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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01789-01

Falta de correspondencia entre el requerimiento y la liquidación oficial: no configuración

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01789-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone: Anular parcialmente la Liquidación de Revisión nro. 322412016000123 del 13 de julio de 2016, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, así como la Resolución nro. 005014 del 13 de julio de 2017, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- liquidó oficialmente el Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2010 a cargo de la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO. A título de restablecimiento del derecho, fijar como valor a cargo de la demandante por concepto de impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2010, así como por sanciones, las sumas determinadas en la liquidación efectuada por esta Corporación, y contenida en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01789-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

12 de agosto de 2021

FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDACIÓN OFICIAL – No configuración

El artículo 711 del Estatuto Tributario consagra una protección concreta del derecho al debido proceso que debe informar las actuaciones administrativas en materia tributaria, al exigir que haya correspondencia entre el requerimiento especial, como acto previo dentro del procedimiento, y la liquidación oficial de revisión. El objetivo de esta disposición es garantizar el debido proceso de los contribuyentes, de tal manera que no se les sorprenda en la liquidación oficial con cargos nuevos que no han sido planteados en el requerimiento especial, y que por ello no tengan la posibilidad de defenderse frente a ellos. Para la Sala, en este caso no se presenta una divergencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial, pues lo dicho por la DIAN en la liquidación oficial corresponde a las mismas glosas planteadas desde el requerimiento, consistentes en (i) el rechazo de la calificación de renta exenta de las sumas recibidas por la demandante por parte del INCODER, y (ii) la improcedencia de “otros costos y deducciones” (renglón 43) por falta de sustento probatorio de los mismos. La Sala no advierte en los actos demandados que la administración haya sustentado sus planteamientos en la improcedencia de “costos” en el requerimiento especial, para después aludir a “deducciones” en la liquidación oficial, con base en normas o hechos diferentes, no planteados antes en el acto previo. Las citas contenidas en el requerimiento especial y en la liquidación oficial incluyen el término “costos” en tanto se encuentra en las normas y conceptos que lo contienen, sin que ello suponga una divergencia en la motivación de ambos actos. Cabe añadir que la apelante no identifica en su recurso la mención específica del término “costos” que no debía tomarse como un “error de transcripción”, como lo sostuvo el Tribunal, por lo que no se encuentra ninguna utilización de ese término que comporte falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial demandada. Por lo anterior, no prospera el cargo.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 711

FALTA DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA TRIBUTARIA – Inexistencia / INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES EN MATERIA TRIBUTARIA EN LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN – Configuración

El artículo 684 del Estatuto Tributario describe el ámbito de las competencias de fiscalización de la DIAN, (…) Para la Sala, nada en esta disposición lleva a considerar que la administración tributaria no puede, en el marco de las gestiones de fiscalización adelantadas sobre las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes, interpretar las normas que considera aplicables a efectos de fijar las cargas tributarias de los administrados, así como estimar los hechos probados conforme a lo dispuesto en las mismas. Es claro que, en ejercicio de sus facultades de investigación fiscal, la DIAN debe llevar a cabo un ejercicio de interpretación de las normas aplicables a la situación particular de los administrados, conforme a los hechos probados, con el fin de determinar con estricto apego a la ley sus obligaciones para con el fisco. Si bien la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN tiene a su cargo resolver consultas sobre la interpretación y aplicación general de las normas tributarias nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, ello no obsta para que la Subdirección de Fiscalización interprete en los actos expedidos en el marco de su gestión, las normas aplicables para cada caso concreto. Por lo anterior, no prospera el cargo.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 684 / DECRETO 4048 DE 2008 – ARTÍCULO 20

EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE PROGRAMAS DE RETIRO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS – Regulación. Condiciones / SUPRESIÓN DE CARGOS PÚBLICOS POR LA FUSIÓN O SUPRESIÓN DE LA ENTIDAD – Efectos jurídicos. Derecho de los empleados de carrera administrativa a ser reincorporados en cargos vacantes equivalentes / INDEMNIZACIÓN PAGADA A SERVIDOR PÚBLICO EN VIRTUD DE PROGRAMAS DE RETIRO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS – Liquidación / INDEMNIZACIÓN PAGADA A SERVIDOR PÚBLICO EN VIRTUD DE PROGRAMAS DE RETIRO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS – Naturaleza jurídica. Pago indemnizatorio y no un pago laboral / EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE PROGRAMAS DE RETIRO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS – Configuración

El artículo 27 de la Ley 488 de 1998 establece una exención del impuesto de renta sobre los pagos recibidos por los funcionarios públicos en el desarrollo de programas de retiro de entidades públicas. (…) Según el texto de la norma, se tienen como exentos del impuesto de renta los pagos que cumplan las siguientes condiciones: (i) Ser pagos constitutivos de bonificación o indemnización (ii) percibidos por funcionarios públicos (iii) en virtud de programas de retiro de personal de las entidades a las cuales se encuentran vinculados. En el caso concreto, se tiene que el Decreto 1291 del 21 de mayo de 2003 ordenó la supresión del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras –INAT-, y la eliminación de los empleos existentes en el mismo. Y conforme a lo dispuesto en esta norma, se suprimieron cargos administrativos en el INAT mediante el Decreto 1683 del 18 de junio de 2003, incluyendo el que ostentaba la demandante. Por su parte, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 (vigente para el momento de la liquidación del INAT y la supresión del cargo de la demandante) establecía el derecho de los empleados públicos de carrera administrativa a ser reincorporados en cargos vacantes equivalentes, cuando los cargos que desempeñaban fuesen suprimidos como consecuencia de la fusión o supresión de la entidad misma en la que prestan sus servicios (…) La indemnización a que se refiere el numeral 4 de esta norma debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto 1572 de 1998 (…) Conforme lo expuesto en los antecedentes, la Corte Constitucional ordenó al INCODER incorporar a la señora Martínez Riaño en su planta de personal, en un cargo equivalente o superior a la que venía ejerciendo en el INAT, de manera que pudiera ejercer la opción de reincorporación que le brindaba la Ley 443 de 1998. (…) Como se expuso, mediante Resolución 643 del 19 de marzo de 2010 se dio cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional con la incorporación a la demandante a la planta de personal del INCODER; pero la demandante no aceptó ese nombramiento. (…) La liquidación contenida en esta resolución estima el valor de los salarios y prestaciones sociales desde el mes de octubre de 2003 hasta marzo de 2010, incluyendo primas, bonificaciones y vacaciones, y descontando aportes a título de pensión, salud, y fondo de solidaridad. Resulta entonces que la demandante recibió un pago de naturaleza indemnizatoria por la supresión del cargo que desempeñaba, y no un pago laboral por concepto de salarios y prestaciones sociales, en la medida en que dicho pago derivó de la negativa de la demandante a asumir el cargo dispuesto por el INCODER de conformidad con la sentencia de tutela, y no de la prestación efectiva de un servicio personal en el cargo designado. Es claro que la opción que le otorgaba la ley al trabajador cuyo cargo era suprimido, entre la reincorporación en otro cargo equivalente o la obtención de una indemnización, se hizo efectiva en este caso con la segunda alternativa, y no con la reincorporación a la planta de personal en el cargo designado.

