Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00079-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00079-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00079-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de octubre de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00079-01 (27574)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Telecom
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., Veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2018-00079-01 (27574)
Demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. TELECOM
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Aportes a Seguridad Social. Firmeza de las declaraciones. Pagos
con ocasión a la liquidación oficial. Vacaciones.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió lo siguiente1:
“PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO 2016-00789
de 9 de septiembre de 2016 y de la Resolución nro. RDC 2017 – 00322 de 11 de septiembre
de 2017 expedidas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP-. de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE (i) la firmeza de las
autoliquidaciones presentadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP,
respecto de los períodos de enero a noviembre de 2012 en lo que respecta a la conducta de
inexactitud; (ii) ORDÉNASE a la UGPP valide y aplique los pagos realizados mediante las
planillas de autoliquidación PILA que se encuentran relacionadas en la parte motiva de esta
providencia y (iii) ORDÉNASE A LA UGPP ELIMINAR los ajustes por el período de diciembre
de 2012 del trabajador ANDRES STEVENS PINZÓN UMBARLA del subsistema de Pensión y
FSP, por las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NIÉGASE LA CONDENA EN COSTAS por no aparecer causadas.
QUINTO: NOTIFÍQUESE por correo electrónico la presente providencia así: (…)
SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previa devolución de los
antecedentes administrativos a la oficina de origen.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. 1188 del 17 de noviembre de
2015, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la Liquidación
Oficial Nro. RDO 2016-00789 del 9 de septiembre de 2016, en la que determinó a
cargo de la sociedad actora los aportes al sistema de pensión y fondo de solidaridad
pensional por los períodos de enero a diciembre de 2012.
1 SAMAI/índice 2/EXPEDIENTE DIGITAL/ED_SENTENCIA_15SENTENCIAYNOTIFICA(.pdf) NroActua 2
1
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La demandante interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión,
que fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 2017-00322 del 11 de septiembre de
2017, que modificó los ajustes propuestos2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
“1.1 Pretensión Principal
1.1.1 Declarar la nulidad total del acto administrativo expedido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante “UGPP”) conformado por la Liquidación Oficial No. RDO-2016-00789 del
9 de septiembre de 2016, del Subdirector de Determinación de Obligaciones de la
Dirección de Parafiscales de la UGPP, y la Resolución RDC No. 2017-00322 del 11 de
septiembre de 2017, del Director de Parafiscales de la misma entidad.
1.1.2 Como consecuencia de lo anterior, restablecer el derecho a mi representada mediante
la declaración de firmeza de las liquidaciones privadas presentadas por TELEFÓNICA,
correspondientes a los aportes al Sistema de Protección Social del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 y las
correspondientes a la vigencia 2013 que fueron objeto de sanción por inexactitud.
1.1.3 Como consecuencia de lo anterior, restablecer el derecho a mi representada
ordenándole a la UGPP devolver a TELEFÓNICA el dinero que ésta última pagó en
cumplimiento de los ajustes ordenados en la Resolución RDC No. 2017-00322 del 11
de septiembre de 2017, con su respectiva indexación hasta la fecha efectiva de su
devolución.
1.2. Pretensión subsidiaria
1.2.1 Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos mediante los cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social glosó las liquidaciones privadas de aportes al Sistema de Protección Social
por no pago e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de
la Protección Social, por los períodos comprendidos entre enero a diciembre de 2012
en los ajustes ordenados respecto de los siguientes conceptos:
1.2.1.1.Pagos dobles efectuados por Telefónica por imposición de la UGPP:
PAGO 15-12-2016 PAGO 04-05-2017 PAGO 17-11-2017
NRO Nro. VR. PAGADO Nro. VR. PAGADO Nro. VR. PAGADO SIN
PLANILLA CASOS SIN INTERESES CASOS SIN INTERESES CASOS INTERESES
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
TOTALES 24 9,691,800 65 32,927,800 89 39,610,900
1.2.1.2 Pagos efectuados por Telefónica por imposición de la UGPP con aplicación indebida
del Decreto 806 de 1998
PAGO 04-05-2017 PAGO 17-11-2017
NRO VR. PAGADO SIN VR. PAGADO SIN
Nro. CASOS Nro. CASOS
PLANILLA INTERESES INTERESES
(...) (...) (...) (...) (...)
TOTALES 7 124,000 7 268,800
2 Los antecedentes administrativos pueden ser consultados en el índice 2 de Samai/EXPEDIENTE
DIGITAL/ED_CDFOLIO4_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2
3 Índice 2 de Samai/EXPEDIENTE DIGITAL/ED_CD2FOLIO4_CDFOLIO426(.rar)NroActua 2/Demanda,
pruebas y anexos/Demanda.
2
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1.2.1.3 Pago doble realizado por Telefónica por orden de la UGPP, por concepto de corrección
del IBC sobre aportes ya realizados en cumplimiento de una sentencia laboral que
ordenó un reintegro.
