en el Oficio No.
2017-540-011215-1 del 13 de febrero de 2017 (anexo 3), expedido por el Coordinador
Grupo de Financiera de la Superintendencia de Puertos y Transporte, por medio del
cual se negó la devolución de lo pagado en exceso o de lo no debido por concepto
de tasa de vigilancia de los años 2012, 2013 y 2014.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la
Superintendencia de Puertos y Transporte a proceder a expedir un acto administrativo
liquidando los excedentes por concepto de la TASA DE VIGILANCIA de los años
2012, 2013 y 2014.
3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la
Superintendencia de Puertos y Transportes al restablecimiento del derecho por medio
de la devolución a mi prohijado de los excedentes para los siguientes años:
i. AÑO 2012. la suma CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ML ($40.376.829), valor pagado en
exceso a la Superintendencia de Puertos y Transporte por concepto de tasa de
vigilancia por el año 2012; valor que indexado a agosto 31 de 2017 equivale a la suma
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESO ML ($49.679.881).
ii. AÑO 2013, la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ML. ($12.743.614), valor pagado en exceso
a la Superintendencia de Puertos y Transporte por concepto de tasa de vigilancia por
el año 2013; valor que indexado a agosto 31 de 2017 equivale a QUINCE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS ML ($15.352.639).
iii. AÑO 2014. la suma TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ML. ($37.609.266), valor pagado en
exceso a la Superintendencia de Puertos y Transporte por concepto de tasa de
vigilancia por el año 2014; valor que indexado a agosto 31 de 2017 equivale a
CUARENTA Y TRES MILLONES SISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ML. ($43.643.955).
Las anteriores sumas se piden debidamente indexadas y con intereses hasta la fecha
en que se haga su reconocimiento y pago.
4. Que se condene en costas y en agencias en derecho a la parte demandada.1
1.2. Acto cuestionado
Doctora
LILIANA LÓPEZ MUÑÓZ
CRA. 7ª No. 134B-50 CASA 2
Bogotá
ASUNTO: Respuesta a sus derechos de petición con radicado No. 2016-560-11653-
2 del 28 de diciembre de 2016 y No. 2015-560-090262-2 del 16 de diciembre de 2015.
Respetada Doctora Liliana:
En atención a su derecho de petición referenciado en el asunto de esta comunicación,
me permito indicar lo siguiente:
PETICION
1. Informar si la Superintendencia de Puertos y Transporte ha reembolsado a las
empresas vigiladas de que trata la Ley 1 de 1991 lo pagado en exceso o de lo no
debido correspondiente a los excedentes de los valores recaudados por concepto de
tasa de vigilancia en las vigencias 2012, 2013 y 2014.
2. Efectuar la liquidación de los valores que se le deben reembolsar a la empresa
TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTUR S.A.S. -
TECSA S.A.S. correspondientes a lo pago en exceso o de lo no debido por el mayor
valor pagado por concepto de tasa de vigilancia correspondientes a los años 2012,
2013 y 2014.
3. Ordenar la indexación de los valores objeto de devolución, y el pago: de intereses.
a la máxima tasa hasta la fecha en que se realice la efectiva devolución de lo debido.
1 Visible a índice 29 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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4. Ordenar la devolución y pago de los valores que deben reembolsarse a la empresa
TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.S. -
TECSA S.A.S.
Así las cosas, este despacho muy amablemente se permite responder a lo solicitado
en los siguientes términos:
Respuesta a la petición:
A la petición No. 1:
La Superintendencia de Puertos y Transporte no ha efectuado la devolución de ningún
valor a las empresas vigiladas de que trata la Ley 1 de 1991 ni la ley 1450 de 2011,
por concepto de lo pagado en exceso o de lo no debido correspondiente a los
excedentes de los valores recaudados por concepto de tasa de vigilancia en las
vigencias 2012, 2013 y 2014. Lo anterior, porque no se ha expedido el acto
administrativo que decreta que hubo excedentes entre lo recaudado por concepto de
tasa de vigilancia y el presupuesto ejecutado, o que hubo déficit.
A las peticiones No. 2 a No. 4:
Esta Coordinación se permite precisar que, el valor informado en la certificación
expedida por el Ministerio de Hacienda correspondiente, a recaudo de la
Superintendencia de Puertos y Transporte por las vigencias 2012, 2013 y 2014, no
puede tenerse como base para determinar si hubo excedentes en lo pagado por
concepto de tasa de vigilancia, ya que esta certificación integra valores diferentes a
la tasa de vigilancia, entre los que se incluyen multas administrativas.
Por lo anterior, la Superintendencia de Puertos y Transporte no accederá a la petición
de TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA
S.A.S. – TECSA S.A.S.
Cordialmente
Edgar Ricardo Lombo Bastidas
Coordinador Grupo Financiera”2.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas la parte actora señaló los artículos 4 de las
Resoluciones números 10225 del 23 de octubre de 2012, 5150 del 27 de noviembre de
2013 y 4188 del 16 de diciembre de 2014, expedidas por el Ministerio de Transporte y el
numeral 2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991.
1.3.2. Como hechos relevantes expuso que la empresa Terminal Especializado de
Contenedores de Buenaventura S.A.S. se fusionó por absorción con la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A.S.
Sostuvo que mediante las Resoluciones números 10225 del 23 de octubre de 2012, 5150
del 27 de noviembre de 2013 y 4188 del 16 de diciembre de 2014, el Ministerio de
Transporte fijó la tarifa de las tasas de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia
las empresas vigiladas previstas en la Ley 1ª de 1991, para las vigencias fiscal de los
2 Ibidem.
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años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Allí se determinaron los porcentajes del
ingreso bruto a cancelar por cada anualidad.
Informó que el 26 de noviembre de 2012 pagó ciento noventa y un millones doscientos
ochenta y un mil novecientos treinta y dos pesos ($191.281.932) a la Superintendencia
por concepto de tasa de vigilancia correspondiente al año 2012. Asimismo, el 24 de
diciembre de 2013, canceló ciento cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y cinco
mil cuatrocientos setenta y seis pesos ($156.845.466) por la vigencia fiscal de 2013 de
dicho tributo y, por último, respecto del año 2014, el 29 de diciembre de dicho año,
consignó el monto de doscientos veintiún millones seiscientos noventa y cuatro mil
doscientos ochenta y cuatro pesos ($ 221.694.284).