Debe tenerse en cuenta que si bien el pago ordenado en la Resolución 2317 del 12 de agosto de 2010 se calculó teniendo en cuenta los diferentes elementos de los “salarios y prestaciones sociales” correspondientes al cargo, incluyendo los descuentos por concepto de salud y pensión, ello no modifica su naturaleza indemnizatoria para convertirlo en un pago de naturaleza laboral, pues la forma de cálculo de la indemnización con base en los salarios y prestaciones del periodo en liquidación corresponde a la forma de medir o estimar el daño derivado de la supresión del cargo (lucro cesante), y no a la prestación de un servicio que da lugar al pago de salarios y prestaciones laborales. (…) Por lo anterior, se concluye que la suma de $199.853.639 obtenida por la demandante de parte del INCODER según la Resolución 2317 del 12 de agosto de 2010 tiene carácter indemnizatorio y no laboral, lo cual supone que le cobija la exención contenida en el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, en la medida en que esta abarca las indemnizaciones reconocidas a los funcionarios públicos con ocasión de la supresión del cargo público que desempeñaban, como ocurrió en el caso concreto. Y en la medida en que la suma mencionada tenía el carácter de una indemnización expresamente exenta del impuesto de renta y complementarios, era plenamente procedente incluirla en la declaración de renta de la demandante como renta exenta, y no como una renta laboral gravada. Así, se concluye que le asiste razón a la apelante, en tanto las sumas recibidas de parte del INCODER tenían el carácter de una indemnización exenta del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 488 de 1998, y no el de un pago laboral sujeto a este impuesto. Por tanto, el cargo prospera.

FUENTE FORMAL: LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 39 / LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 137 / LEY 488 DE 1998 – ARTÍCULO 27 / DECRETO 1572 DE 1998 / DECRETO 1291 DE 2003 / DECRETO 1683 DE 2003 / RESOLUCIÓN 643 DE 2010 / RESOLUCIÓN 2317 DE 2010

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Reiteración de jurisprudencia. Alcance. No exime al contribuyente de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones, correcciones o en la respuesta a los requerimientos / PRESUNCIÓN DE VERACIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA – Oponibilidad. Admite prueba en contrario, mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación / CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Alcance / PROCEDENCIA DE COSTOS Y DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Insuficiencia probatoria

El artículo 742 del Estatuto Tributario prevé que la determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en hechos que estén demostrados en el expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en cuanto sean compatibles con las normas tributarias. A su vez, el artículo 746 del mismo Estatuto establece una presunción de veracidad sobre los hechos consignados por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias, sus correcciones y sus respuestas ante la administración tributaria. En varios pronunciamientos, la Sala ha sostenido que esta norma establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de tener la carga de probar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, si es requerido por la administración para ello. (…) En la medida en que tales deducciones fueron cuestionadas por la DIAN, y la demandante fue expresamente requerida para que demostrara tales deducciones con base en soportes idóneos, sin que lo hubiera demostrado, era procedente el rechazo de tales deducciones por parte de la administración tributaria, al no contar con el debido soporte probatorio que las respaldara. Si bien la administración tributaria cuenta con amplias facultades para establecer la realidad económica de los contribuyentes, la ley es clara al imponerle a los contribuyentes la carga de demostrar la realidad y procedencia de las deducciones incluidas en sus declaraciones tributarias, cuando son requeridos expresamente para ello. Así, ante la falta de soportes suficientes de todas las erogaciones declaradas como deducciones por la demandante, era procedente el rechazo de las deducciones negadas por parte de la DIAN en este caso. Debe anotarse que la demandada no negó la procedencia de todas las deducciones declaradas, sino solo de aquellas sobre las cuales no contó con pruebas suficientes allegadas por la demandante en la discusión administrativa, cuando fue requerida expresamente para ello. Por lo anterior, no prospera el cargo.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 742 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 746

SANCIÓN DE INEXACTITUD POR INCLUIR DEDUCCIONES IMPROCEDENTES – Configuración / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA TRIBUTARIA – Aplicación

La legalidad del rechazo de las deducciones no soportadas conforme a las consideraciones antes expuestas, lleva a concluir que la demandante incluyó en la declaración del año gravable 2010 deducciones improcedentes, lo cual constituye uno de los supuestos para la imposición de la sanción por inexactitud, conforme con lo dispuesto en el artículo 647 del Estatuto Tributario, según lo dispuesto en los actos demandados. Por otra parte, y en la medida en que prosperó el cargo relativo al reconocimiento de la indemnización pagada por el INCODER a favor de la demandada como renta exenta, en los términos del artículo 27 de la Ley 488 de 1998, la Sala liquidará la sanción por inexactitud tomando como base únicamente la diferencia derivada de las deducciones que se estimaron improcedentes, conforme a lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647 / LEY 488 DE 1998 – ARTÍCULO 27 / LEY 1819 DE 2016

CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia por falta de prueba de su causación

Finalmente, se observa que, a la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, no procede la condena en costas en esta instancia, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-37-000-2017-01789-01(25033)

Actor: ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

La señora Esperanza Martínez Riaño ocupó un cargo de carrera administrativa (Profesional Universitario Código 3020, Grado 10) en la Subdirección de Planeación e Informática del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras -INAT-. La demandante se desempeñó en el cargo desde 1995 hasta el 18 de junio de 2003.

El 21 de mayo de 2003, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1291, mediante el cual se ordenó la supresión y liquidación del INAT. Posteriormente, en el marco del proceso de liquidación del INAT se expidió el Decreto 1683 del 18 de junio del mismo año, por medio del cual se suprimieron unos cargos en dicha entidad, entre los cuales se encontraba el de la demandante.

El 25 de junio de 2003, la demandante solicitó al gerente liquidador del INAT su incorporación a la planta de personal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- (entidad que asumió las funciones del INAT) en un cargo equivalente o superior al que desempeñaba, de acuerdo con lo establecido por el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y el artículo 6 del Decreto 2504 de 1998.

En el mes de enero de 2004, seis meses después de haber realizado su solicitud, y al no haber recibido noticias sobre su incorporación al INCODER, la demandante aceptó recibir una indemnización por un monto de $11.489.939.

