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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00080-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00080-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el cual queda así: SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación, en la que: a) se modifique el IBC de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales de los trabajadores que devengaron el concepto “bono por mera liberalidad” y “bono por mera liberalidad con gross up”; teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la parte considerativa, en lo que respecta a actualizar el IBC sin incluir el rubro como salarial sino que debe ser tenido como desalarizado, para lo cual aplicará, en los casos que corresponda, el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, b) se eliminen los mayores valores determinados por inexactitud al incluir en el IBC pagos no salariales por concepto de «Gross Up Car Allowance», «Gross Up Schooling Allowance», «Gross Up Housing Allowance» y «Gross Up Gasoline Allowance», c) se eliminen los ajustes determinados al incluir en el IBC los pagos no salariales por concepto de «Tarjetas People Pass – Meal Tickets», por no integrar la base de aportes al sistema de seguridad social y d) se disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a las cotizaciones. Además, que proceda a la devolución de los aportes en exceso que se generen con la reliquidación, previa verificación de los pagos a que haya lugar, de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016. 2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 58 Se mantiene la decisión en los mismos términos de la sentencia de primera instancia, toda vez que frente al cargo no prosperó el recurso de apelación de la entidad. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628] Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2018-00080-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de marzo de 2023

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Temas: Contribuciones parafiscales al sistema de la protección social
(enero a diciembre de 2013). Alcance recurso de apelación. Pagos
no salariales. Límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010). Tope
IBC (25 SMMLV). Carga de la prueba

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante1 y
demandada2, contra la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que
resolvió3:

«PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial RDO 2016-00810
del 21 de septiembre de 2016 y la Resolución RDC 2017-00357 del 29 de septiembre de 2017
que resolvió el recurso de reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por
mora e inexactitud en los pagos al Sistema de Protección Social por los periodos de enero a
diciembre de 2013 a la sociedad JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA SAS, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento:

• SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP modificar el IBC
de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales de los trabajadores que devengaron el
concepto “bono por mera liberalidad” y “bono por mera liberalidad con gross up”; teniendo en
cuenta las observaciones realizadas en la parte considerativa, en lo que respecta a actualizar
el IBC sin incluir el rubro como salarial sino que debe ser tenido como desalarizado, para lo
cual aplicará, en los casos que corresponda, el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010.

1
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CUAD1CD4FOLIO281ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2». Archivo: «01RecursoApelacionDTE.pdf».
2
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CUAD1CD4FOLIO281ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2». Archivo: «RECURSO DE APELACIÓN - UGPP.pdf».
3
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CUAD1CD4FOLIO281ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2». Archivo: «SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 2018-00080.pdf».

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

• Consecuentemente, deberá recalcularse el monto de la sanción por inexactitud, según las
variaciones de deuda a cargo que arroje la reliquidación antes referida.

TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Por no haberse causado no se condena en costas […]».

ANTECEDENTES

El 28 de diciembre de 2015, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2015-
01371, en contra de la sociedad JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S., por mora
e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social por los períodos de enero a diciembre de 2013, e impuso sanción por
inexactitud4.

El 21 de septiembre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UGPP profirió la Liquidación Oficial nro. RDO-2016-00810, por las conductas, períodos
y sistemas objeto del requerimiento para declarar y/o corregir5.

El 25 de noviembre de 2016, la sociedad aportante interpuso recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial6, decidido el 29 de septiembre de 2017 por
la Dirección de Parafiscales de la UGPP mediante la Resolución nro. RDC-2017-
00357, en el sentido de modificar los ajustes y la sanción por inexactitud7.

DEMANDA

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones8:

«Previo el análisis de los hechos, los argumentos de derecho y las pruebas, respetuosamente
solicito a esta H. Corporación que declare la nulidad de los actos acusados, como fueran
relacionados en la referencia de este escrito de demanda. Además, a modo de restablecimiento
del derecho solicito que como consecuencia de la anulación de los actos acusados se declare:

a. Que los ajustes determinados a las autoliquidaciones de JMC por los meses de enero a
diciembre de 2013, y su correspondiente sanción por inexactitud, no son procedentes y por
ello mi representada no adeuda suma alguna por dichos conceptos.

b. Que la UGPP debe devolver el exceso que pagó la Compañía sobre los ajustes mencionados,
junto con la indexación e intereses que por ley se deben reconocer en estos casos.

4
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTIG
ODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «CD2 Folio 233 Cuaderno 1», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS»,
«Liquidación Oficial», «3. Papeles de Trabajo». Archivo: «RDOC No. RCD-2015-01371.pdf».
5
Fls. 64 a 115 c.p. 1.
6
Según lo expuesto en la parte considerativa de la resolución que decidió el recurso de reconsideración.
7
Fls. 119 a 175 c.p. 1.
8
Fls. 2 a 3 c.p. 1.

2

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

c. Que la UGPP debe archivar el expediente que por este particular se haya abierto en contra
de la Compañía, y

d. Que no son de cargo de JMC las costas en que haya incurrido la UGPP con relación a la
actuación administrativa, ni las de este proceso».

Invocó como disposiciones violadas las siguientes9:

• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo
• Artículos 387-1, 647, 742, 743, 744, 746, 750, 751 y 753 del Estatuto Tributario
• Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículos 25 y 197 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 7 del Decreto 1828 de 2013
• Acuerdo 1035 de 2015

Como concepto de la violación expuso10:

1. Carga de la prueba

Las conductas imputadas por la UGPP no se pueden asimilar a las circunstancias
previstas en los artículos 786 a 791 del ET11, que deben ser probadas por el
contribuyente. En el presente caso, la entidad no cumplió con la carga de desvirtuar
los valores de las autoliquidaciones del año 2013.

2. Carácter no salarial de los bonos por mera liberalidad

La UGPP consideró el «bono de mera liberalidad» y el «bono de mera liberalidad con gross
up» como remuneración por el servicio prestado. Sin embargo, para algunos
trabajadores sí reconoce el pago como no salarial porque en esos casos existe el
soporte documental requerido, adicionando al IBC la parte que supera el límite del 40%
(art. 30 de la Ley 1393 de 2010).

Sin embargo, esos reconocimientos no son salario según el artículo 128 del CST, al
tratarse de pagos ocasionales y reconocidos por mera liberalidad en un único mes del
año 2013, por lo que la UGPP no puede concluir que esos conceptos integran el IBC
solo porque no se acreditaron los acuerdos de exclusión.

Las bonificaciones se originaron por la voluntad del empleador, libremente y sin que
existiera un compromiso previo con los trabajadores, porque no era necesario para
probar su naturaleza no salarial.

3. Indebida valoración probatoria

9
Fl. 10 c.p. 1.
10
Fls. 10 a 27 c.p. 1.
11
Se refieren a: (i) los ingresos no constitutivos de renta, (ii) los pagos y pasivos negados por los beneficiarios, (iii) las
exenciones, (iv) los hechos que justifican un aumento patrimonial, (v) los activos poseídos a nombre de terceros y (vi) las
transacciones efectuadas con personas fallecidas.

3

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

La UGPP desestimó las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo que
daban cuenta de la naturaleza no salarial de las bonificaciones, comoquiera que esos
pagos no constituyen salario en todos los casos, y no sólo de los aceptados por la
entidad.