PAGO 29-02-2012 PAGO 17-11-2017
NRO VR. PAGADO SIN VR. PAGADO SIN
Nro. CASOS Nro. CASOS
PLANILLA INTERESES INTERESES
(…) (…) (…) (…) (…)
TOTALES 1 5,684,300 1 2,062,800
1.2.2. Como consecuencia de lo anterior, restablecer en su derecho a mi representada
ordenándole a la UGPP devolver a TELEFONICA el dinero que ésta última pagó en
cumplimiento de los ajustes ordenados en la Resolución RDC No. 2017-00322 del 11
de septiembre de 2017, con su respectiva indexación por los ajustes objeto de la nulidad
parcial que se reclama, hasta la fecha efectiva de su devolución.”
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29 de la
Constitución; 97 de la Ley 1437 de 2011; 702, 703, 704, 705, 712 y 714 del Estatuto
Tributario, 180 de la Ley 1607 de 2012, y 70 del Decreto 806 de 1998. Los cargos
de nulidad se resumen de la siguiente manera:
1. Falta de competencia de la UGPP para proferir los actos acusados
Sostuvo que la Administración fiscalizó previamente las autoliquidaciones de los
meses de enero a diciembre de 2012, por lo que no era jurídicamente viable
investigar nuevamente dichos períodos, so pena de vulnerar los artículos 180 de la
Ley 1607 de 2012, 702 y 703 del Estatuto Tributario, de conformidad con los cuales
se puede expedir por una sola vez el requerimiento y la liquidación oficial4.
Precisó que era improcedente que la entidad alegara que el subsistema fiscalizado
en esta oportunidad era diferente, pues el principio de legalidad aplica para todas
las actuaciones administrativas. En ese sentido era imposible dividir su facultad de
glosar argumentando la individualidad de cada contribución, pues bajo dicho
sustento se podría proferir hasta 6 requerimientos por cada liquidación privada y
subsistema.
Pese a la facultad de conciliación de rubros concedida a la UGPP en la Ley 1739
de 2014, lo cierto es que esa disposición no habilitaba a la entidad para fiscalizar en
materia pensional en cualquier tiempo y menos cuando ya existía un procedimiento
de determinación oficial de aportes, aunado a que las autoridades administrativas
solo pueden hacer lo que la norma expresamente les permita.
A esto se suma que i) tanto el acto previo como el de determinación deben contener
la totalidad de los tributos, en este caso, de las contribuciones, según los artículos
704 y 712 del Estatuto Tributario; lo cual quedó consignado en el artículo 5 de la
Ley 797 de 20035; y ii) la administración no puede desconocer sus propios actos y
para revocarlos requiere de consentimiento del particular (artículo 97 de la Ley 1437
de 20116).
2. Firmeza de las declaraciones
Indicó que para los hechos investigados (2012) estaba vigente la Ley 1151 de 2007
4 Citó las sentencias de la Corte Constitucional C-485 de 2003 y del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del
26 de febrero de 2014, exp.19563 y del 7 de abril de 2005 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
5 Mencionó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 13 de agosto de 2015, exp.20162, C.P.
Jorge Octavio Ramírez; y de la Corte Constitucional C-064 de 2005.
6 Citó la sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013, exp.2005-00662-03 (AP), C.P. María
Claudia Rojas Lasso
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que remitía al Estatuto Tributario, por lo que debía observarse lo dispuesto en los
artículos 705 y 714 ibidem, de conformidad con los cuales la Administración cuenta
con el término de 2 años para notificar el requerimiento. Sin embargo, como en el
presente caso ello no ocurrió, operó el término de caducidad de la acción debido a
la firmeza de las liquidaciones privadas7.
Destacó que en este caso no era aplicable el término de los 5 años previsto en el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, comoquiera que su aplicación se daba
únicamente para los períodos posteriores a la expedición de la misma8.
En caso de aceptar que la norma vigente era la Ley 1607, puso de presente que la
UGPP admitió que remitió el requerimiento de información el 12 de marzo de 2013,
la entidad tenía 6 meses para proferir la liquidación oficial y no lo hizo.
3. Falta de competencia legal para aplicar el método de liquidación (cálculo
actuarial)
Manifestó que la UGPP asumió que la omisión en la afiliación del trabajador conlleva
la exigencia del pago del cálculo actuarial y no solo de las cotizaciones actualizadas
con los intereses moratorios previstos en la ley. Destacó que estos últimos están
relacionados con el cumplimiento tardío de un deber, mientras que el primero
corresponde a la estimación matemática del valor presente de la obligación
pensional futura, cuyo cobro solo surge cuando se cumplen los requisitos para
acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida.
4. Desconocimiento de los derechos al debido proceso y defensa
Reprochó que la UGPP desconociera las planillas pagadas con posterioridad a la
liquidación oficial, excediendo con ello la finalidad jurídica de la etapa del recurso
de reconsideración9.
5. Expedición irregular de los actos demandados
Sostuvo que la UGPP efectúa un doble cobro de aportes al considerar que las
Planillas Nros.13250737 y 13638898 no corresponden a los períodos fiscalizados.
Además, la Administración desconoció la novedad de vacaciones que disfrutaron
varios de sus trabajadores, presumiendo un período de días laborados que no
correspondía a la realidad, lo cual dio lugar a imprecisiones al liquidar el IBC.
