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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00052-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00052-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- CONFIRMAR la sentencia apelada. 2.- Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00052-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de septiembre de 2022

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00052-01 (26051)
Demandante: CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN REORGANIZACIÓN

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00052-01 (26051)
Demandante: CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN
REORGANIZACIÓN
Demandado: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Temas: Contribución parafiscal para la promoción del turismo. Base
gravable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 27 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas1.

ANTECEDENTES

El 2 de mayo de 2016, por medio del oficio DCP-1865-16, la Dirección de Contribución
Parafiscal de Fontur, le solicitó a la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA,
hoy, CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN REORGANIZACIÓN2, liquidar y
pagar, en el término de un mes, la contribución parafiscal para la promoción del turismo
de los trimestres 1 y 2 del año 2012, 1 a 4 de los años 2013 y 2014, y 4 del año 2015 3.

El 5 de abril de 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió la
Resolución 0634, “Por la cual se profiere una Liquidación Oficial de Aforo”, en la que
determinó y liquidó la contribución parafiscal para la promoción del turismo a cargo de
la actora por los referidos trimestres en la suma de $648.132.593, conforme al artículo
717 del ET4.

Contra el anterior acto se interpuso recurso de reposición5, decidido por la Resolución
1662 del 8 de septiembre de 2017, en el sentido de confirmar el acto liquidatorio6.

1
Índice 2 en Samai
2
Su objeto social es «la consecución de financiación y el desarrollo y la construcción, realización de estudios y diseños, ejecución,
operación, rehabilitación, y mantenimiento de toda clase de proyectos de infraestructura pública y privada así como de obra civil.
En especial, los relativos a la suscripción y ejecución del contrato de concesión para el diseño, la construcción, rehabilitación,
operación y manteamiento del proyecto vial Bosa Granada Girardot». Fl. 23 c.p.
3
Fls. 39-40 c.a.
4
Fls. 30 a 39 c.p.
5
Fls. 126 a 137 c.a.
6
Fls. 40 a 47 c.p.

1
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00052-01 (26051)
Demandante: CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN REORGANIZACIÓN

DEMANDA

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN REORGANIZACIÓN, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes7:
«PRETENSIONES

1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 00634 del cinco (5) de abril de 2017, expedida por la
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se liquidó y determinó como valor de
la obligación a cargo de la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A., la suma de
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($648.132.593), con destino al Fondo de Promoción
Turística, por los periodos comprendidos entre el 1º y 2º trimestre del año 2012, el 1º, 2º, 3º, 4º
trimestre del año 2013, el 1º, 2º, 3º, 4º trimestre del año 2014 y el 4º trimestre del año 2015, por
ser un acto administrativo nulo que atenta contra el debido proceso, el derecho de defensa y el
principio de legalidad de las contribuciones.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 1662 del ocho (8) de septiembre de 2017, mediante el
cual la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, confirmó en todas sus partes la Resolución
No. 00634 del cinco (5) de abril de 2017, en cuanto se liquidó como valor de la contribución
parafiscal a cargo de la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se revoquen las Resoluciones No. 00634 del cinco (5)
de abril de 2017 y la No. 1662 del ocho (8) de septiembre de 2017.

4. Se reconozca personería jurídica para actuar, de conformidad con el poder debidamente
conferido.

5. Se ordene a la Entidad demandada al cumplimiento de la sentencia.

6. Se condene en costas y gastos del proceso al demandado».

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

• Artículos 29, 95 [9] y 338 de la Constitución Política
• Artículos 710 y 714 del Estatuto Tributario
• Artículos 42 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La Concesión no percibe ingresos por transporte de pasajeros. Si bien es cierto que la
Ley 1101 de 2006, introdujo algunas modificaciones a la Ley 300 de 1996 -por la cual se
creó la contribución parafiscal destinada a la promoción y competitividad del turismo-, al prever
en el artículo 3 [14] que los concesionarios de aeropuertos y carreteras son sujetos
pasivos de la misma, también lo es que el parágrafo 4 de la misma norma señaló que
su liquidación debe hacerse con base en el transporte de pasajeros.

La actora no tiene por objeto social el transporte de pasajeros y, por lo mismo, no
obtiene ingresos por ese concepto, por lo que para cumplir la obligación formal de los
periodos correspondientes al primer trimestre del año 2012 hasta el cuarto trimestre del

7
Fls. 5-6 c.p.
2
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año 2015, presentó las declaraciones en cero, pues los ingresos operacionales que
percibe corresponden a la concesión de la carretera.
La determinación de la contribución se hizo con base en la información suministrada
por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, que la actora desconoce, entidad que,
además, no tiene competencia legal para determinar y liquidar la contribución. La
actuación acusada no indica cuáles fueron los soportes o parámetros que tuvo en
cuenta la ANI para considerar que el pago de peajes de las categorías I y II son
referentes de ingresos operacionales por transporte de pasajeros, por lo que la
liquidación contenida en la misma constituyó una violación al principio de legalidad
previsto en el artículo 338 de la CP.