El 20 de mayo de 2006, la demandante fue notificada de la Resolución 698 del 3 de octubre de 2003, expedida por el Gerente General del INCODER, mediante la cual se reconocían los derechos de carrera que ostentaba, y se procedía, de acuerdo a la solicitud de incorporación, a nombrarla en el cargo de Profesional Especializado (Código 3010 Grado 16) en la oficina Asesora de Planeación del INCODER, con sede en Bogotá.  A su vez, también recibió la Resolución 1067 del 3 de diciembre de 2003, mediante la cual se revocó la anterior resolución, por cuanto el cargo de Profesional Especializado en el cual era designada no correspondía al cargo del cual era titular (Profesional Universitario).

Al enterarse de las anteriores resoluciones, la demandante presentó una petición el día 13 de junio de 2006 ante el Gerente General del INCODER, en el que solicitó su posesión en el cargo en el que fue nombrada.

Ante la falta de respuesta de la petición mencionada, la demandante presentó una acción de tutela, en la cual solicitó que se ordenara al INCODER dar cumplimiento a la Resolución 698 de 2003, que la designaba como Profesional Especializado en la oficina de Planeación del INCODER con sede en Bogotá. También solicitó que se ordenara el pago de los salarios y demás prestaciones a las que tenía derecho a partir de la expedición del acto administrativo que la nombraba en dicho cargo.

La acción de tutela presentada fue estudiada por la Corte Constitucional, que en sentencia T-574 del 27 de julio de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) ordenó al INCODER incorporar a la señora Martínez Riaño en su planta de personal, en un cargo equivalente o superior al que venía ejerciendo en el INAT. Igualmente, dispuso que en la medida en que la orden de incorporación en la planta comportaba dejar sin efectos la indemnización por supresión del cargo que ella recibió en su oportunidad, habría lugar a efectuar compensaciones entre los dineros dejados de percibir por ella durante el tiempo que estuvo desvinculada, y el monto de la indemnización recibida.

Mediante Resolución 643 del 19 de marzo de 2010, se dio cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional, por lo que se incorporó a la demandante a la planta de personal del INCODER en el cargo de Profesional Universitario en la Dirección Territorial de Guainía, con sede en Puerto Inírida. No obstante, la demandante manifestó su voluntad de no reintegrarse en ese cargo.

Atendiendo a lo anterior, el INCODER expidió la Resolución 2317 del 12 de agosto de 2010, en la que señaló que ante la no aceptación por parte de la demandante del cargo en el que había sido designada, se ordenaba el pago de los salarios y prestaciones sociales a favor de la demandante “desde el día de la desvinculación, hasta la fecha de incorporación al servicio” (desde octubre de 2003 hasta julio de 2010), compensando el valor de la indemnización por $11.489.939 previamente recibida. En total, esta resolución reconoció el pago a favor de la demandante de la suma de $199.853.639.

El día 19 de agosto de 2011, la demandante presentó su declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2010.

El 24 de junio de 2013, la demandante presentó ante la DIAN una solicitud de corrección de la declaración de renta del año 2010 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 589 E.T., con el fin de que se estimara el impuesto a su cargo teniendo como renta exenta la suma de $199.853.639, recibida según lo ordenado por la Resolución INCODER 2317 del 12 de agosto de 2010.

Atendiendo a esa solicitud, la administración tributaria expidió la Liquidación Oficial de Corrección 322412013000814 del 23 de octubre de 2013, en la que modificó el valor de las rentas exentas de $70.655.000 a $226.075.000, según el proyecto de corrección de la declaración presentada por la demandante.

Posteriormente, la División de Gestión de Fiscalización de la Seccional Bogotá profirió el Requerimiento Especial nro. 322392015000067 del 20 de noviembre de 2015, mediante el cual propuso modificar la liquidación oficial de corrección así: (i) en el renglón 43 (“Otros costos y deducciones”), por no haber prueba respecto de todos los pagos incluidos en este renglón como deducibles, y (ii) en el renglón 50 (“Rentas exentas”), por considerar que las sumas recibidas por parte del INCODER no constituyen renta exenta, sino un ingreso laboral gravable. Igualmente, propuso la imposición de una sanción por inexactitud por $73.786.000.

Previa respuesta al requerimiento especial, el 13 de julio de 2016 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá emitió la Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412016000123, en la cual fijó el valor del renglón 43 (“Otros Costos y Deducciones”) en $10.735.000, del renglón 50 (“Rentas exentas”) en $79.206.000, e impuso una sanción por inexactitud de $72.240.000.

Contra esta resolución la demandante presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución 005014 del 13 de julio de 2017, en la cual modificó la Liquidación Oficial de Revisión 322412016000123 del julio 13 de 2016, mediante la disminución de la sanción por inexactitud al 100% de la diferencia entre el saldo a favor liquidado en la declaración corregida, y el saldo a pagar determinado por la administración, según el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016. En síntesis, se fijó a cargo de la demandante un impuesto de $44.932.000, y una sanción de $45.150.000, para un total de $90.082.000.

DEMANDA

Pretensiones

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Esperanza Martínez Riaño formuló las siguientes pretensiones:

“1.1. Primera.- Que se declare la nulidad de la Liquidación de Revisión No. 322412016000123 del 13 de julio de 2016, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y de la Resolución No. 005014 de fecha julio 13 de 2017, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por concepto del impuesto de Renta y Complementario año gravable 2010, mediante la cual se agotó la vía gubernativa.

1.2. Segunda.- Que se restablezca en su derecho a la señora Esperanza Martínez Riaño NIT. 51.732.263-7 mediante la Liquidación Oficial Renta Naturales de Corrección 322392013000814 el 23 de octubre de 2013, capturada la liquidación oficial en el sistema MUISCA con el formulario No. 21010500554046 radicado de control 91000209287035 el 25 de noviembre de 2013”.

2. Normas violadas y concepto de violación

La demandante invocó como normas violadas los artículos 1.º, 29, 338 y 363 de la Constitución Política; 647, 684, 703, 711, 730, 742 y 743 del Estatuto Tributario Nacional; 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 27 de la Ley 488 de 1998, y 11 del Decreto 1265 de 1999.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Falsa motivación por indebido rechazo de las rentas exentas declaradas

Para la demandante, la DIAN desconoció indebidamente el carácter de renta exenta del pago recibido de parte del INCODER, pues este tipo de pagos está expresamente exento del impuesto de renta según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 488 de 1998.

La administración tributaria incurrió en contradicción al analizar la sentencia de tutela de la Corte Constitucional que ordenó dicho pago, pues en primer lugar sostiene que la suma recibida por la demandante correspondía a una indemnización, y después afirma que la Corte no ordenó el pago de indemnización alguna, sino la reincorporación de la demandante a la planta de personal.

A la DIAN no le corresponde darle una interpretación diferente a la sentencia que ordenó el pago, la cual ordenó el reconocimiento de una indemnización a la demandante, por no haber sido notificada debidamente de una resolución que revocaba su nombramiento en un cargo de carrera administrativa en el INCODER.

Falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial

Sostiene que hay una falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial, en contravía de lo dispuesto en el artículo 711 del Estatuto Tributario, por cuanto no se solicitaron costos, como se afirma en los actos demandados, sino las deducciones permitidas por la ley para los empleados.