Señaló que con el recurso de reconsideración se eliminaron los ajustes por un
trabajador y se mantuvieron otros, quienes tienen salario integral, desconociendo
en estos casos el artículo 70 del Decreto 806 de 1998.
Expuso que en acatamiento de una orden judicial pagó una serie de conceptos a
trabajadores de manera retroactiva y los aportes se realizaron de conformidad con
la sentencia (situación probada en sede administrativa), por lo que la demandada
no podía desconocerlos y pretender nuevamente su cobro, pues de ser así estaría
incurriendo en un enriquecimiento sin causa.
7 Hizo referencia a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de enero de 2001, C.P. Juan
Ángel Palacio Hincapié
8 Mencionó las sentencias de la Corte Constitucional C-619 de 2001 y C-512 de 2013.
9 Sobre el debido proceso citó la sentencia de la Corte Constitucional T-0453 de 2000
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Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente10:
Respecto al primer cargo precisó que el proceso de fiscalización en este caso se
adelantó únicamente respecto del subsistema de pensión, el cual no había sido
objeto de revisión en otro procedimiento anterior. Aclaró que el trámite
administrativo al que hizo referencia la actora (salud) fue transado por la figura de
terminación por mutuo acuerdo, aprobado mediante Acta Nro. 802 del 30 de junio
de 2015.
Expuso que los subsistemas son independientes entre ellos, razón por la cual podía
iniciar sus tareas de manera individual frente a cada uno de estos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 113 y 99 de las Leyes 6 de 1992 y 633 de 2000,
respectivamente, sin que ello implicara de manera alguna la vulneración a las
garantías del derecho al debido proceso, buena fe y confianza legítima. Sumado a
que la UGPP contaba con las competencias legales para determinar la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de los aportes.
Sobre el segundo cargo adujo que la firmeza de las declaraciones tributarias no
fue prevista por el legislador para las planillas, pues de conformidad con la
Constitución, la jurisprudencia, y la doctrina, en las acciones que involucran el
recaudo de sumas que por ley están destinadas al reconocimiento de prestaciones
de carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable, como lo son
los aportes a seguridad social, no es viable aplicar dicha figura.
Resaltó que ni siquiera con la expedición de la Ley 1607 de 2012 fue prevista, por
el contrario, lo que dispuso fue el término de 5 años para que la entidad iniciara las
acciones sancionatorias y de determinación, lo que era muy diferente a la firmeza
de las liquidaciones privadas, proceso que en todo caso se iniciaba con la
notificación del requerimiento de información, que en este caso fue el 12 de marzo
de 2013.
Precisó que era improcedente aplicar el artículo 714 del Estatuto Tributario por
tratarse de una norma de carácter sustancial que excedía la remisión del artículo
156 de la Ley 1151 de 2007, en ese orden, la fiscalización aquí discutida se adelantó
conforme con las disposiciones constitucionales y legales.
Destacó que el requerimiento para declarar y/o corregir fue notificado el 28 de
diciembre de 2015, la liquidación oficial data del 9 de septiembre de 2016 y fue
puesta en conocimiento de la parte el 15 del mismo mes y año, razón por la cual fue
expedida dentro del término que exige el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.
Frente al tercer cargo manifestó que en la Resolución Nro. RDC 2017-00322 de
2017 se eliminaron los ajustes por el cálculo actuarial para el subsistema de
pensiones, dado que se evidenció que la demandante no incurrió en omisión en la
afiliación a pensiones.
Respecto al cuarto cargo sostuvo que con el recurso de reconsideración la
sociedad aceptó los ajustes determinados para el subsistema de pensión sobre los
10 Índice 2 de Samai/EXPEDIENTE DIGITAL/ ED_CONTESTACI_06CONTESTACIONDEMAND(.pdf)
NroActua 2
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pagos efectuados con posterioridad al retiro de los trabajadores, y que los aportes
se realizaron como una corrección dentro de la planilla en que se reportó el
respectivo retiro.
Señaló que la liquidación oficial estaba motivada en circunstancias de hecho y de
derecho ocurridas con anterioridad a su expedición, por tanto, los argumentos de
inconformidad planteados en el recurso de reconsideración debían estar dirigidos a
atacar esos fundamentos, pero si, por el contrario, con ocasión a la determinación
oficial el aportante corregía y pagaba, como ocurrió en el presente caso, ningún
proceso culminaría, pues se dejaría sin soporte los actos demandados.
Sumado a lo anterior, los pagos alegados por la sociedad fueron de manera parcial,
situación que no podía viciar de nulidad las resoluciones acusadas, por cuanto
fueron expedidas con ocasión de la tipificación de la conducta. No obstante, en la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración se indicó que la Subdirección
de Cobranzas reconocería los abonos en la etapa de cobro.
Frente al quinto cargo expresó que, de los 289 registros alegados por la
demandante para el subsistema de pensión, con ocasión al recurso de
reconsideración desaparecieron 269, lo cual evidencia que no existió un doble
cobro de los aportes como lo señalaba la actora. Los restantes 20 ajustes
permanecieron bajo la causal “Se mantiene como pago no salarial base del cálculo del
excedente del 40% el concepto de “bonificación por retiro”. Aportante no allega soporte de que está
partida corresponde a una conciliación”, es decir, por una razón diferente a la alegada por
la actora.
