RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2017-01595-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01595-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01595-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01595-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

24 de marzo de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.
Demandado: Bogotá D. C.

Temas: ICA. bimestres 5.° de 2013 y 1.° a 6. ° de 2014. Base gravable especial.
Servicio de vigilancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 28 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, que decidió (índice 2)1:

Primero. Se declara la nulidad de las resoluciones 5394DDI049960 del 2 de junio de 2016 y
DDI034229 del 29 de junio de 2017, por medio de las cuales Bogotá, D. C.–Secretaría de Hacienda
expidió a la actora liquidación oficial de revisión del impuesto de industria y comercio por los
bimestres 5 del año 2013 y 1 a 6 del año 2014, y resolvió el recurso de reconsideración.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho se declaran en firme las declaraciones del ICA de
la sociedad Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda. correspondientes a los periodos 5 del año
2013 y 1 a 6 del año 2014, conforme a las consideraciones de esta sentencia.

Tercero. Niéganse las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la liquidación oficial de revisión, la Administración modificó las autoliquidaciones
del ICA de la actora por los bimestres 5.° de 2013 y 1.° a 6.° de 2014, en el sentido de
conformar la base gravable con la totalidad de los ingresos netos obtenidos por la
contribuyente en la jurisdicción de la demandada. En consecuencia, determinó un mayor
impuesto a cargo e impuso multa a título de sanción por inexactitud (índice 2). Tras el
recurso respectivo, el acto fue confirmado (índice 2).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

1 Del historial de actuaciones registradas en la plataforma informática Samai. Las demás menciones a «índice» están

referidas al mismo repositorio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2)2:

6.1 Pretensiones principales

Primera. Que se declare la nulidad total de la liquidación oficial de revisión demandada, contenida
en la Resolución nro. 5394DDI049960 y/o 2016EE93148, del 02 de junio de 2016, a través de la cual
la Oficina de Liquidación de la Subdirección de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá,
modificó las declaraciones del ICA presentadas por la sociedad Prosegur para el bimestre 5 del año
2013 y los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2014.

Segunda. Que se declare la nulidad total de la Resolución nro. DDI034229 y/o 2017EE118512, del
29 de junio de 2017, expedida por la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico
Tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá que resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto en contra de la Resolución nro. 5394DDI049960 y/o 2016EE93148, del 02 de junio del
2016.

Tercera. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare la firmeza de las declaraciones del
ICA correspondientes al bimestre 5 del año 2013 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2014 que presentó la
compañía en Bogotá.

Cuarta. Declarar que no procede la sanción por inexactitud impuesta en la liquidación oficial de
revisión demandada, contenida en la Resolución (…) y confirmada por la Resolución (…).

Quinta. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare que mi representada no adeuda
suma alguna ni por concepto del ICA, ni por sanción de inexactitud correspondiente a las citadas
vigencias fiscales y bimestres en mención.

Sexta. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare responsable al Distrito Capital de
Bogotá de los perjuicios patrimoniales generados a mi representada en virtud de los actos
administrativos anulados a los que hice referencia en las anteriores pretensiones.

Séptima. Condenar al Distrito Capital de Bogotá a pagar a mi representada la indemnización integral
de los perjuicios patrimoniales generados como consecuencia de las anteriores pretensiones, en la
cuantía que sea probada en el presente proceso.

Octava. Condenar al Distrito Capital de Bogotá a pagar las costas del presente proceso. Igualmente,
solicitamos no se condene a la demandante a agencias en derecho ni costas procesales.

6.2 Pretensiones subsidiarias

En caso de no acceder a una o varias de las pretensiones principales objeto de la presente demanda,
se solicita como pretensiones subsidiarias las siguientes:

Primera. Declarar que no procede la sanción por inexactitud impuesta en la liquidación oficial de
revisión demandada, contenida en la Resolución nro. 5394DDI049960 y/o 2016EE93148, del 02 de
junio de 2016, y confirmada en la demandada resolución del recurso de reconsideración (…), por
diferencia de criterios o interpretación razonable, en aplicación del parágrafo 2.° del artículo 647 del
Estatuto Tributario, concordante con el artículo 3.° del Acuerdo 671 de 2017del Concejo de Bogotá
D. C.

