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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01730-01

Acción de tutela contra trámite de consulta popular con fines de revocatoria del mandato: procedimiento complejo

Fecha
1 de marzo de 2018
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01730-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Modificar la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido: Primero. Denegar la acción de tutela presentada por Ana Lucía Escobar Vargas, por las razones expuestas. Segundo. Notificar a las partes por el medio que resulte más expedito y eficaz. Tercero. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01730-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

1 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRÁMITE DE CONSULTA POPULAR CON FINES DE REVOCATORIA DEL MANDATO - Procedimiento complejo / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / RESPUESTA A LAS OBJECCIONES PRESENTADAS

La Sala considera que la Registradora Nacional del Estado Civil no vulneró el debido proceso de la señora Ana Lucía Escobar Vargas, que fue elegida alcaldesa de La Calera, para el periodo 2016-2019, y cuyo mandato se pretende revocar. Por consiguiente, la Sala desestimará la impugnación, por las razones que pasan a exponerse. (…) A la Sala no le cabe duda de que la señora Ana Lucía Escobar Vargas ha tenido la oportunidad de ejercer el debido proceso en la iniciativa de origen popular que cursa en la actualidad para revocarle el mandato como alcaldesa de La Calera. Es decir, se ha cumplido el proceso debido para el trámite de la consulta popular con fines de revocatoria del mandato. (…) A juicio de la Sala, el hecho de que las objeciones no hubieran prosperado no vulnera el debido proceso, pues esta garantía se cumple cuando la autoridad permite el ejercicio de la defensa y contradicción. Empero, eso no implica que siempre la autoridad deba darle la razón al afectado. Basta con que se decidan de fondo las inconformidades, que justamente fue lo que ocurrió en el sub lite, según lo observó la Sala al revisar la respuesta a las objeciones que entregó la Dirección de Censo de la Registradora. Del núcleo esencial del debido proceso no hace parte el derecho a obtener una decisión favorable a los intereses del interesado. (…) A simple vista, los argumentos para decidir las objeciones están en el marco de la razonabilidad esperada y, por ende, no pueden catalogarse contrarios a los derechos fundamentales de Ana Lucía Escobar Vargas. En otras palabras: el juez de tutela no puede inmiscuirse en el ámbito de competencias de otras autoridades. En casos como el examinado, es suficiente examinar la razonabilidad de la decisión de la administración, sin hacer mayores juicios de valor frente a lo decidido.

FUENTE FORMAL: LEY 134 DE 1994 / LEY 741 DE 2002 / 1757 DE 2015 / RESOLUCIÓN 6245 DE 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-37-000-2017-01730-01(AC)

Actor: ANA LUCÍA ESCOBAR VARGAS

Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

La Sala decide la impugnación presentada por Ana Lucía Escobar Vargas contra la sentencia de tutela del 5 de diciembre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que declaró improcedente la tutela.

ANTECEDENTES

Pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, la señora Ana Lucía Escobar Vargas, mediante apoderado judicial, solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de petición, que estimó vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En consecuencia, solicitó que:

(…)
En aras de que se den las plenas garantías a los derechos fundamentales al debido proceso y contradicción de la prueba, a la Defensa de la Alcaldesa de La Calera-Cundinamarca, estamos solicitando respetuosamente al Honorable Juez de Tutela, tutelar estos derechos y por consiguiente se le ORDENE, a la Registraduría Nacional de Estado Civil, que CERTIFIQUE el no cumplimiento, de los requisitos Constitucionales y Legales de los apoyos presentados por el Comité Promotor denominado “Revocatoria del Mandato Ana Lucía Escobar Vargas” con ocasión de las objeciones contundentes presentadas al informe técnico de revisión de apoyos No 660 y de grafología por parte de la Defensa con el apoyo de un experto grafólogo, dada la gran cantidad de inconsistencias e irregularidades que se presentaron en su validación.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

SE DECRETE, en atención a lo anterior que un tercero experto en grafología e inscrito en la lista de auxiliares de la justicia y cuyos honorarios serán a costa de la parte accionante para que dirima las inconsistencias e irregularidades planteadas en el escrito de objeciones al informe técnico No. 660, y que no fueron aceptadas por la Dirección de Censo Electoral, las cuales fueron debidamente sustentadas y detalladas.

SE DECRETE, la medida cautelar provisional solicitada para evitar perjuicios irremediables si se continúa con la actuación administrativa por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal del Municipio de La Calera-Cundinamarca.

SE TOMEN, las medidas jurídicas conducentes y pertinentes encaminadas al restablecimiento y protección de los Derechos Fundamentales vulnerados e invocados en esta Acción Pública a favor de mi poderdante la Dra. ANA LUCÍA ESCOBAR VARGAS.

Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Ana Lucía Escobar Vargas fue elegida alcaldesa del municipio de La Calera, Cundinamarca, para el periodo 2016-2019.

En el año 2017, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se inscribió el Comité Promotor para la revocatoria del mandato de la señora Ana Lucía Escobar Vargas, el cual fue reconocido, mediante Resolución 002 del primero de marzo de 2017.