Para el caso del fondo de solidaridad se eliminaron 234 registros, aduciendo que:
“Se revisan pruebas allegadas al proceso (Acta con conciliación). Se establece que la bonificación
por retiro fue pactada como acuerdo transaccional.”, es decir, no desaparecieron por la
causal de doble pago. Sin embargo, permanecieron 16 registros por lo siguiente: “Se
mantiene como pago no salarial base del cálculo del excedente del 40% el concepto de “bonificación
por retiro” y “Aportante no allega soporte de que está partida corresponde a una conciliación”.
Además, se disminuyeron 15 registros por la razón “Se registra pago de aportes por valor
inferior”, por lo que los ajustes no obedecen a lo indicado por la demandante
Expuso que las planillas Nros. 13250737 y 13638898, no correspondían a los
períodos con ajustes, razón por la cual no las tuvo en cuenta.
Afirmó que, en los casos de los trabajadores que presentaron novedad de
vacaciones, liquidó el IBC atendiendo lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 806
de 1998, tomando para el efecto el último salario base de cotización reportado con
anterioridad al disfrute del período de descanso. Como sustento de sus afirmaciones
ejemplificó el caso de 3 empleados.
Sobre los pagos efectuados por la sociedad por una orden judicial, destacó que
los relacionados con el trabajador Andrés Felipe Cañón no fueron tomados en
cuenta debido a que se realizaron con un número de cédula erróneo y la sociedad
omitió su corrección, pese a contar con el mecanismo para ello.
Puso de presente que en el sistema de seguridad social cobraba especial relevancia
la identificación precisa de los empleados para hacer frente a las contingencias que
se presentaran, de ahí que las cotizaciones realizadas con números de
identificaciones incorrectos, impedía que los trabajadores accedieran a los servicios
prestados.
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Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró
la nulidad parcial de los actos según las siguientes consideraciones11.
1. Firmeza de las autodeclaraciones
Consideró que para el momento de la presentación de las declaraciones
cuestionadas (del 1 de enero al 25 de diciembre de 2012), se encontraba vigente la
Ley 1151 de 2007, norma que en su artículo 156 ordenó la remisión al Estatuto
Tributario en asuntos que no fueron regulados. En ese sentido, era viable aplicar el
artículo 714 ibidem, según el cual la entidad contaba con el término de 2 años para
notificar el requerimiento para declarar y/o corregir so pena de operar el fenómeno
de firmeza. No obstante, para las declaraciones presentadas con posterioridad al
26 de diciembre de 2012, debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley
1607 de ese año.
Precisó que la firmeza de las declaraciones aludida resultaba procedente solo
respecto de la conducta de inexactitud y no de mora, pues esta carecía de la
presentación de planillas.
En ese contexto, expuso que como el requerimiento para declarar y/o corregir se
notificó el 28 de diciembre de 2015, las planillas presentadas de enero a noviembre
de 2012 estaban en firme, en atención al artículo 714 del Estatuto Tributario.
Respecto a la planilla de diciembre, como fue presentada en vigencia de la Ley 1607
de 2012, y el requerimiento de información se notificó el 12 de marzo de 2014, la
actuación de la Administración se adelantó dentro del término de los 5 años
previstos en el artículo 178 de la citada ley.
En esas condiciones declaró la nulidad parcial de los actos demandados debido a
la pérdida de competencia temporal de la UGPP para fiscalizar las vigencias de
enero a noviembre de 2012, únicamente respecto de la conducta de inexactitud. El
estudio de los demás cargos se realizó para el período de diciembre de 2012 y por
la conducta de mora.
2. Expedición de dos actos de liquidación por un mismo período
Precisó que cada uno de los subsistemas ampara una contingencia diferente, por
ende, se tratan de tributos independientes, razón por la cual la Administración
estaba facultada para efectuar su fiscalización de manera individual, tal como
ocurría por cada autoridad competente antes de la creación de la UGPP.
Agregó que para cada subsistema el legislador previó bases gravables y tarifas
diferentes y que el hecho de que la jurisprudencia permitiera que en un mismo acto
se puedan incluir diferentes obligaciones, no implicaba que se tratara de una regla
general o que en todos los casos la entidad debiera acumular en una misma
decisión todos los asuntos a fiscalizar. En ese contexto, no se vulneró el debido
proceso, habida cuenta que los 2 requerimientos expedidos por la UGPP se hicieron
por obligaciones parafiscales diferentes e independientes, el primero por salud, ARL
y aporte parafiscal, y el segundo por pensiones.
11 SAMAI/índice 2/EXPEDIENTE DIGITAL/ED_SENTENCIA_15SENTENCIAYNOTIFICA(.pdf) NroActua 2.
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3. Principio de legalidad – cálculo actuarial
Advirtió que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se
eliminaron los ajustes originados por omisión en el pago de los aportes a pensión
para el trabajador Germán Eduardo Fernández, por ende, no había lugar a debate
al respecto.