Segunda. Que, en todo caso, se dé aplicación al principio de favorabilidad en materia sancionadora
para liquidar la sanción por inexactitud con base a: (i) el artículo 648 del Estatuto Tributario,
modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que consagra que la sanción por inexactitud
corresponde al cien por ciento (100 %) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la
liquidación oficial de revisión y el declarado por el contribuyente; y (ii) el Acuerdo 671 de 2017 del

2 La demanda fue reformada el 31 de mayo de 2018 en el sentido de adicionar pruebas y modificar los hechos y el

concepto de violación, y, mediante auto del 14 de junio de 2018, el tribunal admitió dicha reforma (índice 2).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

Concejo de Bogotá D. C., en donde, en su artículo tercero se indica que la sanción por inexactitud
será equivalente al cien por ciento (100 %) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la
liquidación oficial de revisión y el declarado por el contribuyente o responsable.

Tercera. No condenar en costas a mi representada en caso de que sean denegadas las pretensiones
principales y subsidiarias.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 2.°, 29, 150-12, 287
y 338 de la Constitución; 462-1, 555-2 y 683 del ET (Estatuto Tributario); 1.° del Decreto
Ley 1421 de 1993; 46 y 197 de la Ley 1607 de 2012; 282 y 288 de la Ley 1819 de 2016;
3.° y 137 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011); 3.° del Decreto 423 de 1996; 3.° del Decreto 400 de
1999; y 3.° del Decreto 352 de 2002. El concepto de violación planteado se sintetiza así
(índice 2):

Sostuvo que los actos demandados estuvieron falsamente motivados, toda vez que
aplicaron una norma distrital que establecía una base gravable del ICA sobre las
actividades de servicios de vigilancia diferente a la base gravable especial que adoptó el
artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 —que, a su vez, modificó el artículo 462-1 del ET—.
A juicio de la demandante, la nueva base imponible tenía aplicación directa en los tributos
de orden local, a pesar de que esa disposición no hubiese sido incorporada en el
ordenamiento jurídico territorial, pues se trataba del ámbito de aplicación de una ley
expedida dentro de las competencias del legislador para crear impuestos y configurar los
elementos del hecho generador, sin que ello quebrantara el principio de autonomía
territorial o desatendiera la gestión tributaria a cargo de los municipios respecto de los
tributos administrados por ellas (citó, entre otras, las sentencias C-232 de 1998 y C-121
de 2006).

Finalmente, sostuvo que no incurrió en inexactitud sancionable y que, de haberlo hecho,
la sanción resultaba improcedente al configurarse la causal exculpatoria de error en el
derecho aplicable. Alegó que, en todo caso, correspondía disminuir la multa al 100 % de
la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el autoliquidado, en
aplicación del principio de favorabilidad.

Contestación de la demanda

El demandado se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2), para lo cual defendió
la legalidad de los actos enjuiciados bajo la consideración de que estos están en
consonancia con la tesis de la Administración, según la cual, el artículo 46 invocado por
la demandante solo sería aplicable cuando la entidad territorial adoptara dicha norma en
su jurisdicción, conforme a lo interpretado en los conceptos nros. 2013EE72237, del 16
de abril de 2013, y 2014EE233375, del 27 de octubre de 2014, cuya legalidad fue
ratificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia de
segunda instancia emitida el 21 de junio de 2017. Por esos motivos, aseguró que en las
vigencias discutidas se debía establecer la base gravable de conformidad con las normas
locales que regían en el distrito, concretamente: el Decreto 352 de 2002.

Sustentó la sanción impuesta en los actos demandados y alegó que no hubo una
diferencia de criterios pues existía un pronunciamiento de la doctrina oficial del distrito
que establecía el alcance del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012.

Sentencia apelada

El tribunal anuló los actos demandados, declaró la firmeza de las autoliquidaciones de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

actora y negó las demás pretensiones (índice 2). En ese orden, advirtió que, de
conformidad con la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012, al establecer la base
gravable especial debatida, el legislador buscó reconocer la realidad operativa de las
empresas que prestan servicios de vigilancia, en la medida en que la mayor parte de los
ingresos obtenidos por tales sujetos se dirigen a cubrir los costos de su actividad.
Igualmente, el principio de autonomía de las entidades territoriales no se ve afectado con
el ejercicio de la potestad del legislador para determinar los elementos de los tributos
territoriales, de manera que el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 sí era aplicable al ICA
por servicios de vigilancia, pues en esa disposición se hizo extensible la base gravable
especial a los tributos territoriales.