Falsa motivación en las cifras relacionadas en la liquidación de la contribución parafiscal
de turismo. Los cuadros contenidos en la liquidación oficial de la contribución no
permiten establecer cómo se determinó la base gravable, si se excluyeron los ingresos
por transporte de carga, o si se diferenciaron los pasajeros que viajaban por cuestiones
turísticas, de aquellos que viajaban por otros motivos, lo cual constituye una falsa
motivación del acto. Asimismo, se vulneró el debido proceso, porque la sociedad quedó
imposibilitada para ejercer su defensa, al desconocer el origen de los supuestos
ingresos operacionales que se relacionaron por los años 2012 a 2015, ingresos que, en
todo caso, no corresponden al transporte de pasajeros -base gravable legal de la
contribución parafiscal de turismo-, porque la sociedad no obtuvo ingresos por ese
concepto en dichos años.

Lo anterior encuentra respaldo en la sentencia del 6 de julio de 2016, proferida dentro
del expediente 21601, en la cual se dirimió un litigio entre las mismas partes sobre
hechos similares a los aquí discutidos, así como en las providencias dictadas por la
sección cuarta del Consejo de Estado dentro de los expedientes 13532 y 17356.

Improcedencia de la liquidación efectuada ante la existencia de las declaraciones
privadas. Con el fin de cumplir su obligación tributaria, la Concesión presentó las
declaraciones del primer trimestre del año 2012 al cuarto del año 2015, las cuales
siguen vigentes en cuanto no se modificaron por el funcionario competente. Si el
Ministerio quería liquidar un nuevo valor a cargo de la sociedad debió, con base en el
artículo 8 del Decreto 1036 de 2007, requerirla para que modificara las declaraciones
presentadas, y explicar las razones que consideraba para ello; no obstante, procedió a
liquidar el tributo de manera directa, sin aplicar el procedimiento correspondiente y sin
solicitar a la demandante explicaciones sobre las declaraciones presentadas, con lo
cual violó el debido proceso.

Firmeza de las declaraciones presentadas por la sociedad. La actora presentó las
declaraciones privadas de la contribución con fundamento en el artículo 7 del Decreto
1036 de 2007. Como las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006 no establecen un
procedimiento propio para la contribución, las declaraciones privadas presentadas por
la actora se rigieron por el Estatuto Tributario.

Conforme con el artículo 714 del ET, las declaraciones presentadas por la sociedad por
los años 2012, 2013, 2014 y 2015 adquirieron firmeza, pues el Ministerio no notificó
requerimiento especial ni acto administrativo equivalente, dentro de los 2 años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, así:

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Año Trimestre Fecha de vencimiento para presentar la Fecha que adquirió firmeza la
liquidación privada liquidación privada
Primer 2 de mayo de 2012 2 de mayo de 2014
2012
Segundo 31 de julio de 2012 31 de julio de 2014
Primer 26 de abril de 2013 26 de abril de 2015
Segundo 29 de julio de 2013 29 de julio de 2015
2013
Tercer 29 de octubre de 2013 29 de octubre de 2015
Cuarto 01 de enero de 2014 01 de enero de 2016
Primer 30 de abril de 2014 30 de abril de 2016
Segundo 28 de julio de 2014 28 de julio de 2016
2014
Tercer 29 de octubre de 2014 29 de octubre de 2016
Cuarto 30 de enero de 2015 01 de enero de 2017
2015 Cuarto 01 de febrero de 2016 01 de febrero de 2018

Se debe dar aplicación a las normas del Estatuto Tributario para reconocer que las
declaraciones presentadas por la actora se encuentran en firme, y, por lo tanto, no
resultan modificables unilateralmente.

OPOSICIÓN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso a las pretensiones de la
demanda, y propuso las siguientes excepciones8:

Presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Las resoluciones
demandadas gozan de presunción de legalidad en cuanto fueron expedidas conforme
a la normativa vigente, sin que la actora desvirtuara los presupuestos de existencia,
validez y eficacia de los referidos actos. No es suficiente citar una serie de normas
alegadas como vulneradas, toda vez que los hechos y fundamentos jurídicos de la
demanda deben ser concretos y reales para demostrar la supuesta transgresión de las
normas invocadas.

Inexistencia de falsa motivación y de violación al debido proceso. Los valores liquidados
en las resoluciones acusadas se encuentran debidamente motivados en cuanto
describieron, trimestre por trimestre, las bases gravables y el monto de la contribución;
asimismo precisaron que los ingresos que se tomaron para determinar la base gravable
correspondieron al recaudo de los peajes de Chusacá y Chinauta de las categorías I y
II, correspondientes al transporte de pasajeros. Determinada la base gravable, se aplicó
la tarifa contemplada en el artículo 2 de la Ley 1101 de 2006, se calculó el valor de la
liquidación y se comparó con la información suministrada por la ANI, entidad que no
determinó la contribución, la cual tomó los datos consignados en las actas de aforo
suscritas por el representante legal de la Concesión y el interventor del contrato,
remitidas por la sociedad, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión.

No puede afirmar el actor que la única motivación de la Resolución 0634 del 5 de abril
de 2017 fueron los cuadros consignados en la misma, toda vez que dicha motivación
está contenida en todo el acto y el referido cuadro solo incluyó un resumen de la misma.

No es aplicable la sentencia del 6 de julio de 2016 proferida por la sección cuarta del
Consejo de Estado, citada por la actora, por cuanto solo tiene efectos inter partes y en
ella se analizaron los actos mediante los cuales se liquidó la contribución por los
trimestres 1 a 4 de los años 2007, 2008, 2009 y 2010; además, en el presente caso, se
8
Fls. 79 a 95 c.p.
4
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respetó el debido proceso, toda vez que se agotó el procedimiento establecido en el
Estatuto Tributario y en el Decreto 1074 de 2015, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2 [inc. 3] del CPACA.

