Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01543-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01543-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2017-01543-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
10 de febrero de 2022
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD
Temas: Contribución especial para empresas prestadoras de servicios
públicos - 2017. Base gravable. Gastos de funcionamiento
asociados al servicio regulado. Faltante presupuestal.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 27 de agosto de 20201, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.
ANTECEDENTES
El artículo 85 de la Ley 142 de 1994 prevé una contribución especial a favor de la
Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de recuperar los costos de los
servicios de control y vigilancia que presta a las entidades sometidas a su regulación.
La contribución debe liquidarse y pagarse anualmente, conforme con las reglas
establecidas en la norma anteriormente mencionada, y no puede superar el 1% de los
gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el
que se hace el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de
la Superintendencia.
Mediante la Resolución SSPD-20171300096075 del 20 de junio de 2017, se fijó la
tarifa de la contribución para dicho año en el 1% «de los gastos de funcionamiento asociados a
la prestación del servicio de la entidad contribuyente y de los gastos operativos a que alude el parágrafo
segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo con los estados financieros puestos a
disposición de la Superintendencia a través del SUI a 31 de diciembre de 2016».
La SSPD expidió la Liquidación Oficial 20175340026826 del 27 de junio de 2017,
por la cual determinó la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142
de 1994 a cargo de AES CHIVOR & CIA S.C.A E.S.P., por el año 2017, que liquidó de
la siguiente manera2:
1
Índice 2 Samai.
2
Fl. 44 c.p.
1
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Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
ENERGÍA ELÉCTRICA LIQUIDACIÓN SSPD
(+) De administración 20.788.877.000
(-) Impuestos, Contribuciones y tasas 10.004.611.504
(+) Compras en bloque y/o a largo plazo 0
(+) Compras en bolsa y/o a corto plazo 183.607.416.081,04
(+) Uso de líneas, redes y ductos 6.736.167.670,48
(+) Gas combustible 0
(+) Carbón mineral 0
(+) ACPM, fuel y Oil 0
Total base 201.129.849.247,52
Total Contribución Porcentaje 1.00% 2.011.298.000
Valor pagado anticipo 805.110.0003
TOTAL A PAGAR 1.206.188.0004
La anterior decisión fue confirmada por las Resoluciones SSPD-20175300131475 del
28 de julio de 20175 y SSPD-20171000154765 del 11 de septiembre del mismo año6
que, respectivamente, resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos
por la actora.
DEMANDA
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones:
«1. Pretensiones. […] respetuosamente solicito a esta H. Corporación que declare la
nulidad de los actos acusados, como fueran relacionados en la referencia de este escrito
de demanda. Además, a modo de restablecimiento del derecho solicito que como
consecuencia de la anulación de los actos acusados se declare:
a) Que el monto de la contribución a cargo de AES Chivor por el año 2017 es la suma
de $107.842.655, en tanto ese monto corresponde al 1% de los gastos de
administración de la Compañía para el año 2016, menos impuestos, tasas y
contribuciones.
b) Que la SSPD debe devolver el exceso que pagó la Compañía sobre el valor
mencionado, junto con la indexación e intereses que por ley se deben reconocer
en estos casos.
c) Que la SSPD debe archivar el expediente que por este particular se haya abierto
en contra de la Compañía, y
d) Que no son de cargo de AES Chivor las costas en que haya incurrido la SSPD con
relación a la actuación administrativa, ni de las de este proceso».
La demandante invocó como normas violadas los artículos:
• Artículos 29, 95, 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículo 85 de la Ley 142 de 1994
• Artículo 132 de la Ley 812 de 2003
Sobre el concepto de la violación, la demandante expuso lo siguiente:
Los actos acusados son nulos, producto de la inaplicación por inconstitucional e ilegal
de la Resolución SSPD 20171300096075 del 20 de junio de 2017, que fijó la tarifa de
la contribución especial por ese año gravable, en cuanto a que vulneró los artículos 95
y 338 de la Constitución Política y 85 de la Ley 142 de 1994, al pretender recaudar por
ese medio todos los ingresos fiscales presupuestados por la Superintendencia durante
el referido periodo.
3
Fl. 40 c.p.
4
Pago realizado el 13 de octubre de 2017 (Fl. 40 c.p.)
5
Fls. 46 a 61 c.p.
6
Fls. 64 a 69 c.p.