Sin perjuicio de la nulidad de los actos y su consecuente restablecimiento del derecho,
no accedió a las demás pretensiones pues propendían por obtener un reconocimiento de
perjuicios que no fueron probados ni cuantificados por la demandante. Lo propio
consideró respecto de la condena en costas, al no haberse demostrado su causación.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del tribunal, para lo cual reprodujo los planteamientos
de la contestación de la demanda acerca de la inaplicabilidad del artículo 46 de la Ley
1607 de 2012, bajo la consideración de que la base gravable especial allí contenida no
había sido incorporada en las normas distritales y su directa aplicación vulneraría la
autonomía territorial, sumado al hecho que la disposición legal no fue clara en su
contenido al expresar si se trataba de una disposición para retención en la fuente o para
qué tipo de tributos locales, conforme también lo consideró la consejera de estado Stella
Jeannette Carvajal Basto en su aclaración de voto de la sentencia del 26 de febrero de
2020 (exp. 24690, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto). Agregó que el fallo apelado
vulneró el principio de seguridad jurídica dado que contrarió una sentencia de segunda
instancia emitida por el mismo tribunal, la cual hizo tránsito a cosa juzgada, en la que se
avaló la interpretación efectuada por la autoridad distrital sobre el alcance de la referida
disposición jurídica.

Finalmente, reafirmó la procedencia de la sanción por inexactitud por la utilización de
datos equivocados, sin que se configurara el error sobre el derecho aplicable.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró lo expuesto en las demás etapas procesales y añadió que se
debía observar el precedente horizontal, con base en el cual, esta Sección ha decidido
litigios análogos al presente, particularmente, se refirió, entre otras, a las sentencias del
26 de febrero de 2020 (exp. 24690, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 07 de mayo
de 2020 (exp. 24675, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) y del 16 de julio de 2020 (exp.
24694, CP: Milton Chaves García). La demandada, sintetizó lo argumentado en su
apelación (índices 25 y 26).

El ministerio público rindió concepto y, al efecto, solicitó que se confirmara la sentencia
apelada pues atiende la aplicación jerárquica de las normas que rigen el ordenamiento
jurídico y el precedente de esta corporación. Además, no es cierto que se hubiera
vulnerado el principio de autonomía territorial pues, de conformidad con lo considerado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-587 de 2014, la prohibición del artículo 294
constitucional solo rige respecto de las exenciones y tratamientos preferenciales para
tributos de orden local, pero ello difiere de la definición de los elementos del hecho
generador, como lo es la base imponible (índice 28).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo a los cargos de
impugnación planteados por el demandado en calidad de apelante único, contra la
sentencia de primera instancia que accedió a la nulidad de los actos enjuiciados.
Concretamente, se debe establecer si la aplicación del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012
quebrantó el principio de autonomía territorial pues la autoridad distrital no había
incorporado su contenido a las normas de orden local y si, en todo caso, ese dispositivo
legal no adujo expresamente a qué tributos locales aplicaría la base gravable especial
allí contenida, tras lo cual, se revisará si se quebrantó la seguridad jurídica por cuenta de
que otra providencia avaló la tesis de la Administración al encontrar legal los conceptos
distritales proferidos en ese sentido.

2- El litigio así planteado parte del argumento de la demandante, según el cual, el artículo
46 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 462-1 del ET, la habilitó
expresamente para autoliquidar su impuesto de industria y comercio tomando como base
gravable el valor del AIU generado por la prestación del servicio de seguridad y vigilancia,
posición que ratificó el a quo al acceder al cargo de anulación. A su turno, la demandada
y apelante única plantea que, en virtud del principio de autonomía territorial, dicha base
gravable solo será aplicable cuando el concejo distrital así lo disponga, de suerte que lo
procedente era determinar el impuesto de acuerdo con lo establecido por el artículo 42
del Decreto Distrital 352 de 2002, aunado al hecho que el dispositivo legal no fue claro al
indicar si esa base imponible era para efectos de retención en la fuente ni para qué
tributos locales.

Como se ve, las partes coinciden en que la demandante presta servicios de vigilancia
gravados con ICA en la jurisdicción de Bogotá, pero difieren respecto de la normativa
aplicable para conformar la base gravable del impuesto causado por el desarrollo de
dicha actividad. Con miras a resolver esta controversia, la Sala reiterará las sentencias
del 26 de febrero de 2020 (exp. 24690, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 07 de
mayo de 2020 (exp. 24675, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), del 16 de julio de 2020
(exp. 24694, CP: Milton Chaves García), del 03 de diciembre de 2020 (exp. 25088, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez [E]), del primero de julio de 2021 (exp. 25471, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto), y del 02 de diciembre de 2021 (exp. 25686, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto), que decidieron litigios análogos al presente.