4. Carácter no salarial de otros pagos

La entidad consideró como salario los conceptos de «Gross Up Car Allowance, Gross Up
Schooling Allowance, Gross Up Housing Allowance» y «Gross Up Gasoline Allowance»,
argumentando que se registraron contablemente con la denominación «gross up». Es
improcedente que la UGPP reconozca la naturaleza no salarial de los beneficios «Car
Allowance, Schooling Allowance, Housing Allowance» y «Gasoline Allowance» pero no de
los registros de «gross up», porque se trata del mismo reconocimiento. Esa
denominación es un cálculo contable en el que la sociedad establece el valor bruto del
auxilio y asume los descuentos legales que corresponderían al empleado, para que
este reciba efectivamente el valor neto acordado; por lo tanto, no se trata de una
subvención adicional, como lo entendió la UGPP.

5. Tope mensual de SMMLV

Las diferencias en el pago de aportes de trabajadores que devengaron un salario igual
o superior a 25 SMMLV y que laboraron períodos inferiores a 30 días en el mes se
debe a que la planilla PILA tenía una programación especial que no permitía
modificarse, razón por la cual, la sociedad cotizó según el tope de 25 SMMLV dividido
entre 30 días, tratándose de un hecho ajeno a la aportante.

6. Pagos no salariales para calcular el límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393
de 2010)

La UGPP incluyó las «tarjetas People Pass (Meal Tickets)» para calcular el límite del 40%,
desconociendo que se trata de erogaciones que no representan un ingreso para los
trabajadores ni incrementan su patrimonio, porque es el tercero proveedor quien recibe
el pago y, por tanto, deben excluirse del IBC.

7. Exoneración de aportes

La entidad liquidó aportes en casos en los que los trabajadores devengaron menos de
10 SMMLV que dan derecho a la exoneración de las contribuciones parafiscales (art.
25 de la Ley 1607 de 2012).

8. Sanción de inexactitud

La sociedad no incurrió en alguno de los supuestos de inexactitud (art. 647 del ET) y
no procede la sanción impuesta. La conducta imputada tiene origen en una diferencia
de criterios respecto de la norma aplicable.

4

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

Solicitó como medida cautelar ordenar a la UGPP abstenerse de efectuar el cobro
coactivo de la obligación, para proteger provisionalmente el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia12.

OPOSICIÓN

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente13:

Solamente en los casos en los que se allegó la prueba, se reconoció la naturaleza no
salarial del «bono de mera liberalidad y bono de mera liberalidad con gross up»,
manteniéndose como salario para los trabajadores sobre los que no presentaron los
acuerdos.

La entidad valoró los medios probatorios aportados y se redujeron los ajustes
inicialmente determinados. Se refirió a los casos de Sara María Limón Domínguez y
Ricardo Caro Quintero.

Los conceptos de «Gross Up Car Allowance, Gross Up Schooling Allowance, Gross Up
Housing Allowance» y «Gross Up Gasoline Allowance» se determinaron como salariales
sobre los trabajadores en los que no se allegó soporte que acreditara lo contrario.

Para justificar la liberalidad de los pagos, la sociedad aportó un estado de pérdidas y
ganancias del año 2013; sin embargo, ese documento no cuenta con notas explicativas
y no desarrolla la connotación de los conceptos cuestionados.

Carece de validez el argumento según el cual una falla técnica del sistema informático
de las planillas PILA no permitía el pago por los días efectivamente laborados. Los
ajustes se originaron porque se evidenciaron casos en los que se trabajaron menos de
30 días y los factores salariales superaron el valor de 25 SMMLV, por lo cual se
determinó como IBC dicho tope legal, independiente de los días laborados.

Los valores por concepto de «Tarjetas People Pass – Meal Tickets» fueron considerados
como no salariales sujetos al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010), por lo
que proceden los ajustes por inexactitud.

Para los trabajadores cuya remuneración total fue superior a 10 SMMLV, la sociedad
no tenía derecho a la exoneración de aportes parafiscales (art. 25 de la Ley 1607 de
2012).

La sanción por inexactitud está fundamentada en el artículo 179 de la Ley 1607 de
2012. Por tal razón, no procede la remisión al artículo 647 del ET, al tratarse de
presupuestos independientes a la declaración y pago de las contribuciones al sistema.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

12
Solicitud negada mediante auto del 14 de noviembre de 2019. Cfr. Índice 31 de SAMAI – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
13
Fls. 211 a 224 c.p. 1.

5

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

Mediante providencia del 3 de julio de 2020, se prescindió de la audiencia inicial, se
tuvieron como pruebas las aportadas al expediente y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto14.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en la
sentencia apelada: (i) anuló parcialmente los actos administrativos demandados; (ii) a
título de restablecimiento del derecho: a) ordenó a la UGPP modificar el IBC de los
trabajadores que recibieron pagos no salariales por «bono por mera liberalidad» y «bono
por mera liberalidad con gross up», sujetándolos al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393
de 2010) y b) reliquidar la sanción por inexactitud como consecuencia de la variación
de los ajustes; (iii) negó las demás pretensiones y (iv) no condenó en costas, con
fundamento en lo siguiente15:

Los conceptos «bono por mera liberalidad» y «bono por mera liberalidad con gross up» se
otorgaron por una sola vez y por voluntad del empleador, en la nómina de abril de 2013
a trabajadores que completaron ciertos días de vinculación en el año 2012; por lo tanto,
como el pago fue extraordinario y de mera liberalidad, es un reconocimiento ocasional,
previsto en el primer grupo de emolumentos no salariales del artículo 128 del CST, que
no requería prueba de las cláusulas de desalarización. Prosperó el cargo y ordenó a
la entidad reliquidar los aportes de 52 trabajadores16, modificando el IBC según la
connotación no salarial de las bonificaciones, con observancia del límite del 40% (art.
30 de la Ley 1393 de 2010).

Los emolumentos «gross up» de reconocimientos periódicos para auxilios de vehículos,
escolarización, hospedajes y gasolina consisten en beneficios que, por regla general,
constituyen salario cuando se pagan en dinero o en especie, razón por la cual, se
requería pacto de exclusión salarial y, como la sociedad no los aportó, es válido que
la UGPP los reclasificara como tales. Negó el cargo.

Frente a las cotizaciones de trabajadores que devengaron más de 25 SMMLV y
laboraron menos de 30 días, el argumento de las fallas técnicas en el sistema
informático de las planillas carece de soporte probatorio y no constituye razón válida
para que la sociedad no hubiese presentado una planilla adicional por los casos
referidos, como lo hizo con algunos pagos con posterioridad a la liquidación oficial.
Negó el cargo.

Los pagos por «tarjetas People Pass – Meal Tickets» son reconocimientos adicionales
que, si bien no son salario, están sujetos al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de
2010), independiente de que se hagan a través de terceros. Negó el cargo.

14
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD3FOLIO279ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «25000-23-37-000-2018-00080-00». Archivo: «1. 2018-00080-00 AUTO 3 DE
JULIO.pdf».
15
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CUAD1CD4FOLIO281ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2». Archivo: «SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 2018-00080.pdf».
16
Relacionados en las págs. 31 a 33 de la sentencia apelada.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

La exoneración de aportes al SENA e ICBF (art. 25 de la Ley 1607 de 2012) procede
cuando el total devengado por cada trabajador no supere los 10 SMMLV, para lo cual
deben incluirse todos los pagos, sean de naturaleza salarial o no. Negó el cargo.