2
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Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
Como consecuencia de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de la
Resolución SSPD-20171300096075 del 20 de junio de 2017, se debe declarar la
nulidad de los actos administrativos particulares.
A la base gravable de la contribución se integraron conceptos -gastos operativos y en
particular, para las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de
combustibles y los peajes-, que según el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
solo podrán adicionarse, en la misma proporción, para cubrir faltantes presupuestales
de la SSPD, lo cual no fue sustentado ni probado por parte de la entidad a la hora de
expedir los actos demandados. En el acto administrativo general, se fijaron como
elementos para determinar la base de la contribución, conceptos que no representan
gastos de funcionamiento, contrariando el precedente del Consejo de Estado.
La inclusión de dichos rubros generó un mayor valor de la contribución especial
correspondiente al año 2017, lo cual vulneró el principio de legalidad, toda vez que la
superintendencia no determinó las razones del faltante presupuestal diferenciado del
valor que le correspondía recuperar por el costo de la prestación de los servicios de
control y vigilancia.
En la ejecución del presupuesto de la SSPD, hay conceptos de valor material que no
suponen gastos sino simplemente estimaciones o reclasificaciones contables, como
es el caso de las provisiones para contingencias y ajustes de ejercicios anteriores.
No se configuró el faltante presupuestal al que alude la demandada, en razón a que
no ejecutó la totalidad del presupuesto de los años 2015, 2016 y 2017, y los excesos
en el recaudo fueron «inflados» para utilizarlos como recursos corrientes en aportes al
fondo empresarial previsto en la Ley 812 de 2003, a pesar de que dicho fondo solo
puede financiarse con el excedente del presupuesto (recursos de capital), y, porque
los excedentes presupuestales de la entidad se están destinando ilegítimamente a la
adquisición de títulos de deuda, depósitos en cuentas bancarias y entregados al
ICETEX y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ante la ausencia del referido
faltante no es legítimo adicionar a la base gravable de la contribución las compras de
energía y gas.
Los actos particulares demandados no fueron suficientemente motivados, porque no
está demostrada la existencia de un faltante presupuestal que permita incorporar a la
base gravable de la contribución los rubros referidos en el parágrafo 2 del artículo 85
de la Ley 142 de 1994, por lo cual, la liquidación de la contribución especial por el año
2017, adolece de nulidad.
OPOSICIÓN
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las pretensiones
de la demanda. Al efecto, formuló la excepción de «legalidad de la Resolución SSPD
20171300096075 del 20 de junio de 2017», que fijó la tarifa de la contribución especial, la cual
concretó en que está justificada la utilización de la prerrogativa prevista en el parágrafo
segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
En la referida resolución se expusieron las razones de tipo constitucional y legal, con
lo cual, no se vulneró el artículo 338 de la Constitución Política, no se excedió la
facultad de imposición, ni se evidenció ausencia de justificación del faltante
presupuestal discutido.
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Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
Teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado para la entidad, en la suma de
$110.424.552.845, por concepto de ingresos corrientes para la vigencia 2017,
calculado con la tarifa del 1% sobre el Grupo 51 «Gastos de administración» menos 5120
«Impuestos, tasas y contribuciones», y las consideraciones hechas por el Consejo de
Estado, las erogaciones que constituyen «gastos de funcionamiento», en el marco del
artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, daban como resultado un recaudo de
$29.898.467.721, equivalente al 27,08% del valor total del presupuesto aprobado, lo
que conllevó a que se constituyera el faltante presupuestal que permitía acudir a los
demás rubros liquidados oficialmente.
Se acudió a la disposición prevista en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de
1994, para incluir las cuentas para cada uno de los sectores -energía eléctrica, gas natural,
gas licuado del petróleo y acueducto y alcantarillado -, en tanto que, pese al precedente
jurisprudencial relacionado con la exclusión de las cuentas del Grupo 75 de la base
gravable, «podrían ser adicionadas en la misma proporción en que -fueran- indispensables para cubrir
faltantes presupuestales de […] la Superintendencia, teniendo en cuenta que, como quedó antedicho,
sólo alcanzaría para cubrir el 27,08% del presupuesto, para la vigencia 2017».
Debe observarse el verdadero alcance del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que
consiste en garantizar la financiación del ente de control, única y exclusivamente lo
que sus costos demanden, a tal punto que si para el respectivo periodo goza de
excedentes debe reembolsarlos al Fondo Empresarial.
