Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00042-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00042-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00042-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
16 de junio de 2022
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00042-01 [26018]
Demandante: Seguridad Oncor Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00042-01 [26018]
Demandante: SEGURIDAD ONCOR LTDA.
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP
Temas: Contribuciones parafiscales de la protección social periodos enero
a diciembre de 2012. Firmeza. Bonificaciones. Alcance recurso de
apelación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA______________________________________
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
demandada1 contra la sentencia del 9 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que resolvió 2:
«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO-2016-00629 del
4 de agosto de 2016 y de la Resolución nro. RDC-2017-00258 del 8 de agosto de 2017,
proferidas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la firmeza de las autoliquidaciones presentadas por la sociedad
SEGURIDAD ONCOR LTDA respecto de los períodos enero a noviembre de 2012, conforme lo
dicho en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente providencia así: […]
CUARTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda […]».
ANTECEDENTES
El 15 de octubre de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP le profirió a Seguridad Oncor Ltda. el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir nro. 1031, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los
1
SAMAI Índice 2, archivo: «51_ED_CDFOLIO_2500023370002018 (.zip) NroActua 2».
2
SAMAI Índice 2, archivo: «57_ED_SENTENCIA_2018042SEGURID ADO(.rar) NroActua 2».
1
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Demandante: Seguridad Oncor Ltda.
aportes al sistema de la protección social por los periodos de enero a diciembre
20123. El acto se notificó por correo entregado el 19 de noviembre de 20154.
El 4 de agosto de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP profirió la Liquidación Oficial nro. RDO 2016-
00629, «por mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al Subsistema de Pensión del Sistema de la Protección Social por los períodos
comprendidos entre enero y diciembre de 2012», por un monto de aportes de
$157.937.539, discriminados así: inexactitud por $152.958.100 y mora por
$4.979.439. El acto de liquidación se notificó el 10 de agosto de 20165.
El 10 de octubre de 2016, la apoderada de Seguridad Oncor Ltda. interpuso recurso
de reconsideración contra la anterior liquidación oficial6.
El 8 de agosto de 2017, la Dirección de Parafiscales de la UGPP decidió el recurso
de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC-2017-00258, en el sentido de
modificar el acto recurrido para disminuir los aportes al monto de $157.165.239,
discriminados así: inexactitud por $152.879.000 y mora por $4.286.239. Acto que se
notificó por edicto fijado el 30 de agosto de 2017 y desfijado el 13 de septiembre de
20177.
DEMANDA
Seguridad Oncor Ltda. mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones8:
«1. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones Números RDO-2016-00629 del 4 de
agosto de 2016, “Por medio de la cual se profiere a la sociedad SEGURIDAD ONCOR LTDA.
Identificada con Nit. 800.201.668-4, Liquidación Oficial por mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Subsistema de Pensión del
sistema de la Protección Social, por los períodos comprendidos entre enero y diciembre de
2012”, proferida por el Subdirector de Determinación de Obligaciones – Dirección de
Parafiscales – de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y RDC – 2017-00258 del 8 de agosto de 2017,
expedida por el Director de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, “Por medio de la cual
se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2016-
00629 del 4 de agosto de 2016, a través de la cual se profirió liquidación oficial a SEGURIDAD
ONCOR LTDA con NIT. 800.201.668-4, por mora e inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al subsistema de pensiones del Sistema de
Protección Social por los períodos comprendidos entre enero a diciembre de 2012”, y en
consecuencia:
3
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpeta: «CD contestación». Archivo: «RDOC 1031 DEL 15-10-2015.pdf».
4
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpeta: «CD contestación». Archivo: «NOTIFICACION RDOC 1031 DEL 15-10-2015.pdf».
5
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpetas: «CD contestación» y «RDO 2016-00629 del 4-08-2016». Archivos: «RDO 2016-00629 del 4-08-
2016.pdf» y «GUIA RDO 2016-00629 del 4-08-2016.png».
6
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpeta: «CD contestación». Archivo: «recurso de reconsideración Rad 201650053403012.PDF».
7
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpetas: «CD contestación» y «RDC - 2017-00258 del 8-08-2017». Archivos: «RDC - 2017-00258 del 8-08-
2017.pdf» y «EDICTO 201750052927432-1.pdf».
8
Fls. 10 a 13 c.p. 1.
2
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Demandante: Seguridad Oncor Ltda.
SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho vulnerado a la demandante con la expedición de
los actos administrativos cuya declaratoria de nulidad se solicita, el cual opera con la
expedición y ejecutoria de la sentencia que declare la nulidad de las Resoluciones Nos. RDO
2016-00629 del 4 de agosto de 2016 y RDC-2917-00258 (sic) del 8 de agosto de 2017,
proferidas por el Subdirector de Determinación de Obligaciones – Dirección de Parafiscales de
la UGPP y por el Director de Parafiscales de la UGPP, respectivamente.
TERCERA.- Que a título de reparación del daño causado a la demandante, se condene a la
demandada (UGPP) al reconocimiento y pago a favor de la demandante (SEGURIDAD
ONCOR LTDA.), de la totalidad de los perjuicios materiales que le fueron ocasionados a esta
con la expedición y pago de la Liquidación Oficial por una presunta mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al subsistema de pensiones del
Sistema de Protección Social por los períodos comprendidos entre enero a diciembre de 2012,
contenida en los actos administrativos antes citados, lo cual incluirá que se ordene la
devolución de los valores que hayan sido pagados con ocasión de la Liquidación Oficial por el
período mencionado, incluyendo la sanción por inexactitud en la autoliquidación del período
enero a diciembre de 2012, sumas que deberán ser indexadas y sobre las cuales deberán
liquidar intereses comerciales corrientes hasta la fecha de la ejecutoria de sentencia, y a partir
de ésta o del auto que apruebe la conciliación judicial en el evento en que ésta tenga lugar,
reconociendo así los intereses moratorios en el caso en que la demandada (UGPP) incurra en
retardo en el pago correspondiente.
