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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01838-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01838-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 25 de marzo de 2022. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01838-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

4 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2017-01838-01 (26932)
Demandante: Inversiones Crest S.A. y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2017-01838-01 (26932)
Demandante INVERSIONES CREST S.A. Y OTROS
Demandado SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ
Temas Participación en plusvalía. Configuración del hecho generador.
Determinación de la base gravable. Pago de lo no debido.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (integrada por
Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso Sagrotan, Coninsa Ramón H.
S.A., Constructora Colpatria S.A. e Inversiones Crest S.A.) contra la sentencia del
25 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que decidió:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
(…)»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Alianza Fiduciaria S.A. en calidad de vocera del Fideicomiso Sagrotan, Coninsa
Ramón H. S.A, Constructora Colpatria S.A. y Metalúrgicas de Bogotá S.A. (hoy
Inversiones Crest S.A.) solicitaron al Distrito de Bogotá, el 12 de mayo de 2016, la
devolución de lo pagado por ésta última sociedad por concepto de participación en
plusvalía con relación al predio con Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-535493.

La entidad territorial negó la solicitud mediante la Resolución Nro. DDI051244 del
14 de junio de 2016. Los solicitantes presentaron recurso de reconsideración contra
la anterior decisión, pero el Distrito de Bogotá la confirmó por medio de la Resolución
Nro. DDI036214 del 28 de julio de 2017.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), las demandantes formularon las
siguientes pretensiones2:

1 Samai del Tribunal, índice 30, página 15.
2 Samai, índice 2, PDF de la demanda, páginas 5 a 6.
1

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Demandante: Inversiones Crest S.A. y Otros

«Primera: Que se declare la nulidad en todas y cada una sus partes (sic) del acto
administrativo contenido en la Resolución No. DDI051244 del 14 junio de 2016, por la cual se
resuelve una solicitud de devolución.
Segunda: Que se declare la nulidad en todas y cada una de sus partes de la Resolución No.
DDI036214 del 28 de julio de 2017 por la cual la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá
resuelve el recurso de reconsideración.
Tercera: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en la primera y
segunda pretensión, a título de restablecimiento del derecho se ordene la devolución de la
suma de novecientos treinta y cuatro millones ochocientos siete mil pesos (COL $934.807.000)
más los intereses legales y corrientes a que haya lugar, suma que se paga indebidamente a
título de contribución por participación en la plusvalía
Cuarta: Que se condene en costas a la parte demandada».

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29, 82 y 150 de la
Constitución Política; 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 73 y 74 de la Ley 388 de
1997; 850 del Estatuto Tributario Nacional; 2313 del Código Civil; 9 del Decreto 4065
de 2008; y 6 del Decreto 1788 de 2004.

Los cargos de nulidad se resumen así:

De forma preliminar, los actores indicaron que los actos administrativos
demandados adolecen de nulidad por violación de una norma superior por falta e
indebida aplicación de las normas o bien por falsa motivación3.

1. Consideraciones generales sobre la participación en la plusvalía.

Explicaron que el artículo 82 de la Constitución y la Ley 388 de 1997 incorporaron
la plusvalía en el ordenamiento y, además, establecieron su componente fiscal, el
cual se origina en acciones urbanísticas que dan lugar a un aprovechamiento de
uso más rentable o mayor área edificable.

Afirmaron que el Consejo de Estado4 señaló que la participación en la plusvalía
cumple con todos los requisitos para considerarse una contribución y que, según la
Corte Constitucional5 y el artículo 73 de la Ley 388 de 1997, este tipo de tributos
supone que efectivamente exista un beneficio para el contribuyente, pues de lo
contrario su cobro es ilegal.

Comentaron los hechos generadores previstos en el artículo 74 ibidem y sus
aspectos objetivo, subjetivo, espacial y temporal. Luego, indicaron que, aunque en
el caso bajo examen se configuró el hecho generador que consiste en la
autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, pero en
realidad no se reporta un beneficio efectivo.

Precisaron que con la expedición del Decreto Distrital Nro. 317 de 2011 se configuró
el aspecto temporal del tributo, por lo que se causó. No obstante, no se cumplió con
su aspecto objetivo por no existir un verdadero beneficio.