Afirmó que el 3 de noviembre de 2015 la Coordinadora del Grupo de Registro Contable
de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda certificó los montos recaudados por concepto de tasa
de vigilancia para los años 2012, 2013 y 2014, de la siguiente manera:
2012: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
QUINCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ML.
($22.758.115.065.19).
2013: VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE
CENTAVOS ML. ($26.137.827.883.17).
2014: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ML ($31.662.884.590.36).
Adujo que, en Oficio núm. 2 2015 045647 del 24 de noviembre de 2015, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público indicó que el presupuesto ejecutado por la Superintendencia
para las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014, había sido:
2012: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($17.954.208.500).
2013: VEINTICUATRO MIL CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($24.014.142.770).
2014: VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CATORCE (sic) MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE
($26.291.443.912).
Expuso que presentó un derecho de petición ante la SPT en el que solicitó que le
informara si había efectuado algún rembolso en relación con el pago en exceso o de lo
no debido por concepto de tasa de vigilancia de los años 2012, 2013 y 2014. Solicitud
que recibió respuesta el 13 de febrero de 2017 con Oficio núm. 2017 540 011215 1.
1.3.3. En el acápite relativo al concepto de violación, aseguró que el acto acusado había
incurrido en falsa motivación y desconocimiento de los artículos 4 de las Resoluciones
números 10225 del 23 octubre de 2012,5150 del 27 noviembre de 2013 y 4188 de 16 de
diciembre de 2014 expedidas por el Ministerio de Trasporte, al no cumplir con la
obligación legal de reembolsar a los contribuyentes los mayores valores recaudados, en
forma de abonos para las siguientes vigencias.
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Sostuvo que el numeral 2 de artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 estableció que los montos
que percibe la SPT por la tasa de vigilancia debían ser equivalentes al presupuesto
ejecutado en gastos de funcionamiento.
En ese orden, resaltó que la entidad demandada tenía la obligación de comparar, al
finalizar la ejecución presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014, las cifras equivalentes
al recaudo del citado tributo y los gastos de funcionamiento. Esto, con la finalidad de
liquidar los valores pagados en exceso por las empresas vigiladas y, en consecuencia,
compensar dichos montos en las vigencias futuras.
Argumentó que la SPT en el oficio acusado expuso que no se daba la orden de
devolución, en razón a que no se había expedido el acto administrativo que determinaba
si existió no un excedente entre lo recolectado por concepto de tasa de vigilancia y el
presupuesto ejecutado o si hubo déficit.
Manifestó que era claro que con la decisión impugnada se habían vulnerado las normas
en que debía fundarse la decisión de la administración y, a su vez, se incurrió en falsa
motivación, pues la Superintendencia se encontraba en la obligación de compensar los
valores pagados en exceso por el tributo referido y no se podía escudar en la falta de
expedición del acto que definía la existencia del excedente, para negar la procedencia de
la solicitud.
Además, indicó que se configuró falsa motivación por desconocimiento de lo estipulado
en la certificación CERT/627/2015 del 3 de noviembre de 2015, proferida por la
Coordinación del Grupo de Registro Contable de la Subdirección de Operaciones de la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, pues
en el acto acusado se puso de presente que los valores que se encontraban identificados
en dicho documento no hacían referencia exclusivamente a la tasa de vigilancia, en la
medida en que incluían las multas administrativas.
Señaló que la afirmación de la Superintendencia en torno a las cuentas bancarias carecía
de sustento probatorio, en la medida en que en dichas cuentas no se recaudaban
recursos distintos de aquellos correspondientes a la tasa de vigilancia. Indicó que ello se
evidenciaba en los mandamientos de pago expedidos por la propia entidad para el
recaudo de multas y sanciones, en los cuales se disponía expresamente que los valores
debían consignarse en la cuenta bancaria denominada “Contribución Multas
Administrativas”.
Por último, aseveró que el certificado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sí
contenía los valores recaudados por la SPT por tasa de vigilancia de los años 2012, 2013
y 2014. Por lo tanto, dichos montos debían ser tenidos en cuenta para determinar la
existencia de los excedentes.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SPT respondió el libelo introductorio pidiendo que se negaran las pretensiones, bajo
los siguientes argumentos3:
3 Visible a folios 207 a 215 del Cuaderno del Tribunal.
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En primer lugar, indicó que la demanda incurría en error al concluir que existían saldos
no ejecutados en el presupuesto de la entidad, basándose en el documento
CERT/627/2015 del 3 de noviembre de 2015 y en el comunicado del 24 de noviembre de
2015, el cual no fue firmado por funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En segundo lugar, señaló que la Sociedad Portuaria afirmó que se debían devolver los
excedentes de las vigencias fiscales 2012, 2013 y 2014 a los vigilados que pagaron la
tasa de vigilancia, sin considerar que en las cuentas bancarias con números 50001254
del Banco Popular y 219046042 del Banco de Occidente, también se recibían multas
impuestas a las empresas vigiladas.
En tercer lugar, frente a la vulneración de norma superior adujo que, de acuerdo con los
derechos de petición y la respuesta brindada, se concluía que lo pretendido por la
sociedad demandante era el cumplimiento de lo previsto en el numeral 2 del artículo 27
de la Ley 1 de 1991 y los artículos 4 de las Resoluciones números 10225 de 2012, 5150
de 2013 y 4188 de 2014, comoquiera que la parte actora entiende que, en las vigencias
fiscales de 2012, 2013 y 2014, se generaron excedentes que deben ser devueltos a los
vigilados. Por lo tanto, lo que en realidad perseguía era la expedición de los actos
administrativos de liquidación de excedentes, para cada anualidad, esto es, la finalidad
de la demanda es que la administración profiera una decisión de carácter general en
cumplimiento de la ley o del acto administrativo. En cuanto al cargo de falsa motivación
manifestó que la parte actora no exhibió sustento alguno.
En cuarto y último lugar, discutió el dictamen pericial contable allegado con el escrito
inicial, pues en su criterio dicha prueba no reunía los requisitos previstos en los artículos
218 a 221 del CPACA ni lo dispuesto en los artículos 226 a 235 del Código General del
Proceso4.