2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En el evento dado en que no se acceda a las anteriores pretensiones, solicito:
PRIMERA.- Se declare la nulidad parcial de las Resoluciones Números RDO-2016-00629 del 4
de agosto de 2016 […] y RDC – 2017-00258 del 8 de agosto de 2017 […], en el sentido de
modificar la liquidación oficial y la tasación de la sanción impuesta, efectuando una disminución
de la misma conforme al juicio de legalidad correspondiente, y en consecuencia:
SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho vulnerado a la demandante con la expedición de
los actos administrativos cuya declaratoria de nulidad parcial se solicita, el cual opera con la
expedición, ejecutoria de la Sentencia que declare la nulidad parcial de las Resoluciones
Números RDO-2016-00629 del 4 de agosto de 2016 y RDC-2017-00258 del 8 de agosto de
2017, en el sentido de modificar la Liquidación Oficial y la tasación de la sanción impuesta.
TERCERA.- Que se condene a la demandada (UGPP) al reconocimiento y pago a la
demandante (SEGURIDAD ONCOR LTDA) de los perjuicios materiales que le fueron
ocasionados a ésta con la expedición y pago de la Liquidación Oficial por una presunta mora e
inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al subsistema de
pensiones del Sistema de Protección Social, por los períodos comprendidos entre enero a
diciembre de 2012, contenida en los actos administrativos antes citados, lo cual incluirá que se
ordene la devolución por parte de la UGPP del valor pagado a título de liquidación oficial por el
periodo mencionado, conforme se establezca en la sentencia que declare la nulidad parcial de
los actos administrativos demandados, y que en consecuencia, modifique la liquidación oficial y
la tasación de la sanción impuesta a SEGURIDAD ONCOR LTDA, sumas que deberán ser
indexadas y sobre las cuales se deberán liquidar intereses comerciales corrientes hasta la
fecha de la ejecutoria de la sentencia, y a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia o del
auto que apruebe la conciliación judicial en el evento en que ésta tenga lugar, reconociendo
intereses moratorios en el caso en que la demandada (UGPP) incurra en retardo en el pago
correspondiente».
La actora invocó como normas violadas, las siguientes:
• Artículos 29, 338 y 363 de la Constitución Política
• Artículo 11 del Código Civil
• Artículos 714 y 817 del Estatuto Tributario
• Artículo 4 de la Ley 153 de 1887
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• Artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993
• Artículo 54 de la Ley 383 de 1997
• Artículo 99 de la Ley 633 de 2000
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012
• Artículos 1, 2, 3 y 5 del Decreto 2633 de 1994
• Artículo 40 del Decreto 1406 de 1999
Como concepto de la violación, expuso en síntesis, lo siguiente9:
La competencia de la UGPP para liquidar aportes e imponer sanciones fue
otorgada por la Ley 1607 de 2012. Violación del principio de irretroactividad de
la ley. Improcedencia de la liquidación de mayores valores y sanción por
inexactitud por el periodo 2012
Indicó que la UGPP fue creada por la Ley 1151 de 2007, pero la competencia para la
determinación y el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social
fue otorgada por la Ley 1607 de 2012 (art. 178). Agregó que el plazo de cinco (5)
años que prevé ésta última norma para ejercer las facultades de fiscalización aplican
para los aportes efectuados con posterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha en
la que entró a regir la Ley 1607 de 2012.
Precisó que para las autodeclaraciones presentadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la mencionada ley, el plazo de firmeza es el de dos (2) años previsto en el
artículo 714 del ET, por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
En virtud de lo anterior, afirmó que las autoliquidaciones presentadas por el año 2012
estaban en firme.
Violación al debido proceso y motivación insuficiente, incongruente,
contradictoria, ambigua y abstracta
Manifestó que la UGPP no motivó de manera clara y precisa los actos
administrativos demandados, sino que se limitó a transcribir leyes, doctrina y
jurisprudencia, sin analizar y explicar los hechos o supuestos a partir de los cuales
construyó la base de datos que le permitió calcular el IBC para el subsistema
fiscalizado, ni las modificaciones o fórmulas matemáticas a partir de las cuales
consideró que se presentaron inexactitudes.
Sostuvo que un ejemplo de lo anterior son los casos en los que la entidad consideró
que los incentivos pagados a los trabajadores eran de naturaleza salarial, pero
también reconoce que están desalarizados a partir del contenido de los contratos de
trabajo, no obstante, los incluyó en el IBC.
Aclaró que la empresa pagó a sus trabajadores bonificaciones e incentivos que no
retribuyen el trabajo ni son periódicos, pues lo que se busca es hacer partícipes a los
trabajadores de las utilidades de la compañía y, en esa medida, no son factor
salarial.
9
Fls. 26 a 61 c.p. 1.
4
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Señaló que en el caso de los aportes de trabajadores que estuvieron incapacitados,
la UGPP erró al considerar que el IBC se determina conforme a lo devengado por el
personal en el mes anterior al que ocurre la incapacidad, desconociendo que según
el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el IBC corresponde al valor de la
incapacidad.
Error de hecho por indebida, insuficiente e incompleta valoración de los pagos
de las contribuciones realizadas por la demandante
Aseguró que la UGPP incurrió en error de hecho al no tener en cuenta al momento
de expedir los actos demandados, las planillas PILA que demuestran los pagos
realizados por la empresa, así como los paz y salvos emitidos por las
administradoras de los fondos pensionales.
Expuso que los actos administrativos son nulos por falsa motivación, toda vez que se
determinaron mayores valores a pagar respecto de trabajadores que ya se habían
desvinculado de la empresa y, por lo tanto, no existía obligación de cotizar.
Extralimitación del factor funcional de la UGPP «al realizar el cobro de moratoria a
Seguridad Oncor Ltda.»
Indicó que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones no pertenecen al
trabajador, al empleador o a la administradora, sino que se trata de bienes públicos
de naturaleza parafiscal, por lo que su cobro debe realizarse en el término de cinco
(5) años previsto en los artículos 817 y 818 del ET, so pena de que ocurra la
prescripción de la acción de cobro.
Explicó que «es claro que tanto al amparo del artículo 54 de la Ley 383 de 1997, modificado
por el artículo 99 de la Ley 633 de 2000, como de lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo
178 de la Ley 1607 de 2012, se ha considerado la existencia de un término para el inicio de
la acción de cobro, al punto que el precitado parágrafo expresamente dispone que las
acciones sancionatorias y de determinación de las contribuciones parafiscales de la
protección social, se encuentran sujetas al término de caducidad de cinco (5) años, contados
a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores
inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable»10.