Improcedencia del desconocimiento de deducciones

La administración tributaria desconoció como deducibles pagos por concepto de educación, intereses de vivienda, aportes de salud y cuotas de crédito efectuados por la demandante, a pesar de que fueron probados.

Falsa motivación

Los actos administrativos negaron la procedencia de la renta exenta cuestionada con base en un simple análisis del artículo 27 de la Ley 488 de 1998, sin tener en cuenta los demás argumentos y pruebas aportadas. Además se desconocieron los derechos de defensa y contradicción y del debido proceso, en la medida en que solo se aceptó una parte de las deducciones solicitadas, aduciendo falta de prueba.

Usurpación de funciones

Los actos demandados proferidos por la Oficina de Fiscalización Tributaria usurparon funciones propias de la Oficina de Doctrina Tributaria de la DIAN, en la medida en que interpretaron la sentencia T-574 de 2007 que dio lugar al pago cuestionado por la administración. Si bien esa sentencia tiene efectos inter partes, hace parte de un precedente jurisprudencial que debe aplicarse a todas las personas en la misma situación fáctica, y que le corresponde interpretar a la Oficina de Doctrina de la DIAN.

Improcedencia de la sanción por inexactitud

No hay lugar a imponer una sanción por inexactitud, en la medida en que la discusión no versa sobre la inclusión de costos, deducciones o exenciones inexistentes. La propia administración mantuvo el rechazo de algunas deducciones por falta de pruebas, lo cual no genera sanción alguna. En todo caso, debe descartarse la procedencia de la sanción por diferencias en la interpretación del derecho aplicable.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

Una vez revisada la Resolución INCODER 2317 de 2010, y la sentencia T-574 de 2007 de la Corte Constitucional, se concluye que los ingresos recibidos por la demandante corresponden a pagos laborales por concepto de salarios y prestaciones, los cuales no constituyen renta exenta, sino un ingreso laboral gravable con el impuesto de renta.

La propia resolución mencionada indica que las sumas a favor de la demandante se reconocen a título de “salarios y prestaciones sociales”, y se liquidan teniendo en cuenta los descuentos legales aplicables a dichos pagos. Además, la resolución menciona que debe entenderse que no hay solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de la demandante, por lo que para efectos tributarios es un ingreso de naturaleza laboral, y debe dársele el tratamiento propio de un ingreso laboral gravable, como lo ha sostenido la DIAN en varios conceptos.

En cuanto al desconocimiento de las deducciones, se tiene que la demandante logró acreditar mediante documento idóneo el pago de $2.880.000 por concepto de matrícula universitaria de uno de sus hijos. Se rechazó la deducción de los intereses de vivienda, en cuanto la demandante solo podía deducir tales intereses, o los pagos por salud y educación, pero no ambos rubros, según lo dispuesto por el artículo 387 E.T. También se rechazaron como deducibles los pagos por educación de otro de sus hijos por $600.000, y otras deducciones por $1.561.000, por falta de prueba de las mismas.

No se presentó ninguna violación al derecho al debido proceso, por cuanto se respetaron todos los procedimientos y ritualidades establecidas en la ley para la expedición de los actos demandados, y se otorgaron todas las oportunidades legales para que la demandante presentara sus argumentos y las pruebas que considerara pertinentes para su defensa. Los actos contienen la motivación de hecho y de derecho que sustentó el rechazo de las deducciones cuestionadas.

Los actos no adolecen de falsa motivación, en tanto fueron sustentados en las normas y la jurisprudencia aplicables al caso. Tampoco se encuentra una usurpación de funciones de la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN, pues la actuación se limitó al examen de las cifras registradas por la demandante en su declaración, y a la verificación de hechos generadores de obligaciones tributarias en el caso concreto, a partir de los hechos económicos derivados de la expedición de la sentencia T-574 de 2007 de la Corte Constitucional y de la Resolución INCODER 2317 de 2010.

La DIAN no desatendió el principio de seguridad jurídica, ni los precedentes judiciales aplicables, pues se atuvo a lo dispuesto en la sentencia, a la resolución mencionada, y a las demás pruebas que obran en el expediente.

Por último, sostiene que procede imponer la sanción por inexactitud, en la medida en que se probó que la demandante incluyó en su declaración rentas exentas y deducciones improcedentes. No hay diferencia de criterios, en la medida en que resulta claro que los salarios y prestaciones pagados en virtud de la Resolución INCODER 2317 de 2010 son rentas laborales sujetas al impuesto de renta.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Para el Tribunal, los actos demandados no carecen de la motivación exigida por la ley, en la medida en que analizan las normas tributarias, la jurisprudencia y la doctrina oficial aplicables, así como las pruebas allegadas con ocasión de la respuesta al requerimiento especial.

No se encuentra falta de congruencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial, pues de la lectura de estos actos se concluye que la referencia a costos (en lugar de deducciones) obedece a un error de trascripción en el requerimiento especial, que no tiene mayor injerencia en el fondo del asunto.

Por otra parte, la sentencia T-574 de 2007 no ordenó el pago de una indemnización, sino el reintegro de la demandante a su cargo según lo dispuesto en la Resolución 698 del 3 de octubre de 2003. Conforme a lo anterior, la Resolución 2317 de 2010 ordenó el pago de salarios y prestaciones no devengados. Por tanto, las sumas percibidas por la señora Martínez Riaño no tienen carácter indemnizatorio, ni son exentos según el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, sino carácter laboral (salarios y prestaciones), que según las normas fiscales son ingresos sujetos al impuesto de renta.

Respecto a las otras deducciones, el Tribunal estima que fueron debidamente rechazadas por la DIAN, en tanto no se encuentran soportes probatorios suficientes de las mismas.

Tampoco se presenta una usurpación de funciones de la Oficina de Doctrina Tributaria de la DIAN, pues la Oficina de Fiscalización de la misma entidad procedió a verificar la determinación del tributo, y encontró inconsistencias relativas a las rentas exentas y a las deducciones declaradas por la demandante, para lo cual actuó conforme a las competencias y facultades legales propias de la DIAN.

Por último, estimó que sí había lugar a imponer la sanción por inexactitud contenida en los actos demandados, en la medida en que la demandante incluyó en su declaración tributaria rentas exentas y deducciones a las que no tenía derecho según la ley.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló la sentencia del Tribunal con base en los siguientes argumentos:

Sí se presenta falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial, dado que la mención de costos en lugar de deducciones no es un simple error de transcripción, al tratarse de conceptos diferentes.

Tanto la DIAN como el Tribunal hacen un interpretación equivocada de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó el pago a favor de la demandante, en tanto es claro que esta ordenó el pago de una indemnización que constituye una renta exenta, según el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, como había sido reconocido por la DIAN en varios pronunciamientos. Además, el Tribunal guardó silencio respecto del hecho de que el INCODER no practicó retención en la fuente sobre el pago realizado, pues es sabido que la indemnización por retiro de entidades públicas se encuentra exento del impuesto de renta según la norma citada.