De conformidad con el artículo 715 del ET, la entidad recaudadora profirió el
comunicado DCP-1865-16 mediante el cual emplazó a la Concesión para que, en el
transcurso de un mes, liquidara y pagara la contribución parafiscal por los trimestres
discutidos, sin que en dicho término lo hiciera o presentara objeciones. Además, la
actora ejerció su derecho de defensa al interponer el recurso de reposición contra la
Resolución 0634 de 2017.

Falta de causa para impetrar el presente medio de control. No existe causa para
demandar porque los actos acusados fueron expedidos conforme al procedimiento y a
las facultades legales.

Inepta demanda por errónea fundamentación de los cargos de violación. No tiene
asidero jurídico la alegada vulneración del artículo 3 [parágrafo 4] de la Ley 1101 de
2006, por cuanto el Ministerio no le dio un alcance diferente, ya que en virtud de lo
contemplado en el artículo 30 del Código Civil, realizó una interpretación sistemática de
lo consagrado en los artículos 2 y 3 [parágrafo 4] de la ley, y lo expuesto en la sentencia
C-959 de 2007, para calcular la base gravable de la contribución que, para los
concesionarios de carreteras, es el recaudo de peajes por concepto de transporte de
pasajeros.

No es cierta la afirmación de la actora según la cual presentó en cero las liquidaciones
privadas porque no percibió ingresos por el transporte de pasajeros, pues durante el
proceso de revisión y determinación, quedó demostrado que la concesión percibió
ingresos provenientes del recaudo de peajes de las categorías I y II, por lo que, al
ejercer una actividad relacionada con el turismo, gravada con la contribución, ostenta
la calidad de sujeto pasivo y está en la obligación de liquidarla y pagarla.

Ausencia de causal de nulidad de los actos administrativos. El Ministerio no incurrió en
las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, pues los actos fueron
proferidos bajo la observancia del ordenamiento jurídico. Además, no hay lugar a un
restablecimiento del derecho porque el concesionario no pagó la contribución.

Genérica. Solicitó declarar cualquier excepción que resultara probada, con fundamento
en el artículo 187 [parágrafo 2] del CPACA.

Adicionalmente, señaló que, conforme a lo considerado por la Corte Constitucional, la
cual estableció la forma como los concesionarios de carreteras deben liquidar la
contribución parafiscal para la promoción al turismo estipulada en el artículo 3
[parágrafo 4] de la Ley 1101 de 2006, la única diferenciación que debe realizarse es
entre el recaudo de peajes por transporte de pasajeros y de carga, sin discriminar los
vehículos que transportan alimentos, mercancías, animales, entre otros.

Antes de proferir el comunicado DCP-1865-16, la entidad recaudadora procedió a
verificar en sus registros los pagos o la presentación de las liquidaciones a las que hizo
alusión la concesión; sin embargo, evidenció que no liquidó ni pagó la contribución
parafiscal para la promoción del turismo, y no anexó los formularios de las liquidaciones

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privadas, por lo que de conformidad con los artículos 715 y siguientes del ET, le solicitó
la declaración y pago del tributo.

El comunicado DCP-1865-16, por medio del cual se profirió el emplazamiento para que
la actora presentara y pagara la contribución parafiscal, fue notificado a la actora el 24
de mayo de 2016, por lo que, en línea con el artículo 717 del ET, la entidad contaba
con un plazo de cinco años, contados desde el vencimiento del plazo para declarar,
para proferir la liquidación oficial de aforo, así:

Año Trimestre Fecha de vencimiento para presentar la 5 años siguientes a la fecha del
liquidación privada vencimiento del plazo para declarar
Primer 2 de mayo de 2012 2 de mayo de 2017
2012
Segundo 31 de julio de 2012 31 de julio de 2017
Primer 26 de abril de 2013 26 de abril de 2018
Segundo 29 de julio de 2013 29 de julio de 2018
2013
Tercer 29 de octubre de 2013 29 de octubre de 2018
Cuarto 01 de enero de 2014 01 de enero de 2019
Primer 30 de abril de 2014 30 de abril de 2019
Segundo 28 de julio de 2014 28 de julio de 2019
2014
Tercer 29 de octubre de 2014 29 de octubre de 2019
Cuarto 30 de enero de 2015 01 de enero de 2020
2015 Cuarto 01 de febrero de 2016 01 de febrero de 2021

Por lo tanto, no es cierto que se deba aplicar el plazo señalado en el artículo 714 del
ET, en la medida que la demandante no presentó ni pagó las declaraciones de los
periodos en cuestión y, en ese sentido, tampoco era viable que solicitara la modificación
de las liquidaciones. Además, la Resolución 0634 se notificó el 26 de abril de 2017, esto
es, dentro del término legal.

El Ministerio se encuentra facultado por el ordenamiento jurídico para liquidar la
contribución parafiscal para la promoción del turismo en observancia de la Ley 300 de
1996, la Ley 1101 de 2006 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, normas
según las cuales los concesionarios de carreteras son sujetos pasivos del tributo y
deben pagar la contribución correspondiente al 2.5 por mil de los ingresos
operacionales por transporte de pasajeros.