Manifestó que es diferente la prescripción de la acción para el cobro de los aportes al
sistema pensional (actualmente caducidad administrativa para el inicio de las
acciones de determinación y cobro), de la imprescriptibilidad del derecho pensional
(citó la sentencia C-624 de 2003).
OPOSICIÓN
La UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente11:
10
Fl. 54 c.p. 1.
11
Fls. 94 a 107 c.p. 1.
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En primer lugar, propuso las excepciones previas de: (i) caducidad del medio de
control porque la demanda se radicó después de los cuatro (4) meses de notificado
el acto que resolvió el recurso de reconsideración y (ii) inepta demanda por formular
en vía judicial hechos nuevos no propuestos en sede administrativa.
Precisó que al estar regulado el término prescriptivo y de caducidad de la UGPP en
la Ley 1607 de 2012, norma especial, no es dable acudir al plazo previsto en el
artículo 714 del ET, como lo pretende la parte demandante. Además, que el término
de firmeza de las declaraciones tributarias de que trata dicha disposición no fue
previsto por el legislador para las planillas de autoliquidación de aportes al sistema
de la protección social.
Manifestó que la firmeza de que trata el artículo 714 del ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales de la protección social, además, dicha
norma es de carácter sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Sostuvo que a las acciones que involucran el recaudo de sumas que por ley están
destinadas al reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es
imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios, como es el caso de los aportes
a la seguridad social, no les aplica el fenómeno extintivo de la prescripción de la
acción de cobro.
Indicó que los actos administrativos están debidamente motivados, pues en ellos se
desarrollan las consideraciones, el marco legal, los fundamentos de hecho y de
derecho, los antecedentes y el análisis y conclusiones; además, el archivo anexo
denominado SQL contiene el detalle de los ajustes por trabajador, subsistema, el
periodo, el IBC, los pagos salariales y los no salariales.
En cuanto al tema de las bonificaciones, adujo que contrario a lo afirmado por la
demandante, su naturaleza no fue variada, pues se mantuvieron como no salariales,
solo que se les aplicó el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010. Agregó que el citado porcentaje procede siempre y cuando se trate de un pago
no salarial, independiente de su clase y denominación.
Frente a las incapacidades señaló que el valor reconocido por ese concepto
constituye el IBC y se pagan aportes a salud y pensión en las proporciones que
corresponden a empleador y trabajador, sin perjuicio de que la ARL asuma el valor
del trabajador cuando se trata de accidente de origen laboral. Además, durante la
incapacidad no se pagan aportes a la ARL, porque no se presta el servicio y el
trabajador no está sometido a un riesgo.
En lo referente al argumento de la parte actora, conforme con el cual, no se tuvieron
en cuenta las planillas que demuestran el pago total, advirtió que «no se individualizan
las planillas PILA sea por período, número de planilla, fecha de pago, período pagado u
operador a efectos de poder establecer la veracidad y/o planillas que en su sentir mi
representada dejó de aplicar en desarrollo del proceso de determinación»12.
12
Fl. 104 vto. c.p. 1.
6
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En todo caso, precisó que al expedirse la liquidación oficial se atendieron las
objeciones que presentó la aportante con la respuesta al requerimiento para declarar
y/o corregir, y se eliminaron los ajustes por mora de los trabajadores respecto de
quienes se allegaron las planillas PILA que demostraban el pago de los aportes.
Por último, sostuvo que no aplican las normas que enunció la demandante sobre la
prescripción de la acción de cobro, en particular el artículo 817 del ET, comoquiera
que se trata de un proceso de determinación de obligaciones a favor del sistema de
la protección social y no de cobro coactivo.
AUDIENCIA INICIAL
El 29 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 201113. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades
procesales, nulidades o medidas cautelares que debieran ser declaradas. Se
negaron las excepciones previas de caducidad e inepta demanda formuladas por la
UGPP en la contestación de la demanda. El litigio se concretó en determinar la
legalidad de los actos demandados.
Se tuvieron como pruebas las aportadas al proceso. Finalmente, se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su
concepto.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados y a título de restablecimiento del derecho la firmeza de las
autoliquidaciones presentadas por los periodos de enero a noviembre de 2012 y,
negó las demás pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente14:
Manifestó que para los periodos fiscalizados la UGPP estaba facultada legalmente
para ejercer las funciones de fiscalización, determinación y cobro de las
contribuciones al sistema de la protección social, pudiendo adelantar las
investigaciones pertinentes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de
las obligaciones tributarias.
Sostuvo que operó la firmeza de las autoliquidaciones de aportes de los periodos de
enero a noviembre del año 2012, porque para la fecha en la que se presentaron
aplicaba el plazo de firmeza de dos (2) años previsto en el artículo 714 del ET, por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Como el requerimiento para
declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso, se tornaron inmodificables.
13
Fls. 164 a 177 c.p. 1.
14
SAMAI Índice 2, archivo: «57_ED_SENTENCIA_2018042SEGURID ADO(.rar) NroActua 2».
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Aclaró que no sucedía lo mismo con la autoliquidación del periodo diciembre de
2012, que se presentó después de la entrada en vigencia del artículo 178 de la Ley
1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), según el cual, el plazo de firmeza es de
cinco (5) años.
Indicó que los actos administrativos demandados contienen las razones por las
cuales se modificaron las autoliquidaciones presentadas por Seguridad Oncor Ltda.,
además, en el archivo Excel adjunto que hace parte integral de los mismos, se
detallaron las inexactitudes y se discriminaron uno a uno los ajustes y trabajadores.
Agregó que la demandante tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a ellos con la
interposición del recurso, allegando pruebas.
En lo que respecta a las bonificaciones, afirmó que la UGPP no cambió la naturaleza
no salarial, sino que aplicó el límite del 40% y el excedente lo incluyó en el IBC como
lo establece el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Agregó que ninguno de los pagos
realizados por la demandante se marcaron como salariales.
Frente a los ajustes por incapacidades, mencionó que en el mes de diciembre de
2012 (período que no fue declarado en firme), no se determinaron mayores valores
por ese concepto, motivo por el cual, negó el cargo.