4. Del desconocimiento al debido proceso
Señaló que la UGPP debió validar y aplicar las planillas pagadas por la sociedad y
allegadas con ocasión al recurso de reconsideración a efectos de reducir los ajustes
calculados en la liquidación oficial, por cuanto ello constituye una garantía a los
derechos fundamentales de contradicción y defensa. Por esa razón, consideró que
prosperó el cargo y ordenó a la entidad validar las PILA alegadas por la actora, las
cuales fueron reseñadas por el tribunal.
5. Expedición irregular de los actos administrativos
Sobre el doble pago, encontró que frente a 3 trabajadores la sociedad realizó pagos
salariales y no salariales de manera posterior a su novedad de retiro, sobre los
cuales no efectuó las cotizaciones correspondientes, razón por la cual los ajustes
determinados estaban acorde a derecho. No prosperó el cargo.
Respecto a las vacaciones analizó los casos de 2 empleados que presentaron
ajustes por el período de diciembre de 2012. Respecto del primero de estos
encontró que el IBC determinado por la UGPP le era más beneficioso, y sobre el
segundo12, ordenó su reliquidación, comoquiera que la liquidación del Tribunal fue
igual al pago realizado por la demandante. Prosperó el cargo.
Frente a los aportes pagados por orden judicial, expuso que los reproches
relacionados en este cargo desaparecieron con la prosperidad de la firmeza
declarada, razón por la que no había lugar a un pronunciamiento de fondo.
En atención a la nulidad parcial de los actos, accedió a la devolución de pagos con
la indexación formulada por la actora, siempre y cuando realizada la
correspondiente liquidación resultara un saldo a favor.
Finalmente, no condenó en costas por no encontrarlas probadas en el proceso13.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primera instancia, por lo que pasa a
exponerse14:
Precisó que las tareas de seguimiento y determinación de la adecuada liquidación
de los aportes iniciaron con la notificación del requerimiento de información el 12 de
marzo de 2013. y no con el requerimiento para declarar y/o corregir como lo
entendió el Tribunal.
Expuso que la Ley 1607 de 2012 no consagró la firmeza de las planillas de
12
Andrés Stevens Pinzón Umbarla
13 Se pone de presente que la parte demandante solicitó la nulidad de todo lo actuado con posterior a la
sentencia por indebida notificación de la misma, petición que fue negada por el a quo en auto del 8 de julio
de 2022, el cual se puede consultar en el índice 43 del Tribunal.
14 Samai del Tribunal/índice 21
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autoliquidación sino un término de caducidad para dar inicio a las acciones de
determinación y sancionatorias, correspondiente a 5 años siguientes contados a
partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no lo hizo, y/o declaró por
valores inferiores a los que legalmente estaba obligado. Que la vigencia aquí
fiscalizada se encontraba cobijada por lo dispuesto en la citada norma.
Adujo que, en este caso, no era aplicable el artículo 714 del Estatuto Tributario por
tratarse de una norma de naturaleza sustancial que excedía los límites de la
remisión consagrada en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
Expresó que en el recurso de reconsideración la demandante, bajo la observación
“PAGOS ACEPTADOS POR LA COMPAÑÍA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON
LA LEY”, aceptó los ajustes determinados para el subsistema de pensión sobre los
pagos efectuados con posterioridad al retiro de los trabajadores y que esos aportes
se liquidaron como una corrección dentro de la planilla en la que se reportó el
respectivo retiro.
Así, la liquidación oficial fue motivada en circunstancias de hecho y de derecho
ocurridas con anterioridad a su expedición, por tanto, los argumentos de
inconformidad planteados en el recurso de reconsideración debían dirigirse a atacar
esos fundamentos, pero, si con ocasión de la determinación oficial de las
contribuciones el aportante procedía a la corrección y al pago, como ocurrió en el
presente caso, ningún proceso culminaría, dado que todos los contribuyentes al
corregir sus conductas dejarían sin soporte los actos expedidos por la UGPP.
Sumado a esto, los pagos efectuados por la demandante se hicieron de manera
parcial, situación que no podía viciar de nulidad las resoluciones acusadas, por
cuanto las mismas fueron expedidas con ocasión de la tipificación de la conducta.
Puso de presente que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración le
fue señalado a la sociedad que los pagos serían aplicados por la Subdirección de
Cobranzas de la entidad.
En cuanto a la eliminación del ajuste propuesto por el trabajador Andrés Stevens
Pinzón Umbarla para el mes de diciembre de 2012 en el subsistema de pensión,
señaló que para la determinación del IBC cuando se presente la novedad de
vacaciones, debe tomarse la base de cotización del mes anterior, de manera que,
como el empleado disfrutó del descanso en los meses de octubre, noviembre y
diciembre, debía observarse el mes de septiembre y no el de octubre como lo hizo
el a quo.
Así mismo, destacó que de manera errada el Tribunal tomó como IBC el valor de
$1.747.600, siendo ese el salario básico del trabajador y no el ingreso base de
cotización resultante de los valores percibidos por el empleado. En su lugar, el
monto correcto era de $2.319.000. Luego de ejemplificar la liquidación del ajuste,
concluyó que éste debía persistir.