La sanción por inexactitud es procedente dado que la sociedad pagó valores inferiores
a los que estaba obligada, sin que se presente diferencia de criterios como causal
eximente, porque así no fue previsto por el legislador. Sin embargo, dada la
prosperidad de un cargo de nulidad, es del caso recalcular el monto de la sanción de
manera proporcional a los ajustes que la UGPP liquide.
En conclusión, solo prosperaron los cargos relacionados con los pagos por «bono por
mera liberalidad» y «bono por mera liberalidad con gross up», y la sanción por inexactitud,
parcialmente.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada17 apeló la sentencia de primera instancia, en los siguientes
términos:

Es necesario que la actora probara que los bonos por mera liberalidad se pactaron
como no constitutivos de salario frente a cada trabajador, pues no puede imponérsele
una condición que desconoce al suscribir el contrato laboral. Ante la ausencia de dicho
pacto, los conceptos de «Bono mera liberalidad», «Bono Mera lib con gross» y «Bono Mera
lib Gross» deben entenderse como salario, sin que resulte posible presumir la
naturaleza contraria, dado que dicha interpretación desconoce el artículo 128 del CST.

La parte demandante18 apeló parcialmente la sentencia de primera instancia según
los siguientes argumentos:

Carga de la prueba

El tribunal insistió en exigir soporte documental adicional al aportado en sede
administrativa, desconociendo que la carga de demostrar las conductas imputadas era
de la UGPP porque las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. En
el ordenamiento jurídico opera la sana crítica, y no la tarifa legal, y es errado que la
entidad y el a quo reclamen pruebas complementarias de quien no debe allegarlas.

El tribunal negó pruebas sobre hechos que, en la sentencia, afirma que no fueron
demostrados

El a quo no tuvo en cuenta los documentos que se acompañaron en la respuesta al
requerimiento para declarar y/o corregir y en el recurso de reconsideración. Sobre la
prueba testimonial solicitada, consideró que no esclarecía la litis, para luego, en la
sentencia, afirmar que hubo aspectos sobre los que no se ofrecieron pruebas.

Beneficios denominados «Gross Up Car Allowance», «Gross Up schooling
Allowance», «Gross up housing Allowance» y «Gross up Gasoline Allowance»
17
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CUAD1CD4FOLIO281ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2». Archivo: «RECURSO DE APELACIÓN - UGPP.pdf».
18
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CUAD1CD4FOLIO281ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2». Archivo: «01RecursoApelacionDTE.pdf».

7

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Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

La razón de la discusión es que los conceptos «Car Allowance, Schooling Allowance,
Housing Allowance» y «Gasoline Allowance» no son salariales y sobre eso no existe
debate, lo que afirma la UGPP es que el «gross up» de esos emolumentos no pueden
seguir la misma suerte. Se reitera que esa denominación es un término contable para
determinar el valor bruto del auxilio para que, después de realizar los descuentos
legales, el trabajador reciba la suma neta acordada. Por ende, no puede ser concebido
como un auxilio adicional, porque está subsumido en ese mismo beneficio.

Planilla de trabajadores que devengaron un salario igual o superior a 25 SMMLV

Era la entidad quien debía probar que, para el año 2013, la planilla PILA estaba
diseñada de forma distinta a lo afirmado por la sociedad. Como se negaron las pruebas
solicitadas, no se admite que la discusión se hubiera resuelto a partir de la falta de
actividad probatoria.

Naturaleza de las «Tarjetas People Pass – Meal Tickets»

El cupo de las tarjetas no representa un ingreso para los trabajadores sino para un
tercero ajeno a la relación laboral, quien es el que recibe el pago por el servicio
prestado. Por tanto, debe ser excluido del IBC, y del límite del 40% (art. 30 de la Ley
1393 de 2010), al ser un rubro que no incrementa el patrimonio del empleado.

Sanción por inexactitud

Se debe aplicar la parte procedimental del Estatuto Tributario por la remisión de la Ley
1151 de 2007 (art. 156). No hay lugar a la imposición de la multa en tanto las
diferencias se originan de una interpretación razonable del derecho aplicable que hizo
la sociedad, sin que exista un comportamiento con propósito defraudatorio.

Finalmente, se opuso al recurso de apelación presentado por la UGPP, reiterando los
argumentos de la demanda.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación de las partes se admitieron mediante auto del 6 de
septiembre de 202219, y no hubo pronunciamiento sobre el particular. Al no ser
necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar
(nums. 4 y 5, art. 247 del CPACA)20. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra la
sociedad demandante, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al sistema de la protección social por los períodos de enero a diciembre de

19
Índice 4 de SAMAI.
20
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8

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Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

2013, e impuso sanción por inexactitud, y de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración en el sentido de reducir los ajustes y la sanción.

Cuestión previa

La parte demandante, en el recurso de apelación, refirió que el tribunal negó el decreto
de pruebas sobre hechos que, en la sentencia, se afirmó que no fueron probados,
indicando como tales las documentales entregadas en vía administrativa y la práctica
del testimonio del Gerente Senior de Servicios Compartidos de Recursos Humanos de
la sociedad «para que se ofrecieran explicaciones claras y suficientes respecto del alcance
de los conceptos que originan la discusión entre la Compañía y la UGPP, en el propósito de
demostrar que la naturaleza de los pagos que realiza la Compañía, y de los bonos de
alimentación, excluye la posibilidad legal de que sobre ellos deban pagarse mayores
contribuciones y aportes a las que ya fueron pagadas, consideró el H. Tribunal que la misma
en nada lleva a esclarecer la litis del asunto, para luego decir en la sentencia que hubo
aspectos sobre los que no se ofrecieron pruebas, siendo que fue el mismo H. Tribunal quien
las negó»21.

Al respecto, se precisa que el recurso de apelación contra la sentencia no es el
momento procesal para debatir la pertinencia, conducencia o utilidad de los medios de
prueba solicitados en la demanda. Valga resaltar que, de las actuaciones surtidas en
primera instancia22, no se evidencia que la actora haya recurrido el auto que resolvió
sobre las pruebas (etapa procesal oportuna para manifestar la inconformidad) y, en los
alegatos presentados ante el a quo, tampoco se hizo reparo alguno sobre aquella
decisión23.

Además, debe resaltarse que el artículo 212 del CPACA prevé que en «segunda
instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas […]»; no obstante, la parte actora guardó
silencio en esa oportunidad procesal.

Con todo, la Sala observa que en el acápite «2) El H. Tribunal negó sin razón válida para
ello, pruebas fundamentales sobre hechos que luego en la sentencia afirma que no fueron
probados» del escrito de apelación no se formuló reparo concreto contra lo resuelto por
el tribunal según los cargos planteados en la demanda; por el contrario, se evidencia
una objeción contra lo decidido sobre las pruebas solicitadas, circunstancia que no
será examinada en tanto escapa a la finalidad del recurso (art. 320 del CGP)24,
procediendo al análisis de los demás cargos de apelación.

En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala debe
determinar: (i) si se requiere pacto expreso para acreditar la naturaleza no salarial de
los bonos por mera liberalidad; (ii) si los beneficios denominados «Gross Up Car
Allowance», «Gross Up Schooling Allowance», «Gross Up Housing Allowance» y «Gross up
Gasoline Allowance» son o no salario; (iii) si los pagos por «Tarjetas People Pass – Meal
Tickets» están excluidos del límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010); (iv) si son
improcedentes los ajustes de los trabajadores que devengaron un salario por el tope
de cotización (25 SMMLV) y laboraron menos de 30 días en el mes; (v) si se
21
Pág. 7 del recurso de apelación de la parte actora.
22
Según el historial de actuaciones de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
23
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD3FOLIO279ANULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «25000-23-37-000-2018-00080-00». Archivo: «3. ALEGATOS DTE 2018-80.pdf».
24
Aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA.

9

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Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

desconoció el principio de la carga de la prueba y (vi) si procede la sanción por
inexactitud.