Luego, el 28 de agosto de 2017, el Comité Promotor entregó a la Registraduría los formularios de apoyo a la iniciativa de revocatoria del mandato.

El 11 de octubre de 2017, la Registraduría publicó el “Resumen Procedimiento Verificación de Apoyo Radicado N° 660”, en el que se avaló el apoyo ciudadano a la iniciativa de revocatoria del mandato de la alcaldesa de La Calera.

El 17 de octubre de 2017, la señora Escobar Vargas solicitó a la Registraduría la entrega de los formularios de apoyo, documentos que fueron entregados (el 18 de octubre siguiente), pero mediante formato digital (escáner), circunstancia que, según la actora, ha dificultado la verificación de la información consignada en los formularios, en los términos que lo prevé la Ley 1757 de 2015.

Que, pese a lo anterior, el perito de la parte actora halló inconsistencias y, por ende, el 19 de octubre de 2017, se formularon objeciones contra el Informe Técnico de Procedimiento de Verificación de Firmas Apoyo por Apoyo (radicado 660). Además, se hicieron una serie de peticiones y se pidieron pruebas, conforme con la Ley 1757 de 2015 y la Resolución 6245 de 2015.

El 30 de octubre de 2017, la Dirección de Censo de la Registraduría, en aplicación del artículo 3-12 de la Resolución 6245 de 2015 y del artículo 14 del CPACA, prorrogó el plazo para rendir el Informe Técnico de Verificación de Apoyo por Apoyo, habida cuenta de que se tuvieron que adelantar “actividades extraordinarias y sobrevinientes”.

El 7 de noviembre de 2017, la Dirección de Censo de la Registraduría entregó respuesta a la contradicción al Informe Técnico de Verificación de Firmas Apoyo por Apoyo, confirmó la verificación de ciertos apoyos a la iniciativa de revocatoria del mandato y, en consecuencia, expidió el Informe Técnico Definitivo para continuar con la iniciativa.

Argumentos de la solicitud de amparo

De manera previa, la demandante explicó que se cumplían los requisitos generales y de procedibilidad de la tutela contra actos administrativos, porque la Resolución 6245 de 2015 del Consejo Nacional Electoral no prevé una etapa para controvertir las respuestas frente a las objeciones que se formulan en el procedimiento para la revocatoria del mandato. Que, adicionalmente, resulta “irrisorio” el plazo de 5 días para objetar el informe técnico de revisión, pues la Registraduría cuenta con 45 días.

En cuanto al fondo del asunto, la demandante sostuvo que las copias escaneadas por la Registraduría, y que fueron entregadas a la demandante, no permiten verificar los requisitos que exige la Ley 1757 de 2015 (artículos 8 y 13) para los formularios de recolección de firmas, es decir: i) que se trate de formularios autorizados; ii) que los formularios contengan la información mínima; iii) que el firmante haya diligenciado plenamente el formulario, y iv) que la parte superior del formulario contenga la exposición sucinta del motivo de la iniciativa.

Que, a pesar de lo anterior, el perito contratado por la parte actora advirtió una serie de irregularidades e inconsistencias y que, por tal razón, por eso se formularon objeciones contra el Informe Técnico de Procedimiento de Verificación de Firmas Apoyo por Apoyo (radicado 660).

Que, adicionalmente, las respuestas dadas por la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría (7 de noviembre de 2017) al escrito de objeciones presentadas contra el informe técnico con radicado No. 0660 “no cumplieron a cabalidad con los presupuestos y elementos que tienen que ser objeto de análisis y aplicación para la anulación de los apoyos ciudadanos (firmas), por parte de la Entidad accionada, los cuales fueron desconocidos de manera clara y precisa”. Es decir, que se vulneró el debido proceso, habida cuenta de que la Registraduría no se pronunció puntalmente sobre las inconsistencias advertidas.

Que, en esas condiciones, la tutela es procedente no solo porque no existen otros mecanismos de defensa, sino porque si no se concede el amparo se permitiría continuar con un actuación en la que ya se han advertido falencias, lo cual que no solo causaría un perjuicio irremediable a la señora Ana Lucía Escobar Vargas, sino a sus propios electores.

Intervención de la autoridad demandada

La jefe (e) de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil se opuso al amparo pedido, por las razones que pasan a exponerse:

Después de referirse, in extenso, al régimen jurídico de la revocatoria del mandato, la Registraduría explicó que no se vulneró el debido proceso de la señora Ana Lucía Escobar Vargas, pues se ha cumplido el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para este tipo de procedimientos, al punto que se permitió controvertir el Informe Técnico de Procedimiento de Verificación de Firmas, Apoyo por Apoyo, y se resolvieron las inconformidades de la parte actora, mediante acto que quedó en firme.

Que, de todos modos, la acción de tutela no es el mecanismo para reabrir discusiones ya concluidas ni para desconocer la voluntad del grupo de ciudadanos que promovieron la revocatoria del mandato de la alcaldesa del municipio de La Calera.

Por lo tanto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

Sentencia impugnada

En la sentencia objeto de impugnación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró la improcedencia de la acción de tutela.