Alegatos de conclusión
La demandada15 se ratificó en los argumentos expuestos el recurso de apelación
relacionados con la firmeza y la liquidación de aportes con la novedad de
vacaciones.
15 Índice 20 de Samai
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Ministerio Público
El agente del Ministerio Público16 señaló que era procedente la firmeza de las
declaraciones correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2012, dado
que la Administración notificó por fuera del término de 2 años el requerimiento para
declarar y/o corregir en los términos previstos por el artículo 714 del Estatuto
Tributario, norma vigente para los hechos por la remisión expresa del artículo 156
de la Ley 1151 de 201117. Manifestó que era acertada la postura de no aplicar la
firmeza para la conducta de mora, al no presentarse autoliquidaciones.
Adujo que compartía la decisión del Tribunal sobre i) el reconocimiento de las
planillas pagadas con ocasión al recurso de reconsideración y ii) el cálculo del IBC
del trabajador Andrés Stevens Pinzón Umbarla, comoquiera que la sentencia lo hizo
observando el ingreso base de cotización del período correspondiente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la
demandada contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial
de la Liquidación Oficial Nro. RDO 2016-00789 del 9 de septiembre de 2016 y la
Resolución Nro. RDC 2017-00322 del 11 de septiembre de 2017, por medio de las
cuales se determinaron ajustes por mora e inexactitud en el subsistema de pensión
a cargo de la sociedad actora.
En este caso, el problema jurídico se centra en estudiar: i) la firmeza de las
declaraciones privadas correspondientes a los meses de enero a noviembre de
2012; ii) el reconocimiento de las planillas pagadas con posterioridad a la liquidación
oficial y iii) la liquidación del IBC con novedad de vacaciones para un trabajador.
1. De la firmeza de las declaraciones
Se pone de presente que el Tribunal solo declaró la firmeza para la conducta de
inexactitud y no para la mora, aspecto que no fue apelado por la parte interesada,
razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto.
Para resolver, se debe precisar que esta Sala ya se pronunció sobre este asunto,
por lo que aplicará en lo pertinente, el criterio de decisión judicial adoptado sobre el
particular18. En dichas providencias se analizaron los fundamentos procedimentales
para la determinación oficial de las contribuciones parafiscales administradas por la
UGPP, en concreto, si el término para la revisión de las autoliquidaciones previsto
en el artículo 714 del Estatuto Tributario era aplicable a los denuncios presentados
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012.
Al efecto, se dijo que las leyes procesales que regulan las formas para reclamar
derechos se encuentran cubiertas por el principio de irretroactividad de las normas
16 Índice 21 de Samai
17 Sobre la aplicación del artículo 714 del Estatuto Tributario citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, del 25 de noviembre de 2021, exp.25694, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 30 de septiembre
de 2021, exp.25313, C.P. Milton Chaves García.
18 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 24 de octubre de 2019, exp.23599, y del 30 de octubre
de 2019, exp.23817, ambas con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 30 de julio de
2020, exp.24179, C.P. Milton Chaves García; 1 de julio de 2021, exp.25176, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 15 de octubre de 2021,
exp.23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 28 de octubre de 2021 y 10 de marzo de 2022, exps.25213
y 25199 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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generales, de manera que solo deben aplicarse hacía el futuro, pero los términos
que hubieren comenzado a correr y las actuaciones y diligencias iniciadas, se deben
regir por la norma vigente al tiempo de su iniciación, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,19 modificado por el artículo 624 del Código
General del Proceso.
Por lo anterior, la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes
a la determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad que
debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es el previsto en el artículo 714 del ET si la
declaración, o la última corrección, se presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha
de entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo término que alcanza tanto a
las situaciones de omisión de la afiliación, como a las de inexactitud en la autoliquidación o las
infracciones que corresponda.”20
En dichos precedentes también se tuvo en cuenta que, la Ley 1151 de 2007 en su
artículo 156 dispuso, entre las funciones de la UGPP, la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social.
Además, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, dichos recursos
parafiscales, tenían naturaleza tributaria y, por ende, estaban sujetos a los principios
que aplican en esta materia. Esto se refuerza con la sentencia C-577 de 1995 en la
que se manifestó que según “las características de la cotización en seguridad social, se trata
de una típica contribución parafiscal, distinta de los impuestos y las tasas. En efecto, constituye un
gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo de
personas cuyas necesidades en salud se satisfacen con los recursos recaudados, pero que carece
de una contraprestación equivalente al monto de la tarifa. Los recursos provenientes de la cotización
de seguridad social no entran a engrosar las arcas del presupuesto Nacional, ya que se destinan a
financiar el sistema general de seguridad social en salud”.
En ese contexto, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a las
planillas de autoliquidación de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando éstas hayan
sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 201221
Así, en virtud de la norma tributaria, la declaración quedaba en firme, para la época
de los hechos, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para
declarar no se notificaba requerimiento, y en caso de presentación extemporánea,
esos 2 años computaban a partir de la fecha de presentación de la planilla.