3- Particularmente, en la sentencia del 07 de mayo de 2020 (exp. 24675, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez), la Sala advirtió que la materia sobre la que versa la litis se
encuentra regulada por normas de rango constitucional, que disponen que los municipios,
distritos —y demás entes territoriales— cuentan con autonomía para la gestión de sus
intereses, lo cual implica la potestad para administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones (artículos 1.º, 287 y 300 de la Carta).
Por esa razón, el artículo 338 ibidem les reconoce potestad para configurar
normativamente sus propios tributos. No obstante, dicho poder no está desprovisto de
límites, toda vez que el texto del mencionado artículo 338 debe interpretarse de manera
concordante con lo prescrito en los artículos 287 y 300, según los cuales, el ámbito de
autonomía de los entes territoriales se sujeta a «los límites de la Constitución y la ley».
Así lo ha precisado la Corte Constitucional desde la sentencia C-517 de 1992, al señalar
que la interpretación teleológica y sistemática de los mandatos superiores conduce a
afirmar que las potestades tributarias atribuidas a las asambleas departamentales y a los
concejos municipales y distritales deben entenderse circunscritas a lo que determine la
ley. De ahí que sea constitucionalmente inadmisible la existencia de tributos territoriales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

regulados exclusivamente por normas locales o delimitados por estas en contravía del
precepto legal, pues la competencia normativa que asiste a las entidades territoriales
para establecer los elementos del tributo debe ser ejercida dentro de los límites y
conforme a los parámetros fijados por la ley.

Sobre la base de esos planteamientos, al analizar el alcance de los artículos 294 y 362
superiores, el máximo intérprete de la Constitución, además, ha precisado que, una vez
establecido un tributo territorial, el Congreso conserva la posibilidad de modificarlo puesto
que la autonomía que la norma constitucional le reconoce a las entidades territoriales no
vacía de contenido la competencia atribuida al Congreso de la República para señalar
los linderos de la actividad impositiva a nivel territorial 3. La Corte también ha destacado
que, incluso en lo que atañe a los tributos locales, el legislador conserva su potestad de
configuración normativa con miras a definir y precisar el alcance de las figuras
impositivas, «en especial, para delimitar sus elementos esenciales, como ocurre con la
definición de los hechos y bases gravables» (sentencia C-587 de 2014, MP: Luis
Guillermo Guerrero Pérez).

Concluyó la Sala en las providencias que se reiteran que los límites de la potestad
tributaria de los entes territoriales les impiden, además de crear tributos (como ha sido
advertido por esta corporación en múltiples pronunciamientos 4 ), apartarse de la
configuración que efectúe el legislador en relación con los elementos de los tributos
locales, i. e. hechos gravados, sujetos, bases gravables y tarifas.

4- Ahora bien, el Decreto Ley 1421 de 1993, «Por el cual se dicta el régimen especial
para (…) Bogotá» fue expedido en ejercicio de la facultad concedida al Gobierno por el
artículo 41 transitorio de la Constitución, a efectos de determinar su régimen político,
fiscal y administrativo, de conformidad con lo preceptuado por los artículos superiores
322 a 324. En ese contexto, el artículo 154 del decreto ejusdem determinó que la base
gravable del ICA en el Distrito Capital está conformada por los ingresos netos del
contribuyente obtenidos durante el período gravable. En el mismo sentido, el artículo 42
del Decreto 352 de 2002 indicó que el impuesto se determina «con base en los ingresos
netos del contribuyente obtenidos durante el período». Posteriormente, al modificar el
artículo 462-1 del ET, relativo al impuesto sobre las ventas (IVA), el artículo 46 de la Ley
1607 de 2012 creó una «base gravable especial» aplicable a los servicios integrales de
aseo y cafetería, servicios temporales y, en lo que interesa al caso concreto, a los
servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. Al tenor de la norma ibidem, dicha base especial equivalía al importe del AIU de
la operación (que no podría ser inferior al 10 % del valor del contrato) y era aplicable «a
efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los
impuestos territoriales» (destaca la Sala).