Básicamente, el a quo concluyó que la tutela es improcedente para cuestionar el Informe Técnico de Procedimiento de Verificación de Firmas, Apoyo por Apoyo, del 7 de noviembre de 2017, pues no se cumplen los presupuestos que ha fijado la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra actos preparatorios o de trámite.
Que, en efecto, la tutela sería procedente si dicho informe “definiera una situación especial y sustancial en el marco de un actuación manifiestamente irrazonable o desproporcionada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que con esta se lesionara o amenazaran derechos fundamentales”. Empero, según el a quo, revisado el informe en cuestión se advierte que la actuación de la Registraduría se enmarcó en el procedimiento fijado para la revocatoria del mandato, al punto que la decisión adoptada no se ve irrazonable o desproporcionada.

Adicionalmente, la sentencia impugnada advirtió que no se cumplen las condiciones de urgencia y gravedad para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio.

Impugnación

Ana Lucía Escobar Vargas impugnó la sentencia de primera instancia e insistió en que en la actuación que se sigue en la revocatoria de su mandato se vulneró el derecho al debido proceso, pues se reconocieron como válidas las firmas, a pesar de que existen serias inconsistencias.

Agregó que el a quo no se pronunció sobre “la idoneidad y eficacia” del medio de contradicción previsto en la Resolución 6245 de 2015, en especial, frente a la imposibilidad de ejercer los derechos defensa y contradicción.

Que, además, sí se cumplen los requisitos para la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos de trámite, pues con la expedición del Informe Técnico de Procedimiento de Verificación de Firmas, Apoyo por Apoyo, del 7 de noviembre de 2017 se está permitiendo que continúe el procedimiento con graves irregularidades, tal y como lo advirtió la actora en el escrito de objeciones.

CONSIDERACIONES

En los términos de la impugnación, la Sala le corresponde decidir si la Registraduría Nacional del Estado Civil ha garantizado el debido proceso en la actuación que se sigue para la revocatoria del mandato de Ana Lucía Escobar Vargas, que ejerce como alcaldesa de La Calera.

La Sala se referirá al alcance del debido proceso, al procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico para la revocatoria del mandato de alcaldes y, al final, examinará el caso particular.

Del derecho al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia

El derecho fundamental al debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como una garantía para equilibrar la relación de libertad y autoridad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. De hecho, el debido proceso es una garantía a favor del propio Estado, por cuanto rodea de legitimidad las decisiones que adopta.

El debido proceso comprende, por lo menos, 3 grandes elementos:

El derecho al juez natural, que consiste en la posibilidad real de que la decisión sea adoptada por un juez o funcionario independiente, imparcial y plenamente competente para decidir, según la ley.

Los principios de independencia e imparcialidad garantizan no solo que el juez o funcionario actúe libre de presiones exteriores o influencias que perturben su juicio, sino que actúe libre de cualquier tipo de interés personal o en favor del interés de terceros.

El debido proceso comprende también el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa. Las formas, los procedimientos y ritualidades procesales también rodean de legitimidad la decisión de fondo.

El debido proceso abarca, además, las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargos, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada y el derecho a impugnar la decisión, salvo las excepciones legales.

Esos elementos pueden resultar desconocidos en el curso de la actuación judicial o administrativa. Por ende, el juez o funcionario que advierta alguna irregularidad que afecte el núcleo esencial del debido proceso está en la obligación de adoptar las medidas correctivas antes de continuar con el trámite normal del proceso o de la actuación.

Del núcleo esencial del debido proceso, también hace parte la garantía del plazo razonable, que, en principio, se ha visto como propia de las actuaciones judiciales de tipo penal (en especial, cuando está comprometido el derecho a la libertad personal), en orden a garantizar que el proceso se tramite en plazos razonables, sin dilaciones injustificadas.

Empero, no cabe duda de que es una garantía aplicable a todo tipo de actuación estatal, en la que pueda resultar afectado algún derecho fundamental. Y justamente para decidir sobre la afectación de la garantía del plazo razonable, se suele examinar (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad del interesado y (iii) la conducta de la autoridad obligada a decidir o actuar. De modo que, en cada caso concreto, habrá que examinar si la conducta del funcionario o del órgano es injustificada y/o negligente, pues no toda demora afecta la garantía del plazo razonable.

Vale agregar que el artículo 29 CP también alude al principio de favorabilidad en materia penal; a la presunción de inocencia —presunción que se puede vencer o desvirtuar cuando una autoridad, conforme con el debido proceso, imputa cargos o hace reproche jurídico con base en ley preexistente al acto o conducta que se imputa—; la garantía de non bis in ídem, y, por último, prevé que es nula, de pleno derecho, la prueba que se obtenga con violación al debido proceso.

Por último, conviene referirse puntualmente al debido proceso administrativo, frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que se trata de una manifestación del principio de legalidad, “conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión. Por lo tanto, se debe indicar que tal derecho no existe solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende desde las diligencias preliminares, durante toda la actuación administrativa que se surte para expedir una decisión y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación”.