Distinguieron la exigibilidad de la causación del tributo, pues la primera se presenta
con i) la solicitud de licencia de urbanización o construcción, ii) el cambio efectivo
de uso del inmueble, iii) la adopción de actos que impliquen transferencia del
3 Al respecto citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 15 de marzo de 2012, exp. 16660,
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
4 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 24 de marzo de 2011, expediente 17083, C.P.
William Giraldo Giraldo.
5 Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-243 de 2005.
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dominio sobre el inmueble; y iv) mediante la adquisición de títulos valores
representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo.

2. Falta de configuración del elemento objetivo del hecho generador.

Reiteraron que, de conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley 388 de 1997,
solamente se cumple con el hecho generador cuando la acción urbanística beneficia
al particular.

Explicaron que en el presente caso no existe un beneficio debido a que el Decreto
Distrital Nro. 062 de 2007 contemplaba un índice de ocupación 0,7 y de edificación
de 2,8 en la Unidad de Planeamiento Zonal (en adelante UPZ) Nro. 108 -Puente
Aranda-. Luego, el Decreto 317 de 2011 incrementó los índices a 0,75 y 3,
respectivamente. Empero, la licencia de construcción otorgada el 11 de noviembre
de 2015 solo autorizó un índice de ocupación del 0,48 y un índice de construcción
del 1,51. Con base en lo anterior, consideraron que en el caso bajo examen no hay
beneficio o aprovechamiento real.

Reprocharon que las resoluciones demandadas afirmaran que el beneficio consiste
en la posibilidad de adelantar construcciones de mayor edificabilidad, pues
incrementa el valor del terreno del predio. Indicaron que lo anterior constituye una
indebida interpretación del artículo 73 de la Ley 388 de 1997 y la naturaleza de la
contribución6, además de desconocer el principio de capacidad contributiva7.

Cuestionaron que la demandada adoptara la tesis según la cual, el hecho generador
de la contribución por participación en la plusvalía es un acto complejo, que requiere
para su configuración de la acción urbanística -expedición de la norma- y de la
actuación urbanística -otorgamiento de la licencia-, esta última entendida como la
autorización específica que materializa el beneficio recibido por el particular y que
da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.

Concluyeron que, comoquiera que el hecho generador no se configuró, el pago
realizado no era debido y, por tanto, procede su devolución.

3. Cobro del tributo sin que sea determinable la base gravable.

Advirtieron que para determinar este elemento del tributo solamente se tiene en
cuenta el número total de metros cuadrados destinados al uso más rentable o a un
mayor aprovechamiento del suelo teniendo en cuenta los derechos otorgados en la
respectiva licencia, lo cual implica que, para que haya lugar a un cobro efectivo del
tributo, se requiere que el contribuyente aproveche el beneficio otorgado en la
acción urbanística.

Insistieron en que la solicitud de la licencia de construcción no generó un
aprovechamiento o beneficio porque autorizó índices de ocupación y de
construcción inferiores a los establecidos para la UPZ Nro. 108, de tal modo que
consideró que la Autoridad liquidó el valor de la participación sin tener los elementos
para determinar la base gravable.

Señalaron que la demandada, erróneamente, comparó los índices de ocupación y
construcción permitidos para la UPZ Nro. 108 y los comparó con los previamente

6 Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-704 de 2010.
7 Citó la sentencia de la Corte Constitucional C-015 de 1993.
3

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existentes para determinar el uso más rentable o el mayor aprovechamiento, lo que
impone el pago de la contribución sin que exista un beneficio real. Así, indicó que,
si se cumpliera lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 77 de la Ley 388 de 1997,
la base gravable sería cero.