Al mismo tiempo, la entidad demandada formuló como excepciones previas: (i) caducidad
e (ii) indebida escogencia del medio de control5, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Caducidad
Argumentó que el acto demandado fue notificado el 21 de febrero de 2017, por lo que el
término de cuatro (4) meses para interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho transcurrió entre el 22 de febrero y el 22 de junio de 2017.
Precisó que la parte actora presentó solicitud de conciliación el 22 de junio de 2017. Y la
audiencia se celebró el 21 de septiembre de 2017, cuya constancia se expidió el 22 de
septiembre de 2017, fecha en la que debía radicarse la demanda. Sin embargo, esta fue
presentada el 25 de septiembre de 2017, por lo que operó el fenómeno de la caducidad.
4 Al resolver sobre las pruebas, en la audiencia inicial del 27 de agosto de 2019, el despacho sustanciador
decidió que, al momento de proferir sentencia de primera instancia, valoraría el dictamen pericial contable
allegado con la demanda como un informe técnico. Contra esa decisión la apoderada de la parte actora
interpuso recurso de reposición. El Magistrado Ponente del Tribunal ratificó su determinación.
5 Por un lado, en la audiencia inicial del 27 de agosto de 2019, el apoderado judicial de la Superintendencia
desistió de la excepción de indebida escogencia del medio de control. Y por el otro, el Magistrado Ponente
del Tribunal negó el planteamiento relacionado con la caducidad al considerar que el cómputo debía
contarse a partir del momento en que la Procuraduría expidió la certificación en la que constaba el resultado
fallido de la conciliación y, en consecuencia, como el término de caducidad se suspendió por un (1) día, el
plazo para presentar la demanda vencía el 25 de septiembre de 2017. Así, como fue radicada en esa misma
fecha, concluyó que fue presentada oportunamente.
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Indebida escogencia del medio de control
Advirtió que la verdadera pretensión de la parte actora consistía en obtener el cumplimiento
del numeral 2º del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y del artículo 4º de las Resoluciones
10225 de 2012, 5150 de 2013 y 4188 de 2014, bajo el supuesto de que en las vigencias
2012, 2013 y 2014 se generaron excedentes por concepto de la tasa de vigilancia que
debían ser reintegrados.
Sin embargo, al acudir al medio de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
respuesta a su petición, pretendió trasladar al juez la función de determinar y liquidar tales
excedentes, desconociendo el procedimiento administrativo previsto para ello.
Por tanto, si la sociedad demandante consideraba que existía incumplimiento normativo,
debía constituir en renuencia a la administración y acudir a la acción de cumplimiento
prevista en la Ley 393 de 1997.
III. LA SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia del 30 de julio de 2020, la Subsección “B” de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Oficio núm.
20175400112151 del 13 de febrero de 2017 y, a título de restablecimiento, le ordenó a la
Superintendencia proceder con la devolución a favor de la Sociedad Portuaria de los
pagos en exceso efectuados por concepto de tasa de vigilancia de los años 2012, 2013
y 2014, determinados en las sumas de cuarenta millones trescientos setenta y nueve mil
seiscientos dieciséis pesos ($ 40.379.616); doce millones setecientos cincuenta y un mil
quinientos treinta y seis pesos ($12.751.536) y treinta y siete millones seiscientos veintiún
mil quinientos veinte pesos ($ 37.621.520) respectivamente, bajo las siguientes razones:
3.1.1. Para comenzar, procedió a realizar un recuento del material probatorio recaudado
en el proceso y la exposición de la normativa de la tasa de vigilancia. Asimismo, indicó
que el Ministerio de Transporte, con fundamento en la Ley 1ª de 1991 y los artículos 2 y
6 del Decreto núm. 087 de 2011, expidió las Resoluciones núm. 10225 de 2012, 05150
de 2013 y 4188 de 2014, mediante las cuales fijó la tarifa por concepto de tasa de
vigilancia a favor de la Superintendencia, y a cargo de los sujetos vigilados (sociedades
portuarias, operadores portuarios y embarcaderos), por los años 2012, 2013 y 2014,
correspondientemente, así:
Enseguida expresó que los contribuyentes debían pagar aplicando el porcentaje
correspondiente sobre sus ingresos brutos obtenidos durante la vigencia fiscal anterior a
aquella en la que se causó la tasa. Sin embargo, existía la posibilidad de que en el cierre
del periodo se generaran excedentes derivados del recaudo, los cuales en virtud de lo
previsto en el artículo 1º de la Resolución nro. 0006 de 2003, debían ser reintegrados a
los contribuyentes o abonados a las contribuciones del siguiente periodo.
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Adujo que para detectar dicha situación era necesario contar con la certificación expedida
por la Dirección del Tesoro Nacional, en la cual se detalla el monto de los ingresos
percibidos por concepto de la tasa de vigilancia y el valor de los saldos de apropiación no
afectados, si los hubiese, pues con fundamento en ello se determina si existe o no
excedentes susceptibles de reembolso. Resaltó que, dicho documento debía ser
solicitado por la Superintendencia dentro del mes siguiente a la finalización del año fiscal
respectivo, como prevé la citada disposición.
Bajo ese marco, precisó que la parte actora liquidó y pago el mencionado tributo teniendo
como base los ingresos brutos percibidos por aquella en el cierre del año fiscal anterior.
Como prueba de ello trajo a colación la siguiente tabla; veamos:
En esa línea, explicó que la tasa de vigilancia estaba destinada exclusivamente a cubrir
los gastos de funcionamiento en que incurre la SPT por el desarrollo de sus actividades
de vigilancia. No obstante, cuando se demuestra que los ingresos obtenidos por dicha
entidad fueron superiores a los ejecutados por la misma, lo correspondiente es proceder
con el reintegro del excedente o abonar a la vigencia siguiente.
Más adelante consideró que el argumento expuesto por la entidad demandada para
negar la devolución pretendida por la actora era inaceptable, ya que el procedimiento
para dicho trámite no contemplaba como requisito la expedición de un acto administrativo
a través del cual se declarara el excedente objeto del reintegro.