El debido proceso en la revocatoria del mandato de alcaldes

Básicamente, son 3 las normas constitucionales que aluden a la revocatoria del mandato, como una auténtica forma de participación política: el artículo 40 consagra el derecho a conformar y controlar el ejercicio del poder, mediante el expediente de revocar el mandato de los elegidos, en los casos que determine la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 103 destaca que la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación democrática. Y el artículo 259, a su turno, alude al voto programático, en el sentido de que quienes eligen gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al momento de inscribirse como candidato.

De ahí que es válido concluir que la revocatoria del mandato implica el ejercicio auténtico de control político frente a los gobernadores y alcaldes, pues el ordenamiento jurídico quiso privilegiar la voluntad del elector para que sea él el que decida directamente la suerte del mandatario que eligió.

Según lo ha entendido la Corte Constitucional, la revocatoria del mandato no solo es un derecho político (artículo 6 de la Ley 134 de 1994), sino un mecanismo de control político, de control a los políticos, a través del cual los ciudadanos deciden directamente si terminan prematuramente el periodo de un gobernante, esto es, antes de que finalice su periodo institucional.

La Corte explicó recientemente:

La Corte ha tenido oportunidad de explicar el fundamento de la revocatoria señalando que “la estrategia constitucional determina tanto para los gobernantes como para los gobernados, una relación recíproca y de compromiso entre el voto y el cumplimiento del programa electoral.” Como consecuencia de ello “las promesas electorales bajo el nuevo esquema constitucional deben cumplirse, lo cual explica que los electores puedan adelantar la revocatoria del mandato.”

Y refiriéndose a la aptitud de este mecanismo para materializar el control de la administración, la sentencia T-1037 de 2010 señaló:

“De lo reiterado, es evidente que la Constitución propugna por la existencia de espacios democráticos en distintos ámbitos; de todos, quizá el más problemático es el político ya que en éste confluyen las diversas fuerzas que buscan controlar el poder y todo lo que ello implica. En este aspecto, por definición no solo en el tema electoral sino en el desarrollo diario de la gestión de los gobernantes, siempre habrá conformes e inconformes, circunstancia ante la cual la Constitución contempla, entre otros, el mecanismo de la revocatoria del mandato, herramienta por medio de la cual se puede materializar el ejercicio de su control.”

5.8.1.3. Este instituto, que asegura el derecho a conformar y controlar el poder político, tiene entonces un vínculo estrecho con el voto programático. Sobre este último, la sentencia C-011 de 2004 explicó:

“La Corte comparte estos criterios en el sentido de que ellos encierran el espíritu democrático y participativo de este instrumento. El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y gobernadores) y los ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por mandato un programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es entonces la consecuencia de esa nueva relación consagrada por la Constitución de 1991.”

Ahora, la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes está regulada principalmente por la Ley 134 de 1994 (específicamente por los artículos 64-76) y la Ley 741 de 2002.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional enseña que el procedimiento para llevar a cabo la revocatoria del mandato incluye básicamente cuatro etapas: i) la iniciativa ciudadana para conseguir el apoyo y presentar la solicitud de revocatoria ante la Registraduría, en las condiciones que permite la ley; ii) la verificación que hace la Registraduría del proceso ciudadano y de los requisitos para avalar la iniciativa; iii) la realización de la consulta popular con fines de revocatoria del mandato y, por último, si fuera el caso, iv) la elección del reemplazo del gobernador o alcalde cuyo mandato se revoca.

En palabras de la Corte:

17. La primera etapa consta de la solicitud ciudadana para hacer uso de la revocatoria del mandato. La Ley 741 de 2002 establece que la revocatoria del mandato procederá si se cumplen dos requisitos: (i) que haya transcurrido al menos un año del mandato del funcionario que se pretende revocar; y (ii) que la solicitud de revocatoria esté apoyada por un número de ciudadanos que alcance, al menos, el 40% de los votos que obtuvo el funcionario elegido.

18. En la segunda etapa, la Registraduría debe verificar que la solicitud ciudadana cumpla con los requisitos exigidos por la ley, y en caso afirmativo, debe iniciar la planeación de la votación para decidir en las urnas si se revoca el mandato del respectivo alcalde o gobernador. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 134 de 1994, corresponde a la Registraduría aprobar la solicitud, certificarla, e informar al funcionario que se pretende revocar del proceso que cursa en su contra. Luego, la entidad deberá convocar a la jornada de votación en un plazo máximo de dos meses después de emitida la certificación donde consta que la iniciativa ciudadana reunió los requisitos de ley (Artículo 67).

19. En la tercera etapa se lleva a cabo la consulta popular en el respectivo departamento o municipio, para definir si se revoca al mandatario. Dispuesta toda la logística electoral, prospera la revocatoria “al ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió́ al respectivo mandatario”.

Si no se alcanzan los votos mínimos a favor de la revocatoria, el servidor público continuará ejerciendo sus funciones. Pero si el mandatario es revocado, será removido del cargo, en los términos de lo expuesto por el artículo 72 de la Ley 134 de 1994 y el proceso pasa a la siguiente etapa.