4. Indebida motivación.

Afirmaron que el pago es un modo de extinción de las obligaciones, según lo indicó
la doctrina8 y el artículo 1626 del Código Civil. Además, adujeron que el artículo
2313 ibidem prevé el derecho a repetir lo pagado no debido. Consideraron que la
anterior norma es aplicable en materia tributaria, en especial cuando el artículo 9 de
la Resolución Nro. 679 de 2012 lo establece con relación al pago de sumas erróneas
por concepto de plusvalía9.
Manifestaron que se cumplen los requisitos identificados por la jurisprudencia10 para
la devolución de lo pago no debido, que son: la realización del pago, la ausencia de
causa legal para hacerlo, el error de hecho o de derecho de quien pagó y la ausencia
de obligación que permita retenerlo.
Concluyeron que se presenta un enriquecimiento sin justa causa debido a que i)
existe un enriquecimiento por parte de la Administración con el pago, ii) existe un
empobrecimiento correlativo de las actoras, iii) no tiene fundamento o causa legal
por ausencia de base gravable, y iv) por tal motivo, ante la inexistencia de un mayor
aprovechamiento del suelo, se genera una carga tributaria que no le corresponde
soportar al contribuyente.
5. Violación directa del principio de legalidad, del derecho al debido
proceso y de la seguridad jurídica.
Adujeron que el principio de legalidad impone a las entidades tributarias que actúen
dentro de la normatividad nacional al adoptar tributos conforme a sus necesidades11.
Con lo anterior, reprochó la interpretación de la demandada sobre los artículos 73,
74 y 83 de la Ley 388 de 1997, pues deja de lado la existencia de un
aprovechamiento o beneficio y pretende imponer la contribución en supuestos que
desconocen su naturaleza y con una base gravable inexistente.
Indicaron que el acto inicial violó su derecho de contradicción al argumentar que, el
no haber realizado un mayor aprovechamiento del suelo en edificación no significa
que desaparece el hecho generador del tributo, sino uno de los momentos de
exigibilidad, y que, por haberse causado el tributo, existió un pago anticipado de la
obligación.
Pusieron de presente que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
modificó el anterior argumento, lo que impidió a las sociedades peticionarias
controvertir su nuevo fundamento.
Manifestaron que la demandada actuó con falta de lealtad procesal y buena fe
porque aplica tesis contradictorias a casos similares, de tal manera que el

8 Realizan la siguiente cita: HINESTROSA Fernando, Tratado de las obligaciones, 2a ed, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, p. 570.
9 En este punto citaron la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 20 de febrero de 2008,
expediente 16026, C.P. María Inés Ortiz Barbosa
10 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 23 de febrero de 2024, expediente 17669.,
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
11 Sentencia de la Corte Constitucional C - 715 de 2007
4

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contribuyente nunca podrá tener la razón, pues en algunos casos afirma que la
participación en plusvalía se causa con la sola expedición de la acción urbanística,
pero en otros casos indica que es complejo porque se requiere del otorgamiento de
la licencia urbanística.
Oposición a la demanda
El Distrito de Bogotá controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
Informó que la posibilidad de solicitar la compensación o devolución de saldos a
favor está regulada por los artículos 144 y 155 del Decreto Distrital 807 de 1993 y
transcribió los artículos 73 y 74 de la Ley 388 de 1997; los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del Acuerdo Distrital Nro. 118 de 2011; y el artículo 13 del Acuerdo Nro. 352 de
2008; normas que regulan la participación en plusvalía.
Explicó que, expedidos los actos constitutivos de acciones urbanísticas e
identificadas las zonas susceptibles del cobro del tributo, la Unidad Administrativa
Especial de Catastro inicia el proceso para la determinación del efecto plusvalía, el
cual finaliza con un acto susceptible del recurso de reposición, y posteriormente se
lleva a cabo la inscripción en el folio de matrícula de los predios.
Sostuvo que el pago de la participación en plusvalía se hace exigible por i) la
expedición de la licencia de urbanismo o construcción y ii) por actos que impliquen
la transferencia del dominio sobre el inmueble objeto de plusvalía, cuando se
configuren los hechos generadores 1 y 3 del artículo 74 de la Ley 388 de 1997. Así,
el pago de la participación se acredita ante la autoridad competente para la
expedición de la licencia o ante el notario, según corresponda, conforme a la
liquidación que para el efecto expida la Dirección Distrital de Impuestos al
contribuyente.
Transcribió de nuevo el artículo 4 del Acuerdo Distrital Nro. 118 de 2011 y señaló
que el Decreto 20 de 2011 aclaró que la plusvalía es el incremento en el valor del
suelo de los predios ubicados en zonas respecto de las cuales se profirieron
decisiones urbanísticas de las definidas en el artículo 8 de la Ley 388 de 1997.
Además, desarrolló la competencia para liquidar la plusvalía y definió que, sobre
este valor, que es la base gravable, el Distrito participaría en un porcentaje que
podía cobrar en cualquiera de los momentos definidos como de exigibilidad.
Afirmó que, contrario a lo señalado por la parte demandante, “el que no haya realizado
un mayor aprovechamiento del suelo en su edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o
el índice de construcción, o ambos a la vez, no significa que desaparece el hecho generador del
tributo sino uno de los momentos de exigibilidad, esto significa que el tributo si se causó al expedirse
la norma constitutiva de la acción urbanística generadora de mayor valor en determinados predios;
el impuesto si se debía, pero la exigibilidad desaparece. En tal evento, no hay lugar a devolver lo
pagado por el tributo de participación en la plusvalía porque constituye simplemente un pago
anticipado del tributo debido»12. Reforzó lo anterior en que el artículo 1552 del Código
Civil establece que lo pagado antes de cumplirse el plazo no está sujeto a
restitución.
Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:

12 Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, página 43.
5

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Citó la Sentencia 2020CE-SUJ-4-006 del 3 de diciembre de 2020, exp. 23540, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez, para concluir que la participación en plusvalía se
causa desde la configuración del hecho generador, esto es, cuando los usos del
suelo y los índices de edificabilidad se incrementan por una acción urbanística.

Afirmó que no es parte del debate que el Decreto 062 de 2007, modificado por el
Decreto 317 de 2011, constituye la acción urbanística que configura el hecho
generador de la plusvalía en este caso por incrementar los índices de edificabilidad
y volumetría del inmueble objeto de la controversia.

Explicó que el litigio planteado consiste en determinar si el cálculo de la participación
en plusvalía debe corresponder a los índices solicitados y autorizados en la licencia
de construcción o, por el contrario, a los definidos en la acción urbanística que
permiten un mayor aprovechamiento del uso del suelo.

Transcribió el artículo 83 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 83 del Decreto 019 de
2012, que regulan la exigibilidad del tributo, y concluyó que, para poder hacer
exigible la liquidación del efecto plusvalía, el acto de determinación del efecto debe
estar inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria. Indicó que esta exigencia se
cumplió en este caso porque en el Folio de Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-535493
consta la inscripción de la liquidación del efecto plusvalía en la anotación del 9 de
mayo de 2014, la cual solo fue cancelada por el pago con la anotación del 23 de
enero de 2015.

Señaló que, según el Consejo de Estado13, el artículo 77 de la Ley 388 de 1997 y el
artículo 5 del Acuerdo Nro. 118 de 2003, la participación en plusvalía se determina
por el beneficio potencial adicional sobre el aprovechamiento del suelo que genera
la acción o acciones urbanísticas, sin considerar si se ha aprovechado o si se van
a aprovechar. Así, descartó la tesis propuesta por los demandantes insistiendo en
que solo se debe considerar el máximo potencial adicional determinado por la
Administración en la acción urbanística.

Indicó que, atendiendo la sentencia de unificación antes referida, la participación en
plusvalía se causa con la acción urbanística y no con la expedición de las licencias
urbanísticas. Pero, en todo caso, para el asunto bajo examen se causó el tributo
con posterioridad a la adopción de la participación en plusvalía por la entidad
territorial y se calculó conforme al artículo 9 del Decreto 4065 de 2008, norma que
solo exige tener en cuenta el número total de metros cuadrados destinados a un
uso más rentable o a un mayor aprovechamiento del suelo, según los derechos de
construcción y desarrollo otorgados en la licencia correspondiente.

Precisó que niega las pretensiones porque no hay un pago indebido por
participación en plusvalía, pues el valor calculado y pagado se ajusta a la normativa
legal vigente.

Recurso de apelación

Las demandantes apelaron la decisión de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente:

13 Al respecto citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 14 de junio de 2018, expediente
21065, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 08 de junio de 2017, expediente 21001, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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1. No se cumple el elemento objetivo del hecho generador de la
participación en plusvalía, por lo que su cobro no es procedente.

Señalaron que, en la práctica, los principios constitucionales y legales presentan
graves contradicciones y dificultades, pero esto no permite desdibujar la esencia y
sustancia de un tributo.