1. De la determinación del IBC para los aportes al sistema de la protección
social. Reiteración jurisprudencial

La Sala pone de presente que la base gravable para los aportes la conforman los
pagos de naturaleza salarial descritos en el artículo 127 del CST, según el cual,
constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio,
cualquiera que sea su denominación, como primas, sobresueldos, bonificaciones
habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días
de descanso obligatorio y porcentajes sobre ventas y comisiones.

Entre tanto, no son ingreso base de cotización de aportes los pagos que en esencia
no son salario, porque no retribuyen el trabajo del empleado, y que se enuncian en el
artículo 128 del CST, de la siguiente forma: (i) las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, tales como primas, bonificaciones
o gratificaciones ocasionales, entre otros, (ii) lo que el trabajador recibe en dinero o en
especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus funciones, por lo tanto, no
son para enriquecer su patrimonio, como gastos de representación, medios de
transporte, elementos de trabajo, entre otros, (iii) las prestaciones sociales de que
tratan los títulos VIII y IX del CST y, (iv) los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente u otorgados en forma
extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen
salario en dinero o en especie, por ejemplo, alimentación, habitación, vestuario, primas
extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

Se precisa que no todo lo recibido por el trabajador hace parte del ingreso base de
cotización para los aportes al sistema de la protección social, pues solo lo que
constituye salario y que tiene esa naturaleza según el artículo 127 del CST, integrará
el IBC, mientras lo que no tiene ese carácter en los términos del artículo 128 ibidem
no hace parte de la base. Planteamiento concretado en la sentencia de unificación del
9 de diciembre de 202125, en la que se consideró:

«Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, es necesario precisar aquellos factores
constitutivos de salario, según los términos del CST y los que no lo son y, que, por tanto, no
hacen parte del IBC de aportes.

Según el artículo 127 del CST, constituye salario [...]

El texto original del artículo 128 del CST señalaba los siguientes pagos hechos al trabajador como
no constitutivos de salario [...]

Los anteriores pagos no son ingreso base de cotización de aportes porque, en esencia, no son
salario, de acuerdo con las normas laborales, pues no retribuyen el trabajo del empleado».

25
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.

10

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En la referida sentencia de unificación se hizo mención a los pronunciamientos de la
Corte Constitucional26 y de la Corte Suprema de Justicia27 sobre lo que constituye
salario, enfatizando que «no todo pago que recibe el trabajador constituye salario, sino que
para determinar su carácter, no basta con que se entregue de manera habitual o que sea una
suma fija o variable, sino que se debe examinar si su finalidad es remunerar de manera directa
la actividad que realiza el asalariado».

Por consiguiente, más allá de la habitualidad y lo fijo o variable que sea el monto del
pago, lo determinante para que este pueda considerarse salarial o no, es verificar si
retribuye o no el servicio prestado por el trabajador al empleador.

Lo anterior se concretó en la regla de unificación contenida en el numeral 1 de la
sentencia referida, según la cual «1. El IBC de los aportes al Sistema de Seguridad Social
(subsistemas de pensión, salud y riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores
constitutivos de salario, en los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su
esencia o naturaleza remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador».

Ahora, en cuanto al alcance de los acuerdos entre las partes de la relación laboral para
que algunos beneficios habituales u ocasionales no constituyan salario (última parte
del artículo 128 del CST), la Sección señaló, en la misma providencia de unificación,
que «la naturaleza salarial de un pago no depende del acuerdo entre las partes, sino de si,
por su esencia, constituye o no retribución del servicio prestado» y, además, «no se trata de
que un pago que es contraprestación directa del servicio prestado y, por tanto, tiene naturaleza
salarial, deje de tenerla por el acuerdo entre el empleador y los trabajadores».

En la regla número 2 de la sentencia de unificación se estableció que «[e]n virtud de los
artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y trabajadores pueden
pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes al Sistema de Seguridad
Social» y se enfatizó que la consecuencia del referido acuerdo es que «para efectos de
los aportes parafiscales y las contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte que
un pago no constituye salario, significa que no hará parte del ingreso base de
cotización» [negrita original]. Dicho de otra forma, se permite que factores que son
salario y que regularmente integrarían la base gravable, puedan excluirse de la misma,
sin que cambie su naturaleza.

Lo referente al acuerdo en el que se decide excluir de la base gravable un pago salarial
debe interpretarse en sintonía con el límite de pagos no salariales previsto en el artículo
30 de la Ley 1393 de 2010, según el cual, «para los efectos relacionados con los artículos
18 [subsistema de pensión] y 204 [subsistema de salud] de la Ley 100 de 1993, los pagos
laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores
al 40% del total de la remuneración».

Como se explicó en la sentencia de unificación, el propósito del legislador con la citada
norma «no fue incluir en el ingreso base de cotización, pagos que, por su esencia o naturaleza,
no son constitutivos de salario, sino, establecer una limitante a la desalarización que se venía
pactando entre empleadores y trabajadores al amparo de los artículos 128 del CST y 17 de la
Ley 344 de 1996 y que erosionaba la base de aportes al Sistema de Seguridad Social».

26
Sentencia C-521 de 1995.
27
Sentencias del 6 de agosto de 2019, rad. 64391; del 4 de febrero de 2020, rad. 67122; y del 14 de octubre de 2020, rad.
84485.

11

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En ese sentido, el límite del 40% será aplicable a los pagos que, siendo salariales, las
partes deciden excluirlos de la base gravable, y no a los emolumentos que por
disposición legal no son salariales, pues estos por no remunerar el servicio no integran
la base de cuantificación.

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos de apelación relacionados
con la integración del IBC de aportes al sistema de la protección social.

1.1. Inclusión en el IBC de los conceptos «Bono mera liberalidad», «Bono Mera lib
con gross» y «Bono Mera lib Gross»

El tribunal consideró que el «bono por mera liberalidad» y el «bono por mera liberalidad
gross up»28 son sumas ocasionales reconocidas por una sola vez en el año fiscalizado,
razón por la cual, determinó su connotación no salarial, de conformidad con el artículo
128 del CST, para lo cual explicó que no era necesario el pacto de desalarización, toda
vez que aquel solo era exigible para el último grupo de pagos previsto por la misma
disposición.

En su cargo único de apelación, la UGPP argumentó que los ajustes se fundamentaron
en que la sociedad no aportó los pactos que acreditaran la naturaleza no salarial de
las bonificaciones para algunos trabajadores. Para el efecto indicó que «se discrepa de
la sentencia proferida por el A quo cuando afirma que “no era necesaria la prueba de los
contratos para avalar la procedencia de la bonificación por mera liberalidad por antigüedad del
año 2012”, pues dicha interpretación contraría el tenor literal del artículo 128 del CST, el cual
taxativamente prevé que “cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no
constituyen salario”»29 [negrita y subraya original].

Verificado el expediente administrativo, se evidencia que la sociedad relacionó los
conceptos «Bono mera liberalidad», «Bono Mera lib con gross» y «Bono Mera lib Gross»
como pagos anuales, no salariales, explicando su liquidación como «un porcentaje del
salario anual (salario mensual * 12) dependiendo la antigüedad y el nivel del cargo del
empleado»30.

En el procedimiento de determinación, la entidad reclasificó esos emolumentos como
«bonificaciones salariales según ugpp»31, al considerar que «no cumplen con lo dispuesto
en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, pues se concluyó que estos pagos
remuneran el servicio, pues están ligados a la productividad individual de cada empleado y
supeditado al cumplimiento de metas individuales, razón por la cual su verdadera naturaleza
corresponde a lo preceptuado en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo»32 y,
además, que «no se encontraron soportes documentales allegados por el aportante en la
respuesta al Requerimiento para Declarar y Corregir, en los que se demuestre su naturaleza
no salarial, ni evidencia del pacto suscrito entre las partes. Por ende se mantendrá para
algunos trabajadores este pago como de naturaleza salarial»33.