20. La cuarta etapa consiste entonces en la elección del sucesor, para designar nuevo gobernante de la ciudad o del departamento. Para ello, corresponde a la Registraduría convocar a elecciones dentro de los 30 días siguientes a la certificación de la votación de la revocatoria. Entre la revocatoria y la elección del sucesor del funcionario revocado, le corresponde al Presidente de la República nombrar a una persona en calidad de encargada de la respectiva alcaldía o gobernación.

21. Del anterior recuento normativo se evidencia que la revocatoria del mandato es un derecho que se configura a través de un procedimiento complejo, en el cual se pueden distinguir cuatro etapas. En cada una de las etapas, la ley les impone una serie de cargas a los ciudadanos participantes, y una serie de deberes específicos a las autoridades públicas. Para hacer efectivo el derecho a la revocatoria es necesario que los ciudadanos cumplan con las cargas y requisitos establecidos en la ley, y que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los ciudadanos, las autoridades cumplan con sus obligaciones disponiendo lo necesario para impulsar el proceso a la siguiente etapa. De tal manera, el conjunto de obligaciones que resulta exigible de las autoridades competentes depende de dos factores: i) en primer lugar, de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, y ii) de que los ciudadanos interesados hayan cumplido las cargas que les impone la ley en la etapa respectiva. Si los ciudadanos interesados en el procedimiento han cumplido con las cargas respectivas, las entidades tienen el deber constitucional de disponer lo necesario para avanzar a la siguiente etapa.

Como se ve, la consulta popular con fines de revocatoria del mandato comporta un procedimiento complejo, que nace de la voluntad popular de los ciudadanos que consideran que el gobernador o alcalde no ha cumplido con el programa presentado al momento de la inscripción de la candidatura. Pero, desde luego, es un procedimiento que reclama la intervención de la Registraduría y del propio funcionario.

Es decir que, siendo un procedimiento complejo, es natural que actúen los ciudadanos que promueven la iniciativa, la Organización Electoral (conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el artículo 120 CP) y el propio mandatario cuyo mandato se pretende revocar. La actuación de tales sujetos es en el marco de la Constitución, la ley y los reglamentos, que imponen una serie de obligaciones a cada uno de ellos.

La Ley Estatutaria 1757 de 2015 se ocupó de regular la promoción y protección del derecho a la participación democrática. En lo que interesa para decidir el caso concreto, la Sala se referirá a los artículos 5, 6 y 7, que fijaron reglas comunes para los mecanismos de participación ciudadana de origen popular. Además, la Sala enunciará los artículos 10, 11, 13, 14 y 15, que, en general, establecieron las reglas para la recolección de apoyos, el proceso de verificación de firmas y la expedición del informe técnico de verificación de firmas.

A continuación, la Sala destaca los apartes de esas normas que interesan para decidir el caso concreto:

LEY 1757

CONTENIDO

Artículo 5
Establece que cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político podrán solicitar la inscripción como promotor, entre otras, de una consulta popular con fines de revocatoria del mandato.

Artículo 6
Prevé que, al momento de la inscripción, el promotor deberá diligenciar el formulario que tenga dispuesto la Registraduría.

El formulario debe contener, como mínimo, la siguiente información:

El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de notificaciones del promotor o de los miembros del comité promotor.
El título que describa sucintamente la propuesta de mecanismo de participación ciudadana.
La exposición de motivos que sustenta la propuesta.
El proyecto de articulado, salvo en el caso de la iniciativa de revocatoria del mandato.

Por igual, el artículo 6 establece que, después de la inscripción del comité promotor, la Registraduría tendrá ocho días para verificar el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, plazo a partir del cual contará con un término de seis meses para la recolección de los apoyos ciudadanos (firmas).

Para el caso de la revocatoria del mandato, la iniciativa solo procederá cuando hayan transcurrido doce meses de la posesión del respectivo gobernador o alcalde y siempre que no faltare menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional.

Artículo 7
Alude al registro de la propuesta del mecanismo de participación ciudadana.

Artículo 10
Establece que, una vez inscrita la propuesta, la Registraduría dispondrá de 15 días para la elaboración y entrega de los formularios a los promotores, a partir del cual, estos contarán con seis meses para la recolección de las firmas.

El plazo podrá ser prorrogado, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados, hasta por tres meses más, en la forma y por el tiempo que señale el Consejo Nacional Electoral.
Artículo 11
Dispone que, vencido el plazo para la recolección de apoyos, el promotor deberá presentar a la Registraduría los formularios debidamente diligenciados.

Vencido el plazo sin que se haya logrado completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada.

Artículo 13Establece que, entregados los formularios, la Registraduría verificará los apoyos.

Los apoyos, según esa norma, se anularán por las siguientes razones:

Si una persona consignó su apoyo en más de una oportunidad, se anularán todos sus apoyos excepto el que tenga la fecha más reciente.
Cuando la fecha, nombre o número de las cédulas de ciudadanía sean ilegibles o no identificables.
Por firma con datos incompletos, falsos o erróneos.
Por firmas de la misma mano.
Por firma no manuscrita.