Transcribió un aparte de la sentencia de unificación invocada por el Tribunal, en la
cual se señala que la participación en plusvalía se da desde el mismo momento en
que los índices de edificabilidad muten a unos potencialmente más favorables,
independientemente de que esas mejores condiciones sean o no aprovechadas
materialmente. Luego, afirmó que lo anterior “no ha sido objeto de unificación de criterio por
el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, se basa en el desconocimiento de la naturaleza
jurídica del tributo y de la expresa violación de la ley”14.

Indicó que la anterior afirmación se sustenta en que el artículo 73 de la Ley 388 de
1997 determina que la participación en plusvalía se deriva de una acción urbanística
que genere un beneficio, por lo que el intérprete no puede considerar que se
gravaron las potencialidades o beneficios que no son reales, pues desconocería los
principios de certeza tributaria, legalidad y capacidad contributiva.

Expusieron los hechos generadores de la participación en plusvalía, previstos en el
artículo 74 ibidem, e insistieron en que la causación del tributo requiere de la
existencia de un beneficio para el contribuyente.

Indicaron que el legislador distingue la causación de la exigibilidad del tributo, lo
cual resultaría inútil en caso de entender que la plusvalía grava potencialidades.
Destacaron que si el particular no tramita una licencia urbanística que concrete el
hecho generador, el tributo no será exigible, pese a lo cual la tesis del Tribunal
permite cobrar la participación desde el momento en el que se expida la acción
urbanística, ya que resulta indiferente si se aprovecha o no la posibilidad.

Sostuvieron que el Decreto Distrital Nro.062 de 2007 determinó que los índices de
ocupación y de edificación para la UPZ de Puente Aranda eran de 0,7 y 2,8 antes
de que adoptara la participación en plusvalía por el Distrito de Bogotá. Luego, el
Decreto Distrital Nro. 317 de 2011 los incrementó a 0,75 y 3,0 respectivamente,
aunque este acto fue derogado por el Decreto Distrital Nro. 364 de 2013.

Reiteraron que la licencia urbanística expedida el 11 de noviembre de 2015 autorizó
índices de ocupación del 0,48 y de construcción del 1,51, que se ajustan a la norma
vigente para ese momento, que no contenía un incremento respecto del Decreto
Nro. 062 de 2007 y, por ende, no supuso un beneficio real.

Además, aseguraron que era ilegal la liquidación y cobro de la participación en
plusvalía conforme con el Decreto Nro. 317 de 2011 porque, para el momento de la
exigibilidad del tributo, había sido derogada. Sin embargo, comoquiera que el pago
del tributo es necesario para tramitar la licencia urbanística, se vieron conminados
al pago.

Reprocharon que el Tribunal comparta la tesis del demandado al considerar que la
mera posibilidad de adelantar construcciones de mayor edificabilidad ya se presenta
un beneficio o aprovechamiento, debido a que desnaturaliza la contribución,

14 Samai del Tribunal, índice 33, PDF del recurso, página 3.
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atendiendo la Sentencia C-704 de 2010, y conlleva a una interpretación errónea del
artículo 73 de la Ley 388 de 1997. Por lo anterior, indicaron que no se configuró el
hecho generador del tributo.

2. La base gravable no está determinada y no es determinable.

Realizaron consideraciones generales sobre la integración de la base gravable y
explicaron que el artículo 9 del Decreto Nro. 4065 de 2008 establece que, para
calcular la participación en plusvalía, solo se debe utilizar el número total de metros
cuadrados destinados al uso más rentable o a un mayor aprovechamiento del suelo,
teniendo en cuenta los derechos otorgados en las respectivas licencias. Con lo
anterior, reiteró que el cobro efectivo del tributo depende de que el contribuyente
aproveche el beneficio otorgado en la acción urbanística.

Nuevamente expusieron que la licencia urbanística autorizó unos índices de
ocupación y de construcción que no permiten considerar que las actoras se
beneficiaron realmente y, por lo tanto, es imposible cuantificar la obligación
tributaria, máxime cuando no hay una plusvalía de la que el Estado o el Distrito
puedan participar.