Así, encontró probado con dos (2) certificaciones suscritas por la Dirección General del
Presupuesto Público y Tesoro Nacional, los días 3 y 24 de noviembre de 2015, el
presupuesto aprobado para la Superintendencia y el efectivamente ejecutado por la
misma en los años 2012, 2013 y 2014. De igual modo, destacó que en el expediente se
encontraba prueba del monto recaudado por la entidad demandada en las cuentas
denominadas “DTN – TASA DE VIGILANCIA SUPERPUERTOS Y TRANSPORTE”
durante los mismos periodos. Sin embargo, en su contestación, la SPT mencionó que no
era procedente valorar dichos documentos, ya que en estos reposan los montos pagados
por los contribuyentes de la tasa de vigilancia y los valores recolectados por concepto de
multas.
Al respecto, el juez de primera instancia expresó que dicho argumento carecía de soporte
probatorio, por lo que no le daría validez, puesto que era la SPT la parte que debía
acreditar que dichas cuentas bancarias estaban destinadas para el cobro del citado
tributo y también que recibían otro tipo de rubros, por ejemplo, multas.
Agregó que, de la lectura de las certificaciones suscritas por la Dirección General del
Presupuesto Público y Tesoro Nacional, se concluía que los dineros allí especificados
correspondían al recaudo en los años 2012, 2013 y 2014 y al presupuesto ejecutado por
la demandada durante las mismas vigencias. De esa forma, señaló que esos elementos
permitían efectuar la comparación para determinar la existencia de los excedentes
susceptibles de ser reembolsados a los sujetos vigilados.
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En este punto de análisis, destacó que a la misma conclusión llegó el informe técnico
aportado por la Sociedad Portuaria en la demanda, rendido por el contador Luis Fernando
Calderón Gómez, en el cual se consignó: “en las cuentas correspondientes a la tasa de
vigilancia solo están incluidos conceptos correspondientes a dicha tasa. Los otros
conceptos son recaudados a través de cuentas diferentes (…) Por lo tanto, los valores
que se deben tomar para determinar la existencia de los excedentes en lo recaudado por
concepto de la tasa de vigilancia, es lo correspondiente a lo certificado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, aplicable a las vigencias 2012, 2013 y 2014, ya que dichos
valores son reales y corresponden a lo que efectivamente recaudó la entidad por ese
concepto”.
Así, indicó que en los mencionados documentos se especificaron lo siguientes valores:
Con fundamento en lo anterior concluyó que, durante las vigencias de 2012, 2013 y 2014,
la Superintendencia obtuvo ingresos por la tasa de vigilancia que superaron el
presupuesto ejecutado. Lo que demostraba que sí existía un excedente a favor de los
contribuyentes, el cual, según el artículo 1 de la Resolución núm. 006 de 2003, debía ser
reintegrado o abonado a la contribución del periodo siguiente.
Con esa conclusión adujo que le asistía razón a la actora, al solicitar el reembolso de los
excedentes derivados del recaudo, pues sí se generó un pago en exceso por parte de las
sociedades que cancelaron durante los mencionados años el tributo.
Partiendo de la cifra enlistada como diferencia o excedente, el Tribunal procedió a realizar
la comparación respecto de cada vigencia, para determinar cuál era el porcentaje que
debía ser reembolsado a la sociedad demandante:
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Una vez precisó que el recaudo por concepto de tasa de vigilancia de los años 2012,
2013 y 2014 a favor de la Superintendencia fue superior al presupuesto ejecutado por la
misma entidad al desarrollar las labores inherentes a la vigilancia y control de las
compañías, consideró que la diferencia o montos no ejecutados del recaudo expresados
en porcentaje constituía el factor que se aplicaría al tributo pagado por la sociedad para
efectos de hallar el valor o suma cancelado en exceso por aquella y que constituye el
monto a devolver a su favor. De esa forma, con el porcentaje “No ejecutado (diferencia)”,
calculó el valor pagado en exceso para cada una de las vigencias, de la siguiente forma:
Con todo, negó la pretensión relacionada con la devolución de los valores con indexación,
atendiendo al IPC certificado por el DANE, argumentando que, en materia tributaria, la
devolución o reembolso de los dineros derivados de un pago en exceso trae consigo el
reconocimiento de intereses corrientes y moratorios cuya causación está dispuesta por
mandato del artículo 863 del Estatuto Tributario.
Para finalizar, el a quo decidió no condenar en costas por no encontrarlas causadas ni
demostradas.
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IV. El RECURSO DE APELACIÓN
La SPT interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la sentencia del 30
de julio del 2020, con fundamento en los argumentos que se sintetizan así:
Mencionó que desde la contestación de la demanda puso en conocimiento del Tribunal
que el Oficio núm. 2 2015 045647 del 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se
certificó el presupuesto ejecutado por la entidad, emitido por el señor Fernando Jiménez
Rodríguez como director General del Presupuesto Público Nacional, no se encontraba
firmado. Por lo tanto, nunca se constató que cumpliera con los requisitos legales previstos
en el artículo 243 del Código General del Proceso y que sirviera para cumplir con lo
dispuesto en la Resolución nro. 0006 de 2003.
Por otro lado, expuso que el a quo afirmó que no era necesaria la expedición de un acto
administrativo que determinara la existencia o no excedentes. Sin embargo, la Resolución
núm. 0006 de 2003, emitida por la Comisión de Regulación de Transporte, estableció que
la Superintendencia debía remitir a dicha entidad, dentro de los meses siguientes a la
finalización del cambio fiscal respectivo la siguiente información certificada por la
Dirección Nacional del Tesoro:
1. Detalle de los ingresos percibidos por concepto de la Tasa de Vigilancia del año
inmediatamente anterior.
2. Detalle de las cuentas por cobrar por concepto de la Tasa de Vigilancia y de los
saldos de apropiación no afectados por compromiso, así como también las
anulaciones de compromisos que soportaban las reservas respectivas.
Con dicha documentación, la Comisión de Regulación de Transporte procedería a
expedir un acto administrativo de carácter general en el que definiría la existencia de
excedentes en la ejecución presupuestal de la SPT.