28
Así se denominaron en la sentencia de primera instancia, aclarándose que, guardan identidad con los conceptos
equivalentes de la liquidación oficial demandada.
29
Pág. 4 del recurso de apelación de la entidad.
30
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «REQUERIMIENTO PARA
DECLARAR Y O CORREGIR», «NOMINA». Archivo: «PAGOS NO IBC.xlsx».
31
Cfr. Pág. 18 de la liquidación oficial demandada.
32
Pág. 24 ibidem.
33
Pág. 25 ib.

12

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En los antecedentes administrativos obra la declaración extrajuicio rendida por el
Director de Recursos Humanos de la sociedad en la que consta que «para el año 2013
Jerónimo Martins Colombia S.A.S., de manera unilateral y por mera liberalidad, reconoció a
sus trabajadores un Bono de Mera Liberalidad, cuya única condición de elegibilidad era
la fecha de ingreso del trabajador respectivo a Jerónimo Martins Colombia S.A.S. en
determinado momento del año»34 [Resalta la Sala].

De lo anterior se deduce que los conceptos «Bono mera liberalidad», «Bono Mera lib con
gross» y «Bono Mera lib Gross» corresponden a un reconocimiento anual según la
antigüedad y el cargo del trabajador. Resulta oportuno recordar que, según la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, el pago originado en la antigüedad
consiste en «una retribución que otorga el empleador al trabajador por haber cumplido un
determinado tiempo de vinculación, de lo que se dedujo que no tenía una naturaleza retributiva,
sino que constituye un estímulo a la perseverancia del empleado en sus labores»35.

Revisada la nómina de la aportante36, se tiene que 52 trabajadores, todos vinculados
desde el año 201237, recibieron los pagos referidos en el mes de abril de 2013, como
lo advirtió el a quo.

Ahora, se observa que la UGPP reconoció los bonos como no salariales solo por los
trabajadores cuyo contrato fue aportado en sede administrativa, en cuya cláusula sexta
se dispuso, de manera general, que «los beneficios extralegales que reconociere la
Empresa al Empleado […] primas extralegales o bonificaciones por cualquier concepto […] no
constituyen salario»38. En los demás casos que no se allegó la prueba los calificó como
salariales.

Es oportuno precisar que, según se explicó, el artículo 128 del CST enuncia cuatro
conjuntos de pagos que no son salario. La UGPP estimó que el bono por mera
liberalidad debía calificarse como un beneficio retributivo del servicio que requería un
pacto de desalarización para efectos de su exclusión del IBC (cuarto presupuesto de
la citada norma).

Sin embargo, revisadas las características del concepto, es procedente clasificarlo
como excepcional y no retributivo, comprendido en el primer grupo del artículo 128 del
CST, es decir, sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad reconoce el
empleador a sus trabajadores, toda vez que el pago no se originó por el cumplimiento
de metas o productividad individual, sino que obedece a un criterio de antigüedad, que
se otorgó una vez, en el mes de abril de 2013. Lo anterior significa que la connotación
no salarial del bono se deriva de su eventualidad y que, en esencia, no compensa el

34
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «Liquidación Oficial», «3. Papeles
de Trabajo», «PAPELES APOYO», «RTA», «Pruebas de objeciones». Archivo: «Declaración extrajuicio Pedro Ignacio Maya
Monsalvo.pdf».
35
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL313-2020 del 22 de enero de 2020, M.P. Donald José
Dix Ponnefz, que reitera el criterio contenido en la sentencia SL16794-2015 del 20 de octubre de 2015, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo y Rigoberto Echeverri Bueno.
36
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «INFORMACION DEFINITIVA
PARA REQUERIMIENTO», «4. Nómina». Archivo: «201515200025891_NOMINA 2013 EXP 7536_ UGPP.xls».
37
Según se evidencia en la columna «fecha de vinculación» del mismo documento de nómina.
38
Cfr. Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «Liquidación Oficial», «3. Papeles
de Trabajo», «PAPELES APOYO», «RTA», «Pruebas de objeciones». Contratos contenidos en la carpeta: «Contratos».

13

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servicio, obedeciendo a una gratificación por mera liberalidad, como lo determinó el
tribunal.

En ese orden de ideas, para la Sala los rubros «Bono mera liberalidad», «Bono Mera lib
con gross» y «Bono Mera lib Gross» no constituyen salario y, en consecuencia, no
integran el IBC.

Por las razones anteriores, habida cuenta que los pagos referidos no tienen naturaleza
salarial, no prospera el recurso de apelación de la UGPP.

1.2. Inclusión en el IBC de los beneficios denominados «Gross Up Car
Allowance», «Gross Up Schooling Allowance», «Gross up Housing Allowance» y
«Gross Up Gasoline Allowance»
El tribunal consideró que la sociedad no aportó los pactos de desalarización sobre los
conceptos «gross up» de los auxilios de vehículos, escolarización, hospedajes y
gasolina y, por lo tanto, confirmó los ajustes por inexactitud.

La parte demandante apeló la anterior determinación, para lo cual explicó que es
improcedente que, existiendo acuerdo expreso de que los conceptos «Car Allowance,
Schooling Allowance, Housing Allowance» y «Gasoline Allowance» no son salario, la UGPP
estime que el «gross up» de esos pagos sí lo son, correspondiendo este a un término
contable para determinar el valor bruto del emolumento para que, después de realizar
los descuentos legales (retención en la fuente y seguridad social), el trabajador reciba
la suma neta acordada; es decir, como el «gross up» está subsumido en el auxilio
respectivo, se trata del mismo beneficio y debió seguir su suerte.

Según la liquidación oficial, se observa que los pagos por «Car Allowance, Schooling
Allowance, Housing Allowance» y «Gasoline Allowance» fueron reconocidos por la UGPP
como no constitutivos de salario sujetos al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de
2010), circunstancia que no es objeto de discusión entre las partes; sin embargo, los
denominados «gross up» de esos mismos conceptos se determinaron como salariales,
dada la ausencia de pacto de exclusión salarial.

En la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la entidad manifestó lo
siguiente39:

«Procede el Despacho en esta instancia, a indicarle al aportante que primeramente con la sola
descripción de la naturaleza de los pagos no es suficiente para determinar que los pagos por
“Gross up” sean no salariales, para ellos se debió allegar el contrato u otrosí en donde se indique
que los pagos por dichos conceptos fueron pactados entre los trabajadores y la Compañía como
no salariales, por tal razón en ausencia de dichas pruebas los ajustes persisten».

De manera que, para la UGPP era necesario acreditar los acuerdos de desalarización
sobre los pagos «gross up» de los auxilios referidos para probar su naturaleza no
salarial y, en consecuencia, excluirlos del IBC.