También están ajustados a la legalidad los actos particulares demandados, puesto
que la aplicación del parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, está
amparada en la jurisprudencia del Consejo de Estado7, que ha aceptado que cuando
existen «faltantes presupuestales», pueden incluirse en la base gravable de la contribución
especial «cuentas relacionadas con gastos o costos operativos».
AUDIENCIA INICIAL
En audiencia inicial celebrada el 26 de noviembre de 20198, no se presentaron
irregularidades procesales, nulidades, excepciones previas, ni se solicitaron medidas
cautelares, se allegaron las pruebas aportadas en la demanda y en la contestación. El
litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos administrativos acusados.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en las siguientes
razones:
El Consejo de Estado estudió la legalidad de la Resolución SSPD 20171300096075 del
20 de junio de 2017, que fijó la tarifa de la contribución especial por ese año gravable,
y precisó que, atendiendo al déficit presupuestal de la Superintendencia, los conceptos
de compras en bloque, compras en bolsa, uso de líneas, redes y ductos, gas
combustible, carbón mineral y ACPM, fuel y Oil, «aun sin corresponder a gastos de
funcionamiento», pueden integrar la base gravable de la contribución especial por el año
2017, respecto de la prestación del servicio de energía eléctrica.
7
Al efecto citó la sentencia del 10 de septiembre de 2017, Exp 21254, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Fls. 164 a 167 c.p.
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Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
Como el acto administrativo de contenido general, que estableció los parámetros para
determinar la base gravable de la contribución especial por el año discutido, fue
declarado legal por el Consejo de Estado, no procede la inaplicación por
inconstitucional e ilegal solicitada, y se deben negar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de
apelación, con fundamento en lo siguiente:
El a quo erró al defender la legalidad de la Resolución SSPD-20171300096075 del 20
de junio de 2017 solo con lo expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 10
de octubre de 20199, pues, aunque allá se demostró la existencia del faltante
presupuestal, en el presente caso se realizó un ejercicio probatorio que a su juicio
probaría lo contrario.
Insistió en los cuestionamientos al presupuesto y la ejecución del mismo, en cuanto a
que, en su entender, no existe el faltante presupuestal señalado puesto que la SSPD
no ejecutó la totalidad del presupuesto de los años 2015, 2016 y 2017.
Cuestionó el traslado de excedentes al Fondo Empresarial. Al efecto dijo que en el
balance general preparado por la SSPD por los años 2015 a 2017 puede observarse
que esa entidad invierte gran parte de sus excedentes: los mantiene depositados en
instituciones financieras y los entrega en administración al ICETEX y al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; y que para esos años se debe tener en cuenta la
composición de los gastos que explican la ejecución del presupuesto de la SSPD.
Señaló que el a quo no estudió todos los argumentos planteados en la demanda,
relativos a la inexistencia del faltante presupuestal, la inclusión de conceptos en la
base que no estaban previstos por el legislador y los cargos de nulidad propuestos
sobre los actos administrativos particulares.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Al
efecto, insistió en que se analizaran los cuestionamientos sobre la indebida asignación
del presupuesto y la existencia del discutido faltante presupuestal.
La demandada solicitó confirmar la sentencia apelada. Al respecto, reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda. Pidió condenar en costas a la actora.
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se discute la legalidad de los actos administrativos que determinaron la contribución
especial a cargo de AES CHIVOR & CIA S.C.A. ESP, para el año 2017.
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Exp. 22394, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si se configuró el
supuesto de hecho previsto en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
para la procedencia de la inclusión de las cuentas del Grupo 75 dentro de la base
gravable de la contribución especial para la vigencia 2017, de que trata el artículo 85
numeral 85.2 inciso 2 de la Ley 142 de 1994.
En el sub-lite, se reiterará en lo pertinente el criterio de decisión fijado por la Sección
en la sentencia del 12 de agosto de 2021, Exp. 2541310, que resolvió un litigio con
similitud fáctica y jurídica, respecto de la contribución del año 2017.
Con fundamento en el recurso de alzada impetrado por la actora, se analizará si la
Resolución SSPD – 20171300096075 del 20 de junio de 2017, que fijó la tarifa y la
base de liquidación de la contribución especial para el año 2017 debe inaplicarse por
inconstitucional e ilegal. Decisión que repercute directamente en el estudio de
legalidad de las resoluciones particulares demandadas.