AUDIENCIA INICIAL

El 7 de octubre de 2019, se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 180 de la
Ley 1437 de 20119. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades
procesales o nulidades, no se solicitaron medidas cautelares, se declaró no probada la
excepción previa de «inepta demanda por errónea fundamentación de los cargos de
violación» pues se evidenció el cumplimiento del requisito del artículo 162 [4] del
CPACA, se tuvieron como pruebas las allegadas con la demanda y la contestación, y
se dio traslado a las partes para alegar de conclusión.

El litigio se concretó en resolver los siguientes problemas jurídicos: «1. ¿Los actos
administrativos demandados fueron expedidos con falta de competencia temporal al haber
operado la firmeza de las declaraciones privadas? 2. ¿Incurrió el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo en falsa motivación en la liquidación de la contribución al turismo al no
especificarse las cifras pretendidas? 3. ¿Se configuró la causal de anulación de
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos administrativos por
interpretación errónea de la Ley 1101 de 2006?».

9
Fls. 124 a 137 c.p.
6
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SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Del análisis del material probatorio se advierte que, contrario a lo afirmado por la actora,
no presentó liquidaciones privadas por los periodos en discusión, ya que las obrantes
en el expediente administrativo no corresponden a las que fueron objeto de liquidación
de aforo, por lo que no se está ante un término de firmeza de las declaraciones, sino
ante una determinación como consecuencia de la omisión del deber de declarar y pagar
la contribución parafiscal del turismo, sin que sea dable dar aplicación a lo previsto en
el artículo 714 del ET, ya que, al no haber prueba fehaciente que demuestre la
presentación de los denuncios fiscales, no se puede aludir a firmeza.

De conformidad con el artículo 715 del ET, la entidad recaudadora, a través de la
comunicación DCP-1865-16 de 2 de mayo de 2016, notificada el 24 del mismo mes y
año, solicitó a la actora liquidar y pagar la contribución parafiscal para la promoción del
turismo correspondiente a los trimestres 1 y 2 de 2012, 1 a 4 de los años 2013 y 2014,
y 4 del año 2015, para lo cual le concedió el término de un mes, y guardó silencio.

El Ministerio ejerció la facultad de determinación conforme al plazo previsto en el
artículo 717 del ET, toda vez que, dentro del término de cinco años, contados a partir
del vencimiento para declarar, determinó la contribución parafiscal para la promoción al
turismo a cargo de la actora por los periodos referenciados, acto que fue notificado por
aviso el 20 de abril de 2017. Por lo tanto, el procedimiento adelantado por la
Administración respecto al factor temporal se hizo dentro del término legal.

Conforme a la providencia C-959 de 2007 de la Corte Constitucional, la entidad
recaudadora, al momento de liquidar la contribución, debe tener en cuenta el transporte
de pasajeros, y excluir el transporte de carga; si bien es cierto que los concesionarios
de carreteras no transportan pasajeros, la labor de estas empresas tiene una relación
directa con la actividad puesto que, para realizar el turismo por carreteras, se requiere
de la infraestructura de la misma, lo cual es el encargo que el Estado le hace a este tipo
de actores, y es la labor por la cual perciben los recursos que los remuneran.

En este orden, los concesionarios, tanto de aeropuertos, como de carreteras, sí son
sujetos pasivos de la contribución, cuya base gravable corresponde a los ingresos
operacionales que perciban por el transporte de pasajeros, lo cual es delimitable con
las categorías de peaje que, para el caso, tienen relación con el tipo de vehículos que
pagan la tasa en las categorías I (automóviles, camperos, y camionetas) y II (buses), dentro
de los cuales no se incluyen los usuarios de las carreteras con vocación de transportar
carga, pues a partir de la categoría III hasta la VII, se incluyen todos los camiones, que
son los vehículos no destinados al transporte de pasajeros.

Teniendo en cuenta que dentro del término establecido en el oficio DCP-1865-16 de 2
de mayo de 2016, la sociedad no cumplió con su obligación de liquidar y pagar la
contribución del turismo, la Administración profirió la Resolución 0634 de 5 de abril de
2017, por medio de la cual se determinó y liquidó el valor de la contribución parafiscal
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para la promoción del turismo en la suma de $648.132.593, por los trimestres 1 y 2 de
2012, 1 a 4 de los años 2013 y 2014, y 4 de 2015.

El acto de determinación oficial cumple el requisito de motivación detallada por cuanto
en cada uno de los periodos en discusión se discriminó la base y el tributo a cargo tras
la aplicación de la tarifa, lo cual tuvo como sustento la información reportada por la
misma concesión, que, a su vez, coincide con la de la ANI. La información económica
que se tuvo en cuenta en cada periodo se originó en la discriminación de los recursos
reportados por la actora al Ministerio en la visita que éste le realizó y que, a su vez, la
demandante reportó a la ANI mes a mes. Así, no es admisible que la actora asevere
que desconoce el origen de la base para la determinación de la contribución a su cargo,
por haber sido ella misma quien hizo el reporte.

Tampoco pueden admitirse los cuestionamientos ligados a que se desconoce si dentro
de la base se incluyó lo que pagaron los transportadores de carga, pues, como se anotó
previamente, las categorías I y II de los peajes, excluyen a los camiones, dado que
están clasificados en las categorías III a VII, de modo que no existió una indebida
determinación de la base imponible por parte del Ministerio.