En cuanto al desconocimiento de las deducciones, la DIAN debía adelantar los cruces de información necesarios para determinar la situación económica de la demandante, en ejercicio de sus facultades de investigación. Tales deducciones, como el pago de intereses de vivienda, sí se encontraban debidamente soportadas, por lo que no había lugar a rechazarlas.

Reitera que hubo usurpación de funciones por parte de la DIAN, pues la Oficina de Fiscalización Tributaria invadió la órbita de competencias de la Oficina de Doctrina Tributaria al interpretar de manera diferente los conceptos proferidos por esta.

Por último, insistió en la improcedencia de la sanción por inexactitud, por considerar que las rentas exentas y las deducciones declaradas sí eran procedentes.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La DIAN insistió en términos generales en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Por otra parte, la demandante reiteró los mismos argumentos planteados en la demanda y en el recurso de apelación.

MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada.

A su juicio, no se presenta falsa motivación ni violación del principio de congruencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial, porque la administración tributaria precisó como objeto de modificación de la declaración privada el rechazo de la renta exenta incluida en esta, por concepto del pago efectuado por el INCODER a favor de la demandante, glosa que fue mantenida en ambos actos. La alusión a “costos” fue una indebida denominación de la glosa producto de un error de transcripción de los actos demandados, que no afecta la motivación de los mismos.

En cuanto a la exención cuestionada, debe tenerse en cuenta que el fallo de tutela a favor de la demandante clarificó su situación, ya que según esta decisión, ante la irregularidad en la notificación del acto que la incorporaba a la planta de personal del INCODER y que le había impedido posesionarse, había que retrotraer la actuación, y dejar sin efectos la indemnización pagada por supresión del cargo. Las sumas pagadas a favor de la demandante tienen carácter laboral, a las cuales no puede extenderse el tratamiento de rentas exentas establecido en la Ley 488 de 1998 para las indemnizaciones pagadas con ocasión de la supresión de empleos.

Por otra parte, el desconocimiento de las deducciones rechazadas se ajustó a la ley, en la medida en que la demandante no aportó los soportes de las mismas al ser requerida por la administración para ello, según lo dispuesto en el artículo 746 E.T.

No se presentó usurpación de funciones, en tanto la Oficina de Fiscalización actuó en el marco de las competencias dispuestas en el artículo 684 E.T., y ello no condujo a desconocer o contradecir los conceptos proferidos por la Oficina de Doctrina Tributaria.

Por último, y en tanto se declararon rentas exentas y deducciones improcedentes, la imposición de la sanción por inexactitud se ajustaba plenamente a la ley. No hay una diferencia de criterios, ya que las normas son claras respecto de la aplicación de la exención relativa a indemnizaciones por supresión del cargo, que no se extiende a los salarios percibidos por la demandante en este caso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar (i) si hay una falta de correspondencia entre el requerimiento y la liquidación oficial, (ii) si se presenta una falta de competencia por usurpación de funciones por parte de la Oficina de Fiscalización Tributaria de la DIAN, al interpretar la sentencia de tutela y los conceptos proferidos por la Oficina de Doctrina Tributaria, (iii) si las sumas recibidas por la demandante de parte del INCODER según lo ordenado en la Resolución 2317 de 2010 constituyen una renta exenta, conforme con el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, (iv) si había lugar al rechazo de las demás deducciones solicitadas por la demandante, y (v) si procede la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados.

Correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial

El artículo 711 del Estatuto Tributario consagra una protección concreta del derecho al debido proceso que debe informar las actuaciones administrativas en materia tributaria, al exigir que haya correspondencia entre el requerimiento especial, como acto previo dentro del procedimiento, y la liquidación oficial de revisión. El objetivo de esta disposición es garantizar el debido proceso de los contribuyentes, de tal manera que no se les sorprenda en la liquidación oficial con cargos nuevos que no han sido planteados en el requerimiento especial, y que por ello no tengan la posibilidad de defenderse frente a ellos.

Para la Sala, en este caso no se presenta una divergencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial, pues lo dicho por la DIAN en la liquidación oficial corresponde a las mismas glosas planteadas desde el requerimiento, consistentes en (i) el rechazo de la calificación de renta exenta de las sumas recibidas por la demandante por parte del INCODER, y (ii) la improcedencia de “otros costos y deducciones” (renglón 43) por falta de sustento probatorio de los mismos.

La Sala no advierte en los actos demandados que la administración haya sustentado sus planteamientos en la improcedencia de “costos” en el requerimiento especial, para después aludir a “deducciones” en la liquidación oficial, con base en normas o hechos diferentes, no planteados antes en el acto previo. Las citas contenidas en el requerimiento especial y en la liquidación oficial incluyen el término “costos” en tanto se encuentra en las normas y conceptos que lo contienen, sin que ello suponga una divergencia en la motivación de ambos actos.

Cabe añadir que la apelante no identifica en su recurso la mención específica del término “costos” que no debía tomarse como un “error de transcripción”, como lo sostuvo el Tribunal, por lo que no se encuentra ninguna utilización de ese término que comporte falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial demandada.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Falta de competencia en la interpretación de la doctrina tributaria

El artículo 684 del Estatuto Tributario describe el ámbito de las competencias de fiscalización de la DIAN, así:

“Artículo 684. Facultades de fiscalización e investigación.

La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
g. Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos.

PARÁGRAFO. En desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes, de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales”.

Para la Sala, nada en esta disposición lleva a considerar que la administración tributaria no puede, en el marco de las gestiones de fiscalización adelantadas sobre las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes, interpretar las normas que considera aplicables a efectos de fijar las cargas tributarias de los administrados, así como estimar los hechos probados conforme a lo dispuesto en las mismas.

Es claro que, en ejercicio de sus facultades de investigación fiscal, la DIAN debe llevar a cabo un ejercicio de interpretación de las normas aplicables a la situación particular de los administrados, conforme a los hechos probados, con el fin de determinar con estricto apego a la ley sus obligaciones para con el fisco. Si bien la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN tiene a su cargo resolver consultas sobre la interpretación y aplicación general de las normas tributarias nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, ello no obsta para que la Subdirección de Fiscalización interprete en los actos expedidos en el marco de su gestión, las normas aplicables para cada caso concreto.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Exención del impuesto de renta de las indemnizaciones pagadas por supresión de cargos en entidades públicas

El artículo 27 de la Ley 488 de 1998 establece una exención del impuesto de renta sobre los pagos recibidos por los funcionarios públicos en el desarrollo de programas de retiro de entidades públicas. Dice esta norma:

“Artículo 27. Exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en programas de retiro de entidades públicas.