Señaló que la parte demandante omitió aportar las planillas que supuestamente no
fueron valoradas por la UGPP, ni los paz y salvos de las administradoras,
incumpliendo con la carga de la prueba que le correspondía asumir. Precisó que las
trabajadoras Amanda Lucía Camelo y María del Carmen Muñoz Zúñiga, a las que se
hizo alusión en el recurso de reconsideración, no tuvieron ajustes y frente a una de
ellas, se presentó en el mes de enero de 2012 (en firme). Igual situación ocurrió con
los trabajadores que según la actora, se desvincularon de la empresa.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló en los siguientes términos15.
Sostuvo que en la sentencia de primera instancia se declaró la firmeza de las
planillas presentadas por los periodos de enero a noviembre de 2012, pero no se
ordenó el resarcimiento del daño consistente en la devolución de los aportes que la
demandante pagó con ocasión de la expedición de los actos acusados, así como los
intereses de mora. Además, que tampoco se ordenó a la UGPP que se abstuviera de
fiscalizar los períodos declarados en firme.
Indicó que los beneficios extralegales (bonificaciones, incentivos, auxilios, etc.) no
son salariales si se tiene en cuenta el pacto expreso que de manera clara y
específica acordaron las partes. Agregó que los valores reconocidos por la empresa
sin periodicidad no remuneran los servicios prestados por los trabajadores y «los
pagos no salariales realizados por mi Representada en un mes calendario, jamás excedieron
el 40% del total de la remuneración»16.
15
Fls. 746 a 775 c.p. 2.
16
SAMAI Índice 2, archivo: «51_ED_CDFOLIO_2500023370002018 (.zip) NroActua 2».
8
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Demandante: Seguridad Oncor Ltda.
Mencionó que los actos administrativos demandados no son claros porque se
incluyeron valores adicionales en el aporte calculado, al parecer de pagos de otros
períodos y no del mes calendario objeto de fiscalización, además, no se tuvieron en
cuenta los documentos allegados por el aportante.
Sobre las incapacidades, indicó que «debe tenerse en cuenta los anexos de la demanda
en los que se evidencia que mi mandante reportó las respectivas novedades por concepto de
incapacidad y en consecuencia el IBC reportado en dichos períodos se cuantifica acorde a lo
efectivamente devengado en el mes anterior»17.
Insistió en que la UGPP no tuvo en cuenta para efectos de la expedición de los actos
demandados la totalidad de los pagos efectuados por la aportante, contenidos en las
planillas PILA, ni los paz y salvos emitidos por las diferentes administradoras de los
fondos pensionales, destacando que no existe deuda alguna. Además, aclaró que los
actos son nulos porque algunos de los trabajadores a los que se le determinaron
ajustes no están vinculados con la empresa y no existía la obligación de cotizar.
La parte demandada apeló en los siguientes términos18.
Manifestó que la firmeza de que trata el artículo 714 del ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales de la protección social, que se destinan
a cubrir prestaciones vitalicias e imprescriptibles, además, dicho artículo es de
carácter sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Agregó que, comoquiera que el aportante no realizó el pago de cotizaciones de
algunos de los trabajadores al sistema de la protección social, solo podía ser
declarada la firmeza respecto de la conducta de inexactitud y no por la de mora, ante
la ausencia de autoliquidación.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en el
recurso de apelación19.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Decide la Sala sobre la legalidad de la Liquidación Oficial nro. RDO-2016-00629 del
4 de agosto de 2016, expedida por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP contra Seguridad Oncor Ltda. por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al subsistema de pensiones, por los
17
Ibídem.
18
Ibídem.
19
SAMAI índices 19 y 20, respectivamente.
9
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periodos de enero a diciembre de 2012 y, de la Resolución nro. RDC-2017-00258 del
8 de agosto de 2017 por la que la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el
recurso de reconsideración en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir
los aportes.
Cuestión previa
Antes de abordar el fondo del asunto, es necesario referirse al alcance de la
apelación interpuesta por el apoderado de la sociedad actora, habida consideración
de la ausencia de cuestionamientos claros y específicos frente a la decisión
impugnada.
El artículo 320 del Código General del Proceso20 dispone que el recurso de apelación
tiene por objeto «que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por la parte apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión» [Destaca la Sala].
Revisado el recurso de apelación de la parte actora, se advierte que esta no formuló
reparo concreto respecto a lo decidido por el Tribunal en relación con los siguientes
cargos:
• Incapacidades
En la demanda se adujo que, tratándose de personal incapacitado, la UGPP
manifestó que la aportante tomó valores incorrectos a la hora de realizar los aportes
porque «el IBC durante los períodos de incapacidad debe estimarse conforme a lo
devengado por el trabajador en el mes anterior al cual ocurre la incapacidad o la licencia,
desconociendo lo definido en el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999 [el IBC corresponde al
valor de la incapacidad]»21. Interpretación de la entidad que a juicio de la parte actora
es errada.
En la sentencia de primera instancia, el a quo consideró que «[t]eniendo en cuenta que
el estudio del cargo se debe realizar únicamente respecto de la autoliquidación de diciembre
de 2012, se advierte que revisado el archivo SQL no se avizora ninguna glosa con la
novedad de incapacidad para ese período, situación por la cual la Sala se releva de
cualquier análisis al respecto»22.
En el recurso de apelación, se indicó que «mi mandante reportó las respectivas
novedades por concepto de incapacidad y en consecuencia el IBC reportado en dichos
períodos se cuantifica acorde a lo efectivamente devengado en el mes anterior, en
concordancia a lo definido en el artículo 40 del Decreto 1406 de 1999»23.
Lo primero que se advierte es que, la parte actora cambió su argumentación en
cuanto a la forma en la que liquidó los aportes de los trabajadores que presentaron
novedad de incapacidad, pues en la demanda cuestionó que la UGPP exigiera que el
IBC se conformara con el del mes anterior al que ocurrió la novedad, pues a su juicio,
debía coincidir con el valor de la incapacidad, mientras que en el recurso de
20
Aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
21
Fl. 42 c.p. 1.
22
Pág. 34 de la sentencia apelada.
23
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apelación, acogió la postura de la entidad y precisó que la base gravable se
determinó a partir de lo devengado en el mes anterior a la incapacidad.
Nótese que en el recurso de apelación no se manifestaron las razones específicas de
inconformidad con lo analizado por el a quo, puesto que la actora hizo referencia a la
forma en la que se determina el IBC, pero no cuestionó la razón por la que el
Tribunal se relevó de estudiar el fondo del cargo, esto es, que en el periodo de
diciembre de 2012 no se evidenció ajuste frente a incapacidades.