De cara a interpretar ese precepto se impone resaltar que el ICA es un impuesto de
carácter territorial que grava el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de
servicios «en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá» (artículo 32 del Decreto
Distrital 352 de 2002). En ese sentido, aparece con claridad que dicho tributo se enmarca
dentro del concepto de «impuestos territoriales» a que se refiere el parágrafo del referido

3 Sentencias C-521 de 1997, MP: José Gregorio Hernández Galindo; C-992 de 2004, MP: Humberto Sierra Porto; C-

812 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo; y C-587 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
4 Sentencias del 02 de mayo de 2019, exp. 23258, CP: Milton Chaves García; 14 de mayo de 2015 y 08 de octubre de

2015, exps. 19548 y 19552, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 05 de febrero de 2015 y 05 de junio de 2014,
exps. 19945 y 20654, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; 24 de octubre de 2013, exp. 18808, CP: Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez; 07 de febrero de 2013, exp. 18885, CP: William Giraldo Giraldo; 06 de diciembre de 2012, exp.
19085, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; 05 de diciembre de 2011, exp. 18542, CP: William Giraldo Giraldo, 25
de marzo de 2010, exp. 16428, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, por lo que la base gravable especial regulada por
dicha norma se hizo extensiva a efectos de liquidar dicho tributo. Tal conclusión resulta
aún más patente en la actualidad, pues la redacción vigente del citado artículo 462-1 del
ET —dada por el artículo 182 de la Ley 1819 de 2016— hace expreso que la base
gravable especial en comento es aplicable al ICA.

Así, por mandato legal, la base imponible del ICA debe calcularse a partir del valor del
AIU de la operación (y no en virtud de los ingresos obtenidos), sin que esa suma pueda
ser inferior al 10 % del valor del contrato; mandato que, de conformidad con el
razonamiento expuesto en el fundamento jurídico nro. 3 de este proveído, no puede ser
desconocido por las entidades territoriales. Por consiguiente, a la luz del precedente que
se reitera, la Sala estima que la base gravable especial creada por el artículo 46 de la
Ley 1607 de 2012 es aplicable a efectos del ICA, incluso si el concejo municipal o distrital
ha omitido incorporarla al ordenamiento local y, como se vio, para esta judicatura el
dispositivo sí indicó que tal base gravable especial aplicaría a todos los impuestos
territoriales, dentro de los cuales se enmarca el ICA.

4.1- En ese contexto, al igual que en las providencias que aquí se reiteran, la Sala
constata que no es objeto de controversia que la actora percibió ingresos en el distrito
por la actividad de servicios de vigilancia, respecto de la cual declaró el ICA
correspondiente a los bimestres 5.° del 2013 y 1.º a 6.º del 2014, aplicando directamente
la base gravable especial de que trata el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, i. e. el AIU
de su operación, con lo cual, no prosperan los cargos de apelación relativos a la
inaplicación y contenido de la norma en mención.

5- Sobre la presunta vulneración del principio de seguridad jurídica al desconocerse lo
decidido en la sentencia de segunda instancia del 21 de junio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante la
cual se declaró la legalidad de los conceptos nros. 2013EE72237 y 2014EE233375, la
Sala advierte que ese juicio de legalidad recayó sobre unos actos que absolvieron
consultas acerca de la aplicación del artículo 46 de la Ley 1607 de 2012 y no sobre el
alcance mismo de la ley frente a un acto administrativo particular. En relación con la
naturaleza de esos actos administrativos de naturaleza interpretativa emitidos por las
Administraciones tributarias para contestar consultas de los particulares, la Sala ha
sostenido que «no determinan la juridicidad de un acto administrativo, pues esta surge a
partir del acatamiento del ordenamiento, no de los conceptos. Si bien esa clase de
interpretaciones oficiales es relevante porque ilustra el criterio con el que la autoridad
aplicará las normas generales en los casos particulares, carece de entidad para derogar
un contenido legal. De manera que no se puede afirmar que la doctrina oficial incorpora
mandatos jurídicos en los que se puedan sustentar las actuaciones administrativas que
contrarían disposiciones legales; con lo cual, una vez que se ha determinado la ilegalidad
de una actuación administrativa, tal contrariedad no cede por cuenta de las expresiones
formales de la doctrina oficial»5. Así, en línea con el criterio de la Sección, la legalidad
que determinó el tribunal sobre dichos conceptos no tiene el alcance de suprimir la
configuración legal de la base gravable que establece el artículo 46 de la Ley 1607 de
2012. No prospera el cargo.

6- Comoquiera que no prosperaron los cargos de apelación, se impone confirmar la
sentencia apelada. Asimismo, no se impondrá condena en costas en esta instancia, toda
vez que no se encuentran acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.° del artículo
365 del CGP para su procedencia.

5
Sentencias del 26 de febrero de 2020 y del 22 de abril de 2021 (exps. 23382 y 23335, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01595-01 (25849)
Demandante: Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.