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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01611-01

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01611-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01611-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

11 de octubre de 2023

Radicado: 25-000-23-37-000-2017-01611-01 (26342)
Demandante: CELSIA. S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25-000-23-37-000-2017-01611-01 (26342)
Demandante CELSIA. S.A. E.S.P.
Demandado DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y OTROS
Temas Contrato de estabilidad jurídica. Facultad discrecional del
Comité de Estabilidad Jurídica. Principio de igualdad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad CELSIA S.A.
E.S.P. contra la NACIÓN representada a través del Comité de Estabilidad Jurídica conformado
por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA, el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN y el MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Por no haberse causado ni demostrado, no se condena en costas. (…)»1 (Énfasis
del texto original).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 15 de enero de 2010, CELSIA S.A. E.S.P2. presentó ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo solicitud de suscripción del contrato de estabilidad
jurídica, por el término de 20 años, para amparar la construcción y montaje de una
central hídrica a filo de agua, con capacidad de generación de 19.9MW (central
hidroeléctrica “Montañitas”)3.

Mediante el Acta Nro. 12 del 19 de octubre de 20114, el Comité de Estabilidad
Jurídica decidió improbar la suscripción del contrato de estabilidad solicitado por la
sociedad actora.

Previa interposición del recurso de reposición, el Comité de Estabilidad Jurídica
confirmó la decisión tomada en el acta recurrida, por medio de la Resolución Nro.
027 del 21 de diciembre de 20125, notificada el 18 de febrero de 2013.

1 SAMAI. Índice 2. PDF de la sentencia. Página 19.
2 Al momento de presentar la solicitud el nombre de la sociedad era Compañía Colombiana de Inversiones
S.A. E.S.P (Colinversiones). Este nombre cambió en el año 2012.
3 SAMAI. Índice 2. PDF ED_ANEXOS_03ANEXOS NroActua 2. Página 11
4 Fls. 247 a 249 del cuaderno principal.
5 Fls. 268 a 281 del cuaderno principal.
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Radicado: 25-000-23-37-000-2017-01611-01 (26342)
Demandante: CELSIA. S.A. E.S.P.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones:
«A. Respetuosamente solicito al honorable Consejo de Estado, que como consecuencia de
estar plenamente probada la ilegalidad de los actos acusados, se declare la nulidad total del
numeral 5° del Acta No. 12 del 19 de octubre de 2011 proferida unánimemente por quienes
asistieron al comité de estabilidad jurídica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el
Ministerio de Minas y Energía (Anexo D), y de la Resolución que Resolvió el Recurso de
Reposición No. 027 del 21 de diciembre de 2012 suscrita igualmente por unanimidad por los
delegados al comité de estabilidad jurídica representantes del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y el Ministerio de Minas y Energía, a través de la cual se confirmó la decisión
de improbar la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica presentado por
Celsia (Anexo E). B. Como restablecimiento del derecho solicito respetuosamente a su despacho que se sirva
ordenar la aprobación de la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica
presentada por Celsia de conformidad con los términos de la Ley por un término de 20 años,
contados a partir de la fecha en que debió haber sido resuelta la solicitud hecha en debida
forma. Asimismo como consecuencia de lo anterior solicito se ordene pagar el valor de la prima que
Celsia debería cancelar a la Nación por suscribir el contrato de estabilidad jurídica, y disponer
el plazo para realizar el correspondiente pago, de acuerdo con el valor del proyecto y lo
señalado por el artículo 5° de la Ley 963 de 2005. Adicionalmente solicito que se restablezca el derecho de mi representada con relación a los
perjuicios que se causen durante el trámite de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho ocasionados por la no aprobación de la solicitud del contrato de estabilidad jurídica,
perjuicios que deberán cuantificarse a través de un incidente de conformidad con el artículo
135 del Código de Procedimiento Civil, y dentro de los cuales ha sido cuantificado a la fecha
el valor pagado por concepto del mayor impuesto al patrimonio cancelado en exceso por la
Compañía correspondiente a ($12.946.685.000 MCTE), junto con los intereses a que hubiere
lugar, frente a la cual se solicita la devolución. Que de conformidad a las normas de carácter tributario frente a las cuales se solicitó su
estabilidad, entre las cuales se encuentra la deducción por inversión en activos fijos reales
productivos contenida en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, se ordene, como pretensión
principal, la devolución del valor de la deducción en la cuantía de $9.823.823.000, valor que
debió tomar para los años gravables 2011, 2012 y 2013, así como las de los dieciocho años
posteriores, en el entendido en que, al respetar la normativa, la Compañía tenía derecho a
aplicar esta deducción por los veinte (20) años siguientes a la suscripción del contrato, que
debió firmarse en el año 2010, si las demandadas hubiesen respetado lo dispuesto para tales
efectos en la Ley 963 de 2005.

Como pretensión subsidiaria, y solo si no fuese aceptado lo anterior por su Honorable
Despacho, solicitamos que se reconozca la devolución de las sumas adicionales que fuesen
pagadas en exceso por el impuesto de renta por los años gravables 2013, 2014, y 2015, en el
entendido en que, al respetar la normatividad, la Compañía tenía derecho a aplicar esta
deducción por los tres (3) años siguientes a la suscripción del contrato, que debió surtirse en
2013, tal y como lo reconocen la Ley 1430 de 2010, el Oficio de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN No. 050950 del 12 de julio de 2011 y la Corte Constitucional de
Colombia mediante Sentencia C – 785 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Así las cosas, teniendo en cuenta los excesos de pago que realice la compañía a futuro sobre
normas cuya estabilización se solicitó, ruego que se ordene a las entidades correspondientes,
que devuelvan los dineros pagados en exceso con los intereses a que haya lugar.

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Radicado: 25-000-23-37-000-2017-01611-01 (26342)
Demandante: CELSIA. S.A. E.S.P.

No obstante, si este Despacho considera que la devolución no es el mecanismo, insto a su
honorable Despacho que defina el mecanismo efectivo para ello, dando prelación al principio
de esencia sobre forma consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, con el
propósito de obtener un restablecimiento del derecho efectivo para mi representada.
Adicionalmente, solicitamos a su Honorable Despacho que en el evento de no acceder a las
pretensiones de la presente demanda, no nos sea (sic) condenados en costas». (Énfasis del
texto original).

Como fundamento de derecho, la demandante invocó como violados los artículos
6, 13, 29, 83, 95 (numeral 9) y 333 de la Constitución Política, 71 del Código de
Procedimiento Civil, 1, 2, 4, 9 y 11 de la Ley 963 de 2005, 49 de la Ley 1450 de
2011, 2, 3, 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, 3, 4 y 8 del Decreto 2950 de 2005 (modificado por el Decreto 1474
de 2008) y los Documentos CONPES números 3366 y 3406 de 2005.
Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Indebida conformación del Comité de Estabilidad Jurídica
Indicó que los actos acusados están viciados de nulidad por falta de competencia
en la medida en que no existe prueba de la delegación de funciones por parte de
los miembros principales del Comité de Estabilidad Jurídica, esto es el ministro de
Hacienda y Crédito Público, el ministro de Comercio, Industria y Turismo o su
delegado, el ministro de Minas y Energía y el director del Departamento Nacional
de Planeación, en favor de quienes integraron el Comité al momento de resolver el
recurso de reposición interpuesto contra el Acta Nro. 12 de 2011, como tampoco de
la conformación del mismo.
En virtud de lo anterior, solicitó oficiar a las entidades demandadas para que
allegaran la copia de las constancias de delegación debidamente presentadas con
ocasión del Acta Nro. 27 del 11 de octubre de 2011 o, de lo contrario, que se declare
la nulidad de los actos administrativos por falta de competencia de los funcionarios.
2. Falta de aplicación del artículo 6 de la Constitución Política, por indebida
aplicación del artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 e interpretación errónea
de los artículos 2, 4 y 11 de la Ley 963 de 2005 y 3, 4 y 8 del Decreto 2950
de 2005 y los documentos CONPES números 3366 y 3406 de 2005
Señaló que la normativa aplicable establece de manera taxativa los requisitos que
deben cumplir los inversionistas para acceder a la suscripción de un contrato de
estabilidad jurídica, y en esa medida, el Comité de Estabilidad Jurídica no estaba
investido de potestad discrecional para aprobar o no la solicitud de celebración del
contrato.
Resaltó que la actora cumplió con todos los requisitos legales para acceder a la
suscripción, los cuales se encuentran previstos en la Ley 963 de 2005, en el Decreto
2950 de 2005 y en los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005 e hizo un
recuento detallado sobre lo que indica la norma y cómo cumplió cada requisito.
Como parte de esto, sostuvo que la demandante invirtió en Colombia
$110.195.164.000, a través de la adquisición de una planta de generación de
energía eléctrica. De hecho, especificó que el valor de los recursos destinados al
Proyecto Hidromontañitas se evidenciaba en el certificado emitido por el revisor
fiscal de la demandante en el que se informa que esta invirtió $121.965.841.406,
esto es, una mayor inversión a la inicialmente señalada en la solicitud de suscripción
del contrato de estabilidad jurídica.