39
Pág. 33 de la resolución que decidió el recurso de reconsideración.

14

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En el anexo descriptivo de la naturaleza de los conceptos de la nómina, la sociedad
indicó lo siguiente frente a los emolumentos «Car Allowance, Schooling Allowance,
Housing Allowance» y «Gasoline Allowance»40:

Nombre concepto Descripción del pago Forma de liquidación
o beneficio
Schooling Beneficio otorgado por la empresa Empleados contratos en el 2.012: $
Allowance para el colegio de los hijos del 1.567.434 por cada hijo; Empleados
empleado expatriado contratos en el 2.013: $ 1.363.620 por
cada hijo
Housing Allowance Beneficio otorgado por la empresa Monto fijo dependiendo del contrato de
para cubrir el costo del arrendamiento del empleado
arrendamiento de la vivienda del
empleado
Car Allowance Beneficio otorgado por la empresa Monto fijo dependiendo del nivel del
para los gastos del vehículo Director
particular del empleado
Gasoline Allowance Beneficio para directores y Monto fijo $500.000 para directores;
herramienta de trabajo para los como herramienta de trabajo
cargos que requieren movilizarse dependiendo de la necesidad de
para sus funciones movilización del empleado

Entonces, dichos pagos consisten en beneficios para el trabajador en función de la
educación de los hijos, vivienda, gastos de vehículo y combustible. Se recuerda que,
en la liquidación oficial, la entidad los estimó como no salariales, al no retribuir el
servicio prestado.

En el mismo anexo se detallaron las denominaciones «gross up» de los anteriores
auxilios, en los siguientes términos:

Nombre concepto Descripción del pago Forma de liquidación
o beneficio

Gross up Car Beneficio extra entregado por la Se calcula la seguridad social y la
Allowance compañía para garantizar que el retención en la fuente sobre el car
empleado reciba el valor neto del allowance, luego se haya (sic) el valor
car allowance pactado, donde la que hace que el car se mantenga neto
empresa asume los impuestos y la para el empleado, haciendo que sea la
seguridad social causados sobre empresa quien asuma estos montos
este valor
Gross up schooling Beneficio extra entregado por la Se calcula la seguridad social y la
Allowance compañía para garantizar que el retención en la fuente sobre el
empleado reciba el valor neto del schooling allowance, luego se haya
schooling allowance pactado, (sic) el valor que hace que el schooling
donde la empresa asume los se mantenga neto para el empleado,
impuestos y la seguridad social haciendo que sea la empresa quien
causados sobre este valor asuma estos montos
Gross up housing Beneficio extra entregado por la Se calcula la seguridad social y la
Allowance compañía para garantizar que el retención en la fuente sobre el housing
empleado reciba el valor neto del allowance, luego se haya (sic) el valor
housing allowance pactado, donde que hace que el housing se mantenga
la empresa asume los impuestos y neto para el empleado, haciendo que
la seguridad social causados sobre sea la empresa quien asuma estos
este valor montos

40
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «REQUERIMIENTO PARA
DECLARAR Y O CORREGIR», «NOMINA». Archivo: «PAGOS NO IBC.xlsx».

15

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Gross up Gasoline Beneficio extra entregado por la Se calcula la seguridad social y la
Allowance compañía para garantizar que el retención en la fuente sobre el gasoline
empleado reciba el valor neto del allowance, luego se haya (sic) el valor
gasoline allowance pactado, donde que hace que el gasoline se mantenga
la empresa asume los impuestos y neto para el empleado, haciendo que
la seguridad social causados sobre sea la empresa quien asuma estos
este valor montos

Obsérvese que el concepto «gross up» está atado a los respectivos auxilios de
educación, vivienda, vehículo y gasolina. Tan es así que, de conformidad con los
auxiliares aportados41, tanto la suma neta como el «gross up» se reconocieron en las
mismas cuentas, estas son, las PUC 5105450031 y 5205450021, según el trabajador.

Visto lo anterior, el «gross up» tiene como finalidad incrementar la suma por pagar en
la misma proporción que resulten los aportes al sistema (a cargo del empleado) y las
retenciones que por ley deban practicarse, para que el trabajador reciba el valor neto
acordado en cada beneficio. En otras palabras, para que el empleado devengue la
suma neta pactada, la sociedad calcula los descuentos de ley y los adiciona («gross
up») al monto bruto del pago, asumiendo una diferencia que, en principio, le
correspondería al trabajador.

De manera que, si la entidad consideró que los auxilios «Car Allowance, Schooling
Allowance, Housing Allowance» y «Gasoline Allowance» no constituyen salario, las
denominaciones «gross up» deben seguir esa misma suerte, porque se trata de la
misma subvención que, como lo reconoció la UGPP, no retribuye el servicio, solo que
es el monto que adiciona la aportante para que el empleado reciba el valor neto
contratado, suma que es accesoria del beneficio no salarial.

Se precisa que en los actos administrativos demandados los rubros de «Car Allowance,
Schooling Allowance, Housing Allowance» y «Gasoline Allowance», fueron catalogados
como no salariales sujetos al límite del 40%, aspecto que se repite, no es objeto de
análisis en este asunto, comoquiera que la parte demandante no cuestionó tal
determinación. No obstante, al establecerse que los «gross up» no son salariales por
no remunerar el servicio, se concluye que estos no integran la base de cuantificación
y, por ende, no se requiere pactos de desalarización y tampoco están sujetos al
referido límite como lo dispuso el tribunal, por lo que prospera el cargo de apelación.

1.3. Pagos por «Tarjetas People Pass – Meal Tickets»

El tribunal consideró que los pagos por concepto de «Tarjetas People Pass – Meal
Tickets» fueron clasificados por la UGPP como no constitutivos de salario sujetos al
límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de 2010), proceder que a su juicio se ajusta a
las normas laborales que definen la naturaleza de los pagos y el citado tope legal.

En el recurso de apelación, la demandante reiteró que esas erogaciones no
constituyen un ingreso para los trabajadores y no incrementan su patrimonio; por lo
tanto, no integran el IBC y no están sujetos al límite del 40% (art. 30 de la Ley 1393 de
2010), toda vez que el beneficiario del pago es un tercero.

41
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «Respuesta al Requerimiento de
Información», «2. Auxiliares». Archivo: «AUXILIAR Y PAGOS DE NOMINA 2013.xlsx».

16

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

En la liquidación oficial, la UGPP consideró el concepto referido como un auxilio no
constitutivo de salario, incluyendo en el IBC el monto que excedió el 40% del total de
la remuneración42.

En el mismo acto, la entidad se refirió al pago y concluyó que «se determina que la
sociedad no suministra prueba o soportes válidos, que permitan validar el tercero beneficiario
del pago y su respectivo objeto, del concepto de pago denominado por aportante como “Meal
Tickets”, razón por la cual persisten los ajustes correspondientes»43.

En la resolución que decidió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial,
la UGPP consideró lo siguiente sobre el rubro en discusión y la aplicación del límite
del 40%44:

«Procede el Despacho a verificar si lo que afirma el aportante frente al concepto de Tarjetas
People Pass - Meal Tickets fueron realizados a tercero y no al trabajador y por ello no deben ser
tenidos en cuenta en el Ingreso Base de Cotización como pago no salarial, no obstante en el
radicado 201520001098252 de fecha 06 de noviembre de 2015 el aportante indicó que el
beneficiario del pago de los conceptos de Tarjetas People Pass - Meal Tickets fue el trabajador,
circunstancia que conlleva a que en esta instancia se respete su naturaleza y solo se incluya en
el IBC de salud, pensión y riesgos laborales en aquel porcentaje que supere el 40% del total
remunerado al sumarse con los otros pagos no constitutivos de salario, a la luz de lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 […]

Así las cosas, los ajustes persisten para los trabajadores que presentaron pagos por concepto de
Tarjetas People Pass - Meal Tickets».