La sección cuarta del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de resolver asuntos
como el que aquí atañe y ha aceptado que la información para determinar la base
gravable de la contribución al turismo sea obtenida del reporte que los concesionarios
de carreteras realizan a la ANI (antes, INCO); así, siempre que la información sea
obtenida de la misma contribuyente, de manera directa o como consecuencia del cruce
de información con la ANI, a la cual los concesionarios también reportan mensualmente
los ingresos obtenidos por los peajes que tienen a su cargo, dicha fuente puede ser
tenida en cuenta por el Ministerio para determinar la contribución, siempre que en ella
no se incluyan valores que correspondan al transporte de carga, sino solamente al de
pasajeros, los cuales pueden válidamente identificarse con los peajes pagados en las
categorías I y II.

No hubo falsa o falta de motivación de los actos acusados, pues el sustento de los
mismos se encuentra soportado en las pruebas recaudadas por el Ministerio, quien
liquidó el tributo con apego al hecho generador y sin incluir en la base imponible el
transporte de carga, como lo cuestionó la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante, inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de
apelación en el que solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda.

Cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre lo dispuesto en el artículo 3
[parágrafo 4] de la Ley 1101 de 2006, para precisar que al momento de liquidar el monto
de la contribución se debía tener en cuenta el transporte de pasajeros, con excepción
del transporte de carga, la finalidad que perseguía era la de excluir, de igual forma,
cualquier otro tipo de transporte que descartara la posibilidad de que el mismo no fuera
de pasajeros; el Tribunal no analizó el material probatorio allegado con la demanda
consistente en las fotografías de carros cisterna, ambulancias, carros taller, entre otros,
las cuales evidencian y eliminan la posibilidad de que los mismos transporten pasajeros.

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Demandante: CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN REORGANIZACIÓN

Aunque el a quo citó al Consejo de Estado para aseverar que la distinción del transporte
de pasajeros se hace según la modalidad del peaje, se debe advertir que la
reglamentación del sistema de peajes no concuerda con la finalidad pretendida en el
cobro de la contribución, en la medida en que, en cada una de las categorías de los
peajes se puede encontrar transporte de carga o de servicios, ajeno al de pasajeros;
las categorías utilizadas como referentes, es decir, la I y la II, no son de exclusividad
para el transporte de pasajeros, por lo que se está ante una imposibilidad de efectuar
ese tipo de diferenciación lo cual conduce a una indeterminación de la base gravable.
Como en los reportes de peajes de la ANI no hay una clasificación de los automotores
que transitan con motivo de recreación o carga de mercancías, no es posible
discriminar, como lo exige la Corte Constitucional, qué tipo de vehículos ejercen el
transporte de carga y cuáles el transporte de personas.

De manera injustificada el fallador concluyó que el acto de determinación sí discriminó
la base como el tributo por cada uno de los periodos en discusión, lo cual sustentó con
la información reportada por la Concesión a la ANI, sin considerar que la misma no
contaba con un criterio que le permitiera diferenciar el transporte de carga del transporte
de pasajeros, lo que conlleva falsa motivación de la actuación impugnada, que no
advirtió el Tribunal, quien decidió apartarse del concepto del Ministerio Publico en ese
sentido.

La indeterminación de la base gravable por no poder hacerse la referida diferenciación,
conlleva al cobro de una contribución parafiscal excesiva que no debe ser soportada
por la actora, y a la configuración de un enriquecimiento sin causa a favor del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. Existe un vacío normativo que no puede colmarse e
interpretarse de manera favorable a la entidad estatal, ni presumirse que sea el
contribuyente quien deba sobrellevar la carga y pagar sobre el transporte de pasajeros,
y los otros transportes indistinguibles dentro de las categorías I y II.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante no intervino en esta etapa procesal y el demandado solicitó confirmar
la sentencia apelada, para lo cual insistió en la legalidad de la actuación administrativa
acusada10. El Ministerio Púbico no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de la actuación administrativa por la cual se determinó la
contribución parafiscal para la promoción del turismo por los trimestres 1 y 2 del año
2012, 1 a 4 de los años 2013 y 2014, y 4 del año 2015, a cargo de la CONCESIÓN
AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT SA EN REORGANIZACIÓN.

De acuerdo con los cargos de apelación formulados por la demandante contra la
sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, se debe
establecer si el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria en relación con la
determinación de la base gravable y no advirtió la aducida falsa motivación de las
resoluciones impugnadas.
10
Índice 18 en Samai
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El a quo encontró ajustada a derecho la actuación administrativa acusada por cuanto (i)
se probó que la actora no liquidó ni pagó la contribución para la promoción del turismo,
objeto de determinación oficial, (ii) se siguió dentro del término legal el procedimiento
de aforo previsto en los artículos 702 a 719 del ET, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2 [inc. 3] del CPACA, (iii) se cumplió el requisito de motivación al explicar de
manera detallada, a partir de la información suministrada por la actora y la ANI, la forma
como se calculó el monto del tributo por cada uno de los periodos en discusión, sin que
fueran de recibo los argumentos expuestos sobre la indeterminación de la base
gravable pues, conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional y a lo
considerado por esta Sección, se acudió a las categorías de los peajes de la vía
concesionada para determinar los ingresos asociados al transporte de pasajeros.

Teniendo en cuenta que la Sección se ha pronunciado sobre la contribución parafiscal
para la promoción al turismo a cargo de los concesionarios de carreteras, reiterará, en
lo pertinente, el criterio expuesto en dichas providencias11, para luego abordar el estudio
del caso a partir de los cargos de apelación formulados por la actora.