De igual forma, explicó que obtuvo personería jurídica hasta el 9 de junio de 2015, por
disposición del parágrafo 5º del artículo 36 de la Ley 1753 de 2015, por lo que para el
momento de ocurrencia de los hechos alegados en la demanda y que originaron la
controversia no se encontraba facultada para establecer si había remanentes para las
vigencias de 2012, 2013 y 2014.
Resaltó que, en caso de que la determinación de los excedentes operara
automáticamente y sin necesidad de que la administración profiriera una decisión, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en error al no considerar que las
cuentas del tesoro nacional, donde se consignaban los pagos de la tasa de vigilancia,
también recaudaban las multas canceladas por los vigilados. Por lo tanto, esto requería
no solo de una certificación bancaria, sino también de un análisis de la documentación
por parte del Ministerio de Transporte y, en consecuencia, de un acto para liquidar el
sobrante.
Por último, manifestó que no comprendía las razones por las cuales el a quo citó la
sentencia de la Corte Constitucional C-218 de 2015, por medio de la cual se declaró
inexequible el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, pues no resultaba aplicable al caso en
concreto.
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V. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
5.1. Mediante auto del 24 de septiembre de 20216, el Despacho Sustanciador admitió
el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la parte demandada contra la
sentencia del 30 de julio de 2020.
5.2. En proveído del 29 de marzo de 20227, se negó el decreto de las pruebas
solicitadas por el apelante, relacionadas con oficiar a los Bancos Popular y Occidente
para que certificaran si para los años 2012, 2013 y 2014, se consignaron multas por parte
de los vigilados por la Superintendencia en las cuentas números 500001254 y
219046042, respectivamente.
5.3. Con auto del 25 de mayo de 20228, se corrió el traslado para alegar de conclusión
y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de considerarlo
pertinente, presentara su intervención.
5.4. Al descorrer el traslado la SPT reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
5.5. Por su parte, la demandante indicó que con la apelación del fallo de primera
instancia no se aportaron nuevos argumentos, pues lo que busca es cuestionar las
pruebas documentales previamente decretadas, con una solicitud probatoria
extemporánea. Manifestó que la entidad demandada pretende revocar una decisión
judicial que fue expedida con absoluta transparencia y oportunidad, corrigiendo el yerro
en el que incurrió la Superintendencia al negarse sin justificación a devolver los
excedentes pagados por concepto de tasa de vigilancia.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir el
asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto.
6 Visible a índice 3 ibidem.
7 Visible a índice 16 ibidem.
8 Visible a índice 21 ibidem.
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8.2. Hechos probados
8.2.1. Mediante las Resoluciones números 10225 del 23 de octubre de 2012, 05150 del
27 de noviembre de 2013 y 30527 del 18 de diciembre de 2014, el Ministerio de
Transporte fijó las tarifas de la tasa de vigilancia que debían pagar a la Superintendencia
las empresas vigiladas para las vigencias fiscales correspondientes a los años 2012,
2013 y 2014, respectivamente.
8.2.2. Los días 12 de noviembre de 2012, 24 de diciembre de 2013 y 29 de diciembre de
2014, la Sociedad Portuaria demandante pagó a la SPT, por concepto del citado tributo,
ciento noventa y un millones doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y dos pesos
($191.281.932); ciento cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos ($156.845.466) y doscientos veintiún millones
seiscientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($ 221.694.284),
respectivamente.
8.2.3. El 3 de noviembre de 2015, a través de documento denominado CERT/627/2015,
el Coordinador del Grupo de Registro Contable de la Subdirección de Operaciones de la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional certificó los montos recaudados
por concepto de tasa de vigilancia para los años 2012, 2013 y 2014, de la siguiente
manera:
8.2.4. Mediante Oficio núm. 22015045647 del 24 de noviembre de 2015, el Director
General del Presupuesto Público Nacional, expuso lo siguiente:
8.2.5. El 16 de diciembre de 2015, la Sociedad Portuaria solicitó ante la Superintendencia
la devolución del excedente de lo pagado por concepto de tasa de vigilancia de los años
2012, 2013 y 2014.
8.2.6. A través del Oficio núm. 20175400112151 del 13 de febrero de 2017, la SPT negó
la mencionada petición.
8.2.7. En contra de dicho acto la parte actora instauró el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
8.2.8. Por medio de sentencia del 30 de julio de 2020, la Subsección “B” de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Oficio nro.
20175400112151 del 13 de febrero de 2017 y, a título de restablecimiento, le ordenó a la
Superintendencia proceder con la devolución a favor de la Sociedad Portuaria de los
pagos en exceso efectuados por concepto de tasa de vigilancia de los años 2012, 2013
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y 2014, determinados en las sumas de cuarenta millones trescientos setenta y nueve mil
seiscientos dieciséis pesos ($ 40.379.616); doce millones setecientos cincuenta y un mil
quinientos treinta y seis pesos ($12.751.536) y treinta y siete millones seiscientos veintiún
mil quinientos veinte pesos ($ 37.621.520), respectivamente.
8.2.9. Inconforme con esa decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
8.3. Planteamiento
De las consideraciones expuestas en la sentencia de primera instancia y los argumentos
formulados en el recurso de apelación, la Sala advierte que son cuatro (4) los aspectos
que exhibe la controversia:
Necesidad de un acto administrativo que determine la existencia de excedentes
Mientras el Tribunal concluyó que la devolución de los excedentes no estaba
condicionada a la expedición de un acto administrativo que declarara formalmente su
existencia, la Superintendencia sostiene que, conforme al procedimiento previsto en la
Resolución núm. 006 de 2003, expedida por la Comisión de Regulación de Transporte,
la determinación de los excedentes requería un acto administrativo de carácter general
expedido por la autoridad competente, previa certificación de la información presupuestal
y de recaudo.
Valor probatorio de la certificación del Ministerio de Hacienda
El a quo otorgó pleno valor probatorio a las certificaciones del 3 y 24 de noviembre de
2015 para establecer tanto el recaudo por concepto de tasa de vigilancia como el
presupuesto ejecutado en cada vigencia. La entidad apelante cuestiona la idoneidad de
dichos documentos, particularmente el Oficio del 24 de noviembre de 2015, por carecer
de firma y no cumplir los requisitos del artículo 243 del CGP.