• Pagos de las contribuciones parafiscales y desvinculaciones laborales
En la demanda se señaló que la UGPP incurrió en error de hecho al no tener en
cuenta las planillas PILA que demuestran los pagos realizados por la empresa, así
como los paz y salvos emitidos por las administradoras de los fondos pensionales.
Por su parte, en la sentencia de primera instancia se indicó que «[r]evisada la
documentación aportada al plenario, la Sala encuentra que la actora falta a la verdad cuando
señala que aportó con la demanda las planillas PILA pagadas y las certificaciones de las
diferentes AFP, puesto que lo único que allegó fue un documento Excel en el cual identifica
varias planillas con la anotación de “RELACIÓN DE PLANILLAS PILA TENIDAS EN
CUENTA”, situación que permite inferir el incumplimiento de la carga de demostrar lo
alegado, cuya falta de acreditación conlleva a una decisión adversa a sus pretensiones»24.
No obstante, el a quo analizó el caso de las trabajadoras Amanda Lucía Camelo y
María del Carmen Muñoz Zúñiga, quienes se mencionaron en el escrito del recurso
de reconsideración, y concluyó que frente a la primera la UGPP no realizó ajustes y
en relación con la segunda el ajuste correspondía al periodo 2012-01 (en firme), por
lo que no tenía vocación de prosperidad el cargo.
En el recurso de apelación la parte actora indicó que « [l]a UGPP no tuvo en cuenta para
efectos de la expedición de los actos cuya nulidad se persigue, la totalidad de los pagos
efectuados por parte de SEGURIDAD ONCOR LTDA., por concepto de los aportes y
contribuciones parafiscales al subsistema de pensiones que integran el Sistema de la
Protección Social, contenidos en las planillas de pago PILA, ni los paz y salvos emitidos por
las diferentes AFP a los cuales estuvieron afiliados los trabajadores fiscalizados, por lo que
no existe deuda alguna por parte de mi mandante ante el aludido subsistema, ni presuntas
inexactitudes y moras en lo que se refiere a las contribuciones parafiscales correspondientes
a las vigencias fiscales comprendidas entre enero y diciembre de 2012»25.
En cuanto al argumento de la demanda de que los actos administrativos son nulos
por falsa motivación, toda vez que se determinaron mayores valores a pagar
respecto de trabajadores que ya se habían desvinculado de la empresa y, por lo
tanto, no existía obligación de cotizar, en la sentencia de primera instancia se precisó
que «la sociedad SEGURIDAD ONCOR no adjunta a la demanda ninguna prueba que
acredite su dicho»26, no obstante, se analizaron los trabajadores José Alexis Avendaño
Rodríguez, Arbey Humberto Quiroga González, José Libardo Sánchez Orozco, Leidy
Milena Rojas Méndez y Víctor Alfonso Lozano Camacho, respecto de quienes se
concluyó que los hallazgos correspondían a periodos que se declararon en firme y en
24
Página 35 de la sentencia apelada.
25
SAMAI Índice 2, archivo: «51_ED_CDFOLIO_2500023370002018 (.zip) NroActua 2».
26
Página 36 de la sentencia apelada.
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otros casos los ajustes desaparecieron, motivo por el cual, se negó el cargo de
nulidad.
Pese a lo anterior, en el recurso de apelación se insistió en que «[s]umado a lo
anterior, los actos administrativos se encuentran viciados de nulidad porque algunos de los
trabajadores por los cuales se determinó la Liquidación Oficial por inexactitudes y mora en
las autoliquidaciones y pago de las contribuciones parafiscales a los diferentes subsistemas
del Sistema de la Protección Social, no son trabajadores de la Empresa y habiéndose
desvinculado de la Empresa, mi Representada no tiene la obligación de pagar dichas
contribuciones»27.
Conforme a lo expuesto, es claro que la parte actora no refutó lo afirmado por el a
quo, ni se refirió en concreto a su análisis, pues se limitó a reiterar lo que se había
indicado en la demanda inicial, motivo por el cual, la Sala no examinará la cuestión
decidida por el Tribunal, en tanto no se presentaron reparos concretos que ameriten
su estudio.
Por consiguiente, en los términos del recurso de apelación interpuesto por la
demandada, se debe resolver: (i) si a las autoliquidaciones de aportes les aplican las
reglas sobre firmeza de las declaraciones tributarias. Y para resolver los argumentos
desarrollados por la demandante, se debe examinar: (ii) si proceden los ajustes de
los trabajadores que devengaron sumas por concepto de bonificaciones y (iii) si
como consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos hay lugar a que
se ordene la devolución de los aportes.
Caso concreto
En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes:
El 15 de octubre de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP le profirió a Seguridad Oncor Ltda. el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir nro. 1031, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al sistema de la protección social por los periodos de enero a diciembre
201228. El acto se notificó por correo entregado el 19 de noviembre de 201529.
El 4 de agosto de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP profirió la Liquidación Oficial nro. RDO 2016-
00629, «por mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al Subsistema de Pensión del Sistema de la Protección Social por los períodos
comprendidos entre enero y diciembre de 2012», por un monto de aportes de
$157.937.539, discriminados así: inexactitud por $152.958.100 y mora por
$4.979.439. El acto de liquidación se notificó el 10 de agosto de 201630.
El 10 de octubre de 2016, la apoderada de Seguridad Oncor Ltda. interpuso recurso
de reconsideración contra la anterior liquidación oficial31.
27
SAMAI Índice 2, archivo: «51_ED_CDFOLIO_2500023370002018 (.zip) NroActua 2».
28
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpeta: «CD contestación». Archivo: «RDOC 1031 DEL 15-10-2015.pdf».
29
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpeta: «CD contestación». Archivo: «NOTIFICACION RDOC 1031 DEL 15-10-2015.pdf».
30
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpetas: «CD contestación» y «RDO 2016-00629 del 4-08-2016». Archivos: «RDO 2016-00629 del 4-08-
2016.pdf» y «GUIA RDO 2016-00629 del 4-08-2016.png».
31
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpeta: «CD contestación». Archivo: «recurso de reconsideración Rad 201650053403012.PDF».