Indicaron que, al parecer, la demandada comparó los índices de ocupación y de
construcción de la UPZ Nro. 108 y los índices permitidos por el Decreto Nro. 317 de
2011, con la intención de determinar la existencia de un uso más rentable o mayor
aprovechamiento y, así, poder establecer en el caso concreto la base gravable para
cuantificar el tributo. Empero, consideró que esta metodología es errada porque
obligaría al contribuyente a pagar el tributo sobre un beneficio inexistente.

3. El pago realizado debe considerarse no debido.

Refirieron que el pago realizado reúne los elementos del pago de lo no debido
establecidos por el Consejo de Estado15: i) el pago fue efectivamente realizado, ii)
no existe causa legal para realizar dicho pago al carecer de hecho generador y base
gravable, iii) la sociedad pagó el tributo incurriendo en error, y iv) la Autoridad
Tributaria no cuenta con ningún fundamento legal para retener lo pagado.

De igual forma, manifestaron que la retención injustificada de los recursos configura
un enriquecimiento sin causa, al existir un pago, un empobrecimiento y la falta de
una conexión justificada entre el enriquecimiento y consecuente empobrecimiento.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 2020, exp.
23540, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, estableció que la acción urbanística es
la que configura el hecho generador de la participación en plusvalía, mientras que
la expedición de la licencia corresponde al momento de exigibilidad del tributo.

Afirmó que la forma de calcular el plusvalor por el mayor aprovechamiento del suelo
está regulado en los artículos 77 de la Ley 388 de 1997 y 5 del Acuerdo 118 de
2003, que establecen que la participación se determinará por el beneficio potencial
adicional sobre el aprovechamiento del suelo que genera la acción urbanística, sin
que sea determinante si el contribuyente aprovecha dichas potencialidades.

15 Invocaron la sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 17862, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
8

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

De forma preliminar, la Sala advierte que los actores, en la apelación, aseguraron
que el Decreto Nro. 317 de 2011, que reglamentó la UPZ Nro. 108, estaba derogado
al momento de expedirse la liquidación de la participación en plusvalía. Sin
embargo, dicho cargo no fue planteado en la demanda, de tal modo que no procede
su estudio en virtud del principio de justicia rogada.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de las
Resoluciones Nro. DDI051244 del 14 junio de 2016 y Nro. DDI036214 del 28 de julio
de 2017, mediante las cuales el Distrito de Bogotá negó la petición de devolución
de lo pagado no debido con relación a la participación en plusvalía liquidada con
relación al predio identificado con Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-535493.

Según las apelantes, el pago efectuado debe considerarse indebido porque no se
configuró el elemento objetivo del hecho generador, lo que a su vez hace
indeterminable la base gravable, en la medida en que no existió un beneficio real,
pues la licencia urbanística autorizó índices de ocupación y de construcción
inferiores a los previstos en la acción urbanística. Sustentó lo anterior en los
artículos 73 y 74 de la Ley 388 de 1997, en el artículo 9 del Decreto 4065 de 2008,
en que el beneficio en este caso es solo potencial, en la naturaleza de la contribución
cobrada, en la distinción entre la causación y la exigibilidad del tributo y en que la
sentencia de unificación invocada por el Tribunal no estableció una regla concreta
relacionada con el beneficio potencial.

Para resolver lo anterior, la Sala pone de presente que en la anotación 4 del Folio
de Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-535493 consta la inscripción de la liquidación del
efecto plusvalía contenida en la Resolución Nro. 1670 de 2013. Este acto
administrativo, a su vez, indica que el hecho generador que se configuró con
relación al predio referido corresponde a un incremento en el índice de
edificabilidad16.

Conforme con lo anterior, es útil tener en cuenta que el artículo 73 de la Ley 388 de
1997 establece que las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y
del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, “generan beneficios”
que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes.
En concordancia, el artículo 74 ibidem prevé como hecho generador del tributo,
entre otros, a “La autorización de mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez”.

Para estos casos, el legislador reguló el método para determinar el efecto plusvalía
en el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, indicando que se tendría en cuenta el
“potencial adicional”, por el cual “se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que
la nueva norma permite en la respectiva localización, como la diferencia en el aprovechamiento del
suelo antes y después de la acción generadora”.