Composición de los recursos recaudados en las cuentas bancarias
El Tribunal consideró no acreditado que las cuentas identificadas como “DTN – Tasa de
Vigilancia Superpuertos y Transporte” recibieran también valores por concepto de multas,
y, en consecuencia, descartó el argumento de la SPT. En contraste, la entidad recurrente
insistió en que dichas cuentas no se destinaban exclusivamente al recaudo de la tasa de
vigilancia, lo que impediría utilizar los montos certificados como base para establecer
excedentes sin un análisis adicional.
Pertinencia del soporte jurisprudencial empleado por el Tribunal
Finalmente, la apelante cuestiona la referencia efectuada por el a quo a la sentencia C-
218 de 2015 de la Corte Constitucional, por estimarla ajena al objeto del litigio, lo que, en
su criterio, evidenciaría una confusión con otros procesos.
8.4. Análisis de la Sala
8.4.1. Necesidad de un acto que determine la existencia de excedentes
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La Sala procede a resolver el primer punto de discrepancia planteado en el recurso de
apelación, consistente en determinar si el reintegro de los excedentes derivados del
recaudo de la tasa de vigilancia opera de manera automática, por el solo hecho de
advertirse una diferencia entre el recaudo y el presupuesto ejecutado, o si, por el
contrario, requiere la expedición de un acto administrativo que determine su existencia.
8.4.1.1. Para comenzar es necesario explicar la lógica normativa del comentado
tributo. El numeral 2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 dispuso que la Superintendencia
debía cobrar a las sociedades y operadores portuarios una tasa “por la parte proporcional
que le corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la
Superintendencia”. De dicha previsión se desprende que la finalidad de la tasa es
financiar los costos de funcionamiento de la entidad, sin vocación de generar superávit.
A su turno, las resoluciones anuales9 que fijaron la tarifa para las vigencias 2012, 2013 y
2014, en el artículo 4 establecieron expresamente que, si existiere un mayor valor
apropiado por recaudo, éste debía ser reembolsado a los contribuyentes como abono
proporcional en la vigencia siguiente.
De esta manera, el marco legal y reglamentario reconoce de forma clara la obligación de
reintegrar o compensar los excedentes que eventualmente se generen.
Ahora bien, el artículo 1º de la Resolución núm. 006 de 2003, expedida por la Comisión
de Regulación de Transporte, regula expresamente el reintegro de excedentes y dispone
que, dentro del mes siguiente a la finalización del año fiscal respectivo, la
Superintendencia deberá suministrar a la Comisión información certificada por la
Dirección del Tesoro Nacional relativa a:
• El detalle de los ingresos percibidos por concepto de la tasa de vigilancia.
• El detalle de las cuentas por cobrar por dicho concepto y de los saldos de
apropiación no afectados por compromiso, así como las anulaciones de
compromisos que soportaban las reservas.
La disposición añade que, “si se determinara que hubo excedentes respecto de las sumas
recaudadas por concepto de Tasa de Vigilancia sobre los gastos de funcionamiento
efectivamente causados, estos deberán ser reembolsados a los contribuyentes, o
abonados a las contribuciones del siguiente período”.
De la lectura sistemática de esta norma se advierte que el reintegro no surge como
consecuencia de una simple operación aritmética aislada, sino de un procedimiento
estructurado que comprende:
(i) la recolección y certificación de información financiera y presupuestal por
autoridad competente;
9 Resoluciones 10225 de 2012, 5150 de 2013 y 4188 de 2014. Comoquiera que en todos los reglamentos
la norma reitera la redacción y contenido, cambiando solamente el año de la vigencia fiscal, a modo de
ejemplo se expone el artículo 4 de la Resolución 4188 2014: “Artículo 4.- Si la Superintendencia de Puertos
y Transporte tuviere un mayor valor apropiado por recaudo de la tarifa por concepto de tasa de vigilancia
de 2014, éste deberá ser reembolsado a los contribuyentes como un abono a las contribuciones de la tarifa
por concepto de tasa de vigilancia del año 2015, de manera proporcional a los ingresos brutos base de la
liquidación de la presente tarifa por concepto de tasa de vigilancia. El Ministerio de Transporte, para el
control de tutela que ejerce sobre la Superintendencia de Puertos y Transporte, podrá solicitar la
información de dichos rembolsos”.
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(ii) la remisión formal de dicha información;
(iii) el análisis técnico de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos
de funcionamiento efectivamente causados; y
(iv) la determinación de la existencia y magnitud del excedente.
Este conjunto de actuaciones no puede reducirse a una mera suma y resta de cifras
globales. Por el contrario, implica un ejercicio técnico–contable y jurídico que debe
depurar conceptos, identificar con precisión los ingresos atribuibles exclusivamente a la
tasa de vigilancia, excluir rubros ajenos, verificar saldos de apropiación no
comprometidos y determinar el universo total de contribuyentes sobre el cual se
proyectará el reintegro proporcional.
En ese contexto, la determinación del excedente constituye una verdadera decisión
administrativa, precedida de una valoración técnica y jurídica, que debe exteriorizarse
mediante un acto que precise:
1. si existió o no excedente;
2. cuál fue su cuantía global;
3. cuál es el porcentaje no ejecutado respecto del total recaudado; y
4. cuál es el mecanismo concreto de reintegro o abono.
Si bien la obligación de reintegrar surge del marco normativo, en tanto el recaudo no
puede superar los gastos de funcionamiento efectivamente causados, su operatividad
exige una determinación que individualice el monto o porcentaje correspondiente.
En efecto, la expresión “si se determinara que hubo excedentes” utilizada por el artículo
1º de la Resolución núm. 006 de 2003 supone la existencia de un acto administrativo.
Dicha determinación no es una redacción fortuita ni convierte el procedimiento
administrativo en una consecuencia automática de tipo cierre contable, sino que en
realidad constituye el resultado que culmina en una decisión de la administración.
En tal sentido, incluso puede llegar a considerarse que el acto que declare la existencia
del excedente no tiene carácter discrecional, pero sí resulta necesario como instrumento
formal de concreción de la obligación legal. Se trata de un acto de naturaleza declarativa
mediante el cual la administración: (i) verifica la configuración del supuesto normativo; (ii)
fija su alcance cuantitativo; y (iii) establece la forma de reintegro, esto es, con reembolso
directo al contribuyente o abono para el siguiente periodo fiscal.