12
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El 8 de agosto de 2017, la Dirección de Parafiscales de la UGPP decidió el recurso
de reconsideración mediante la Resolución nro. RDC-2017-00258, en el sentido de
modificar el acto recurrido para disminuir los aportes al monto de $157.165.239,
discriminados así: inexactitud por $152.879.000 y mora por $4.286.239. Acto que se
notificó por edicto fijado el 30 de agosto de 2017 y desfijado el 13 de septiembre de
201732.
• Cargo de apelación de la UGPP
Firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social.
Reiteración jurisprudencial
El a quo declaró la firmeza de las autoliquidaciones de aportes por los periodos de
enero a noviembre del año 2012, porque para la fecha en la que se presentaron
aplicaba el plazo de firmeza de dos (2) años previsto en el artículo 714 del ET, por
remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Teniendo en cuenta que el
requerimiento para declarar y/o corregir no se profirió dentro de dicho lapso, concluyó
que eran inmodificables.
Aclaró que no sucedía lo mismo con la autoliquidación del periodo diciembre de
2012, que se presentó después de la entrada en vigencia del artículo 178 de la Ley
1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), según el cual, el plazo de firmeza es de
cinco (5) años.
La UGPP disiente de la posición del Tribunal, en síntesis, por los siguientes motivos:
(i) porque la firmeza de que trata el artículo 714 del ET es incompatible con la
naturaleza de las contribuciones parafiscales de la protección social, porque se
destinan a cubrir prestaciones vitalicias e imprescriptibles, además de ser una norma
de carácter sustancial y no procedimental y, en esa medida, no aplica la remisión del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, (ii) porque el legislador no estableció la firmeza
de las planillas de autoliquidación de aportes, (iii) porque tratándose de la conducta
de mora no existe autoliquidación que pueda ser declarada en firme, por cuanto el
aportante no realizó el pago respecto de algunos de los trabajadores al sistema de la
protección social, razón por la cual, solo puede ser declarada frente a la conducta de
inexactitud y (iv) porque la entidad tiene cinco (5) años para ejercer sus funciones de
fiscalización.
Para resolver, se precisa que tratándose de los procesos de fiscalización de
competencia de la UGPP, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012
(art. 178, pár. 2)33 el ordenamiento jurídico no consagraba de forma expresa un plazo
de caducidad para que la entidad ejerciera sus funciones de determinación; sin
embargo, el artículo 156 penúltimo inciso de la Ley 1151 de 2007, hizo remisión al
Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI, en aquellos aspectos no regulados
del proceso de determinación.
En criterio de la Sala, dicha remisión era procedente, pues la jurisprudencia
constitucional34, así como esta Sección35 han considerado que los recursos
32
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpetas: «CD contestación» y «RDC - 2017-00258 del 8-08-2017». Archivos: «RDC - 2017-00258 del 8-
08-2017.pdf» y «EDICTO 201750052927432-1.pdf».
33
Entró en vigor el 26 de diciembre de 2012 con la publicación en el Diario Oficial No. 48.655.
34
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
13
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parafiscales son denominados en la Constitución Política como «contribuciones
parafiscales», los cuales tienen naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los
principios que aplican a los tributos.
En ese orden, se advierte que una vez vencido el término del que dispone la
Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la consecuencia directa es
que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una
declaración tributaria, se tornan inmodificables.
Dicho de otra forma, y equiparando esos efectos a lo previsto en el Estatuto
Tributario, que se repite, aplica en virtud del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007,
para los periodos anteriores al 26 de diciembre de 2012 (fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1607 de 2012), la consecuencia sería la firmeza de la
autoliquidación.
Por consiguiente, resulta aplicable el término de firmeza previsto en el artículo 714
del ET36, el cual, en su tenor literal vigente para la fecha en la que comenzó a
transcurrir el referido término para los periodos discutidos disponía que «la declaración
tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a
partir de la fecha de presentación de la misma»37.
Situación diferente ocurre con las autoliquidaciones presentadas con posterioridad a
la fecha en la que entró a regir la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre de 2012), frente
a las cuales, resulta aplicable el artículo 178 ibídem que reguló de manera específica
el plazo en el que la UGPP puede ejercer sus facultades de fiscalización, y lo fijó en
cinco (5) años.
Ahora, en el presente caso los periodos fiscalizados son los que corresponden a los
meses de enero a diciembre del año 2012, por lo tanto, la firmeza ocurre una vez
vencido el plazo señalado en la norma vigente al momento en el que comenzó a
transcurrir (v. gr. para los meses de enero a noviembre el artículo 714 del ET y para
el de diciembre el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012).
De otra parte, respecto al planteamiento de la UGPP de que frente a la conducta de
mora no puede aplicarse el término de firmeza, ante la ausencia de autoliquidación
(declaración) para declarar inmodificable, la Sala reitera el criterio expuesto en
sentencia del 3 de marzo de 202238, en la que se expuso que:
«[…] el procedimiento de revisión contenido en el artículo 714 del Estatuto Tributario es
compatible con el procedimiento de modificación oficial de las liquidaciones privadas de
aportes parafiscales pues los dos están dirigidos a corregir los errores en que el contribuyente
haya podido incurrir en su liquidación privada.
35
Cfr. sentencias del 30 de julio de 2020, Exp. 24179 y del 3 de marzo de 2022, Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García, del 19
de agosto de 2021, Exp. 25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 15 de octubre de 2021, Exp. 23623, y del 28 de abril de
2022, Exp. 24131, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
36
Sobre la firmeza cfr. las sentencias del 24 y 30 de octubre de 2019, Exps. 23599 y 23817, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
37
Antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016.
38
Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García. Reiterada en la sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 24131, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
14
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Para el caso de los aportes al Sistema de Protección Social dichos errores pueden constituirse
en omisión de afiliaciones o del pago de los aportes respecto de un empelado o yerros en la
determinación de los valores39.
En ese sentido, la Sala debe aclarar que finalmente lo que se controvierte son las planillas
PILA presentadas por la actora en los periodos objeto de discusión y las omisiones y ajustes
por mora que propone la administración son respecto de pagos por distintos conceptos que
integran la autoliquidación y no por omisión en la presentación de las planillas o porque estas
no se hayan presentado en tiempo, de modo que el argumento de firmeza también es aplicable
a estos casos».