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También explicó el origen de los recursos, transcribió las normas sobre las cuales
pretendía la estabilidad jurídica y mencionó las razones por las cuales esas
disposiciones eran determinantes para la inversión, determinó la prima a pagar a
favor de la Nación y, finalmente, precisó que ha venido cumpliendo con la normativa
que regula la generación de energía, las obligaciones laborales, tributarias,
comerciales y ambientales. En adición, agregó que la normativa que se pretendía
estabilizar no se encuentra limitada por el artículo 11 de la Ley 963 de 2005.
Citó la definición de “Inversiones Nuevas” del artículo 3 de la Ley 963 de 2005 y la del
artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 (que modificó el primero de estos) e indicó que
las entidades demandas aplicaron retroactivamente la Ley 1450 de 2011, pues
afirmaron que la actora no cumplió las condiciones allí establecidas, en la medida
en que solo podían considerarse inversiones nuevas aquellas realizadas con
posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica. Al respecto,
precisó que la ley mencionada no estaba vigente cuando se presentó la solicitud de
suscripción del contrato (15 de febrero (sic) de 2010) ni cuando debió haberse
aprobado (15 de mayo de 2010), con lo cual no debía haberse utilizado para resolver
el recurso.
Aseveró que el Comité de Estabilidad Jurídica decidió improbar la solicitud de
suscripción del contrato con fundamento en razones de conveniencia, condiciones
macroeconómicas, y directrices, todas diferentes al incumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios, los cuales sí estaban cumplidos. En ese sentido, adujo
que esto probaba que el Comité se arrogó facultades discrecionales para aprobar o
no dicha solicitud, las cuales son ilegales.
3. Falta de aplicación de los artículos 83 de la Constitución, 71 del Código
de Procedimiento Civil y 3 (numeral 4) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Transgresión de los
principios de confianza legítima y lealtad procesal.
Planteó que el Comité de Estabilidad Jurídica improbó la solicitud presentada por la
actora, pese haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios. En
ese sentido, dijo que, por consiguiente, se vulneraron los principios de confianza
legítima y lealtad procesal (como desarrollo del principio de buena fe contenido en
el artículo 83 de la Constitución Política y 71 del Código de Procedimiento Civil)
puesto que dicho Comité modificó intempestivamente y sin justificación las
condiciones bajo las cuales debían ser evaluadas las solicitudes de suscripción de
un contrato de estabilidad jurídica.
Añadió que, ante el cumplimiento de las condiciones que habían llevado a que el
Comité aprobara otras solicitudes para celebrar contratos de estabilidad jurídica, la
demandante tenía una legítima expectativa de suscribir dicho acuerdo con la
Nación. Empero, el Comité decidió improbar la solicitud presentada por la actora,
evaluando factores diferentes al simple cumplimiento de los requisitos exigidos en
la Ley 963 de 2005, lo cual generó una flagrante vulneración de los principios de
buena fe y lealtad procesal.
4. Transgresión de los derechos a la igualdad e imparcialidad
Después de explicar el derecho a la igualdad y a la imparcialidad, informó que el
Comité de Estabilidad Jurídica aprobó las solicitudes para suscribir un contrato de
estabilidad jurídica presentadas por las compañías ISA e ISAGEN en los años 2008
y 2010. Que estas sociedades se dedican a la transmisión y generación de energía,

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actividades análogas a la de la actora. Que ISA desarrolló un proyecto por $701.081
millones, que consistió en la construcción, operación y mantenimiento de una red
de transmisión de energía. Que, por su parte, ISAGEN realizó una inversión por
$2.140.372 millones para la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, que
se refiere a la construcción de una central hidroeléctrica, según consta en los
contratos de estabilidad jurídica publicados en la página web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

En tal sentido, dijo que la demandante realizó una inversión análoga a las
presentadas por ISA e ISAGEN, respecto de la cual cumplió con todas las
exigencias legales para acceder a la aprobación de su solicitud. Sin embargo, el
Comité decidió improbar su solicitud sin razón alguna para ello, lo cual evidencia
que dicha entidad transgredió el derecho a la igualdad que le asiste a la actora. Lo
anterior, puesto que al igual que la demandante, las dos sociedades mencionadas
se encuentran en la misma situación, teniendo en cuenta que todas realizaron
inversiones en el sector de la energía eléctrica y sus respectivos contratos si fueron
aprobados.

Afirmó que la no aprobación de la solicitud de la actora atentó contra el principio de
libre competencia económica, ya que, sobre unas mismas condiciones, y tras el
cumplimiento de idénticos requisitos, el Comité de Estabilidad Jurídica les concedió
la estabilidad jurídica a los competidores de la compañía, con lo cual generó una
desigualdad injustificada, materializada en mayores beneficios normativos
relacionados con la operación de las compañías.

Enfatizó en que el Comité no fundamentó el motivo por el cual no aprobó la solicitud
presentada por CELSIA ni las diferencias con las de las demás compañías que sí
fueron aprobadas, todo lo cual materializó la violación de sus actos propios. Agregó
que los contratos de estabilidad jurídica celebrados por la Nación no tienen impacto
económico, social o ambiental para el país, de ahí que al comparar el proyecto de
inversión llevado a cabo por CELSIA con el de las sociedades mencionadas, es
evidente lo injusto y discrecional de la actuación del Comité, así como lo
contradictorio de su actuar6.

5. Indebida aplicación del artículo 85 de la Ley 143 de 1994

Expuso que el Comité citó el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 para aparentemente
motivar la decisión de improbar la solicitud presentada por CELSIA, puesto que el
Estado no está obligado a proteger a los inversionistas de los riesgos de generación,
interconexión, transmisión y distribución de energía.

Explicó que esa norma hace referencia a los riesgos de los proyectos energéticos
en el marco de los contratos de concesión que se suscriben con el Estado. Es decir,
que esa disposición está consagrada para evitar que los inversionistas a quienes se
les haya otorgado una concesión energética trasladen los riesgos de su inversión al
Estado vía modificación del contrato de concesión, cuando esta no resulte conforme
con la rentabilidad esperada.

Advirtió entonces que el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, así como sus
interpretaciones doctrinarias, no hacen parte de las normas mediante las cuales se

6 En este sentido, en la Reforma a la demanda presentada por la actora, en principio menciona que se
muestran algunos casos que “no tienen la importancia económica y social de Hidromontañitas” pero a
continuación solo aparece “se inserta cuadro”.
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debe evaluar la posibilidad de suscribir un contrato de estabilidad jurídica, puesto
que regulan materias diferentes, que en nada sirven como analogía en este caso,
con lo cual, valerse del contenido de esa disposición no es acertado y, con ello, vicia
de nulidad la motivación de los actos administrativos demandados.

Resaltó que, ante la ausencia de cuestionamientos relacionados con el
cumplimiento de las disposiciones normativas del régimen de estabilidad jurídica,
debía concluirse que la actora cumplió con los requisitos allí consagrados, lo cual
también se encuentra debidamente probado. Destacó que, de no declararse la
nulidad de los actos acusados, se estaría aceptando que soportar el rechazo del
contrato de estabilidad jurídica en una norma ajena a la materia en discusión,
constituye una fuente de derecho válida para que las autoridades resuelvan un
asunto particular.

6. El Comité de Estabilidad Jurídica improbó la estabilidad jurídica
solicitada con base en normas ajenas a esa materia

Puso de presente que el Comité de Estabilidad Jurídica determinó que no era
posible aprobar la solicitud presentada por la demandante, en razón a presuntas
garantías normativas determinadas para la actividad económica que esta ejecuta,
las cuales no expuso ni demostró en los actos demandados.

Resaltó que el efecto jurídico que el Comité de Estabilidad Jurídica pretende derivar
de las aparentes garantías normativas no es legalmente admisible, ya que dicho
criterio no se encuentra consagrado en la normativa aplicable. Además, dijo que
este argumento contradice el artículo 2 de la Ley 963 de 2005, puesto que todas las
actividades allí consagradas cuentan con garantías inherentes a su desarrollo. De
manera que, aceptar este criterio, conllevaría a negar los efectos legales derivados
de la Ley 963 de 2005, ya que sería materialmente imposible que una actividad
económica carezca de algún tipo de garantía normativa.

Destacó que el argumento esgrimido por el Comité en relación con la formación del
precio de la energía y el traslado del costo al usuario final no tiene asidero en el
ordenamiento jurídico nacional. Lo anterior, porque este criterio no se encuentra
consagrado en la normativa colombiana, puesto que la posibilidad de trasladar el
costo al consumidor de los bienes y servicios no genera un motivo que fundamente
la no aprobación de una solicitud.

Resaltó que, de llegarse a aceptar la aplicación del artículo 85 de la Ley 143 de
1994, supondría acoger la conclusión de que una modificación normativa en el
sector de la energía no afectaría negativamente a la actora, en razón de las
garantías normativas existentes, puesto que es al usuario final a quien se le
trasladaría la carga económica. Todo lo cual carece de fundamento económico
alguno, puesto que tal modificación afectaría de forma significativa a la actora, al
punto de generar la inviabilidad de la inversión realizada.

Informó que la actora solicitó estabilizar la regulación existente en relación con el
cargo de confiabilidad, la contribución de solidaridad del gas y los usos por el
sistema de transmisión nacional. Ahora, por el hecho de no haberse accedido a la
solicitud de estabilidad, incluyó en un cuadro los costos adicionales desde el año
2011 al 2027. En tal sentido, afirmó que eran evidentes los impactos financieros
para la demandante, así como el hecho de que la firma del contrato de estabilidad
jurídica era determinante para la inversión, puesto que estaba asociada a un mayor

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crecimiento económico del negocio, a su expansión y capacidad de generación de
empleo.
Afirmó que, si bien la inversión en el Proyecto Hidromontañitas se realizó, esta no
iba a generar los mismos efectos, respecto de los puntos señalados, como si se
hubiera celebrado el contrato de estabilidad jurídica.
7. Falsa motivación de los actos administrativos acusados
Adujo que el Comité no tuvo en consideración todos los riesgos que se presentan
en el sector energético, entre los cuales, se encuentran los climáticos globales, de
mercado, incluso de mercados diferentes al de energía eléctrica. Así las cosas, dijo
que no existen razones para considerar que las garantías del sector eléctrico eran
un fundamento válido para improbar la solicitud presentada por CELSIA, de ahí que
los actos acusados estén viciados de falsa motivación.
8. Falta de aplicación de los principios de celeridad, economía y eficiencia
Consideró que, habiendo cumplido los requisitos legales exigidos para suscribir un
contrato de estabilidad jurídica, en virtud de los principios de celeridad, economía y
eficiencia, el Comité debió haber aplicado el artículo 4 del Decreto 2950 de 2005,
según el cual, tras la revisión de la existencia del contenido mínimo de la solicitud,
esta debía ser admitida por parte de la Secretaría Técnica del Comité, para
posteriormente aplicar lo dispuesto en el literal f) del artículo 4º de la Ley 963 de
2005 «suscribiendo los contratos».
Precisó que los principios señalados fueron desconocidos en la medida en que la
parte demandada (i) instauró requisitos ajenos a la normativa aplicable y con ello
dilató el proceso y la materialización del derecho sustancial, (ii) extralimitó el
contenido del marco legal sobre el cual estaban facultados para actuar, con lo cual
profirió una decisión sin técnica ni calidad y (iii) «nunca impulsaron el proceso y profirieron
una decisión por fuera de los términos legales, generando una extemporaneidad injustificada, sobre
la cual incluso pretendieron incrementar los requisitos legales de las solicitudes, con base en una
Ley que empezó a regir con posterioridad a la presentación misma de la solicitud».