El tributo denominado «contribución parafiscal para la promoción del turismo» fue
establecido por el artículo 40 de la Ley 300 de 1996 (Ley General del Turismo), pero su
estructura jurídica fue modificada por la Ley 1101 de 2006; y dentro del listado de
sujetos pasivos del gravamen se incluyó a los «concesionarios de aeropuertos y
carreteras» (ordinal 14 del artículo 3 de la Ley 1101 de 2006), para los cuales «la liquidación
de la contribución se hará con base en el transporte de pasajeros» (parágrafo 4 ibídem),
en el equivalente al 2.5 por mil de los ingresos operacionales percibidos por la actividad
sometida a gravamen (artículo 41 Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 2 de la Ley
1101 de 2006)12.

El artículo 4 del Decreto 1036 de 200713, reglamentario de la contribución en estudio,
dispuso, en relación con la base gravable y la tarifa, lo siguiente:

«Artículo 4. Base gravable y tarifa. La base gravable para liquidar la Contribución es el monto
de los ingresos operacionales obtenidos por los aportantes.

Se entiende por ingresos operacionales, los valores recibidos por concepto del desarrollo
de la actividad económica, los cuales corresponderán a los períodos indicados en el artículo 5
del presente Decreto. […]

La tarifa correspondiente a cada uno de los aportantes será la siguiente: […]

14. Los concesionarios de aeropuertos y carreteras: 2.5 por mil de los ingresos
operacionales que perciban por concepto de transporte de pasajeros». Se destaca.

En la sentencia C-959 de 2007, la Corte Constitucional declaró exequibles el numeral
14 y el parágrafo 4 del artículo 3 la Ley 1101 de 2006, que, en su orden, prevén que los
concesionarios de aeropuertos y carreteras son aportantes de la contribución y que
para ellos el tributo se liquida con base en el transporte de pasajeros. Dicha

11
Sentencias del 6 de julio de 2016, Exp. 21601, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 9 de marzo de 2017, Exp. 21753,
CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 30 de agosto de 2017, Exp. 21599, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 6 de
septiembre de 2019, Exp. 21719, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 19 de noviembre de 2020, Exp. 22307, CP. Milton
Chaves García, entre otras.
12
Sentencia del 19 de febrero de 2020, Exp. 22320, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13
Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, del sector Comercio Industria y Turismo.
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providencia, al analizar el artículo 3 [parágrafo 4] de la ley 1101 de 2006, hizo las
siguientes precisiones frente a la forma de liquidar el gravamen:

« […]. Para la Sala, este parágrafo se limita a precisar que al momento de liquidar el
monto de la contribución se deberá tener en cuenta el transporte de pasajeros,
excluyendo el transporte de carga, por cuanto se trata de una medida destinada a la
promoción y desarrollo del turismo, lo cual resulta comprensible teniendo en cuenta que los
viajes de recreación vinculan necesariamente a las personas, siendo la carga un elemento
secundario en relación con los fines perseguidos con la medida tributaria que se examina.

Liquidación de la contribución según el “transporte de pasajeros”, que permitirá liquidar la
contribución de acuerdo a como corresponda según el sistema de medición del transporte
de cada una de las modalidades determinadas de conformidad con el uso respectivo, bien
aéreo o terrestre, y que en cada caso será distinto. […] tratándose del transporte por
carreteras, se hará teniendo en cuenta la modalidad de peaje de conformidad con las
disposiciones correspondientes, y perfectamente diferenciable del transporte de
carga». Se resalta

Conforme a los anteriores lineamientos legales y jurisprudenciales, los concesionarios
de carreteras, como lo es la demandante, son sujetos pasivos de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo, caso en el cual la base gravable está
integrada por los ingresos operacionales por el transporte de pasajeros, que
corresponden a los obtenidos a través de las distintas modalidades de peaje con
exclusión de los peajes por transporte de carga.

La recurrente estima que hubo una indebida valoración probatoria por parte del Tribunal
en relación con la determinación de la base gravable, al no analizar las fotografías de
carros cisterna, ambulancias, carros taller, entre otros, allegadas con la demanda, las
cuales evidencian y eliminan la posibilidad de que los mismos transporten pasajeros;
que la reglamentación del sistema de peajes no concuerda con la finalidad pretendida
en el cobro de la contribución, en la medida en que, en cada una de las categorías de
los peajes, en concreto, en la I y la II, utilizadas como referentes, se puede encontrar
transporte de carga o de servicios, ya que las mismas no son de exclusividad para el
transporte de pasajeros, por lo que se está ante una imposibilidad de efectuar ese tipo
de diferenciación, lo cual conduce a una indeterminación de la base gravable.

Para determinar la contribución, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud
del artículo 2 [inc. 3] del CPACA, siguió el procedimiento previsto en los artículos 702 a
719 del ET. Así, previo emplazamiento14, profirió la liquidación de aforo, contenida en
la Resolución 0634 del 5 de abril de 201715, en la que determinó y liquidó la contribución
para la promoción del turismo a cargo de la actora por la suma de $648.132.593.

En cuanto a la base gravable, que es el aspecto que cuestiona la actora, partió del
estudio de constitucionalidad del artículo 3 [parágrafo 4] de la Ley 1101 de 2006,
realizado en la sentencia C-959 de 2007, arriba referenciado, para considerar en el acto
liquidatorio, lo siguiente:

«[…]. La Corte Constitucional establece que la forma como los concesionarios de Carreteras
deben liquidar la contribución parafiscal (…) no contraviene los postulados
constitucionales y que la misma es clara, toda vez que lo que se pretende es diferenciar los
ingresos que perciban dichos concesionarios por el transporte de carga, para lo cual se
debe tener en cuenta la modalidad de peaje de conformidad con las disposiciones
correspondientes.