Estarán exentas del impuesto sobre la renta las bonificaciones y/o indemnizaciones que reciban los servidores públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas nacionales, departamentales, distritales y municipales.”

Según el texto de la norma, se tienen como exentos del impuesto de renta los pagos que cumplan las siguientes condiciones: (i) Ser pagos constitutivos de bonificación o indemnización (ii) percibidos por funcionarios públicos (iii) en virtud de programas de retiro de personal de las entidades a las cuales se encuentran vinculados.

En el caso concreto, se tiene que el Decreto 1291 del 21 de mayo de 2003 ordenó la supresión del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras –INAT-, y la eliminación de los empleos existentes en el mismo. Y conforme a lo dispuesto en esta norma, se suprimieron cargos administrativos en el INAT mediante el Decreto 1683 del 18 de junio de 2003, incluyendo el que ostentaba la demandante.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 (vigente para el momento de la liquidación del INAT y la supresión del cargo de la demandante) establecía el derecho de los empleados públicos de carrera administrativa a ser reincorporados en cargos vacantes equivalentes, cuando los cargos que desempeñaban fuesen suprimidos como consecuencia de la fusión o supresión de la entidad misma en la que prestan sus servicios:

“Artículo 39. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo.

Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.

Para la incorporación de que trata este artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal, en el siguiente orden:

(…)

2. La incorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño de los respectivos empleos exigidos en la entidad obligada a efectuarla.

3. La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la carrera.

4. De no ser posible la incorporación dentro del término señalado, el ex-empleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización”.

(Subraya la Sala)

La indemnización a que se refiere el numeral 4 de esta norma debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto 1572 de 1998 (vigente para la época):

“Artículo 137º.- La indemnización de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 se reconocerá y pagará de acuerdo con la siguiente tabla:

Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días calendario.
Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5): cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.
Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10): cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.
Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero proporcionalmente por meses cumplidos.

Parágrafo.- En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve al pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones”.

Conforme lo expuesto en los antecedentes, la Corte Constitucional ordenó al INCODER incorporar a la señora Martínez Riaño en su planta de personal, en un cargo equivalente o superior a la que venía ejerciendo en el INAT, de manera que pudiera ejercer la opción de reincorporación que le brindaba la Ley 443 de 1998. Así lo manifiesta la Corte Constitucional:

“… la tutelante [demandante], realizó su solicitud de incorporación al INCODER. La entidad, tras verificar la disponibilidad de plazas nombró, mediante Resolución 698 de octubre de 2003, a la señora Martínez Riaño en el cargo de Profesional Especializado código 3010, grado 16, en la oficina de planeación, con sede en Bogotá. Dicha resolución nunca fue notificada a la interesada y dos meses después del nombramiento, mediante Resolución 1067 de diciembre de 2003, la entidad revocó la resolución de nombramiento.

A la Corte no le corresponde verificar la legalidad de los actos administrativos de nombramiento y revocatoria proferidos por el INCODER toda vez que dicha revisión le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, dentro del ámbito constitucional la Sala constata una vulneración al derecho al debido proceso administrativo y a la estabilidad laboral de un trabajador de carrera administrativa cuando el INCODER omitió notificar y posesionar a la tutelante en el cargo en el que había sido nombrada. La falta de notificación generó que la señora Martínez aceptara la indemnización a la que tenía derecho 6 meses después de no haber tenido noticia sobre la incorporación.  Por lo tanto, la opción ejercida por la tutelante no era la que deseaba y se ejerció a partir de una situación resultante del desconocimiento del debido proceso administrativo. (…) la falta de notificación del acto administrativo correspondiente hizo que la tutelante no se posesionara lo que implica la pérdida de los derechos derivados de la carrera administrativa.

La vulneración al derecho al debido proceso de la tutelante por la falta de notificación de la resolución que accedía a la petición de incorporación, que a su vez implica la vulneración del derecho a la estabilidad laboral de una servidora inscrita en carrera administrativa exige retrotraer las actuaciones de la administración al momento de solicitud de incorporación para poder restablecer los derechos vulnerados. De acuerdo a lo anterior, la entidad deberá analizar la solicitud de incorporación de la señora Martínez Riaño y de encontrar que existe una plaza disponible en un cargo mayor o equivalente al que venía desempeñando deberá incorporarla a la entidad. De no existir una plaza disponible equivalente o superior a la que venía ejerciendo en el INAT porque no existen vacantes o porque todos los cargos equivalentes o superiores al de la señora Martínez se están ejerciendo por personas que se encuentran inscritas en la carrera administrativa se la deberá proveer con el próximo cargo vacante.

Siguiendo la posición adoptada para casos análogos por esta Corte, en la medida en que la orden de incorporación comporta dejar sin efectos la indemnización por supresión del cargo de la actora, en virtud de la cual ella recibió en su oportunidad, la indemnización prevista en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, habrá lugar a compensaciones, teniendo en cuenta los dineros por ella dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculada con violación de sus derechos fundamentales y que habida cuenta del monto de la indemnización, puede resultar un saldo a favor de la administración.
(…)

En mérito de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

(…)

SEGUNDO.- CONCEDER la protección de los derechos de petición, debido proceso administrativo y estabilidad laboral de la tutelante y ORDENAR al INCODER la incorporación de la señora Esperanza Martínez Riaño en su planta de personal. En el evento en que no exista una plaza disponible equivalente o superior a la que venía ejerciendo en el INAT porque no existen vacantes o porque todos los cargos equivalentes o superiores al de la señora Martínez están siendo ejercidos por personas que se encuentran inscritas en la carrera administrativa, se la deberá proveer con el próximo cargo vacante que cumpla con las condiciones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- En la medida en que haya lugar a compensaciones conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia, en caso de que se presenten remanentes a favor del INCODER éste deberá ofrecer a la interesada la posibilidad de realizar abonos parciales mensuales, durante su permanencia en la institución, siempre tomando en cuenta que el monto no afecte el mínimo vital y la subsistencia digna de ella y de su familia. El INCODER deberá informarle a la señora Martínez Riaño cuál sería el resultado preciso de las compensaciones a efectuar (valor y duración), para que ella pueda optar por no aceptar la oferta de reintegro o reincorporación.”

Como se expuso, mediante Resolución 643 del 19 de marzo de 2010 se dio cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional con la incorporación a la demandante a la planta de personal del INCODER; pero la demandante no aceptó ese nombramiento. Por tanto, el INCODER expidió la Resolución 2317 del 12 de agosto de 2010, en la cual se lee:

“Resolución No. (2317) 12 AGO. 2010

“Por la cual se ordena el pago de salarios y prestaciones sociales a la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO en cumplimiento de la sentencia T-574 de 2007”
(…)

CONSIDERANDO:

Que mediante memorando interno 20103105501 del 9 e marzo de 2010, la Oficina jurídica del INCODER remite la Sentencia T-574 de 2007 de la Honorable Corte Constitucional donde se ordenó incorporar a la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO … en un cargo equivalente o superior.