9. Falta de aplicación del artículo 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Adujo que no se probó el contexto macroeconómico y las nuevas directrices a los
que se hizo referencia en los actos acusados como fundamento para no aprobar la
solicitud de la actora, así como los demás fundamentos señalados para llegar a esa
conclusión. Además, que la parte acusada no estudió el recurso de reposición
presentado por la demandante.
Trámite de la demanda en la primera instancia
La demanda inicial fue presentada inicialmente ante la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 19 de junio de 20137, quien la remitió por
competencia la Sección Tercera de ese mismo Tribunal por auto del 9 de septiembre
de 20138. La Sección Tercera, Subsección A, admitió la demanda por auto del 25
de noviembre de 20139 y realizó la audiencia inicial el 26 de enero de 201610,

7 Fls. 3 a 60 del cuaderno principal.
8 Fls. 286 a 288 del cuaderno principal.
9 Fls. 292 a 293 del cuaderno principal.
10 Fls. 589 a 591 del cuaderno principal.
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diligencia en la cual declaró no probada la excepción de falta de competencia por
parte de la Sección Tercera del Tribunal para conocer de este asunto, decisión que
fue apelada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Consejo de
Estado.
Mediante auto del 2 de junio de 201711, el Consejo de Estado consideró que la
decisión impugnada no era apelable, en la medida en que no se refería a la falta de
competencia por razón del territorio o de la cuantía, sino a la distribución interna de
los asuntos que deben conocer las distintas secciones del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Por consiguiente, ordenó devolver el proceso al Tribunal para
que la Sala Plena de esa Corporación resolviera esta cuestión.
Por medio del auto del 12 de octubre de 201712, la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ordenó remitir el expediente a la Sección Cuarta
de la misma Corporación para que esta determinará si asumía la competencia para
decidir este asunto, lo cual efectivamente hizo por medio del auto del 15 de mayo
de 201813.
Oposiciones a la demanda
El Ministerio de Minas y Energía controvirtió las pretensiones de la demanda. En
primer lugar, propuso las excepciones de caducidad de la acción e inepta demanda
por incumplimiento del requisito de procedibilidad. En segundo lugar, dijo que no
existe causal de nulidad en los actos demandados, toda vez que se encuentra
probada la competencia de los funcionarios que los expidieron, se respetaron las
normas superiores en las que debían fundarse, así como el derecho de audiencia y
de defensa de la actora y la motivación de los actos es verídica y acertada, de ahí
que no exista desviación de poder.
Indicó que el Comité de Estabilidad Jurídica analizó la solicitud, revisó los
documentos adjuntos a ella y decidió no aceptarla porque, en el campo de la energía
eléctrica, los agentes están en condiciones de conocer, evaluar y afrontar el riesgo
propio de este tipo de actividad. Indicó que esta decisión está en línea con la
prevalencia del interés general y de la garantía de los derechos de los
administrados, según lo dispone el artículo 209 de la Constitución.
Destacó que la sola presentación de la solicitud no le otorgaba un derecho a la
actora. Que la motivación veraz, clara y precisa de los actos acusados da cuenta de
que la decisión de improbar la mencionada solicitud exigió tener en cuenta
circunstancias propias del momento y que, en todo caso, la decisión no fue
arbitraria, pues se evaluaron distintos presupuestos fácticos y jurídicos.
Expresó que la actora no explicó en qué medida la responsabilidad del servidor
público, en cuanto a la omisión o extralimitación de sus funciones, afecta la decisión
tomada en los actos enjuiciados, ni tampoco respecto a qué o quién se violó el
principio a la igualdad. Sobre este asunto, agregó que la demandante sólo enunció
situaciones sin determinar lo que las hace iguales a la de la actora y cómo se vulneró
el derecho a la igualdad.
Aseveró que la actora no demostró que la decisión tomada sea contraria a derecho
o que estuviera falsamente motivada. Por el contrario, los actos acusados explican

11 Fl. 604 del cuaderno principal.
12 Fls. 612 a 614 del cuaderno principal.
13 Fls. 619 a 620 del cuaderno principal.
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detalladamente el fundamento legal, jurisprudencial y constitucional que derivó en
la decisión allí contenida.
El Departamento Nacional de Planeación solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda. A estos efectos, señaló que las inversiones objeto de la solicitud del
contrato de estabilidad jurídica presentada por la actora, derivan de sus funciones
propias, de manera que se llevarían a cabo con o sin la suscripción del contrato, tal
y como ha sucedido, de ahí que no haya lugar a considerar que los actos acusados
estén viciados de falsa motivación. En adición, destacó que el régimen tarifario
asociado al sector energético garantiza la recuperación de las inversiones de las
compañías pertenecientes a ese sector y que estas sociedades deben asumir los
riesgos asociados a la ejecución y explotación de sus proyectos.
Citó el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, así como el Documento CONPES 3107
de 2001 y estimó que quienes invierten en el sector de la energía deben y pueden
asumir los riesgos asociados a la ejecución y explotación de sus proyectos, entre
los que se encuentra el riesgo normativo. Recalcó que el régimen tarifario de los
prestadores de energía eléctrica tiene en cuenta los criterios de costos, solidaridad
y redistribución de ingresos, con el fin de que todo prestador recupere los costos de
prestación del servicio, dentro de los cuales se contemplan los correspondientes a
inversiones de expansión y mantenimiento de los sistemas, al igual que la
rentabilidad esperada por la prestación de los mismos. En ese sentido, afirmó que
las empresas del sector eléctrico tienen la certeza de recuperar, vía tarifas, las
inversiones realizadas garantizando la viabilidad económica en la prestación de los
servicios públicos.
Respecto a la violación del principio de igualdad, mencionó que algunas empresas
que pertenecen al sector de la generación y conducción de energía tienen
garantizado el ingreso anual esperado (IAE) y parte de sus inversiones se encuentra
ejecutada a la fecha de solicitud del contrato de estabilidad jurídica. Sin embargo,
enfatizó en que estas similitudes no son suficientes para concluir que las compañías
se encuentran en una situación idéntica dado que cada proyecto de inversión tiene
características distintas.
Expresó que CELSIA recibió el mismo trato que las demás empresas que solicitaron
la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, lo que no puede confundirse
con que la Nación tenía la obligación de otorgar contratos a todas ellas. Indicó que,
ante el rechazo de la solicitud de suscribir el mencionado contrato, no puede
alegarse una violación al debido proceso, sino más bien una expresión de la
discrecionalidad reglada que establecieron los documentos CONPES. Añadió que
mal haría un operador jurídico al obligar a la Nación a suscribir un acuerdo de
voluntades en virtud del principio de la igualdad, en un ámbito en el cual la
conveniencia debe medirse, en el caso de la Nación, en términos del interés general
y del impacto fiscal.
Respecto a la supuesta violación del principio de equidad, dijo que este resulta
aplicable en el ámbito tributario. No obstante, el régimen de estabilidad jurídica no
es un régimen tributario, pues se trata de una regulación especial que abarca otras
esferas del derecho, en tanto que es un instrumento de promoción de la inversión
que permite estabilizar un amplio espectro de normas.
Frente a la violación de los principios de libre competencia y distribución equitativa
de oportunidades, reiteró que el Comité de Estabilidad Jurídica realizó un análisis
objetivo de la solicitud presentada por la actora a partir del cual concluyó que no
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reunía las condiciones necesarias para otorgarle el beneficio de la estabilidad.
Precisó que el Comité tuvo en cuenta aspectos como el hecho de que la rentabilidad
del proyecto se encontraba garantizada en gran parte, de conformidad con la
regulación del sector de la energía.
En tal sentido, indicó que no es cierta la vulneración al principio de libre
competencia, puesto que lo que se estudia es un beneficio excepcional, para el que
existen condiciones y requisitos obligatorios que el Comité debe revisar frente a
cada caso concreto para determinar su cumplimiento y de esa manera tomar una
decisión legítima y sustentada en la información suministrada por el inversionista.
Además, el hecho de que el demandante no obtenga el beneficio de la estabilidad
no menoscaba la garantía de la libre competencia, pues dicha negativa no
constituye un impedimento para que el inversionista continúe ejerciendo su actividad
económica.
En cuanto a las solicitudes presentadas por ISA e ISAGEN, sostuvo que la actora
no puede pretender que se le dé el mismo tratamiento, dado que su situación no es
asimilable a la de esas compañías. Además, dijo que no hay lugar a la violación del
principio de libre competencia porque esas sociedades no son competidoras de la
demandante, en la medida en que desarrollan actividades diferentes.
Aseveró que la enunciación que hizo el régimen de estabilidad jurídica de algunos
criterios para la evaluación de las solicitudes no es taxativa, por lo que el Comité,
puede apelar a otros criterios de igual importancia.
Finalmente, propuso las excepciones de caducidad de la acción, de falta de
competencia de la Sección Tercera para tramitar la demanda y de ineptitud
sustantiva de la demanda, esta última fundamentada en que no se vinculó a la DIAN,
entidad que, en últimas, era quien podría oponerse o no a la pretensión de la
demanda relacionada con la devolución de impuestos.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la
demanda. Propuso las excepciones de caducidad de la acción y de falta de
competencia de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(porque lo pretendido es la celebración de un contrato de estabilidad jurídica en el
que se estabilicen normas tributarias y, en todo caso, porque la solicitud de
suscripción de ese contrato no era un acto precontractual).
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo refutó las pretensiones de la
demanda. Manifestó que, con la reforma a la demanda, se agregaron pretensiones
nuevas que no fueron sometidas al proceso de conciliación extrajudicial, por lo que
solicitó que se rechazara. De otro lado, puntualizó que la pretensión principal de la
demanda se dirige a que se le devuelva lo pagado en exceso por concepto del
impuesto a la renta de los años 2013 a 2015, de manera que corresponde a un tema
tributario. Por esto, propuso la excepción de falta de competencia, puesto que la
competente era la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Audiencia inicial
En la audiencia inicial14 llevada a cabo el 16 de enero de 2016, el Tribunal declaró
no probada las excepciones previas de caducidad de la acción, falta de
competencia, falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, falta de

14 Fls. 589 a 591 del cuaderno principal.
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legitimación en la causa por activa y por pasiva y la denominada «no comprender la
demanda a todos los litisconsortes necesarios».

Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
denegó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas.
Respecto al cargo de nulidad por la indebida conformación del Comité de
Estabilidad Jurídica, resaltó que en la audiencia inicial llevada a cabo el 27 de agosto
de 2019 se solicitó a las entidades allegar copia de las constancias de delegación,
las cuales fueron aportadas sin manifestación alguna por parte de la demandante.
Tras analizar su contenido, concluyó que la conformación del Comité atendió las
disposiciones normativas consagradas para el efecto, porque los funcionarios de las
entidades integrantes de ese cuerpo acreditaron la existencia de actos
administrativos previos por medio de los cuales el jefe de cada organismo delegó
su representación ante el Comité en los funcionarios que asistieron a la sesión e
intervinieron en la expedición de los actos acusados. De manera que, el cargo no
estaba llamado a prosperar.
Afirmó que el cargo por vulneración de los principios de confianza legítima y lealtad
procesal no estaba llamado a prosperar, porque el cumplimiento de los requisitos
contenidos en la Ley 963 de 2005 en relación con la presentación de la solicitud no
confiere un derecho adquirido de acceder al régimen de estabilidad jurídica.
Consideró que la decisión adoptada por el Comité de Estabilidad Jurídica obedece
a los preceptos constitucionales que rigen la prestación de los servicios públicos y
su regulación, control y vigilancia por parte del Estado. Manifestó que los
argumentos expuestos en los actos acusados, como motivación de los mismos, se
fundan en consideraciones pertinentes que dieron como resultado el rechazo de la
suscripción del contrato en mención tras la ponderación de los beneficios que
generaría la inversión y los costos recaudatorios que tendría que asumir el Estado
por el otorgamiento del régimen de estabilidad jurídica a la actora, en la medida en
que no se podía obviar la facultad discrecional del Gobierno de analizar la
conveniencia, oportunidad y necesidad de la decisión sobre la aprobación o no de
la solicitud contractual.
Recalcó que el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 prevé que los riesgos de la
ejecución y explotación de proyectos relacionados con la energía eléctrica recaen
directamente sobre los inversionistas, todo lo cual fue reiterado en el concepto del
10 de agosto de 2009 proferido por el Ministerio de Minas y Energía, citado en los
actos acusados. Destacó que el Comité dijo en los actos, que no se encontró
demostrada la necesidad de la suscripción del contrato toda vez que, según las
Leyes 142 y 143 de 19994, el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios
obedece a los criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos para que
el prestador recupere las inversiones correspondientes a la expansión y
mantenimiento de los sistemas propios para la prestación del servicio. En adición,
afirmó que, según se señaló en la resolución que decidió el recurso de reposición,
en el sector eléctrico se han diseñado figuras y esquemas de generación de energía
eléctrica (i. e. el mercado de energía mayorista y el cargo de confiabilidad) para prevenir y
corregir fallas en el mercado de la generación.
Respecto al supuesto trato discriminatorio que sufrió la demandante con la
expedición de los actos acusados, aseveró que esta no adjuntó las propuestas de

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inversión, ni los contratos de estabilidad jurídica u otros documentos de las
sociedades del sector eléctrico que sí celebraron esos acuerdos contractuales, con
los cuales fuera posible establecer una comparación en términos del monto de la
inversión, el tiempo de duración del contrato, la cobertura de la propuesta, el
impacto social y económico de esta, la creación del empleo, el desarrollo integral,
la transferencia de tecnología, la generación de divisas, las demandas derivadas
sobre la producción nacional y el aumento del producto interno bruto, entre otros.
Específicamente, frente a las propuestas de inversión presentadas por las
sociedades ISA e ISAGEN, las cuales sí fueron aprobadas por el Comité de
Estabilidad Jurídica, expresó que no se aportaron elementos probatorios suficientes
para darle validez a las aseveraciones esbozadas por la parte actora, puesto que la
demanda sólo indica que la actora realizó una inversión análoga a la presentada por
las compañías mencionadas. Con todo, después de haber revisado los contratos
suscritos por ISA S.A. E.S.P. e ISAGEN E.S.P. en el portal web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, advirtió que si bien estas compañías ejercen una
actividad económica similar a la ejercida por la demandante, lo cierto era que el
valor de las inversiones presentadas por esas compañías superaban el monto de la
inversión del proyecto Hidromontañitas y, en todo caso, se desconocían los
fundamentos jurídicos, económicos y de oportunidad que valoró el Comité para
aprobar esas solicitudes.
Por todo lo anterior, concluyó que las razones expresadas por la actora referentes
a que el Comité había aprobado propuestas relacionadas con proyectos de menor
importancia en comparación con el proyecto Hidromontañitas, no necesariamente
conducían a concluir que CELSIA se hallaba en desventaja frente a otras entidades,
ni que se hubieren vulnerado los derechos a la igualdad y a la imparcialidad.
Recurso de apelación
La demandante apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque y, en
su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda. A estos efectos, dijo que
es falso que las inversiones que CELSIA realizó se recuperaran vía tarifa por la
prestación del servicio público de energía eléctrica, con base en la rentabilidad
garantizada por la regulación sectorial establecida en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Lo anterior, porque el costo de las inversiones no está asociado a la estructura
tarifaria del servicio de energía determinado por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG).
Repitió que CELSIA sí acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para suscribir
el contrato de estabilidad jurídica. No obstante, el Tribunal consideró, de manera
equivocada, que la decisión de improbar la suscripción del contrato estaba
plenamente soportada, en la medida en que el proyecto a desarrollar por CELSIA
carecía de estímulo económico y de bienestar social nacional y, en todo caso, que
era facultad discrecional del Gobierno aprobar o no las solicitudes presentadas por
los inversionistas. Considerando lo anterior, adujo que, al momento de presentar la
solicitud, CELSIA no sólo probó el cumplimiento de los requisitos contemplados en
las disposiciones legales, sino que también acreditó la trascendencia económica del
proyecto de la hidroeléctrica Montañitas, que pretendía aumentar la capacidad de
generación de energía de la planta a 19.9 MW, por una inversión de
$110.195.163.651.
Manifestó que el Tribunal hizo caso omiso del material probatorio y de los
argumentos esgrimidos en la demanda y, por esa razón, concluyó que es facultad
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discrecional del Gobierno analizar la conveniencia, oportunidad y necesidad de la
decisión sobre la aprobación o no de la solicitud de estabilidad jurídica. Así,
manifestó que esta afirmación no sólo desconoce el marco legal y normativo de los
contratos de estabilidad, sino que además evidencia una falta de valoración
probatoria.
En ese sentido, planteó que la ley les otorgó a los inversionistas la posibilidad de
proponer la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, siempre y cuando la
solicitud se ajustara a unas cualidades particulares y a unos requisitos previstos por
el legislador, los cuales debían ser verificados por el Estado, función que no era
discrecional. Lo anterior, porque estaba limitada por la Ley 963 de 2005, el Decreto
2950 de 2005 y por los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005.
Indicó que la sentencia impugnada avaló la ilegalidad de los actos demandados que
violaron el debido proceso de CELSIA, al considerar que al sector eléctrico no le es
aplicable el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005. Y, con ello,
generó el desconocimiento del efecto útil de las normas. Precisó que, a la luz de
ese principio, habría que darle la mejor interpretación a las solicitudes de
estabilización jurídica que tengan como fundamento la realización de inversiones en
el sector de energía eléctrica. Esto, con el fin de evitar que la jurisdicción
contenciosa administrativa aplique en detrimento las Leyes 142 y 143 de 1994 y 963
de 2005, bajo el argumento equívoco de que «la inversión de Celsia se recupera vía tarifa
por la prestación del servicio público, con base en la rentabilidad garantizada por la regulación
sectorial establecida en las leyes 142 y 143 referidas»15. Por lo anterior, también sostuvo que
los actos acusados transgredieron el derecho al debido proceso de CELSIA, porque
si bien las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron un régimen tarifario especial para
las sociedades del sector eléctrico, lo cierto es que no limitaron o prohibieron la
posibilidad de que las empresas de generación de energía eléctrica pudieran
suscribir contratos de estabilidad jurídica.
Agregó que, de conformidad con el régimen tarifario asociado al sector de energía
«se garantiza la recuperación de las inversiones de las empresas que presten servicios públicos»16,
sin embargo, a partir de la lectura del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, afirmó que
dicha recuperación está condicionada a variables del mercado. Por lo tanto, aseveró
que no se podía presumir que toda inversión realizada por CELSIA se recuperará
vía tarifa, pues no es un costo que se recupere por esta vía, como se indicó antes.
Consideró incomprensible que el Tribunal hubiese mencionado que no existe
violación del derecho a la igualdad de CELSIA frente a ISAGEN e ISA, a pesar de
haber tenido en su poder y en el expediente los Contratos Nro. EJ-09 de 2008
celebrado entre la Nación e ISA y el Nro. EJ-02 celebrado entre la Nación e ISAGEN.
Destacó que esto es incomprensible porque el Tribunal sí tuvo la oportunidad de
contrastar en su conjunto los mencionados contratos con la solicitud de estabilidad
jurídica de CELSIA, lo cual le permitía haber creado suficientes y objetivos criterios
de juicio a partir del cual determine que las tres solicitudes compartían similares
supuestos de hecho y de derecho que las ubican en igualdad de condiciones frente
al Comité de Estabilidad Jurídica y la solicitud de estabilidad jurídica.
Después de citar un aparte de la providencia apelada, resaltó que el Tribunal
únicamente tuvo en cuenta los contratos para revisar el monto de las inversiones
realizadas por ISA e ISAGEN frente a las solicitudes de CELSIA, afirmación que no

15 Recurso de apelación, página 11 del PDF.
16 Recurso de apelación, página 12 del PDF.
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sólo demuestra la valoración parcial y subjetiva del Tribunal de aquellos acuerdos
de voluntades, sino que también evidencia una interpretación irrazonable para
avalar la celebración de los contratos de estabilidad jurídica a favor de ISA e
ISAGEN en detrimento de CELSIA.