El parágrafo de esa norma dispone que las iniciativas sobre mecanismos de participación en entidades territoriales solo podrá ser apoyada por quienes hagan parte del censo electoral de la respectiva entidad territorial, vigente al momento de haberse presentado la iniciativa de participación.

Artículo 14
Dispone que la Registraduría tendrá 45 días calendario para verificar los apoyos.

El artículo 14 aclara que solo se podrán adoptar técnicas de muestreo en los distritos, municipios de categoría especial y categoría uno.

Artículo 15
Establece que, cumplida la verificación, la Registraduría certificará el número total de respaldos consignados, el número de apoyos válidos y nulos y, finalmente, declarará si se han cumplido los requisitos de la propuesta.

Si no se cumple con el mínimo de firmas y el plazo de recolección no se hubiera vencido, podrá continuarse con el proceso por el periodo que falte y por un mes más. Vencida la prórroga, el promotor deberá presentar nuevamente los formularios.

La Sala también considera pertinente referirse a la Resolución 6245 de 2015, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral fijó el procedimiento para la verificación de la autenticidad de los apoyos ciudadanos a la propuesta de revocatoria del mandato o de cualquier otro mecanismo de participación ciudadana. La Sala destacará los aspectos pertinentes para el caso concreto.

En general, la Resolución 6245 prevé:

Que, una vez recibidos los apoyos ciudadanos, el Registrador respectivo los remitirá al Director de Censo Electoral de la Registraduría, previas las constancias de rigor (artículo 2).

Que, por su parte, el Director de Censo Electoral de la Registraduría procederá a radicar la solicitud; contabilizar los folios aportados; verificar el encabezado de la iniciativa, verificar que las hojas o folios y los apoyos no correspondan a reproducciones fotostáticas, mecánicas o de cualquier otro tipo; contabilizar el número de firmas presentadas; verificar que tengan correspondencia entre sí el número de cédula y el nombre de quien firma; verificar que el ciudadano esté en el censo electoral de la circunscripción electoral en la que se promovió la iniciativa (artículo 3).

Que los apoyos se anularán en los siguientes casos (artículo 3):

Si una persona consignó su apoyo en más de una oportunidad, se anularán todos sus apoyos excepto el que tenga la fecha más reciente.

Cuando la fecha, nombre o número de las cédulas de ciudadanía, ilegibles o no identificables.

Cuando se firma con datos incompletos, falsos o erróneos.

Cuando se advierte la firma de la misma mano.

Cuando la firma no es manuscrita.

Cuando no hay correspondencia entre el número de cédula y el nombre de quien suscribe el apoyo.

Cuando quien firmó no hace parte del censo electoral de la circunscripción en la que se promueve la iniciativa.

La Resolución 6245 también establece que al Director de Censo Electoral de la Registraduría le corresponde expedir el Informe Técnico, apoyo por apoyo, en el que explique las razones de validez o exclusión de las firmas. Entonces, le compete presentar un informe del total de apoyos válidos, los anulados y la causal de anulación, según sea el caso (artículo 3).

Que el Director de Censo Electoral de la Registraduría correrá traslado del Informe Técnico, apoyo por apoyo, a los promotores del mecanismo, mediante el envío de mensaje al correo electrónico suministrado al momento de la entrega de los apoyos. Además, el informe se publicará en el sitio web de la Registraduría para la comunicación de la ciudadanía en general (artículo 3).

Que, en los cinco días siguientes al envío del correo electrónico y de la publicación en la web de la Registraduría, se podrá controvertir el Informe Técnico, apoyo por apoyo, y que, para tal efecto, deberán exponerse los fundamentos técnicos de contradicción, las razones de validez o exclusión, según el caso.

Que el Informe Técnico, apoyo por apoyo, se tornará definitivo, si pasados los cinco días no se presentan objeciones (artículo 3).
Que las contradicciones al Informe Técnico, apoyo por apoyo, serán resueltas por el Director de Censo Electoral de la Registraduría, en los diez días calendario siguientes al vencimiento del término para controvertir. En ese caso, el Director de Censo Electoral expedirá el informe definitivo (artículo 3).

Que la Registraduría podrá realizar el estudio técnico de los apoyos, por conducto de los grafólogos de las entidades oficiales o de la Organización Electoral, o de los grafólogos contratados para tal efecto (parágrafo primero del artículo 3).

Que deberá acudirse a las bases de datos que contienen el censo electoral para determinar si un ciudadano pertenece al respectivo censo electoral en el que se promovió la iniciativa (parágrafo segundo del artículo 3).

Que, en los casos, autorizados por la ley, la técnica de muestreo a utilizar será aquella que ya hubiese sido o sea aprobada por el Consejo Nacional Electoral y que, en todo caso, cuando se resuelvan contradicciones a los informes técnicos, no se podrán emplear técnicas de muestreo (artículo 4).