En este caso, se tiene que la Administración notificó el Requerimiento para Declarar
Nro. 1188 del 17 de noviembre de 2015, el 28 de diciembre del mismo año22,
momento para el cual ya había operado la firmeza de los períodos de enero a
noviembre de 2012, pues desde la fecha de presentación de esas planillas ya
habían transcurrido más de los 2 años que prescribe el citado artículo 714 del
Estatuto Tributario23.
19
ARTICULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. (…)
20 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez
21 La Ley fue publicada en el Diario Oficial Nro. 48.655 de 26 de diciembre de 2012.
22 Información obtenida de los actos demandados.
23 De conformidad con la Resolución Nro. RDC 2017-00322 DE 2017, la última planilla presentada antes de la
vigencia de la Ley 1607 de 2012, fue el 7 de diciembre de ese año (páginas 28 y 29)
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Se advierte que tampoco es procedente el argumento de la UGPP según el cual el
requerimiento de información es el acto que dio inicio al proceso de fiscalización en
contra de la demandante, pues el artículo 714 del Estatuto Tributario, de forma
expresa, dispone que con anterioridad a la expedición de la liquidación oficial se
debe proferir el requerimiento especial, que en materia de contribuciones
parafiscales corresponde es al requerimiento para declarar y/o corregir.24
Así las cosas, no le asiste razón a la UGPP, por lo que debe confirmarse la sentencia
apelada.
2. Planillas pagadas con posterioridad a la liquidación oficial
La apelante repara que la liquidación oficial fue motivada en circunstancias de hecho
y de derecho ocurridas con anterioridad a su expedición, por tanto, los argumentos
de inconformidad planteados en el recurso de reconsideración debían dirigirse a
atacar esos fundamentos. Señaló que, de aceptar los pagos, como ocurrió en el
presente, ningún proceso culminaría, dado que todos los contribuyentes al corregir
sus conductas dejarían sin soporte los actos expedidos por la unidad.
Sumado a esto, los pagos efectuados por la demandante fueron de manera parcial,
situación que no podía viciar de nulidad las resoluciones acusadas, por cuanto
fueron expedidas con ocasión de la tipificación de la conducta y se debían aplicar
en la etapa de cobro por la Subdirección de Cobranzas.
Sobre este asunto, en la resolución que desató el recurso de reconsideración, la
UGPP expuso lo siguiente:
“De otra parte, frente a los pagos efectuados con las planillas descritas a continuación, se
aclara que serán aplicados por la Subdirección de Cobranzas de la Dirección de Parafiscales
de esta Unidad, en la respectiva etapa de cobro:
Planilla No. Fecha de pago Planilla No. Fecha de pago
19581472 04/05/2017 19538029; 30465405 04/05/2017
19583754 04/05/2017 19538123; 33950916 04/05/2017
19584602 04/05/2017 19584654; 34036777 04/05/2017
19580717 04/05/2017 16697492; 34036777 15/12/2016
19585310 04/05/2017 19538267; 38078027 04/05/2017
19584202 04/05/2017 19584699; 38124632 04/05/2017
16702003 15/12/2016 16697628; 38124632 15/12/2016
16702098 15/12/2016 19538378; 42721902 04/05/2017
16702133 15/12/2016 19584801; 43495639 04/05/2017
16702185 15/12/2016 16697821; 43495639 15/12/2016
16702257 15/12/2016 19538461; 47386500 04/05/2017
16702308 15/12/2016 19584867; 47445134 04/05/2017
19405044; 9536879 04/05/2017 16697965; 47445134 15/12/2016
16578188; 9536879 15/12/2016 19584966; 51722905 04/05/2017
19580717;9536879 04/05/2017 16698379; 51722905 15/12/2016
12822508; 19585330 04/05/2017 19538619; 53637597 04/05/2017
12822508; 16583647 15/12/2016 16595789; 53637597 15/12/2016
17046005; 19535252 04/05/2017 19585049; 54009625 04/05/2017
19537822; 20581568 15/12/2016 16698668; 54009625 15/12/2016
16587174; 20581568 15/12/2016
Teniendo en cuenta que los pagos efectuados con estas planillas se realizaron después del
15 de septiembre de 2016, fecha en que se notificó la liquidación oficial, no pueden ser
aplicados en esta instancia ya que corresponden a nuevos hechos que no fueron objeto de
debate en el acto administrativo impugnado, por tanto, se reitera que serán tenidos en cuenta
en la respectiva etapa de cobro.”