Sobre este particular, recalcó que es ilegal que el Tribunal hubiese concluido que
no se vulneró el principio de igualdad por haberse aprobado los contratos de ISA e
ISAGEN, solamente porque estas dos últimas tenían una inversión mayor a la
realizada por la actora, sin tener en cuenta que el monto exigido por el artículo 2 de
la Ley 963 de 2005 es que aquellas sean iguales o superiores a 150.000 UVT,
cuantía cumplida tanto por CELSIA, como por ISA e ISAGEN. En ese sentido, afirmó
que el debido proceso fue conculcado por el Tribunal al omitir una valoración
completa, objetiva y razonable de la totalidad de los contratos de estabilidad jurídica
de ISA e ISAGEN contra la solicitud de estabilidad jurídica presentada por la
demandante.

Aseveró que el Tribunal vulneró el principio de igualdad de CELSIA al imponerle un
trato inequitativo frente a ISA e ISAGEN. Planteó que, en el hipotético caso de que
a CELSIA le fuere inaplicable el régimen de estabilidad jurídica por estar sujeta a la
regulación tarifaria de la Ley 142 de 1994, se estaría violando el principio de
igualdad, en la medida en que dicha prohibición estaría perfeccionando un
desequilibrio de las cargas dinámicas del mercado al poner en desigualdad a la
actora frente a sus competidores.

Resaltó que, del análisis efectuado por el Comité de Estabilidad Jurídica y la
decisión de improbar la solicitud de estabilidad jurídica, se materializa un trato
desigual por parte de las entidades demandadas en contra de CELSIA, porque la
actora, al igual que ISA e ISAGEN, desarrollan actividades relacionadas con la
energía eléctrica, según lo exigido por el artículo 2 de la Ley 963 de 2005, lo cual
fue aceptado por el a quo, según las pruebas que obran en el expediente. A
continuación, transcribió el monto de la inversión de CELSIA y las cláusulas de los
contratos de estabilidad jurídica de ISA e ISAGEN que se refieren al monto de la
inversión realizada por esas sociedades, así como el tiempo de duración de los
contratos que, en los tres casos, se solicitó por 20 años.

Añadió que lo que tiene que ver con la cobertura de la propuesta, el impacto social
y económico, la creación de empleo, el desarrollo regional, la transferencia de
tecnología, la generación de divisas, las demandas del mercado derivadas sobre la
producción nacional y el aumento del producto interno bruto, «se encuentran plenamente
acreditadas por Celsia en la demanda y los anexos de la demanda indicados en el segundo acápite
de este recurso, así́ como en los contratos de estabilidad jurídica de ISA e ISAGEN obrantes en el
expediente, luego es completamente falso que en el proceso no exista una comprobación sobre
estos elementos».

Reiteró que este trato discriminatorio atenta contra el principio de libre competencia
económica, previsto en el artículo 333 de la Constitución.

Oposición al recurso de apelación

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo17 solicitó confirmar la sentencia
apelada. A estos efectos, sostuvo que los argumentos esgrimidos por la sociedad
apelante no afectan la legalidad de los actos acusados, ni desvirtúan las

17 Índice 19 de Samai.
14

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consideraciones del fallo impugnado, porque las compañías que invierten en el
sector de energía deben asumir los riesgos asociados a la ejecución y explotación
de sus proyectos (entre ellos, el riesgo normativo), más aún cuando el régimen
tarifario del sector energía garantiza la recuperación de las respectivas inversiones.
Todo lo cual le fue explicado a la actora en el Acta Nro. 12 del 19 de octubre de
2011.
Agregó que no existió vulneración del derecho a la igualdad y, en todo caso, la
actora no lo probó, puesto que no realizó un test de proporcionalidad en la demanda
para establecer su quebrantamiento. Resaltó que, en el recurso de apelación, la
actora pretende subsanar esta falencia mediante nuevos argumentos y cargos de
nulidad, como si se tratara de una nueva demanda.
Finalmente, reiteró que, con la expedición de los actos acusados, no se vulneraron
los principios de buena fe y confianza legítima, puesto que solamente el contrato de
estabilidad jurídica habría generado un derecho consolidado protegido por dichos
principios.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado18 solicitó confirmar la
sentencia apelada. Afirmó que la decisión que adopta el Comité de Estabilidad
Jurídica de suscribir o no un contrato de estabilidad jurídica es discrecional.
Consideró que, en este caso, la decisión del Comité obedeció a la evaluación de los
criterios técnicos referentes a los artículos 367 de la Constitución Política, 5 y 85 de
la Ley 142 de 1994 y 24 de la Ley 143 de 1994, así como del análisis particular de
la viabilidad para el Estado de celebrar este tipo de contratos. Finalmente, dijo que
la decisión adoptada por el Comité recayó en los funcionarios habilitados para el
efecto por los miembros de ese órgano.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala juzga la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo a los
cargos de apelación formulados por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas.
En los términos del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en esta
instancia consiste en determinar si es procedente la solicitud de suscripción de un
contrato de estabilidad jurídica presentada por la compañía demandante. En
concreto, la Sala debe decidir si resultan procedentes los motivos que tuvo en
cuenta el Comité de Estabilidad Jurídica para no aprobar el contrato de estabilidad
jurídica solicitado por la actora, en el sentido de señalar entre otros si el Comité
tiene una facultad discrecional de decisión, o si por el contrario, y como lo afirma la
actora, la aprobación o improbación de la suscripción de este tipo de contratos sólo
puede fundamentarse en la normativa consagrada en la Ley 963 de 2005, el Decreto
2950 de 2005 y por los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005.
Previo a entrar a resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala

18 Índice 24 de Samai.
15

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declara que no se pronunciará sobre lo resuelto en la sentencia impugnada sobre
el cargo de nulidad por falta de competencia del Comité de Estabilidad Jurídica por
estar indebidamente conformado. Lo anterior, porque la actora no apeló lo resuelto
por el Tribunal sobre este asunto. Esta decisión se toma en virtud de los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso, así como del principio de congruencia y
del debido proceso de la parte demandada.
Por otro lado, la Sala no encuentra procedente lo expuesto por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en el trámite de la segunda instancia referente a que,
en el recurso de apelación, la actora alegó nuevos argumentos, distintos a los
expuestos en la demanda, para probar la vulneración del principio a la igualdad. Por
el contrario, lo expresado en el recurso sobre este asunto es concordante con lo
señalado en la demanda y, además, con lo expuesto por el Tribunal en la sentencia
de primera instancia, de ahí que la Sala se pronunciará de fondo sobre este asunto.
Aclarado lo anterior, se entrará a resolver el problema jurídico planteado en esta
instancia. A estos efectos, la Sala se remitirá a los criterios jurisprudenciales
expuestos por esta Corporación al resolver casos con identidad fáctica y jurídica, en
los que se decidió controversias similares19 mediante los cuales el Comité de
Estabilidad Jurídica decidió negar la suscripción de un contrato de estabilidad
jurídica.
1. Marco legal de los contratos de estabilidad jurídica
En los primeros años del siglo XXI, el contexto socioeconómico en Colombia daba
cuenta de que uno de los mayores problemas que enfrentaban los inversionistas
(nacionales y extranjeros) era el cambio constante de la regulación legal y
reglamentaria. Todo lo cual desincentivaba la inversión e impedía el crecimiento
económico del país20.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional planteó la creación de los contratos de
estabilidad jurídica, iniciativa que dio lugar a la expedición de la Ley 963 de 2005 21
por parte del Congreso de la República. Según esta disposición legal, el contrato de
estabilidad jurídica es una figura que tiene como objetivo incentivar a los
inversionistas en Colombia, mediante la garantía de que las normas determinantes
para realizar su inversión no serán modificadas, a cambio del pago de una prima a
favor del Estado por parte del inversionista. Al respecto, la Ley en comento
estableció:
«Artículo 1o. Contratos de Estabilidad Jurídica. Se establecen los contratos de estabilidad
jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el
territorio nacional.
Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si
durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido
identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán

19 Sobre la naturaleza de los actos administrativos mediante los cuales el Comité de Estabilidad Jurídica niega
la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de noviembre de 2018, Exp. 58006. C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Sobre este asunto, ver el documento publicado en agosto de 2005 por CONFECÁMARAS, titulado “EL
SISTEMA TRIBUTARIO COLOMBIANO: IMPACTO SOBRE LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD”
preparado por FEDESARROLLO y elaborado por Mauricio Cárdenas y Valerie Mercer-Blackman. Este
documento aparece citado en la nota al pie Nro. 28 de la sentencia del 27 de agosto de 2021, Exp. 58927,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
21 La Ley 963 de 2005 fue derogada por el artículo 66 de la Ley 1607 de 2012.
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derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del
contrato respectivo. Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en
el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la
entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un
cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa
competente.
Artículo 2o. Inversionistas nacionales y extranjeros. Podrán ser parte en los contratos de
estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales
o jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes
en el territorio nacional, por un monto igual o superior a 150.000 UVT, para desarrollar las
siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales,
mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo,
telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de
energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad
que apruebe el Comité de que trata el artículo 4o literal b). Se excluyen las inversiones
extranjeras de portafolio.
Artículo 3o. Normas e interpretaciones objeto de los contratos de estabilidad jurídica.
En los contratos de estabilidad jurídica deberán indicarse de manera expresa y taxativa las
normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean
consideradas determinantes de la inversión. (...)
Parágrafo. Para los efectos de esta ley se entienden como inversiones nuevas, aquellas que
se hagan en proyectos que entren en operación con posterioridad a la vigencia de la presente
ley». (Subrayado y énfasis de la Sala).

De conformidad con las normas transcritas, es claro entonces que el legislador
estableció que el contrato de estabilidad jurídica constituía el mecanismo idóneo
para incentivar y fomentar la inversión, «pues, por su conducto, inversionista y Nación
acordaban estabilizar las nomas que acompañarían de principio a fin las inversiones propuestas, al
haber sido fundamentales para conformar su decisión; de modo que, como fuente estable de
derechos y obligaciones, el contrato se erigió en instrumento adecuado y razonable para la
concreción de tales finalidades»22.