Se advierte que la Sala se pronunció en juicio de nulidad contra la mencionada
Resolución SSPD – 20171300096075 del 20 de junio de 2017, de manera que en lo
que atañe a las cuentas discutidas, en este caso se acogerá lo resuelto en la sentencia
del 10 de octubre de 2019, Exp. 22394 (Acum. 22575, 22998, 23389 y 23499)11.
En dicha providencia se negó la nulidad del artículo 2 de la citada resolución, por la
inclusión de las cuentas 753001 (compras en bloque y/o a largo plazo), 753002 (compras en bolsa
y/o a corto plazo), 753005 (uso de líneas, redes y ductos), 753702 (gas combustible), 753703 (carbón
mineral) y 753705 (ACP, fuel y oil) para la determinación de la contribución a cargo de las
empresas que prestan el servicio de energía eléctrica por el año 2017.
Acorde con las consideraciones de la Sala, no fue desconocido el principio de
legalidad, porque la inclusión de las cuentas mencionadas del grupo 75 estuvo
justificada en la existencia del faltante presupuestal, por lo que se cumplió con la
excepción prevista en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Como se dispuso en la sentencia del 10 de octubre de 201912 y teniendo en cuenta
que los cargos planteados en este proceso coinciden con los resueltos por la Sección
en dicha providencia, operan los efectos de la cosa juzgada, concretamente, respecto
de la vigencia del 2017, en cuanto a la inclusión de las cuentas 753001, 753002,
753005, 753702, 753703 y 753705, en la base gravable de la contribución especial.
Según lo indicó esta Corporación13, el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que
la base gravable de la contribución especial está conformada, por regla general, por
los gastos de funcionamiento asociados al servicio regulado, detrayendo los gastos
operativos y, en el caso de las empresas de energía, las compras de electricidad y las
compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello. Igual ocurre en las
empresas de otros sectores.
Pero, por excepción, cuando existan faltantes presupuestales de la SSPD, la base
gravable puede conformarse con los gastos de funcionamiento y con la proporción
necesaria para cubrir tales faltantes de los rubros por gastos operativos. En el caso de las
empresas de energía se podrá tener en cuenta la compra de electricidad, la compra de combustibles y
los peajes, cuando hubiere lugar a ello. En las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza
similar a éstos, en el respectivo año gravable. (Subraya la Sala).
10
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Exp. 22394 (Acum. 22575, 22998, 23389 y 23499), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
Autos del 15 de junio y del 8 de agosto de 2017, Exp. 22873. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Esta postura fue reiterada
en la sentencia del 10 de mayo de 2018, Exp. 22972, C.P. Milton Chaves García.
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Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
Con base en lo anterior, se reitera que, en la sentencia del 10 de octubre de 2019, se
consideró que la SSPD actuó conforme con la regla de excepción al incluir las cuentas
753001 (compras en bloque y/o a largo plazo), 753002 (compras en bolsa y/o a corto plazo), 753005
(uso de líneas, redes y ductos), 753006 (costo de distribución y/o comercialización GN), 753702 (gas
combustible), 753703 (carbón mineral), 753705 (ACP, fuel y oil).
Fallo que, además de los efectos de cosa juzgada, constituye un precedente vinculante
respecto de la resolución proferida por el año 2017, por los demás cargos y cuentas,
dada la similitud fáctica y jurídica.
Descendiendo al caso concreto, en la resolución SSPD – 20171300096075 del 20 de
junio de 2017, como se expuso en el precedente citado, es posible incluir las cuentas
del grupo 75 porque, en su parte motiva, sustenta la necesidad de hacerlo para cubrir
un faltante presupuestal, en los siguientes términos:
«Que las apropiaciones presupuestales de la Superintendencia para la vigencia fiscal 2017,
fueron establecidas en la Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016 y en el Decreto de Liquidación
del Presupuesto General de la Nación No. 2170 del 27 de diciembre de 2016, por ingresos
corrientes ‘tasas, multas y contribuciones’ en CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS ($110.424.552.845,00), el cual debe ser cubierto con el
recaudo de las contribuciones de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Que de acuerdo con lo anterior y con el fin de proyectar la tarifa para la liquidación de la
contribución especial del año 2017, se tomó información financiera reportada y certificada por
las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control en el Sistema Único de
Información -SUI- correspondiente al año 2016 y el valor del presupuesto por concepto de
ingresos corrientes ‘tasas, multas y contribuciones’ para el año 2017, antes indicado.