8.4.1.2. En el presente asunto, el Tribunal consideró que no era necesaria la
expedición de un acto administrativo que determinara la existencia de excedentes, por
estimar que la comparación entre el recaudo y el presupuesto ejecutado bastaba para
activar automáticamente la obligación de reintegro.
No obstante, la Sala considera que tal interpretación desconoce que el artículo 1º de la
Resolución núm. 006 de 2003, vigente para la fecha de los hechos, establece un
procedimiento administrativo para la determinación de los excedentes a reintegrar.
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Así, al margen de las discusiones probatorias en el trámite judicial de la referencia sobre
la firma del Oficio del 24 de noviembre de 2015, que certifica el recaudo de la tasa de
vigilancia por los años 2012, 2013 y 2014, así como el presupuesto debidamente
ejecutado por la entidad demandada, emitido por el señor Fernando Jiménez Rodríguez,
como director General del Presupuesto Público Nacional, la sola existencia de
certificaciones sobre recaudo y ejecución presupuestal no sustituyen la necesidad de un
acto administrativo que consolide esa información, depure sus componentes y establezca
oficialmente la cuantía y el porcentaje a reintegrar.
En este punto conviene resaltar que el ejercicio argumentativo realizado por el Tribunal
en la sentencia apelada evidencia que la determinación del excedente no constituye una
consecuencia automática derivada de una simple comparación entre dos cifras globales.
Por el contrario, la Sala evidencia que el a quo desarrolló un análisis técnico para arribar
a los valores reconocidos a título de restablecimiento del derecho.
En primer lugar, estableció la diferencia entre el recaudo total por concepto de tasa de
vigilancia y el presupuesto ejecutado en cada una de las vigencias fiscales en cuestión.
En segundo término, transformó esa diferencia absoluta en un porcentaje
correspondiente al valor no ejecutado respecto del total recaudado. Y finalmente, aplicó
dicho porcentaje al monto efectivamente pagado por la sociedad demandante en cada
período, con el fin de determinar el valor individual pagado en exceso susceptible de
reintegro.
Esa construcción pone de manifiesto que la precisión del excedente a reintegrar exige
una operación con un nivel mínimo de complejidad. Así, tal actuación no puede
considerarse inmediata al cierre presupuestal, sino que revela la necesidad de una
decisión administrativa que consolide oficialmente el resultado de dicho ejercicio y lo
proyecte frente a los sujetos obligados.
De otra parte, no puede pasarse por alto que la propia sociedad demandante al exponer
las pretensiones solicitó expresamente que, como consecuencia de la declaratoria de
nulidad del oficio acusado, se ordenara a la Superintendencia “expedir un acto
administrativo liquidando los excedentes por concepto de la tasa de vigilancia de los años
2012, 2013 y 2014”. Tal petición confirma que la parte actora entendía que la
materialización del reintegro no operaba de manera automática, sino que requería una
actuación formal de la administración mediante la cual se liquidaran oficialmente los
excedentes y se determinara su monto.
En ese orden, resulta contradictorio sostener que la obligación de reintegro surge de
forma inmediata y automática por la sola existencia de certificaciones presupuestales,
cuando incluso el propio interesado reconoció la necesidad de un acto administrativo de
liquidación que concretara el derecho reclamado.
La anterior conclusión se refuerza con una circunstancia de especial consideración, la
Superintendencia solo adquirió personería jurídica a partir del 9 de junio de 2015, por
disposición del parágrafo 5º del artículo 36 de la Ley 1753 de 2015. Por esa razón, para
el momento en que se produjeron los hechos que originaron la presente controversia, la
entidad no contaba con autonomía jurídica plena para adoptar por sí misma una decisión
que definiera la existencia de remanentes de la tasa de vigilancia.
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Lo anterior explica el motivo por el cual el artículo 1º de la Resolución núm. 006 de 2003
indica que en el procedimiento allí previsto interviene la Comisión de Regulación de
Transporte, a la cual debía remitirse la información certificada por la Dirección del Tesoro
Nacional. De ello se desprende que era dicha Comisión la autoridad llamada a adoptar la
decisión que definiera la existencia —o no— de excedentes, con base en los insumos
técnicos suministrados.
En consecuencia, si bien la obligación de reintegro es clara, imperativa y no admite
excusa siempre y cuando se configure un excedente, su exigibilidad presupone la
expedición de un acto que determine el remanente con base en la información técnica y
certificada correspondiente.
8.4.2. Del acto acusado y la posibilidad de someterlo a control judicial
Ahora bien, una vez establecida la necesidad de que la existencia de excedentes de la
tasa de vigilancia se concrete mediante la expedición un acto administrativo, corresponde
a la Sala examinar si el Oficio núm. 2017-540-011215-1 del 13 de febrero de 2017 reúne
las características propias de una decisión de la administración susceptible de control
judicial.
Esta Sección ha sostenido de manera clara y reiterada la naturaleza y las características
de los actos administrativos:
Que para que un acto jurídico constituya acto administrativo debe consistir en una i)
declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que
lo puede ser por una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o
incluso por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma
especial de orden Constitucional o legal dicha declaración, no siendo expedida en
ejercicio de función administrativa sea demandable en acción contencioso
administrativa y iii), que ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera
directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante10.
En el mismo sentido:
El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda manifestación
de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones
públicas, capaz de producir efectos jurídicos.
En consonancia con esta definición, se han identificado las siguientes características
del acto administrativo:
i) Constituye una declaración unilateral de voluntad.
ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad
estatal o de particulares.
iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre
el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante».
iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u
obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. sentencia del 31 de marzo
de 2005, radicación núm. 11001 0324 000 1999 02477 01, consejero ponente Rafael E Ostau de Lafont
Pianeta
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Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles de
control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación»11.
Vistas las características esenciales de los actos administrativos, la Sala advierte que, en
el presente caso, no se cumple el criterio según el cual el acto debe estar encaminado a
producir efectos jurídicos “por sí mismo, de manera directa sobre el asunto o la situación
jurídica de que se trate y, por ende, ser vinculante”. Lo anterior, por las razones que se
exponen a continuación.