Ahora bien, sin perjuicio de la especialidad de la Ley 963 de 2005, se advierte que,
comoquiera que el contrato de estabilidad jurídica se celebra entre la Nación y un
inversionista, este acuerdo se rige, en lo pertinente, por la Ley 80 de 1993, tal y
como quedó consagrado en el artículo 8 del Decreto 2950 de 200523, reglamentario
de la Ley 963, y lo ha confirmado la jurisprudencia de esta Corporación24.
El hecho de que esta clase de contratos estén sometidos al régimen contractual
establecido en la Ley 80 de 1993 tiene varias consecuencias que resultan de suma
relevancia para resolver este caso concreto. La primera consiste en que su
existencia y perfeccionamiento están supeditados a que consten por escrito, so
pena de que se consideren inexistentes, según lo establece el artículo 41 de la ley
en mención.
En concordancia con lo anterior, la segunda consecuencia tiene que ver con que,
debido a la solemnidad imperativa que gobierna al contrato de estabilidad jurídica,
«no hay cabida a la pretensión de que el juez contencioso administrativo sea quien pueda dar por

22 Consejo de Estado. Sal de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27
de agosto de 2021, Exp. 58927, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
23 «Artículo 8°. El contrato de estabilidad jurídica. El contrato de estabilidad jurídica se regirá en lo pertinente
por la Ley 80 de 1993 y deberá contener, al menos, las siguientes cláusulas: (…)».
24 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 3 de agosto de
2015, Exp. 11001-03-06-000-2015-00041-00(2246), C.P. Álvaro Namén Vargas. Sobre el mismo asunto, ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del
29 de noviembre de 2018, Exp. 58006, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 27 de agosto de 2021, Exp.
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celebrado un contrato de estabilidad jurídica que no fue aprobado ni suscrito por la administración,
pues más allá de las diferentes vías en que se pudiera aducir responsabilidad del Estado y, a la vez,
las variadas formas de su restablecimiento o reparación, lo cierto es que no le corresponde al juez
asumir la función administrativa de celebrar o entender celebrado el contrato»25. Por estas
razones, de entrada, se declara que la Sala no accederá a la pretensión que en este
sentido incluyó la actora en su demanda.
Finalmente, la tercera consecuencia que se deriva de la aplicación de la Ley 80 de
1993, consiste en que la presentación de la solicitud de contrato de estabilidad
jurídica no implica per se la aprobación de esta ni la consecuente suscripción del
contrato, sino una mera expectativa sujeta a la evaluación por parte del Comité de
Estabilidad Jurídica de la conveniencia de la celebración de este y del cumplimiento
de los requisitos previstos en la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional en la
sentencia C-785 de 201226, en la que se advierte que la ley no reconocía al
solicitante derechos adquiridos a la estabilidad de las normas por el sólo hecho de
presentar la solicitud de aprobación del contrato. Esta Sección llegó a la misma
conclusión en las sentencias del 15 de julio de 202127 y del 26 de julio de 202328,
posición que también ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado 29 al
resolver casos con identidad fáctica y jurídica al sub examine.

2. Trámite para aprobar los contratos de estabilidad jurídica. Facultad
discrecional del Comité de Estabilidad Jurídica

La Ley 963 de 2005 creó un procedimiento especial para la presentación de las
solicitudes para suscribir los contratos de estabilidad jurídica, así como para su
evaluación y eventual aprobación. Así, el artículo 4 de la Ley bajo análisis distinguió
entre una fase inicial de solicitud del contrato y una etapa subsiguiente de
evaluación a cargo de un Comité, el cual estaba encargado de estudiar la solicitud
y de definir la aprobación o improbación de la suscripción del contrato. Todo lo
anterior se desprende claramente de la disposición que se analiza:
«Artículo 4o. Requisitos esenciales de los contratos de estabilidad jurídica. Los contratos
de estabilidad jurídica deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos:
a) El inversionista presentará una solicitud de contrato que deberá cumplir con los requisitos
contenidos en los literales c), d) y e) de este artículo, y deberá acompañarse de un estudio
en el que se demuestre el origen de los recursos con los cuales se pretenden realizar las
nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, al igual que una descripción
detallada y precisa de la actividad, acompañada de los estudios de factibilidad, planos y
estudios técnicos que el proyecto requiera o amerite y el número de empleos que se
proyecta generar;
b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o improbará la
suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y al
documento CONPES que para tal efecto se expida (…).
c) En los contratos se establecerá expresamente la obligación del inversionista de realizar
una inversión nueva o una de ampliación, conforme al artículo 2o de la presente ley, se
señalará el plazo máximo para efectuar la inversión y se indicará el término de duración
del contrato;
d) En las cláusulas contractuales deberán transcribirse los artículos, incisos, ordinales,

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
27 de agosto de 2021, Exp. 58927, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
26 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Exp. 24081, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28 Exp. 25429, C.P. Milton Chaves García.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 29 de noviembre
de 2018, Exp. (58006), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, del 26 de julio de 2021, Exp. 62220, C.P. Alberto
Montaña Plata y del 27 de agosto de 2021, Exp. 58927, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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numerales, literales y parágrafos de las normas emitidas por los organismos y entidades
determinados en esta ley, así como las interpretaciones administrativas vinculantes,
sobre los cuales se asegurará la estabilidad, y se expondrán las razones por las que tales
normas e interpretaciones son esenciales en la decisión de invertir.
e) En los contratos de estabilidad jurídica se deberá establecer el monto de la prima a que
se refiere el artículo 5o, la forma de pago y demás características de la misma;
f) Los contratos deberán suscribirse por el Ministro del ramo en el que se efectúe la
inversión, según lo disponga el Comité. Esta firma no podrá ser delegada. El Ministerio
tendrá cuatro (4) meses, a partir de la solicitud del inversionista, para suscribir el contrato
o para señalar las razones por las cuales la solicitud no reúne los requisitos señalados
en esta ley (…)”». (Resaltado y subrayado de la Sala).

Con fundamento en lo expuesto, la Sala reitera que el hecho de que el inversionista
cumpliera los requisitos legales exigidos para la presentación de la solicitud (i. e.
explicación detallada del proyecto de inversión, del origen de los recursos, de las razones por las
cuales las normas cuya estabilidad eran determinantes para la decisión de invertir, entre otras) no
le aseguraba el derecho a la celebración del contrato de estabilidad jurídica. Lo
anterior, porque la presentación de la solicitud con el cumplimiento de los requisitos
legales tan sólo correspondía a la primera etapa del procedimiento especial
establecido en el artículo 4 de la Ley 963 de 2005, cuyo cumplimiento habilitaba a
que la solicitud fuese admitida para el estudio del Comité.

La segunda fase de dicho procedimiento que, como se indicó, estaba a cargo del
Comité de Estabilidad Jurídica, y que consistía en la evaluación de la solicitud
presentada en debida forma, se caracteriza por las facultades discrecionales que el
legislador decidió otorgarle a ese órgano. Así lo ha precisado el Consejo de Estado.
Al respecto, vale la pena citar lo expuesto por la Sección Tercera de esta
Corporación en sentencia de 27 de agosto de 202130, reiterada en la sentencia del
26 de julio de 2023 de esta Sección31:
«60. La segunda fase de la determinación, se centra en las competencias del Comité de
Estabilidad Jurídica. En las bases de esta etapa despunta como aspecto principal, la facultad
discrecional conferida por el legislador al Comité, en la medida que, habiendo dejado
plantados unos requisitos normativos y haciendo expresas las finalidades de la decisión,
estableció que sería el análisis de diversas variables financieras, técnicas y en general de
factibilidad –según el proyecto de inversión presentado– las que, en su conjunto, permitirían
concluir si se aprobaba o no la suscripción del citado instrumento contractual.
(…)
65. Profundizando más en este aspecto, habrá de recordarse que el Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984) en su artículo 36 32, hizo referencia el ejercicio de

30 Exp. 58927, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
31 Sección Cuarta, Exp. 25429, C.P. Milton Chaves García.
32 Sobre el alcance de esta disposición, la Corte Constitucional - Sentencia C-301 del 3 de febrero de 1995.
M.P. Hernando Herrera Vergara - se pronunció en los siguientes términos:
“Encontramos en la discrecionalidad, dos elementos; uno, la adecuación de la decisión a los fines de la
norma que autoriza la facultad discrecional, y otro, la proporcionalidad con los hechos que sirvieron de causa.
La adecuación es la correspondencia, en este caso, del contenido jurídico discrecional con la finalidad de la
norma originante, en otras palabras, la armonía del medio con el fin; el fin jurídico siempre exige medios
idóneos y coherentes con él. Por su parte, la proporcionalidad es con los hechos que le sirven de causa a
la decisión, y no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico; de ahí que cobre
sentido la afirmación de Kelsen, para quien la decisión en derecho asigna determinados efectos jurídicos a
los supuestos de hecho. De todo lo anterior se desprende que la discrecionalidad no implica arbitrariedad al
estar basada en los principios de racionalidad y razonabilidad”.
Igualmente, en Sentencia C-301 del 3 de febrero de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara, la Corte
Constitucional señaló:
“Puede afirmarse que hay facultad o competencia discrecional cuando la autoridad administrativa en
presencia de circunstancias de hecho determinadas, es libre (dentro de los límites que fije la ley) de adoptar

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facultades discrecionales para actos generales o particulares, norma que se reprodujo en el
artículo 44 del CPACA, como reconocimiento a una realidad de administración y ejercicio del
poder público, soportado, entre otros, en criterios de utilidad y necesidad; así, tal disposición
estableció como condición de la expedición de los actos bajo facultad discrecional, que la
decisión así adoptada debe “ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirven de causa” (subraya añadida), que son, entre otros, los
elementos que esta Sala se propone tener como guía de decisión.
66. Conforme a lo anterior, al revisar la aplicación concreta del concepto de la discrecionalidad
en torno a las decisiones que el Comité de Estabilidad Jurídica debía adoptar, es posible
advertir que dicho órgano colegiado debía analizar, bajo el criterio de conexidad teleológica
de la facultad conferida, los siguientes elementos principales: (i) los fines de la norma que lo
autorizó; (ii) los principios constitucionales inherentes al ejercicio de la función administrativa,
entre ellos el interés general como medida del bien común; (iii) las normas relacionadas con
el sector de desempeño; (iv) las normas objeto de la solicitud de estabilización; (v) los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo33, para establecer la compatibilidad del proyecto
con los objetivos de la acción estatal y con el plan de inversiones de las entidades públicas
de orden nacional; (vi) el documento CONPES 3366 de 2005, con modificación aclaratoria
mediante CONPES 3406 de 2005 que definió las “Consideraciones técnicas para la
evaluación de solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica”; (vii) el análisis
de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad de todo tipo, necesarios para definir la
viabilidad del instrumento, conforme a los anteriores elementos; y, (viii) la valoración del
costo–beneficio para el Estado de estabilizar determinadas normas, frente a las bondades
que representa la inversión propuesta y la contraprestación ofrecida». (Subrayado del texto
original).