Verificado el documento enunciado por la entidad45, no le asiste razón a la demandada
al afirmar que el beneficiario de los pagos por «Tarjetas People Pass – Meal Tickets» es
el trabajador; por el contrario, según consta en el memorial, la sociedad indicó que «el
beneficiario del pago es People Pass y que como se explicó anteriormente se clasificaron en
esta misma cuenta por estar la compañía en etapa preoperativa».

Como anexo del documento se aportó una relación de facturas y los pagos totales en
el año 2013 a ese tercero46, circunstancia sobre la cual la entidad no se pronunció en
los actos enjuiciados.

En todo caso, se advierte que la discusión de la UGPP no se centró en si los pagos
eran o no salariales, pues la propia entidad reconoció que no tenían carácter salarial
pero, a su juicio, están sometidos al límite del 40% que prevé el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010.

Como se explicó, no todo lo recibido por el trabajador hace parte del IBC de aportes,
pues solo lo que constituye salario y que tiene esa naturaleza, según el artículo 127
del CST, integrará la base gravable.

42
Cfr. pág. 18 de la liquidación oficial.
43
Pág. 30 de la liquidación oficial.
44
Págs. 33 y 34 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
45
Índice 2 de SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTI
GODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS», «RAD 201520001098252 06 nov
2015». Archivo : «1446829692418_PDFenviougpp.pdf».
46
Ibidem. Archivo: «1446829553863_RESPUESTAUGPP.xlsx».

17

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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00080-01 [26628]
Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

En ese contexto, en los actos demandados la UGPP tuvo como no salariales los pagos
por «Tarjetas People Pass – Meal Tickets» no obstante, les aplicó el límite del 40%
previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, proceder que a juicio de la Sala no
se ajusta a las previsiones sobre la materia, pues a partir del contenido de la sentencia
de unificación (regla 1) se tiene que, si el pago no tiene esa naturaleza porque no
retribuye el servicio, no integrará el IBC y no está sometido a límite legal alguno.
Situación diferente ocurrirá si los pagos fueron salariales y las partes expresamente
acordaron que no integrarían el IBC, pues en ese supuesto, aplicaría el citado tope.

Por lo anterior, para la Sala los pagos por concepto de «Tarjetas People Pass – Meal
Tickets», al no constituir salario como lo reconoció la UGPP en los actos demandados,
no integran la base gravable para los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, por
ende, tampoco están sujetos al límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010. Así las cosas, prospera el cargo de apelación de la demandante.

2. Ajustes de trabajadores que devengaron un salario igual o superior a 25
SMMLV y laboraron menos de 30 días

El tribunal encontró procedentes los ajustes por inexactitud en los casos de
trabajadores que devengaron un salario igual o superior a 25 SMMLV y laboraron
menos de 30 días en el respectivo mes, comoquiera que la parte actora no probó las
alegaciones en torno a que la planilla PILA administrada por los operadores dividió el
tope de cotización (25 SMMLV) entre los días efectivamente laborados y, por tanto,
estaba obligada a pagar aportes según esos parámetros.

En la apelación, la sociedad reiteró que la programación de la planilla PILA no permitía
realizar las cotizaciones en los casos referidos y que la UGPP no probó que, para el
año 2013, la planilla estaba diseñada de forma distinta.

Sobre el asunto en discusión la entidad, en la liquidación oficial, consideró47:

«De la norma transcrita se puede colegir que el legislador quiso establecer un límite legal a la
base de cotización, siendo fijado como tal, 25 SMLMV, lo cual se traduce en que en ningún
periodo podrá tomarse como IBC una cifra superior a la establecida por la Ley. Nada indica la
norma respecto de un límite al Ingreso Base de Cotización diario, y la razón es evidente, pues
bien podría darse el caso de un trabajador que retirándose de la empresa en el día 5 de un
periodo, reciba ese día el pago de una bonificación salarial que sumada a sus 5 días de salario,
supere el pretendido “tope diario de cotización”; o un empleado que estando incapacitado perciba
el pago de una cuantiosa comisión».

Por su parte, en el acto que decidió el recurso, se pronunció en los siguientes
términos48:

«[S]e advierte que el legislador de forma expresa señaló que la base para calcular cotizaciones
al Sistema de Seguridad Social es el salario mensual y, en concordancia con esto, estableció que
el límite máximo de cotización será de 25 SMLMV, es decir, dicho límite se predica del monto de
la cotización durante el periodo mensual, sin tener en consideración los días laborados.

Ahora bien, revisados los ingresos percibidos por los trabajadores, mencionados por el aportante,
realizó el cálculo del Ingreso Base de Cotización, tomando el tope de los 25 SMMLV de forma
diaria y no el valor total, dichos ajustes persisten».

47
Págs. 42 y 43 de la liquidación oficial.
48
Pág. 44 de la resolución que decidió el recurso de reconsideración.

18

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De manera que, más allá de la alegada falla técnica en la programación de las planillas
de autoliquidación, se observa que la controversia subyacente es si la sociedad podía
liquidar las contribuciones sobre el tope legal de cotización (25 SMMLV) de manera
proporcional a los días laborados. Sobre el particular, la Sala ha expuesto49:

«2.3.1. De lo consagrado en el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 18 de
la Ley 100 de 1993, y 3° de su Decreto Reglamentario 510 de 2003, que establecen el límite
máximo de cotización para salud y pensión en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
no se desprende que esa cotización deba hacerse de manera proporcional a los días laborados
en cada mes […]».

Ahora bien, frente al argumento de que la infraestructura de la planilla PILA impedía
realizar las cotizaciones, se precisa que los aportantes son los responsables del
cumplimiento de los deberes y obligaciones relacionados con las contribuciones al
sistema, sin que resulte procedente trasladar dicha carga a la plataforma o los
operadores, habida cuenta que aquellos exclusivamente facilitan el acceso al
aportante a la autoliquidación y reportan la información relacionada por el empleador
como sujeto pasivo50; por lo tanto, no se comparte el alegato de la sociedad apelante
en ese sentido.

De otra parte, la alegada falencia en el sistema informático de las planillas también
pudo superarse mediante la presentación de autoliquidaciones adicionales que
acreditaran el pago de las diferencias en los aportes, como lo advirtió el a quo en la
sentencia apelada, cuestión no debatida. Por lo anterior, no prospera el cargo de
apelación.

3. Carga de la prueba en vía administrativa51

En cuanto a las formas procesales de las actuaciones adelantadas por la UGPP, se
advierte que las normas aplicables son las del Estatuto Tributario por la remisión del
inciso sexto (penúltimo) del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

Así, el artículo 746 del ET establece que «se consideran ciertos los hechos consignados
en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a
requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya
solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija».

La presunción de veracidad admite prueba en contrario y la autoridad fiscal, para
asegurar el «efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla
mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación.

En ese orden, es a la autoridad tributaria a la que le corresponde desvirtuar la
veracidad de las declaraciones tributarias y de las respuestas a los requerimientos; y
ante una comprobación especial o una exigencia legal, le corresponde al contribuyente
(art. 746 del ET).

49
Sentencia del 2 de octubre de 2019, exp. 24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
50
Cfr. Sentencias del 18 de agosto de 2022, exp. 25486, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 8 de septiembre de 2022,
exp. 24822, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
51
Cfr. sentencia del 20 de octubre de 2022, exp. 26538, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

19

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Ahora bien, el artículo 742 del ET señala que la determinación de tributos se debe
fundar en los hechos que aparezcan probados en el expediente, siendo admisibles los
medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y civil. No obstante, el
artículo 743 ibidem señala que la idoneidad de estos depende de las exigencias
legales para demostrar ciertos hechos.