Que para establecer la base gravable se tuvieron en cuenta los conceptos que corresponden
a la definición de gastos de funcionamiento señalada por el Consejo de Estado ‘Gastos de
administración’ menos ‘Impuestos, tasas y contribuciones’ o los conceptos asimilables de
acuerdo al marco normativo vigente, dando como resultado una base gravable por valor de
$2.989.846.772.171,41, la cual al aplicarle la tarifa del 1% (máxima permitida por la Ley 142
de 1994), se obtuvo un valor de contribución especial estimada de $29.898.467.721,71; que
representa el 27.08% del presupuesto aprobado para la entidad por ingresos corrientes.
Que al restar el resultado obtenido de $29.898.467.721,71 al valor aprobado por la Ley del
Presupuesto por concepto de ingresos corrientes para la Superservicios
($110.424.552.845,00), se constituye un faltante presupuestal de $80.526.085.123,29, el
cual es necesario cubrir con los conceptos establecidos en el parágrafo 2 del artículo
85 de la Ley 142 de 1994. Negritas de la Sala.
(…)
Que teniendo en cuenta el faltante presupuestal y la tarifa a aplicar del 1%, se utilizó una regla
de tres para calcular la base gravable de gastos operativos necesaria para cubrir dicho
faltante, operación que arrojó un resultado de $8.052.608.512.328,59. Posteriormente, sobre
el total de los gastos operativos, los cuales ascienden a $28.643.516.664.794,50, se calculó
la proporción necesaria que debe ser incluida en la base gravable de liquidación para cubrir
el faltante presupuestal, cuyo resultado fue del 28.11% para los prestadores de servicios
públicos y actividades complementarias sujetas a contribución especial».
Por lo tanto, frente a los argumentos expuestos por la actora, referentes a que «no se
demostró la existencia de un faltante presupuestal», la Sala precisó que14:«Al igual que en el
punto anterior, en el expediente constan los estudios técnicos realizados por los años 2016 15 y
201716, que coinciden con la motivación de los actos administrativos 17, y que no fueron
desvirtuados por los demandantes.»
14
Sentencia del 10 de octubre de 2019, Exp. 22394, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Folios 211 a 215 del Expediente 22394.
16
Folios 181 a 185 del Expediente 22394.
17
Folios 178 a 180 y 195 a 200 del Expediente 22394.
7
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Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
En la sentencia reiterada, se determinó la legalidad de la resolución que fijó la
contribución para el año 2017, en los siguientes términos:
3. Sobre los artículos 2 de las resoluciones SSPD 20151300019495 del 15 de julio de
2015, SSPD 20161300032675 del 22 de agosto de 2016 y SSPD 20171300096075
del 20 de junio de 2017:
3.1. La Sala reitera que, aunque operó la cosa juzgada respecto de algunos cargos y
algunas cuentas del grupo 75 adicionadas en las vigencias 2015 y 2016, los cargos
de nulidad propuestos por los demandantes serán analizados en conjunto, con el fin
de dar claridad a la presente sentencia.
3.2. Según lo indicó la Sección18, el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que la
base gravable de la contribución especial está conformada, por regla general, por los
gastos de funcionamiento asociados al servicio regulado, detrayendo los gastos
operativos (…).
Pero, por excepción, cuando existan faltantes presupuestales de la SSPD, la base
gravable puede conformarse con los gastos de funcionamiento y con la proporción
necesaria para cubrir tales faltantes de los rubros por gastos operativos. En el caso de
las empresas de energía se podrá tener en cuenta la compra de electricidad, la compra
de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello. En las empresas de otros
sectores los gastos de naturaleza similar a éstos, en el respectivo año gravable.
3.3. Con base en lo anterior, se reitera que en las sentencias del 10 de mayo y 26 de
septiembre de 2018 se consideró que la SSPD actuó conforme con la regla de excepción
al incluir las cuentas 753001 (compras en bloque y/o a largo plazo), 753002
(compras en bolsa y/o a corto plazo), 753005 (uso de líneas, redes y ductos),
753006 (costo de distribución y/o comercialización GN), 753702 (gas combustible),
753703 (carbón mineral), 753705 (ACP, fuel y oil).
Estas providencias, además de los efectos de cosa juzgada parcial antes expuestos,
constituyen un precedente vinculante respecto de las resoluciones proferidas por los
años 2015, 2016 y 2017 por los demás cargos y cuentas porque tienen similitud
fáctica y jurídica, por lo que lo dicho en esas sentencias serán tenidas en cuenta para
resolver los cargos de las demandas acumuladas.