Que mediante resolución No. 643 del 19 de marzo de 2010, se incorporó a la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO… en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código 2044 Grado 11 en la Dirección Territorial Guania [sic], con sede en la ciudad de Puerto Inírida.

Que mediante oficio No 20101111324 de fecha 26 de mayo 2010, la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO… manifiesta lo siguiente: “Atentamente doy respuesta a la comunicación del asunto, relacionado con el reintegro ordenado por la sentencia T-574 proferido [sic] por la Honorable Corte Constitucional, manifestando que es mi voluntad no reintegrarme y que por lo tanto presento renuncia irrevocable a partir de la fecha, al nombramiento del asunto”.

Que la expresión de la voluntad de la señora en mención, se interpreta como la no aceptación del cargo de conformidad con el literal e) del artículo 45 del Decreto 1950 de 1973, por tanto se genera la vacancia definitiva del cargo respectivo.

En consecuencia, se atenderá lo ordenado en el artículo 2º. de la resolución No. 643 del 19 de marzo de 2010, en el sentido de liquidar y reconocer los salarios y prestaciones sociales desde el día de la desvinculación hasta la fecha de la incorporación al servicio incluyendo los aumentos anuales de Ley, pues se entiende para todos los efectos legales laborales que no se ha presentado solución de continuidad en la prestación del servicio.
(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO… el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales aplicados los descuentos de ley y la deducción de la indemnización cancelada por el INAT; desde octubre de 2003 hasta julio de 2010, la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOSCIENTOS [sic] CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($199.853.639) M/CTE, de acuerdo con la siguiente liquidación:
(…)”
(Subraya la Sala)

La liquidación contenida en esta resolución estima el valor de los salarios y prestaciones sociales desde el mes de octubre de 2003 hasta marzo de 2010, incluyendo primas, bonificaciones y vacaciones, y descontando aportes a título de pensión, salud, y fondo de solidaridad.

Resulta entonces que la demandante recibió un pago de naturaleza indemnizatoria por la supresión del cargo que desempeñaba, y no un pago laboral por concepto de salarios y prestaciones sociales, en la medida en que dicho pago derivó de la negativa de la demandante a asumir el cargo dispuesto por el INCODER de conformidad con la sentencia de tutela, y no de la prestación efectiva de un servicio personal en el cargo designado. Es claro que la opción que le otorgaba la ley al trabajador cuyo cargo era suprimido, entre la reincorporación en otro cargo equivalente o la obtención de una indemnización, se hizo efectiva en este caso con la segunda alternativa, y no con la reincorporación a la planta de personal en el cargo designado.

Debe tenerse en cuenta que si bien el pago ordenado en la Resolución 2317 del 12 de agosto de 2010 se calculó teniendo en cuenta los diferentes elementos de los “salarios y prestaciones sociales” correspondientes al cargo, incluyendo los descuentos por concepto de salud y pensión, ello no modifica su naturaleza indemnizatoria para convertirlo en un pago de naturaleza laboral, pues la forma de cálculo de la indemnización con base en los salarios y prestaciones del periodo en liquidación corresponde a la forma de medir o estimar el daño derivado de la supresión del cargo (lucro cesante), y no a la prestación de un servicio que da lugar al pago de salarios y prestaciones laborales.

Es claro que la resolución aquí mencionada, que ordenó el pago de $199.853.639, se expide como consecuencia de la negativa de la demandante a asumir el cargo señalado por el INCODER, lo que supone que se optó por la alternativa ofrecida por la ley en este supuesto, que es el pago de una indemnización, alternativa que excluye el ejercicio del cargo y el reconocimiento de los pagos de naturaleza laboral que derivan de ello.

Por otra parte, el Decreto 1291 del 21 de mayo de 2003 ordenó la supresión del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras –INAT-, y la supresión de los empleos existentes en el mismo, conforme al plan que el liquidador de la entidad debía presentar para el efecto, aprobado por la Junta Liquidadora de la entidad, según los artículos 5, 13 y 15 del mismo:

“Artículo 5°. Funciones de la Junta Liquidadora.

Serán funciones de la Junta Liquidadora, las siguientes:

(…)

8. Aprobar el programa de supresión de empleos que presente el Liquidador.

(…)

Artículo 13. Terminación de la vinculación. La supresión de un empleo o cargo como consecuencia del proceso de liquidación del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat en Liquidación, dará lugar a la terminación del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos de conformidad con el Decreto 2400 de 1968, la Ley 443 de 1998 y sus Decretos reglamentarios, garantizando los derechos de los servidores públicos.

“Artículo 15. Plazo para la supresión de empleos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma funciones el Liquidador, este elaborará y presentará a la Junta Liquidadora el programa de supresión de cargos, procediendo a eliminar los cargos vacantes y los que no sean necesarios para adelantar el proceso. Para el efecto, se expedirá el acto administrativo correspondiente de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

(Subraya la Sala)

Conforme a lo dispuesto en esta norma, se suprimieron cargos administrativos en el INAT mediante el Decreto 1683 del 18 de junio de 2003 (incluyendo el que ostentaba la demandante):

“DECRETO 1683 DE 2003
(junio 18)

“Por el cual se suprimen unos cargos de la planta de personal del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, en Liquidación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1291 del 21 de mayo de 2003, por el cual se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, y se ordena su liquidación;

(…)

Que la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, en Liquidación, sometió a aprobación del Gobierno Nacional la supresión de cargos de su planta de personal, de acuerdo con las Actas número 1 y número 2 del 5 y 9 de junio de 2003, respectivamente,

DECRETA:

Artículo 1º. Suprímense los siguientes cargos de la planta de personal del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, en Liquidación:

(…)

Artículo 3º. Los empleados públicos de carrera administrativa a quienes se les suprima el cargo en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, tendrán derecho a optar por la indemnización o por la incorporación a empleo equivalente de conformidad con lo consagrado en la Ley 443 de 1998, y en los Decretos Reglamentarios 1572 de 1998 y 1173 de 1999, con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto 1568 y demás normas vigentes sobre la materia”.

Así, es claro que la supresión del cargo que desempeñaba la demandante se efectuó en el marco de un programa de retiro de servidores de entidades públicas, conforme lo exige el artículo 27 de la Ley 488 de 1998.

Por lo anterior, se concluye que la suma de $199.853.639 obtenida por la demandante de parte del INCODER según la Resolución 2317 del 12 de agosto de 2010 tiene carácter indemnizatorio y no laboral, lo cual supone que le cobija la exención contenida en el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, en la medida en que esta abarca las indemnizaciones reconocidas a los funcionarios públicos con ocasión de la supresión del cargo público que desempeñaban, como ocurrió en el caso concreto. Y en la medida en que la suma mencionada tenía el carácter de una indemnización expresamente exenta del impuesto de renta y complementarios, era plenamente procedente incluirla en la declaración de renta de la demandante como renta exenta, y no como una renta laboral gravada.