Solución del caso

Examinado el caso concreto, la Sala considera que la Registraduría Nacional del Estado Civil no vulneró el debido proceso de la señora Ana Lucía Escobar Vargas, que fue elegida alcaldesa de La Calera, para el periodo 2016-2019, y cuyo mandato se pretende revocar.

Por consiguiente, la Sala desestimará la impugnación, por las razones que pasan a exponerse.

De acuerdo con las pruebas documentales allegadas y según lo expuesto por ambas partes en la demanda y su contestación, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

En el año 2017, ante la Registraduría, se inscribió el Comité Promotor para la revocatoria del mandato de la señora Ana Lucía Escobar Vargas, que ejerce como alcaldesa de La Calera.

El Comité Promotor fue reconocido por la Registraduría, mediante Resolución 002 del primero de marzo de 2017.

El 28 de agosto de 2017 el Comité Promotor entregó los formularios de apoyo a la iniciativa de revocatoria del mandato.

El 11 de octubre de 2017, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el “Resumen Procedimiento Verificación de Apoyo Radicado N° 660”, en el que se avaló el apoyo ciudadano a la iniciativa de revocatoria del mandato de la alcaldesa de La Calera.

El 17 de octubre de 2017, la señora Escobar Vargas solicitó a la Registraduría la entrega de los formularios de apoyo. El 18 de octubre de 2017, los documentos fueron entregados a la actora en formato digital.

El 19 de octubre de 2017, la señora Escobar Vargas presentó objeciones contra el Informe Técnico de Procedimiento de Verificación de Firmas, Apoyo por Apoyo, (radicado 660). Además, solicitó, entre otras cosas, que se permitiera el acceso a los formularios originales de recolección de apoyos y que se decretaran pruebas para probar ciertas inconsistencias.

El 30 de octubre de 2017, la Dirección de Censo de la Registraduría, en aplicación del artículo 3-12 de la Resolución 6245 de 2015 y del artículo 14 del CPACA, prorrogó el plazo para rendir el Informe Técnico de Verificación, Apoyo por Apoyo, habida cuenta de que se tuvieron que adelantar “actividades extraordinarias y sobrevinientes”.

El 7 de noviembre de 2017, la Dirección de Censo de la Registraduría entregó respuesta a la contradicción al Informe Técnico Definitivo de Verificación de Firmas, Apoyo por Apoyo. La Registraduría decidió confirmar la verificación de ciertos apoyos a la iniciativa de revocatoria del mandato y expidió el Informe Técnico Definitivo, que permite continuar con el trámite de la consulta popular con fines de revocatoria del mandato, por cuanto se cumplieron los requisitos legales. Según lo anunció la Registraduría, contra ese acto no procede ningún recurso.

Vistos los hechos probados, a la Sala no le cabe duda de que la señora Ana Lucía Escobar Vargas ha tenido la oportunidad de ejercer el debido proceso en la iniciativa de origen popular que cursa en la actualidad para revocarle el mandato como alcaldesa de La Calera. Es decir, se ha cumplido el proceso debido para el trámite de la consulta popular con fines de revocatoria del mandato, en los términos expuestos en el numeral anterior (numeral 2. El debido proceso en la revocatoria del mandato de alcaldes).

En efecto, la señora Escobar Vargas, después de haber sido informada de la iniciativa, en los términos del artículo 66 de la Ley 134, compareció a la Registraduría mediante apoderado judicial, al punto que no solo solicitó la expedición de copias de los apoyos para controvertir el Informe Técnico, apoyo por apoyo, sino que formuló las objeciones que estimó pertinentes.

La Registraduría, por su parte, atendió la solicitud de copias y se pronunció sobre las objeciones en el informe definitivo del 7 de noviembre de 2017, tal y como quedó reseñado al destacar los hechos probados. Es más, debido a que las objeciones presentadas implicaron el “despliegue de actividades extraordinarias y sobrevinientes”, la Registraduría, el 30 de octubre de 2017, esto es, antes de que venciera el plazo de diez días para decidir, prorrogó el plazo por diez días calendario más para pronunciarse sobre las objeciones, decisión que la Sala tampoco considera contraria al debido proceso.

A juicio de la Sala, el hecho de que las objeciones no hubieran prosperado no vulnera el debido proceso, pues esta garantía se cumple cuando la autoridad permite el ejercicio de la defensa y contradicción. Empero, eso no implica que siempre la autoridad deba darle la razón al afectado. Basta con que se decidan de fondo las inconformidades, que justamente fue lo que ocurrió en el sub lite, según lo observó la Sala al revisar la respuesta a las objeciones que entregó la Dirección de Censo de la Registraduría. Del núcleo esencial del debido proceso no hace parte el derecho a obtener una decisión favorable a los intereses del interesado.

Y, en efecto, en el acto del 7 de noviembre de 2017, la Registraduría se pronunció sobre los errores en la fecha, los errores por datos incompletos, errores por inconsistencia de fechas, errores por datos ilegibles, entre otros. Todo esa verificación se hizo conforme con las reglas especiales de la Resolución 6245 de 2015.