Frente al argumento de la apelante en el sentido que los aportes a la protección
social al estar destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles no les aplica la
firmeza, se reitera el criterio adoptado por la Sección40, según el cual, «si bien es
cierto que el derecho a la pensión (prestación vitalicia e imprescriptible) y a reclamar su
reliquidación no prescribe, también lo es que esa imprescriptibilidad solo se predica de la
pensión, no de las prestaciones periódicas o mesadas no reclamadas en los plazos legales,
tal como lo ha puntualizado la Corte en varios pronunciamientos41, razón por la cual la
firmeza de la declaración sí resulta procedente para las mensualidades en las cuales la
Administración no inició su actuación dentro del término del artículo 714 del ET».
Por los anteriores motivos, la Sala concluye que no le asiste razón a la UGPP al
pretender sustraer, de la aplicación del término de firmeza, a las autoliquidaciones de
aportes al sistema de la protección social y comoquiera que no se cuestionó el
conteo del término que realizó el a quo, lo procedente es confirmar la declaratoria de
firmeza de los periodos comprendidos entre enero a noviembre del año 2012.
En consecuencia, continúa el análisis de la Sala respecto de los otros cargos de
apelación, cuyos efectos, en caso de resultar alguno procedente, se limitará al
periodo fiscalizado restante, valga decir, diciembre de 2012, porque frente a los otros
(enero a noviembre), operó la firmeza.
• Cargos de apelación de la parte demandante
De la inclusión de las bonificaciones en el IBC. Pagos no salariales
En la liquidación oficial la entidad demandada hizo referencia a la definición legal de
los pagos no constitutivos de salario, así como a la aplicación del límite del 40%
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, de lo que se extraen las siguientes
consideraciones:
«Así las cosas, aun cuando los pagos laborales reúnan las características de ser no salariales,
cuando estos excedan el 40% del total de la remuneración (salario básico + pagos no
constitutivos de salario), ese excedente será considerado ingreso base de cotización para los
Subsistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, por orden expresa del Artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010.
[…]
39
Cita: Sentencia del 25 de noviembre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado, Exp. 24348, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
40
Cfr. sentencias del 30 de septiembre de 2021, Exp. 25313 y del 3 de marzo de 2022, Exp. 25632, C.P. Milton Chaves García.
41
C-230 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-274 de 2007, T-456 de 2013 y SU-567 de 2015, entre
otras.
15
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Adujo la apoderada en el escrito de Respuesta al requerimiento para Declarar y/o Corregir No.
123 del 28/01/2014 (sic), que los pagos no constitutivos de salario, no debieron ser tenidos en
cuenta para efectos de la conformación del IBC, sin embargo de acuerdo con la normatividad
transcrita, los mismos solo fueron integrados a fin de calcular el tope del 40% señalado en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en el caso del aportante SEGURIDAD ONCOR LTDA, para
algunos trabajadores se excedió dicho tope.
La apoderada de la fiscalizada, aduce en el Recurso de Reconsideración (sic) que el concepto
de “Gastos de Representación” no es constitutivo de salario por cuanto se trata de pagos para
el desempeño de las funciones del cargo, cita el artículo 128 del CST en el aparte que hace
alusión que los pagos recibidos por el trabajador para desempeñar a cabalidad sus funciones
no constituye salario.
Al respecto es menester, en primer lugar, indicarle al aportante que esta Subdirección en
ningún momento ha tomado este concepto como de naturaleza salarial, y en segundo lugar,
que, incluso para el cálculo de ajustes propuestos en el requerimiento, esta Unidad coincide
con lo expuesto en el escrito del Recurso de Reconsideración (sic), pues como puede
observarse, este concepto se ajusta al precepto legal contemplado en el segundo supuesto de
la norma en comento, razón por la cual solo fue tenido en cuenta con la finalidad de establecer
el total remunerado en el mes a los trabajadores que lo devengaron a fin de dar aplicación al
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Finalmente, se dará respuesta a la objeción “por la inclusión del Auxilio de Rodamiento como
Base de Seguridad Social y Parafiscales”, en la cual la apoderada argumenta señalando que el
pago por concepto de Rodamiento corresponde a un valor pagado al trabajador que utiliza su
vehículo en el cumplimiento de sus labores.
Sea lo primero indicar que el concepto de rodamiento, no fue vinculado al Proceso de
Fiscalización como pago constitutivo de salario. No obstante lo anterior, en virtud del artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, se integró a fin de calcular el tope del 40% señalado en dicha
norma.
[…]
Se concluye, entonces, que todos los pagos laborales de naturaleza no salarial, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, fueron considerados
para determinar el total del valor remunerado de cada trabajador, y así conformar el Ingreso
Base de Cotización, en aquellos casos en que los pagos no constitutivos de salario superaron
el 40% del total remunerado, agregando el monto que excedió ese porcentaje» 42.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal avaló la posición de la UGPP, al
constatar que la entidad no varió la calificación de no salarial de las bonificaciones y
demás incentivos pagados a los trabajadores, sino que lo que hizo fue determinar si
dichos pagos excedían el 40% del total de la remuneración en aplicación del artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, en cuyo caso, lo que superara el límite integraba el IBC.
La parte demandante disiente de la posición del a quo porque a su juicio los pagos
no salariales no excedieron el 40% del total de la remuneración, además no se
generó un excedente que sustente ajustes adicionales al sistema de seguridad social
integral. Destacó que los pagos extralegales no son factor salarial.
Se advierte que, los factores que la UGPP reconoció que no son salariales, pero, les
aplicó el límite del 40% son los siguientes:
42
Fl. 109 c.p. 1 CD. Carpetas: «CD contestación» y «RDO 2016-00629 del 4-08-2016». Archivo: «RDO 2016-00629 del 4-08-
2016.pdf».
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Concepto registrado en la contabilidad Concepto equivalente para la UGPP
del aportante
Auxilio funerario
Auxilio vehicular
Transportes escoltas
Transporte, fletes y acarreos Otros pagos no detallados en nómina
Pasajes terrestres
Gastos de representación
Alojamiento y manutención
Bonificación esporádica Otras bonificaciones
Auxilio de transporte intermunicipal / Medios de transporte
rodamiento / ajuste rodamiento
Auxilio de salud / auxilio de alimentación Otros auxilios
Bono por proyecto / bonificación mera Auxilio o bonificación mera liberalidad
liberalidad / ajuste bonificación /
bonificación / bono por movilización
Del contenido de la liquidación oficial demandada, la Sala entiende que la discusión
de la UGPP no se centró en si dichos pagos eran o no salariales, pues la propia
entidad reconoció que no tenían carácter salarial, pero a su juicio, están sometidos al
límite del 40% que prevé el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Se pone de presente que la base gravable para los aportes al sistema de la
protección social la conforman los pagos de naturaleza salarial descritos en el
artículo 127 del CST, según el cual, constituye salario no solo la remuneración
ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador, en dinero o en especie,
como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea su denominación,
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y
porcentajes sobre ventas y comisiones.