3.4. (…)
3.5. Respecto de las resoluciones de los años 2016 y 2017, los actos administrativos
no contrarían las normas superiores porque incluyeron las cuentas
pertenecientes al grupo 75 fundamentados en la existencia de un faltante
presupuestal.
[…]. De esta forma, no prosperan los cargos de excepción de inconstitucionalidad,
relacionada con la prueba de la existencia del faltante presupuestal, porque la SSPD
cumplió con su carga al momento de motivar su decisión.»
Conforme con lo anterior, se advierte que en el referido acto se expusieron las razones
que sustentaron la decisión de incluir las cuentas discutidas a la base para calcular la
contribución, en donde se identificó claramente el faltante presupuestal y las razones
del cobro a las empresas de energía.
Así, ante la existencia del faltante presupuestal para la vigencia 2017, la SSPD aplicó
el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que faculta a la entidad para incluir
en la base gravable de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras
de servicios públicos del sector eléctrico «los gastos operativos, las compras de electricidad,
las compras de combustibles y los peajes», en la misma proporción en que fueran
indispensables para cubrir el faltante presupuestal de la Superintendencia.
18
Autos del 15 de junio y del 8 de agosto de 2017, Exp. 22873, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Esta postura fue reiterada
por la Sala en sentencia del 10 de mayo de mayo de 2018, Exp. 22972, C.P. Milton Chaves García.
8
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Radicación: 25000-23-37-000-2017-01543-01 (25721)
Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
En este orden de ideas, se observa que los actos administrativos de carácter particular
demandados incluyeron las cuentas 753001 (Compras en bloque y/o a Largo Plazo) y 753002
(Compras en Bolsa y/o a Corto Plazo), 753005 (uso de líneas, redes y ductos), 753006 (costo de
distribución y/o comercialización GN), 753702 (gas combustible), 753703 (carbón mineral), 753705
(ACPM, fuel y oil), sustentados en la Resolución 20171300096075 del 20 de junio de 2017
expedida por la SSPD, que respecto de esos rubros se declaró ajustada a la legalidad
por parte de esta Corporación, de manera que no procede su inaplicación por
inconstitucionalidad e ilegalidad.
Sobre el particular, en un caso con similitud fáctica y jurídica, la Sección sostuvo que:
«al no configurarse la ilegalidad de la Resolución SSPD 20171300096075 del 20 de junio de 2017, no
procedía la inaplicación de este acto general, […] y en consecuencia tampoco la nulidad parcial de los
actos particulares demandados que se fundamentaron en el mismo 19».
En consecuencia, estando vigente el fundamento que sustenta la Liquidación Oficial
20175340026826 del 27 de junio de 2017 y las Resoluciones SSPD-20175300131475
del 28 de julio de 2017 y SSPD-20171000154765 del 11 de septiembre de 2017, no
hay lugar a declarar la nulidad pretendida.
En relación con los cuestionamientos realizados por la apelante al presupuesto de la
SSPD y la ejecución del mismo se reitera20, que:
«5.1. El demandante (…) también fundamentó este cargo en que, después de realizar un
estudio del presupuesto de la SSPD, pueden verificarse algunas inconsistencias que
influyen en la determinación de la tarifa de la contribución especial por desconocimiento
del principio de planeación presupuestal y por inejecución del presupuesto de la entidad.
5.2. Para los periodos gravables objeto de análisis se aprobó el presupuesto de rentas y
recursos de capital mediante las leyes 1737 de 2014, 1769 de 2015 y 1815 de 2016, que
fueron liquidados mediante los decretos 2710 de 2014, 2550 de 2015 y 2170 de 2016 al
detallar las apropiaciones y se clasificaron y definieron los gastos, respectivamente.
Estas normas fueron proferidas de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, que constituyen el marco general de referencia sobre el proceso
presupuestal en sus diferentes etapas.
Según lo señaló la Corte Constitucional, los principios contenidos en esas normas de
planeación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral,
especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeóstasis
presupuestal, no son simples requisitos formales, sino que condicionan la validez del
proceso presupuestal21.
5.3. Por lo anterior, el desconocimiento de alguno de estos principios constituye un
análisis ajeno al proceso de la referencia, pues el objeto en litigio se limita a determinar la
legalidad de actos administrativos de carácter general que establecieron la base gravable
de la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios22.