14
Comunicación DCP-1865-16 del 2 de mayo de 2016. Fls. 39-40 c.a.
15
Fls. 30 a 39 .p.
11
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Que el artículo 1 de la Resolución 007100 del 6 de agosto de 2003 del Ministerio de
Transporte consagra que hacen parte de las categorías de peaje I y II; los automóviles,
camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla, buses, busetas y
microbuses, diferenciándose claramente de las categorías de vehículo que transportan carga
(folios 29 a 31 del expediente). Igualmente la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
mediante oficio 2015-604-012523-1 del 11 de junio de 2015 (folios 2 y 3 del expediente), se
pronunció frente a la categoría de peajes, informando que hacen parte de las categorías I y II
los automóviles, camperos, camionetas y buses.

Que en consecuencia resulta claro que la liquidación de la Contribución (…) de los
concesionarios de carreteras, se debe hacer teniendo en cuenta el recaudo de los vehículos
que transportan pasajeros […]». Se resalta.

De lo expuesto se advierte que la fijación de la base gravable se hizo conforme a la
normativa aplicable y a los lineamientos señalados por la Corte Constitucional, esto es,
acudiendo a las modalidades de los peajes establecidos en las respectivas
disposiciones que, para este caso, corresponden a la Resolución 007100 del 6 de
agosto de 2003 del Ministerio de Transporte16, y al oficio 2015-604-012523-1 del 11 de
junio de 2015 de la ANI17, en el que la ANI le informó a Fontur «[…] las siguientes son las
categorías que se manejan a nivel nacional en todas las estaciones de peaje a cargo de las diferentes
vías concesionadas que se encuentran bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI:

CATEGORIA DESCRIPCIÒN
I Automóviles, camperos y camionetas
II Buses
III Camiones pequeños de 2 ejes
IV Camiones grandes de 2 ejes
V Camiones de 3 y 4 ejes
VI Camiones de 5 ejes
VII Camiones de 6 ejes o más»

Por lo anterior, frente a las aludidas fotografías, encuentra la Sala que si bien fueron
aportadas, no se les puede otorgar mérito probatorio porque solo registran imágenes
de algunos de los vehículos o automotores que transitan por la vía concesionada, sin
que las mismas permitan evidenciar cuál fue el tipo de peaje que pagaron. En oposición,
conforme a lo indicado por la ANI, en las categorías I y II se encuentran automóviles,
camperos, camionetas y buses, lo cual permite diferenciar el transporte de carga.

Además, de acuerdo con el artículo 743 del ET, norma aplicable al caso en virtud de la
remisión hecha por el artículo 2 [inc. 3] del CPACA, «La idoneidad de los medios de prueba
depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados hechos
preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas
y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento
que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica». Se resalta.

Así las cosas, establecida la exigencia legal -artículo 3, parágrafo 4, de la Ley 1101 de
2006- según la cual la liquidación de la contribución se hará con base en el transporte
de pasajeros y que, para diferenciarlo del transporte de carga se debe acudir a la
modalidad de los peajes fijados en la respectiva vía concesionada, el medio idóneo para
probar este hecho correspondió a la información suministrada por la sociedad y la ANI,

16
«Por la cual se fijan las tarifas de peajes y procedimientos de ajuste para la concesión del proyecto vial denominado “Bosa-
Granada-Girardot” (…)». Fls. 53 a 56 c.a.
17
Por el cual se informaron «(…) las categorías que se manejan a nivel nacional en todas las estaciones de peaje a cargo de las
diferentes vías concesionadas que se encuentran bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI (…)». Fls. 26-
27 c.a.
12
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que dio cuenta de los ingresos percibidos por concepto de recaudos de las categorías
I y II de los peajes Chusacá y Chinauta en cada uno de los trimestres objeto de
determinación, lo que lleva a concluir que la determinación de la base gravable se ajustó
a la normativa aplicable al caso en cuanto se hizo sobre los ingresos por transporte de
pasajeros. Además, la demandante no probó que los ingresos operacionales con base
en los cuales se calculó el tributo incluyeron peajes por transporte de carga. No
prospera el cargo de apelación.

Ahora bien, la recurrente considera que los actos acusados adolecen de falsa
motivación en cuanto los cuadros contenidos en la liquidación oficial de la contribución
no permiten establecer cómo se determinó la base gravable, si se excluyeron los
ingresos por transporte de carga, o si se diferenciaron los pasajeros que viajaban por
cuestiones turísticas, de aquellos que viajaban por otros motivos.

Según los artículos 712 y 719 del ET, la liquidación de aforo -acto de determinación oficial
expedido en el sub examine- debe contener una explicación sumaria de los fundamentos
que dieron lugar a su expedición.

Frente a este requisito, la Sección ha precisado18 que «La motivación de un acto implica que
la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de
legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que
se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. […]. Los motivos del acto administrativo deben
ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición de un acto administrativo sino su contenido y
alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de
los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción
de los mismos».

Asimismo ha expresado19 que «exige una ilustración de las circunstancias fácticas y jurídicas que
soportan la decisión administrativa, de forma tal que la ilustración fáctica resulte suficiente, apta e idónea
para explicar la jurídica, en aras de garantizar el ejercicio del derecho de contradicción y defensa, previsto
en el artículo 29 de la CP».