3. Caso concreto. Improcedencia de la solicitud del contrato de estabilidad
jurídica presentada por CELSIA
En el recurso de apelación, la apelante única considera que la sentencia de primera
instancia debe revocarse porque la solicitud de suscripción del contrato de
estabilidad jurídica que presentó cumplió con los requisitos establecidos en el
artículo 4 de la Ley 963 de 2005 y, por lo mismo, el Comité debió haber suscrito
dicho contrato, más aún cuando la función de verificación que cumplía ese
organismo no era discrecional, sino reglada y limitada, según su criterio,
exclusivamente a revisar la Ley 963 de 2005, el Decreto 2950 de 2005 y los
Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005.
Asimismo, la apelante considera que, contrario a lo expuesto en los actos acusados,
es falso que la inversión que pretendía amparar mediante el contrato de estabilidad
jurídica (ampliación de la capacidad de generación de energía de una planta
hidroeléctrica) se recuperara por medio del esquema tarifario previsto para las
sociedades del sector eléctrico. Y, finalmente, que la decisión demandada
contradice el principio a la igualdad, en tanto que a otras compañías del sector
eléctrico sí les fue aprobada la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad
jurídica, a partir de la realización de una inversión que, al igual que la de CELSIA,
generaba efectos positivos en cuanto a la generación de empleo y el bienestar
general.
En relación con el primer reproche, relacionado con el cumplimiento de los requisitos
de la solicitud presentada por la actora, la Sala considera que no está llamado a
prosperar, porque parte de una premisa equivocada al considerar que el Comité
sólo debía realizar una verificación formal de los requisitos. En efecto, nótese que
la apelante equipara las facultades de la Administración para evaluar el

una u otra decisión; es decir, cuando su conducta no le está determinada previamente por la ley. A contrario
sensu, hay competencia reglada cuando la ley ha previsto que frente a determinadas situaciones de hecho
el administrador debe tomar las medidas a él asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas”.
33 Corte Constitucional, Sentencia C-524 del 1 de Julio de 2003. M.P. Jaime Córdova Triviño.
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cumplimiento de los requisitos que debía contener la solicitud, con las potestades
discrecionales atribuidas al Comité para decidir sobre la aprobación o improbación
de ésta.

Se reitera que la Ley 963 de 2005 diferenció dos fases dentro del procedimiento de
decisión de la solicitud: (i) la verificación de los requisitos y (ii) la valoración por parte
del Comité. En cuanto a la primera etapa, esa Ley le exigía al inversionista
interesado el cumplimiento de unos requisitos y el suministro de una información
que debían ser cumplidos para que la solicitud fuese admitida para estudio por parte
del Comité. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2950 de 2005, esta primera
etapa estaba a cargo de la Secretaría Técnica del Comité quien, se reitera,
únicamente debía contrastar la solicitud presentada con las exigencias legales y
determinar si la información estaba completa, para poder ser valorada por el Comité.

En este caso concreto, se tiene que la solicitud presentada por CELSIA superó esta
primera etapa puesto que fue efectivamente analizada por el Comité. No obstante,
el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la solicitud de ninguna
manera significaba que la apelante adquiría, automáticamente, el derecho a la
celebración del contrato de estabilidad jurídica. Lo anterior, porque, para la
aprobación del contrato, era necesario que la solicitud superara la segunda fase del
procedimiento, la cual se regía por la realización de un análisis de la solicitud por
parte del Comité de Estabilidad Jurídica, considerando, entre otros, todo tipo de
factibilidad y de costo-beneficio del proyecto, teniendo en cuenta las normas que
regulaban el sector de la energía en la que se iba a realizar la inversión. Todo, en
el marco de la facultad discrecional de decisión del Comité sobre la celebración del
contrato, según se precisó a profundidad en el apartado anterior de esta
providencia.

Por consiguiente, el primer reproche de la apelación no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que no es cierto que el análisis de la solicitud no pudiera
comprender elementos diferentes a las normas señaladas en Ley 963 de 2005, el
Decreto 2950 de 2005 y los Documentos CONPES 3366 y 3406 de 2005, ni que el
Comité no tuviera una facultad discrecional para aprobar o improbar la suscripción.
Por consiguiente, se niega el cargo.

Ahora bien, para resolver el segundo cargo de la apelación, relacionado con las
razones por las cuales el Comité decidió improbar la solicitud presentada por
CELSIA, la Sala debe detenerse a analizar dicha solicitud y las razones expresadas
por el Comité para tomar esa decisión. Al respecto, en el expediente obran los
siguientes elementos probatorios:

• En la solicitud, la apelante motivó la suscripción del contrato de estabilidad jurídica en
los siguientes fundamentos:
«EL PROYECTO HIDROELÉCTICO MONTAÑITAS, hoy de COLINVERSIONES, se apalanca
en su calidad de central hidroeléctrica para competir en el mercado local y abastecer la
demanda de energía eléctrica del país, aspecto que explica la importancia que tiene para el
mismo la estabilización de las normas que resultaron determinantes para la inversión.

Como puede observarse a lo largo de la presente solicitud, el PROYECTO
HIDROELÉCTRICO MONTAÑITAS de COLINVERSIONES reviste de gran importancia
para el país e implica la realización de inversiones cuantiosas, cuyo justo retorno
depende de que exista una estabilidad en las normas, a fin de que no se altere la
ecuación financiera del proyecto, aspecto que corresponde a la finalidad establecida por la
Ley 963 de 1995 y que justifica la presente solicitud, en la medida que un cambio en las normas

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determinantes que se relacionan más adelante, ocasionarían un grave perjuicio al desarrollo
del proyecto.
(…)

En este sentido, de cara al retorno de la inversión esperada por los inversionistas al haber
comprometido recursos en el país y de cara a las condiciones y compromisos que deben
cumplirse para instalar una planta hídrica a filo de agua, con capacidad de generación de 19.9
MW, para COLINVERSIONES resulta fundamental contar con la estabilización de las normas
transcritas en el Anexo No. 3 lo antes posible, a fin de desarrollar la inversión con la
tranquilidad de conocer las reglas que le serán aplicables al proyecto en el futuro». (Énfasis
del original y subrayado de la Sala).

• En ese sentido, es claro para la Sala que el móvil o intención que tuvo la apelante
para suscribir el contrato de estabilidad jurídica fue el aseguramiento de que la
inversión a realizarse tendría un retorno, es decir, que se mantuviera la ecuación o el
equilibrio financiero del proyecto.

• Mediante el Acta Nro. 12 del 19 de octubre de 2011, el Comité de Estabilidad Jurídica
decidió improbar con fundamento en los siguientes planteamientos:
«En ese sentido, observó que el régimen tarifario tiene en cuenta los criterios de costos,
solidaridad y redistribución de ingresos, como eje fundamental para que todo prestador
recupere los costos de prestación de los mismos, dentro de los cuales se contemplan los
correspondientes a inversiones de expansión y mantenimiento de los sistemas, al igual que la
rentabilidad esperada por la prestación de los mismos. Por tanto, la recuperación de las
inversiones de las empresas de servicios públicos está garantizada por la normatividad
tarifaria, dentro de los criterios de eficiencia. De tal manera que podría afirmarse que estas
empresas tienen la certeza financiera, de recuperar vía tarifas, las inversiones realizadas
garantizando la viabilidad económica en la prestación de los servicios públicos.

Así las cosas, la prestación de los servicios públicos, es una actividad regulada y protegida
por un régimen normativo, que minimiza los riesgos de los prestados y garantiza la
recuperación de los costos en una gestión eficiente, así como la rentabilidad esperada en un
mercado de similares riesgos, de modo que no se encuentra demostrada la necesaria
suscripción del contrato para la ejecución y puesta en marcha del proyecto de inversión y por
ende decidió improbarla para COLINVERSIONES S.A. ESP». (Subrayado de la Sala).

• Por su parte, en la Resolución Nro. 027 del 21 de diciembre de 2012, que decidió el
recurso de reposición presentado por la apelante contra el Acta Nro. 12, el Comité de
Estabilidad Jurídica señaló:
«Respecto de los argumentos esgrimidos por el peticionario acerca del traslado del riesgo de
la inversión al usuario final, así como del tema de la rentabilidad, se debe señalar que el CEJ
a pesar de no ser experto regulador tiene claridad en la conformación de los cargos tarifarios
en materia de servicios públicos, advirtiendo que las tarifas finales del (sic) servicios público
(sic) están compuestas por diversos cargos como: (Generación Gl, Transporte Tt,
Comercialización Ct. y Distribución Dt.), adicionalmente los demás costos de las tarifas como
los de AOM, de capital e inversión, de cada uno de esos cargos, sí son trasladados a los
usuarios, siempre y cuando sean costos eficientes de la prestación, lo que no es trasladable
al usuario final son los costos ineficientes en que incurra un agente de la cadena, por lo cual
se considera que este argumento no tiene sustento regulatorio y pretende distraer la atención
mediante argumentos falaces.

Así mismo, tal como se indicó anteriormente la actividad de generación de energía eléctrica
es desregulada, es decir, cada operador compite en el mercado en un esquema de libre
competencia, no obstante y con el fin de corregir fallas en el mercado, el regulador ha diseñado
figuras y esquemas regulatorios que equilibran posibles desbalances económicos tales como:
el Mercado de Energía Mayorista y el Cargo por Confiabilidad, diseñados para amortizar las
inversiones en el marco del menor riesgo posible.