Entre tanto, no son ingreso base de cotización de aportes los pagos que en esencia
no son salario, porque no retribuyen el trabajo del empleado, y que se enuncian en el
artículo 128 del CST, de la siguiente forma: (i) las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales como primas,
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, entre otros, (ii) lo que el trabajador
recibe en dinero o en especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus
funciones, por lo tanto, no son para enriquecer su patrimonio, como gastos de
representación, medios de transporte, elementos de trabajo, entre otros; (iii) las
prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del CST, (iv) los beneficios o
auxilios habituales u ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente
u otorgados en forma extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente
que no constituyen salario en dinero o en especie, por ejemplo, alimentación,
habitación, vestuario, primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.
Sobre los pagos enunciados en el numeral (iv), la Sección en la sentencia de
unificación del 9 de diciembre de 202143, consideró que «no se trata de que un pago
que es contraprestación directa del servicio prestado y, por tanto, tiene naturaleza salarial,
deje de tenerla por el acuerdo entre el empleador y los trabajadores. De conformidad con
43
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.
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esta norma interpretativa, para efectos de los aportes parafiscales y las contribuciones a la
seguridad social, cuando se pacte que un pago no constituye salario, significa que no hará
parte del ingreso base de cotización».
De las reglas de unificación adoptadas por la Sección en la sentencia del 9 de
diciembre de 2021, vale la pena traer a colación las enunciadas en los numerales 1 y
3, que consisten en:
«1. El IBC de los aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los
términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza remuneran el
trabajo o servicio prestado al empleador.
[…]
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes se
calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente de la
denominación que se les dé (art. 127 CST – contraprestación del servicio) y, además, los
factores que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el monto que
exceda el límite del 40% del total de la remuneración».
En el presente asunto, del contenido de la liquidación oficial se tiene que, la UGPP
tuvo como no salariales los pagos que por bonificaciones e incentivos realizó la
empresa a sus trabajadores, no obstante, les aplicó el límite del 40% previsto en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, proceder que a juicio de la Sala no se ajusta a
las previsiones sobre la materia, pues a partir del contenido de la sentencia de
unificación (regla 1), se entiende que si el pago no es salario porque no retribuye el
servicio, no integrará el IBC y no está sometido a límite legal alguno. Situación
diferente ocurriría si los pagos fueron salariales y las partes expresamente hayan
acordado que no integrarían el IBC, pues en ese supuesto, si aplicaría el citado
límite.
En esa medida, prospera el cargo de apelación, únicamente en lo que se refiere a los
ajustes que se produjeron en el mes de diciembre de 2012 (no declarado en firme),
por la inclusión en el IBC de los pagos por bonificaciones e incentivos que superaron
el límite del 40% del total de la remuneración. Y, en consecuencia, deberán
eliminarse los mayores valores determinados por ese concepto.
De la devolución de los aportes y del alcance del restablecimiento del derecho
La parte demandante cuestionó el restablecimiento del derecho impartido en la
sentencia de primera instancia, porque a su juicio, se tenía que ordenar la devolución
de los aportes indexados y/o con intereses moratorios frente a las planillas PILA que
se declararon en firme (enero a noviembre de 2012) y, además, se debía indicar que
dichas autoliquidaciones no podían ser fiscalizadas por la UGPP.
Al respecto, basta con señalar que en el expediente no obra prueba del pago de las
planillas PILA que fueron declaradas en firme, hecho advertido por el Tribunal que no
fue cuestionado en el recurso de apelación44, circunstancia que impide ordenar la
devolución. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte actora pruebe ante la entidad el
44
Así consta en la página 35 de la sentencia apelada.
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pago y, de ser el caso, se proceda con la devolución de los aportes según lo
analizado en esta providencia.
En cuanto al alcance de la declaratoria de firmeza, la consecuencia legal no es otra
que las autoliquidaciones se tornan inmodificables tanto para el aportante como para
la entidad fiscalizadora, lo que de suyo trae la ilegalidad de los ajustes que determinó
la entidad frente a esos períodos, los cuales desaparecen del acto de liquidación. En
ese contexto, no prospera el cargo de apelación.
Por lo anterior, se modificará la sentencia apelada y se dispondrá que, como
consecuencia de la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, el
restablecimiento del derecho consistirá en lo siguiente: (i) se declarará la firmeza de
las planillas PILA presentadas por los periodos de enero a noviembre de 2012 y (ii)
se ordenará a la UGPP practicar una nueva liquidación por el periodo de diciembre
de 2012, en la que se excluya del IBC los pagos por concepto de bonificaciones e
incentivos y, se eliminen los mayores valores que resulten. La sanción por inexactitud
deberá reducirse en la misma proporción en que se disminuyan los aportes y, para el
caso de los periodos que quedaron en firme, eliminarse.
De conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. MODIFICAR la sentencia del 9 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, la cual quedará
así:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO-2016-
00629 del 4 de agosto de 2016, expedida por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP contra Seguridad Oncor Ltda. por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al subsistema de pensiones, por los periodos
enero a diciembre de 2012 y, de la Resolución nro. RDC-2017-00258 del 8 de agosto
de 2017, por la que la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el recurso de
reconsideración, en el sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara la firmeza de las
autoliquidaciones presentadas por los períodos de enero a noviembre de 2012, y se
ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación respecto del periodo diciembre
de 2012 en la que se excluya del IBC los pagos por concepto de bonificaciones e
incentivos, y se eliminen los mayores valores que resulten. La sanción por inexactitud
deberá reducirse en la misma proporción en que se disminuyan los aportes y, para el
caso de los periodos que quedaron en firme, eliminarse.
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TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. RECONOCER personería a la abogada Sandra Milena Pacheco Monroy,
como apoderada de la entidad demandada, en los términos del poder que obra en el
índice 20 de SAMAI.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
20
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