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 3 de marzo de 2022, exp.25539, C.P. Milton Chaves
García, reiterada el 23 de marzo de 2023, Exp. 27014, C.P: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Sobre este asunto, el Tribunal accedió al reconocimiento de las mencionadas
planillas, decisión que esta Sala comparte, pues de conformidad con criterios
expuestos en ocasiones anteriores “la interposición del recurso de reconsideración es uno de
los momentos procesales oportunos para que el contribuyente entregue a la Administración las
pruebas que pretende hacer valer a su favor, como en el presente caso, las planillas PILA que
demostraban el pago parcial de los ajustes que se determinaron en el acto de liquidación”25
Considerando entonces que el reproche de la entidad se concreta en que los pagos
no debían aceptarse con ocasión del recurso de reconsideración, se insiste en lo
dicho por Sección26 : “no es de recibo que la UGPP haya prescindido de la valoración de dichas
pruebas, desconociendo las oportunidades probatorias previstas en el artículo 744 del ET y, la
facultad que tiene de revisar su propia actuación antes del control judicial, con el propósito de
confirmarla, modificarla o revocarla. Revisión que a su vez constituye una garantía del derecho de
defensa del administrado, pues le permite expresar probar las inconformidades con el acto definitivo.”
De conformidad con lo mencionado, no prospera el cargo de apelación propuesto
por la entidad demandada.
3. Vacaciones
La UGPP alega que no era procedente eliminar el ajuste propuesto por el trabajador
Andrés Stevens Pinzón Umbarla para el mes de diciembre de 2012 en el subsistema
de pensión, comoquiera que tomó el IBC correcto del mes de septiembre, pues
dicho empleado presentó novedad de vacaciones durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Para resolver este asunto, se tiene que, de conformidad con el numeral 1 del artículo
186 del Código Sustantivo del Trabajo, “Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios
durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas”
El inciso segundo artículo 70 del Decreto 806 de 1998 dispone que “las cotizaciones
durante las vacaciones y permisos remunerados se causarán en su totalidad y el pago de los aportes
se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la
cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones o permisos.”
Sobre las vacaciones, esta Sala27 ha manifestado que, cuando el trabajador disfruta
el descaso, se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión con
el IBC anterior al inicio del descanso. Así mismo, en este evento, no se causan los
aportes a la ARL ante la ausencia de riesgo, según el artículo 19 del Decreto 1772
de 1994. Y, en materia de aportes parafiscales, la suma pagada por ese concepto
debe incluirse en la base de liquidación por disposición legal (artículo 17 de la Ley
21 de 1982).
Ahora bien, la Sala procederá a revisar la liquidación del IBC del trabajador Andrés
Stevens Pinzón Umbarla, quien para el mes de diciembre disfrutó 17 días de
vacaciones y laboró 1328.
25
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto
26 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 4 de agosto de 2022, exp.24246, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, reiterada en la sentencia del 20 de octubre de 2022, exp.26099, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de agosto de 2021, exp. 24735 C.P. Stella Jeanette
Carvajal Basto, reiterada en sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 25302 C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
28 Información que se tomó del archivo SQL anexo a la Resolución Nro.RDC-2017-00322 de 2017 y el archivo
que contiene el consolidado de las planillas, el cual se puede consultar en Antecedentes
administrativos/LIQUIDACIÓN OFICIAL/13.PILA/Pila830122566_08-08-2016
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De conformidad con la PILA aportada en sede administrativa, durante los meses de
octubre y noviembre también se presentó la novedad de vacaciones, razón por la
cual debe observarse el IBC del mes de septiembre, por tratarse del período
inmediatamente anterior al descanso29. En la PILA del mes de septiembre se reportó
un IBC en pensión de $2.319.00030, de suerte que la base de cotización para los 17
días de vacaciones sea de $1.314.10031.
Por su parte, el IBC de los 13 días trabajados debe determinarse en razón a los
conceptos salariales percibidos que en este caso fueron: $757.293 (sueldo) +
$358.622 (auxilios salariales) = $1.115.915. Así, el ingreso base de cotización de
los días de vacaciones y los laborados en diciembre corresponde a $2.430.015.
Revisado el archivo SQL anexo a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración se advierte que el IBC antes calculado es idéntico al determinado
por la entidad, razón por la cual prospera este cargo de apelación.
En ese contexto, se modificará la decisión apelada en el sentido de eliminar la orden
relacionada con la anulación de los ajustes del mes de diciembre de 2012 del
trabajador Andrés Stevens Pinzón Umbarla, es decir, que dicha liquidación debe
persistir.
Finalmente, no habrá condena en costas en esta instancia, en razón a que no se
comprobó su causación como lo exige el artículo 365 del Código General del
Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, el 10 de septiembre de 2020, el cual quedará así:
“SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE (i) la firmeza de las
autoliquidaciones presentadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP,
respecto de los períodos de enero a noviembre de 2012 en lo que respecta a la conducta de
inexactitud y (ii) ORDÉNASE a la UGPP valide y aplique los pagos realizados mediante las
planillas de autoliquidación PILA que se encuentran relacionadas en la parte motiva de esta
providencia”.
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Reconocer personería al abogado Rafael Eduardo Piedrahíta Ochoa como
apoderado de la demandada, en los términos del poder visible en el índice 20
de Samai.
29 Antecedentes administrativos/LIQUIDACIÓN OFICIAL/13.PILA/Pila830122566_08-08-2016
30 Si bien en el expediente no fue posible encontrar el archivo de nómina, la Sala tomará el valor reportado en
la PILA en el mes de septiembre de 2012, comoquiera que dicho período no fue fiscalizado.
31 $2.319.000/30*17=$1.314.000
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Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
15
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