Con relación a la imposibilidad de desarrollar esta actividad en total libertad y a la protección
del usuario final, se tiene que el generador puede transar libremente contratos de largo plazo
y pactar en las mismas condiciones de los demás generadores en corto plazo en el mercado
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spot; este esquema de prestación del servicio es de rango constitucional (Constitución Política,
Capítulo V, artículos 365-370), favoreciendo el libre mercado, la eficiencia y la protección de
los usuarios; igualmente, se dispuso toda una institucionalidad administrativa encargada de
regular y vigilar a las empresas que prestan este tipo de servicios, lo que confiere el mayor
número de garantías posibles no solo a usuarios, sino también a prestadores, de forma que la
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A., E.S.P., ahora CELSIA S.A., E.S.P., en
su calidad de E.S.P., no puede argumentar que el marco normativo de los servicios públicos
lo ata de tal manera, que requiere garantías adicionales para poder prestar eficientemente el
servicio objeto de su negocio, pues como se ve, tiene todo tipo de garantías constitucionales,
legales, reglamentarias, regulatorias e institucionales.

Finalmente señala el accionante que resulta evidente que las disposiciones citadas no
consultan la realidad de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A., E.S.P., ahora
CELCIA (sic) S.A., E.S.P., cuya actividad consiste en la generación de energía eléctrica,
actividad sin régimen tarifario, a diferencia de las actividades de transmisión y distribución de
energía, las cuales sí tienen normatividad vigente que regula el tema.

Al respecto el Despacho evidencia que el recurso utiliza el mismo argumento anteriormente
explicado, relativo a la falta de esquema tarifario en el caso de los agentes generadores de
energía, pero esta vez con una connotación contraria en que efectivamente el inversionista
pertenece a un eslabón de la cadena productiva de la energía eléctrica que aunque es
desregulado y atiende a criterios de libre mercado y libre competencia, también prevé un
modelo de mercado y esquemas regulatorios que minimizan los riesgos en una gestión
eficiente y la rentabilidad esperada en un mercado de similares riesgos, ello debido a la
importancia del servicio público que se presta y a que estos son inherentes a la finalidad social
del Estado». (Subrayado de la Sala).

Con base en lo expuesto, la Sala evidencia que la decisión del Comité obedeció a
que la apelante ejecuta su actividad productora de renta en un mercado que está
sometido en un régimen que contiene mecanismos que le permiten recuperar los
costos en los que incurre para la debida prestación del servicio, incluyendo aquellos
correspondientes a las inversiones de expansión y mantenimiento de los sistemas
y, en todo caso, minimizar los riesgos financieros asociados a esta actividad (i. e. el
Mercado de Energía Mayorista y el Cargo por Confiabilidad).

Para la Sala, la decisión del Comité resulta razonable y proporcional con las normas
que regulan los contratos de estabilidad jurídica y con los hechos relevantes de este
caso concreto. Adviértase que si la apelante contaba con un régimen regulatorio
que le aseguraba el retorno de sus gastos de inversión o que minimizaba los riesgos
financieros, la suscripción del contrato de estabilidad jurídica y la consecuente
estabilización de las normas no era determinante para mantener la ecuación
financiera del proyecto de inversión que, según se evidencia en la solicitud
presentada por la apelante, era el móvil o la causa esencial que la llevó a
presentarla.

La posición de la Sala se refuerza si se tiene en cuenta que el proyecto de inversión
«Hidromontañitas» fue efectivamente ejecutado, a pesar de que la sociedad apelante
no hubiera accedido al régimen de estabilidad jurídica, mediante la suscripción del
contrato, según dan cuenta las siguientes pruebas que obran en el plenario: el
certificado del revisor fiscal aportado por la actora34, el certificado del gerente del
Proyecto Hidroeléctrico Montañitas respecto al número de empleos generados

34 Fl. 108 del cuaderno principal. En este certificado, el revisor fiscal de la actora informa que «de acuerdo con
los registros en libros oficiales de contabilidad de CELSIA S.A. E.S.P., el valor capitalizado en el proyecto
denominado “Hidromontañitas” para la construcción de la planta de generación de energía al 31 de diciembre
de 2012 fue por $121.965.841.406 (…)».

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durante su ejecución35, las certificaciones del representante legal del Consorcio
Constructor Montañitas36 y de la representante legal de CELSIA37 sobre el número
de vinculaciones laborales celebradas durante la construcción del proyecto, así
como las noticia de prensa allegados también por la apelante38.

Al respecto, vale la pena resaltar que, si bien la Ley 963 de 2005 «permite que el
proyecto de inversión inicie antes de la suscripción del contrato, no puede perderse de vista que
también exige que la decisión de invertir o de ampliar la inversión sea determinante para solicitar la
estabilidad jurídica»39, motivación que no se advierte en un proyecto de inversión que,
pese a no contar con la garantía de estabilidad, fue, en todo caso, llevado a cabo,
bajo el amparo de la regulación del sector energético que, según se expuso en los
actos acusados, le permite recuperar los costos de inversión y expansión.

Por otro lado, la Sala observa que el cargo de la apelación relacionado con que la
fórmula utilizada por la CREG para determinar la tarifa del servicio de energía
eléctrica no prevé un costo de inversiones y, por lo mismo, no era posible que los
gastos de inversión se recuperaran por esa vía, resulta no solo novedoso respecto
de lo mencionado en la demanda, sino además contradictorio con lo expuesto por
la apelante en el procedimiento administrativo y en el recurso de apelación.

Nótese que, de los apartes transcritos de la resolución del recurso de reposición, se
evidencia que la propia apelante afirmó que su actividad productora de renta, esto
es, la generación de energía eléctrica carecía de un régimen tarifario. En esa
medida, resulta contradictorio, que ahora, en sede de apelación, la actora pretenda
afirmar que la mencionada fórmula para fijar la tarifa del servicio de energía eléctrica
sí le era aplicable y que, en consecuencia, los actos acusados transgredieron su
debido proceso, porque si bien las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron un
régimen tarifario especial para las sociedades del sector eléctrico, lo cierto es que
no limitaron o prohibieron la posibilidad de que las empresas de energía eléctrica
pudieran suscribir contratos de estabilidad jurídica.

Sumado a lo expuesto, el cargo bajo análisis también resulta contradictorio con lo
expuesto en el recurso de apelación, pues en ese escrito, la propia apelante aceptó,
con base en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, que el régimen tarifario del sector
de energía eléctrica «garantiza la recuperación de las inversiones de las empresas que presten
servicios públicos»40, aunque condicionada a variables de mercado, afirmación que,
para la Sala, confirma la razonabilidad y proporcionalidad de las razones expuestas
por el Comité en los actos enjuiciados.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el cargo de la apelación por la transgresión
del principio a la igualdad, la Sala comparte lo expuesto por el Tribunal de primera
instancia, por lo que este cargo de la apelación no tiene vocación de prosperidad.
Adviértase que, para abordar un cargo por violación a la igualdad entre iguales, se
debe acudir al juicio integrado de igualdad desarrollado por la Corte Constitucional,
así:
«El juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la primera,
(i) se establece el criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, es

35 Fl. 110 del cuaderno principal.
36 Fl. 112 del cuaderno principal.
37 Fl. 114 del cuaderno principal.
38 Fls. 116 a 123 del cuaderno principal.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de julio de
2023, Exp. 25429, C.P. Milton Chaves García.
40 Recurso de apelación, página 12 del PDF.
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decir, se precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan
sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En esta parte, asimismo, (ii) se define si en el
plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales. Una vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o personas que
resulten comparables, se procede, como segunda parte de este juicio, a determinar si dicha
diferencia está constitucionalmente justificada, esto es, si los supuestos objeto de análisis
ameritan un trato diferente a partir de los mandatos consagrados en la Constitución Política.
Este examen consiste en valorar los motivos y razones que fueron expresados para sustentar
la medida estudiada y para obtener la finalidad pretendida. Para tal efecto y como metodología
se analizan tres aspectos: (a) el fin buscado por la medida, (b) el medio empleado y (c) la
relación entre el medio y el fin. Según su nivel de intensidad, este juicio puede tener tres
grados: estricto, intermedio y leve»41.

Así las cosas, debe establecerse si en el campo fáctico y jurídico existe un trato
desigual entre iguales, circunstancia que no puede confrontarse en este caso,
comoquiera que la sociedad apelante se limita a manifestar que las solicitudes
presentadas por ISA e ISAGEN (que sí fueron aprobadas por el Comité) compartían
similitudes con la solicitud por ella presentada (que resultó improbada), pero sin
aportar elementos de prueba que permitan identificar tal circunstancia. Se trata
entonces de meras afirmaciones sin sustento, por lo que no es posible determinar
si tales propuestas fueron similares y, por tanto, si se le dio a la apelante un trato
discriminatorio, pese a estar en una situación igual a la de ISA e ISAGEN.

Sobre el particular, debe resaltarse que quien solicita la nulidad de un acto
administrativo tiene la carga de desvirtuar la presunción de legalidad de las
decisiones administrativas y, por lo mismo, está obligado a aportar elementos de
juicio que sustenten sus argumentos, situación que no se evidencia en este caso
concreto.

De hecho, lo que sí existe en el expediente y lo que en efecto fue valorado por el
Tribunal, esto es, lo contratos de estabilidad jurídica firmados por la Nación con ISA
e ISAGEN, dan cuenta de diferencias relevantes entre los proyectos de inversión
realizados por esas compañías y el de la apelante, que no los hacía estar en un
plano de igualdad, puesto que tanto el valor de la inversión y el objeto de la inversión
eran diferentes, lo cual también tenía impacto en cuanto a las externalidades
positivas de los proyectos y en el monto de la prima de estabilidad a favor de la
Nación.

Al no haber prosperado ninguno de los cargos de la apelación, la Sala confirmará la
sentencia apelada, que denegó las pretensiones de la demanda.

4. Costas

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta
instancia, por no encontrarse probadas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

41 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-104 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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FALLA

1. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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