El oficio demandado constituye una respuesta a un derecho de petición mediante la cual
la Superintendencia informó que no había efectuado devoluciones por concepto de
excedentes correspondientes a las vigencias 2012, 2013 y 2014, porque no se había
expedido el acto administrativo que determinara la existencia de tales excedentes.
Esa afirmación, lejos de resolver el fondo del asunto, esto es, la existencia, cuantía y
porcentaje del excedente, evidencia precisamente que la actuación administrativa
reglada prevista para su determinación no había ocurrido. Por ello, el oficio no contiene
una declaración que “determine” excedentes ni que los “liquide”, ni adopta una decisión
como lo establece el artículo 1º de la Resolución núm. 006 de 2003.
Así, del contenido del acto demandado no se desprende una decisión que cree, modifique
o extinga una situación jurídica concreta en cabeza de la sociedad demandante. El acto
no contiene una negativa definitiva, ni una determinación formal de inexistencia de
excedentes, ni una decisión que cierre el procedimiento previsto en la Resolución núm.
006 de 2003. Se limita a informar la inexistencia de un acto que definiera los remanentes.
Ahora bien, podría interpretarse que el acto demandado contiene una negativa al
reconocimiento y pago del excedente de la tasa de vigilancia. Al respecto, debe tenerse
en cuenta que esta Corporación se ha referido a las respuestas negativas a las
pretensiones de los derechos de petición y su constitución como actos administrativos de
la siguiente manera:
Cuando se ejerce el derecho de petición los ciudadanos pretenden la resolución
oportuna y pronta de su asunto, que haya un pronunciamiento de fondo, de manera
clara, precisa y congruente con lo solicitado. En esa medida se garantiza que si el
particular tiene alguna objeción contra la decisión de la Administración, puede
controvertirla mediante los recursos en vía gubernativa o ante la jurisdicción.
Pero para ello se requiere que la respuesta contenga una decisión que produzca
efectos jurídicos. En general la respuesta negativa a las peticiones implica la
extinción de la situación jurídica, la negación del derecho pretendido y en ese
orden de ideas constituye un acto administrativo susceptible de control
jurisdiccional.
Sin embargo, puede suceder que, a pesar de la negativa, la decisión resulte
intrascendente porque existen unos procedimientos establecidos para la
obtención de los objetivos del particular que no son atendidos por éste. En ese
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 14 de mayo
de 2020. Proceso radicado número: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18). Consejero Ponente:
Rafael Francisco Suárez Vargas.
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sentido como no se obtuvo aquella decisión que de acuerdo al ordenamiento
jurídico tiene la virtualidad de modificar la situación jurídica del interesado, no
se estará en presencia de un acto susceptible de control jurisdiccional12.
[Resalta la Sala]
Conforme a la jurisprudencia transcrita, en términos generales, una respuesta negativa a
una petición implica la extinción de una situación jurídica. En esa medida, cuando dicha
situación jurídica se extingue, efectivamente se configura un acto administrativo, en tanto
se impacta al ámbito subjetivo del administrado. Sin embargo, ello solo ocurre cuando no
existen otros procedimientos a los cuales el peticionario pueda acudir para obtener la
satisfacción de su solicitud.
En el presente caso, la Sala insiste en que la respuesta contenida en el oficio acusado
no agotó ni sustituyó el procedimiento previsto en la Resolución núm. 006 de 2003 para
la determinación de excedentes. Tampoco constituyó una decisión definitiva que hiciera
imposible continuar la actuación administrativa correspondiente.
Por tal motivo, si el ordenamiento exige un acto administrativo de determinación como
presupuesto para concretar el reintegro o abono, una comunicación que se limita a indicar
que dicho acto no se ha expedido no puede ser tenida como la decisión final del
procedimiento, porque no lo reemplaza ni lo suple. Admitir lo contrario equivaldría a
atribuir efectos definitivos a una respuesta que, en rigor, evidencia una omisión o un
estadio incompleto de la actuación.
Así las cosas, toda vez que la Superintendencia se limitó a señalar que no había
efectuado devoluciones porque no se había expedido el acto que determinara la
existencia de excedentes, la Sala considera que tal afirmación no extinguió el eventual
derecho al reintegro; tampoco impidió que se promoviera el procedimiento
correspondiente ni cerró la posibilidad de exigir su cumplimiento por la vía judicial
pertinente. Lo anterior es particularmente relevante, porque el núcleo de la controversia
no radica en controvertir una liquidación ya adoptada, sino en la ausencia del acto que
fija el excedente global, su porcentaje y la forma de reintegro o abono.
En tal escenario, el uso del medio de control de nulidad y restablecimiento contra una
respuesta informativa termina desplazando el debate hacia un terreno en el que, como
ocurrió en la sentencia de primera instancia del proceso de la referencia, el juez debe
encargarse de realizar el procedimiento administrativo reglado para de determinación del
remanente a reintegrar, lo cual de forma evidente desnaturaliza su labor y conlleva una
suplantación del rol de la administración.
En suma, la Sala concluye que el oficio demandado no creó, modificó ni extinguió derecho
subjetivo alguno, ni decidió directa o indirectamente el fondo del asunto, ni hizo imposible
continuar la actuación administrativa destinada a determinar la existencia de excedentes.
Se trata, entonces, de una actuación que carece de la virtualidad jurídica necesaria para
ser catalogada como acto susceptible de control judicial por medio del trámite de nulidad
y restablecimiento del derecho.
12 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Cuarta, sentencia del 12 de junio de 2008,
Expediente. 08001-23-31-000-2004-02721-01(16288), C.P. Ligia López Diaz.
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En consecuencia, la Sala procederá a revocar el fallo de primera instancia. En su lugar,
con fundamento en el artículo 187 del CPACA13, declarará probada de oficio la excepción
de acto no sujeto a control judicial, en tanto el oficio demandado no constituye un acto
administrativo.
8.4.3. Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en
concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de julio de 2020, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar,
DECLARAR probada de oficio la excepción de acto no sujeto a control judicial, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 5 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto
13 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor. (Énfasis de la Sala).
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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