La legislación tributaria establece como medios de prueba practicables en las
diferentes actuaciones que adelantan las autoridades encargadas de la administración
de los tributos, siempre que sean pertinentes, conducentes y útiles, la confesión, el
testimonio, los documentos, la contabilidad, la inspección tributaria, el dictamen
pericial, los indicios y las presunciones (arts. 747 y ss. del ET).

A juicio de la parte demandante, la carga de la prueba recae en la Administración,
comoquiera que las dudas al practicar las liquidaciones deben resolverse a favor del
aportante, quien exclusivamente debe asumir el ejercicio probatorio cuando se trate
de acreditar los hechos contenidos en el Capítulo III del Estatuto Tributario. Además,
manifestó que la carga de desvirtuar los valores declarados en las autoliquidaciones
le correspondía a la UGPP.

Verificado el expediente administrativo, se advierte que el 12 de mayo de 2014 la
entidad profirió el Requerimiento de Información nro. 2014620182655152, en el que le
solicitó a la aportante la siguiente documentación en relación con los períodos
fiscalizados: balances de prueba, nóminas mensuales en formato Excel, auxiliares de
las cuentas PUC relacionadas con la causación y pago de la nómina detalladas por
tercero, copias de las convenciones, pactos colectivos o similares, y las planillas
integradas de liquidación de las cotizaciones. La sociedad aportante entregó la
información requerida mediante oficios radicados los días 4 de agosto de 2014, 15, 16
y 24 de julio, 28 de agosto, y 6 y 28 de noviembre de 201553.

Lo anterior permite evidenciar que, contrario a lo señalado por la actora, la entidad
demandada en el ejercicio de sus facultades legales desplegó la actividad probatoria
que se requería al solicitar la información contable, de nómina y laboral, para verificar
la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones al sistema
de la protección social.

La Sala discrepa de lo afirmado por la parte demandante en el sentido de que la UGPP
no podía trasladar la carga de la prueba a la sociedad, pues no se puede desconocer
que el aportante es quien conserva la información que soporta los hechos económicos
registrados en las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA).

Además, como se señaló en la regla número 5 de la sentencia de unificación del 9 de
diciembre de 202154, «los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante
en las planillas de aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si
el ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante

52
Índice 2 en SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTIG
ODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «CD2 Folio 233 Cuaderno 1», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS».
Archivo: «20146201826551 Rto de Información.PDF».
53
Índice 2 en SAMAI. Carpetas: «ED_CUAD1CD2FOLIO233NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_TESTIG
ODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2», «CD2 Folio 233 Cuaderno 1», «7536 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS».
54
Exp. 25185, C.P. Milton Chaves García.

20

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justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de los medios
probatorios pertinentes».

En esos términos, no le asiste razón a la parte actora, al pretender atribuir la carga de
la prueba exclusivamente a la entidad demandada pues, como se expuso, una vez
desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración, el deber probatorio se
traslada al aportante. Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación.

4. Sanción por inexactitud

Para la parte demandante, no es procedente la sanción por inexactitud impuesta en
los actos administrativos demandados, toda vez que los ajustes se originaron de una
interpretación razonable de la sociedad frente al derecho aplicable.

En los actos enjuiciados, la UGPP impuso la sanción por inexactitud prevista en el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (60% de la diferencia entre el valor a pagar
determinado y el inicialmente declarado), comoquiera que se notificó liquidación oficial
en la que se determinó el valor a pagar a cargo de la actora por concepto de aportes
y la liquidó en cuantía de $64.302.72055.

Como lo señaló la Sección en la sentencia del 5 de mayo de 202256, «si bien la sanción
de que trata el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 resulta independiente y autónoma de la
establecida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, la Sala ha considerado que “Aunque el
artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios sobre el derecho
aplicable” como causal eximente de las sanciones previstas en dicha norma, ello no excluye
que sobre estas pueda predicarse el “error sobre el derecho aplicable”, que pueda exonerar
de la sanción al sujeto pasivo. Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Sala, ese error
constituye “una figura ínsita en el contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del
debido proceso57”».

No obstante, se advierte que en el presente asunto no se trata de una diferencia de
criterios sobre el derecho aplicable, pues los ajustes se originaron por la inobservancia
de las normas que regulan la integración de la base gravable de los aportes al sistema
de seguridad social.

Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación relacionado con la sanción por
inexactitud. Sin embargo, la misma se deberá disminuir de forma proporcional a los
aportes que en esta providencia se declararon como improcedentes.

En conclusión, se concuerda con el tribunal en que en este caso procede la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados (ordinal primero), pero, se modificará
el restablecimiento del derecho (ordinal segundo), en tanto que prosperó parcialmente
el recurso de apelación interpuesto por la demandante.

Así las cosas, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada y se dispondrá
que, a título de restablecimiento del derecho, lo procedente es ordenar a la UGPP
practicar una nueva liquidación, en la que: a) se modifique «el IBC de los aportes a
Seguridad Social y Parafiscales de los trabajadores que devengaron el concepto “bono por

55
Según consta en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
56
Exp. 25553, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
57
Sentencia del 9 de diciembre de 2021, exp.25185, C.P. Milton Chaves García.

21

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mera liberalidad” y “bono por mera liberalidad con gross up”; teniendo en cuenta las
observaciones realizadas en la parte considerativa, en lo que respecta a actualizar el IBC sin
incluir el rubro como salarial sino que debe ser tenido como desalarizado, para lo cual aplicará,
en los casos que corresponda, el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de
2010»58, b) se eliminen los mayores valores determinados por inexactitud al incluir en
el IBC pagos no salariales por concepto de «Gross Up Car Allowance», «Gross Up
Schooling Allowance», «Gross Up Housing Allowance» y «Gross Up Gasoline Allowance», c)
se eliminen los ajustes determinados al incluir en el IBC los pagos no salariales por
concepto de «Tarjetas People Pass – Meal Tickets», por no integrar la base de aportes al
sistema de seguridad social y d) se disminuya la sanción por inexactitud de forma
proporcional a las cotizaciones. Además, que proceda a la devolución de los aportes
en exceso que se generen con la reliquidación, previa verificación de los pagos a que
haya lugar, de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016. En lo demás,
se confirmará la sentencia apelada.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 23 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
“B”, el cual queda así:

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, SE ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación, en la que: a)
se modifique el IBC de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales de los
trabajadores que devengaron el concepto “bono por mera liberalidad” y “bono por
mera liberalidad con gross up”; teniendo en cuenta las observaciones realizadas
en la parte considerativa, en lo que respecta a actualizar el IBC sin incluir el rubro
como salarial sino que debe ser tenido como desalarizado, para lo cual aplicará,
en los casos que corresponda, el límite del 40% de que trata el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010, b) se eliminen los mayores valores determinados por inexactitud al
incluir en el IBC pagos no salariales por concepto de «Gross Up Car Allowance», «Gross
Up Schooling Allowance», «Gross Up Housing Allowance» y «Gross Up Gasoline
Allowance», c) se eliminen los ajustes determinados al incluir en el IBC los pagos
no salariales por concepto de «Tarjetas People Pass – Meal Tickets», por no
integrar la base de aportes al sistema de seguridad social y d) se disminuya la
sanción por inexactitud de forma proporcional a las cotizaciones. Además, que
proceda a la devolución de los aportes en exceso que se generen con la
reliquidación, previa verificación de los pagos a que haya lugar, de conformidad
con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

58
Se mantiene la decisión en los mismos términos de la sentencia de primera instancia, toda vez que frente al cargo no
prosperó el recurso de apelación de la entidad.

22

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Demandante: JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Salva parcialmente el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

23

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