De otro lado, lo relacionado con la ejecución del presupuesto asignado a la SSPD
corresponde a su autonomía presupuestal y la capacidad de ordenación del gasto que
también está condicionada por el cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto y
las demás disposiciones legales, de modo que tampoco es un asunto que haga parte del
objeto del proceso de la referencia.»
Igualmente, frente a lo cuestionado en torno a la ejecución parcial del presupuesto se
reitera lo expresado por la Sala, en sentencia del 26 de abril de 202023, en cuanto a
19
Sentencia del 12 de agosto de 2021, Exp. 25413. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
Sentencia del 10 de octubre de 2019, Exp. 22394, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21
Corte Constitucional. Sentencia C-337 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22
En este mismo sentido ver sentencia del 10 de mayo de 2018, Exp. 22972. C.P. Milton Chaves García.
23
Exp. 24299, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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que «la ejecución parcial del presupuesto es un hecho irrelevante porque el artículo 85 de la Ley 142
de 1994 establece que la tarifa de la Contribución Especial se fijará en el porcentaje necesario para
cubrir su presupuesto anual, que corresponde al aprobado por la Ley de Presupuesto, no al monto
ejecutado».
Respecto del traslado de excedentes de lo recaudado al Fondo Empresarial, se reitera
que la afirmación de la apelante sobre dicho traslado no controvierte la
constitucionalidad del acto administrativo de carácter general que determinó la base
gravable de la contribución especial, sino de la ley de presupuesto. Entonces, «aún en
caso de que se demuestre que esa transferencia se hizo con cargo al presupuesto de funcionamiento
de la SSPD, esto no constituye un vicio del acto administrativo, sino de la ley a la cual da cumplimiento,
asunto que no puede ser estudiado porque no hace parte del objeto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 138 del CPACA 24».
Adicionalmente la actora discute que no está demostrado el faltante presupuestal,
pues la entidad depositó sus excedentes en títulos de deuda y depósitos bancarios,
que entrega en administración al Icetex y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
a los que puede acudir para financiar su actividad, argumento respecto del cual se
resalta que la Sección, en la sentencia del 10 de octubre de 201925, señaló que: «i) el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 autoriza incluir en la base gravable de la contribución especial las
cuentas del grupo 75 cuando existe un faltante presupuestal, ii) el estudio técnico realizado por la
entidad no fue desvirtuado, iii) su análisis demostró que existe el faltante presupuestal y iv) el
desconocimiento del principio de planeación presupuestal no puede analizarse porque no se
controvirtieron las normas presupuestales […]» y que «Al igual que en el punto anterior, en el
expediente constan los estudios técnicos realizados por los años 2016 26 y 201727, que coinciden con la
motivación de los actos administrativos 28, y que no fueron desvirtuados por los demandantes.».
De manera que, acorde con el fallo citado, en este caso la demandante no controvirtió
el estudio técnico realizado por la autoridad demandada para proferir el acto
administrativo general, que demostró la existencia de un faltante presupuestal y que
sirvió de fundamento para la sentencia del 10 de octubre de 2019. Por el contrario, la
apelante se limitó a afirmar que el servicio de control y vigilancia prestado por la SSPD
pudo financiarse con recursos depositados en entidades financieras y en títulos de
deuda, sin aportar alguna prueba de que tales recursos eran suficientes para superar
el déficit presupuestal identificado en dicho estudio técnico29.
Por lo anterior, no prospera la apelación presentada por la parte actora, y, en
consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso30, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del
proceso) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el proceso.
24
Sentencia del 26 de abril de 2020, Exp. 24299, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E), reiterado en la sentencia del 29 de abril
de 2021, Exp. 25107, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
Sentencia del 10 de octubre de 2019, Exp. 22394, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26
Folios 211 a 215 del Expediente 22394.
27
Folios 181 a 185 del Expediente 22394.
28
Folios 178 a 180 y 195 a 200 del Expediente 22394.
29
Se reitera el criterio fijado en sentencias del 26 de abril de 2020, Exp. 24299, reiterado en sentencias del 29 de abril de 2021,
Exp. 25107, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
30
C.G.P. «Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación».
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Demandante: AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, conforme con lo
expuesto en esta providencia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Reconocer personería al abogado Jhonathan Arisbey Linares Beltrán para actuar
como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder
visible en el índice 18 de Samai.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior
providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
11
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