Frente a los hallazgos en grafología que denunció la demandante, la Registraduría explicó que:

(…) no es posible aceptar el suministro de los formularios o la intervención de peritos y grafólogos de parte de la Alcaldesa de La Calera o su apoderado, debido a que esta facultad no fue establecida por la normatividad especial, y pensar lo contrario sería otorgar competencia a un sujeto diferente al cual establece tanto la Ley como su reglamentación, siendo la Registraduría Nacional del Estado Civil, para ejercer la contradicción al ‘Informe Técnico de Verificación de Firmas Radicado No. 660’ se entregaron de manera oportuna los ‘Formularios para recolección de firmas (Apoyos) para Mecanismos de Participación Ciudadana’ respectivos, por lo tanto no es posible aceptar estas pretensiones. De todos modos, es potestad de la Registraduría Nacional del Estado Civil solo si lo considera pertinente, conducente y útil decretar práctica de pruebas hasta antes de la decisión de fondo, en el presente caso no es necesario debido a que con la verificación en virtud de la cual se profirió ‘Informe Técnico de Verificación de Firmas Radicado No. 660’ es suficiente para decidir la presente contradicción.

A simple vista, los argumentos para decidir las objeciones están en el marco de la razonabilidad esperada y, por ende, no pueden catalogarse contrarios a los derechos fundamentales de Ana Lucía Escobar Vargas. En otras palabras: el juez de tutela no puede inmiscuirse en el ámbito de competencias de otras autoridades. En casos como el examinado, es suficiente examinar la razonabilidad de la decisión de la administración, sin hacer mayores juicios de valor frente a lo decidido.

Ahora bien, la señora Escobar Vargas ha cuestionado insistentemente la Resolución 6242 de 2015 (expedida en virtud del artículo 14 de la Ley 1757), pues cree que estableció un plazo muy corto (5 días) para formular las objeciones y que, además, no permite ejercer ningún recurso contra el acto que decide sobre las objeciones.

Sobre el particular, la Sala considera que los cuestionamientos frente a la ilegalidad de dicho reglamento no pueden proponerse por vía de tutela, pues, como se sabe, la tutela es un valioso mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, que, en todo caso, no reemplaza ni sustituye otros mecanismos de defensa que también sirven para proteger derechos fundamentales. De manera que, para la Sala, dichos cuestionamientos deben proponerse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad simple.

Lo anterior es suficiente para desestimar la impugnación. La Sala modificará la parte resolutiva, en el sentido de que la tutela debe denegarse, pues no se vulneraron los derechos invocados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido:

Primero. Denegar la acción de tutela presentada por Ana Lucía Escobar Vargas, por las razones expuestas.

Segundo. Notificar a las partes por el medio que resulte más expedito y eficaz.

Tercero. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
El expediente fue recibido en esta Sección el 24 de enero de 2018.
Folios 24-25.
Por la cual se señala el procedimiento de verificación de la autenticidad de los apoyos ciudadanos a una propuesta de mecanismos de participación ciudadana
Folio 3.
Folio 478.
Al respecto, ver, entre otros, auto del 3 de agosto de 2016, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente N° 11001032800020130001100, y sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2017, expediente N° 25000-23-36-000-2017-00783-01, M.P. (e) Stella Jeannette Carvajal Basto.

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Sobre el particular, puede consultarse la sentencia C-496/15 de la Corte Constitucional.
Por igual, es importante destacar la providencia de esta Corporación del 2 de agosto de 2017, expediente (HC) 25000232600020170002501, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en la que justamente se precisa que “el concepto de plazo razonable se asocia a las garantías mínimas que están llamadas a hacer presencia en el ámbito de todo procedimiento, judicial o administrativo, que involucre o afecte derechos o libertades de la persona, pues existe el legítimo derecho de que la resolución de la controversia se produzca en un tiempo razonable”.

Y en la nota al pie de página incluida en el anterior párrafo se incorporó una nota al pie de la decisión del 2 de febrero de 2001, adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo vs. Panamá. En la nota se lee lo que sigue, que, por su pertinencia, la Sala transcribe:

124. Si bien el artículo 8 de la convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal. (…) 127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

Sentencia T-706 de 2012.
Justamente, la Ley 134 de 1994 precisó que la revocatoria procede frente a los mandatos de gobernadores y alcaldes.

Ver, entre muchas otras, las sentencias C-180 de 1994 y C-150-15.

Artículo 6. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

Sentencia C-150-15.
Cita original: Sentencia T-1037 de 2010.
Cita original: Sentencia T-1037 de 2010.
Sentencia T-066 de 2015.
Cita original: El artículo 2 de la Ley 741 de 2002 dice: “Los artículos 11 de la Ley 131 de 1994 y 69 de la Ley 134 de 1994, quedarán así: “Sólo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes, al ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”.
La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 4745 de 2016, para reglamentar el procedimiento en el trámite de inscripción de promotores de los promotores de los mecanismos de participación ciudadana.
El Registrador Delegado en lo Electoral también impartió directrices sobre la materia, según Circular N° 1 del 2 de enero de 2017.
Folios 51-52.
Folios 46-50.
Folios 27-45.
Folio 59.
Folios 60-95.

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