Como se observa, fue el legislador el que estableció que el efecto plusvalía por el
mayor aprovechamiento del suelo se determinaría teniendo en cuenta el potencial
adicional de edificación, que no corresponde al beneficio real y efectivamente
utilizado por el contribuyente, sino, se reitera, a la diferencia entre los metros
cuadrados de edificación autorizados antes y después de la acción urbanística.
16 El documento se pude consultar en el siguiente enlace:
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/normas/res1670.pdf, página 82.
9

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En otras palabras, contrario a lo dicho por las apelantes, el hecho generador del
efecto plusvalía se configura por la existencia de un beneficio potencial por el
incremento de la edificabilidad, y no con relación al índice autorizado por la licencia
urbanística.

Es por lo anterior que la Sentencia de Unificación 2020CE-SUJ-4-006 del 3 de
diciembre de 2020, exp. 23540, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, si bien no
dispuso una regla de unificación relacionada con este punto, indicó que la “causación”
del tributo “se dará desde el mismo momento en que los usos del suelo y los índices de
edificabilidad muten a unos potencialmente más favorables, independientemente de que esas
mejores condiciones sean o no aprovechadas materialmente por el propietario.” (subraya la Sala).

La Sala destaca que lo anterior se predica de la primera fase del procedimiento
previsto en la ley, en el cual se determina el plusvalor por metro cuadrado, y que es
previo a la liquidación particular de la participación del municipio o distrito en cada
predio, que correspondería al tributo propiamente dicho17.

De esta forma, lo expuesto no se contradice con la distinción entre la causación del
tributo (momento en el que nace la obligación tributaria sustancial) de su exigibilidad
(instante a partir del cual procede su cobro), pues el primero surge con el incremento
de los índices de edificabilidad originados en una acción urbanística, mientras el
segundo corresponde a los eventos previstos en el artículo 83 de la Ley 388 de
1997, entre los que se encuentra la solicitud de la licencia urbanística.

Por lo anterior, la sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp. 27562, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto, sostuvo que “Si bien el artículo 77 prevé que el objeto del efecto
plusvalía será igual al ‘área potencial adicional de edificación autorizada’ entendida como la ‘cantidad
de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización’, la
citada disposición se refiere a la estimación del plusvalor, no a la liquidación de la participación del
predio, procedimientos que resultan independientes, según se explicó”.

Entonces, una vez el tributo se hace exigible, para su liquidación particular, el
artículo 78 de la Ley 388 de 1997 (cuyo contenido replica el artículo 9 del Decreto
4065 de 2008) ordena que considerar el “área total” del predio que es “destinada al nuevo
uso o mejor aprovechamiento”, a lo cual se descontarán las cesiones correspondientes.
Así, la sentencia del 14 de septiembre de 2023 insistió en que de la norma expuesta
no se logra inferir que el gravamen deba calcularse sobre el área potencial adicional
de edificación autorizada.

Para el caso bajo examen, la Sala destaca que ni en la demanda ni en la apelación
afirma que la participación en plusvalía haya sido indebidamente liquidada porque
se consideró un área del predio que no fue destinado al mejor aprovechamiento, de
tal modo que no procede el estudio de este aspecto. En realidad, los actores se
limitaron a manifestar que la base gravable era indeterminable porque no se
configuró el hecho generador al fundamentarse en un beneficio potencial, lo cual,
se reitera, no es cierto conforme con los artículos 73, 74 y 77 de la Ley 388 de 1997,
según lo expuesto previamente.

En este orden, los actos acusados no contravía los artículos 73 y 74 de la Ley 388
de 1997 ni el artículo 9 del Decreto 4065 de 2008, no desnaturalizaron el tributo
pagado, no desconocen la distinción entre causación y exigibilidad de la

17 Sobre las distintas fases de la determinación del tributo, ver las sentencias del 11 de marzo de 2021, exp.
24277, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 5 de agosto de 2021, exp. 25315, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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participación en plusvalía, y son acordes con la jurisprudencia de esta Sección. Por
lo anterior, no se probó la existencia de un pago indebido.

Comoquiera que no prosperó el recurso de apelación, la Sala confirmará la
sentencia apelada. Además, no habrá condena en costas, en tanto no se comprobó
su causación como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral
8, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, expedida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 25 de
marzo de 2022.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva Voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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