En la Resolución 0634 del 5 de abril de 201720, acto administrativo que recurrido en
reposición21 fue confirmado por la Resolución 1662 de 8 de septiembre de 2017 22,
previo análisis de los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales que dieron lugar a su
expedición (Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006, Decreto 1074 de 2015 y sentencia C-959 de
2007), se hicieron las siguientes precisiones23:

«CONSIDERANDO
[…].
Que la entidad recaudadora evidenció que la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. –
en reorganización, no ha liquidado ni pagado la Contribución Parafiscal para la Promoción
del Turismo correspondiente al 1° y 2° trimestre del año 2012, 1°, 2, 3° y 4° trimestre del año
2014 y 4° trimestre del año 2015, de la cual es sujeto pasivo, y que una vez analizada la
información suministrada por dicha concesión en la visita realizada, y por la Agencia
Nacional de Infraestructura- ANI (folio 50 del expediente), se concluye lo siguiente […]».

1. Trimestre 1° año gravable 2012

18
Sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 17495, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
19
sentencia del 4 de junio de 2020, Exp. 24031, CP Julio Roberto Piza Rodríguez [E]
20
Fls. 30 a 39 c.p.
21
Fls. 126 a 137 c.a.
22
Fls. 40 a 47 c.p.
23
Fl. 33 c.p.
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La Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. en reorganización, no liquidó el primer
trimestre del año gravable 2012 de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo,
sin embargo de acuerdo a la información suministrada por el mismo aportante en visita
realizada a las instalaciones de la Concesión el 06 de diciembre de 2016 y por la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, los ingresos percibidos por concepto de
recaudo de las categorías I y II de los peajes Chusacá y Chinauta, ascendieron a la
suma de (…) ($20.268.398.900) que se toma para efectos de liquidar la contribución de
dicho periodo, suma que al aplicarle la tarifa del 2.5 x mil contemplada en el artículo
2.2.4.2.1.4 del Decreto 1074 de 2015, arroja como liquidación de la contribución la suma de
(…) ($50.670.997.oo). […]». Se resalta

La misma explicación se dio frente a cada uno de los trimestres liquidados,
diferenciándose el monto de los ingresos percibidos durante los mismos, los cuales
fueron la base para la fijación de la contribución. Y en los artículos primero y segundo
de la parte resolutiva, se relacionaron los valores, así:

«RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Determinar y liquidar el valor de la Contribución Parafiscal para la
Promoción del Turismo del 1° y 2° trimestre del año 2012, 1°, 2°, 3° y 4° trimestre del año 2013,
1°, 2°, 3° y 4° trimestre del año 2014, y 4° trimestre del año 2015, de la Concesión Autopista
Bogotá Girardot S.A. – en reorganización (…), conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo, de la siguiente manera:

AÑO TRIMESTRE BASE GRAVABLE LIQUIDACIÓN
2012 1 20.268.398.900 50.670.997
2012 2 20.331.701.500 50.829.254
2013 1 22.677.291.400 56.693.229
2013 2 20.920.842.600 52.302.107
2013 3 20.312.027.600 50.780.069
2013 4 24.303.124.500 60.757.811
2014 1 22.920.880.800 57.302.202
2014 2 24.132.592.100 60.331.480
2014 3 23.550.938.100 58.877.345
2014 4 27.882.281.900 69.705.705
2015 4 31.952.957.400 79.882.394

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. – en reorganización, (…),
deberá pagar por concepto de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo del 1° y
2° trimestre del año 2012, 1°, 2°, 3° y 4° trimestre del año 2013, 1°, 2°, 3° y 4° trimestre del año
2014, y 4° trimestre del año 2015, los valores que se relacionan a continuación más los intereses
moratorios que se causen hasta la fecha en que se produzca el pago:

AÑO TRIMESTRE VALOR A PAGAR
2012 1 50.670.997
2012 2 50.829.254
2013 1 56.693.229
2013 2 52.302.107
2013 3 50.780.069
2013 4 60.757.811
2014 1 57.302.202
2014 2 60.331.480
2014 3 58.877.345
2014 4 69.705.705
2015 4 79.882.394
VALOR TOTAL A PAGAR 648.132.593 ».
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Conforme a lo anterior, no le asiste razón a la actora cuando afirma que la actuación
acusada no se motivó debidamente pues, como lo puso de presente el a quo, la decisión
contenida en la misma se encuentra sustentada fáctica y jurídicamente, y soportada en
la información recaudada por el Ministerio, proveniente del concesionario y la ANI, a
efectos de liquidar el tributo, sin incluir en la base imponible el transporte de carga. Las
mismas razones descartan el alegado enriquecimiento sin causa a favor del Ministerio
quien -en su calidad de sujeto activo, y en ejercicio de las facultades legales que le confirieron el Decreto
210 de 2003, la Ley 300 de 1996, Ley 1101 de 2006, y el Decreto 1074 de 2015 - estableció la
obligación tributaria a cargo de la actora, sujeto pasivo de la misma.

Conforme a lo expuesto no prospera el recurso de apelación, por lo que se confirmará
la sentencia apelada.

Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 [8] del CGP, no procede la
condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del proceso),
porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1.- CONFIRMAR la sentencia apelada.

2.- Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese. Comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior
providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

15
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