Así, se concluye que le asiste razón a la apelante, en tanto las sumas recibidas de parte del INCODER tenían el carácter de una indemnización exenta del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 488 de 1998, y no el de un pago laboral sujeto a este impuesto.

Por tanto, el cargo prospera.

Prueba de las deducciones rechazadas

El artículo 742 del Estatuto Tributario prevé que la determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en hechos que estén demostrados en el expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), en cuanto sean compatibles con las normas tributarias.

A su vez, el artículo 746 del mismo Estatuto establece una presunción de veracidad sobre los hechos consignados por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias, sus correcciones y sus respuestas ante la administración tributaria. En varios pronunciamientos, la Sala ha sostenido que esta norma establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de tener la carga de probar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, si es requerido por la administración para ello.

En este caso, la administración tributaria inicialmente rechazó deducciones por $14.205.000, por concepto de (i) educación (ii) intereses de vivienda (iii) aportes obligatorios a salud, (iv) gravamen a los movimientos financieros pagados, y (v) otros costos y deducciones. En el trámite de la discusión en sede administrativa, la demandante solo logró acreditar mediante documento idóneo el pago de $2.880.000 por concepto de matrícula universitaria, los aportes obligatorios en salud por $7.807.000, y el pago del gravamen a los movimientos financieros por $48.000.

La deducción de los intereses de vivienda fue rechazada por ser excluyente con la deducción de los pagos por salud y educación. También se rechazaron como deducibles pagos por educación de $600.000, $606.545 por préstamo de consumo y otras deducciones por $1.561.000, por falta de prueba de las mismas.

En la medida en que tales deducciones fueron cuestionadas por la DIAN, y la demandante fue expresamente requerida para que demostrara tales deducciones con base en soportes idóneos, sin que lo hubiera demostrado, era procedente el rechazo de tales deducciones por parte de la administración tributaria, al no contar con el debido soporte probatorio que las respaldara. Si bien la administración tributaria cuenta con amplias facultades para establecer la realidad económica de los contribuyentes, la ley es clara al imponerle a los contribuyentes la carga de demostrar la realidad y procedencia de las deducciones incluidas en sus declaraciones tributarias, cuando son requeridos expresamente para ello.

Así, ante la falta de soportes suficientes de todas las erogaciones declaradas como deducciones por la demandante, era procedente el rechazo de las deducciones negadas por parte de la DIAN en este caso. Debe anotarse que la demandada no negó la procedencia de todas las deducciones declaradas, sino solo de aquellas sobre las cuales no contó con pruebas suficientes allegadas por la demandante en la discusión administrativa, cuando fue requerida expresamente para ello.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Sanción por inexactitud

La legalidad del rechazo de las deducciones no soportadas conforme a las consideraciones antes expuestas, lleva a concluir que la demandante incluyó en la declaración del año gravable 2010 deducciones improcedentes, lo cual constituye uno de los supuestos para la imposición de la sanción por inexactitud, conforme con lo dispuesto en el artículo 647 del Estatuto Tributario, según lo dispuesto en los actos demandados.

Por otra parte, y en la medida en que prosperó el cargo relativo al reconocimiento de la indemnización pagada por el INCODER a favor de la demandada como renta exenta, en los términos del artículo 27 de la Ley 488 de 1998, la Sala liquidará la sanción por inexactitud tomando como base únicamente la diferencia derivada de las deducciones que se estimaron improcedentes, conforme a lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada, y en su lugar, se anularán parcialmente los actos demandados, y a título de restablecimiento del derecho se reliquidará el impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2010 a cargo de la demandante, así como la sanción por inexactitud aplicable, en los siguientes términos:

Conceptos
Liq. de Corr. (Pva.)
Liq. Oficial
Liq. C.E.
Total patrimonio líquido
$249.109.000
$249.109.000
$249.109.000
Total costos y deducciones
$14.205.000
$10.735.000
$10.735.000
Renta líquida del ejercicio
$256.973.000
$260.443.000
$260.443.000
Renta líquida
$256.973.000
$260.443.000
$260.443.000
Rentas exentas
$226.075.000
$79.206.000
$226.075.000
Renta líquida gravable
$30.898.000
$181.237.000
$34.368.000
Impuesto sobre renta gravable
$785.000
$45.935.000
$1.445.000
Impuesto neto de renta
$785.000
$45.935.000
$1.445.000
Total impuesto a cargo
$785.000
$45.935.000
$1.445.000
Total retenciones año gravable
$1.003.000
$1.003.000
$1.003.000
Saldo a pagar por impuesto
$0
$44.932.000
$442.000
Sanciones
$0
$45.150.000
$660.000
Total saldo a pagar
$0
$90.082.000
$1.102.000
Total saldo a favor
$218.000
$0
$0

Sanción por inexactitud

Total saldo a pagar determinado
$442.000
Saldo a favor liquidación privada
$218.000
Base de liquidación de la sanción
$660.000
Porcentaje de sanción
100 %
Sanción de inexactitud
$660.000

Condena en costas

Finalmente, se observa que, a la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, no procede la condena en costas en esta instancia, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

Anular parcialmente la Liquidación de Revisión nro. 322412016000123 del 13 de julio de 2016, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, así como la Resolución nro. 005014 del 13 de julio de 2017, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- liquidó oficialmente el Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2010 a cargo de la señora ESPERANZA MARTÍNEZ RIAÑO.

A título de restablecimiento del derecho, fijar como valor a cargo de la demandante por concepto de impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2010, así como por sanciones, las sumas determinadas en la liquidación efectuada por esta Corporación, y contenida en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Folio 172, c. p.
Folios 16 a 19, c. a.
Folio 36, c. a.
Folios 11 a 19, c. a.
Folios 7 a 10, c. a.
Folios 131 a 143, c. a.
Folios 165 a 180, c. a.
Folios 185 a 198, c. a.
Folios 203 a 209, c. a.
Folio 4 c. p.
Folios 96 a 117, c. p.
Folios 164 a 172 c. p.
Folios 182 a 195, c. p.
Folios 29 a 33, c. p. 2.
Folios 16 a 28, c. p. 2.
Folios 34 a 36, c. p. 2.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-574 del 27 de julio de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Folios 17 a 19, c. a.
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencias del 25 de octubre de 2017, exp. 20762, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 3 de mayo de 2018, exp. 20727, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 3 de septiembre de 2020, exp. 24372, M.P. Milton Chaves García, entre otras.
Folio 163, c. a.
Folio 112, c. a.
Folio 75, c. a.

Radicación: 25000-23-37-000-2017-01789-01 (25033)
Demandante: Esperanza Martínez Riaño
FALLO

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co" www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082)
Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA.

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